Ortiz Zayas Y Otros v. Estado Libre Asociado De Puerto Rico

2023 TSPR 43

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: April 5, 2023
• Docket: CC-2021-0681
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Eddie Alberto Ortiz Zayas, su esposa Ada Irma Mateo Ortiz y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos Certiorari

Peticionarios 2023 TSPR 43

v. 211 DPR ___

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Recurrida

Número del Caso: CC-2021-0681

Fecha: 5 de abril de 2023

Tribunal de Apelaciones:

Panel V

Abogados de la parte peticionaria:

Lcdo. Julio Eduardo Tores Lcda. Ivette Ortiz Hernández

Oficina del Procurador General:

Hon. Fernando Figueroa Santiago Procurador General

Lcdo. Omar Andino Figueroa Subprocurador General

Lcdo. Guillermo Mangual Amador Procurador General Auxiliar

Materia: Derecho Real – Si procede la acción de expropiación forzosa a la inversa cuando cierta dependencia gubernamental se mantiene ocupando una propiedad, luego de vencido determinado contrato de arrendamiento, y tras un requerimiento formal y con premura dirigido a desocupar el inmueble en cuestión.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Eddie Alberto Ortiz Zayas, su esposa Ada Irma Mateo Ortiz y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos CC-2021-0681 Certiorari Peticionarios

v.

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ.

En San Juan, Puerto Rico a 5 de abril de 2023.

En el presente caso nos corresponde determinar

si procede, o no, la acción de expropiación forzosa a

la inversa -- y, consecuentemente, el derecho a una

justa compensación -- cuando cierta dependencia

gubernamental se mantiene ocupando una propiedad,

luego de vencido determinado contrato de

arrendamiento, y tras un requerimiento formal y con

premura dirigido a desocupar la misma.

Adelantamos que, tras un ponderado y cuidadoso

análisis del expediente ante nuestra consideración,

así como de las disposiciones legales y

jurisprudenciales aplicables, hemos llegado a la

conclusión de que en escenarios como los antes

descritos procede la acción de expropiación forzosa a CC-2021-0681 2

la inversa y, en consecuencia, una justa compensación,

sujeto al cumplimiento de lo aquí pautado. Veamos.

I.

El Sr. Eddie Alberto Ortiz Zayas (en adelante, “señor

Ortiz Zayas”) es dueño de una propiedad comercial, de dos

niveles, ubicada en el municipio de Aibonito. Allá para el

1998, el señor Ortiz Zayas arrendó el segundo nivel de la

referida propiedad comercial al Departamento de Justicia

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (en adelante,

“Departamento de Justicia”). Esto, para que la mencionada

agencia gubernamental estableciera allí la Oficina de la

Fiscalía y la Oficina de Asuntos de Menores y Relaciones

de Familia del Distrito Judicial de Aibonito.1

Así las cosas, para noviembre de 2016 el Departamento

de Justicia le notificó al señor Ortiz Zayas que, a

diferencia de los contratos anteriores, no tenía intención

de renovar el contrato de arrendamiento antes mencionado

por un periodo prolongado de tiempo. En específico,

personal de la mencionada agencia gubernamental le indicó

al señor Ortiz Zayas que había gestionado un nuevo local

al cual se proponían mudar al año siguiente. En ese

1 Por su parte, y en lo relacionada al primer nivel de la referida propiedad comercial, en el 2016 el Departamento de Hacienda de Puerto Rico (en adelante, “Departamento de Hacienda”) cerró un negocio allí operante perteneciente al señor Ortiz Zayas. Esto, debido a una deuda por concepto del impuesto de ventas y uso. Como consecuencia, el 23 de febrero de 2016 el señor Ortiz Zayas se declaró en quiebra.

Coetáneamente, el Departamento de Justicia inició una investigación de carácter penal en contra del señor Ortiz Zayas. Dicha investigación culminó con la radicación de cargos por infracciones al Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011, Ley Núm. 1-2011, 13 LPRA secs. 30011 et sec. CC-2021-0681 3

contexto, el Departamento de Justicia y el señor Ortiz

Zayas otorgaron un nuevo contrato de arrendamiento en el

cual estipularon que el mismo vencería en abril de 2017.

Posteriormente, previo a vencerse el aludido contrato

de arrendamiento, personal de la mencionada agencia

gubernamental le notificó al señor Ortiz Zayas que no

podrían desalojar el local para la fecha pactada, por lo

que deseaban extender el contrato por un periodo de dos

meses adicionales, en específico hasta el 30 de junio de

2017. Consecuentemente, el Departamento de Justicia y el

señor Ortiz Zayas enmendaron el contrato de arrendamiento

y extendieron su vigencia hasta la mencionada fecha.2

Así las cosas, al aproximarse la fecha en que el

contrato de arrendamiento -- según extendido -- vencería,

y al no ver que el Departamento de Justicia realizara

acción alguna para desocupar la propiedad que le

pertenecía, el señor Ortiz Zayas se comunicó con el

personal del Departamento de Justicia y les indicó que,

para el 30 de junio de 2017, debían abandonar la propiedad

y entregarle las llaves correspondientes.

2 En el referido contrato enmendado, el señor Ortiz Zayas incluyó una cláusula -- en específico, la cláusula vigésima primera -- en la cual se establecía que:

Al terminar este contrato, el departamento entregará el local en el mismo estado y condiciones que le fue entregado, salvo el desgaste por el uso normal en el transcurso del tiempo, o si hubiese perecido o sido menoscabado por causa inevitable. Véase, Apéndice del certiorari, pág. 138.

Según arguye el señor Ortiz Zayas, esta cláusula se debía a que no tenía expectativa de que el Departamento de Justicia le renovara el contrato de arrendamiento del local. Esto, por su situación personal frente a las agencias gubernamentales. CC-2021-0681 4

Ahora bien, no empece al anterior esfuerzo, tras

vencer el contrato de arrendamiento el 30 de junio de 2017,

el Departamento de Justicia no desocupó el local

perteneciente al señor Ortiz Zayas. Siendo ello así, -- y

según aceptado por las partes --, el señor Ortiz Zayas se

comunicó en diversas ocasiones con el personal de la

referida agencia gubernamental para que desocuparan el

mencionado local y le hicieran entrega de éste. Sin

embargo, el Departamento de Justicia hizo caso omiso, o

respondió de forma evasiva, a dichos requerimientos.

En específico, y como parte del proceso de finiquitar

la relación contractual con el Departamento de Justicia,

surge que al principio del segundo semestre de 2017 el

señor Ortiz Zayas acudió, -- junto al Sr. Ángel Manuel

Avilés Rivera, Contador Público Autorizado --, a la

referida agencia gubernamental. En dicha visita, el señor

Ortiz Zayas le solicitó al Departamento de Justicia que

desocupara el local y se lo entregara.

Asimismo, durante el año 2018 y principios del año

2019, el señor Ortiz Zayas continuó realizando gestiones

dirigidas a lograr que la referida agencia gubernamental

desalojara finalmente el local comercial. No obstante, el

Departamento de Justicia hizo caso omiso a los

requerimientos del señor Ortiz Zayas.

Posteriormente, durante el verano de 2019 el señor

Ortiz Zayas, -- ahora por medio de su representación legal,

el Lcdo. Julio Eduardo Torres y el Lcdo. Alberto Ortiz CC-2021-0681 5

Rivera --, le requirió nuevamente a la referida agencia

gubernamental que desalojara la propiedad, no obstante,

dicha gestión resultó infructuosa.

Así pues, tras agotar los mecanismos antes descritos,

el 23 de enero de 2020 el señor Ortiz Zayas, su esposa la

Sra. Ada Irma Mateo Ortiz y la Sociedad Legal de Bienes

Gananciales compuesta por ambos (en conjunto, “matrimonio

Ortiz Mateo”), radicaron una demanda de desahucio en

precario en contra del Departamento de Justicia. En ésta,

solicitaron que el Departamento de Justicia desalojara la

propiedad en cuestión y le hicieran entrega de la misma a

sus respectivos dueños.

Evaluada la demanda instada por el matrimonio Ortiz

Mateo, el Tribunal de Primera Instancia señaló una vista

para el 3 de febrero de 2020. En dicha fecha, y previo a

celebrarse la mencionada vista, el Departamento de Justicia

le entregó al señor Ortiz Zayas las llaves del local

comercial que hasta ese momento ocupaba y que es objeto de

la presente controversia. Como consecuencia de ello, la

referida agencia gubernamental solicitó al foro primario

la desestimación de la demanda de desahucio en precario

instada por el matrimonio Ortiz Mateo; solicitud a la que

accedió el Tribunal de Primera Instancia mediante Sentencia

del 10 de febrero de 2020.

Por otra parte, como consecuencia de lo anterior, y

en lo pertinente a la controversia ante nuestra

consideración, el 6 de julio de 2020 el matrimonio Ortiz CC-2021-0681 6

Mateo instó ante el foro primario una Demanda sobre

expropiación forzosa a la inversa en contra del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico (en adelante, “ELA”). En

síntesis, el referido matrimonio alegó que el ELA, a través

del Departamento de Justicia, por un periodo de 31 meses -

- entiéndase, del 1 de julio de 2017 al 3 de febrero de

2020 -- le privó del uso de su propiedad sin pagarle una

justa compensación. Ello, a pesar de que diligentemente

requirió con premura la desocupación de la misma.

Enterado de lo anterior, el Departamento de Justicia,

mediante Moción de Desestimación, solicitó al Tribunal de

Primera Instancia la desestimación de la demanda instada

en su contra, ello por entender que las alegaciones que

acompañaban la misma no justificaba la concesión de un

remedio en derecho. En particular, la referida agencia

gubernamental sostuvo que las acciones de expropiación

forzosa a la inversa no eran aplicables a casos como el de

autos, por ser éstas incompatibles con los requisitos

impuestos por nuestras leyes especiales sobre contratación

gubernamental y con los principios de sana administración

pública.

En oposición, el matrimonio Ortiz Mateo presentó una

Moción Solicitando Sentencia Sumaria Parcial y Oposición a

Moción de Desestimación en la que argumentó sobre su

posición sobre la aplicabilidad -- en el caso de marras -

- de la figura de expropiación forzosa a la inversa y, en

consecuencia, de una justa compensación. En específico, el CC-2021-0681 7

referido matrimonio insistió en que el ELA había ocupado

su propiedad sin pago alguno por un periodo de 31 meses,

limitando su uso y disfrute, por lo que tenía derecho a

una justa compensación.

Por su parte, y en lo que respecta a la solicitud de

sentencia sumaria, el Departamento de Justicia aceptó los

hechos propuestos por el matrimonio Ortiz Mateo como

incontrovertidos y ratificó sus argumentos de derecho

previamente establecidos en cuanto a la inaplicabilidad de

la figura de expropiación forzosa a la inversa y,

consecuentemente, de una justa compensación al caso de

autos.

Examinadas las comparecencias de ambas partes, el 16

de abril de 2021 el foro primario dictó una Resolución

mediante la cual denegó la Moción de Desestimación

presentada por el Departamento de Justicia y, además,

declaró ha lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial

presentada por el matrimonio Ortiz Mateo. Al así hacerlo,

el Tribunal de Primera Instancia sostuvo que, en el

presente caso, el Departamento de Justicia -- en efecto -

- había ocupado por un periodo de tiempo la propiedad

objeto del presente litigio, que dicha ocupación fue para

un fin público, que la misma ocurrió luego de vencido el

contrato y que, a pesar de los requerimientos de entrega

del propietario, éste fue privado del uso de su propiedad.

Como resultado, el foro primario concluyó que la actuación

de la referida agencia gubernamental constituyó una CC-2021-0681 8

incautación física que activó el remedio de la expropiación

forzosa a la inversa y, consecuentemente, de una justa

compensación. Establecido lo anterior, el foro de

referencia dejó pendiente la adjudicación de la cuantía

con relación a la justa compensación.3

En desacuerdo con el proceder del Tribunal de Primera

Instancia, el ELA, en representación del Departamento de

Justicia, compareció al Tribunal de Apelaciones mediante

Petición de certiorari. En síntesis, en el referido

escrito, el Estado arguyó que la determinación del foro

primario era contraria a la doctrina que, en nuestra

jurisdicción, rige el tema de la contratación gubernamental

y el desembolso de fondos públicos. En específico, el ELA

apuntó que el matrimonio Ortiz Mateo no podía solicitar el

desembolso de fondos públicos por un periodo de tiempo en

el cual no existió un contrato entre las partes, por lo

que insistió en que la demanda instada por éste no

justificaba la concesión de un remedio en derecho.

En oposición, el matrimonio Ortiz Mateo señaló que,

en efecto, al momento de la ocupación de la propiedad

objeto del presente litigio, no existía un contrato entre

las partes, ni expectativa de que se realizara uno. Por el

contrario, lo que, a su juicio, si existía era la

obligación del ELA de devolverle su propiedad en el término

3 Es importante mencionar aquí que, el foro primario razonó que en el presente caso no era de aplicación la normativa relacionada a los contratos de arrendamiento, la contratación gubernamental y la inaplicabilidad de la tácita reconducción. Véase, Apéndice del certiorari, págs. 211-224. CC-2021-0681 9

establecido en el contrato de arrendamiento, más el ELA no

lo hizo, por lo que insistió en su derecho a una justa

compensación.

Tras analizar los alegatos de ambas partes, el 23 de

agosto de 2021 el Tribunal de Apelaciones dictó una

Sentencia mediante la cual revocó la Resolución emitida

por el Tribunal de Primera Instancia y, consecuentemente,

desestimó con perjuicio la causa de acción instada por el

matrimonio Ortiz Mateo. Lo anterior, por entender que,

según los hechos y las circunstancias particulares del

presente caso, el ELA no había realizado aquí una

incautación física que activara el derecho a una justa

En específico, y a juicio del foro apelativo

intermedio, el matrimonio Ortiz Mateo le cedió al ELA el

uso y disfrute de su propiedad por medio de un contrato de

arrendamiento, por lo que no podía alegar que hubo una

ocupación. Además, el Tribunal de Apelaciones sostuvo que

el tiempo en que el ELA mantuvo la posesión de la propiedad,

limitando el uso a los dueños, ocurrió debido a que estos

no realizaron la acción correspondiente para excluir a

otras personas del uso y posesión de la propiedad. Resolvió

esto porque el matrimonio Ortiz Mateo tenía disponible la

acción de desahucio y por tanto, no procedía la acción de

expropiación a la inversa.

Insatisfecho con el dictamen del foro apelativo

intermedio, el matrimonio Ortiz Mateo compareció ante nos CC-2021-0681 10

mediante recurso de certiorari. En éste, el matrimonio de

referencia nos solicita que revoquemos la Sentencia dictada

por el Tribunal de Apelaciones y que mantengamos en vigor

la Resolución emitida por el foro primario. En su escrito,

el matrimonio Ortiz Mateo precisa que el ELA, vencido el

contrato de arrendamiento y tras varios requerimientos para

que le devolvieran su propiedad, se mantuvo por un periodo

de 31 meses ocupando la misma. En esa línea, insiste en

que dicha actuación constituyó una intromisión a su derecho

propietario, por lo que se configuró una expropiación

forzosa a la inversa y, por tanto, el derecho a una justa

A dicha solicitud, oportunamente, el ELA, en

representación del Departamento de Justicia, se opuso. En

lo pertinente, el Estado reitera argumentos similares a

los esbozados ante el Tribunal de Primera Instancia y el

Tribunal de Apelaciones.

Evaluados los alegatos de las partes, el 18 de marzo

de 2022 expedimos, en reconsideración, el presente recurso

de certiorari. Dicha determinación fue oportunamente

notificada a todas las partes con interés en el litigio.

Trabada así la controversia y con el beneficio de la

comparecencia de ambas partes, procedemos a exponer la

normativa que gobierna los asuntos ante nuestra

consideración. CC-2021-0681 11

II.

A.

Como es sabido, nuestra Constitución reconoce el

derecho fundamental al disfrute de la propiedad. Art. II,

Sec. 7, Const. ELA, LPRA, Tomo 1. En cuanto a este derecho

de rango constitucional, esta Curia ha establecido que

“junto al derecho a la vida y a la libertad, es uno de los

cimientos de nuestra convivencia social democrática”.

Culebra Enterprises Corp. v. E.L.A., 127 DPR 943, 952

(1991).

De igual forma, este Tribunal ha sentenciado que el

derecho al disfrute de la propiedad no es uno absoluto.

Adm. Terrenos v. Ponce Bayland, 207 DPR 586, 603 (2021);

Mun. de Guaynabo v. Adquisición M2, 180 DPR 206, 216 (2010);

A.C.T. v. 780.6141M2, 165 DPR 121, 130 (2005). Ello es así,

pues el mismo cede, por ejemplo, ante el poder inherente

que tiene el Estado para adquirir bienes privados mediante

el procedimiento de la expropiación forzosa. Íd.

Ahora bien, en cuanto a esto último, es menester

señalar que la Constitución del ELA, supra, establece

límites importantes al ejercicio de tal facultad. Sobre el

particular, nuestra Carta Magna claramente establece que

“[n]o se tomará o perjudicará la propiedad privada para

uso público a no ser mediante el pago de una justa

compensación y de acuerdo con la forma provista por ley”.

Art. II, Sec. 9, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2016, pág.

333. CC-2021-0681 12

De forma similar, la Quinta Enmienda de la

Constitución de Estados Unidos de América prescribe que

ninguna persona será privada de sus bienes sin el debido

proceso de ley ni se le podrá expropiar su propiedad para

destinarla a un uso público sin una justa compensación.4

Enmda. V, Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1, pág. 191. Además,

la Decimocuarta Enmienda de la Constitución federal

establece que “ningún estado privará a persona alguna de

su vida, de su libertad o de su propiedad, sin el debido

procedimiento de ley, ni negará a nadie, dentro de su

jurisdicción, la igual protección de las leyes”. Emda. XIV,

Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1, ed. 2016, págs. 207–208.

Como se puede apreciar, de las aludidas disposiciones

constitucionales indudablemente se desprende que, para que

el Estado pueda expropiar forzosamente una propiedad

privada, será necesario que se pague una justa

compensación; que se destine el bien expropiado a un fin o

uso público, y; que se proceda con sujeción a las leyes

que regulan este procedimiento en nuestra jurisdicción.5

4 “No person shall [...] be deprived of life, liberty, or property, without due process of law; nor shall private property be taken for public use, without just compensation”. Emda. V, Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1, ed. 2016, pág. 179.

5 La Ley de Expropiación Forzosa, infra, establece que este procedimiento “será in rem”, es decir, que la acción se dirige contra la propiedad o propiedades a expropiar. Adm. Terrenos v. Ponce Bayland, supra, pág. 604; ELA v. Registrador, 111 DPR 117, 120 (1981); Pueblo v. McCormick, Alcaide & Co., 78 DPR 939, 945 (1956). No obstante, tanto la Ley de Expropiación Forzosa, infra, como la Regla 58 de Procedimiento Civil, infra, requieren que desde el inicio del pleito el ELA acumule a las personas “que tengan o reclamen un derecho” sobre la propiedad y cuyos nombres se conozcan. Regla 58.3(b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 58.3(b). Véase, también, Adm. Terrenos v. Ponce Bayland, supra, pág. 604; Mun. de Guaynabo v. Adquisición M2, supra, pág. 218. CC-2021-0681 13

Adm. Terrenos v. Ponce Bayland, supra, págs. 604-605.

Véase, Ley de Expropiación Forzosa, 32 LPRA sec. 2901 et

seq.; Reglas 58 y 60 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.

V, R. 58 y 60. Ahora bien, ¿cuándo se entiende que el

Estado ha expropiado una propiedad y, por ende, viene

obligado a compensar a su propietario?

Al respecto, precisa señalar que el Estado viene

obligado a compensar a un propietario en los siguientes

escenarios: (1) cuando se ejerce el poder de dominio

eminente al presentar un recurso de expropiación; (2)

cuando ocurre una incautación de hecho mediante ocupación

física, o (3) cuando se reglamenta el uso de una propiedad.

Aut. Carreteras v. 8554.741 M/C II, 172 DPR 1050, 1060

(2008); Velázquez Velázquez v. E.L.A., 135 DPR 84, 88

(1994); Culebra Enterprises Corp. v. E.L.A., supra, págs.

952-953. El segundo de esos escenarios es el que está

presente en la controversia que nos ocupa.

Sobre el particular, el Tribunal Supremo de los

Estados Unidos ha establecido que, cuando el gobierno toma

posesión física de un inmueble para el cual tiene algún

Conforme a la mencionada ley, toda acción o procedimiento de expropiación forzosa iniciado por el Estado deberá presentarse en la sala de San Juan del Tribunal de Primera Instancia. 32 LPRA sec. 2905. Si la declaración cumple con los requisitos que dispone la ley y se consigna en el tribunal la compensación estimada, el título de dominio queda investido en la entidad gubernamental que solicitó la expropiación. Amador Roberts v. ELA, 191 DPR 268, 278 (2014); Mun. de Guaynabo v. Adquisición M2, supra, pág. 217; A.C.T. v. Iñesta, 165 DPR 891, 904-905 (2005). Una vez el titular o dueño de la propiedad es notificado del procedimiento de expropiación, este puede presentar una contestación y presentar las defensas y objeciones que tenga sobre el fin público de la expropiación o sobre la cuantía declarada como justa compensación. Amador Roberts v. ELA, supra, pág. 278; Mun. de Guaynabo v. Adquisición M2, supra, pág. 217; A.C.T. v. 780,6141m2, supra, pág. 133. CC-2021-0681 14

interés de fin público, tiene el deber categórico de

indemnizar al antiguo propietario, independientemente de

que dicha posesión se trate de toda una parcela o sólo una

parte de ella. Por lo tanto, la compensación es

obligatoria, aunque ese uso sea temporal (“[w]hen the

government physically takes possession of an interest in

property for some public purpose, it has a categorical duty

to compensate the former owner, regardless of whether the

interest that is taken constitutes an entire parcel or

merely a part thereof. Thus, compensation is mandated [...]

even though that use is temporary”). Tahoe-Sierra

Preservation Council, Inc. v. Tahoe Regional Planning

Agency, 535 US 302, 322 (2002). Véase, además, Lucas v.

South Carolina Coastal Council, 505 US 1003, 1015 (1992).

Establecido lo anterior, y en lo pertinente a la

controversia que nos ocupa, es menester mencionar que la

incautación física de una propiedad se considera la

intrusión más seria de los intereses propietarios de una

persona (“[t]he historical rule that a permanent physical

occupation of another's property is a taking has more than

tradition to commend it. Such an appropriation is perhaps

the most serious form of invasion of an owner's property

interests.”). Loretto v. Teleprompter Manhattan CATV

Corp., 458 US 419, 435 (1982). Véase, también, Horne v.

Department of Agriculture, 576 US 350, 360 (2015). Lo

anterior se debe a que el propietario pierde sus facultades CC-2021-0681 15

básicas de ocupar su propiedad, beneficiarse de su uso y,

a la vez, excluir a otras personas de su uso y posesión

(“the owner has no right to possess the occupied space

himself, and also has no power to exclude the occupier from

possession and use of the space.”). Íd.

En específico, este Tribunal ha dispuesto que la

incautación física de una propiedad es “cualquier privación

o interferencia sustancial en el dominio o el disfrute de

una cosa”. E.L.A. v. Northwestern Const. Inc., 103 DPR 377,

384 (1975). En esos escenarios, cuando el gobierno ha

realizado una incautación física, pierde relevancia si el

propósito gubernamental perseguido era de gran importancia

o si el impacto económico causado al dueño de la propiedad

es mínimo (“[i]n short, when the character of the

governmental action is a permanent physical occupation of

property, our cases uniformly have found a taking to the

extent of the occupation, without regard to whether the

action achieves an important public benefit or has only

minimal economic impact on the owner.”). Loretto v.

Teleprompter Manhattan CATV Corp., supra, págs. 434–435.6

En esa dirección, y por entender que es determinante

para la justa consideración de los asuntos ante nos, es

menester señalar también que la incautación puede ser

permanente o temporal. Sobre esta última, se ha dicho que

6 De ahí que proceda la compensación por esa incautación o “taking” físico, siempre y cuando no se trate de una acción temporera y no planificada en la que el gobierno incurre durante un momento de emergencia. YMCA v. United States, 395 US 85, 93–94 (1969). Véase, también, Arkansas Game and Fish Com’n v. U.S., 568 US 23, 38-39 (2012); Penn Cent. Transp. Co. v. City of New York, 438 US 104, 128 (1978). CC-2021-0681 16

“existe una expropiación temporal cuando se priva a una

persona de la posesión, disfrute y disposición de su

propiedad por un término que se podrá establecer antes de

que el evento de la privación ocurra o posteriormente,

cuando se devuelve la propiedad”. C. Torres Torres, La

Expropiación Forzosa de Puerto Rico: ley, jurisprudencia,

estudio y guía práctica, San Juan, First Book Pub., 2002,

pág. 129.

De otra parte, y en lo relacionado a la exigencia del

pago de la justa compensación, este Tribunal ha sentenciado

que -- con ello -- se pretende “colocar al dueño de la

propiedad en una situación económica equivalente a la que

se encontraba con anterioridad a la expropiación de su

propiedad”. Adm Terrenos v. Corp. Pesquera Henares, 201

DPR 14, 22 (2018). Véase, además, Amador Roberts et als.

v. ELA, 191 DPR 268, 278-279 (2014). Por tanto, y de

ordinario, “[l]a justa compensación a que tiene derecho el

dueño de un bien expropiado es aquella cantidad que

representa todo el valor de la propiedad al tiempo de la

incautación”. ELA v. El Ojo de Agua Development, 205 DPR

502, 519 (2020) citando a E.L.A. v. Fonalledas Córdova, 84

DPR 573, 579 (1962). Véase, también, Amador Roberts et als.

v. ELA, supra, págs. 278-279. En otras palabras, la

compensación por una propiedad expropiada es aquella “que

ponga al dueño en una posición pecuniaria tan buena a la

que estaría si la propiedad no se hubiese expropiado”. Aut. CC-2021-0681 17

Carreteras v. 8,554.741 M/C I, 172 DPR 278, 294 (2007).

Véase, además, E.L.A. v. Rexco Industries, Inc., 137 DPR

683, 689 (1994); Seaboard Air Line Ry. v. United States,

261 US 299, 304 (1922).

De igual forma, y más allá de los escenarios donde la

propiedad es incautada directamente, “la obligación de

pagar una compensación justa también cobra vigencia cuando

el Estado realiza una incautación de hecho al afectar de

manera sustancial el uso de la propiedad, físicamente o

por medio de su reglamentación”. Culebra Enterprises Corp.

v. E.L.A., supra, págs. 946–947. Véase, Hampton Development

Corp. v. E.L.A., 138 DPR 877 (1996); Velázquez v. E.L.A.,

135 DPR 84 (1994). Ante estas situaciones, la “compensación

comprenderá el valor de uso de la propiedad durante el

tiempo en que el Estado privó al dueño de todo uso

productivo de ella”. Culebra Enterprises Corp. v. E.L.A.,

supra, pág. 947.

Sobre el alcance de la mencionada compensación, hemos

establecido que “lo que determina la fecha de valoración

no es la investidura del título, que puede tomar años […],

sino la ocupación de la propiedad (taking), ya sea esta

judicialmente […], o, extrajudicialmente”. Planta de Cal.

Hicaco v. Tribunal Superior, 103 DPR 385, 387 (1975).

Véase, E.L.A. v. Northwestern Const., Inc., supra, págs.

382-383. Hemos señalado, también, que tal ejercicio es uno

esencialmente judicial. E.L.A. v. Rexco Industries, Inc.,

supra, págs. 688-689; Aut. Carreteras v. 8,554.741 M/C I, CC-2021-0681 18

supra, pág. 294. Véanse, además, E. Rivera Ramos, Derecho

Constitucional Análisis de Término, 71 Rev. Jur. UPR 625,

628 (2009). Sobre esto último, hemos dispuesto que:

[la determinación de justa compensación] es una controversia judicial y no legislativa. La legislatura puede determinar qué propiedad privada se necesita para propósitos públicos — ésta es una controversia de carácter político y legislativo; pero cuando se ha ordenado la expropiación, entonces la controversia sobre la compensación es judicial... La [C]onstitución ha declarado que se tiene que pagar [una] justa compensación y que su determinación es una cuestión que le compete a los tribunales.7 E.L.A. v. Rexco Industries, Inc., supra, págs. 688–689. Véase, además, Aut. Carreteras v. 8554.741 M/C I, supra, págs. 1060-1061; Monongahela Navigat'n Co. v. United States, supra, pág. 327.

A su vez, es norma firmemente establecida que el pago

de intereses forma parte integral de la justa compensación.

Aut. Carreteras v. 8,554.741 M/C I, supra, pág. 294; E.L.A.

v. Rexco Industries, Inc., supra, pág. 689. Véase, también,

J. Álvarez González, Derecho Constitucional: la

constitucionalidad de la tasa de interés estatutaria para

casos de expropiación, 65 Rev. Jur. UPR 799, 807 (1996).

En fin, mientras haya compensación disponible para

aquellos cuya propiedad es incautada físicamente, la acción

gubernamental -- entiéndase, la incautación de la propiedad

7 “By this legislation congress seems to have assumed the right to determine what shall be the measure of compensation. But this is a judicial, and not a legislative, question. The legislature may determine what private property is needed for public purposes; that is a question of a political and legislative character. But when the taking has been ordered, then the question of compensation is judicial. It does not rest with the public, taking the property, through congress or the legislature, its representative, to say what compensation shall be paid, or even what shall be the rule of compensation. The constitution has declared that just compensation shall be paid, and the ascertainment of that is a judicial inquiry.”. Monongahela Navigat'n Co. v. United States, 148 US 312, 327 (1893). CC-2021-0681 19

-- no es inconstitucional (“maxim rests on the principle

that so long as compensation is available for those whose

property is in fact taken, the governmental action is not

unconstitutional.”). U.S. v. Riverside Bayview Homes,

Inc., 474 US 121, 128 (1985); Williamson County Regional

Planning Comm'n v. Hamilton Bank, 473 US 17 (1985). Véase,

además, Amador Roberts et als. v. ELA, supra, págs. 278-

279 esc. 6. Esto se debe a que, ya producida la incautación

física de la propiedad por parte del Estado, ninguna acción

posterior de éste podrá eximirlo de su deber de

proporcionar una justa compensación por el período de

tiempo en que fue efectiva la expropiación (“where the

government's activities have already worked a taking of

all use of property, no subsequent action by the government

can relieve it of the duty to provide compensation for the

period during which the taking was effective”). First

English Evangelical Lutheran Church v. Los Angeles County,

482 US 304, 321 (1987). Véase, también, Amador Roberts et

als. v. ELA, supra, pág. 281.

iii.

Ahora bien, establecido lo anterior, precisa recordar

aquí que existen casos excepcionales en los que el Estado,

en el ejercicio del poder de dominio, puede ocupar o

incautar un derecho real sin haber iniciado el

procedimiento judicial de expropiación forzosa y sin haber

consignado el pago de la justa compensación. Amador Roberts

et als. v. ELA, supra, pág. 279; E.L.A. v. Northwestern CC-2021-0681 20

Const., Inc., supra, págs. 382-383. Para esos escenarios

excepcionales -- donde ocurre una ocupación física o

incautación de la propiedad sin previa consignación de una

justa compensación -- es que se ha instituido la acción de

expropiación forzosa a la inversa. E.L.A. v. Northwestern.

Const., Inc., supra, pág. 382; Heftler International, Inc.

v. J. de P., 99 DPR 467, 474 (1970). Véase, también,

Mandelker, Inverse Condemnation: The Constitutional Limits

of Public Responsibility, Wis. L. Rev. 1966, pág. 3.

De forma específica, la expropiación a la inversa es

“el remedio que tiene el dueño de una propiedad afectada u

ocupada físicamente por una entidad del gobierno que no ha

iniciado el trámite judicial para adquirir dicha propiedad,

y tampoco ha pagado la justa compensación”. Torres Torres,

op. cit., pág. 213. Véase, además, Amador Roberts et als.

v. ELA, supra, págs. 279–280. Con ello, el dueño de la

propiedad afectada u ocupada físicamente por una entidad

del gobierno busca obtener la compensación a la que tiene

derecho. Amador Roberts et als. v. ELA, supra, pág. 280;

Hampton Development Corp. v. E.L.A., supra, pág. 890.

Véase, también, Torres Torres, op. cit., pág. 213.

Dicho ello, conviene señalar aquí que, en la mayoría

de las ocasiones, los tribunales aplican a las

controversias relacionadas con la figura de expropiación

forzosa a la inversa “las mismas normas y principios que

rigen la acción de expropiación instada por el Estado”.

Amador Roberts et als. v. ELA, supra, pág. 280. Véase, CC-2021-0681 21

además, Culebra Enterprises Corp. v. E.L.A., supra, págs.

946–947 esc. 14; Olivero v. Autoridad de Carreteras, 107

DPR 301, 307 (1978). Teniendo siempre presente, claro está,

que “la acción de expropiación a la inversa no pretende

hacer del Estado un comprador involuntario de la propiedad

e investirse con el título absoluto de dominio de la

propiedad como, de ordinario, ocurre en la acción de

expropiación iniciada por el Estado”. Amador Roberts et

als. v. ELA, supra, pág. 280. Por el contrario, una vez

presentada la acción en su contra, el Estado puede elegir

entre, expropiar la propiedad o liberarla, además de

indemnizar al propietario por el tiempo en que la propiedad

permaneció afectada. Amador Roberts et als. v. ELA, supra,

pág. 281; Hampton Development Corp. v. E.L.A., supra, pág.

890. Véase, también, J.J. Álvarez González, Análisis del

Término 1998–1999: derecho constitucional, 69 Rev. Jur.

UPR 419, 433–434 (2000).

B.

Por otro lado, y por ser sumamente importante para la

correcta disposición de las controversias ante nuestra

consideración, es menester reseñar aquí aquellas

disposiciones estatutarias, y pronunciamientos de este

Tribunal, que rigen los asuntos relacionados a la

contratación gubernamental. Disposiciones estatutarias, y

pronunciamientos, que se legislan o se dan en el marco de

aquellas cláusulas constitucionales que establecen que

sólo se dispondrá de las propiedades y fondos públicos para CC-2021-0681 22

fines públicos y para el sostenimiento y funcionamiento de

las instituciones del Estado, y en todo caso por autoridad

de ley. Art. VI, Sec. 9, Const. ELA, supra, pág. 444.

Recordemos que “la contratación gubernamental se

encuentra revestida del más alto interés público, por

involucrar el uso de bienes o fondos gubernamentales”.

Demeter Int'l v. Srio. Hacienda, 199 DPR 706, 729 (2018).

Véase, además, C.F.S.E. v. Unión de Médicos, 170 DPR 443,

452 (2007); De Jesús González v. A.C., 148 DPR 255, 267-

268 (1999). Es por esto que han de aplicarse rigurosamente

las normas sobre contratos, a los fines de proteger los

intereses y el dinero del pueblo. Demeter Int'l v. Srio.

Hacienda, supra, pág. 729; C.F.S.E. v. Unión de Médicos,

supra, pág. 452; De Jesús González v. A.C., supra, págs.

267-268.

En esa dirección, no se puede ignorar que todo

organismo gubernamental está obligado a observar

cabalmente la esencia de las disposiciones

constitucionales, lo anterior responde a que los fondos

públicos sólo pueden gastarse para fines públicos

legítimos. Demeter Int'l v. Srio. Hacienda, supra, pág.

729; Mun. Quebradillas v. Corp. Salud Lares, 180 DPR 1003,

1017 (2011); C.F.S.E. v. Unión de Médicos, supra, pág. 452.

En consecuencia, el gobierno “no puede actuar de un modo

que esté reñido con los principios que encarna el orden

constitucional”. Demeter Int'l v. Srio. Hacienda, supra,

pág. 729. CC-2021-0681 23

Es, pues, por todo lo anterior, que hemos determinado

que todo contrato gubernamental debe cumplir con los

siguientes requisitos: (1) reducirse a escrito; (2)

mantener un registro que establezca su existencia; (3)

remitir copia a la Oficina del Contralor de Puerto Rico, y

(4) acreditar que se realizó y otorgó quince días antes.

Génesis Security v. Depto. Trabajo, 204 DPR 986, 998

(2020); ALCO Corp. v. Mun. de Toa Alta, 183 DPR 530, 537

(2011); Ocasio v. Alcalde Mun. de Maunabo, 121 DPR 37, 54

(1988). Siendo estos de vital importancia, hemos dispuesto

que los aludidos requisitos “sirven como mecanismo de

cotejo para perpetuar circunstancial y cronológicamente

esos contratos y, así, evitar pagos y reclamaciones

fraudulentas”. Génesis Security v. Depto. Trabajo, supra,

pág. 998. Véase, también, Vicar Builders v. ELA et al.,

supra, pág. 264; ALCO Corp. v. Mun. de Toa Alta, supra,

págs. 537–538.

Ahora bien, además de lo antes dicho, para cumplir

con el mandato constitucional de protección de los fondos

públicos antes reseñado, la Asamblea Legislativa ha

adoptado diversas leyes que imponen controles fiscales a

la contratación gubernamental. Rodríguez Ramos et al. v.

ELA et al., supra, pág. 456; Jaap Corp. v. Depto. Estado

et al., supra, pág. 739; ALCO Corp. v. Mun. de Toa Alta,

supra, pág. 537. A modo de ejemplo, la Ley Núm. 230 de 23

de julio de 1974, según enmendada, conocida como Ley de

Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 283 CC-2021-0681 24

et seq., establece la política pública del Estado Libre

Asociado en relación con el control y la contabilidad de

los fondos y la propiedad pública. En específico, en su

Artículo 8(a) se dispone que “todas las asignaciones y los

fondos autorizados para las atenciones de un año económico,

serán aplicados exclusivamente al pago de los gastos

legítimamente incurridos durante el respectivo año o al

pago de obligaciones legalmente contraídas y debidamente

asentadas en los libros”. Art. 8(a) de la Ley de

Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico, 3 LPRA sec.

283g(a).

Sobre el estatuto de referencia, hemos expresado que

éste “establece claramente que para que un contrato

otorgado por el Estado y una parte privada sea válido y

exigible, este debe constar por escrito previo a las

prestaciones correspondientes.” Rodríguez Ramos et al. v.

ELA et al., supra, pág. 458. Esto “tiene una insoslayable

dimensión de sana administración pública, en la medida que

permite salvaguardar los intereses de las partes

contratantes frente a un incumplimiento, permite la

ordenada utilización de los fondos municipales [o

estatales], evita la incertidumbre en la confección del

presupuesto municipal [o del Estado] y hace posible la

adecuada identificación de la partida contra la cual se

harán los desembolsos públicos en cumplimiento con la ley”.

Jaap Corp. v. Depto. Estado et al., supra, pág. 742, CC-2021-0681 25

citando a Colón Colón v. Mun. de Arecibo, 170 DPR 718, 730

(2007).

En esa dirección, en innumerables ocasiones, este

Tribunal ha sido enfático en que las partes que contratan

con cualquier entidad gubernamental, sin cumplir con los

requisitos de contratación gubernamental, se exponen a

asumir la responsabilidad por sus pérdidas. Rodríguez Ramos

et al. v. ELA et al., supra, pág. 461; Quest Diagnostics

v. Mun. San Juan, 175 DPR 994, 1002 (2009); Colón Colón v.

Mun. de Arecibo, supra, págs. 728–729. Es por esto que,

“para evitar situaciones irregulares en las que el Estado

termine lucrándose injustificadamente, las partes deberán

ser meticulosas al otorgar sus contratos”. Vicar Builders

v. ELA et al., supra, pág. 269.8

En esa línea, esta Curia ha advertido que, en los

contratos de arrendamiento con entes gubernamentales, es

esencial que las partes pacten de antemano: (1) en qué

condiciones se extendería el arrendamiento; (2) por cuánto

tiempo adicional; (3) cuál sería el canon por pagar; y (4)

aquellas cláusulas penales necesarias para evitar que una

parte se vea afectada ante el incumplimiento de la otra.

Íd. Esto se debe a que “la manera como las partes pacten

las cláusulas contractuales será determinante al decidir

8 Sobre este particular, hemos expresado que, en el ámbito gubernamental, nuestro ordenamiento prohíbe todo intento de contratación retroactiva. Engineering Services v. AEE, 209 DPR 1012, 1026 (2022); Génesis Security v. Depto. Trabajo, supra, pág. 1006; Jaap Corp. v. Depto. Estado et al., supra, pág. 734. CC-2021-0681 26

qué procede cuando vence un contrato de arrendamiento

otorgado con el gobierno”. Íd.

C.

En ese sentido, habiendo hecho referencia a la figura

de los contratos de arrendamiento con entidades

gubernamentales, es nuestra obligación dejar

meridianamente claro que -- en nuestro ordenamiento

jurídico -- el contrato de arrendamiento puede ser de

cosas, de obras o de servicios. Art. 1432 del Código Civil

de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA ant. sec. 4011.9 Con

relación al arrendamiento de cosas, el mismo consiste en

que una de las partes se obliga a dar a la otra el goce o

uso de una cosa por tiempo determinado y precio cierto.

Art. 1433 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA

ant. sec. 4012.10

Conforme a ello, cuando un contrato de arrendamiento

se pacta por tiempo determinado, concluye en la fecha

prefijada sin que sea necesario requerirlo. Art. 1455 del

Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA ant. sec.

4062.11 No obstante, el Artículo 1456 del Código Civil de

9 En la presente controversia es de aplicación el Código Civil de 1930 por ocurrir los hechos pertinentes durante su vigencia. Sobre este particular, hemos establecido que “la ley aplicable al asunto es la que estaba vigente cuando ocurrieron los hechos que dan lugar a la causa de acción”. Nieves Cruz v. U.P.R., 151 DPR 150, 159 (2000).

10 Sobre este particular, el Artículo 1331 del Código Civil de 2020 establece que “[p]or el contrato de arrendamiento, el arrendador se obliga a ceder temporalmente al arrendatario el uso y disfrute de un bien a cambio de un precio cierto”. 31 LPRA sec. 10101.

11De igual forma, el Artículo 1346 (i) del Código Civil de 2020 expresa que, como parte de las obligaciones del arrendatario, éste deberá “desalojar o restituir el bien arrendado, una vez termina el arrendamiento”. 31 LPRA sec. 10162. CC-2021-0681 27

Puerto Rico de 1930, infra, disponía que cuando un contrato

de arrendamiento terminaba y el arrendatario permanecía

disfrutando de la cosa arrendada por quince días con la

aquiescencia del arrendador, se constituía la tácita

reconducción. 31 LPRA ant. sec. 4063.12

En cuanto a la figura de la tácita reconducción, hemos

precisado que la misma “no supone una prórroga del contrato

original, sino que constituye un contrato nuevo”. Vicar

Builders v. ELA et al., supra, pág. 261. Véase, además,

Dalmau v. Hernández Saldaña, 103 DPR 487, 490 (1975). Esto

es así porque, por disposición expresa de la ley, el

arrendamiento cesa cuando vence su término, extinguiendo

así el contrato original, a menos que concurran los

requisitos de la tácita reconducción. Art. 1471 del Código

Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA ant. sec. 4092.

Véase, también, Vicar Builders v. ELA et al., supra, págs.

260–262; Cesani Vargas v. Tribunal Superior, 92 DPR 239,

242 (1965).

Establecido lo anterior, es de suma importancia

destacar que “[p]ara que opere la tácita reconducción,

ninguna de las partes puede haber expresado su intención

de dar por terminado el contrato de arrendamiento”. Vicar

Builders v. ELA et al., supra, pág. 262. Véase, también,

León Parra v. Gerardino, 58 DPR 489, 496 (1941). Asimismo,

12Por su parte, el Artículo 1335 del Código Civil de 2020 indica que “[l]legado el plazo convenido en el arrendamiento, este continúa en los mismos términos contratados hasta que cualquiera de las partes notifique a la otra su voluntad de resolver el contrato”. 31 LPRA sec. 10105. CC-2021-0681 28

“se entiende que el arrendador consintió tácitamente a la

reconducción si no hace requerimiento o manifestación

alguna para que el arrendatario cese en el disfrute de la

cosa”. Íd.

En lo que respecta a la controversia que nos ocupa,

recientemente, en Vicar Builders v. ELA et al., supra,

establecimos que por la ley y por razones poderosas de

política pública, la figura de la tácita reconducción no

opera en la contratación gubernamental. Esto, debido a que:

[l]a naturaleza de la figura de la tácita reconducción no es compatible con las leyes ni con la jurisprudencia que regulan la contratación gubernamental. Cuando opera la tácita reconducción surge un contrato nuevo mediante un acuerdo tácito entre las partes que surge del comportamiento de ambos, el arrendador y el arrendatario. El acuerdo implícito es lo que caracteriza esa obligación. Sin embargo, para que un contrato otorgado con el Estado vincule a las partes, tiene que constar por escrito. Ese requisito de forma es insoslayable en este tipo de contrato. Por lo tanto, un contrato en el que el Estado es parte no puede surgir de un acuerdo tácito ni de las actuaciones de las partes. (Citas omitidas). Vicar Builders v. ELA et al., supra, págs. 267-268.

Ahora bien, como se puede apreciar, más allá de

descartar la figura de la tácita reconducción, en Vicar

Builders v. ELA et al., supra, nada se dispuso sobre qué

remedio, si alguno, tenía disponible el dueño de una

del gobierno, cuando -- vencido determinado contrato de

arrendamiento y tras un oportuno requerimiento de desalojo

-- ésta se niega a desocupar la misma. De eso, precisamente

trata el caso ante nos. CC-2021-0681 29

D.

Por último, antes de disponer de la causa de epígrafe,

debemos recordar que la acción de desahucio es el medio

que tiene el dueño o dueña de un inmueble arrendado para

recobrar judicialmente la posesión de éste mediante la

expulsión del arrendatario o precarista que se mantiene en

la propiedad sin pagar canon o merced alguna. Cooperativa

v. Colón Lebrón, 203 DPR 812, 820 (2020); Adm. Vivienda

Pública v. Vega Martínez, 200 DPR 235, 240 (2018);

Fernández & Hno. v. Pérez, 79 DPR 244, 247 (1956). En

nuestro ordenamiento jurídico, el trámite de dicha acción

está dispuesto en los Artículos 620 al 634 de la Ley de

Procedimientos Legales Especiales, contenida en el Código

de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA secs. 2821-2838.

En específico, de las aludidas disposiciones legales

se desprende que, de forma ordinaria, la acción de

desahucio se tramita sumariamente, pues el Estado tiene un

interés en atender con agilidad el reclamo de una persona

dueña de un inmueble que ha sido impedida de ejercer su

derecho a poseer y disfrutar de su propiedad. Cooperativa

v. Colón Lebrón, supra, pág. 820; ATPR v. SLG Volmar-

Mathieu, 196 DPR 5, 9 (2016); Turabo Ltd. Partnership v.

Velardo Ortiz, 130 DPR 226, 234–235 (1992). En particular,

“el objetivo de esta acción especial es recuperar la

posesión de hecho de un bien inmueble mediante el

lanzamiento o la expulsión del arrendatario o precarista

que lo detente sin pagar canon o merced alguna”. ATPR v. CC-2021-0681 30

SLG Volmar-Mathieu, supra, pág. 10. Véase, también,

Fernández & Hno. v. Pérez, supra, pág. 247.

Sin embargo, más allá de recuperar la posesión de

hecho de determinado bien inmueble, la acción de desahucio

nada contempla sobre qué sucede cuando es el Estado quien

impide a una persona ejercer su derecho a poseer y

disfrutar de su propiedad, al permanecer en un inmueble

cuyo arrendamiento ha expirado, en contra de la voluntad

del dueño. En estos casos, a la doctrina contractual se

antepone la garantía constitucional que prohíbe tomar una

propiedad privada para un fin público sin consignar el pago

de una justa compensación. Art. II, Sec. 7, Const. ELA,

LPRA, Tomo 1.

Es, pues, a la luz de la normativa antes expuesta que

procedemos a disponer de la controversia ante nos.

En el presente caso, como mencionamos anteriormente,

el matrimonio Ortiz Mateo señala que el Tribunal de

Apelaciones erró al determinar que el ELA no realizó una

incautación física -- de determinada propiedad que le

pertenecía a éste -- que activara el derecho a una justa

compensación. Tiene la razón.

Y es que, tras una detenida y cuidadosa lectura del

expediente ante nos, queda patentemente claro que en el

caso de marras: (1) el Estado (entiéndase, el Departamento

de Justicia) -- en efecto -- ocupó por un periodo de tiempo

la propiedad objeto del presente litigio; (2) que dicha CC-2021-0681 31

ocupación fue para un fin público; (3) que la misma ocurrió

vencido determinado contrato de arrendamiento, y (4) que,

a pesar de los requerimientos de entrega de la propiedad

por parte de sus propietarios, el Estado hizo caso omiso y

continuó ocupando la misma. Lo anterior fue en contra de

lo acordado por las partes en su último contrato de

arrendamiento, el cual establecía que el Departamento de

Justicia entregaría el local al vencer el mismo; cosa que

dicha dependencia no realizó hasta 31 meses luego, cuando

-- luego de múltiples requerimientos extrajudiciales para

que entregara la propiedad -- el matrimonio Ortiz Mateo

acudió a los tribunales y solicitó el desahucio de la

referida agencia gubernamental.

Ello, a todas luces, constituye una ocupación física,

por parte del Estado, de la propiedad perteneciente al

matrimonio Ortiz Mateo que activó la figura de la

expropiación forzosa a la inversa y, en consecuencia, del

derecho a una justa compensación. Se cometieron, pues, los

errores señalados.

Ahora bien, tal y como hemos establecido

anteriormente, las personas naturales o jurídicas deben

ser meticulosas y ejercer un rol más activo al contratar

con el gobierno. Vicar Builders v. ELA et al., supra, pág.

269. Véase, también, CMI Hospital v. Depto. Salud, 171 DPR

313, 321 (2007); Las Marías v. Municipio San Juan, 159 DPR

868, 880 (2003). En ese sentido, aquella persona natural o

jurídica que le haya arrendado un inmueble al Estado por CC-2021-0681 32

determinado periodo de tiempo deberá ser diligente y

solicitar formalmente que el ente gubernamental desocupe

la propiedad tan pronto cese el contrato de arrendamiento.

La tolerancia del arrendador a la permanencia del

Estado en una propiedad, luego de vencido el contrato de

arrendamiento, no constituye una incautación física que

active el derecho constitucional a la justa compensación

por expropiación. Por ello pautamos que, es desde que el

arrendador solicita formalmente que se desocupe el inmueble

-– si el arrendamiento ya ha vencido -- y el ente

gubernamental omite o se rehúsa a desalojarlo, que ocurre

una ocupación por parte del Estado que activa la

valorización de la justa compensación. Lo anterior es así,

pues, es en ese momento en que el Estado, en contra de los

deseos de los propietarios, limita el uso y disfrute del

derecho a la propiedad privada.

Dicho ello pautamos también que, de persistir la

negativa del Estado a desocupar el inmueble, el arrendador

deberá ser diligente y acudir a los tribunales con premura

para vindicar su derecho propietario. De esta manera

podemos proteger tanto el derecho constitucional al

disfrute de la propiedad, como los fondos gubernamentales

del País.

IV.

Para finalizar, y a modo de epílogo, en el pasado,

este Tribunal advirtió que situaciones como la que hoy nos

ocupa podrían ocurrir y, para esas instancias, estableció CC-2021-0681 33

que eran las personas naturales y jurídicas que contrataban

con el gobierno las que debían ser diligentes y establecer

cláusulas contractuales para que no se vieran afectados

sus derechos. Esto se debe a las normas firmemente

establecidas en nuestro ordenamiento jurídico sobre

contratación gubernamental y la prohibición de la

aplicación de la tácita reconducción en este tipo de

contratación.

Hoy, nuevamente, -- para evitar controversias como la

que aquí nos ocupa -- hacemos el mismo llamado que

previamente, y por voz del Juez Asociado señor Martínez

Torres, este Tribunal realizó en Vicar Builders v. ELA et

al., supra. Allí sentenciamos que situaciones como las que

hoy atendimos:

puede[n] preverse en el contrato de arrendamiento, pactando de antemano bajo qué condiciones se extendería el arrendamiento, por cuánto tiempo adicional y cuál será el canon a pagar. Incluso, y sin pretender ser exhaustivos, las partes cuentan con la alternativa de incluir cláusulas penales en sus contratos para evitar que una parte se vea afectada ante el incumplimiento de la otra. Vicar Builders v. ELA et al., supra, págs. 269- 270.

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la

Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones, la cual

revocó la Resolución del Tribunal de Primera Instancia y

desestimó con perjuicio la causa de acción del matrimonio

Ortiz Mateo. En consecuencia, se devuelve el caso de autos

al foro primario para la continuación de los procedimientos CC-2021-0681 34

de forma compatible con lo aquí dispuesto y, en particular,

para establecer la justa compensación a la que tiene

derecho el matrimonio Ortiz Mateo.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Ángel Colón Pérez Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Eddie Alberto Ortiz Zayas, su esposa Ada Irma Mateo Ortiz y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos CC-2021-0681 Certiorari Peticionarios

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte de la presente Sentencia, se revoca la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones, la cual revocó la Resolución del Tribunal de Primera Instancia y desestimó con perjuicio la causa de acción del matrimonio Ortiz Mateo. En consecuencia, se devuelve el caso de autos al foro primario para la continuación de los procedimientos de forma compatible con lo aquí dispuesto y, en particular, para establecer la justa compensación a la que tiene derecho el matrimonio Ortiz Mateo.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez Secretario del Tribunal Supremo