EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
José A. Ortiz Rolón
Recurrido Certiorari v. 2019 TSPR 109 ARMANDO SOLER AUTO SALES, INC.; Presidente Xavier Ayala Cruz HVPH Motor 202 DPR ____ Corp. d/b/a Lexus De San Juan; Scotiabank De Puerto Rico; MAPFRE
Peticionarios
Número del Caso: CC-2017-76
Fecha: 4 de junio de 2019
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Bayamón y Aibonito – Panel VI
Abogados de la parte peticionaria:
Lcda. Arlene Rivera Benítez Lcda. Elaine Arrufat Berastaín Lcda. Adaliz Maldonado Solís
Abogada de la parte recurrida:
Lcda. Brunilda M. Figueroa Nater
Materia: Derecho Administrativo: Facultad de DACo para conceder un remedio a favor de una parte querellada que no es un consumidor. Reclamaciones cubiertas bajo la fianza de concesionarios de vehículos de motor.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
José A. Ortiz Rolón Recurrido v. ARMANDO SOLER AUTO SALES, CC-2017-0076 INC.; Presidente Xavier Ayala Cruz HVPH Motor Corp. d/b/a Lexus De San Juan; Scotiabank De Puerto Rico; MAPFRE Peticionarios
La Jueza Presidenta ORONOZ RODRÍGUEZ emitió la Opinión del Tribunal
En San Juan, Puerto Rico, a 4 de junio de 2019.
Un concesionario de vehículos de motor incurre
en una práctica engañosa al vender un vehículo de
motor usado. Como resultado, el Departamento de
Asuntos del Consumidor (DACo) ordena la restitución
de todas las prestaciones. ¿Puede el DACo ordenar a
una parte querellada a responderle a otra parte
querellada que no es un consumidor? De ser así,
¿responde la fianza legal del concesionario de
vehículos de motor si el concesionario no le devuelve
a la entidad financiera el monto que pagó para
facilitar la venta?
I
El 30 de noviembre de 2013 el Sr. José A. Ortiz CC-2017-0076 2
Rolón suscribió un Contrato de venta al por menor a plazos
y pagaré con Armando Soler Auto Sales, Inc. (Armando
Soler), mediante el cual adquirió un vehículo de motor
usado. Para facilitar el financiamiento, Armando Soler
cedió a Scotiabank de Puerto Rico (Scotiabank) sus
derechos bajo el contrato.1
El 8 de diciembre de 2014 el señor Ortiz Rolón
presentó una querella ante el DACo contra Armando Soler,
su presidente Xavier Ayala Cruz, HVPH Motor Corp. h/n/c/
Lexus de San Juan, MAPFRE/PRAICO Insurance Co. (MAPFRE),
como fiadora de Armando Soler, y Scotiabank de Puerto Rico
(Scotiabank). Indicó que luego de que compró el vehículo
se enteró de que había sido declarado pérdida total como
consecuencia de una inundación, lo cual no le fue
informado por Armando Soler. Además, alegó que el
historial de servicio del vehículo evidenció que el
odómetro fue alterado para reflejar un millaje menor al
real.
Luego de una vista administrativa,2 el DACo emitió una
Resolución en la que declaró nulo el contrato de
compraventa y ordenó a las partes querelladas a restituir,
solidariamente, al señor Ortiz Rolón el pronto pago y las
mensualidades pagadas, así como resarcir las angustias que
1 Según el Contrato de venta al por menor a plazos y pagaré, el precio de venta fue $21,995.00 y la cantidad a ser financiada fue $22,720.00. Este fue emitido al amparo de la Ley de Ventas a Plazos y Compañías de Financiamiento, Ley Núm. 68 de 19 de junio de 1964, 10 LPRA sec. 731, et seq. 2 Armando Soler no compareció al procedimiento administrativo ante el
DACo. En su Alegato ante el Tribunal de Apelaciones, el señor Ortiz Rolón indicó que Armando Soler Auto Sales, Inc. estaba en quiebra. Alegato José A. Ortiz Rolón, Autos del TA. No obstante, no hay prueba de ello en el expediente. CC-2017-0076 3
sufrió, valoradas en $10,000.00, y pagar la suma de
$1,000.00 por concepto de honorarios de abogado.3 La
agencia también impuso responsabilidad solidaria entre
Armando Soler y MAPFRE frente a Scotiabank por los gastos
y pérdidas sufridas a consecuencia de la nulidad del
contrato de compraventa. Por último, ordenó a Scotiabank a
tomar las medidas necesarias para informar a las agencias
crediticias la eliminación de las anotaciones
correspondientes relacionadas con el contrato de
compraventa que se declaró nulo.
Así las cosas, Scotiabank y MAPFRE solicitaron
reconsideración. Ambas señalaron que la suma que se
concedió al señor Ortiz Rolón por daños era exagerada e
incongruente con la suma originalmente estimada por el
propio foro administrativo. Además, MAPFRE argumentó que -
como fiadora de Armando Soler- solo respondía
subsidiariamente frente al señor Ortiz Rolón y no frente a
Scotiabank. Por su parte, Scotiabank arguyó que su
responsabilidad se limitaba a devolver las prestaciones a
su estado original, ya que no tuvo nada que ver con la
conducta del vendedor del vehículo de motor. Por ende,
entendió improcedente responsabilizarle de forma solidaria
junto a las otras partes querelladas por las cuantías
concedidas al señor Ortiz Rolón por concepto de daños y
honorarios de abogado.
3 El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) fundamentó su determinación en la Regla 22H del Reglamento contra prácticas y anuncios engañosos, Reglamento Núm. 7932 de 15 de octubre de 2010, y la Regla 31 del Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor, Reglamento Núm. 7159 de 6 de junio de 2006. CC-2017-0076 4
El DACo acogió las mociones de reconsideración, pero
no dispuso de ellas dentro del término de 90 días. No
obstante, luego emitió una Resolución Nunc Pro Tunc, en la
que modificó la determinación únicamente para corregir la
suma otorgada por concepto de angustias mentales de
$10,000.00 a $5,000.00.4
MAPFRE y Scotiabank presentaron sendos recursos de
revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. MAPFRE
señaló que el DACo erró al: (1) declarar nulo el contrato
de compraventa, (2) imponerle responsabilidad solidaria no
obstante el carácter subsidiario de la fianza, (3)
conceder cuantías exageradas y desproporcionadas por
concepto de daños y angustias mentales en contravención a
la prueba desfilada, y (4) imponer el pago de honorarios
de abogado. Por su parte, Scotiabank señaló que el DACo
erró al imponerle responsabilidad solidaria en cuanto a la
compensación en daños y perjuicios y el pago del pronto
pago. Además, impugnó las cuantías concedidas por no
encontrar apoyo en la prueba.
El Tribunal de Apelaciones consolidó ambos recursos y
emitió una Sentencia en la que modificó la Resolución del
DACo a los efectos de resolver que MAPFRE no queda
obligada de forma alguna frente a Scotiabank. Fundamentó
lo anterior en el contenido del contrato de fianza, el
cual establece que la fianza solo responderá por
4 El DACo aclaró que en la Resolución determinó que la cuantía por angustias mentales sería $ 5,000. Ahora bien, al emitir la orden cometió un error de forma e indicó que serían $ 10,000. Resolución Nunc Pro Tunc, Apéndice, pág. 47. CC-2017-0076 5
reclamaciones de compradores de vehículos de motor. Por
otro lado, el foro intermedio resolvió que el DACo erró al
imponerle responsabilidad solidaria a MAPFRE, ya que esta
solo responde de forma subsidiaria frente al señor Ortiz
Rolón.
En torno a los señalamientos de error de Scotiabank,
el foro apelativo resolvió que el banco no responde por
los daños ocasionados al señor Ortiz Rolón y su obligación
se circunscribe a la restitución de su parte en las
prestaciones del contrato de compraventa. Así modificada,
confirmó la Resolución. Scotiabank y el DACo solicitaron
reconsideración, sin éxito.
Inconforme, Scotiabank presentó un recurso de
Certiorari ante este Tribunal. Señaló que el Tribunal de
Apelaciones erró al resolver que MAPFRE no responde de
forma alguna frente a Scotiabank por los gastos y pérdidas
ocasionadas por la nulidad del contrato de compraventa, a
pesar de la existencia de una fianza legal a favor del
concesionario. Según Scotiabank, el foro recurrido no
consideró que la disposición reglamentaria que exige la
fianza en cuestión se considera parte del contrato de
fianza y que dicha disposición debe prevalecer sobre
cualquier cláusula contractual inconsistente con sus
términos.
Luego de expedir el recurso en reconsideración,
MAPFRE presentó su alegato. En primer lugar, cuestionó la
facultad del DACo para conceder un remedio a una entidad
de financiamiento cuando el fin de su legislación creadora CC-2017-0076 6
y de la reglamentación aplicable es proteger a los
consumidores, no a las instituciones financieras. Por otro
lado, sostuvo que el contrato de fianza es claro en torno
a que solo podrán reclamar contra ella personas a quienes
Armando Soler vendió vehículos de motor, lo cual excluye a
instituciones financieras como Scotiabank. Por último,
añadió que el contrato de fianza fue avalado por el DTOP
por lo que se debe presumir que cumple con las
disposiciones reglamentarias aplicables.
II
A. Facultades del Departamento de Asuntos del Consumidor
El DACo cuenta con un personal profesional y técnico
altamente competente encargado de vindicar los derechos
del consumidor de una forma agresiva y firme. Ayala
Hernández v. Consejo Titulares, 190 DPR 547, 563 (2014);
Exposición de Motivos de la Ley Orgánica del Departamento
de Asuntos del Consumidor, Ley Núm. 5 del 23 de abril de
1973, 3 LPRA sec. 341b (1973 Leyes de Puerto Rico 17). Por
esta razón, se estableció en la agencia una estructura de
adjudicación administrativa “con plenos poderes para
adjudicar las querellas que se traigan ante su
consideración y conceder los remedios pertinentes conforme
a derecho”. Íd. sec. 341e(d); véase Amieiro González v.
Pinnacle Real Estate Home Team, 173 DPR 363, 372 (2008).
Así, el legislador le responsabilizó con velar por el
cumplimiento de todas las leyes relacionadas con los
derechos de los consumidores. 3 LPRA sec. 341e(d). CC-2017-0076 7
Como parte del cumplimiento con su misión, la Ley
Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor le
facultó a “[r]eglamentar y fiscalizar los anuncios y las
prácticas engañosas en el comercio”. 3 LPRA sec. 341e(j).
En ejercicio de esta autoridad, la agencia promulgó el
Reglamento contra prácticas y anuncios engañosos,
Reglamento Núm. 7932 del Departamento de Asuntos del
Consumidor de 15 de octubre de 2010.5 Véase Costa,
Piovanetti v. Caguas Expressway, 149 DPR 881, 887 (1999).
El Reglamento Núm. 7932, establecía que un
comerciante no podrá negar devolver el precio pagado por
el consumidor cuando el bien vendido: (1) adolece de algún
defecto; (2) no cumple con las representaciones del
vendedor que motivaron la compra; (3) no sirve para el
propósito para el cual se adquirió, o (4) cuando se
incumple con ese Reglamento durante el proceso de
contratación o durante la vigencia de la garantía.
Reglamento Núm. 7932, supra, Regla 22(H), pág. 30.
Por otro lado, mediante la aprobación de la Ley de
Garantías de Vehículos de Motor, Ley Núm. 7 de 24 de
septiembre de 1979, 10 LPRA sec. 2051 et seq., el
legislador le encomendó al DACo la tarea específica de
proteger a los consumidores de vehículos de motor frente a
los intereses del vendedor, distribuidor y manufacturero.
Véase 10 LPRA secs. 2052, 2053 y 2063; Pérez v. VPH Motors
5 El Reglamento contra prácticas y anuncios engañosos, Reglamento Núm. 8599 de 20 de mayo de 2015 derogó el Reglamento Núm. 7932, el cual estuvo vigente durante los hechos que provocaron el recurso de autos. CC-2017-0076 8
Corp., 152 DPR 475, 487 (2000); véase además Exposición de
Motivos de la Ley Núm. 273-2003.
En virtud de esa ley, el DACo aprobó el Reglamento de
Garantías de Vehículos de Motor, Reglamento Núm. 7159 del
Departamento de Asuntos del Consumidor de 6 de junio de
2006, el cual procuró prevenir las prácticas ilícitas en
las ventas de vehículos de motor y proteger a los
consumidores -tanto de vehículos de motor nuevos como
usados- al exigir que estos sean seguros y sirvan los
propósitos para los cuales fueron adquiridos. Véase
Polanco v. Cacique Motors, 165 DPR 156, 163-164 (2005).
Entre otras cosas, el artículo 29.3 de este
Reglamento faculta al DACo a ordenar la resolución de un
contrato de compraventa si el vendedor no corrige los
defectos que sufre el vehículo de motor usado en aquellos
casos en que tuvo oportunidad razonable para hacerlo.
Reglamento Núm. 7159, supra, Art. 29.3, págs. 29-30.
B. El contrato de fianza
La fianza es un acuerdo de garantía personal mediante
el cual una parte se compromete a cumplir una obligación
de otro, en caso de este no hacerlo. Art. 1721 del Código
Civil, 31 LPRA sec. 4871; Andamios de P.R. v. JPH
Contractors, Corp., 179 DPR 503, 511 (2010). El interés
que persigue la fianza es evidente: ofrecer un patrimonio
adicional al responsable original para así aumentar la
probabilidad de que el acreedor vea satisfecho su interés.
United Surety v. Registradora, 192 DPR 187, 203 (2015). CC-2017-0076 9
El contrato de fianza tiene tres características
determinantes: (1) la obligación que recoge es accesoria y
subsidiaria a la del fiado; (2) es unilateral porque puede
establecerse sin intervención del fiado o inclusive del
acreedor a favor de quien se constituye, y (3) el fiador
es persona distinta del fiado, porque nadie puede ser
fiador personalmente de sí mismo. Sucn. María Resto v.
Ortiz, 157 DPR 803, 810 (2002). Del mismo modo, los
términos de la fianza no se presumen, deben ser expresos,
y pueden extender la cobertura de la fianza a menos, pero
nunca a más que la obligación principal. Arts. 1725 y 1726
del Código Civil, 31 LPRA secs. 4875-4876.
El Código Civil reconoce tres clases de fianza:
convencional, legal y judicial. Art. 1722 del Código
Civil, 31 LPRA sec. 4872. La diferencia entre cada una
estriba en el origen de la obligación de celebrar un
contrato de fianza. J. Alventosa del Río, La Fianza:
Ámbito de Responsabilidad, Granada, Ed. Comares, 1988,
pág. 60. En particular, las fianzas convencionales o
voluntarias surgen del acuerdo de voluntades que precede
un contrato, mientras que las fianzas legales y judiciales
son aquellas en la que la ley o la autoridad judicial
exige el afianzamiento de una obligación en particular.
Íd., pág. 59. En defecto de lo establecido por la ley o
por la autoridad judicial correspondiente, las fianzas
legales y judiciales se rigen por las disposiciones
aplicables a las fianzas convencionales. Íd.; véase Sucn.
María Resto v. Ortiz, supra, págs. 812-813. CC-2017-0076 10
Al interpretar lo anterior, hemos explicado que la
ley que exige la fianza “constituye parte de la fianza
como si estuviera incorporada en ella”. Pueblo v.
Peñagarícano, 54 DPR 613, 617-618 (1939); véase además
Cristy & Sánchez v. ELA, 84 DPR 234, 239 (1961). También
hemos dicho que se presume que la intención de las partes
al pactar un contrato de fianza legal es cumplir con los
requisitos de la ley o el reglamento que exige la fianza.
Véase Montalvo & Comas Elec. Corp. v. ELA, 107 DPR 558,
562 (1978); Pueblo v. Peñagarícano, supra, pág. 617. Así,
“[n]o es necesario, pues, que en el documento de fianza,
se especifiquen todas y cada una de las personas
garantizadas por la misma, ya que dichas personas están
debidamente descritas en las disposiciones de ley
aplicables o en los términos del contrato garantizado”.
Cristy & Sánchez v. ELA, supra, pág. 239.
C. Fianza de concesionarios de vehículos de motor
El artículo 2.16 de la Ley de Vehículos y Tránsito
de Puerto Rico, Ley Núm. 22–2000, 9 LPRA sec. 5017, faculta
al Secretario del DTOP a reglamentar la concesión de
licencias para operar un concesionario de vehículos de
motor. En virtud de esta facultad, el Secretario del DTOP
promulgó el Reglamento sobre Normas y Requisitos para
Obtener y Renovar Licencia de Concesionario y Distribuidor
de Vehículos de Motor y Arrastres, Reglamento Núm. 6274 del
Departamento de Transportación y Obras Públicas de 2 de
enero de 2001. El artículo VIII de este reglamento
establece los requisitos para obtener la licencia de CC-2017-0076 11
concesionario de vehículos de motor y arrastres. Uno de
estos requisitos es mantener una:
[f]ianza mínima de cien ($100,000.00) mil dólares para el negocio principal y bajo la cual podrá incluirse la primera sucursal solicitada. La fianza cubrirá cualquier reclamación, entre otros, cheques no honrados por el Banco, pago de tablillas, multas, vicios ocultos y garantía. Por cada lote o sucursal adicional se requerirá fianza de cincuenta ($50,000.00) mil dólares. En caso que el negocio principal cese funciones, la sucursal incluida en la fianza pasará a fungir como principal y la fianza deberá pasar a ésta. Reglamento Núm. 6274, supra, Art. VIII, págs. 13-14 (énfasis suplido).
A su vez, el artículo XVII del Reglamento Núm. 6274,
supra, faculta al Secretario del DTOP a confiscar esta
fianza para satisfacer “cualquier deuda o reclamación
presentada por persona interesada”. Íd., Art. XVII, pág.
26.
A la luz de este marco jurídico, procedemos a
resolver.
III
En primer lugar, debemos atender el planteamiento de
naturaleza jurisdiccional levantado por MAPFRE.6
Específicamente, esta cuestiona la facultad del DACo para
conceder un remedio a Scotiabank debido a que la ley
orgánica de esa agencia protege exclusivamente a los
consumidores.
Sabido es que las agencias administrativas solo
tienen aquellos poderes que le son conferidos por ley.
6 Por su carácter privilegiado, nos vemos en la obligación de atender el cuestionamiento aun cuando MAPFRE no lo presentó ante los foros recurridos. Véase Fuentes Bonilla v. ELA, 200 DPR 364, 372 (2018) y J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil (L. Abraham y P. Abraham, eds.), 2da ed., Pubs. JTS, 2011, T. I, pág. 177. CC-2017-0076 12
Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de
Justicia v. Jiménez Galarza, 199 DPR 293 (2017). Con el
propósito de analizar la autoridad en ley del DACo para
ordenar un remedio a favor de una parte querellada que no
es un consumidor, conviene repasar lo que resolvimos en
Pérez Ríos v. Hull Dobbs, 107 DPR 834 (1978), y en
Martínez v. Rosado, 165 DPR 582 (2005).
En Pérez Ríos v. Hull Dobbs, supra, el Sr. Bolivar
Pérez Ríos compró un vehículo de motor nuevo a Hull Dobbs
65th Infantry Ford, Inc. (Hull Dobbs) mediante un contrato
de compraventa a plazos. El vehículo desarrolló defectos
que Hull Dobbs no pudo corregir, razón por la cual el
señor Pérez Ríos presentó una querella en su contra ante
el DACo. Durante el procedimiento, Hull Dobbs solicitó
incluir como parte a la Ford Motor Company, fabricante del
automóvil, sin éxito. Eventualmente el DACo ordenó la
resolución del contrato y ordenó a Hull Dobbs y a Chase
Manhattan Bank, en forma solidaria, que devolvieran al
señor Pérez Ríos el dinero que pagó por el automóvil.
Hull Dobbs solicitó revisión ante el Tribunal
Superior, el cual ordenó al DACo permitirle a la parte
apelante traer como parte a la Ford Motor Company. Según
el tribunal, DACo debía permitir que la manufacturera
levantara cualquier defensa que pudiera tener contra la
reclamación del señor Pérez Ríos. Sostuvo que el DACo no
tenía que considerar defensas ni alegaciones que afecten
únicamente la relación entre vendedora y manufacturera, CC-2017-0076 13
sino solo aquellas que pudiesen afectar la reclamación del
querellante con la vendedora.
El DACo recurrió ante este Tribunal y señaló que el
Tribunal Superior erró al ordenar la inclusión como parte
del manufacturero del vehículo de motor. En aquella
ocasión revocamos al Tribunal Superior y confirmamos la
negativa del DACo de permitir al vendedor querellado traer
a un tercero al procedimiento administrativo.
Fundamentamos esa determinación en la misión
primordial de la agencia de vindicar los derechos de los
consumidores. Sostuvimos que “[l]a inclusión de un tercero
en el proceso administrativo sin que el querellante o la
agencia lo estime necesario o conveniente, complica y
retarda innecesariamente el procedimiento,” lo cual
derrotaría el aludido propósito. Íd., pág. 841 (énfasis
suplido). El proceso ante el DACo tiene el objetivo de que
se le responda inmediatamente al consumidor. Por ello,
resaltamos la incompatibilidad de sujetar al consumidor
que reclama contra el vendedor a que espere que se
dilucide la larga cadena de responsabilidades entre el
vendedor y el manufacturero u otras entidades con la
misión de la agencia. Íd. Destacamos que las
responsabilidades entre esas otras partes se pueden
dilucidar mediante litigación ordinaria. Íd.
En aquella ocasión también hicimos la salvedad de que
“la inclusión de un tercero sería mandatoria si su
exclusión le privase de su día en corte”. Íd. Por
consideraciones fundamentadas en el debido proceso de ley, CC-2017-0076 14
reconocimos que la exclusión de la Ford Motor Company del
procedimiento administrativo no impedía que esta
presentara todas las defensas que tuviese contra Hull
Dobbs, de presentarse una reclamación judicial en su
contra. Aún así, entendimos necesario aclarar que “siempre
queda a salvo la facultad de DACO y la del querellante de
traer al procedimiento al manufacturero si cualquiera de
ellos estima que es necesario o conveniente así hacerlo”.
Íd., págs. 842-843 (énfasis suplido).
En Martínez v. Rosado, supra, enfrentamos una
controversia similar, pero en el contexto de una querella
por incumplimiento contractual en una obra de
construcción. El Sr. Luis Martínez Segarra y su esposa, la
Sra. Blanca Rosa Hernández, presentaron una querella ante
el DACo contra el contratista de la obra, el Sr. Juan
Rosado Santoni, en la que alegaron que el hormigón que se
utilizó no cumplió con las medidas requeridas en los
planos de construcción.
El señor Rosado Santoni negó responsabilidad y
solicitó la inclusión de Macro Mix, Inc. como parte de la
querella. Argumentó que Macro Mix, Inc. fue quien suplió
el hormigón defectuoso, por lo que era parte indispensable
en los procedimientos. DACo denegó la solicitud, debido a
que los esposos Martínez-Rosa presentaron la querella
exclusivamente contra el señor Rosado Santoni. Además,
indicó que carecía de jurisdicción sobre cualquier
controversia entre el señor Rosado Santoni y Macro Mix,
Inc. CC-2017-0076 15
El señor Rosado Santoni acudió al Tribunal de
Apelaciones en revisión. El foro apelativo ordenó al DACo
a celebrar una vista para determinar si Macro Mix, Inc.
incumplió con su obligación en cuanto al señor Rosado
Santoni, y los daños relacionados. Inconforme, DACo
recurrió ante este Tribunal y señaló que el Tribunal de
Apelaciones erró al concluir que la agencia tenía
jurisdicción sobre una disputa entre comerciantes.
Este Tribunal, descansando en lo que resolvió en
Pérez Ríos v. Hull Dobbs, supra, nuevamente sostuvo el
criterio del DACo en torno a la improcedencia de incluir
en el procedimiento a una entidad que el consumidor no
incluyó en la querella. Resolvimos que el Tribunal de
Apelaciones erró al ordenar la celebración de una vista
para atender lo que era en esencia una disputa entre
entidades que no eran consumidores. Determinamos que el
señor Rosado Santori, como contratista, no podía
aprovecharse del esquema administrativo del DACo para
reclamarle a Macro Mix, Inc. debido a que “se trata de una
controversia que no afecta consumidor alguno, en vista de
que al verdadero consumidor en este caso, el matrimonio
Martínez-Rosa, se le proveyó el remedio solicitado sin
necesidad de entrar a considerar esta disputa”. Martínez
v. Rosado, supra, pág. 597. De acuerdo con lo anterior,
concluimos que el DACo no podía sujetar a la parte
querellante a esperar porque se dilucidara la
responsabilidad de Macro Mix, Inc. frente al señor Rosado
Santori. Íd. CC-2017-0076 16
Luego de un análisis concienzudo de estos casos vemos
que la inclusión de terceros en la querella que dio paso a
la controversia ante nuestra consideración se fundamenta
en consideraciones materialmente distintas a las presentes
en Pérez Ríos v. Hull Dobbs, supra, y en Martínez v.
Rosado, supra. Aquí, lejos de oponerse a que se incluyan
terceros, fue el propio consumidor el que incluyó a
Scotiabank y a MAPFRE en la querella. Por un lado, la
inclusión de Scotiabank se debe a la “relación tripartita”
que ocurre bajo la Ley de Ventas a Plazos y Compañías de
Financiamiento, Ley Núm. 68 de 19 de junio de 1964, 10
LPRA sec. 742(4), la cual dispone que el cesionario del
contrato (la entidad financiera) responderá en igualdad de
condiciones por cualquier reclamación que el comprador
pueda tener contra el vendedor original. Berríos v. Tito
Zambrana Auto, Inc., 123 DPR 317, 328 (1989); véase además
R & J v D.A.Co., 164 DPR 647, 655-656 (2005). Por otro
lado, la inclusión de MAPFRE obedeció al contrato de
fianza legal que suscribió con Armando Soler al amparo del
Reglamento Núm. 6274, supra.
Debido a las particularidades de la relación entre
estas entidades, es evidente que la inclusión de
Scotiabank y MAPFRE respondió a la facultad del DACo de
traer al procedimiento a quienes la agencia o el
querellante estimen necesario o conveniente para brindarle
al consumidor un remedio completo, ágil, eficiente y costo
efectivo. Martínez v. Rosado, supra, pág. 592; Pérez Ríos
v. Hull Dobbs, supra, págs. 842-843. Las posibilidades de CC-2017-0076 17
desvirtuar, complicar o retrasar el procedimiento ante el
DACo, que estaban presentes en Martínez v. Rosado, supra,
y en Pérez Ríos v. Hull Dobbs, supra, sencillamente no
están presentes en casos como el de autos.
Al tomar en consideración lo anterior, concluimos que
el DACo no se extralimitó en sus funciones al emitir una
orden a favor de una de las entidades querelladas, debido
a que dicha orden fue parte del remedio integral que el
DACo estimó que mejor protege los intereses del consumidor
afectado. Recordemos que las interpretaciones de una
agencia de los estatutos que administra y de los cuales es
responsable de su cumplimiento merecen deferencia
judicial. Martínez v. Rosado, supra, pág. 589. En esta
controversia, la orden que el DACo realizó se
circunscribió a viabilizar la restitución de todas las
prestaciones, remedio que puede conceder por autoridad de
ley, además del peritaje técnico necesario, y que estuvo
enmarcado dentro del remedio que decretó a favor del
consumidor.
Por esta razón, rechazamos fraccionar la adjudicación
de responsabilidad entre Scotiabank y MAPFRE. El señor
Ortiz Rolón trajo a MAPFRE al procedimiento, el DACo lo
consideró conveniente y necesario para proteger los
intereses del señor Ortiz Rolón y no resultó en trámite
adicional alguno frente a la agencia. Resolver distinto
sería contrario al principio de economía procesal y
expondría a las partes a determinaciones judiciales
inconsistentes sin beneficio alguno para el consumidor. CC-2017-0076 18
IV
Atendida la autoridad del DACo para emitir la orden
impugnada, pasamos a considerar el único señalamiento de
error. Este exige que determinemos si la obligación de
Armando Soler hacia Scotiabank de devolver el precio
pagado por la cesión del contrato de compraventa a plazos
está cobijada por la fianza que el Reglamento Núm. 6274,
supra, exige para la obtención de la licencia para operar
un concesionario de vehículos de motor.
A pesar del ámbito abarcador de la referida
disposición reglamentaria, el Tribunal de Apelaciones
resolvió que la fianza que MAPFRE emitió a favor de
Armando Soler en virtud del Reglamento Núm. 6274, supra,
no cobija la obligación de Armando Soler hacia Scotiabank.
El foro intermedio basó su determinación en la disposición
del contrato de fianza que establece que la fianza
cobijará a quienes Armando Soler “pueda vender vehículos
de motor”.7
Al analizar esta controversia, se debe tener presente
que las fianzas legales se rigen, en primer lugar, por la
ley que las exige. Sucn. María Resto v. Ortiz, supra,
págs. 812-813. Es decir, si el contrato de fianza
7 Apéndice, Contrato de fianza, pág. 94 (traducción suplida). La disposición pertinente del contrato reza como sigue: KNOWN ALL MEN BY THESE PRESENTS, that we Armando Soler Auto Sales Inc […] as Principal, and MAPFRE PRAICO INSURANCE CO […] as Surety, are held and firmly bound unto the persons to whom the ARMANDO SOLER AUTO SALES INC may sell cars, hereinafter called obligees, in the sum of ONE HUNDRED THOUSAND AND 00/100 Dollars ($100,000.00) for the payment of which sum said Principal and Surety bind themselves, their legal representatives, executors, administrators, heirs, successors and assigns, jointly and severally, firmly by these presents. Íd. CC-2017-0076 19
menoscaba la protección que ofrece la disposición legal
que exige la fianza, debe prevalecer el mandato del
legislador. Michel J. Godreau Robles, Obligaciones Y
Contratos, 81 Rev. Jur. UPR 645, 647 (2012).
En Cristy & Sánchez v. ELA, supra, estuvimos ante una
controversia análoga, ya que el contrato de fianza en
controversia establecía que la fianza se emitió a favor
del Estado exclusivamente. No obstante, al tomar en cuenta
los requerimientos de la ley que exigía la fianza,
resolvimos que los proveedores de materiales y mano de
obra podían reclamar contra ella, aun tomando en cuenta lo
que disponía el contrato al contrario. Íd., págs. 243-244.
De forma similar, en el caso de autos procede evaluar
si la obligación de Armando Soler hacia Scotiabank es una
de las obligaciones que el artículo VIII del Reglamento
Núm. 6274, supra, exige que se afiancen. En primer lugar,
debemos tener presente la “relación tripartita” que ocurre
bajo la Ley de Ventas a Plazos y Compañías de
Financiamiento entre el comprador, el vendedor original y
la compañía financiera (cesionario). R & J v D.A.Co.,
supra, pág. 655; Berríos v. Tito Zambrana Auto, Inc.,
supra, págs. 328-329. Esta ley dispone que:
El cesionario que reciba o adquiera el presente contrato al por menor a plazos o un pagaré relacionado con éste, quedará sujeto en igualdad de condiciones a cualquier reclamación o defensa que el comprador pueda interponer en contra del vendedor. El cesionario del contrato tendrá derecho a presentar contra el vendedor todas las reclamaciones y defensas que el comprador pueda levantar contra el vendedor de los artículos o servicios. 10 LPRA sec. 742(4). CC-2017-0076 20
Por lo tanto, por la propia naturaleza de la relación
tripartita la entidad financiera está en igualdad de
condiciones que el comprador en cuanto a las reclamaciones
que puede levantar contra el vendedor.
Establecido lo anterior, corresponde que examinemos
el alcance de la disposición reglamentaria que exige la
fianza. Según el artículo VIII del Reglamento Núm. 6274,
supra, un concesionario de vehículos de motor deberá
mantener una fianza que cubrirá “cualquier reclamación”,
como, por ejemplo, “cheques no honrados por el Banco, pago
de tablillas, multas, vicios ocultos y garantía”.
Reglamento Núm. 6274, supra, Art. VIII, pág. 14. Además,
el artículo XVII no incluye restricción alguna sobre quién
puede reclamar contra la fianza, salvo que sea una “parte
interesada”. Reglamento Núm. 6274, supra, Art. XVII, pág.
Finalmente, según se discutió en la exposición del
derecho aplicable, lo dispuesto en el artículo VIII del
Reglamento Núm. 6274, supra, sobre los requisitos que
deberá cumplir la fianza de un concesionario de vehículos
de motor debe considerarse incorporado en el contrato de
fianza que emitió MAPFRE. Sucn. María Resto v. Ortiz,
supra, págs. 812-813; Montalvo & Comas Elec. Corp. v. ELA,
supra, pág. 562; Cristy & Sánchez v. ELA, supra, pág. 239;
Pueblo v. Peñagarícano, supra, págs. 617-618.
En este caso DACo ordenó a las partes restituirse lo
pagado y obligó a Armando Soler y a MAPFRE a responder por
las pérdidas y gastos en los que incurrió Scotiabank como CC-2017-0076 21
resultado del decreto de nulidad. Esta obligación está
íntimamente ligada con las actividades de venta de
vehículos de motor en las que el concesionario incurrió y
surge de la conducta ilícita de este, la cual desembocó en
la nulidad del contrato de compraventa. No nos cabe duda,
por tanto, que la obligación de Armando Soler con
Scotiabank se puede catalogar como “cualquier reclamación”
y que el banco es “persona interesada” bajo el Reglamento
Núm. 6274, supra.
Scotiabank como cesionario tiene derecho a presentar
contra Armando Soler todas las reclamaciones que tiene el
señor Ortiz Rolón, entre ellas beneficiarse de la fianza
legal que el Reglamento Núm. 6274 le requirió a Armando
Soler por ser un concesionario de vehículos de motor. Solo
así el contrato de fianza en controversia se interpreta en
armonía con la relación tripartita reconocida en la Ley de
Ventas a Plazos y Compañías de Financiamiento y con lo que
dispone el Reglamento Núm. 6274, supra. Además, el
contrato de fianza se debe interpretar de forma integral
con las otras cláusulas del contrato, incluyendo las que
condicionan la validez de la fianza a que Armando Soler
esté autorizado para operar un concesionario de vehículos
de motor bajo la reglamentación aplicable y que esté en
cumplimiento con la misma.8 Véase M.E. García Cárdenas,
8 La parte relevante del contrato de fianza lee como sigue: WHEREAS, a license has been granted by the Department of Transportation and Public Work to ARMANDO SOLER AUTO SALES INC authorizing them to operate as an automobile dealer in compliance with Law 141 approved July 20, 1960 Section 2-206 as amended. WHEREASE, it is a condition of the foregoing obligation that the said ARMANDO SOLER AUTO SALES INC has been duly CC-2017-0076 22
Derecho de Obligaciones y Contratos, 2da ed., Puerto Rico,
MJ Editores, 2017, pág. 529.
En vista de lo anterior, resolvemos que la obligación
de Armando Soler de restituir a Scotiabank el monto pagado
por la cesión del contrato de compraventas a plazos está
cobijada por el contrato de fianza que emitió MAPFRE en
virtud del Reglamento Núm. 6274, supra.9
V
Por los fundamentos que anteceden, se revoca en parte
la Sentencia del Tribunal de Apelaciones a los efectos de
disponer que MAPFRE responde subsidiariamente ante
Scotiabank por la cantidad que pagó a Armando Soler por la
cesión del contrato de compraventa a plazos.
Se dictará Sentencia de conformidad.
Maite D. Oronoz Rodríguez Jueza Presidenta
authorized to operate as an automobile dealer under the aforementioned general regulations applicable to automobile dealers as approved by the Department of Transportation and Public Works. NOW, THEREFORE, if the said ARMANDO SOLER AUTO SALES INC shall truly and faithfully execute and discharge all the duties and trusts imposed upon them as an automobile dealer under the General Regulation approved by the Department of Transportation and Public Works and specifically as required under Section 2-B-5 of such regulations as to be liable for all damages which his breach may inflict upon persons to whom ARMANDO SOLER AUTO SALES INC may sell autos, then this obligation to be void, otherwise to remain in full force and effect. Apéndice, contrato de fianza, pág. 94.
9 La obligación se limita al monto pagado por la cesión del contrato porque el Tribunal de Apelaciones, a petición de Scotiabank, resolvió que ésta no respondía por los daños ocasionados al señor Ortiz Rolón. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
José A. Ortiz Rolón Recurrido v. ARMANDO SOLER AUTO SALES, CC-2017-0076 INC.; Presidente Xavier Ayala Cruz HVPH Motor Corp. d/b/a Lexus De San Juan; Scotiabank De Puerto Rico; MAPFRE Peticionarios
SENTENCIA
Por los fundamentos antes expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte de la presente Sentencia, se revoca en parte la Sentencia del Tribunal de Apelaciones a los efectos de disponer que MAPFRE/PRAICO Insurance Co. responde subsidiariamente ante Scotiabank de Puerto Rico por la cantidad que pagó a Armando Soler Auto Sales, Inc. por la cesión del contrato de compraventa a plazos.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Pabón Charneco concurre sin opinión escrita. El Juez Asociado señor Martínez Torres disiente y hace constar la siguiente expresión, a la cual se une el Juez Asociado señor Rivera García:
El DACo fue creado como un foro especializado para dilucidar y adjudicar los derechos del consumidor de manera ágil, sencilla y económica. Martínez v. Rosado, 165 DPR 582, 593 (2005). En este caso, el DACo se extralimitó en sus poderes y, consecuentemente, actuó sin jurisdicción al emitir la orden a favor CC-2017-0076 2
de Scotiabank. Al hacerlo, adjudicó una posible controversia entre comerciantes, que en nada afectaba al consumidor. Una agencia administrativa no puede asumir jurisdicción sobre situación alguna que no esté autorizada por ley; es decir, ni la necesidad, ni la utilidad, ni la conveniencia pueden sustituir al estatuto en cuanto a fuente de poder de una agencia administrativa. Martínez v. Rosado, supra, pág. 594.
El Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo no intervino.
José Ignacio Campos Pérez Secretario del Tribunal Supremo