Placer Román v. Estado Libre Asociado De Puerto Rico
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Opinion
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Carlos E. Placer Román
Peticionario Certiorari
v. 2015 TSPR 131
Estado Libre Asociado de Puerto 193 DPR ____ Rico y otros
Recurridos
Número del Caso: CC-2012-949
Fecha: 1ro de octubre de 2015
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Caguas, Panel X
Abogada de la Parte Peticionaria:
Lcda. Ivonne L. Arias Martínez
Oficina de la Procuradora General:
Lcda. Margarita Mercado Echegaray Procuradora General
Lcda. Karla Pacheco Álvarez Subprocuradora General
Lcda. Carmen A. Riera Cintrón Procuradora General Auxiliar
Materia: Sentencia con Opiniones de Conformidad y Opinión Concurrente
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Peticionario
v. CC-2012-949 Certiorari Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 1 de octubre de 2015.
Se revoca la Sentencia del Tribunal de Apelaciones, se expide el mandamus y se ordena eliminar al señor Carlos E. Placer Román del Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales Violentos y Abuso Contra Menores.
Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal. La Jueza Presidenta señora Fiol Matta emitió una Opinión de Conformidad, a la que se une el Juez Asociado señor Feliberti Cintrón. El Juez Asociado señor Martínez Torres emitió una Opinión de Conformidad. El Juez Asociado señor Estrella Martínez emitió una Opinión Concurrente. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez disintió sin opinión escrita. El Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo no intervino.
María I. Colón Falcón Secretaria del Tribunal Supremo, Interina EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
v. CC-2012-949 Certiorari Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros
Opinión de Conformidad emitida por la Jueza Presidenta señora Fiol Matta, a la cual se une el Juez Asociado señor Feliberti Cintrón.
La Ley 243-2011 eliminó el delito de actos
lascivos o impúdicos cometidos contra una persona
adulta de la lista de delitos que activan la
obligación de inscribir al convicto en el
Registro de Personas Convictas por Delitos
Sexuales Violentos y Abuso Contra Menores. Por
esa razón, estoy conforme con la decisión
mayoritaria de expedir el mandamus y ordenar
eliminar al señor Carlos Placer de dicho
Registro. CC-2012-0949 2
I
El señor Carlos Placer Román fue declarado culpable
de cometer el delito de actos impúdicos o lascivos contra
una persona mayor de edad por hechos ocurridos el 1 de
junio de 1998.1 El 29 de diciembre de 1999, el Tribunal de
Primera Instancia lo sentenció a cumplir una pena de seis
años de prisión y ordenó la suspensión de la sentencia de
cárcel al amparo de la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946,
según enmendada, conocida como Ley de Sentencia Suspendida
y Libertad a Prueba.2 Entre otras condiciones, la
sentencia emitida por el Tribunal de Instancia ordenó que
el señor Placer Román fuera inscrito en el Registro de
Personas Convictas por Delitos Sexuales Violentos y Abuso
contra Menores (Registro).3
1 Art. 105(d) del Código Penal de 1974, 33 LPRA sec. 4067. El inciso (d) dispone:
“Toda persona que sin intentar consumar acceso carnal cometiere cualquier acto impúdico o lascivo con otra será sancionada con pena de reclusión según más adelante se dispone si concurrieran cualesquiera de las siguientes modalidades:
....
(d) Si la víctima fuere compelida al acto mediante el empleo de medios engañosos que anulen o disminuyan sustancialmente, sin su conocimiento, su capacidad de resistencia”. 2 34 LPRA sec. 1027. 3 Entre las condiciones que debía cumplir el señor Placer Román estaban: permanecer dentro de la jurisdicción del Estado Libre (continúa...) CC-2012-0949 3
Según el certificado expedido por la Administración
de Corrección y Rehabilitación, Programa de Comunidad de
San Juan, la sentencia del señor Placer Román se cumplió
el día 29 de diciembre de 2005. El 17 de junio de 2011, el
señor Placer Román presentó una petición de mandamus en la
cual solicitó al Tribunal de Primera Instancia que
ordenara al Departamento de Justicia, a la Administración
de Corrección, a la Policía de Puerto Rico y a la Junta de
Libertad Bajo Palabra eliminar su nombre del Registro de
contra Menores. Además, pidió una indemnización en daños
conforme al artículo 659 del Código de Enjuiciamiento
Civil de 1993.4
El señor Placer Román planteó que su nombre no debió
haberse incluido en el Registro pues el delito por el cual
fue convicto no era uno de los delitos incluidos en la Ley
28-1997, aplicable al momento de dictarse sentencia en su
contra. Además, la ley disponía que la información debía
aparecer en el Registro durante un periodo de diez años
desde que se comenzara a cumplir la sentencia bajo el
beneficio de libertad a prueba, lo cual quería decir, en
Asociado de Puerto Rico; comparecer regularmente ante un Técnico de Servicios Sociopenales del Programa de Comunidad de la Administración de Corrección; mantenerse empleado o estudiando; abstenerse del uso de sustancias controladas y el consumo de alcohol. 4 32 LPRA sec. 343. CC-2012-0949 4
su caso, diez años a partir del 29 de diciembre de 1999.5
Por esta razón, el peticionario comenzó a hacer gestiones
para lograr que su nombre fuera removido del Registro a
partir del 29 de diciembre de 2009.6
Las personas a cargo del Registro de Ofensores
Sexuales y del Departamento de Corrección se negaron a
borrar el nombre del peticionario del Registro porque
según la ley que estaba vigente al momento de la petición,
Ley 266-2004, el periodo de diez años de registro
comenzaba a transcurrir desde que se terminara de cumplir
la sentencia y no desde que el convicto saliera a la libre
comunidad en virtud del beneficio de libertad a prueba,
como disponía la ley anterior. Además, la Ley de 2004
requería una orden judicial para eliminar del Registro el
nombre e información del convicto.7 De acuerdo a esta
5 El señor Placer Román fue sentenciado el 29 de diciembre de 1999. El artículo 5 de la Ley 28-1997, vigente al momento de la sentencia, dispone en lo pertinente:
La información de la persona convicta por los delitos enumerados en el inciso (a) del Artículo 3 de esta Ley, se mantendrá en el Registro por un período de diez (10) años desde que la persona cumplió la sentencia de reclusión, desde que comenzó a cumplir la sentencia bajo el beneficio de libertad a prueba o desde que es liberada bajo palabra. Una vez transcurra dicho término, el nombre y los datos de la persona serán eliminados del Registro. El Sistema adoptará la reglamentación necesaria para cumplir con lo dispuesto. 6 El peticionario también señaló que había sido inscrito en el Registro erróneamente ya que en la Sentencia del 29 de diciembre de 1999 no se incluyó como parte de las condiciones la inclusión en el Registro de Ofensores Sexuales. 7 La Ley 266-2004 derogó la Ley 28-1997. Entre sus disposiciones estableció que la información de la persona convicta por delitos sexuales se mantendría en el Registro por un periodo mínimo de diez años desde que se cumpliera la sentencia impuesta. (continúa...) CC-2012-0949 5
interpretación, en el caso del señor Placer Román el
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Carlos E. Placer Román
Peticionario Certiorari
v. 2015 TSPR 131
Estado Libre Asociado de Puerto 193 DPR ____ Rico y otros
Recurridos
Número del Caso: CC-2012-949
Fecha: 1ro de octubre de 2015
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Caguas, Panel X
Abogada de la Parte Peticionaria:
Lcda. Ivonne L. Arias Martínez
Oficina de la Procuradora General:
Lcda. Margarita Mercado Echegaray Procuradora General
Lcda. Karla Pacheco Álvarez Subprocuradora General
Lcda. Carmen A. Riera Cintrón Procuradora General Auxiliar
Materia: Sentencia con Opiniones de Conformidad y Opinión Concurrente
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Peticionario
v. CC-2012-949 Certiorari Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 1 de octubre de 2015.
Se revoca la Sentencia del Tribunal de Apelaciones, se expide el mandamus y se ordena eliminar al señor Carlos E. Placer Román del Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales Violentos y Abuso Contra Menores.
Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal. La Jueza Presidenta señora Fiol Matta emitió una Opinión de Conformidad, a la que se une el Juez Asociado señor Feliberti Cintrón. El Juez Asociado señor Martínez Torres emitió una Opinión de Conformidad. El Juez Asociado señor Estrella Martínez emitió una Opinión Concurrente. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez disintió sin opinión escrita. El Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo no intervino.
María I. Colón Falcón Secretaria del Tribunal Supremo, Interina EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
v. CC-2012-949 Certiorari Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros
Opinión de Conformidad emitida por la Jueza Presidenta señora Fiol Matta, a la cual se une el Juez Asociado señor Feliberti Cintrón.
La Ley 243-2011 eliminó el delito de actos
lascivos o impúdicos cometidos contra una persona
adulta de la lista de delitos que activan la
obligación de inscribir al convicto en el
Registro de Personas Convictas por Delitos
Sexuales Violentos y Abuso Contra Menores. Por
esa razón, estoy conforme con la decisión
mayoritaria de expedir el mandamus y ordenar
eliminar al señor Carlos Placer de dicho
Registro. CC-2012-0949 2
I
El señor Carlos Placer Román fue declarado culpable
de cometer el delito de actos impúdicos o lascivos contra
una persona mayor de edad por hechos ocurridos el 1 de
junio de 1998.1 El 29 de diciembre de 1999, el Tribunal de
Primera Instancia lo sentenció a cumplir una pena de seis
años de prisión y ordenó la suspensión de la sentencia de
cárcel al amparo de la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946,
según enmendada, conocida como Ley de Sentencia Suspendida
y Libertad a Prueba.2 Entre otras condiciones, la
sentencia emitida por el Tribunal de Instancia ordenó que
el señor Placer Román fuera inscrito en el Registro de
Personas Convictas por Delitos Sexuales Violentos y Abuso
contra Menores (Registro).3
1 Art. 105(d) del Código Penal de 1974, 33 LPRA sec. 4067. El inciso (d) dispone:
“Toda persona que sin intentar consumar acceso carnal cometiere cualquier acto impúdico o lascivo con otra será sancionada con pena de reclusión según más adelante se dispone si concurrieran cualesquiera de las siguientes modalidades:
....
(d) Si la víctima fuere compelida al acto mediante el empleo de medios engañosos que anulen o disminuyan sustancialmente, sin su conocimiento, su capacidad de resistencia”. 2 34 LPRA sec. 1027. 3 Entre las condiciones que debía cumplir el señor Placer Román estaban: permanecer dentro de la jurisdicción del Estado Libre (continúa...) CC-2012-0949 3
Según el certificado expedido por la Administración
de Corrección y Rehabilitación, Programa de Comunidad de
San Juan, la sentencia del señor Placer Román se cumplió
el día 29 de diciembre de 2005. El 17 de junio de 2011, el
señor Placer Román presentó una petición de mandamus en la
cual solicitó al Tribunal de Primera Instancia que
ordenara al Departamento de Justicia, a la Administración
de Corrección, a la Policía de Puerto Rico y a la Junta de
Libertad Bajo Palabra eliminar su nombre del Registro de
contra Menores. Además, pidió una indemnización en daños
conforme al artículo 659 del Código de Enjuiciamiento
Civil de 1993.4
El señor Placer Román planteó que su nombre no debió
haberse incluido en el Registro pues el delito por el cual
fue convicto no era uno de los delitos incluidos en la Ley
28-1997, aplicable al momento de dictarse sentencia en su
contra. Además, la ley disponía que la información debía
aparecer en el Registro durante un periodo de diez años
desde que se comenzara a cumplir la sentencia bajo el
beneficio de libertad a prueba, lo cual quería decir, en
Asociado de Puerto Rico; comparecer regularmente ante un Técnico de Servicios Sociopenales del Programa de Comunidad de la Administración de Corrección; mantenerse empleado o estudiando; abstenerse del uso de sustancias controladas y el consumo de alcohol. 4 32 LPRA sec. 343. CC-2012-0949 4
su caso, diez años a partir del 29 de diciembre de 1999.5
Por esta razón, el peticionario comenzó a hacer gestiones
para lograr que su nombre fuera removido del Registro a
partir del 29 de diciembre de 2009.6
Las personas a cargo del Registro de Ofensores
Sexuales y del Departamento de Corrección se negaron a
borrar el nombre del peticionario del Registro porque
según la ley que estaba vigente al momento de la petición,
Ley 266-2004, el periodo de diez años de registro
comenzaba a transcurrir desde que se terminara de cumplir
la sentencia y no desde que el convicto saliera a la libre
comunidad en virtud del beneficio de libertad a prueba,
como disponía la ley anterior. Además, la Ley de 2004
requería una orden judicial para eliminar del Registro el
nombre e información del convicto.7 De acuerdo a esta
5 El señor Placer Román fue sentenciado el 29 de diciembre de 1999. El artículo 5 de la Ley 28-1997, vigente al momento de la sentencia, dispone en lo pertinente:
La información de la persona convicta por los delitos enumerados en el inciso (a) del Artículo 3 de esta Ley, se mantendrá en el Registro por un período de diez (10) años desde que la persona cumplió la sentencia de reclusión, desde que comenzó a cumplir la sentencia bajo el beneficio de libertad a prueba o desde que es liberada bajo palabra. Una vez transcurra dicho término, el nombre y los datos de la persona serán eliminados del Registro. El Sistema adoptará la reglamentación necesaria para cumplir con lo dispuesto. 6 El peticionario también señaló que había sido inscrito en el Registro erróneamente ya que en la Sentencia del 29 de diciembre de 1999 no se incluyó como parte de las condiciones la inclusión en el Registro de Ofensores Sexuales. 7 La Ley 266-2004 derogó la Ley 28-1997. Entre sus disposiciones estableció que la información de la persona convicta por delitos sexuales se mantendría en el Registro por un periodo mínimo de diez años desde que se cumpliera la sentencia impuesta. (continúa...) CC-2012-0949 5
interpretación, en el caso del señor Placer Román el
periodo de inscripción en el Registro se extendería hasta
el 29 de diciembre de 2015, puesto que cumplió su
sentencia el 29 de diciembre de 2005.
El señor Placer Román adujo que esta interpretación
constituía una aplicación retroactiva y desfavorable de un
estatuto. Argumentó que al utilizar la fecha en que se
cumplió su sentencia como punto de partida para el término
de diez años se incurriría en “una aplicación ex post
facto en menoscabo y perjuicio del demandante alterando
las condiciones de la pena impuesta y ya cumplida”.8
A la vista señalada por el Tribunal de Primera
Instancia comparecieron, además del peticionario, la
Administración de Corrección y el Departamento de
Justicia. Las partes estuvieron contestes en que no
existía ninguna controversia de hecho y que la única
controversia pendiente de dilucidar era si la Ley 266-2004
aplicaba al caso del señor Placer Román.
El Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA),
argumentó que la inscripción en el Registro no es un
castigo, sino una medida de protección a las víctimas de
delitos sexuales y a la ciudadanía. Por eso, la aplicación
de las disposiciones de la Ley 266-2004 al peticionario no
puede considerarse una aplicación ex post facto. Al
aprobarse la Ley 266-2004, el peticionario estaba inscrito
8 Apéndice de Certiorari, pág. 62. CC-2012-0949 6
en el Registro debido a su convicción por el delito de
actos lascivos o impúdicos y porque aún no había
extinguido su sentencia. Por tanto, según el ELA, no había
transcurrido el término de diez años de inscripción y los
funcionarios venían obligados a mantener esa inscripción
en el Registro hasta el año 2015, según disponía la Ley
266-2004. Posteriormente, en una moción de sentencia
sumaria, el ELA argumentó que el peticionario tenía que
presentar su solicitud al Director Administrativo del
Sistema de Información de Justicia Criminal antes de
acudir a los tribunales, pues ese es el procedimiento
administrativo dispuesto en la sección 531(n) de la Ley
Núm. 129 de 30 de junio de 1977 para lograr que se elimine
un nombre del Registro.9
El Tribunal de Primera Instancia desestimó la
demanda, con perjuicio, el 27 de septiembre de 2011, en
una sentencia notificada el 7 de octubre de 2011. Resolvió
que la Ley 266-2004 aplicaba retroactivamente y que el
señor Placer Román estaba debidamente incluido en el
Registro ya que cumplía con todos los requisitos
impuestos. También resolvió que no procedía el mandamus
porque no había agotado el procedimiento administrativo
dispuesto por la sección 531(n) de la Ley Núm. 129 de 30
de junio de 1977 antes de recurrir al tribunal. Por otro
lado, concluyó que tampoco se había configurado un deber
ministerial del Estado ya que de acuerdo a la Ley 266-
9 4 LPRA sec. 536. CC-2012-0949 7
2004, el término mínimo de diez años aún no se había
cumplido.
Inconforme, el peticionario apeló ante el Tribunal de
Apelaciones. Señaló que el Tribunal de Primera Instancia
había errado al desestimar con perjuicio la petición de
mandamus y aplicar retroactivamente la Ley 266-2004 y,
también, al resolver que había un mecanismo administrativo
disponible que no se había agotado. Posteriormente,
solicitó al Tribunal de Apelaciones que ordenara la
“eliminación de los datos del Apelante del Registro en
auxilio de jurisdicción para evitar el daño sustancial e
irreparable y las consecuencias adversas que implica para
el solicitante la espera del transcurso regular de
solución del recurso de Apelación presentado”.10 Argumentó
que ciertas enmiendas a la Ley 266-2004 introducidas por
la Ley 243-2011 confirmaban el mérito de su solicitud de
mandamus.11
El Tribunal de Apelaciones declaró sin lugar la
solicitud de paralización y más tarde confirmó la
sentencia del Tribunal de Primera Instancia. A su
entender, el caso no planteaba una violación a la
protección constitucional contra leyes ex post facto
porque la ley que crea el Registro no es de naturaleza
penal punitiva. El foro apelativo resolvió que el
10 Apéndice de Certiorari, pág. 146. 11 El peticionario resaltó que la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia fue notificada y archivada en autos previo a la aprobación de la Ley 243-2011. Apéndice de Certiorari, pág. 142. CC-2012-0949 8
peticionario fue debidamente incluido en el Registro y
que, según la Ley 266-2004, debía permanecer inscrito
hasta el 29 de diciembre de 2015. El tribunal intermedio
concluyó que el peticionario no había presentado una causa
de acción que justificara la concesión de un remedio pues
ninguna disposición legal obliga al Estado a eliminar al
peticionario del Registro; por tanto, el Estado no
incumplió deber ministerial alguno. Por último, al igual
que el tribunal recurrido, el Tribunal de Apelaciones
determinó que la Ley Núm. 129, supra, proveía un remedio
administrativo que el peticionario no había agotado.
En reconsideración, el peticionario planteó que el
tribunal le debió haber acreditado el tiempo que estuvo
registrado mientras cumplía su sentencia en la libre
comunidad. También reiteró que las enmiendas introducidas
por la Ley 243-2011 respaldaban los méritos de su petición
pues restablecían la fecha en que se emite la sentencia
como el punto de partida del término de inscripción cuando
se concede el beneficio de libertad a prueba, libertad
bajo palabra o participación en un programa de desvío,
tratamiento o rehabilitación. El Tribunal de Apelaciones
se negó a reconsiderar su determinación.
Al recurrir de las decisiones de los tribunales
inferiores el señor Placer Román señala que estas implican
para él la extensión de las condiciones impuestas por la
sentencia, en detrimento de su desarrollo personal y
profesional. Argumenta que no se puede aplicar de forma
retroactiva el cambio establecido por la Ley 266-2004 para CC-2012-0949 9
computar el término de inscripción porque agravaría la
pena y extendería las condiciones a las que ha estado
sujeto desde que fue juzgado. Además, sostiene que las
enmiendas introducidas por la Ley 243-2011 apoyan su
solicitud pues estas regresan al punto de partida original
para computar el término de registro cuando la condena se
cumple en libertad a prueba, libertad bajo palabra o
sentencia suspendida, a saber, la fecha en que se dicta la
sentencia.12 Por esta razón, solicita que los cinco años
que llevaba inscrito en el Registro antes de aprobarse la
Ley 266-2004 se incluyan en el cómputo de los diez años
exigidos por ley.
Por otro lado, el peticionario niega que el proceso
provisto por la Ley Núm. 129, supra, al que aluden el
Estado y los tribunales inferiores, sirva para eliminar
una inscripción del Registro; más bien permite revisar la
información registrada en los bancos de datos del Sistema
de Información de Justicia Criminal. De hecho, señala que
la reglamentación vigente no dispone procedimiento
administrativo alguno para lograr que se elimine un nombre
del Registro.13
12 Petición de Certiorari, pág. 8. El peticionario solicita que la fecha en que se dictó sentencia se tome como punto de partida para calcular el término de inscripción, tal como disponía la Ley 28- 1997 y como reestablece la Ley 243-2011. Sin embargo, señala que no se le debe aplicar el tiempo mínimo de inscripción según la nueva clasificación de la Ley 243-2011, ya que ésta aumenta el término a veinticinco años.
13 El peticionario sostiene que si bien el Reglamento para el Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso contra (continúa...) CC-2012-0949 10
Por su parte, el ELA sostiene que el mandamus no
procede pues, según el derecho vigente cuando se presentó
la solicitud, el Estado no tenía el deber ministerial de
eliminar la información del señor Placer Román del
Registro. Afirma el Estado que el Registro no es un
castigo y que la ley que lo crea no es de carácter penal;
por eso no se activa la protección constitucional contra
las leyes ex post facto. El ELA argumenta nuevamente que
el peticionario debía haber utilizado el procedimiento
administrativo provisto en la Ley Núm. 129, supra, para
eliminar información no autorizada del Registro de
Ofensores.14 Por último, sostiene que la Ley 243-2011 tiene
efecto retroactivo pleno. Concluye entonces que, si bien
Menores Ley Núm. 266 de 9 de septiembre de 2004, Reglamento Núm. 7131, dispone en cuáles situaciones se eliminaría a una persona del Registro, estas no incluyen el proceso administrativo para revisar información establecido en la Ley Núm. 129 de 30 de junio de 1977, 4 LPRA sec. 536. El artículo 9(C) del Reglamento dispone en lo pertinente:
C. Responsabilidades del Sistema de Información de Justicia Criminal (SIJC) ........ 3. La información contenida en el Registro solamente podrá ser eliminada de éste bajo las siguientes circunstancias: a. Si ha transcurrido un período de diez (10) años desde que la persona convicta cumplió la sentencia impuesta (si no es un agresor sexual peligroso). b. Si la convicción es revocada por un tribunal. c. Si el convicto recibe un perdón ejecutivo o indulto total. 14 El ELA alega que toda información que sea mantenida en el registro por más tiempo del establecido por ley constituye información no autorizada y el recurso para eliminar información no autorizada en el Registro es el procedimiento establecido por la Ley Núm. 129, supra. CC-2012-0949 11
las nuevas enmiendas requieren que el plazo de inscripción
se compute a partir de la fecha en que se dicta la
sentencia, la duración de dicho plazo es de veinticinco
años.15
II
Al argumentar que el peticionario tenía disponible un
procedimiento administrativo para atender su reclamo, el
ELA nos refiere nuevamente al procedimiento dispuesto en
la Ley Núm. 129, supra. Nuestro análisis de esa Ley y del
Reglamento para el Registro de Personas Convictas por
Delitos Sexuales y Abuso de Menores nos lleva a concluir
lo contrario.
La Ley Núm. 129, supra, creó el Sistema de
Información de Justicia Criminal con el propósito de
proveer información completa y correcta a las entidades
integrantes del Sistema de Justicia Criminal.16 Cualquier
persona puede presentar una solicitud escrita y jurada
ante el Director Administrativo del Sistema alegando que
toda o parte de la información recopilada bajo su nombre
es incorrecta, incompleta o no está autorizada por ley. Si
el Director Administrativo rechaza la solicitud, el
reclamante puede solicitar reconsideración ante la Junta
15 Según el ELA, el delito de actos lascivos o impúdicos por el cual fue convicto el peticionario corresponde a la clasificación de ofensor sexual tipo II de la Ley 243-2011. Bajo esta clasificación el plazo mínimo de inscripción en el Registro es de veinticinco años. 16 4 LPRA sec. 531. CC-2012-0949 12
Ejecutiva en pleno.17 Sin embargo, este procedimiento sólo
permite corregir información incorrecta o no autorizada,
mas no permite que la persona impugne la inclusión de su
nombre en el Sistema.18
Por otro lado, la Ley de 2004 expresamente dispone
que la información de la persona sólo puede eliminarse del
Registro cuando se cumple el término de 10 años, se revoca
la convicción o se recibe un perdón ejecutivo o indulto
total.19 Por imperativo de esta legislación, el Reglamento
para el Registro de Personas Convictas por Delitos
Sexuales y Abuso Contra Menores Ley Núm. 266 de 9 de
septiembre de 2004 (Reglamento 7131), vigente al momento
en que el peticionario presentó la petición de mandamus,
establece en su artículo 9(C)(3) que
(3) La información contenida en el Registro solamente podrá ser eliminada de éste bajo las siguientes circunstancias:
(a) Si ha transcurrido un periodo de diez (10) años desde que la persona convicta cumplió la sentencia impuesta (si no es un agresor sexual peligroso). (b) Si la convicción es revocada por un tribunal.
(c) Si el convicto recibe un perdón ejecutivo o indulto total.20
17 4 LPRA sec. 531n. 18 Íd. 19 4 LPRA sec. 536(c). La Ley de 1997 no contemplaba que se eliminara la información una vez se revocara la convicción o se recibiera un perdón ejecutivo o indulto total. 20 Reglamento para el Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores Ley Núm. 266 de 9 de septiembre de (continúa...) CC-2012-0949 13
Evidentemente, la Ley de 2004 y el Reglamento 7131
establecen unas razones categóricas para eliminar la
información de las personas registradas. Estas son, el
transcurso del periodo de diez años desde que se cumplió
la sentencia, la revocación de la convicción y el perdón
ejecutivo o indulto total. El procedimiento de revisión
administrativa que provee la Ley Núm. 129, supra, no está
incluido en el Reglamento 7131. Por lo tanto, el señor
Placer Román no tenía otro remedio disponible en ley para
lograr que se eliminara su información del Registro.
En cuanto a los demás elementos que deben
considerarse antes de expedir el recurso de mandamus,
tenemos constancia de que el señor Placer Román presentó
su solicitud en varias ocasiones, pues fue precisamente la
negativa de los diferentes funcionarios a eliminar su
nombre del Registro lo que dio pie a la presentación de su
demanda. Por otra parte, conceder el remedio solicitado no
afectaría derechos de terceros. Ahora bien, para evaluar
el interés público involucrado y si efectivamente existía
el deber ministerial reclamado por el señor Placer Román
debemos examinar la legislación aplicable al Registro de
Contra Menores.
III
A
2004, Reglamento Núm. 7131, Policía de Puerto Rico, 2006, Art. 9(C)(3), pág. 9. CC-2012-0949 14
La primera legislación pertinente, la Ley 28-1997,
fue aprobada en el 1997 con el propósito de crear un
registro de las personas que se reintegran a la libre
comunidad después de haber sido convictas por delitos
sexuales violentos y por delitos de abuso contra menores.21
Esta ley fue promulgada para proteger a la comunidad
contra la conducta constitutiva de abuso sexual y abuso
contra menores.22 Según su declaración de política pública
el Registro no tiene un propósito punitivo, sino que es
“un medio para garantizar la seguridad, protección y
bienestar general”.23
En términos generales, la Ley 28-1997 estableció
quiénes tenían la obligación de registrarse, así como sus
deberes y obligaciones y los de las autoridades del orden
público. La Ley también reguló la disponibilidad de la
información contenida en el Registro. El inciso (a) del
artículo 3 de la Ley 28-1997, supra, establece que deberán
inscribirse
las personas que resulten convictas por alguno de los siguientes delitos o su tentativa: violación, seducción, sodomía, actos lascivos o impúdicos.24
Bajo esta ley, el Tribunal de Primera Instancia venía
llamado a ordenar la inclusión de los datos del convicto
21 El Art. 2 de la Ley 28-1997 define delitos sexuales violentos y delitos contra menores como los delitos enumerados en el Art. 3 de la Ley. 22 Art. 1, Ley 28-1997, supra. 23 Íd. 24 4 LPRA sec. 536(a). CC-2012-0949 15
en el Registro durante el acto de lectura de sentencia.25
Una vez registrada, la persona tenía que notificar a la
Policía de Puerto Rico cualquier cambio en su dirección,
además de actualizar la información en el Registro
anualmente.26
La Ley de 1997 dispuso un término de diez años
durante el cual el Estado podía conservar la información
de la persona registrada. Este término se contaría desde
que la persona convicta “cumplió la sentencia de
reclusión, desde que comenzó a cumplir la sentencia bajo
el beneficio de libertad a prueba o desde que es liberada
bajo palabra”.27 Transcurrido este término, “el nombre y
los datos de la persona serán eliminados del Registro. El
Sistema adoptará la reglamentación necesaria para cumplir
con lo dispuesto”.28
Como podemos apreciar, la Ley de 1997 reconoce dos
puntos de partida para calcular el término de diez años de
inscripción. Si se ordena la reclusión, este término
comenzará a contar una vez se cumpla la sentencia. Ahora
bien, si se otorga el beneficio de libertad a prueba o de
libertad bajo palabra el término se contará desde que la
persona comienza a cumplir la sentencia o desde que es
25 4 LPRA sec. 536(b). El Ministerio Público será el encargado de notificarle al Sistema de Información de Justicia Criminal la información de la persona convicta requerida por ley. 26 4 LPRA sec. 536(c). 27 Íd. 28 Íd. CC-2012-0949 16
liberada bajo palabra.
Esta distinción es afín al propósito de la Ley y la
política pública que ésta persigue: prevenir la comisión
de delitos sexuales violentos y de abuso de menores
mediante el registro de información sobre las personas
convictas una vez estas se reintegren a la libre
comunidad. La Ley de 1997 reconoce que las personas que
cumplen su sentencia en libertad a prueba o bajo palabra
se reintegran a la libre comunidad antes de completar su
sentencia. Por eso, en esos casos, el término de diez años
se computará desde que se comienza a cumplir la sentencia
o desde que la persona es puesta en libertad bajo
palabra.29
El señor Placer Román fue convicto de actos lascivos
o impúdicos bajo la ley vigente al momento de los hechos,
la Ley 28-1997. Como vimos, esa ley requería que las
personas convictas por ese delito fueran inscritas en el
Registro. Además, el artículo 5 de la ley de 1997 imponía
la inscripción en el Registro como condición para poder
disfrutar del beneficio de libertad a prueba. Es más, al
crear el Registro, la Ley Núm. 28-1997 enmendó la Ley de
Sentencia Suspendida y de Libertad a Prueba para fijar la
obligación de tener registrado el nombre, dirección y
otros datos personales del convicto como condición al
29 Esta distinción es significativa pues, como veremos, la Ley 266- 2004, supra, solamente permite que el cómputo del término de diez años se haga a partir de la fecha en que la persona cumple la totalidad de la sentencia. CC-2012-0949 17
disfrute de la libertad a prueba. Es evidente, pues, que
el señor Placer Román fue inscrito en el Registro conforme
a la Ley de 1997, aun cuando la sentencia del Tribunal de
Primera Instancia no lo dispuso expresamente como
condición. Por tanto, la inscripción del señor Placer
Román en el Registro data desde el 29 de diciembre de
1999, día en que fue sentenciado y comenzó a cumplir la
sentencia en la libre comunidad. Según dispone la Ley de
1997 desde entonces comenzó a transcurrir también el
término de diez años de inscripción.
B
La Ley 28-1997 fue derogada en el 2004. La nueva Ley
266-2004, supra, reafirma las consideraciones de política
pública de la Ley 28-1997, incluye los mismos delitos que
la ley anterior y exige las mismas obligaciones a las
personas sujetas al Registro. 30 El tiempo durante el cual
el Estado deberá mantener la información de la persona en
el Registro también es el mismo. Sin embargo, la Ley de
2004 modificó el momento a partir del cual se debe
comenzar a contar el tiempo de inscripción. Según el
artículo 5 de la Ley, el período de inscripción para toda
persona convicta deberá contarse desde que la persona
cumple el término de su sentencia. Esta disposición omitió
la distinción reconocida en el estatuto derogado entre las
personas que cumplen su sentencia en una institución
penitenciaria y aquellas que lo hacen en la libre
30 Exposición de Motivos, Ley 266-2004, supra. CC-2012-0949 18
comunidad, quienes, bajo la ley anterior, tenían la
obligación de inscribirse en el Registro desde antes de
haberse extinguido su sentencia. Evidentemente, al
establecer la fecha de cumplimiento de la sentencia como
punto de partida exclusivo, la Ley de 2004 creó una
situación desventajosa para estas personas, aumentando
significativamente el término de su inscripción en el
Registro pues estarían inscritas desde que se dictó su
sentencia hasta la fecha de aprobación de la nueva Ley,
más los diez años posteriores a la extinción de su
sentencia. Ese es, precisamente, el caso del señor Placer
Román.
Al aprobarse la Ley de 2004, el señor Placer Román
cumplía su sentencia en la libre comunidad, bajo el
régimen de libertad a prueba. Su nombre y datos personales
ya habían estado inscritos durante cinco años. Como no
habían transcurrido los seis años de su sentencia, quedó
registrado nuevamente.31 Sin embargo, en lugar de cinco
años adicionales hasta completar el término estatutario de
diez años, la nueva Ley le exige permanecer en el Registro
por un nuevo término de diez años que comenzará el día en
que cumpla la totalidad de su sentencia. En otras
palabras, como resultado de la aplicación de la Ley 266-
2004, el nombre, la dirección y otros datos personales del
señor Placer Román permanecerán en el Registro un total de
quince años, los cinco años que habían transcurrido antes
31 Art. 3(d) de la Ley 266-2004. CC-2012-0949 19
de la aprobación de la Ley, más los diez años que
comenzarían a transcurrir cuando cumpliera su sentencia.
C
La aprobación de la Ley 243-2011 parece haber
atendido esta situación. La Ley de 2011 enmienda el
estatuto de 2004 para atemperarlo a la Ley federal 109-
248, de 27 de julio de 2006, conocida como Adam Walsh
Child Protection and Safety Act of 2006 o Sex Offender
Registration and Notification Act (SORNA).32 Esta ley
federal dispone una revisión completa de los estándares
nacionales para el registro y notificación de los
ofensores sexuales con el fin de lograr un registro más
efectivo que brinde mayor seguridad al público. También
impone unas obligaciones mínimas a los estados y
territorios de los Estados Unidos de América.33 Al adoptar
los requisitos mínimos de la ley SORNA, el artículo 2 de
la Ley 243-2011 estableció tres clasificaciones para los
ofensores sexuales basadas en el delito sexual cometido,
enmendando de forma sustancial las obligaciones de la
persona sujeta al Registro.34
El término de inscripción y las obligaciones del
convicto corresponden entonces al tipo de ofensa sexual.
32 Exposición de Motivos, Ley 243-2011, aprobada el 14 de diciembre de 2011. 33 Íd. 34 Íd. Según la Ley, un ofensor sexual es aquella persona que ha sido convicta por un delito sexual o su tentativa o conspiración. 4 LPRA sec. 536(7). CC-2012-0949 20
El artículo 5 de la Ley 243-2011 establece que el término
mínimo para el Ofensor Sexual Tipo I es de 15 años, el
Ofensor Sexual Tipo II deberá estar inscrito durante 25
años y el Ofensor Sexual Tipo III, durante toda la vida.35
Se elimina de esta forma el término uniforme de diez años
y se sustituye por un término específico según la gravedad
de los delitos. Bajo esta clasificación, todas las
personas convictas de un delito sexual o de abuso contra
menores tendrán que estar registradas por un término mayor
al establecido anteriormente.
Por otro lado, la Ley de 2011 restituye el estado de
derecho original en cuanto al momento desde el cual se
comienza a contar el término de inclusión en el Registro.
Nuevamente, se distingue entre las personas que cumplen su
sentencia en una institución correccional y aquellas que
cumplen su sentencia en la libre comunidad. El término
comienza a contar desde que la persona es excarcelada, en
el primer caso, y, en el segundo, desde que se dicta la
sentencia, resolución o determinación para participar en
los programas de libertad a prueba, libertad bajo palabra
o programas de desvío, tratamiento o rehabilitación, y se
notifica su inclusión al Registro.
Sin lugar a dudas, las enmiendas más notables son las
que clasifican a los ofensores sexuales en tres tipos. En
cumplimiento con la ley federal, el artículo 2 de la Ley
establece tres tipos de ofensores sexuales. En lo que
35 4 LPRA 536(c). CC-2012-0949 21
refiere al delito de actos lascivos, este no se encuentra
en la lista de delitos cuya convicción requiere que la
persona sea inscrita en el Registro como Ofensor Tipo I.36
El inciso 9 del artículo 2 de la Ley de 2011 dispone que
la clasificación de Ofensor Sexual Tipo II corresponderá a
aquellas personas convictas por actos lascivos o impúdicos
o su tentativa o conspiración, “cuando la víctima fuere un
menor de edad”.37 Por último, será Ofensor Sexual Tipo III
toda persona que resulte convicta de “actos lascivos
cuando la víctima no ha cumplido los dieciséis (16)
años.”38
En resumen, la Ley 243-2011 categoriza a las personas
convictas por el delito de actos lascivos de acuerdo a la
edad de la víctima. Si la víctima era menor de edad, pero
no menor de dieciséis años, el convicto será un Ofensor
Sexual Tipo II. Si la víctima no ha cumplido los dieciséis
(16) años, el convicto será registrado como un Ofensor
Sexual Tipo III. La Ley 243-2011 no contempla una
categoría de Ofensor Sexual para las personas convictas
por el delito de actos lascivos cometido contra una
persona mayor de edad.
IV
El ELA sostiene que el señor Placer Román es un
Ofensor Sexual Tipo II, por lo cual debe estar inscrito
36 4 LPRA sec. 536 (8). 37 4 LPRA sec. 536(9). 38 4 LPRA sec. 536 (10). CC-2012-0949 22
durante 25 años a partir de la fecha en que se dictó la
sentencia en 1999. Sin embargo, luego de analizar el texto
de la Ley 243-2011, resulta evidente que el delito por el
cual el señor Placer Román fue inscrito en el 1999 fue
eliminado de las tres clasificaciones de Ofensores
Sexuales que deben inscribirse en el Registro. El delito
de actos lascivos o impúdicos, cuando la víctima es mayor
de edad, no activa la obligación de inscribir al convicto
en el Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales
Violentos y Abuso contra Menores.
La obligación de estar registrado en el caso del
señor Placer Román proviene del Artículo 3 inciso (e) de
la Ley 243-2011: “[q]uedarán registradas las personas que
al momento de la aprobación de esta Ley, tenían la
obligación de registrarse bajo la Ley 28-1997, según
enmendada”.39 Como vimos, la Ley 243-2011 también eliminó
la obligación que impuso la Ley 266-2004 de calcular el
término de inscripción desde que concluye la sentencia y
ordenó que se compute dicho término desde que la persona
comienza a cumplir su sentencia suspendida.
El señor Placer Román no debe estar inscrito en el
Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales
Violentos y Abuso Contra Menores pues el delito por el
cual fue convicto — actos lascivos o impúdicos contra una
persona mayor de edad — fue eliminado de los delitos que
39 El artículo 15 de la Ley de 2011 establece que las disposiciones beneficiosas de la ley podrán tener efecto retroactivo. Véase Pueblo v. Hernández García, 186 DPR 656 (2012). CC-2012-0949 23
deben incluirse en el Registro. De igual forma, tampoco le
aplican los términos de registro de la Ley 243-2011, pues
cuando esta entró en vigor ya los diez años de registro
que imponía la Ley 128-1997 se habían cumplido, en el
2009. Consecuentemente, el señor Placer Román tiene
derecho a que su información se elimine del Registro. Para
ello se requiere que un tribunal ordene la eliminación de
la información pues, como expusimos, el Reglamento 7131 no
contempla la situación particular del señor Placer Román.
En este caso, eliminar la información del señor
Placer Román es un deber ministerial que impone nuestro
ordenamiento y no acepta discreción alguna por parte de
los actores gubernamentales responsables. Procede, pues,
la expedición del mandamus ordenando que se elimine la
inscripción del señor Placer Román en el Registro.
V
Por los fundamentos antes expuestos, estoy conforme
con la decisión de la mayoría de este Tribunal de revocar
la sentencia del Tribunal de Apelaciones, expedir el
mandamus y ordenar eliminar al señor Placer Román del
Liana Fiol Matta Jueza Presidenta EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
v. CC-2012-0949
Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Recurrido
Opinión de conformidad emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES.
Estoy de acuerdo con que el Sr. Carlos E.
Placer Román no debe estar inscrito en el Registro
de Personas Convictas por Delitos Sexuales Violentos
y Abuso contra Menores (Registro). Para llegar a esa
conclusión es innecesario discutir si bajo la ley
actual, Ley Núm. 243-2011, 4 LPRA sec. 536 et seq.,
una persona que cometió el delito de actos lascivos
debe incluirse en el Registro.
El Art. 2 de la Ley Núm. 243-2011, 4 LPRA sec.
536a, establece claramente que “[q]uedarán
registradas las personas que al momento de la
aprobación bajo la Ley 28-1997, según enmendada”. CC-2012-0949 2
Se desprende de este artículo que hay que acudir a la Ley
28-1997, 4 LPRA sec. 535 et seq. (ed. 2003), para ver si el
señor Placer Román estaba obligado bajo los términos de esa
ley a permanecer inscrito en el Registro.
El señor Placer Román entró al Registro bajo la Ley
Núm. 28-1997, supra. Ese estatuto establecía que el Estado
podía conservar durante diez años la información sobre el
ofensor. Art. 5, Ley Núm. 28-1997, 4 LPRA sec. 535c (ed.
2003). En los casos en que el ofensor cumpliera su
sentencia bajo el beneficio de libertad a prueba, el
término se comenzaba a computar desde que comenzó a cumplir
la sentencia y no desde que terminó de cumplirla. Id. El
señor Placer Román fue sentenciado el 29 de diciembre de
1999 bajo el beneficio de libertad a prueba. Desde ese
momento comenzaron a transcurrir los 10 años. Esos 10 años
se cumplieron en diciembre de 2009, dos años antes de que
se aprobara la Ley Núm. 243-2011, supra. Desde ese momento
cesó la obligación del señor Román de figurar inscrito en
el registro.
En conclusión, al momento en que se aprobó la Ley Núm.
243-2011, supra, el señor Placer Román ya no estaba
obligado a aparecer en el registro bajo la Ley 28-1997,
supra. Por tal razón, su información se debe borrar.
RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
v. CC-2012-949 Certiorari
Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros
Opinión concurrente emitida por el Juez Asociado SEÑOR ESTRELLA MARTÍNEZ
San Juan, Puerto Rico, a 1 de octubre de 2015.
Concurro porque considero que debimos pautar
que la Ley Núm. 243-2011, infra, requiere que una
persona convicta por actos lascivos o impúdicos
contra un adulto forme parte del Registro de
Personas Convictas por Delitos Sexuales,
Violentos y Abusos Contra Menores (Registro).
Además, la Sentencia emitida en el día de hoy
debió estar fundamentada, a fin de pautar el
derecho aplicable en el cómputo para la exclusión
del Registro
El Sr. Carlos Placer Román fue sentenciado
el 29 de diciembre de 1999, a cumplir una pena de
seis años de cárcel por cometer el delito de
actos lascivos o impúdicos en contra de una CC-2012-949 2
adulta, según tipificado en el Art. 105(d) del derogado
Código Penal de 1974, 33 LPRA ant. sec. 4067.40 El
Tribunal de Primera Instancia ordenó la suspensión de la
pena de reclusión y le otorgó el beneficio de una
sentencia suspendida de conformidad con la Ley de
Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba, Ley Núm. 259 de
3 de abril de 1946, según enmendada, 34 LPRA sec. 1027.
Así, el peticionario gozó del beneficio de libertad a
prueba el 27 de diciembre de 1999.41 Desde ese momento, el
señor Placer Román fue inscrito en el Registro.
Luego de transcurridos diez años desde que se le
inscribió en el Registro, el señor Placer Román solicitó 40 Para conocer los elementos del delito por el cual fue sentenciado el peticionario, debemos dirigirnos al Art. 105(d) del Código Penal de 1974, que lee como sigue:
Art. 105
Actos lascivos o impúdicos.
Toda persona que sin intentar consumar acceso carnal cometiere cualquier acto impúdico o lascivo con otra será sancionada con pena de reclusión según más adelante se dispone si concurrieran cualesquiera de las siguientes modalidades:
. . . .
(d) Si la víctima fuere compelida al acto mediante el empleo de medios engañosos que anulen o disminuyan sustancialmente, sin su conocimiento, su capacidad de resistencia.33 LPRA ant. sec. 4067. 41 Mediante una Certificación de Expiración de Libertad a Prueba expedida el 9 de febrero de 2006, la Administración de Corrección hizo constar que el señor Placer Román disfrutó de libertad a prueba desde el 27 de diciembre de 1999. Igualmente, se certificó que el periodo de la libertad a prueba expiró el 29 de diciembre de 2005, habiéndose cumplido así la sentencia. CC-2012-949 3
al Departamento de Corrección que eliminara su nombre e
información del mismo, conforme a la derogada Ley Núm.
28-1997, 4 LPRA ant. sec. 535 et seq. (2003) (Ley Núm.
28-1997).42 No obstante, su solicitud fue denegada porque
no había transcurrido el término estatuido en la Ley Núm.
266-2004, 4 LPRA sec. 536 et seq. (2010) (Ley Núm. 266-
2004) vigente a ese momento. Según el personal del
Departamento de Corrección, el peticionario debía
permanecer inscrito en el Registro hasta el 29 de
diciembre de 2015, pues el término de inscripción se
contaba desde que la persona cumplió su sentencia y no
desde que gozó del privilegio de libertad a prueba.
En consecuencia, el señor Placer Román presentó una
demanda sobre mandamus contra el Estado Libre Asociado
(Estado), el Departamento de Justicia, la Administración
de Corrección, la Policía de Puerto Rico y la Junta de
Libertad Bajo Palabra. Solicitó que, entre otras cosas,
se ordenara a los demandados eliminar su nombre e
información del Registro. Adujo que al momento en que se
le sentenció estaba en vigor la derogada Ley Núm. 28-1997
que excluía del Registro el delito por el cual fue
sentenciado. En la alternativa, alegó que bajo el
supuesto de que la referida ley requiriera su inscripción
en el Registro, procedía la eliminación de su nombre por
haber transcurrido diez años desde que se le concedió el
beneficio de sentencia suspendida, según establecía la
42 La Ley Núm. 28-1997 fue derogada con la aprobación de la Ley Núm. 266-2004. CC-2012-949 4
Ley Núm. 28-1997. Al respecto, el señor Placer Román
arguyó que el término de diez años venció el 29 de
diciembre de 2009 y que la aplicación de la Ley Núm. 266-
2004 era ex post facto porque agravaba la pena al
extender el tiempo en que estaba obligado a permanecer
inscrito en el Registro.
Consiguientemente, el Tribunal de Primera Instancia
celebró una vista en la cual las partes convinieron que
no existían controversias de hechos, sino de derecho
respecto a cuál era la ley aplicable. Más adelante, el
Estado presentó una Moción en cumplimiento de orden y de
desestimación, y una Moción Suplementando la Moción de
Desestimación. Solicitó que se desestimara la demanda
sobre mandamus por sostener que no existía una causa de
acción que justificara la concesión de un remedio.
Sostuvo que no aplica la doctrina de leyes ex post facto
porque la Ley Núm. 266-2004 no era de carácter punitivo y
su único fin es brindar información que provea seguridad
a las víctimas de delitos sexuales y a la ciudadanía en
general. Asimismo, aseveró que: (1) no existía alguna
razón en derecho para que se expidiera el mandamus, pues
el peticionario fue debidamente incluido en la lista de
ofensores sexuales; (2) no existía un deber ministerial
de eliminar su información del Registro; y (3) el
peticionario no agotó el procedimiento administrativo
establecido en el Sistema de Información de Justicia
Criminal. Por lo anterior, planteó que el peticionario
debió presentar una reclamación escrita y jurada ante el CC-2012-949 5
Director Administrativo, en la cual hiciera la alegación
correspondiente.
Tras ponderar la postura de las partes, el Tribunal
de Primera Instancia desestimó con perjuicio la demanda
por entender que no existía una reclamación que
justificara la concesión de un remedio. Razonó que: (1)
el señor Placer Román fue debidamente inscrito en el
Registro; (2) al momento de la aprobación de la Ley Núm.
266-2004 se encontraba convicto por actos lascivos en un
programa de desvío; y (3) no se había extinguido la
sentencia. De esta forma, ese foro concluyó que, conforme
a la citada legislación, el término de diez años para
excluirlo del Registro se cumpliría el 29 de diciembre de
2015, pues el mismo comenzó a computarse a partir del
momento en que cumplió la totalidad de la pena que se le
impuso y no desde que estuvo en libertad bajo palabra.
Además, el tribunal primario decretó que la Ley Núm. 266-
2004 no tenía un propósito punitivo por lo que entendió
que no viola el principio de leyes ex post facto. Así
pues, el foro primario denegó el auto de mandamus por
entender que las agencias demandadas no incumplieron un
deber ministerial y que existía un procedimiento
administrativo adecuado en ley que debía ser agotado por
el señor Placer Román.
Ante tal determinación, el señor Placer Román acudió
al Tribunal de Apelaciones. Arguyó que el foro primario
erró al: (1) desestimar la demanda sobre mandamus con
perjuicio; (2) resolver que debía agotar mecanismos CC-2012-949 6
administrativos; y (3) aplicar retroactivamente el
cómputo del periodo de inscripción en el Registro,
conforme a la Ley Núm. 266-2004. Además, solicitó que se
ordenara la eliminación de su nombre e información del
Registro. Subsiguientemente, el peticionario presentó una
Moción en Auxilio de Jurisdicción ante el foro
intermedio, en la cual planteó que la Ley Núm. 266-2004
se enmendó mediante la Ley Núm. 243-2011 y que tales
enmiendas confirmaban sus alegaciones sobre los méritos
para expedir el auto de mandamus. No obstante, el
Tribunal de Apelaciones declaró no ha lugar la referida
solicitud.
Posteriormente, el Tribunal de Apelaciones confirmó
la sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Concluyó
que el Tribunal de Primera Instancia no erró al
desestimar la demanda sobre mandamus bajo el razonamiento
de que el Estado no incumplió un deber ministerial. De
igual forma, resolvió que: (1) la derogada Ley Núm. 28-
1997 incluía en la lista de los delitos que debían
aparecer en el Registro el de actos lascivos o impúdicos
por el cual el peticionario fue sentenciado; (2) la Ley
Núm. 266-2004 mantenía este delito como uno de los cuales
debería aparecer inscrito el peticionario en el Registro;
(3) la ley aplicable para el cómputo del periodo de
inscripción en el Registro era la Ley Núm. 266-2004; (4)
no procedía la doctrina de la prohibición de aplicación
de leyes ex post facto, porque esa ley no es una de
naturaleza penal; y (5) existía un procedimiento CC-2012-949 7
administrativo para canalizar las reclamaciones del señor
Placer Román.
Inconforme, el peticionario recurrió ante este
Tribunal mediante un auto de certiorari. Señaló que la
aplicación retroactiva de la Ley Núm. 266-2004 era ex
post facto porque agravaba la pena y extendía tanto la
sentencia como las condiciones a las que estuvo sujeto
desde que fue juzgado. Además, reiteró que las enmiendas
establecidas por la Ley Núm. 243-2011 apoyaban su
solicitud en cuanto a la forma de cómputo del término en
que debía aparecer su información en el Registro.
Igualmente, el peticionario alegó que no se proveía un
procedimiento para eliminar la inscripción del Registro.
De igual forma, señaló que el Reglamento Núm. 7131,
Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores, no establecía el
procedimiento administrativo para conseguir que se
elimine su nombre e información del Registro.43
Por su parte, el Estado arguyó que era improcedente
expedir el mandamus porque no existía un deber
ministerial que cumplir. Señaló que no procedía activar
la protección constitucional en contra de la aplicación
de leyes ex post facto porque el Registro no tenía un
propósito punitivo y la ley que lo creó no era de
naturaleza penal. Insistió en que existía un remedio
43 Reglamento para el Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores Ley Núm. 266 de 9 de septiembre de 2004, Reglamento 7131, Policía de Puerto Rico, 2006. CC-2012-949 8
administrativo disponible para eliminar la información
del Registro. Finalmente, adujo que la Ley Núm. 243-2011
tenía efecto retroactivo pleno y que, por consiguiente,
el señor Placer Román era un ofensor sexual II, cuyo
término de inscripción debía computarse a partir de la
fecha en que se dictó la sentencia con una duración de
veinticinco años.
Este Tribunal mediante Resolución de 21 de marzo de
2013 expidió el recurso de certiorari ante nuestra
consideración. Procedo a exponer mi análisis.
A. Auto de mandamus
El auto de mandamus es un recurso altamente
privilegiado que se expide para ordenar a cualquier
persona natural o jurídica, a una corporación o a un
tribunal judicial de inferior jerarquía que cumpla un
acto que está dentro de sus deberes o atribuciones. Art.
649 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec.
3421.
Este recurso extraordinario se utiliza para exigir
el cumplimiento de un deber ministerial que no admite
discreción en su ejercicio, sino que es mandatorio. AMPR
v. Srio. Educación, ELA, 178 DPR 253, 263 (2010); Acevedo
Vilá v. Aponte Hernández, 168 DPR 443, 454-455 (2006);
Álvarez de Choudens v. Tribunal Superior, 103 DPR 235,
242 (1975); Rodríguez Carlo v. García Ramírez, 35 DPR
381, 384 (1926). Por lo que, si la ley prescribe y define CC-2012-949 9
lo que debe cumplirse, no hay espacio para el juicio o
discreción. Por otra parte, se resolvió que este deber
ministerial no tiene que, necesariamente, estar expreso
en la ley, sino que está sujeto a la interpretación
judicial. AMPR v. Srio. Educación, ELA, supra, pág. 264;
Álvarez de Choudens v. Tribunal Superior, supra, pág.
242.
La expedición de este recurso extraordinario no
procede cuando hay un remedio en el curso ordinario de la
ley, ya que su propósito no es reemplazar los remedios
legales existentes, sino suplir la falta de ellos. AMPR
v. Srio. Educación, ELA, supra, pág. 267. Por tanto, con
ciertas excepciones, la parte que solicita el auto de
mandamus debe establecer que realizó un requerimiento
previo al funcionario para que cumpliera el acto o deber
ministerial.44 Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406,
(1994); Dávila v. Superintendente de Elecciones, 82 DPR
264, 275 (1960); Suárez v. Corte, 65 DPR 850, 857-858
(1946).
En lo que atañe a la controversia ante nos, debemos
analizar si existe un procedimiento administrativo que
agotar para solicitar el mandamus. Sobre el particular,
la Ley Núm. 129 de 30 de junio de 1977 (Ley Núm. 129), 4
LPRA sec. 531 et seq., creó el Sistema de Información de
44 Para una discusión de las excepciones al requerimiento, véase Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406, 448 (1994); Espina v. Calderón, Juez, 75 DPR 76 (1953); Martínez Nadal v. Saldaña, 33 DPR 721 (1924). CC-2012-949 10
Justicia Criminal (Sistema) para recopilar información
sobre individuos procesados criminalmente como adultos.
La información recopilada está relacionada con los
eventos del procedimiento criminal pasado y presente con
cualquier disposición que resultara de los mismos, tales
como: arresto, radicación de la acusación, sentencia y
reclusión. 4 LPRA sec. 531. Ésta dispone que con relación
a la base de datos cualquier persona puede presentar una
reclamación escrita y jurada ante el Director
Administrativo en la que alegue que la información en el
Sistema es incorrecta, incompleta o no está autorizada
por ley. 4 LPRA sec. 531n. De esta forma, las
disposiciones contenidas en la Ley Núm. 129 atienden
exclusivamente la información que pertenece al Sistema, y
no contemplan un mecanismo para solicitar la exclusión
del Registro. Ello es así, porque al aprobarse la Ley
Núm. 129 sólo se atendió la necesidad de crear una base
de datos sobre las personas procesadas criminalmente y no
creó el Registro, cuyo origen es posterior a la Ley Núm.
129.
El Registro se promulgó al aprobar la Ley Núm. 28-
1997. Mediante este Registro se hace constar la dirección
de las personas convictas por actos constitutivos de
abuso sexual y abuso contra menores. En éste se incluyen
los datos personales de éstas y otros esenciales por
determinado tiempo. El propósito de ello consiste en
proteger a la ciudadanía y a las víctimas de delitos
sexuales, por razón de que se entiende necesario conocer CC-2012-949 11
el paradero de personas que sufren de una enfermedad o
desorden mental de índole sexual. A su vez, la Ley Núm.
28-1997 dispuso que una vez transcurra el término por el
cual debe estar registrada la persona, sus datos serán
eliminados del Registro. Para ello, el Sistema vendría
obligado a adoptar la reglamentación necesaria. La Ley
Núm. 28-1997 fue derogada al aprobarse la Ley Núm. 266-
2004 con el fin de promover un estatuto de mayor
cobertura.
A tenor con tales cambios, se promulgó el Reglamento
Núm. 7131, el cual en su Art. 9 establece las
responsabilidades del Sistema y cómo se podrá eliminar la
información contenida en el Registro, al disponer, lo
siguiente:
C. Responsabilidades del Sistema de Información de Justicia Criminal (SIJC)
3. La información contenida en el Registro solamente podrá ser eliminada de éste bajo las siguientes circunstancias:
a. Si ha transcurrido un período de diez (10) años desde que la persona convicta cumplió la sentencia impuesta (si no es un agresor sexual peligroso).
b. Si la convicción es revocada por un tribunal.
c. Si el convicto recibe un perdón ejecutivo o indulto total. (Énfasis suplido).
No obstante, el Reglamento Núm. 7131 no dispuso
procedimiento alguno para que se eliminara el nombre de CC-2012-949 12
una persona inscrita en el Registro.45 Mucho menos,
establece un procedimiento adecuado para situaciones,
como la del señor Placer Román, en que una persona
inscrita solicite la exclusión de su nombre del Registro
por haber cumplido el término del Registro desde que goza
del privilegio de libertad a prueba o bajo palabra. Por
tanto, ni la Ley Núm. 129 ni el Reglamento, proveen un
proceso para atender el reclamo del señor Placer Román,
quien solicitó a las autoridades que eliminaran su nombre
del Registro. Estas acciones fueron infructuosas, ya que
el personal del Registro le informó que el periodo de
diez años que debía permanecer en éste no había
transcurrido. Es tras la denegatoria de dichos
requerimientos que el peticionario instó la demanda sobre
mandamus.
Siendo ello así, no hay un procedimiento
administrativo que agotar y resta evaluar si existe un
deber ministerial para que proceda la solicitud de
mandamus. Por los fundamentos que se presentan a
continuación, concluyo que sí. Veamos.
45 El Reglamento Núm. 7131 fue derogado por el Reglamento Núm. 8447 aprobado el 28 de enero de 2014, Reglamento para el Registro de personas convictas por delitos sexuales y abuso contra menores. Este fue posterior al recurso de autos. No obstante, acoge los cambios introducidos por la Ley Núm. 243-2011, infra. Sin embargo, tampoco dispone un proceso para solicitar la eliminación del Registro. Ello, pues ésta no es automática y será ordenada por un tribunal de acuerdo con las disposiciones de la Ley Núm. 243-2011. CC-2012-949 13
B. Ley Núm. 28 de 1 de julio de 1997
En el caso de autos, al momento de resultar
convicto el señor Placer Román estaba vigente la Ley Núm.
28-1997 que, como discutimos, creó el Registro.46 El
propósito del Registro, al amparo de esa ley, era
mantener informadas a las autoridades gubernamentales y a
la ciudadanía en general sobre el paradero de aquellas
personas que fueron convictas de delitos sexuales
violentos o abuso en contra de menores, y que se
reintegraron a la libre comunidad. Art. 1 de la Ley Núm.
28-1997. En ese Registro debía incluirse: el nombre,
dirección, fotografía y otra información personal de
quienes por ley debían inscribirse en el mismo.
La Asamblea Legislativa estatuyó que el propósito de
la Ley Núm. 28-1997 y del Registro no era punitivo, sino
un “medio para garantizar la seguridad, protección y
bienestar general” ante la posibilidad de que la persona
convicta incurriera en la conducta delictiva nuevamente.
Art. 1 de la Ley Núm. 28-1997. A tales efectos, el Art.
3(a) de la Ley Núm. 28-1997, 4 LPRA ant. sec. 535a
(2003), indicaba quiénes debían aparecer inscritos en el
46 Esta legislación se adoptó a la luz de la ley federal Jacob Wetterling Crimes Against Children and Sexually Violent Offender Reistration Act, 42 U.S.C. § 14071, et seq. Mediante dicha ley, se recomendaba a los estados y a los territorios de los Estados Unidos crear un registro, con el propósito de que las personas convictas por cometer ciertos delitos sexuales y en contra de menores estuviesen obligadas a inscribirse antes de reintegrarse a la libre comunidad. Véase, Segundo Informe del P. de la C. 540, 19 de junio de 1997, 1era Sesión Ordinaria, 13era Asamblea Legislativa, pág. 10. CC-2012-949 14
Registro. Entre ellos, se encontraban las personas que
cometían actos lascivos o impúdicos.
Por consiguiente, la Ley Núm. 28-1997 expresamente
ordenó la inscripción en el Registro de las personas que
fueran convictas por actos lascivos o impúdicos de
conformidad con el derogado Código Penal de Puerto Rico
de 1974. Por otra parte, en el Art. 5 la referida ley
disponía que la persona convicta se mantendría “en el
Registro por un período mínimo de diez (10) años desde
que la persona cumplió la sentencia de reclusión, desde
que comenzó a cumplir la sentencia bajo el beneficio de
libertad a prueba o desde que es liberada”. (Énfasis
suplido). 4 LPRA ant. sec. 535c (2003).
Como se puede apreciar, la información de la persona
convicta debía mantenerse en el Registro por diez años
computados de una de estas formas: (1) desde que la
persona convicta cumpliera la sentencia de reclusión; o
(2) desde que la persona convicta comenzara a cumplir la
sentencia bajo el beneficio de libertad a prueba o bajo
palabra. Además, nótese que esta Ley dispuso, como
condición para el disfrute del beneficio de libertad a
prueba, el cumplimiento con los requisitos del Registro.
En virtud de lo anterior y conforme con la Ley Núm.
28-1997 vigente al momento en que el señor Placer Román
delinquió y cuando se dictó su sentencia de culpabilidad
por el delito de actos lascivos o impúdicos, no cabe duda
de que el peticionario fue debidamente inscrito en el
Registro. A tenor con la legislación vigente para ese CC-2012-949 15
entonces, el término de los diez años de inscripción en
el Registro comenzó a cumplirse el 29 de diciembre de
1999, día en que se dictó la sentencia de culpabilidad y
se le concedió el beneficio de sentencia suspendida bajo
libertad a prueba.
No obstante, esta ley fue derogada y sufrió varias
enmiendas las cuales discutimos a continuación.
C. Ley Núm. 266 de 9 de septiembre de 2004
La Asamblea Legislativa promulgó la Ley Núm. 266-
2004 con el fin de atemperar a nuestras realidades el
Registro y en la medida de lo posible anticipar y
prevenir situaciones que pudieran incidir en el maltrato
o abuso contra niños, niñas y envejecientes.47 Véase,
Exposición de motivos, Ley Núm. 266-2004, 4 LPRA ant.
sec. 536 n (2010). Así, se estableció que en el Registro 47 Según la Exposición de Motivos esta legislación se adoptó para cumplir con unas guías de una legislación federal que requería el registro de personas convictas de delitos sexuales y de abuso de los menores, una vez la persona se reintegrara a la libre comunidad:
La Ley Pública Núm. 103-322 de 13 de septiembre de 1994, mejor conocida como “Jacob Wetterling Crimes Against Children and Sexually Violent Offender Registration Program”, requiere que los estados, incluyendo a Puerto Rico, adopten legislación a fin de que las personas convictas por cierto tipo de delito de naturaleza sexual y contra menores cumplan con la obligación de incluir su información en un registro creado para esos fines; esto por un término de por lo menos diez (10) años. El propósito primordial de esta legislación federal es proteger a la ciudadanía de los convictos de delitos sexuales y de aquéllos que abusan contra menores mediante el establecimiento del requisito de registrarse cuando el convicto se reintegre a la libre comunidad. CC-2012-949 16
se harían constar los datos personales e información
concerniente a las personas convictas requeridas por esta
Ley, cuando se reintegren a la libre comunidad. Íd.
Al igual que su predecesora, la Ley Núm. 266-2004,
en su Art. 3(a), dispuso que serían registradas las
personas convictas por cometer actos lascivos o
impúdicos.48 De igual forma, en el Art. 5 de la Ley Núm.
266-2004 se estableció que la información de la persona
convicta debía estar inscrita en el Registro por un
periodo de diez años.49 No obstante, la Asamblea
Legislativa alteró el cómputo del tiempo por el cual
debía estar inscrita la persona convicta al disponer que
“se mantendrá en el Registro por un período mínimo de
diez (10) años desde que cumplió la sentencia impuesta”.
(Énfasis suplido). 4 LPRA ant. sec. 536c (2010).
Por lo tanto, a tenor con esta legislación se
requería que se mantuviese inscrita la información de la
persona convicta por diez años desde que cumplía la
sentencia. Es decir, a diferencia de su antecesora, la
Ley Núm. 266-2004 no proveía un cómputo distinto para el
término de los diez años de inscripción en el Registro
cuando la persona convicta cumple su sentencia en la
libre comunidad bajo algún beneficio de sentencia
48 Véase, 4 LPRA ant. sec. 536a, enmendado (2010).
49 Véase 4 LPRA ant. sec. 536c (2010). CC-2012-949 17
suspendida.50 Ciertamente, el texto de la Ley Núm. 266-
2004 tiene un efecto adverso y desfavorable sobre el
tiempo requerido para mantenerse en el Registro, al
extenderlo. Esto es así, pues la persona convicta,
durante la vigencia de la Ley Núm. 28-1997, que cumplía
el término de los diez años desde que se le concedió el
beneficio de sentencia suspendida, ahora tenía la
obligación de aparecer en el Registro por diez años
adicionales que comenzarían a transcurrir luego de
cumplir su sentencia.
Sin embargo, durante el transcurso de los hechos
procesales reseñados, y tal como mencionáramos
anteriormente, la Asamblea Legislativa enmendó la Ley
Núm. 266-2004 mediante la Ley Núm. 243-2011, 4 LPRA sec.
536 et seq. (Suplemento Acumulativo 2014). Como
consecuencia, se reformó el periodo requerido de
inscripción en el Registro, así como varios artículos que
50 Es importante aclarar que ni de la Exposición de Motivos ni del historial legislativo surge el fundamento en que se basó la Asamblea Legislativa para establecer el cómputo del periodo de los diez años a partir de que se cumpla la sentencia impuesta, sin contemplar un cómputo distinto para las personas convictas acogidas al beneficio de sentencias suspendidas al Registro. No obstante, del historial legislativo y la Exposición de Motivos se puede concluir que lo anterior es un contrasentido, pues permite que una persona convicta por delitos sexuales o abuso en contra de menores esté en la libre comunidad, bajo el beneficio de libertad a prueba o libertad bajo palabra sin estar obligada a inscribirse en el Registro. Sin duda alguna, de esta forma se derrota el propósito de la Ley Núm. 266-2004 que es mantener informada a la ciudadanía sobre las personas convictas de los delitos mencionados una vez se han integrado a la libre comunidad. No obstante, la Asamblea Legislativa atendió esta situación al promulgar la Ley Núm. 243-2011, según expondremos más adelante. CC-2012-949 18
son pertinentes a la presente controversia. A
continuación se expone el análisis correspondiente.
D. Ley Núm. 243 de 14 de diciembre de 2011
La Asamblea Legislativa aprobó esta legislación con
el propósito de atemperar el Registro a las disposiciones
de la ley federal intitulada Adam Walsh Child Protection
and Safety Act of 2006, también conocida como Sex
Offender Registration and Notification Act (SORNA, por
sus siglas en inglés), Ley Pub. Núm. 109-248, 27 de julio
de 2006, 120 Stat. 587.51 La mencionada ley federal está
dirigida a brindar mayor protección a las víctimas de
delito sexual. Exposición de Motivos, Ley Núm. 243-2011.
A su vez, esta legislación federal estableció unas guías
mínimas de cumplimiento para el Registro de personas
convictas de delitos sexuales y abuso en contra de
menores. Para cumplir con su propósito, la Legislatura
introdujo ciertas enmiendas para añadir nuevas
definiciones y para disponer sobre los deberes de la
persona sujeta al registro y de las agencias
concernientes.
Al interpretar la Ley Núm. 243-2011, este Tribunal
concluyó que era de aplicación retroactiva toda enmienda
producida por el estatuto que beneficiara a un ciudadano,
51 Véase Exposición de Motivos, Ley Núm. 243-2011, supra. CC-2012-949 19
cuyo nombre se encuentre inscrito en el Registro. Véase
Pueblo v. Hernández García, 186 DPR 656, 679 (2012).52
Este Tribunal razonó que la inscripción en el
Registro es impuesta como consecuencia del incumplimiento
de una ley penal, por lo que es parte de su sentencia.
Por tanto, “la persona que se encuentra inscrito [sic] en
el Registro está cumpliendo con parte de lo que es -por
mandato de ley- su sentencia penal”. Íd., pág. 677. Como
señala la profesora Dora Nevares-Muñiz “se considera ex
post facto toda ley con que en su relación con el delito
o con sus consecuencias altere la situación del acusado
en su perjuicio”. (Énfasis nuestro). Dora Nevares Muñiz,
Código Penal de Puerto Rico, 2013, Instituto para el
Desarrollo del Derecho, Inc.
Siendo ello así, nos corresponde analizar las
disposiciones pertinentes de la Ley Núm. 243-2011 al caso
ante nuestra consideración.
Específicamente, debemos evaluar si bajo la Ley Núm.
243-2011 el señor Placer Román tiene derecho a que se
elimine su nombre e información del Registro. Además, es
menester evaluar si éste venía obligado a registrarse.
Entendemos en la afirmativa.
52 El Art. 15 establece que “[e]sta Ley comenzará a regir [sic] inmediatamente después de su aprobación. Los incisos (f) y (g) del Art. 4 tendrán efecto prospectivo. Las demás disposiciones podrán tener efecto retroactivo”. 4 LPRA sec. 536 n. (Suplemento Acumulativo 2014). CC-2012-949 20
Mediante la Ley Núm. 243-2011, la Asamblea
Legislativa añadió “nuevas definiciones de los conceptos
convictos, delito específico contra un menor, delito
sexual, empleado, estudiante, ofensor sexual, ofensor
sexual tipo I, II y III, menor y residencia”.53 Cónsono
con el interés de adaptar el Registro a lo dispuesto en
SORNA, la Legislatura adoptó los conceptos de ofensor
sexual tipo I, II y III, las cuales están mayormente
dirigidos a crímenes cuyas víctimas son personas menores
de edad.54
Sin embargo, el propósito del Registro se ha
mantenido desde su origen, por lo que no debe
interpretarse que la intención legislativa fue dejar
desprovistos de este tipo de protección a las personas
que fueron víctimas de delitos sexuales y que no son
clasificadas como menores de edad, independiente de que
no se haya contemplado una categoría de ofensor sexual
para estas personas. Ello, resulta cónsono con que las
personas convictas por la comisión de delitos lascivos o
impúdicos en contra de un adulto, están obligadas a
inscribirse en el Registro, desde que se constituyó el
53 Informe positivo sobre el Sustitutivo del Senado al P. del S. 769, P. del S. 771, P. de la C. 89, P. de la C. 740, P. de la C. 1298 y P. de la C. 1953, Cámara de Representantes de 10 de noviembre de 2011, 5ta Sesión Ordinaria, 16ta Asamblea Legislativa.
54 Menor de edad se define como “toda persona que no haya cumplido los dieciocho (18) años de edad”. 4 LPRA sec. 536(11) (Suplemento Acumulativo 2014). CC-2012-949 21
mismo.55 La nueva Ley Núm. 243-2011 no ha cambiado tal
obligación. A tales efectos, el Art. 2 de la Ley Núm.
243-2011 enmendó el Art. 3 de la Ley Núm. 266-2004 para
que lea como sigue:
Se crea y se provee para el mantenimiento de un Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores en el Sistema de Información de Justicia Criminal. Serán registradas en el mismo:
(a) Los Ofensores Sexuales Tipo I, los Ofensores Sexuales Tipo II y los Ofensores Sexuales Tipo III.
(b) Las personas que hayan sido o sean convictas por delitos similares, o sus tentativas o conspiraciones, a los enumerados en el Artículo 2 de esta Ley por un tribunal federal, estatal, extranjero o militar, y se les haya garantizado el debido proceso de ley en el país que fueron convictos, que se trasladen a Puerto Rico para establecer su residencia, o que por razón de trabajo o estudio se encuentren en Puerto Rico, aunque su intención no sea la de establecer domicilio en la Isla.
(c) Las personas convictas que disfruten de libertad bajo palabra, condicionada, libertad a prueba, o algún método alterno de cumplimiento de la pena de reclusión, por alguno de los delitos o sus tentativas, según enumerados en el Artículo 2 de esta Ley.
(d) Las personas que al momento de la aprobación de esta Ley se encuentren recluidas o participando de algún programa de desvío, tratamiento o rehabilitación de la Administración de Corrección, o que posterior a la aprobación de esta Ley sean sometidos a dichos programas, por la comisión de alguno de los delitos enumerados o sus tentativas o conspiraciones en el Artículo 2 de esta Ley. Disponiéndose que en estos casos, una vez el acusado cumpla con las condiciones impuestas
55 Véanse, Art. 3(a) de la Ley Núm. 28-1997, 4 LPRA ant. sec. 535a (a) (2010) y Art. 3(a) de la Ley Núm. 266- 2004, 4 LPRA ant. sec. 536a (a) (2010). CC-2012-949 22
por el Tribunal, y éste ordene el sobreseimiento de la acción criminal, según lo disponen las leyes pertinentes a dichos programas, el Sistema eliminará la inscripción del acusado en el Registro aquí establecido.
(e) Quedarán registradas las personas que al momento de la aprobación de esta Ley, tenían la obligación de registrarse bajo la Ley 28- 1997, según enmendada.
(f) Las personas que hayan sido convictas por cualquier delito de los enumerados en el Artículo 2 de esta Ley, que ya extinguieron la pena impuesta y no se encuentren registrados ni cumpliendo pena alguna por dichos delitos, si resultan convictas por la comisión de cualquier delito grave que no sea un delito sexual de los enumerados en el Artículo 2 de esta Ley. No obstante, en estos casos, se acreditará para efectos de la duración de la inscripción en el Registro, el tiempo transcurrido desde el cumplimiento de su sentencia, o método alterno de cumplimiento de la pena de reclusión, hasta su inclusión en el Registro aquí establecido.
(g) Las personas que hayan sido convictas por cualquiera de los delitos enumerados en el Artículo 2 de esta Ley y hagan alegación de culpabilidad por cualquiera de los delitos o sus tentativas o conspiración. En estos casos será compulsorio y no objeto de alegaciones pre-acordadas, el ingreso de la persona convicta al Registro”. (Énfasis suplido). 4 LPRA sec. 536a (Suplemento Acumulativo 2014).
Tras una lectura del texto de la Ley Núm. 243-2011,
se observa que las personas convictas, obligadas a
inscribirse en el Registro, no son únicamente aquellas
comprendidas bajo la categoría de ofensores sexuales tipo
I, II y III. Además de éstos, la mencionada ley exige que
se incluyan en el Registro las personas convictas por los
delitos enumerados en el Art. 2. En el referido artículo
se define lo que constituye: el delito específico contra CC-2012-949 23
menor de edad, el delito sexual, el ofensor sexual,
ofensor sexual I, ofensor sexual II y ofensor sexual III.
Al definir el término de “delito sexual”, en el Art.
2 se contemplan los casos en que las víctimas son
personas menores de edad y cuando estas son personas
adultas. El delito sexual incluye en lo pertinente:
(3) “Delito Sexual”- En general, excepto por lo dispuesto en los sub-incisos (a) y (b), incluye lo siguiente:
(i) un delito que tenga como elemento constitutivo un acto sexual o conducta sexual con otra persona;
(ii) un delito específico contra un menor de edad;
...
Disponiéndose que:
(b) Un delito que incluya conducta sexual consentida no es un delito sexual para propósitos de esta Ley, si la víctima es un adulto, a menos que dicho adulto esté bajo la custodia legítima del ofensor al momento del delito”. Énfasis suplido.56
De lo expuesto surge que el delito sexual incluye
aquel “que tenga como elemento constitutivo un acto
sexual o conducta sexual con otra persona”, 4 LPRA sec.
536 (3) (Suplemento Acumulativo 2014). Por lo tanto se
entiende que en esta definición está incluida cualquier
persona que no sea menor de edad, a menos que se trate de
conducta consentida, siempre y cuando el adulto no esté
56 Véanse, Art. 1 de la Ley Núm. 243-2011 que enmienda el Art. 2 de la Ley Núm. 266-2004. 4 LPRA sec. 536 (Suplemento Acumulativo 2014). CC-2012-949 24
bajo la custodia legítima de su ofensor. Nótese que la
Asamblea Legislativa estableció un inciso específico y
aparte para víctimas que son menores de edad.
Al constituirse el “delito sexual” con actos o
conducta sexual contra otra persona es sencillo razonar
que en esta definición se incluyó el delito de actos
lascivos o impúdicos, al igual que cualquier otro delito
de naturaleza sexual en contra de un adulto, siempre y
cuando no aplique la excepción antes discutida.
Como consecuencia, en virtud de la Ley Núm. 243-2011
deben registrarse las personas convictas por actos o
conducta sexual contra otra persona que sea mayor de edad
o las que incurran en delitos específicos contra un menor
de edad. Las personas así convictas son ofensores
sexuales. En lo particular, se incluye a quienes: (1)
estén recluidos o participando de algún programa de
desvío, tratamiento o rehabilitación de la Administración
de Corrección, o que posterior a la aprobación de la Ley
Núm. 243-2011 sean sometidos a dichos programas;57(2)
disfruten de libertad bajo palabra, condicionada,
libertad a prueba, o algún método alterno de cumplimiento
57 Véase 4 LPRA sec. 536a (d) (Suplemento Acumulativo 2014). CC-2012-949 25
de la pena de reclusión;58 (3) hagan alegación de
culpabilidad,59 entre otras.
Además, la ley establece claramente que se
mantendrán en el Registro aquellas personas obligadas a
inscribirse bajo la Ley Núm. 28-1997, según enmendada en
donde se incluye, tal como se indicó anteriormente, las
que resulten convictas por actos lascivos o impúdicos a
tenor con el Art. 105 del derogado Código Penal de 1974.60
Igualmente, al amparo de las definiciones que provee
la Ley Núm. 243-2011 en cuanto a los términos de ofensor
sexual, ofensor sexual tipo I, ofensor sexual tipo II y
ofensor sexual tipo III se incluye conducta sexual
delictiva contra adultos. Cónsono con esto, la Ley Núm.
243-2011 definió al ofensor sexual como “aquel individuo
que ha sido convicto por un delito sexual o su tentativa
o conspiración”. 4 LPRA sec. 536 (7) (Suplemento
Acumulativo 2014). Así, el estatuto no estableció una
edad específica de la víctima para que una persona
convicta sea considerada como ofensor sexual, lo
determinante es que haya cometido un delito sexual contra
58 Véase 4 LPRA sec. 536a(c)(Suplemento Acumulativo 2014). 59 Véase 4 LPRA sec. 536a(g)(Suplemento Acumulativo 2014). 60 Véase 4 LPRA sec. 536a (e)(Suplemento Acumulativo 2014). Entendemos que esta disposición resultaba suficiente para determinar si el señor Placer Román debía inscribirse en el Registro sin necesidad de abordar cuáles delitos son los que requieren inscripción al amparo de la Ley Núm. 243-2011. CC-2012-949 26
otra persona. Esto, distinto a los conceptos de ofensores
sexuales tipo I, II y III, en donde la mayoría de sus
incisos se establecen como víctimas a personas menores de
edad.
Por todo lo anterior, concluyo que el delito de
actos lascivos o impúdicos en contra de un adulto está
contemplado en la definición de delitos sexuales. La Ley
Núm. 243-2011 no eliminó el delito de actos lascivos o
impúdicos cometidos en contra de un adulto de la lista de
delitos que obligan a la persona convicta a inscribirse
en el Registro. Se ha reiterado que “cuando el legislador
se ha manifestado en lenguaje claro e inequívoco, el
texto de la ley es la expresión por excelencia de toda
intención legislativa”. Pueblo v. Jesús Delgado, 155 DPR
930, 941 (2001); Pueblo v. Rexach Benítez, 130 DPR 273,
302 (1992). Una interpretación contraria obviaría que la
Ley Núm. 243-2011 no alteró la política pública de
proteger a todos los sectores de la sociedad de delitos
sexuales. Por el contrario, el legislador expresamente
reiteró, en la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 243-
2011, su objetivo de “fortalecer y aumentar la
efectividad del registro para la seguridad del público”.
Aclarado que la Ley Núm. 243-2011 no eliminó el
delito de actos lascivos o impúdicos de la lista de los
que deben registrarse, es necesario analizar si el señor
Placer Román tiene derecho a ser eliminado del Registro.
III CC-2012-949 27
La Ley Núm. 243-2011 dispone que la eliminación del
Registro no es automática y ésta debe ser autorizada por
el foro judicial correspondiente. De igual forma,
establece que el término mínimo que una persona debe
estar registrada es de diez años. 4 LPRA sec. 536c
(Suplemento Acumulativo 2014). Asimismo, la Ley Núm. 243-
2011 introdujo otra enmienda con relación al cómputo del
periodo que debe estar registrada la persona convicta.
A tales efectos, el término de inclusión en el
Registro comenzará a contar desde que el ofensor sexual
sea excarcelado tras cumplir su sentencia.61. Sin embargo,
en los casos en que la persona convicta cumpla su
sentencia en la libre comunidad, bajo el beneficio de
libertad a prueba, libertad bajo palabra, programa de
desvío, tratamiento o rehabilitación, el término de
inscripción comenzará a transcurrir desde que se emitió
la sentencia, resolución o determinación para participar
en esos programas y se notifique su inclusión al
Registro.62 Por consiguiente, mediante esta enmienda se
armoniza la forma de computar el periodo de inscripción
en el Registro con lo establecido en la Ley Núm. 28-1997.
Es decir, el nuevo estatuto revierte la forma de cumplir
la obligación a dos instancias. La primera, cuando el
ofensor sexual está encarcelado, deberá registrarse una
61 Véase 4 LPRA sec. 536c (Suplemento Acumulativo 2014). 62 Véase 4 LPRA sec. 536c (Suplemento Acumulativo 2014). CC-2012-949 28
vez cumpla la sentencia por el periodo dispuesto en el
estatuto. Empero, cuando éste disfruta del privilegio de
cumplir la pena en libertad bajo palabra, programa de
desvío, tratamiento o rehabilitación, su obligación de
inscribirse en el Registro comienza desde que goza de ese
privilegio.
Es por esto que el Estado alega que el peticionario
debe permanecer inscrito en el Registro desde que se
emitió la sentencia en el año 1999, a partir de que éste
fue puesto en libertad a prueba. No obstante, el Estado
aduce que la inscripción debe durar veinticinco años
debido a que sostiene que el señor Placer Román es un
ofensor sexual tipo II.63 Sin embargo, la ley establece
que el “ofensor sexual tipo II” es aquel que resulte
convicto por ciertos delitos, la tentativa de éstos o su
conspiración “cuando la víctima es un menor de edad”.
(Énfasis suplido). 4 LPRA sec. 536 (9)(Suplemento
Acumulativo 2014). De esta forma, cuando el estatuto hace
referencia al delito de actos lascivos o impúdicos en
cualquiera de las modalidades contempladas en el Código
Penal de 1974 es cuando la víctima es menor de dieciocho
años.64
63 Véase 4 LPRA sec. 536c (Suplemento Acumulativo 2014). 64 Advertimos que el señor Placer Román tampoco es un ofensor sexual tipo I y mucho menos tipo III, ya que éste sólo incluye a personas convictas por actos lascivos o impúdicos cuando la víctima no ha cumplido los dieciséis años de edad. Véanse, 4 LPRA sec. 536 (10)(a), (c) (Suplemento Acumulativo 2014). CC-2012-949 29
Ante tal realidad, y siendo la víctima en el caso de
autos un mayor de edad, no estamos ante un ofensor sexual
tipo II, pues esta definición sólo incluye el delito de
actos lascivos, su tentativa o conspiración cuando la
víctima es menor de edad. Por ende, la alegación del
Estado de que el señor Placer Román tiene la obligación
de registrarse por un término de veinticinco años es
errónea.
De acuerdo con el derecho antes discutido, la Ley
Núm. 243-2011 requiere que se mantengan en el registro
aquellas personas que debían estar inscritas al amparo de
la derogada Ley Núm. 28-1997, justo al momento en que se
promulgó esta nueva ley. En el caso del señor Placer
Román, éste tenía la obligación de estar registrado por
haber cometido el delito de actos lascivos contra un
adulto por el término de diez años desde que gozó del
privilegio de libertad a prueba. Igual obligación le
impuso la Ley Núm. 243-2011 al requerir la inscripción de
ofensores sexuales como el señor Placer Román y al
imponer la obligación de que se registrasen todas las
personas obligadas por la Ley Núm. 28-1997.
A tenor con la Ley Núm. 28-1997, éste habría
cumplido con el término estatutario de inscripción en el
Registro en diciembre de 2009. De igual forma, con la
aprobación de la Ley Núm. 243-2011 se enmendó la Ley Núm.
266-2004 a los fines de disponer que cuando la persona
disfrute de los beneficios de libertad a prueba el CC-2012-949 30
término de inclusión en el Registro se computa desde la
determinación para que la persona convicta participe en
el programa. Por lo tanto, el peticionario cumplió en
exceso el término de diez años que le requería la Ley
Núm. 28-1997 e incluso un término mayor al término mínimo
que dispone la Ley Núm. 243-2011.65
Por consiguiente, al aplicar esta disposición al
presente caso, se observa que el señor Placer Román no
está obligado a permanecer en el Registro y que su nombre
debe ser eliminado.
Así pues, conforme dispone la Ley Núm. 243-2011, una
vez el acusado cumple con las condiciones procede que se
elimine la inscripción en el Registro.66 Por tanto, existe
un deber ministerial de eliminar el nombre y la
información del señor Placer Román del Registro.
Por los fundamentos expuestos, concluyo que la Ley
Núm. 243-2011 no eliminó la obligación de inscribirse en
el Registro a aquellas personas que cometen actos
lascivos o impúdicos contra un adulto. No obstante, estoy
65 Recordemos que la Ley Núm. 243-2011 no contempla un término por el cual los ofensores sexuales obligados a registrarse bajo la Ley Núm. 28-1997 deben registrarse y tampoco establece una categoría para aquellos que no fueron incluidos en una de las tres categorías definidas en el estatuto, como lo es el caso de actos lascivos e impúdicos contra un adulto. Siendo ello así, entiendo que ante esa laguna a las personas convictas en estas circunstancias el cómputo que aplica es el impuesto por la Ley Núm. 28-1997. 66 Véase 4 LPRA sec. 536b (Suplemento Acumulativo 2014). CC-2012-949 31
de acuerdo en que procede el mandamus para ordenar que el
señor Placer Román sea eliminado del Registro por los
fundamentos anteriormente expuestos.
Luis F. Estrella Martínez Juez Asociado
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2015 TSPR 131, Counsel Stack Legal Research, https://law.counselstack.com/opinion/placer-roman-v-estado-libre-asociado-de-puerto-rico-prsupreme-2015.