Pagán Colón v. Walgreens of San Patricio, Inc.

2014 TSPR 20

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: February 14, 2014
• Docket: CT-2012-16
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Juan C. Pagán Colón, Ada I. Renga Bonilla; Sociedad Legal de Gananciales Pagán-Renta

Peticionarios 2014 TSPR 20

v. 190 DPR ____

Walgreens of San Patricio, Inc.

Recurrido

Número del Caso: CT-2012-16

Fecha: 14 de febrero de 2014

Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito

Abogados de la Parte Demandante:

Lcdo. Alfredo Acevedo Cruz Lcdo. Jorge Martínez Luciano

Abogados de la Parte Demandada:

Lcdo. Gregory T. Usera Lcda. Nilda Villavicencio

Materia: Derecho Laboral – Improcedencia de la reclamación de cónyuge al amparo de los Arts. 1802 y 1803 del Código Civil de Puerto Rico, cuando estatuto federal por el cual reclamó el empleado no le reconoce tal causa de acción al propio empleado.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Juan C. Pagán Colón, Ada I. Renta Bonilla; Sociedad Legal de Gananciales Pagán-Renta

Peticionarios CT-2012-16

v.

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo

San Juan, Puerto Rico, a 14 de febrero de 2014.

En la presente instancia, el Tribunal de

Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer

Circuito (Circuito de Apelaciones) nos certifica la

siguiente pregunta:

Cuando la reclamación de un empleado según el Artículo 1802 no procede porque un estatuto federal, específicamente la FMLA, no lo permite, ¿tiene aun así la esposa de ese empleado una causa de acción por daños emocionales al amparo del Artículo 1802, cuando tal remedio no está disponible para el empleado, según la ley federal?1 (Traducción nuestra).

1 “When an employee’s Article 1802 claim is barred because there is a specific federal statutory employment claim, here the FMLA, does the spouse of the employee nevertheless has a cause of action from emotional distress damages under Article 1802 when such relief is not available to the employee under CT-2012-16 2  Siendo consistentes con lo que han sido nuestros

precedentes, contestamos tal interrogante en la negativa.

I

Los hechos de este caso están perfectamente

redactados en la Opinión que el Circuito de Apelaciones

emitiera, Pagán-Colón v. Walgreens of San Patricio, Inc.,

697 F.3d 1 (1st Cir. 2012). Por otro lado, las

circunstancias procesales esbozadas en la Opinión del

Primer Circuito, y que son pertinentes a la pregunta que

se nos certifica, se exponen a continuación.

El Sr. José Pagán Colón y su esposa, la Sra. Ada

Renta Bonilla, presentaron una demanda contra Walgreens

of San Patricio, Inc. (Walgreens), en la Corte de

Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto

Rico (Corte de Distrito) después de que el señor Pagán

Colón fue despedido de su empleo. En su demanda, el

matrimonio presentó varias causas de acción, incluyendo

represalias al amparo de la Family and Medical Leave Act,

29 U.S.C. sec. 2601-054 (FMLA); despido injustificado,

según la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 29 L.P.R.A.

secs. 185a-185m, y daños y perjuicios para la señora

Renta Bonilla, al amparo de los Arts. 1802 y 1803 del

Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. secs. 5141-5142.

 federal law?” En realidad, la solicitud hecha por el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito incluía, además, las siguientes dos preguntas: “Does the answer to this question vary depending upon the nature of the underlying federal employment claim? If so, what are the factors to be considered?” No obstante, este Tribunal determinó que estas dos últimas preguntas no son certificables por ser especulativas. CT-2012-16 3

En cuanto a estas causas de acción, la Corte de

Distrito desestimó mediante sentencia sumaria parcial las

causas de acción de los Arts. 1802 y 1803 del Código

Civil de Puerto Rico, supra, y los demandantes

voluntariamente desistieron de la causa de acción según

la Ley Núm. 80.

Celebrado el juicio en su fondo y sometida la

prueba, un jurado falló a favor del señor Pagán Colón y

le concedió $100,000 en daños. No obstante, la Corte de

Distrito, sua sponte, redujo por remittitur la cantidad

otorgada por el jurado a $47,145.00, para igualar la

cantidad con los daños mitigados. La Corte de Distrito

también denegó la solicitud del demandante de daños

líquidos que concede la Sección 2617 (A)(II)(iii) de la

FMLA, supra.

Apelado el caso por ambas partes, el Circuito de

Apelaciones confirmó la sentencia de la Corte de Distrito

en todas sus partes, excepto que se reservó su

determinación con relación a si procedía o no la acción

de daños y perjuicios por daños emocionales según el Art.

1802 del Código Civil de Puerto Rico, supra, que reclama

la cónyuge del demandante, la señora Renta Bonilla.

Así, y como adelantáramos, el Circuito de

Apelaciones nos solicitó que le certificáramos, en

síntesis, si en nuestra jurisdicción es posible que

proceda una causa de acción de un familiar por los daños

emocionales que provee el Art. 1802 del Código Civil de CT-2012-16 4

Puerto Rico, supra, cuando al demandante principal no le

es posible recibir ese tipo de daños por el estatuto

laboral que provee su causa de acción.

Luego de analizar detenidamente los argumentos de

ambas partes, estamos listos para fundamentar nuestra

contestación en la negativa a esa pregunta.

II

A. Family and Medical Leave Act

La Family and Medical Leave Act (FMLA) es una

legislación del Congreso de los Estados Unidos aprobada

en el 1993. Esta ley federal le garantiza a todo empleado

elegible el que se pueda ausentar de su empleo -sin paga-

por un periodo de 12 semanas en el término de 1 año, ante

una enfermedad grave (“serious illness”) que no le

permita ejercer sus funciones, o para el cuido de un

familiar cercano que se encuentre enfermo, o por el

nacimiento -o adopción- y cuido de un nuevo miembro de la

familia.2 Así, la FMLA le garantiza al empleado la

retención de su posición en el empleo o una posición

equivalente, durante ese periodo de 12 semanas.3

La FMLA también establece que durante este periodo

de 12 semanas el patrono deberá proveerle al empleado el

seguro médico que disfrutaba al momento que se acogió a

2 29 U.S.C.A. sec. 2612(a)(1).

3 29 U.S.C.A. sec. 2614(a)(1). CT-2012-16 5

los beneficios de esta ley.4 Además, si la condición

médica lo requiere, la ausencia por el término de 12

semanas puede llevarse a cabo de manera intermitente o a

tiempo parcial,5 y el empleado puede, si así lo desea,

acordar con su patrono agotar sus días de vacaciones o

enfermedad, recibiendo de esta manera su salario durante

las 12 semanas que dure su ausencia.

En lo que concierne más directamente al asunto

planteado, la FMLA prohíbe que un patrono interfiera,

restrinja o niegue el ejercicio de los derechos que esta

provee al empleado,6 y dispone para el resarcimiento de

los daños sufridos por el empleado, incluyendo los

remedios en equidad que sean necesarios si el patrono

viola tales derechos.7 Ahora bien, en torno

específicamente a los daños que pudieran ser resarcidos

al demandante, la Sección 2617 de la ley establece lo

siguiente:

Any employer who violates section 2615 of this title shall be liable to any eligible employee affected--

(A) for damages equal to--

(i) the amount of--

(I) any wages, salary, employment benefits, or other compensation denied or lost to such employee by reason of the violation; or

4 29 U.S.C.A. sec. 2614(c)(1).

5 29 U.S.C.A. sec. 2612(a)(1).

6 29 U.S.C.A. sec. 2615(a)(1).

7 29 U.S.C.A. sec. 2617(a)(1). CT-2012-16 6

(II) in a case in which wages, salary, employment benefits, or other compensation have not been denied or lost to the employee, any actual monetary losses sustained by the employee as a direct result of the violation, such as the cost of providing care, up to a sum equal to 12 weeks (or 26 weeks, in a case involving leave under section 2612(a)(3) of this title) of wages or salary for the employee;

(ii)...

(iii) an additional amount as liquidated damages equal to the sum of the amount described in clause (i) and the interest described in clause (ii), except that if an employer who has violated section 2615 of this title proves to the satisfaction of the court that the act or omission which violated section 2615 of this title was in good faith and that the employer had reasonable grounds for believing that the act or omission was not a violation of section 2615 of this title, such court may, in the discretion of the court, reduce the amount of the liability to the amount and interest determined under clauses (i) and (ii), respectively;...8

Como claramente surge del texto de esta sección,

además de los daños monetarios, el inciso (iii) establece

que el empleado pudiera ser compensado por los “daños

líquidos” (liquidated damages) que haya probado.9 Así,

la propia sección establece que de proceder estos “daños

líquidos”, los mismos son fijos y se limitan a la

duplicación de los daños monetarios probados que provee

el inciso (i) más los intereses que provee el inciso

(ii).

Es importante resaltar que con relación a los daños

que provee la Sección 2617 de la FMLA, el Tribunal

8 29 U.S.C.A. sec. 2617(a).

9 La sección establece una presunción a favor de la otorgación de estos daños líquidos, que puede ser rebatida si el patrono demuestra que sus actuaciones no fueron intencionales. CT-2012-16 7

Supremo de los Estados Unidos ha señalado que “la causa

de acción provista por la FMLA es una limitada: Los daños

que se pueden recobrar son estrictamente definidos y

restringidos a las pérdidas monetarias reales”.

(Traducción nuestra). (“[T]he cause of action under the

FMLA is a restricted one: The damages recoverable are

strictly defined and measured by actual monetary

losses.”)10 De manera que, como bien determinó en este

caso la Corte de Distrito y lo confirmó el Circuito de

Apelaciones, ciertamente la FMLA no provee para que el

exempleado y demandante principal que reclama una causa

de acción al amparo de ese estatuto federal, pueda ser

compensado por daños y angustias emocionales (emotional

distress damages).

B. García Pagán v. Shiley Caribbean y casos relacionados

Aunque a menudo se cita -con propiedad- a Santini

Rivera v. Serv. Air, Inc., 137 D.P.R. 1 (1994), para

dilucidar lo referente al derecho de un familiar a

reclamar daños emocionales por una causa de acción

contingente a una ley laboral, lo cierto es que el caso

que sirvió de base para la decisión del caso de Santini

10 Nv. Dept. of Human Res. v. Hibbs, 538 U.S. 721, 739–740 (2003). Véanse, además: Brumbalought v. Camelot Care Ctrs., 427 F.3d 996, 1007 (6to Cir. 2005); Farrell v. Tri-County Metropolitan Transp. Dist. of Oregon, 530 F.3d 1023, 1025 (9no Cir. 2008); Rodgers v. City of Des Moines, 435 F.3d 904, 908-09 (8vo Cir. 2006); Walker v. United Parcel Serv., Inc., 240 F.3d 1268 (10mo Cir. 2001). CT-2012-16 8

Rivera fue García Pagán v. Shiley Caribbean, etc.,

122 D.P.R. 193 (1988).11

Fue en García Pagán v. Shiley Caribbean, etc.,

supra, en el que, en una causa de acción de discrimen por

razón de sexo y en el contexto de la Ley de Derechos

Civiles de Puerto Rico, 1 L.P.R.A. secs. 13-19, por voz

del hoy Juez Presidente señor Hernández Denton,

determinamos por primera vez que los daños para el obrero

que ha sido discriminado y que establece la Ley Núm. 100

de 30 de junio de 195912 (Ley anti discrimen), incluye los

daños emocionales que este pueda probar que ha sufrido.13

Partiendo de la base de que un obrero que probaba

una causa de acción según la Ley Núm. 100 podía incluir

daños emocionales como parte de las causas que le proveía

esa ley laboral, resolvimos entonces en Santini Rivera v.

11 En este aspecto, resultan pertinentes las expresiones de la distinguida Jueza Asociada Miriam Naveira Merly en Santini Rivera v. Serv. Air, Inc., 137 D.P.R. 1 (1994), quien fuera el único voto disidente en ese caso. En la nota al calce número 20 de su Opinión Disidente en Santini Rivera, la Jueza Naveira Merly señaló lo siguiente: Aunque en García Pagán v. Shiley Caribbean, etc. supra, págs. 207-208, se expresó que la causa de acción que dispone la Ley Núm. 100, supra, es de igual amplitud que la acción civil de daños y perjuicios provista por la Ley de Derechos Civiles, este señalamiento se hizo a los únicos fines de establecer que el término “daños‟‟ en la Ley Núm. 100, supra, incluye la compensación por sufrimientos y angustias mentales al empleado o aspirante a empleo. Íd., pág. 215. Por lo tanto, consideramos impropio utilizar la opinión de García Pagán v. Shiley Caribbean, etc., supra, para prejuzgar la controversia ante nos hoy. (Énfasis nuestro).

12 29 L.P.R.A. secs. 146-151.

13 En este caso, la distinguida Jueza Asociada Miriam Naveira Merly, quien -como señaláramos en la nota al calce número 11- más tarde fue el único voto disidente en Santini Rivera v. Serv. Air, Inc., supra, se unió a la mayoría del Tribunal. Véase, además, Berríos Heredia v. González, 151 D.P.R. 327 (2000). CT-2012-16 9

Serv. Air, Inc., supra, que, aunque ciertamente la Ley

Núm. 100 no hacía mención de los familiares, por lo que

estos no tenían una causa de acción por daños emocionales

fundamentados en esa ley, eso no implicaba que no la

tuvieran según el Art. 1802 del Código Civil de Puerto

Rico.14

Luego, en Dorante v. Wrangler of P.R., 145 D.P.R.

408 (1998), un caso en el que le reconocimos al empleado

codemandante (Dorante) una causa de acción por

represalias basada en la Sección 24 de la Ley Núm. 96 de

26 de junio de 195615 (Ley 96), revocamos al Tribunal de

Primera Instancia que había desestimado la causa de

acción fundamentada en el Art. 1802 de la esposa del

codemandante Dorante.16 Así, determinamos, en primer

lugar, que fundamentado en la Sección 24 de la extinta

Ley 96, el codemandante Dorante tenía la oportunidad de

reclamar daños por los sufrimientos y las angustias

mentales al amparo de dicha ley.17 En segundo lugar,

determinamos que fundamentado en lo resuelto en Santini

Rivera v. Serv. Air, Inc., supra, la esposa codemandante

también tenía derecho a probar una causa de acción por

sufrimientos y angustias mentales, no bajo la ley

14 Santini Rivera v. Serv. Air, Inc., supra, págs. 5-6.

15 29 L.P.R.A. sec. 245w.

16 Dorante v. Wrangler of P.R., 145 D.P.R. 408, 412 (1998).

17 Íd., pág. 432. CT-2012-16 10

laboral, pero sí según el Art. 1802 del Código Civil de

Puerto Rico, supra.18

C. Porto y Siurano v. Bentley P.R., Inc.

Por otro lado, es menester resaltar lo resuelto por

esta Curia en Porto y Siurano v. Bentley P.R., Inc.,19

particularmente por su ratio decidendi. En Porto y

Siurano, fundamentándonos, a su vez, en lo resuelto en

Rivera v. Security Nat. Life Ins. Co.,20 señalamos lo

siguiente con relación a la Ley Núm. 80:21

En esta jurisdicción la norma general, en relación con la materia en controversia, es a los efectos de que un obrero o trabajador contratado por tiempo indeterminado que es despedido sin justa causa solamente tiene derecho al remedio exclusivo que provee la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976. (Énfasis suplido)

Como vemos, el fundamento o ratio decidendi de esta

decisión es que del texto de la Ley Núm. 80 no surge

ningún otro remedio que el que claramente dispone la

Sección 185a de la ley. Así lo destacó el hoy Juez

Presidente señor Hernández Denton, en su Opinión de

Conformidad en Santini Rivera v. Serv. Air, Inc., supra,

pág. 16. En su Opinión, el Juez Presidente señor

Hernández Denton expuso el ratio decidendi de Porto 18 Íd., pág. 434.

19 132 D.P.R. 331(1986).

20 106 D.P.R. 517 (1977).

21 29 L.P.R.A. sec. 185a et seq. CT-2012-16 11

Siurano al señalar que “como regla general ante una

conducta de un patrono, prevista y sancionada por una

legislación especial de índole laboral, el empleado sólo

tendrá derecho al remedio que dicha ley disponga, sin

poder acudir al Art. 1802 del Código Civil”. (Énfasis

suplido).

Concluimos, entonces, que al interpretar una ley

especial de tipo laboral u obrero patronal en el contexto

del remedio solicitado, este Tribunal ha sido consistente

en interpretar de manera restrictiva el estatuto. Esto

es, nos hemos negado a aceptar la tesis de que el

legislador dejó abierta la puerta a la utilización de

algún otro remedio o causa de acción, provista por alguna

ley general.22

III

Como esbozamos, en esta jurisdicción nunca hemos

reconocido una causa por sufrimientos y angustias

mentales fundamentada en el Art. 1802 del Código Civil de

Puerto Rico, supra, a un familiar, sin primero determinar

que el codemandante principal, id est, el exempleado

agraviado, sí puede recibir ese tipo de daños mediante el

estatuto laboral que lo cobija. Por eso, tal vez resulte

necesario contextualizar lo planteado en Santini Rivera

v. Serv. Air, Inc., supra, con relación al Art. 1802 de

22 Claro está, a no ser que ese otro remedio encuentre su fundamento primario en un derecho de estirpe constitucional. Véase Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., 117 D.P.R. 35 (1986). CT-2012-16 12

nuestro Código Civil. Y es que, todo el acervo civilista

que cobija a ese célebre artículo, y que en Santini

Rivera citando a Hernández v. Fournier23 nos sedujo a

describir el acto culposo o negligente como uno

“infinitamente abarcador”, se expresó en el contexto de

un reconocimiento previo de que el obrero per se gozaba

de un remedio en daños emocionales que le proveía la ley

especial laboral que lo cobijaba, conforme lo habíamos

resuelto en García Pagán v. Shiley Caribbean, etc.,

supra.

Por otro lado, y como surge claramente del texto

del estatuto federal en cuestión, de prevalecer en su

causa de acción el obrero agraviado tendría derecho a

recibir, como compensación en daños adicionales, una

cantidad en liquidated damages que, como señalamos, la

propia Sección 2617 limita o define como la duplicación

de los daños monetarios probados que provee el inciso (i)

más los intereses que provee el inciso (ii) de esa

sección. Esta cantidad adicional de liquidated damages

solo prevalecerá si la Corte de Distrito entiende que el

patrono no obró de buena fe al incumplir con la ley.

En The Great American Indemnity Co. v. Bloise,24

definimos liquidated damages como “el montante de los

daños que las partes contratantes, al celebrar el

23 80 D.P.R. 93, 96 (1957).

24 60 D.P.R. 423, 428-429 (1942). CT-2012-16 13

contrato, se comprometen y convienen pagar en el caso de

incumplimiento”.25 Ahora bien, al interpretar un concepto

no desconocido en nuestra jurisdicción, pero que se halla

en un estatuto federal del cual no existe un equivalente

local, debemos, en buena hermenéutica jurídica, “recurrir

a los principios ilustrativos [del concepto] que se

puedan hallar en la jurisprudencia federal interpretativa

[del] estatuto”.26 Al así hacerlo, encontramos que a

nivel apelativo la mayoría de los distintos circuitos han

coincidido en que los daños líquidos que otorga la

Sección 2617 (A)(II)(iii) son del tipo compensatorios y

no punitivos, y que no es posible otorgar daños

emocionales al amparo de esa sección.27 Además, y como ya

señalamos, el Tribunal Supremo federal ha sido claro al

establecer que los daños recobrables al amparo de esta

Ley son estrictamente definidos y restringidos a las

pérdidas monetarias reales del empleado.28

De manera que, aunque la concesión de los daños

líquidos que establece la Sección 2617 (A)(II)(iii)

depende de una acción intencional en violación a la ley

25 Véase, además, Black‟s Law Dictionary, 9na ed., St. Paul, Ed. West Publishing Co., 2009, pág. 447.

26 S.L.G. v. S.L.G., 150 D.P.R. 171, 183 (2000).

27 Farrell v. Tri-County Metropolitan Transp. Dist. of Oregon, supra, pág. 1025; Liu v. Amway Corp., 347 F.3d 1125, 1133 n. 6 (9no Cir. 2003); Brumbalough v. Camelot Care Ctrs., supra; Rodgers v. City of Des Moines, supra; Walker v. United Parcel Serv., supra; Graham v. State Farm Mut. Ins. Co., 193 F.3d 1274, 1284 (11mo Cir. 1999); Nero v. Indus. Molding Corp., 167 F.3d 921, 930 (5to Cir. 1999); Cianci v. Pettibone Corp., 152 F.3d 723, 728–29 (7mo Cir. 1998).

28 Nv. Dept. of Human Res. v. Hibbs, supra, págs. 739–740. CT-2012-16 14

por parte del patrono, estos no se consideran un castigo

sino un recobro en compensación de los daños reales

(monetarios) del empleado. En vista de lo anterior, no

vemos espacio para definir los daños líquidos que otorga

la FMLA de manera distinta a lo que se ha hecho en la

esfera federal, máxime cuando tal definición no conflige

necesariamente con nuestra concepción local del mismo

concepto.

Por otro lado, es pertinente resaltar el hecho de

que la FMLA es claramente una ley antirepresalias.29 En

ese contexto, aunque en Puerto Rico no contamos con un

equivalente local a la FMLA, las disposiciones que van

dirigidas a prohibir y penalizar la represalia en esa ley

deben ser analizadas a la luz de nuestra ley local de

represalias, Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991,30

por ser estatutos que aunque no son necesariamente

equivalentes, sí son análogos en el propósito que

persiguen. Siendo así, nótese que, distinto a la FMLA, la

Ley Núm. 115 que rige en nuestra jurisdicción local sí

provee expresamente para que el empleado que ha sufrido

el agravio pueda recuperar daños por angustias mentales.31

Por lo tanto si, contrario a la realidad, el

Congreso de los Estados Unidos hubiera dispuesto para que

29 Mercer v. Arc of Prince Georges County, Inc., 2013 WL 3470489; Lorentz v. Alcon Laboratories, Inc., 2013 WL 3368987; Lanier v. University of Texas Southwestern Medical Center, 2013 WL 2631316.

30 29 L.P.R.A. sec. 194 et seq.

31 Véase Art. 2 de la Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991, 29 L.P.R.A. sec. 194a. CT-2012-16 15

la FMLA proveyera ese tipo de daños para el empleado

agraviado, y considerando lo resuelto en nuestra

jurisdicción en Dorante v. Wrangler of P.R., supra, con

toda probabilidad el Circuito de Apelaciones no nos

hubiera certificado la interrogante en cuestión y, de

haberlo hecho, nuestra contestación hubiera tenido que

ser en la afirmativa. Sin embargo, ese no es el caso.

Por eso, acceder a lo solicitado por la parte demandante-

peticionaria sería, por un lado, permitir al amparo de un

estatuto federal una causa de acción que nunca hemos

permitido en circunstancias similares al amparo de un

estatuto laboral local o, en la alternativa, interpretar,

contrario a lo resuelto por los tribunales hermanos en la

jurisdicción federal -incluyendo el Tribunal Supremo

Federal- que la FMLA sí concede daños emocionales al

codemandante principal, ampliando por fiat judicial el

alcance de una ley federal. Ninguna de las dos

alternativas son plausibles en esta instancia.

Por último, y con relación a la posición esbozada

en las opiniones disidentes, es menester señalar lo

siguiente. El Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico,

supra, constituye la fuente legal mediante la cual una

parte puede reclamar daños emocionales que surjan de

toda causa de acción extracontractual. Ahora bien, en

instancias en que la causa de acción surja de una

relación contractual o de otro tipo, el Art. 1802 del

Código Civil de Puerto Rico, supra, constituye una CT-2012-16 16

fuente legal general para reclamar daños emocionales,

siempre y cuando no se haya pactado algún tipo de

limitación en ese sentido o que alguna ley especial

-como lo es una ley laboral- no lo consienta o lo

limite.

Es por esto que en cierto sentido resulta

contradictoria la posición de las opiniones disidentes

pues, en síntesis, ambas reclaman que la esposa del

codemandante principal puede reclamar los daños que

concede el Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico,

supra, por una causa de acción que surge de una ley

especial que no concede tales daños, sino que los

descarta. La contradicción estriba en que no se puede

utilizar un estatuto federal, en este caso la FMLA, como

base para una causa de acción en daños emocionales

alegadamente sufridos por la esposa y obviar que tal

estatuto no solo no los reconoce para ella, sino que los

prohíbe para él. O, dicho de otro modo, ¿qué causa de

acción tendría la esposa del empleado si el despido de

este último no es violatorio de la FMLA? Ninguna, no

importa lo real y angustioso que sabemos podría resultar

el despido de un familiar, en especial el de un cónyuge.

La causa de acción en daños del cónyuge, conforme

lo establecimos en Maldonado v. Banco Central Corp., 138

D.P.R. 268 (1995), es contingente; id est, depende de

que la causa de su cónyuge prevalezca. Pero no es

contingente solo en el aspecto probatorio, sino que, una

vez no se prueba la causa, desaparece aquello que CT-2012-16 17

hubiera permitido recobrar daños mediante el Art. 1802

del Código Civil de Puerto Rico, supra. Cuanto más

cuando tal causa ni siquiera se reconoce en la ley

especial mediante la cual se pretende reclamar.

Como en el caso de cualquier demandante que reclama

daños, estos tienen que surgir de una causa de acción y

tal causa de acción, a su vez, no se da en un vacío.

Surge, como expresamos, de una relación extracontractual

(torticera) -lo que obviamente no son las circunstancias

en el caso de autos-, de una relación contractual o por

una ley especial que la provea. En este caso, esa ley

especial es la FMLA, la que no provee para ninguno de

los demandantes una causa de acción por daños

emocionales. Y es que, ausente una violación de una

política pública reconocida en una ley especial, como

por ejemplo la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según

enmendada, 29 L.P.R.A. secs. 185a–185m, un empleado

despedido no tiene recurso judicial alguno contra su

expatrono. Vélez Rodríguez v. Pueblo Int‟l, Inc., 135

D.P.R. 500, 505-515 (1994). Ausente esa protección

legal, un despido no es más que una resolución de un

contrato bilateral.

Por otro lado, es menester reseñar que en Santini

Rivera v. Serv Air, Inc., supra, en el que reconocimos

una causa de acción en daños y perjuicios por el Art.

1802 del Código Civil de Puerto Rico, supra, para los

familiares como “una normativa independiente”, el

enfoque de la controversia era claramente distinguible CT-2012-16 18

a la del caso de autos. En Santini, en vista de que la

Ley Núm. 100, le reconocía al obrero una causa de acción

en daños por angustias mentales, la controversia giró en

torno a por qué no se le podía reconocer a sus

familiares la misma causa de acción. Fue entonces que

señalamos que, aunque por ser la Ley Núm. 100 una ley

exclusivamente de índole laboral no hacía referencia a

los familiares del obrero, los familiares sí tenían una

causa de acción por el Art. 1802 del Código Civil de

Puerto Rico, supra, que, en ese sentido, era similar a

la del obrero.

Sin embargo, distinto a Santini, el enfoque de la

controversia en el caso de autos no es por qué no

reconocerle a los familiares lo que la ley le concede al

obrero -aunque no haga mención directa de estos- sino,

todo lo contrario, por qué reconocerle a un cónyuge –o a

cualquier familiar- una causa de acción que la ley bajo

la cual se reclama el daño, y de cuyo resultado depende,

no le permite al obrero directamente afectado.

Claro, persiste el argumento de que la FMLA no

prohíbe expresamente una causa de acción para el

resarcimiento de daños emocionales para los familiares.

Sin embargo, de aceptar tal razonamiento tendríamos que,

además de desviarnos de lo que ha sido la línea de

interpretación de este asunto en la jurisdicción federal

y en las jurisdicciones estatales, concluir que el

Congreso de los Estados Unidos permitió con su

“silencio” concederle más beneficios al cónyuge que los CT-2012-16 19

que le concedió al propio obrero afectado. Esto, en

primer lugar, porque es concebible que en circunstancias

como las del caso de autos los beneficios derivados de

los daños emocionales sufridos por un cónyuge serían

superiores a los daños líquidos que concede la FMLA al

obrero directamente afectado. En segundo lugar, en

nuestra jurisdicción siempre habría la posibilidad de

que el obrero terminara no beneficiándose –ni siquiera

indirectamente- de los beneficios en daños emocionales

que reciba su cónyuge, porque sabemos que tales

beneficios serían privativos del cónyuge del obrero, sin

que este último pudiera reclamar nada.32 En fin, el

resultado sería que la cónyuge tendría derecho a

beneficiarse de los daños líquidos recibidos por el

obrero, pero el obrero no tendría ese mismo derecho

sobre los daños que ella recibiría.

IV

En armonía con todo lo anterior, contestamos la

pregunta certificada por el Tribunal de Apelaciones de

los Estados Unidos para el Primer Circuito de la

siguiente manera: Cuando la reclamación de un empleado en

virtud del Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico,

31 L.P.R.A. sec. 5141, no procede porque un estatuto

federal, específicamente la FMLA, no lo permite, la

esposa de ese empleado tampoco cuenta con una causa de

32 Maldonado v. Banco Central Corp., 138 D.P.R. 268 (1995); Robles Ortolaza v. U.P.R., 96 D.P.R. 583 (1968). CT-2012-16 20

acción por daños emocionales al amparo del mencionado

Art. 1802.

Se dictará certificación a tales efectos.

Erick V. Kolthoff Caraballo Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Juan C. Pagán Colón, Ada I. Renta Bonilla; Sociedad Legal de Gananciales Pagán-Renta

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, contestamos la pregunta certificada por el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito de la siguiente manera: Cuando la reclamación de un empleado en virtud del Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5141, no procede porque un estatuto federal, específicamente la FMLA, no lo permite, la esposa de ese empleado tampoco cuenta con una causa de acción por daños emocionales al amparo del mencionado Art. 1802. Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Fiol Matta emitió Opinión Disidente a la cual se une el Juez Presidente señor Hernández Denton. El Juez Asociado señor Estrella Martínez emitió Opinión Disidente a la cual se une la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez.

Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Juan C. Pagán Colón, Ada I. Renta Bonilla; Sociedad Legal de Gananciales Pagán-Renta Peticionarios

v. CT-2012-16

Walgreens of San Patricio, Inc. Recurrido

Opinión disidente emitida por la Jueza Asociada señora Fiol Matta a la cual se une el Juez Presidente señor Hernández Denton

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de febrero de 2014.

Disiento enérgicamente de la Opinión del

Tribunal en el presente caso. La controversia de

derecho presentada ante nuestra consideración

exige que determinemos si la esposa de un

empleado despedido en contravención a un estatuto

laboral aprobado por el congreso federal puede

reclamar al expatrono de su cónyuge la

compensación de sus propias angustias mentales;

ello cuando el estatuto federal no concede al

empleado el derecho a reclamar por daños, pero

tampoco ocupa el campo ni descarta el derecho que

pudieran tener los familiares. Una mayoría de

este Tribunal concluye que la reclamación de la CT-2012-16 2

esposa no se puede considerar bajo el Artículo 1802 del

Código Civil de Puerto Rico porque la legislación laboral

no contempla esa posibilidad para el empleado. Con tal

proceder, se deroga, por fiat judicial, la causa de acción

independiente del cónyuge de un empleado concedida por

nuestro Código Civil, trasplantando a la normativa general

sobre responsabilidad civil la normativa laboral, adoptada

por legislación especial, a pesar de que el estatuto

laboral especial no excluye la causa de acción que nos

ocupa. Claramente, ese proceder es una prerrogativa de la

rama legislativa y la legislatura no ha aprobado ningún

estatuto en ese sentido. Por eso, me parece impropio

resolver que una causa de acción por daños que incluya

angustias mentales, presentada al amparo de nuestro Código

Civil por el cónyuge de un empleado despedido, dependa

totalmente de que la legislación laboral reconozca que el

empleado tiene una causa de acción similar.

I.

Aun cuando los hechos no están en controversia y

están expuestos en los dictámenes del foro federal,

resulta útil hacer un recuento de los mismos y de los

fundamentos legales expresados en las etapas previas a

esta certificación para poner en contexto la controversia

jurídica que debemos resolver.

El señor Juan C. Pagán Colón (señor Pagán) comenzó a

trabajar en Walgreens de San Patricio, Inc., (Walgreens) CT-2012-16 3

en septiembre de 2000. Al momento de su despido en el

2008, ocupaba la posición de Asistente de Gerente en la

tienda de Juana Díaz. El 10 de mayo de 2008, el señor

Pagán se reportó a trabajar en el horario de 4:00 de la

mañana a 2:00 de la tarde. Durante las primeras horas de

su turno, sintió dolores de pecho, palpitaciones en el

corazón y sudoración frecuente.33 Por esa razón, a la hora

de tomar el receso, alrededor de las 9:00 de la mañana,

acudió a la sala de emergencias del Hospital Damas en

Ponce sin informarlo en el trabajo. En la sala de

emergencias, el señor Pagán fue atendido por altos niveles

de azúcar en la sangre y alta presión arterial; se le

recomendó permanecer bajo observación y someterse a otras

evaluaciones.

Mientras era atendido, el señor Pagán llamó a su

esposa, la señora Ada I. Renta Bonilla (señora Renta),

quien llegó a la sala de emergencias. El señor Pagán le

pidió a su esposa que llamara al señor Edwin Figueroa,

Gerente de Walgreens en Juana Díaz (señor Figueroa), para

que le informara que lo estaban atendiendo en la sala de

emergencias y que no sabía si regresaría a trabajar. En

una primera llamada, la señora Renta habló con el señor

Figueroa. Durante ese día, la señora Renta llamó dos veces

más al trabajo de su esposo para informar su estado de

33 El señor Pagán padece de Diabetes Tipo II, condición que el patrono conoce desde que fue contratado. CT-2012-16 4

salud, además de la eventual admisión al hospital de

éste.34

El 16 de mayo de 2008, el señor Pagán fue sometido a

un estudio de cateterismo cardiaco bajo anestesia general

y fue dado de alta del hospital el 17 de mayo de 2008.

Durante su estadía en el hospital, el señor Pagán habló

con una compañera de trabajo y con el señor Giovanni

Rivera, Asistente de Gerente quien tuvo conocimiento de

que el señor Pagán iba a ser sometido al cateterismo.

El día que le dieron de alta, el señor Pagán fue a la

farmacia Walgreens de Juana Díaz para comprar un

medicamento. Allí le informó a Mariel Colón, Asistente de

Gerente, que el médico le había ordenado una semana de

descanso. En ese momento, la señora Colón era la empleada

gerencial con mayor rango presente en la tienda. Además,

el señor Pagán le entregó a la secretaria señora Wanda

Santiago, el certificado médico que justificaba las

ausencias durante su hospitalización.

No obstante, el 19 de mayo de 2008, el señor Figueroa

redactó una carta dirigida al señor Pagán en la que le

34 Entre las partes existe controversia en cuanto a una de esas dos llamadas. La señora Renta alegó, que en una de sus llamadas habló con el señor Giovanni Rivera, Asistente de Gerente, y le informó sobre las atenciones médicas que estaba recibiendo su esposo. El señor Rivera negó haber recibido esa llamada. En la segunda llamada, la señora Renta habló con el señor Carlos Figueroa, empleado del departamento de fotografías, a quien le dijo que su esposo había sido hospitalizado y le informó el número de cuarto. El señor Figueroa alegó que nunca recibió esas llamadas ni la información que la señora Renta proveyó. CT-2012-16 5

daba un periodo de 48 horas para que informara sobre su

paradero en los días que estuvo ausente y para informarle

su derecho a una licencia por incapacidad, además de

apercibirle sobre las consecuencias negativas en su empleo

de no cumplir con lo solicitado.35 El 23 de mayo de 2008,

el señor Pagán llegó a Walgreens para entregar un

certificado médico preparado por una endocrinóloga que

justifica las ausencias para descanso en los días

posteriores a su hospitalización. En ese momento el señor

Pagán informó que estaba disponible para regresar a

trabajar el próximo día y solicitó que le asignaran un

turno. La señora Ivelisse López, recibió el certificado

médico y ofreció comunicarse más tarde con él para poder

consultar con el señor Figueroa el itinerario de trabajo

que se le asignaría.

Ese día, el señor Figueroa recibió el certificado

médico y consultó con la señora Ada Colón, Gerente de

Distrito, el estatus de empleo del señor Pagán. Luego de

esa llamada, el señor Figueroa decidió despedir al señor

Pagán. Por eso, la señora López llamó al señor Pagán para

informarle que se reportara el próximo día a las 8:00 de

la mañana para reunirse con el señor Figueroa. Ese 24 de

mayo de 2008, el señor Figueroa despidió al señor Pagán

35 Dicha carta se envió el 23 de mayo de 2008 y no fue hasta el 28 de mayo de 2008 que el señor Pagán la recibió. De acuerdo a las determinaciones de hechos del tribunal de distrito federal, para el 19 de mayo de 2008 cuatro empleados gerenciales conocía la hospitalización del señor Pagán. CT-2012-16 6

sin ofrecerle las razones de la decisión, solo

instruyéndole que llamara a las oficinas centrales de

Walgreens si tenía alguna pregunta.

Luego de intentar infructuosamente de comunicarse con

las oficinas centrales, el señor Pagán y su esposa

acudieron personalmente al lugar. Allí, le entregaron a

Miriam Díaz, Directora de Recursos Humanos, los dos

certificados médicos que excusaban al señor Pagán desde el

10 al 23 de mayo de 2013. La señora Díaz se reunió con el

señor Figueroa y le recomendó que permitiera al señor

Pagán explicar sus ausencias. Así lo hizo el señor

Figueroa, pero concluyó que las explicaciones que ofreció

el señor Pagán en cuanto a las personas a quiénes había

notificado sobre su hospitalización eran inconsistentes.

Determinó entonces que el señor Pagán estaba mintiendo y

confirmó su despido.

El señor Pagán solicitó los beneficios de desempleo

en el Departamento del Trabajo (DT). Originalmente,

Walgreens notificó que el despido respondió a que el señor

Pagán había abandonado su trabajo. Después de la reunión

entre el señor Pagán y el señor Figueroa, Walgreens

informó al DT que la razón del despido estuvo basada en la

conducta deshonesta del empleado en cuanto a las razones

de su ausencia y por unas violaciones anteriores al

reglamento de personal. Sin embargo, el DT concedió el

beneficio de desempleo al señor Pagán luego de concluir CT-2012-16 7

que su despido no fue el resultado de una conducta

impropia. Walgreens no apeló de dicha determinación.

El señor Pagán, la señora Renta y la sociedad legal

de gananciales compuesta por ambos instaron una demanda en

contra de Walgreens en el Tribunal Federal para el

Distrito de Puerto Rico por represalias bajo el Family and

Medical Leave Act (FMLA), por daños al amparo de los

Artículos 1802 y 1803 del Código Civil de Puerto Rico y

por despido injustificado conforme la Ley Núm. 80 del 30

de mayo de 1976.36 En cuanto a la causa de acción de la

esposa, al amparo de los Artículos 1802 y 1803,

específicamente alegaron que ella sufrió y continuará

sufriendo daños emocionales y económicos como resultado de

la conducta exhibida por Walgreens en contra del señor

Pagán. Estimaron los daños en $200,000.00.37

Atendidas unas solicitudes de sentencia sumaria, el

tribunal de distrito desestimó específicamente las causas

de acción de la señora Renta. El foro federal concluyó que

la señora Renta no tiene derecho a una compensación por

daños porque el señor Pagán no tiene derecho a ello bajo

36 En cuanto al señor Pagán, se reclaman en la demanda $1,000,000.00 por las violaciones al estatuto federal y $1,000,000.00 por los daños sufridos en la causa de acción al amparo de los Artículos 1802 y 1803 del Código Civil. 37 Se alega en la demanda que: “As direct and proximate cause of Walgreens aforementioned conduct against his husband, Plaintiff Renta Bonilla has suffered and will continued [sic] to suffer emotional and financial damages estimated at two hundred thousand dollars ($200,000.00) under this cause of action”. CT-2012-16 8

la FMLA. Este estatuto provee un remedio exclusivo que no

incluye la compensación de los daños emocionales del

empleado. Según el foro federal, la esposa no tiene una

causa de acción en contra de Walgreens porque las acciones

de esa empresa que dieron base a su demanda no son

distintas a las que se alegaron como para sustentar la

reclamación del esposo.38

Celebrado el juicio, el jurado emitió un veredicto a

favor del señor Pagán en cuanto a la causa de acción al

amparo del FMLA. Como éste había desistido de la causa de

acción de la Ley Núm. 80, el tribunal desestimó la de

daños.

El señor Pagán y la señora Renta recurrieron al

Tribunal Federal para el Primer Circuito para apelar,

entre otras cosas, de la denegación de la causa de acción

38 El Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico desestimó la causa de acción de la señora Renta en cuanto a los daños emocionales; nada dispuso en cuanto a los daños económicos, aun cuando en la demanda la esposa también alegó haber sufrido daños económicos. El Tribunal Federal para el Primer Circuito, en una nota al calce, concluyó que la señora Renta no alegó daños económicos distintos a los que el señor Pagán reclamó. La nota al calce número nueve de la orden emitida por el Tribunal de Circuito el 4 de septiembre de 2012 lee: “The Complaint states that Renta „suffered and will continue to suffer emotional and financial damages.‟ However, the plaintiffs failed to plead any facts showing a financial harm to Renta independent of that to her husband. The district court treated Renta‟s Article 1802 claim as one seeking compensation for only emotional distress, and we will follow its lead.” CT-2012-16 9

por los daños emocionales de la esposa.39 El foro apelativo

federal concluyó que un reclamante bajo el estatuto FMLA

no tiene derecho a una compensación por daños

emocionales.40 No obstante, reconoció que este Tribunal

Supremo ha resuelto que un familiar de un empleado

agraviado por discrimen en el empleo tiene, en ciertas

circunstancias, una causa de acción en daños al amparo del

Art. 1802.41

De esa forma, el Tribunal Federal para el Primer

Circuito se planteó que existe una controversia sobre el

derecho de un familiar a reclamar daños emocionales al

amparo del Art. 1802 de nuestro Código Civil cuando el

estatuto federal por el cual reclama el empleado no provee

un remedio en daños y decidió reservar su fallo en cuanto

a la causa de acción en daños de la señora Renta y someter

ante este Tribunal la presente certificación.

39 Los señores Pagán-Renta apelaron también el que no se les hubiera concedido unos daños líquidos que provee el FMLA cuando se establece que la conducta exhibida por el patrono, en violación al FMLA, fue exhibida con intención. El Tribunal de Circuito se negó a conceder los daños líquidos. Entendió que aun cuando Walgreens violentó el derecho del señor Pagán a una licencia sin sueldo conforme dispone el FMLA, su conducta no fue intencional. Consideró, en vez, que se trató de una conducta novata o de “rookie” del señor Figueroa aun cuando éste solicitó asesoría legal y consultó con los empleados gerenciales de mayor rango. 40 Nv. Dept. of Human Res. V. Hibbs, 538 U.S. 721 (2003) (“The cause of action under the FMLA is a restricted one: The damages recoverable are strictly defined and measured by actual monetary losses.”) 41 Cita a Santini Rivera v. Serv. Air, Inc., 137 D.P.R. 1 (1994). CT-2012-16 10

II.

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico se ha ocupado

de regular con bastante detalle la relación obrero-

patronal. Las numerosas leyes especiales laborales en

nuestro ordenamiento jurídico componen un esquema

comprehensivo e integrado que sustituye la normativa del

Código Civil a favor de un régimen estatutario especial.

En particular, se trata de una serie de acuerdos para

preservar la paz laboral y la protección de las

trabajadoras y los trabajadores, de forma que no se tenga

que recurrir al Código Civil como fuente legal primaria,

pues, por consideraciones de política pública, la Asamblea

Legislativa entendió que hacía falta un diseño legislativo

distinto que protegiera adecuadamente ciertos intereses

fundamentales.42

42 Así por ejemplo, nuestra Asamblea Legislativa tomó la decisión de política pública de sustituir el término prescriptivo de 15 años aplicable a las acciones personales o contractuales, por términos más cortos (3 años en la Ley Núm. 80, 29 L.P.R.A. sec. 185l). Igualmente, en vez de mantener el peso de la prueba en el demandante, como correspondería en una acción bajo el Código Civil, se diseña un esquema probatorio favorable al empleado (Ley Núm. 80, 29 L.P.R.A. sec. 185k). También, en vez de la concesión de daños y perjuicios al amparo del Código Civil, se limitan las cuantías indemnizables, de forma que se garantice un acceso directo de los empleados a sustento económico, mientras se limita la responsabilidad civil de los patronos. Ejemplo de esto es la mesada establecida por la Ley Núm. 80, lo que constituye, como regla general, el remedio exclusivo del empleado. (29 L.P.R.A. sec. 185a). Incluso, en determinados casos, aplica una inmunidad patronal. (Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1930, según enmendada, 11 L.P.R.A. secs. 20 - 21). CT-2012-16 11

No hay duda que, por acción legislativa, las

disposiciones del Código Civil fueron sustituidas como

derecho primario para regular la relación obrero-patronal.

Por eso en esos casos, en vez de recurrir al Código Civil,

se recurre principalmente a la legislación especial. Claro

está, ello no quita que cuando la legislación especial no

aplique, regresemos al Código Civil como fuente

supletoria.43 ¿Qué pasa, entonces, cuando la Asamblea

Legislativa no ha sustituido el derecho establecido en el

Código Civil, como sucede cuando son los familiares del

empleado quienes sufren los daños? Recordemos que, en el

contexto obrero-patronal, la Asamblea Legislativa desplazó

el derecho civil a favor de una legislación especial

_________________________________________________________________ 43 Así lo reconoce la Opinión mayoritaria al referirse a otras circunstancias en las que la mesada no es el remedio exclusivo en una acción por despido injustificado, como cuando hay violaciones a un derecho constitucional o cuando otra ley especial lo provee. Claro está, sabemos que esas no son las únicas excepciones a esta regla general, pues si el patrono ocasiona un daño independiente al acto del despido, como sería incurrir en alguna agresión, podría ser demandado bajo el Artículo 1802 de nuestro Código Civil. Porto y Suriano v. Bentley P.R., Inc., 132 D.P.R. 331 (1992). Cabe destacar que esta norma aplica en los EEUU cuando el patrono incurre en un “tort” independiente al despido, como sería el “intentional infliction of emotional distress”. Por otra parte, si no hubiera legislación protectora del empleo, vendríamos obligados a recurrir a la teoría general de las obligaciones y los contratos o a la figura del contrato de arrendamiento de servicios. López Fantauzzi v. 100% Natural, 181 D.P.R. 92, 107 (2011). En ese caso resolvimos claramente que cuando la Ley Núm. 80 –legislación especial- no aplica, corresponde ir a las fuentes de derecho supletorio en Puerto Rico. CT-2012-16 12

referente a la relación entre el patrono y un empleado.

Fue una decisión de política pública que la legislatura no

ha tomado en cuanto a los familiares del obrero. Mientras

esto no ocurra, tenemos que recurrir al Código Civil para

resolver los planteamientos de estas personas.

En Santini Rivera v. Serv. Air, Inc., 137 D.P.R. 1

(1994), notamos que la legislación especial aplicable al

discrimen en el empleo –la Ley Núm. 100, 29 L.P.R.A. sec.

146 et seq.– “carece de referencias a los parientes de los

obreros protegidos”.44 Igual ocurre en muchas leyes

laborales, sean puertorriqueñas, como la Ley Núm. 80 de

Despido Injustificado, o federales, entre estas la FMLA.

Con respecto a la Ley Núm. 100, en Santini Rivera

explicamos que “[l]a ausencia de esa referencia en la Ley

Núm. 100, sobre los parientes de los trabajadores se

explica precisamente por la naturaleza y propósitos de esa

ley. Esta legislación en cuestión es exclusivamente de

índole laboral. Su objeto es la relación obrero-patronal.

Está dirigida a tratar únicamente los derechos de los

empleados y ofrecer particular protección a sus intereses.

No tiene, pues nada que ver, con terceros u otras personas

que no sean empleados”.45

En cuanto la fuente de derecho aplicable cuando se

analiza una causa de acción en daños presentada por un

44 Santini Rivera v. Serv. Air, Inc., supra, a la pág. 5. 45 (Énfasis suprimido y suplido) Id. CT-2012-16 13

pariente contra el patrono, dijimos en ese caso:

“Precisamente porque tal es su ámbito y esencia, no tiene

sentido alguno intentar la dilucidación de la situación

jurídica de los parientes de los obreros, en el contexto

de la citada Ley Núm. 100. Como no les aplica, no puede

ser fuente de derechos para los parientes”.46 Continuamos

explicando que “[l]os derechos de los parientes de los

obreros no son apéndice del contrato laboral ni emanan

supletoriamente o de modo alguno de la referida

legislación especial, por lo que no procede acudir a ella

para decidir si los parientes de los obreros tienen

derechos o no”.47 Es decir, para determinar el derecho de

un pariente a ser indemnizado por los daños causados, no

se recurrirá a la ley laboral especial, sino al Código

Civil; claro está, a menos que la Asamblea Legislativa

disponga otra cosa, lo cual no ha ocurrido.48 En Santini

Rivera resolvimos que “[l]os derechos de los parientes…

constituyen una normativa independiente que surge por su

propia cuenta al amparo del [Artículo] 1802 del Código

Civil, supra, conforme a los principios generales de la

responsabilidad extracontractual. Es a esos principios y a

ese artículo, a los cuales hay que acudir como fuentes de

46 Id. 47 Id. 48 Por ejemplo, la Asamblea Legislativa podría incluir a los familiares en la propia ley especial laboral o aprobar un esquema remedial independiente para ellos. CT-2012-16 14

derecho, cuando se dilucida la situación jurídica del

pariente del obrero”.49 Evidentemente, la causa de acción

de los parientes nace de un acto culposo o negligente del

patrono que da base a una reclamación bajo el artículo

1802, independientemente de que esa actuación del patrono

también de pie a la causa de acción del empleado y esté

regulada por un ordenamiento laboral. El orden laboral no

desplaza a las otras acciones.

De lo anterior podemos afirmar que, si bien la

Asamblea Legislativa ha limitado el uso del Código Civil

por los trabajadores cuando hay un conflicto con sus

patronos, ello no ha ocurrido en cuanto a sus familiares.

La causa de acción en daños del cónyuge de un empleado

contra el patrono es independiente a la causa de acción

del empleado. Y, hasta que otra cosa disponga la Asamblea

Legislativa, estamos obligados a reconocer una causa de

acción bajo el Artículo 1802. Lo contrario sería realizar

un acto legislativo, pues, hasta ahora, la Asamblea

Legislativa y el Congreso han limitado su desplazamiento

del derecho supletorio a las controversias entre empleados

y patronos. No lo han hecho en cuanto a los familiares. Si

se quiere ampliar esa limitación para incluir al cónyuge y

otros familiares, le corresponde a la Asamblea Legislativa

hacerlo, sustituyendo el Artículo 1802 por algún otro

esquema regulador para esos casos. De igual forma, le

49 (Énfasis suplido) Rivera Santini, supra, a las págs. 5- 6. CT-2012-16 15

corresponde al Congreso de los EEUU actuar, si quiere

limitar el derecho de los familiares de un empleado a ser

indemnizados por las angustias mentales producidas por un

patrono.

Por tanto, es un error caracterizar la causa de acción

de un familiar de un empleado –en este caso, un cónyuge-

como meramente condicionada o supletoria a la de dicho

empleado. En Maldonado v. Banco Central Corp., 138 D.P.R.

268 (1995) examinamos la relación entre la causa de acción

del empleado y la de su familiar. En ese caso, expresamos

que la causa de acción del familiar guardaba relación de

“contingencia” en cuanto a la acción del empleado, pero

dicha “contingencia” de ninguna manera niega que las dos

causas de acción sean separadas e independientes como

cuestión de derecho. La “contingencia” a la que hicimos

referencia en Maldonado se refiere a la necesidad de

probar el acto culposo del patrono que, simultáneamente,

requieren la Ley Núm. 100 y el Artículo 1802. Ese punto lo

dejamos meridianamente claro al expresar que “[e]sta

acción es contingente ya que si el empleado no prevalece,

su consorte no puede reclamar por un discrimen no

probado”.50 Nótese que la contingencia en este contexto es

una cuestión de hecho, no una condición o limitación.

50 (Énfasis suprimido y suplido) Maldonado, supra, a la pág. 276. CT-2012-16 16

La causa de acción del pariente no está sujeta a que

la causa de acción del empleado prospere, sino a que el

acto dañino sea probado. Por tanto, la causa de acción del

empleado no da base a la del pariente, sino que tienen en

común un hecho que da base tanto a una acción regulada por

el ordenamiento laboral y a otra provista por el

ordenamiento general. Es decir, que si se prueba que el

patrono no discriminó, la causa de acción bajo el Artículo

1802 no puede prevalecer, pues no hay acto culposo o

negligente. Evidentemente, la relación de contingencia se

limita a requerir que el empleado pruebe el discrimen. Una

vez demostrado el discrimen como acto culposo, la

consecuencia, es decir, el daño que este cause es

individual, de manera que tanto el empleado como su

familiar tienen que demostrar, separadamente, sus

respectivos daños.51 En cuanto a la posibilidad de que el

empleado pueda ser indemnizado por sus angustias, hay que

ver si la ley laboral especial lo permite; en el caso de

los familiares, ante la ausencia de ley especial

aplicable, hay que determinar si el Código Civil avala su

causa de acción.

Nuevamente, limitar la causa de acción del familiar

corresponde a la Asamblea Legislativa. En ciertas

circunstancias, la legislatura ha limitado las cuantías a

pagarse a los trabajadores, desplazando al Código Civil.

51 Véase, SLG Serrano v. FootLocker, 182 D.P.R. 824 (2011). CT-2012-16 17

Es forzoso concluir que lo mismo tendría que ocurrir si se

va a excluir del alcance del Artículo 1802 a los

familiares del empleado. Al fin y al cabo, el Artículo

1802 es una disposición estatutaria de aplicación general.

Para desplazarla, hace falta una legislación especial. Ya

existen leyes especiales que cobijan la relación obrero-

patronal. No hay legislación especial análoga para los

familiares; para ellos hay una legislación general: el

Artículo 1802 del Código Civil.

En el contexto de la controversia ante nuestra

consideración, el Congreso federal aprobó la FMLA, con su

particular esquema remedial, como parte de su

reglamentación de las relaciones obrero-patronales. Ni

mencionó a los familiares ni desplazó la legislación

estatal. Por tanto, estamos ante un caso en el que el

empleado no puede reclamar angustias mentales, aunque, en

efecto, las haya sufrido. Pero el Congreso no hizo lo

mismo con los familiares. Tampoco lo ha hecho la Asamblea

Legislativa de Puerto Rico. No nos corresponde tomar esa

decisión de claro corte legislativo. Lo que sí, nos

corresponde es aplicar la normativa vigente. Hasta tanto

el Congreso federal o la Asamblea Legislativa de Puerto

Rico sustituyan la ley general del Artículo 1802 del

Código Civil, es nuestro deber aplicarlo.

III. CT-2012-16 18

La Opinión mayoritaria altera, de manera

significativa, el alcance de nuestro ordenamiento jurídico

sobre daños sin que la Asamblea Legislativa haya actuado

sobre ello. Contrario a la conclusión a la que llega una

mayoría de este Tribunal, contestaría en la afirmativa la

pregunta certificada por el Tribunal Federal para el

Primer Circuito. Por tanto, proveería que la señora Renta

sí tiene una causa de acción en daños, independiente a la

de su esposo, al amparo del Artículo 1802 de nuestro

Código Civil aun cuando el señor Pagán no tiene derecho a

ello bajo el estatuto laboral federal por el cual reclamó

contra su patrono. En Puerto Rico, el ordenamiento

jurídico sobre daños generales está regulado por el

Artículo 1802 de Código Civil y el mismo reconoce que el

perjuicio material y moral que causa un acto culposo o

negligente puede refluir sobre varias personas. Por tanto,

cada perjudicado adquiere una acción independiente contra

el causante del daño, pues la fuente de la responsabilidad

es precisamente el perjuicio particular y personal sufrido

por cada uno de ellos.52

En fin, bajo nuestra fuente de derecho general de

daños la señora Renta tiene derecho a instar una acción en

contra de Walgreens para reclamar los daños que sufriera

por el despido de su esposo, el señor Pagán. En su día, la

señora Renta tendrá que establecer, conforme la normativa

52 Hernández v. Fournier, 80 D.P.R. 93 (1957). CT-2012-16 19

jurídica del Artículo 1802 de nuestro Código Civil, que el

despido de su cónyuge fue un acto culposo o negligente,

que sufrió unos daños y que los mismos fueron a causa de

ese despido. No siendo este el resultado de la

deliberación de este Tribunal, disiento.

Liana Fiol Matta Jueza Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Juan C. Pagán Colón, Ada I. Renta Bonilla; Sociedad Legal de Gananciales Pagán-Renta

Peticionarios

Recurridos

OPINIÓN disidente emitida por el Juez Asociado señor ESTRELLA MARTÍNEZ a la cual se une la Juez Asociada señora RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

La mayoría de este Tribunal interpreta que es

improcedente la reclamación del cónyuge de un empleado por

daños y perjuicios al amparo de los Arts. 1802 y 1803 del

Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. secs. 5141 y

5142, cuando el estatuto federal por el cual el empleado

reclamó su derecho no le reconoce a éste último tal causa

de acción. Por entender que los remedios concedidos al

amparo de una legislación laboral sólo afectan el reclamo

entre el empleado y el patrono y que la acción del cónyuge

del empleado, en estos casos, constituye una reclamación

independiente, DISIENTO. CT-2012-016 2

Los hechos medulares son sencillos. El Sr. Juan Pagán

Colón fue despedido de su trabajo como asistente de

gerente en la tienda Walgreens de Juana Díaz. Ello,

ocurrió luego de que el señor Pagán Colón se ausentara por

un periodo de dos semanas debido a una condición médica

que requirió su hospitalización durante una semana y otra

adicional de recuperación. Como consecuencia, el señor

Pagán Colón y su esposa, la Sra. Ada Renta Bonilla,

instaron una reclamación en la Corte de Distrito Federal

contra el patrono. En ésta alegaron que el señor Pagán

Colón fue despedido en violación al Family Medical Leave

Act (FMLA), 29 U.S.C. secs. 2601-2654, despido

injustificado bajo la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976,

29 L.P.R.A. sec. 185a, et seq., y que el despido del señor

Pagán Colón causó a su esposa angustias mentales que son

compensables bajo los Arts. 1802 y 1803 del Código Civil,

31 L.P.R.A. secs. 5141 y 5142.

Los esposos Pagán Renta desistieron de su reclamación

de mesada al amparo de la Ley Núm. 80, supra. De otra

parte, la Corte de Distrito desestimó las causas de acción

al amparo de los Arts. 1802 y 1803 del Código Civil y

denegó la reclamación de daños líquidos al amparo de la

FMLA. No obstante, un jurado falló a favor del señor Pagán

Colón por su reclamación a base de la FMLA. CT-2012-016 3

Las partes acudieron al Circuito de Apelaciones. En

lo pertinente, los esposos Pagán Renta alegaron que no

procedía desestimar sumariamente la reclamación de la

señora Renta al amparo del Código Civil. Walgreens se

opuso y argumentó que la FMLA no reconoce daños y

angustias mentales, por lo que la señora Renta no puede

ser acreedora de mayores derechos que el señor Pagán.

Además, arguyó que ésta no sostuvo una acción torticera

independiente que justifique tal remedio.

El Circuito de Apelaciones confirmó la sentencia en

su totalidad; sin embargo no adjudicó la reclamación de la

señora Renta Bonilla. Así, ese foro cuestionó si un

familiar de un empleado perjudicado puede recobrar

angustias mentales a través de una reclamación derivativa

basada en el Art. 1802 del Código Civil cuando el estatuto

federal que cobija al empleado perjudicado no le permite

recobrar angustias mentales.53

La FMLA fue aprobada en el 1993 con el fin de crear

un balance entre las demandas del área de trabajo con las

necesidades familiares, promover la estabilidad, seguridad

económica e integridad familiar. De esta forma, se

53 La pregunta certificada fue: When an employee‟s Article 1802 claim is barred because there is a specific federal statutory employment claim, here the FMLA, does the spouse of the employee nevertheless have a cause of action for emotional distress damages under Article 1802 when such relief is not available to the employee under federal law? CT-2012-016 4

reconoce a los empleados elegibles el derecho a ausentarse

por razones médicas, el nacimiento o adopción de un niño o

niña, o para proveer el cuidado a un hijo o hija, esposo o

esposa, o padres en una condición seria de salud. 29

U.S.C.A. sec. 2601 (b).

Con ese objetivo, la FMLA reconoció al empleado

elegible la libertad de ausentarse por un periodo de

tiempo que no excediera de 12 semanas –sin sueldo- en el

término de un año por las razones protegidas por el

estatuto, y el derecho a regresar a su trabajo o

equivalente luego de esa ausencia. 29 U.S.C.A. sec. 2612 y

2614.

La FMLA define quién está cobijado por la referida

legislación. A estos efectos, dispone que la ley aplica al

empleado elegible. Éste es aquel que ha trabajado durante

un tiempo no menor de 12 meses y al menos 1,250 horas para

el periodo anterior al que solicita ausentarse. Véase, 29

U.S.C.A. sec. 2611. Además, reconoce al empleado elegible

al que se le violen sus derechos al amparo de la FMLA el

remedio a ser compensado por los daños monetarios o

líquidos que haya probado. 29 U.S.C.A. sec. 2617. Sobre

este particular, el Tribunal Supremo Federal señaló que la

causa de acción al amparo de la FMLA es limitada a las

pérdidas monetarias reales. Nv. Dept. of Human Resources CT-2012-016 5

v. Hibbs, 538 U.S. 721, 739-740 (2003).54 En ninguna

disposición de la FMLA se expresa que los remedios

concedidos en ella aplican a los parientes de los

empleados protegidos. Más aún, la FMLA no desplaza la

legislación estatal que provea mayores beneficios.

Ante este hecho, y en ausencia de legislación

especial en Puerto Rico que aplique a la cónyuge en cuanto

a este particular, debemos acudir a la ley general. En

este sentido el Art. 12 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec.

12, dispone que “[e]n las materias que se rijan por leyes

especiales, la deficiencia de éstas se suplirá por las

disposiciones de este título”. Es por ello que una ley de

carácter especial prevalece sobre el estatuto de carácter

general. S.L.G. Vázquez, Ibáñez v. De Jesús, Vélez, 180

D.P.R. 287, 398 (2010); Mun. de San Juan v. Prof.

Research, 171 D.P.R. 219, 236 (2007). No obstante, en

ausencia de una disposición legal o cuando una situación

jurídica no está confrontada específicamente en la ley

especial, se acude a fuentes supletorias, como lo es el

54 En un principio, existía debate en cuanto a si las angustias mentales estaban incluidas en los remedios concedidos por la FMLA. Específicamente, se argumentó que al aprobar la FMLA proveía un remedio paralelo al del Fair Labor Standards Act (FSLA), y que debería ser interpretada similarmente. Por ello, se argüía que la FMLA podía incluir la compensación por este tipo de daño. Sin embargo, contrario a la FSLA el lenguaje de la FMLA no concede explícitamente éstos. Véase, K.N. Honohan, Remedying the liability limitation under the Family and Medical Leave Act, 79 B.U.L. Rev. 1043 (1999). CT-2012-016 6

Código Civil. Véanse, Robles Menéndez v. Tribunal

Superior, 85 D.P.R. 665 (1962); Freeman v. Noguera,

Secretario de Hacienda, 82 D.P.R. 307 (1961).

Nuestro Código Civil regula la responsabilidad por

actos u omisiones que causan daños. En lo pertinente, el

Art. 1802 dispone que: “el que por acción u omisión causa

daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está

obligado a reparar el daño causado”. 31 L.P.R.A. sec.

5141. Por su parte, el Art. 1803 del Código Civil dispone

sobre la responsabilidad por daños causados por aquellas

personas de quienes uno debe responder. 31 L.P.R.A. sec.

5142.

Este Tribunal no ha vacilado en expresar que la

responsabilidad impuesta por el Código Civil responde a

uno de los principios más fundamentales de nuestro

ordenamiento jurídico, es decir, la responsabilidad

aquiliana por hechos propios. Así, todo perjuicio material

o moral, da lugar a la reparación de daños si se establece

la realidad del daño sufrido, existe un nexo causal entre

éste y la acción u omisión de otra persona y esa actuación

u omisión es culposa o negligente. Hernández v. Fournier,

80 D.P.R. 93, 96 (1957). Más aún, hemos resaltado que ese

precepto no admite limitación ni excepción de clase

alguna. El causante de un daño debido a su culpa o

negligencia está obligado a repararlo. Íd, págs. 96-97.

Ello, responde al perjuicio particular y personal sufrido CT-2012-016 7

por cada uno de los demandantes. Por tanto, la causa de

acción al amparo del Art. 1802, supra surge, no solo por

las acciones culposas, sino igualmente por las omisiones

cuando existe un deber jurídico de actuar. Ahora bien,

como las acciones ex delicto responden a los postulados

sobre la sana convivencia humana de no causar daño a los

demás, éstas no necesitan para su reclamo que “le preceda

una relación jurídica entre las partes”. Maderas Tratadas

v. Sun Allinace, et.al., 185 D.P.R. 880, 908 (2012). De

igual forma, hemos reconocido que en nuestro ordenamiento

jurídico procede una reclamación de daños

extracontractuales como resultado del quebrantamiento de

un contrato, si el hecho causante del daño constituye una

violación del deber general de no causar daño a otro, y a

su vez, incumplimiento contractual. Véase, Ramos v.

Oriental Rattan Furnt., Inc., 130 D.P.R. 712, 727 (1992).

Dentro de los daños a reparar se encuentran los daños

especiales que responden a los daños físicos,

patrimoniales, pecuniarios o económicos. Éstos permiten la

valoración económica porque impacta el patrimonio del

perjudicado. Como consecuencia, también hemos reconocido

los daños morales que son los infligidos a las creencias,

sentimientos, la dignidad, la estima social o la salud

física o psíquica del que lo reclama. Rivera v. S.L.G.

Díaz, 165 D.P.R. 408, 428-249, 437-438 (2005). Los daños

morales indemnizan el dolor, los sufrimientos físicos y CT-2012-016 8

las angustias mentales que padece una persona como

consecuencia de un acto culposo o negligente. Para ser

resarcido por estos daños morales es imprescindible probar

sufrimientos y angustias morales profundas y no basta una

pena pasajera. Hernández v. Fournier, supra, pág. 103.

A pesar de ello, la mayoría de este Tribunal se

aparta de esta norma jurídica para sostener que como la

ley especial no le reconoce el resarcimiento por estos

daños al empleado, tampoco su cónyuge tiene derecho a

reclamarlos. Para arribar a esa conclusión, sostienen que

al interpretar una ley laboral especial, en el contexto

del remedio solicitado, este Tribunal entiende

restrictivamente el estatuto, por lo que sólo hemos

reconocido el remedio o causa de acción reconocida en la

ley especial. Ante ello, la mayoría de este Tribunal

razona erradamente que si la legislación laboral que

cobija la relación entre el empleado y el patrono no

concede indemnización por angustias mentales, su cónyuge

tampoco tendrá derecho a ese resarcimiento en virtud del

Código Civil. De esta forma, incorporan una limitación a

una ley que aplica a una relación laboral, coartando de

esta manera el posible resarcimiento que por derecho

propio tiene un ajeno a la relación jurídica.

Un examen de la jurisprudencia relevante demuestra

que este Tribunal ha determinado que procede una causa de CT-2012-016 9

acción independiente al amparo del Art. 1802 del Código

Civil a favor del pariente del empleado que reclama a base

de una legislación laboral especial.

En específico, este Tribunal permitió una causa de

acción independiente bajo el Art. 1802 del Código Civil a

los parientes de un empleado que renunció a su patrono por

actos constitutivos de hostigamiento y discrimen por razón

de género. En Santini Rivera v. Serv Air, Inc., 137 D.P.R.

1 (1994) dispusimos que el reclamo de los parientes

relacionado a una legislación laboral especial,

propia cuenta al amparo del Art. 1802 del Código Civil,

conforme a los principios de la responsabilidad

extracontractual. Más aún, enfatizamos que “es a esos

principios y a ese artículo [1802], a los cuales hay que

acudir como fuentes de derecho, cuando se dilucida la

situación jurídica del pariente del obrero”. Íd, pág. 6.

En Santini Rivera v. Serv Air, Inc., supra, la

reclamación fue al amparo de la Ley Núm. 100 de 30 de

junio de 1959, 29 L.P.R.A. sec. 146, et seq. Los padres

del empleado y la novia de éste instaron una reclamación

bajo el Código Civil por el trato discriminatorio que

sufrió su pariente en el empleo. Se solicitó la

desestimación de ésta. Al analizar si procedía desestimar

la causa de acción instada por los parientes, recalcamos

que la Ley Núm. 100 carece de referencia a los parientes CT-2012-016 10

de los obreros protegidos y es una legislación

exclusivamente de índole laboral, por lo que su objeto

estricto es la relación obrero-patronal. Por tanto, está

dirigida a tratar únicamente los derechos de los empleados

y ofrecer particular protección a sus intereses.

Ante ello, expresamos que “no tiene sentido alguno

intentar dilucidar la situación jurídica de los parientes

de los obreros, en el contexto de la citada Ley Núm. 100”.

Santini Rivera v. Serv Air, Inc., supra, pág. 5. Ello,

pues, al no aplicarles, no puede ser fuente de derecho

para los parientes. Íd. Incluso, señalamos que “los

derechos de los parientes de los obreros no son un

apéndice del contrato laboral ni emanan supletoriamente o

de modo alguno de la referida legislación especial, por lo

que no procede acudir a ella para decidir si los parientes

de los obreros tienen determinados derechos o no”. Íd.

Enfatizamos que las leyes especiales laborales brindan

particular protección a los intereses de los trabajadores,

éstas “no pueden ser, de modo alguno, fuentes de

limitación de derechos de otros no comprendidos en dicha

legislación”. Íd, nota al calce 3.

En este sentido, acudimos a la imposición de

responsabilidad de nuestro Código Civil. Resaltamos que

desde hace mucho tiempo, hemos reconocido en nuestra

jurisprudencia el concepto de daño culposo o negligente

como una fuente de obligaciones de gran alcance, concebido CT-2012-016 11

de manera abarcadora. Éste no admite limitación ni

excepción de clase alguna. Santini Rivera v. Serv Air,

Inc., supra, págs. 8-9; Reyes v. Sucn. Sánchez Soto, 98

D.P.R. 305, 310 (1970); Hernández v. Fournier, supra,

págs. 96-97.

La norma jurisprudencial es tajante en cuanto a que

no tan sólo se compensan los daños sufridos por una parte

directamente sino aquellos daños morales sufridos por

personas vinculadas por lazos de parentesco, afecto y

cariño con el perjudicado. Tal perjuicio, constituye una

acción independiente contra el causante cuya fuente de

responsabilidad nace del perjuicio particular y personal

sufrido. Hernández v. Fournier, supra, págs. 97-98. Ante

ello, este Tribunal nunca antes había vacilado en

reconocer el derecho de indemnización por los daños

causados de forma directa a parientes.55 De tal

55 Véase, los casos de Muriel v. Suazo, 72 D.P.R. 370 (1951); insultos y discrimen racial; Vda. de Valentín v. E.L.A., 84 D.P.R. 112 (1961); muerte ilegal; Travieso v. Del Toro y Travieso, Int., 74 D.P.R. 1009 (1953); persecución maliciosa, Berríos v. International General Electric, 88 D.P.R. 109 (1963); explosión negligente de líneas eléctricas, Concepción Guzmán v. A.F.F., 92 D.P.R. 488 (1965); Cirino v. Fuentes Fluviales, 91 D.P.R. 608 (1964); Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116 D.P.R. 443 (1985); accidentes laborales, Vda. de Delgado v. Boston Ins. Co., 99 D.P.R. 714 (1971); rechazo equivocado de tarjeta de crédito, Santiago v. Sears Roebuck, 102 D.P.R. 515 (1974); accidentes automovilísticos, Ferrer v. Lebrón García, 103 D.P.R. 600 (1975); impericia médica, Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 D.P.R. 721 (1984); profanación de tumba, Maldonado v. Municipio de Ponce, 39 D.P.R. 247 (1929); citados en Santini Rivera v. Serv. Air, Inc., 137 D.P.R. 1, 10-11 (1994). CT-2012-016 12

envergadura es esa norma jurídica que en Santini Rivera v.

Serv. Air, Inc., supra, no vacilamos en reconocer la

reclamación de los parientes a base del Art. 1802, supra,

con relación a una causa de acción laboral. Asimismo,

expresamos que los daños sufridos por los parientes de un

empleado a consecuencia de la actuación patronal

discriminatoria caben dentro de la conducta culposa que el

Art. 1802, supra, prohíbe. Así, resolvimos “que la esposa

e hijos de una persona discriminada que sufren daños y

angustias mentales, tanto en su quehacer diario en la

sociedad como en su desenvolvimiento familiar, tienen una

causa de acción separada y contingente”. Maldonado v.

Banco Central Corp., 138 D.P.R. 268, 275-76 (1995). Esa

contingencia es en la medida de que si no prevalece el

empleado en su alegación de discrimen o causa de acción,

no se puede reclamar por un discrimen no probado o sin

base alguna. Claro está, le corresponderá al familiar

probar la producción de un daño; un acto u omisión culposa

o negligente, y la existencia causal. Una vez probados los

elementos de la causa de acción al amparo del Art. 1802,

se compensarán los daños sufridos del cónyuge o pariente.

Véanse, SLG Serrano-Báez v. Foot Locker, 182 D.P.R. 824,

837-838 (2011); Dorante v. Wrangler, 145 D.P.R. 408

(1998).56

56 De forma similar, se ha reconocido la causa de acción de los parientes del empleado al amparo del Art. 1802, supra, cuando el empleado había reclamado al amparo CT-2012-016 13

V

No albergo duda alguna en cuanto a que la acción del

cónyuge o familiar es una acción separada y no accesoria o

derivada de la reclamación principal del empleado.

Ciertamente, en su facultad legislativa, la Asamblea

Legislativa puede regular y limitar las causas de acciones

a las que se tenga derecho. Tal autoridad se refleja al

aprobar las leyes especiales que rigen determinada

materia. Ahora bien, en ausencia de tal manifestación

legislativa, debemos aplicar el principio de la fuente

supletoria gobernada, en este caso, por el Artículo 1802,

En este sentido, al examinar las disposiciones del

FMLA no surge que esta legislación haya ocupado el campo o

que impida la reclamación al amparo del Art. 1802, supra.

Mucho menos, existe legislación en Puerto Rico que impida

la reclamación por angustias morales entabladas por la

cónyuge de un obrero a quien se le violaron sus derechos

al amparo del FMLA. Tampoco consta manifestación

legislativa que limite la reclamación de un pariente al

derecho que ostenta otra parte al amparo de una

legislación que sólo aplica en el contexto laboral. Más

aún, la propia FMLA reconoce que esa legislación no afecta

cualquier provisión estatal que provea mayores beneficios.

_________________________________________________________________ de la antigua Ley de Represalias, Ley Núm. 96 de 26 de junio de 1956. CT-2012-016 14

Véase, 29 U.S.C.A. sec. 2651. Por tanto, no concibo el

razonamiento mayoritario de que una ley especial que

reglamenta el contrato de empleo entre patrono y empleado

puede, en ausencia de lenguaje a tales efectos, afectar

los derechos de terceros bajo otras disposiciones legales

de gran envergadura.

Es con este marco conceptual que debió examinarse la

pregunta certificada y concluir que según la

jurisprudencia discutida, el cónyuge del empleado tiene

una causa de acción independiente por los daños

emocionales al amparo del Art. 1802, supra. Tal

reclamación es una personal, separada e independiente de

si el empleado tiene o no un remedio similar bajo la ley

por la cual reclama. La razón por la cual hemos reconocido

esta causa de acción es porque la ley especial, por la

cual reclama el empleado, es una legislación laboral

dirigida específicamente para la protección del obrero y

no de sus parientes. Siendo una causa de acción

independiente, no dependerá de la naturaleza punitiva o no

de la ley al amparo de la cual reclama el empleado. Los

familiares pueden presentar una causa de acción

independiente si logran establecer los requisitos del Art.

1802, supra. Nuestro ordenamiento civilista reconoce la

facultad del cónyuge de reclamar por los daños sufridos a

consecuencia del despido de su pareja. CT-2012-016 15

El cónyuge de un empleado no está vedado por la FMLA

a instar una causa de acción independiente por los daños

emocionales al amparo del Art. 1802 del Código Civil de

Puerto Rico. Tal derecho no está sujeto al resarcimiento

que el FMLA contemple en beneficio del empleado

beneficiado. Es decir, el remedio que el estatuto brinde

al empleado no limita la causa de acción en daños al

amparo del Art. 1802, supra, que puedan tener sus

familiares por los mismos hechos. Ante esa realidad,

restringir jurisprudencialmente el derecho de un cónyuge

a reclamar el resarcimiento de los daños generados por la

conducta del patrono de su cónyuge sería contrario a la

tradición civilista de responsabilidad civil

extracontractual y crearía una categoría especial de

personas agraviadas que ni el legislador federal ni el

estatal contempló. Siendo la actuación de la mayoría

contraria a los postulados expuestos, estoy obligado a

disentir.

LUIS F. ESTRELLA MARTÍNEZ Juez Asociado