Pueblo v. Quiles Negrón Y Otros

2015 TSPR 116

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: August 24, 2015
• Docket: MC-2015-4
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v. Certiorari

Adalberto Quiles Negrón 2015 TSPR 116 Claudia E. Hernández Cohen Freddie L. Menéndez Rivera 193 DPR ____

Recurridos

Hon. Nelson J. Canabal Pérez

Peticionario

Número del Caso: MC-2015-4

Fecha: 24 de agosto de 2015

Referido de: Hon. Nelson Canabal Pérez Juez Administrador de Arecibo

Abogados del Lcdo. Rafael Capella Angueira:

Lcdo. Virgilio Mainardi Peralta Lcda. Margarita Carrillo Iturrino

Oficina de la Procuradora General:

Lcda. Karla Pacheco Álvarez Subprocuradora General

Lcda. Gisela Rivera Matos Procuradora General Auxiliar

Materia: Conducta Profesional - La suspensión será efectiva el 3 de septiembre de 2015, fecha en que se le notificó al abogado de su suspensión inmediata.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

v.

Adalberto Quiles Negrón Claudia E. Hernández Cohen MC-2015-0004 Freddie L. Menéndez Rivera

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 24 de agosto de 2015

En esta ocasión, nos corresponde ejercer nuestra

jurisdicción disciplinaria para evaluar la conducta del

Lcdo. Rafael Capella Angueira. Específicamente, debemos

determinar si las acciones que éste tomó en calidad de

Director de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) de

la Oficina de Arecibo violentaron los Cánones 1, 9, 12 y

18 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, y,

de ser así, las medidas disciplinarias que proceden.

I

El Lcdo. Rafael Capella Angueira fue admitido al

ejercicio de la abogacía el 30 de noviembre de 1982 y al

ejercicio de la notaría el 3 de agosto de 1983. El 13 de

enero de 2015, el Honorable Juez Nelson Canabal Pérez,

Juez Administrador de la Región Judicial de Arecibo,

presentó una Petición urgente al Honorable Tribunal MC-2015-0004 2

Supremo. En ésta, el Juez Canabal Pérez nos refirió una

situación preocupante que se había desarrollado en el

Salón de Sesiones 204 de la mencionada región judicial,

presuntamente producto de una serie de actuaciones del

licenciado Capella Angueira, Director de la Oficina de la

SAL en Arecibo. La presentación de la Petición urgente

fue, a su vez, precedida y motivada por una resolución

emitida el 31 de diciembre de 2014 por la Honorable Juez

Isabel Lugo Báez –quien entonces presidía el Salón de

Sesiones 204-, en el caso Pueblo de Puerto Rico v. (1)

Adalberto Quiles Negrón, (2) Claudia E. Hernández Cohen y

(3) Freddie L. Menéndez Rivera, imputados(as), VP2014-2688

al 2693; AR2014CR01248 y AR2014CR01264, mediante la cual

solicitó la intervención de este Tribunal.1

En síntesis, el Juez Canabal Pérez señaló en su

Petición urgente ante este Tribunal que, el 3 de diciembre

de 2014, el licenciado Capella Angueira, en calidad de

Director de la oficina de la SAL de Arecibo, emitió una

directriz administrativa a su personal a efectos de que,

hasta nuevo aviso, no aceptarán representar clientes cuyos 1 El Juez Canabal Pérez acompañó su Petición urgente con esta resolución. En ésta, la Juez Lugo Báez detalló los antecedentes fácticos y procesales que la llevaron a solicitar la intervención de este Tribunal y anejó la documentación sustentando sus señalamientos con respecto a la alegada conducta del licenciado Capella Angueira. En lo pertinente, señaló que el licenciado Capella Angueira había denegado asumir la representación legal de los imputados indigentes en los tres casos señalados, había incumplido con disposiciones pertinentes del Reglamento para la asignación de abogados y abogadas de oficio en procedimientos de naturaleza penal, 4 L.P.R.A. Ap. XXVIII, y había desatendido órdenes del tribunal, entre otras cosas. MC-2015-0004 3

casos fuesen asignados al salón de sesiones presidido por

la Juez Lugo Báez. 2 Según el Juez Canabal Pérez, estas

instrucciones constituían un ataque colateral a su

decisión de denegar, mediante resolución emitida el 24 de

noviembre de 2014, una segunda solicitud de inhibición

presentada por el licenciado Capella Angueira en contra de

la Juez Lugo Báez en el caso Pueblo de Puerto Rico v. José 3 Cuadro Morales, VPA2014-0227. El licenciado Capella

Angueira fundamentó su solicitud de inhibición en ese caso

en el hecho de que había presentado una queja en contra de

la Juez Lugo Báez ante la Oficina de Asuntos Legales de la

Oficina de Administración de los Tribunales (OAT). 4 En la

solicitud de inhibición, el licenciado Capella Angueira

adujo que, estando pendiente dicha queja, la Juez Lugo

Báez debía inhibirse de todos los casos en que mediara

representación legal de la SAL.

Luego de declarar la solicitud no ha lugar, el Juez

Canabal Pérez recibió una carta del licenciado Capella

2 Es menester señalar que al momento de la presentación de la Petición urgente, esta directriz continuaba en vigor. 3 El licenciado Capella Angueira presentó la primera solicitud de inhibición el 5 de noviembre de 2014, ante la misma Juez Lugo Báez. Ésta la declaró no ha lugar el próximo día. Véanse Anejos 1 y 2 de Resolución del 31 de diciembre de 2014. 4 Cabe destacar que el contenido de la queja no incide en lo absoluto en nuestra evaluación de las actuaciones del licenciado Capella Angueira. Por lo tanto, y en deferencia al trámite investigativo ordinario mediante el cual se atenderá la referida queja, nos abstenemos de mencionar las alegaciones específicas hechas por el licenciado, las cuales serán evaluadas en su día. MC-2015-0004 4

Angueira el 3 de diciembre de 2014. 5 En ésta, el

licenciado le informó de la directriz que emitió ese día y

las razones que lo llevaron a tomar ese curso de acción.6

Como consecuencia de la directriz del licenciado

Capella Angueira, tres imputados, para quienes la SAL

había realizado la correspondiente determinación de

indigencia, no recibieron representación legal por parte

de ésta. 7 Esto, puesto que sus casos fueron asignados al

salón de sesiones presidido por la Juez Lugo Báez. Para

estos casos, el licenciado Capella Angueira presentó

mociones informativas indicando que los imputados habían

sido entrevistados y certificados como indigentes. No

obstante, informó que la SAL no asumiría su representación 5 Esto, a pesar de que el licenciado Capella Angueira había solicitado un término para recurrir al Tribunal de Apelaciones, lo que no hizo. 6 Concretamente, el licenciado Capella Angueira informó que “[e]n vista de que administrativamente no se ha hecho nada para salvaguardar los derechos de nuestros representados y el buen funcionamiento que debe imperar en la sala de [la Juez Lugo Báez] nos vemos en el deber de tomar una determinación administrativa [] y [e]fectivo inmediatamente no estaremos aceptando la representación de casos o acusados que estuvieren señalados en la sala que preside la Honorable Isabel Lugo Báez”. El licenciado dirigió la carta al Juez Canabal Pérez, con copia a la Hon. Heidi Kiess Rivera, Juez Coordinadora de los Asuntos de lo Criminal, y la misma Juez Lugo Báez. Véase Anejo 5 de Resolución del 31 de diciembre de 2014. 7 Dada la negativa de la SAL de asumir la representación legal de los imputados en Pueblo de Puerto Rico v. Adalberto Quiles Negrón, AR2014CR00839-6; Pueblo de Puerto Rico v. Claudia E. Hernández Cohen, AR2014CR01248; y Pueblo de Puerto Rico v. Freddie L. Menéndez Rivera, AR2014CR01264-1, éstos comparecieron a su vista preliminar sin representación legal. Así, la Juez Lugo Báez se vio obligada a tomar la medida cautelar de designar abogados de oficio para los tres imputados. Ello, a su vez, requirió reseñalar las vistas preliminares y generó una secuencia de complicaciones en el trámite de los correspondientes procedimientos criminales. MC-2015-0004 5

legal. Esto, sin hacer constar las razones detrás de tal

denegatoria. 8 La Juez Lugo Báez, por su parte, ordenó al

licenciado Capella Angueira exponer las razones por las

cuales la SAL no asumiría la representación legal de los

imputados indigentes. 9 El licenciado Capella Angueira, en

una Moción en cumplimiento de orden explicó “que las

mismas fueron notificadas previamente en la comunicación

del 3 de diciembre de 2014”.10

Además, según inicialmente alegó la Juez Lugo Báez, y

posteriormente corroboró la Oficina de la Procuradora

General, durante otro ciclo de conferencias en preparación

para vistas preliminares, la alguacil Johanna Piñero

Sánchez, Supervisora de la Unidad de Confinados del Centro

Judicial de Arecibo, escuchó al licenciado Capella

Angueira recomendarle a otros imputados, cuyos casos

habían sido asignados al salón de sesiones presidido por 8 Véanse Anejos III, X y XVII del Informe de la Procuradora General. 9 La Regla 13(a) del Reglamento para la asignación de abogados y abogadas de oficio en procedimientos de naturaleza penal dispone, “[c]uando la Sociedad para Asistencia Legal o cualquier entidad análoga similar acepten representar a una persona imputada de delito, deberán notificar el nombre al tribunal mediante moción, el día en que asuman la representación legal o a más tardar al día siguiente. Asimismo, cuando denieguen representación legal a una persona imputada que asistió a una conferencia o entrevista, deberán notificar mediante moción el nombre y las razones para la denegación, el día en que la denieguen o a más tardar al día siguiente”. 4 L.P.R.A. Ap. XXVIII R.13(a)(énfasis suplido). La regla provee una sola excepción al requisito de proporcionar las razones detrás de la denegación de representación legal: que existe un conflicto de intereses entre personas coacusadas de delito. En éstas circunstancias, bastará con indicar la existencia del mismo. Véase id. 10 Moción en cumplimiento de orden. Véase Anejo 9 de Resolución de 31 de diciembre de 2014. MC-2015-0004 6

la Juez Lugo Báez que solicitaran que un juez distinto

atendiera sus casos o que requirieran que se les nombrara

un abogado de oficio.11

Conforme a los hechos reseñados, en su Petición

urgente, el Juez Canabal Pérez nos solicitó que

ordenáramos al licenciado Capella Angueira a: (1) cesar y

desistir de no aceptar casos de personas indigentes

asignados al Salón de Sesiones 204; (2) atenerse a lo

dispuesto en su resolución del 24 de noviembre de 2014, o

que, en la alternativa, procediera con el remedio judicial

adecuado; (3) atenerse a las disposiciones pertinentes de

las Reglas de disciplina judicial, 4 L.P.R.A. Ap. XV-B, y

el Reglamento de abogados y abogadas de oficio en

procedimientos de naturaleza criminal, 4 L.P.R.A. XXVIII;

y, finalmente, (4) cumplir con los deberes éticos

impuestos por los Cánones 1, 9, 12 y 18 del Código de

Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

Examinada la Petición urgente del Juez Canabal Pérez,

y ante la presunta evasión reiterada por parte del

licenciado Capella Angueira de proveer representación

legal a imputados indigentes asignados a un salón de

sesiones en particular, el 20 de enero de 2015, este

Tribunal emitió una resolución ordenando a este último que

se expresara dentro de un término de cinco días en torno a

11 Como parte de su investigación, la Oficina de la Procuradora General se comunicó directamente con la señora Piñero Sánchez, quien nuevamente corroboró las expresiones hechas por el licenciado Capella Angueira. Véase Informe de la Procuradora General a la pág. 5. MC-2015-0004 7

la Petición urgente presentada. Específicamente,

ordenamos que el licenciado Capella Angueira indicara cómo

su conducta no constituía una violación a los Cánones 1,

9, 12 y 18 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap.

IX, y no contravenía las normas, principios y preceptos

constitucionales que informan nuestro sistema de justicia

criminal. Oportunamente, el licenciado Capella Angueira

compareció mediante Moción asumiendo representación legal,

de reconsideración y sobre otros extremos y, entre otras

cosas, solicitó que dejáramos sin efecto la resolución

emitida. Esto, bajo el fundamento de que la misma

representaba el comienzo de un proceso disciplinario por

la vía sumaria. De otra parte, el licenciado nos informó

que a partir de ese día, “los abogados que laboran para la

Sociedad para Asistencia Legal en la Oficina de Arecibo

han estado compareciendo y continuarán compareciendo a la

Sala 204 del Tribunal de Primera Instancia, Sala de

Arecibo en representación de los acusados indigentes que

son elegibles para recibir los servicios de esta

entidad”.12

No obstante, en su comparecencia, el licenciado

Capella Angueira no atendió las cuestiones sobre las

cuales se le ordenó que se expresara. Así las cosas,

12 Moción asumiendo representación legal, de reconsideración y sobre otros extremos, en la pág. 2 (énfasis suplido). El licenciado Capella Angueira acompañó su moción con copia de una misiva, con fecha de 23 de enero de 2015, informando al Juez Canabal Pérez de su nueva determinación, la cual sería efectiva inmediatamente. MC-2015-0004 8

referimos el asunto a la Oficina de la Procuradora General

para que, dentro de un término de quince días, nos

rindiera el informe correspondiente.13

El 17 de febrero de 2015, el licenciado Capella

Angueira compareció nuevamente mediante Contestación a

“petición urgente al Honorable Tribunal Supremo”. En

ésta, expuso su posición con respecto a las alegaciones

hechas en su contra. Es decir, dio cumplimiento, si bien

tardíamente, a lo previamente ordenado. En su

Contestación, el letrado no negó la conducta que el Juez

Canabal Pérez y la Juez Lugo Báez le imputaron. En vez,

explicó que su proceder estuvo en todo momento motivado

por su interés en garantizar los derechos de los clientes

indigentes representados por la SAL, a quienes, además, ha

dedicado más de treinta años de labor profesional.

Rechazó, pues, que sus acciones hayan formado parte de una

maniobra para lograr por vía de coacción lo que no pudo a

través del trámite judicial –es decir, la inhibición de un

juez–, y negó que su intención haya sido atacar

colateralmente una determinación judicial o menospreciar

la autoridad del tribunal.

El 24 de febrero de 2015, la Procuradora General

presentó su Informe. En éste, concluyó que el letrado

13 Además, mediante la resolución certificada el 9 de febrero de 2015, este Tribunal declaró no ha lugar a la moción de reconsideración presentada por el licenciado Capella Angueira y ha lugar a su solicitud de representación legal. MC-2015-0004 9

incurrió en conducta violatoria de los Cánones 1, 9, 12 y

18 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

Evaluado el Informe de la Procuradora General y la

Contestación presentada previamente por el licenciado

Capella Angueira, el 27 de febrero de 2015, emitimos una

resolución concediéndole a este último cinco días para que

se expresara en torno a las determinaciones y conclusiones

presentadas por la Procuradora General. Oportunamente, el

licenciado Capella Angueira presentó una Réplica al

informe de la Procuradora General y en cumplimiento de

orden. Asimismo, la SAL y el Juez Canabal Pérez

presentaron comparecencias especiales los días 9 y 26 de

marzo y el 17 de marzo de 2015, respectivamente.14

Contando con el beneficio del Informe de la Oficina de

la Procuradora General y con la comparecencia de todas las

partes concernidas, procedemos a evaluar las presuntas

violaciones a los Cánones 1, 9, 12 y 18 del Código de

Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, por parte del

licenciado Capella Angueira.

II.

El Canon 1 del Código de Ética Profesional le impone

a todo abogado y abogada el deber de luchar a favor de que

toda persona tenga acceso a una representación legal que

sea “capacitada, íntegra y diligente”. 4 L.P.R.A. Ap. IX,

14 El licenciado Capella Angueira, por su parte, compareció nuevamente el 1 de abril de 2015, mediante Escrito en relación a comparecencia especial del 17 de marzo de 2015, del Hon. Nelson Canabal Pérez. MC-2015-0004 10

C.1. Dispone el Canon que, en la consecución de este

objetivo, los profesionales de Derecho deben esforzarse

por proveer servicios legales gratuitos a personas

indigentes, “especialmente en lo que se refiere a la

defensa de acusados y a la representación legal de

personas insolventes”. Id. En el ámbito penal, este

llamado adquiere mayor importancia. Ello, sin duda, en

atención a los intereses implicados y las posibles

consecuencias a las que está sujeto un imputado de delito

una vez el Estado inicia un procedimiento criminal en su

contra.

El Canon 1, además, está íntimamente relacionado con

preceptos constitucionales y estatutarios de máxima

envergadura en nuestro sistema de justicia.

Particularmente, la obligación de aceptar casos de

personas indigentes acusadas de delitos que encarna el

Canon 1 responde a la garantía del derecho a asistencia de

abogado en todos los procesos criminales dispuesta en la

Sección 11 de la Carta de derechos de nuestra

Constitución. Véase Const. P.R. Art. II, sec. 11. 15

Asimismo, distintos preceptos estatutarios viabilizan el

cumplimiento con este mandato constitucional. 16 Además, lo

15 Cabe destacar que la misión de la SAL es, justamente, hacer efectivo este mandato constitucional. 16 Concretamente, las Reglas 57 y 159 de las Reglas de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. R.57; R.159, establecen que, de un acusado comparecer sin representación legal a una vista o a juicio, el tribunal viene obligado a informarle sobre su derecho de contar con asistencia de un abogado o abogada defensor y, de ser MC-2015-0004 11

resuelto por este Tribunal en Ramos Acevedo v. Tribunal

Superior, 133 D.P.R. 599 (1993) y la posterior adopción

del Reglamento para la asignación de abogados y abogadas

de oficio en procedimientos de naturaleza penal, 4

L.P.R.A. Ap. XXVIII representaron pasos firmes en

dirección a garantizar el acceso a representación legal

para personas indigentes.17

Precisamente en atención a este andamiaje

constitucional y legislativo, este Tribunal ha afirmado

que “[l]a obligación de los abogados de brindar

representación legal gratuita a las personas de escasos

recursos, en la esfera penal, surge de la Constitución del

Estado Libre Asociado y, en términos más específicos, de

las Reglas de Procedimiento Criminal y del Canon 1”. In re

Rodríguez Santiago, 157 D.P.R. 26, 30 (2002). De la misma

manera, hemos señalado que esta obligación es un corolario

de la naturaleza y función eminentemente pública de la

profesión legal y se deriva del hecho de que todo abogado

y abogada es un oficial del tribunal. Véase In re

Rodríguez Santiago, 157 D.P.R. 26, 31 (2002). Constituye,

necesario, nombrarle uno que, en adelante, le proveerá sus servicios sin costo para él.

17 En Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, luego de reconocer que el derecho a tener representación legal en casos criminales forma parte fundamental del debido proceso de ley, expresamos que la obligación de proveer asistencia de abogado a los indigentes no recae exclusivamente en el Estado, sino que constituye “una obligación compartida con los abogados admitidos al ejercicio de la profesión”. 133 D.P.R. a la pág. 612. MC-2015-0004 12

pues, conducta no sólo reprochable, sino además

sancionable, el que un letrado se niegue a ofrecer sus

servicios profesionales a un indigente a quien se le

encausa criminalmente, sin aducir una razón legítima que

pueda anteponerse ante el interés apremiante de

garantizarle su derecho constitucional a contar con

representación legal. In re Rodríguez Santiago, 157 en la

pág. 37. Véase, además, In re Roldós Matos y otros, 161

D.P.R. 373 (2004).

En este sentido, no se puede olvidar que, además de

tener la responsabilidad de defender honesta y

competentemente los intereses de su cliente, los abogados

y abogadas desempeñan una función social a través de su

aportación imprescindible a la materialización de la

Justicia. In re Román, 165 D.P.R. 801, 807 (2005). Al

desempeñar esta función, todo profesional de Derecho

tiene, pues, el deber de conformar su conducta a aquellos

principios dirigidos a asegurar el justo y buen

funcionamiento de nuestro sistema de Justicia.

Conforme a lo anterior, el Canon 9 del Código de

Ética Profesional obliga a todo abogado y abogada a

“observar para con los tribunales una conducta que se

caracterice por el mayor respeto”. 4 L.P.R.A. Ap. IX, C.9.

En numerosas ocasiones hemos señalado que esta norma exige

que los profesionales de Derecho sean diligentes en el

trámite de los casos de sus clientes y, particularmente,

en lo que respecta a obedecer y responder prontamente las MC-2015-0004 13

órdenes emitidas por los tribunales. In re Hoffman

Mouriño, 170 D.P.R. 968 (2007). Desatender esas órdenes

representa un grave menosprecio a la autoridad del

tribunal y constituye, por lo tanto, una clara violación

al Canon 9. Por otro lado, el Canon también requiere que

cuando profesionales de Derecho se dirijan al tribunal o a

uno de sus funcionarios lo hagan con respeto y deferencia.

Véase In re Crespo Enríquez, 147 D.P.R. 656, 662-663

(1999).

En resumen, podemos colegir que el deber de respeto

que surge del Canon 9 propiamente tiene dos vertientes.

La primera implica el deber de respetar las órdenes y

directrices emitidas por los tribunales, las cuales, a su

vez, solamente pueden ser impugnadas por medio de los

cauces apelativos apropiados. Sigfrido Steidel Figueroa,

Ética y Responsabilidad Disciplinaria del Abogado, 313

(2010). La segunda, enuncia el deber de los abogados y

abogadas de respetar a “jueces, empleados y funcionarios

del tribunal, tanto en comparecencias formales, personales

o por escrito, como cuando interactúa[n] informalmente con

éstos”. Id. Si bien este Tribunal ha reconocido la

crítica judicial sana y oportuna como “un medio necesario

y efectivo para mantener a los jueces alertas y atentos al

estricto cumplimiento de sus funciones”, In re Crespo

Enríquez, 147 D.P.R. 656, 663 (1999), claramente ello no

significa que los profesionales de Derecho “tiene[n]

licencia absoluta en el uso del lenguaje para poner en MC-2015-0004 14

entredicho o mancillar la dignidad de los jueces”. In re

Rochet Santoro, 174 D.P.R. 123, 131 (2008) (citando a In

re López de Victoria I, 163 D.P.R. 1, 8 (2004)). En

cuanto a la primera vertiente del Canon 9, hemos

enfatizado lo siguiente:

Ante determinaciones adversas, los abogados poseen las herramientas que el propio ordenamiento les provee para que éstas puedan ser revisadas. Como bien dijimos en Pueblo v. Susoni, 81 D.P.R. 124, 154 (1959), “[e]l comportamiento judicial que de alguna manera afecta los derechos de un acusado o litigante, puede llevarse al récord para la acción correctiva que proceda por un tribunal superior a tenor con lo que deba ser un juicio imparcial y justo”. (citas omitidas).

In re Crespo Enríquez, 147 D.P.R. en la pág. 663.

En otras palabras, nuestro ordenamiento provee los

remedios adecuados para aquellas situaciones en las que un

abogado o abogada entienda que los intereses de su

cliente, o los suyos, han sido perjudicados. En atención

a la autoridad que ostentan los tribunales de justicia y a

la deferencia y respeto que éstos merecen, es a esos

remedios a los que los profesionales de Derecho están

obligados a recurrir para vindicar sus reclamos.

Con relación al deber de respeto para con los

tribunales, el Canon 12 complementa lo dispuesto en el

Canon 9 al establecer que:

Es deber del abogado hacia el tribunal, sus compañeros, las partes y testigos el ser puntual en su asistencia y conciso y exacto en el trámite y presentación de las causas. Ello implica el desplegar todas las diligencias necesarias para asegurar que no se causen indebidas dilaciones en su tramitación y solución. MC-2015-0004 15

4 L.P.R.A. Ap. IX, C.12 (énfasis suplido).

Este deber de puntualidad y diligencia aplica en todas las

etapas de un litigio y, en la práctica, exige que los

abogados y abogadas adopten toda medida a su alcance para

evitar que se entorpezca y dilate innecesaria e

injustificadamente la tramitación de los procedimientos

judiciales. Véase In re Nieves Nieves, 181 D.P.R. 25

(2011). Esta obligación no solamente se debe al tribunal,

sino también a los compañeros abogados y, por supuesto, al

cliente mismo. In re Roldós Matos, 161 D.P.R. 373, 384

(2004). Al igual que surge del Canon 9, esta norma

“requiere que los abogados presten atención minuciosa, sean

diligentes y cumplan con las órdenes del tribunal”. In re

García Ortiz, 187 D.P.R. 507, 517 (2012).

Por otra parte, el deber que todo profesional de

Derecho tiene de “defender los intereses de su cliente con

el compromiso de emplear „la mayor capacidad, lealtad,

responsabilidad, efectividad y la más completa honradez‟”

constituye una piedra angular de nuestro sistema de

Justicia. In re Rivera Ramos, 178 D.P.R. 651, 664 (2010),

(citando a In re Cuevas Velázquez, 174 D.P.R. 433, 442

(2008)). Por ello, el Canon 18 del Código de Ética

Profesional establece que los abogados y abogadas están

llamados a “defender los intereses del cliente

diligentemente, desplegando en cada caso su más profundo

saber y habilidad y actuando en aquella forma que la

profesión jurídica en general estima adecuada y MC-2015-0004 16

responsable”. 4 L.P.R.A. Ap. IX, C.18. Ser diligente,

implica “reali[zar] las gestiones que le fueron

encomendadas en momento oportuno, en forma adecuada y sin

dilaciones que puedan afectar la pronta solución de la

controversia”. Sigfrido Steidel Figueroa, Ética y

Responsabilidad Disciplinaria del Abogado, 179 (2010).

Esencialmente, “todo abogado cuyo desempeño profesional no

sea adecuado, responsable, capaz y efectivo incurrirá en

una violación al Canon 18”. In re Pérez Riveiro, 180 D.P.R.

193, 202 (2010).

III

Como anticipamos, en el presente caso, la Procuradora

General determinó en su Informe que el licenciado Capella

Angueira incumplió con los Cánones 1, 9, 12 y 18 de Ética

Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, al negar representación

legal a indigentes imputados debido a que sus casos

estaban asignados al Salón de Sesiones 204 que presidía la

Juez Lugo Báez, contra quien el letrado había presentado

una queja ante la OAT. Luego de evaluar los hechos

pertinentes, coincidimos con la apreciación de la

Procuradora General.

Según señaló el propio licenciado Capella Angueira en

la directriz que emitió el 3 de diciembre de 2014, la

orden que originó la presente acción respondió a que,

estando una queja pendiente contra la referida Juez,

entendía que no era propio que los abogados y abogadas de MC-2015-0004 17

la SAL aceptaran casos asignados al salón que presidía.

Alegó, además, que, toda vez que “administrativamente no

se ha hecho nada para salvaguardar los derechos de

nuestros representados”, 18 se vio obligado a tomar esa

determinación. En sus comparecencias ante este Tribunal,

el licenciado Capella Angueira ha reiterado que, dentro de

las circunstancias, consideró la medida como una necesaria

para garantizar los derechos de los clientes de la SAL y

que, contrario a lo alegado tanto por el Juez Canabal

Pérez en la Petición urgente como por la Juez Lugo Báez en

la resolución que emitió el 31 de diciembre de 2014, nunca

pretendió que la referida Juez fuera sustituida por un

magistrado que fuera de su beneplácito.

A pesar de que el licenciado Capella Angueira alega

haber actuado conforme a lo que entendía eran los mejores

intereses de los imputados indigentes cuya representación

la SAL suele asumir, el curso de acción seguido en la

consecución de esos intereses fue, a todas luces, errado y

en clara contravención de los postulados que informan

nuestro ordenamiento procesal criminal. Asimismo, las

actuaciones del licenciado Capella Angueira transgreden

los deberes éticos profesionales que recogen los Cánones

1, 9, 12 y 18. Veamos.

En primer lugar, la decisión del licenciado Capella

Angueira de emitir la directriz en controversia tuvo el

efecto real de negarle a un grupo de imputados indigentes

18 Véase Anejo 5 de Resolución de 31 de diciembre de 2014. MC-2015-0004 18

su derecho constitucional y estatutario a representación

legal en un procedimiento criminal iniciado en su contra.

No existe controversia con respecto a que los imputados en

los casos Pueblo v. Adalberto Quiles Negrón, Pueblo v.

Claudia Hernández Cohen y Pueblo v. Freddie L. Menéndez,

fueron certificados por representantes de la SAL como

indigentes conforme a las disposiciones reglamentarias

pertinentes. Sin embargo, debido a una determinación

administrativa sin apoyo legal tomada por el licenciado

Capella Angueira, éstos terminaron compareciendo a sus

vistas preliminares sin la debida asistencia legal. Lo

que es peor, la directriz del licenciado Capella Angueira

obligó a los subalternos de éste en la oficina de la SAL

de Arecibo a incurrir en violaciones éticas al negarse a

asumir la representación legal de indigentes cuyos casos

fueran asignados a la sala de la Juez Lugo Báez.

Asimismo, la directriz representó la asunción, por

parte del licenciado Capella Angueira, de una actitud

evidentemente desafiante ante la autoridad del tribunal.

Al arrogarse la facultad de determinar en qué casos la SAL

asumiría representación legal y en cuáles no, en función

del magistrado que presidirá la vista correspondiente, el

licenciado Capella Angueira obstruyó de manera directa el

buen funcionamiento de nuestro sistema de justicia

criminal. Ello, a su vez, generó dilaciones

injustificadas en la tramitación de casos en el salón de

sesiones correspondiente, ya que obligó a la Juez Lugo MC-2015-0004 19

Báez a reseñalar vistas y designar abogados de oficio en

casos que, en circunstancias ordinarias, serían atendidos

por el personal de la SAL. Esa actuación no solo

demuestra una falta de respeto hacia al tribunal, sino

también hacia los compañeros abogados y abogadas que

tuvieron que asumir, innecesariamente, la representación

legal de estos indigentes imputados.

El licenciado Capella Angueira agravó el panorama

anterior al incumplir con el requisito de notificar las

razones por las cuales la SAL no asumiría la

representación legal de los imputados y luego desatender

las órdenes del tribunal de cumplir con tal deber.

Ciertamente, la denegatoria de una solicitud de inhibición

no constituye, bajo ningún concepto, una razón legítima

para negarse a comparecer ante un juez en particular y,

consiguientemente, rechazar clientes para los cuales la

SAL usualmente asumiría representación legal.

Además, la decisión de recomendarle a los imputados

entrevistados que solicitaran que otro juez atendiera sus

casos o que requirieran que se les nombrara un abogado de

oficio, constituye una afrenta a la autoridad judicial y

al buen funcionamiento de nuestros tribunales.

Por todo lo anterior, este Tribunal no puede sino

expresar su más profundo repudio hacia la conducta en que

incurrió el licenciado Capella Angueira y la posición en

la que éste colocó tanto a los abogados y abogadas de la

SAL que laboran bajo su dirección, como a los imputados MC-2015-0004 20

afectados por sus decisiones administrativas. Éste abusó

de su posición de poder para, sin base jurídica alguna,

emitir una directriz administrativa que tuvo el efecto

nefasto de negarle a un grupo de imputados indigentes su

derecho constitucional y estatutario a contar con

asistencia legal en un procedimiento criminal, todo ello

en contravención de varios postulados básicos de nuestro

ordenamiento disciplinario.

IV

Tras haber determinado que el licenciado Capella

Angueira incurrió en las violaciones éticas que se le

imputan, resta por fijar la sanción que procede. Sabido

es que, al momento de determinar la sanción disciplinaria

que se impondrá a un abogado o abogada que ha transgredido

las normas que rigen el ejercicio de la profesión del

Derecho en nuestra jurisdicción, este Tribunal puede tomar

en consideración la presencia de circunstancias

atenuantes. En ocasiones previas, hemos identificado

algunas de ellas, a saber: (1) la buena reputación del

abogado o abogada en la comunidad; (2) su historial

previo; (3) si se trata de su primera falta disciplinaria;

(4) el perjuicio, si alguno, sufrido por las partes

implicadas; (5) si se trata de un incidente aislado; (5)

si medió ánimo de lucro, y (6) cualquier otra

consideración que este Tribunal entienda pertinente al

momento de evaluar la conducta imputada. In re Hernández

González, 188 D.P.R. 721, 729 (2013). MC-2015-0004 21

En el caso del licenciado Capella Angueira, ésta es

la primera vez que determinamos que ha incurrido en

conducta contraria a los Cánones de Ética Profesional y su

expediente personal refleja que nunca ha sido objeto de

una queja disciplinaria. Asimismo, su historial

profesional refleja más de tres décadas de compromiso con

las comunidades más vulnerables y desventajadas de nuestro

País, trabajo que ha realizado con pasión y orgullo, según

la misma Procuradora General también reconoce. A su vez,

debemos destacar que el licenciado Capella Angueira

revaluó su determinación y se retractó de la directriz que

dio origen a esta controversia tan pronto fue apercibido

por este Tribunal. Además, es importante notar que no

medió ningún ánimo de lucro en su proceder y que,

finalmente, en sus comparecencias, ha destacado que esta

situación lamentosa ha sido aleccionadora para él.

De otro lado, es un hecho irrefutable que en el

presente caso las partes más estrechamente implicadas –es

decir, los indigentes imputados cuyos derechos a contar

con representación legal fueron vulnerados– sufrieron un

perjuicio sustancial como consecuencia directa de las

faltas éticas del licenciado Capella Angueira. Asimismo,

el que el letrado haya desistido de sus pretensiones una

vez fue advertido por este Tribunal, evitando así causarle

aún mayores perjuicios a la comunidad a la que la SAL está

llamada a servir y a nuestro sistema de justicia criminal

en general, no puede tener el efecto de totalmente MC-2015-0004 22

aminorar la gravedad de las violaciones éticas ya

cometidas. No dudamos del licenciado Capella Angueira

cuando asevera que el proceso de marras ha sido doloroso,

difícil y aleccionador y que en lo sucesivo habrá de ser

más riguroso al momento de descargar sus funciones y

responsabilidades. 19 No obstante, en el balance final,

este Tribunal no puede titubear al momento de ejercer su

autoridad disciplinaria con el rigor que exige una

controversia como ésta. Tampoco puede eludir su deber de

transmitir un mensaje contundente e inequívoco a la

profesión legal a los efectos de que este tipo de conducta

no solamente no será permitida, sino que acarreará serias

consecuencias. Así, por los fundamentos anteriormente

reseñados, y en atención a la gravedad de las violaciones

cometidas por el licenciado Capella Angueira en

contravención a los Cánones 1, 9, 12 y 18 del Código de

Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, se suspende al

licenciado Capella Angueira del ejercicio de la abogacía y

la notaría por un término de tres meses contado a partir

de la notificación de la presente Opinión Per Curiam y

Sentencia.

El licenciado Capella Angueira deberá notificar a sus

clientes de su inhabilidad de poder continuar

representándolos y devolverá a éstos los expedientes de

todo caso que ya haya atendido o que esté pendiente de

resolución y, además, todos los honorarios que haya 19 Réplica al informe de la Procuradora General y en cumplimiento de orden en las págs. 10 y 12. MC-2015-0004 23

percibido por trabajos no realizados. De igual manera,

deberá informar su suspensión a cualquier foro judicial o

administrativo en el que tenga algún caso pendiente. El

letrado deberá acreditar y certificar el cumplimiento con

todo lo anterior, dentro de un término de treinta días,

contado a partir de la notificación de la presente Opinión

Per Curiam y Sentencia. Por último, se le ordena al

Alguacil de este Tribunal incautar inmediatamente la obra

y el sello notarial del licenciado Capella Angueira y

entregarlos al Director de la Oficina de Inspección de

Notaría para la correspondiente inspección e informe.

Se dictará sentencia de conformidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Adalberto Quiles Negrón Claudia E. Hernández Cohen MC-2015-0004 Freddie L. Menéndez Rivera

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente Sentencia, se suspende al Lcdo. Rafael Capella Angueira del ejercicio de la abogacía y la notaría por un término de tres meses, contado a partir de la notificación de la presente Opinión Per Curiam y Sentencia.

El licenciado Capella Angueira tiene el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad de seguir representándolos, devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos en los que tenga algún caso pendiente. Estas gestiones deberán ser certificadas a este Tribunal dentro del término de treinta (30) días a partir de la notificación de esta Sentencia. El Alguacil de este Tribunal deberá incautarse de la obra y sello notarial del licenciado Capella Angueira, debiendo entregar los mismos a la Oficina de Inspección de Notarías para el correspondiente examen e informe a este Tribunal.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez emitió una Opinión concurrente en parte y disidente en parte a la cual se une la Jueza Asociada Oronoz Rodríguez. El Juez Asociado señor Estrella Martínez concurre sin opinión escrita. La Jueza Presidenta señora Fiol Matta no intervino.

Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Adalberto Quiles Negrón Claudia E. Hernández Cohen MC-2015-0004 Freddie L. Menéndez Rivera

Opinión concurrente en parte y disidente en parte de la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez a la cual se une la Jueza Asociada Oronoz Rodríguez

En el día de hoy, se sanciona desmedidamente a un

integrante de la profesión legal que, si bien incurrió en

faltas éticas, cuenta con el beneficio de una trayectoria

profesional laudable en el servicio público de nuestro

País. Es por ello que disiento de la sanción impuesta.

Tras concluir que el Lcdo. Rafael Capella Angueira

incurrió en conducta contraria a las exigencias de los

Cánones 1, 9, 12 y 18 del Código de Ética Profesional, 4

L.P.R.A. Ap. IX, C. 1, 9, 12 y 18, una mayoría de este

Tribunal ordena su suspensión del ejercicio de la abogacía

por un término de tres meses. A pesar de que estoy de

acuerdo con la determinación de que el licenciado Capella

Angueira cometió las faltas éticas que se le imputan y

que, por lo tanto, procede que este Tribunal le imponga MC-2015-0004 2

una sanción disciplinaria, estimo que la medida adoptada

por una mayoría de este Tribunal es, a la luz de los

hechos y circunstancias del caso, y los intereses que el

proceso disciplinario tutela, 20 excesiva y, en última

instancia, desproporcionada en comparación con la gravedad

de las faltas cometidas.

No existe controversia en torno a los hechos que

dieron origen al procedimiento disciplinario de marras. 21

Tras la correspondiente evaluación de éstos y un análisis

de los planteamientos elaborados por las partes implicadas

en sus respectivas comparecencias, este Tribunal concluye

que el licenciado Capella Angueira incurrió en violaciones

a los deberes éticos contenidos en los Cánones 1, 9, 12 y

20 Cabe destacar que, en el pasado, nos hemos expresado en torno a la naturaleza y función del proceso disciplinario. Véanse In re Sánchez Ramos, 174 D.P.R. 453, 467 (2008) (“[E]l norte de todo procedimiento disciplinario es proteger al público y a la profesión legal, por lo que toda pretensión ajena a dicho propósito no será motivo para que este Foro emprenda la delicada encomienda de sancionar disciplinariamente a un abogado”.); In re García Aguirre, 175 D.P.R. 433, 441 (2009) (“El fin del procedimiento disciplinario no es castigar al abogado, sino proteger al público y a la profesión legal mediante una investigación de las condiciones morales del letrado para determinar si puede continuar ejerciendo la abogacía”.). 21 En sus comparecencias ante este Tribunal, el licenciado Capella Angueira tampoco refuta los hechos esenciales que provocaron que se iniciara un procedimiento disciplinario en su contra. En éstos, el letrado más bien intenta contextualizar los mismos en un esfuerzo por demostrar que su actuación no contravino los estándares mínimos de comportamiento profesional que exigen los Cánones del Código de Ética Profesional. En la alternativa, plantea que la presencia de varios atenuantes justifica que no se le sancione. MC-2015-0004 3

18 del Código de Ética Profesional. 4 L.P.R.A. Ap. IX C.

1, 9, 12 y 19. Como indiqué, no existen mayores

divergencias de criterio entre los miembros de este

Tribunal con respecto a esta determinación. Lo que ha

generado diferencias, y la razón por la cual me veo

obligada a disentir, se limita a la sanción que

corresponde imponer en atención a esas violaciones.

Contrario a otras jurisdicciones, nuestro ordenamiento

disciplinario es silente con respecto al tipo de sanción

que procede luego de una determinación de que un

integrante de la profesión legal ha transgredido una, o

varias, de las normas que regulan el ejercicio de la

abogacía. Dicho de otra manera, en nuestro Código de

Ética Profesional, “las sanciones no están predeterminadas

por tipos de infracción” y, por lo tanto, “no existen

categorías de faltas con las correspondientes categorías

de sanciones aplicables”. Sigfrido Steidel Figueroa, Ética

y Responsabilidad Disciplinaria del Abogado, 368 (2010).

Lo cierto es que, al amparo de los preceptos sustantivos y

procesales vigentes, este Tribunal goza de un alto –

algunos comentaristas lo tildarían de excesivo- grado de

discreción al momento de determinar la sanción

correspondiente a una violación de índole ética.

Ahora bien, en teoría, esta laguna se subsana mediante

la aplicación sistemática y ponderada del precedente

judicial. Así, “las sanciones pudieran considerarse como

predeterminadas para casos futuros análogos a los MC-2015-0004 4

previamente resueltos por el Tribunal”. Sigfrido Steidel

Figueroa, Id. Lamentablemente, este Tribunal no ha sido

consistente en el ejercicio de sus prerrogativas

disciplinarias. Esta tendencia podría explicarse de dos

maneras. Por una parte, la inconsistencia podría

atribuírsele a una falta de interés de atender con el

rigor necesario los asuntos relacionados con conducta

profesional. Esto podría explicar, a su vez, el hecho de

que nuestro Código de Ética Profesional haya permanecido

virtualmente inalterado por más de cuatro décadas. 22 De

otra parte, en la práctica, hemos claudicado a nuestro

deber de exteriorizar cabalmente el racionamiento

colectivo y/o individual detrás de las adjudicaciones en

los méritos de los asuntos disciplinarios ante nuestra

consideración. Ciertamente, son pocas las instancias en

las que este Tribunal ha llevado a cabo un análisis

comparativo de conductas análogas evaluadas en casos

anteriores.23

Esta imprecisión e insuficiencia al momento de

descargar nuestras funciones disciplinarias, por las que

respondemos todos los integrantes de este Foro, afecta de

manera directa a los miembros de la profesión legal y 22 Convido a mis compañeros y compañeras a aprovechar la coyuntura que supone la actualización, adecuación y atemperación de nuestro Código de Ética Profesional para incluir estándares claros que guíen nuestra discreción al momento de imponer sanciones. Esto, en aras de evitar actuaciones arbitrarias, o que creen la impresión de arbitrariedad, al momento de ejercer nuestra jurisdicción disciplinaria. 23 Véanse In re Rivera Ramos, 178 D.P.R. 651 (2010); In re González Acevedo, 165 D.P.R. 81 (2005). MC-2015-0004 5

tiene graves consecuencias en nuestro ordenamiento

disciplinario. La principal es que despoja a éste del

grado de coherencia y consistencia que requiere para que

sea plenamente efectivo. Si bien la consistencia en las

decisiones dictadas por este Tribunal Supremo no

constituye una garantía absoluta de la corrección de las

mismas, resulta ser un elemento de gran importancia,

puesto que no solo confiere estabilidad, confiabilidad y

credibilidad a nuestro sistema de justicia, sino que,

desde un punto de vista institucional, asegura que todos

sean juzgados de forma consistente y según las mismas

reglas. Después de todo, “[l]a estabilidad, la certeza, la

eficacia y la reducción de arbitrariedad en la toma de

decisiones judiciales son valores axiomáticos del Derecho

y de un sistema de justicia objetivo y confiable”.

Rodríguez v. Hospital, 186 D.P.R. 889, 927 (2012)

(Rodríguez Rodríguez, J., Op. Concurrente y Disidente).

La importancia de la consistencia adquiere mayor

relevancia en el contexto disciplinario, puesto que, en

casos de suspensiones y separaciones permanentes del

ejercicio de la abogacía, éstas inciden directamente en la

fuente de sustento de muchos profesionales del Derecho.

Por esta razón, su determinación es un asunto que exige

profunda atención y deliberación y se rige por las

garantías del debido proceso de ley. Asimismo, el

ejercicio de nuestra jurisdicción disciplinaria exige que

indaguemos en torno al propósito de las sanciones que MC-2015-0004 6

imponemos y su relación con la conducta que se quiere

disuadir. 24 Es decir, supone un juicio informado de

proporcionalidad, el cual ha de tomar en consideración las

múltiples circunstancias concomitantes a la conducta

evaluada. No debemos pasar por alto, además, que las

consecuencias de una sanción disciplinaria no son

meramente económicas; el prestigio y la reputación del

profesional de Derecho al que este Tribunal sanciona

también se afectan significativamente.

II

Según se desprende de los hechos reseñados en la

Opinión Per Curiam que antecede, la directriz emitida por

el licenciado Capella Angueira representa el aspecto más

significativo de la conducta que nos corresponde evaluar.

Sin duda, la referida directriz constituyó un craso error

de juicio por parte del licenciado Capella Angueira que no

se justifica y que por el contrario, merece nuestro más

enérgico rechazo. No obstante, una apreciación integral 24 En cuanto a la relación entre un estándar adjudicativo consistente y el propósito de las sanciones disciplinarias, en otras jurisdicciones se ha afirmado que

Our purpose in imposing sanctions is to deter other lawyers from similar conduct; to assure the public that we will maintain the ethics of the profession; and to appropriately reflect our view of the attorney‟s fitness to practice law. The standard we apply tailor the circumstances of each case, giving respectful consideration to the recommendations of the commission and also taking into account our decisions in earlier similar cases.

Committee on Professional Ethics and Conduct of the Iowa State Bar Ass‟n v. Baudino, 452 N.W. 2d 455, 459 (Iowa, 1990). MC-2015-0004 7

de los hechos y un estudio sosegado y sin ánimo prevenido

del expediente profesional del licenciado, me hacen

discrepar del criterio mayoritario en cuanto a la sanción

impuesta, a saber: suspensión temporera del licenciado

Capella Angueira del ejercicio de la profesión legal.

Máxime, cuando hace menos de dos meses la mayoría que hoy

suspende al licenciado Capella Angueira optó por meramente

apercibir a una funcionaria que al día de hoy ocupa un

puesto en la legislatura de nuestro País, de que en el

futuro debía ser más “rigurosa” en su facturación por el

trabajo rendido. 25 Hoy por el contrario, la mayoría opta

por imponer la sanción más inclemente; la de suspender de

25 En aquella ocasión, una mayoría de los integrantes de este Tribunal ordenó el archivo de una queja disciplinaria que involucraba imputaciones éticas serias, consistentes en irregularidades relacionadas con la facturación indebida a un municipio del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Esstas imputaciones fueron producto de los señalamientos contenidos en un informe de auditoría de las operaciones fiscales del Municipio de Canóvanas que rindió la Oficia del Contralor de Puerto Rico. Al así proceder, la mayoría se limitó a un mero apercibimiento a la letrada en cuestión a los efectos de que, en el futuro, debía ser “sumamente rigurosa para asegurarse de que el contenido de sus facturas revel[ara] con corrección los detalles que requiere el cobro de honorarios por servicios legales prestados”. In re María M. Charbonier Laureano, 2015 T.S.P.R. 91, 191 D.P.R. ___ (2015). Esto, a pesar de que los fondos en controversia eran, propiamente, fondos públicos. Al valorar la severidad de la sanción que hoy se impone frente al archivo de la queja en el caso antes mencionado, parece acertada la crítica de que, en el ejercicio de nuestra jurisdicción sobre conducta profesional, “las sanciones disciplinarias parecen depender más de quién se trata y no de la conducta incurrida”. Guillermo Figueroa Prieto, Conducta profesional, 74 Rev. Jur. U.P.R. 495, 529 (2005). MC-2015-0004 8

la profesión legal a un verdadero servidor público quien,

por más de tres décadas, ha provisto servicios legales de

primer orden a los más necesitados. Y quien ha

antepuesto, consistentemente, los intereses de sus

clientes a cualquier utilidad económica, profesional o

política que pudiese derivar de sus funciones. La

suspensión del licenciado Capella Angueira, priva, además,

a un sector marginado de nuestra población de un líder

comprometido con garantizar el reconocimiento de sus

derechos en todo procedimiento criminal.

Por los fundamentos esbozados anteriormente, disiento

de la sanción que hoy se le impone al licenciado Capella

Angueira. Esto, por entender que la misma no es cónsona

con la conducta que se le imputa y no refleja una

evaluación ponderada de los atenuantes que obran a favor

del licenciado. Por mi parte, hubiese circunscrito la

sanción a una censura enérgica acompañada de un

apercibimiento general a efectos de que, en lo sucesivo,

conducta de la naturaleza incurrida por el licenciado

Capella Angueira acarreará sanciones más severas.

Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada