EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re: 2020 TSPR 66
María M. Charbonier Laureano 204 DPR _____
Número del Caso: CP-2016-23 (TS-9952)
Fecha: 26 de junio de 2020
Abogado de la querellada:
Lcdo. Mario A. Rodríguez Torres
Oficina del Procurador General:
Lcdo. Isaías Sánchez Báez Procurador General
Lcda. Karla Z. Pacheco Álvarez Subprocuradora General
Lcda. Minnie H. Rodríguez López Procuradora General Auxiliar
Lcdo. Joseph Feldstien Del Valle Subprocurador General
Lcda. Lorena Cortés Rivera Subprocuradora General
Comisionada Especial:
Hon. Crisanta González Seda
Materia: La suspensión de la notaría será efectiva el 22 de julio de 2020, fecha en que se le notificó al abogado de su suspensión inmediata.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
María M. Charbonier Laureano CP-2016-23
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 26 de junio de 2020.
Una vez más nos vemos obligados a suspender a un
miembro de la profesión legal del ejercicio de la
notaría, en esta ocasión, por su infracción a los Arts.
11, 12, 58, 59 y 60 de la Ley Notarial de Puerto Rico,
infra, y los Cánones 18, 35 y 38 de Ética Profesional,
infra. Veamos.
I.
La Lcda. María M. Charbonier Laureano (en
adelante, “licenciada Charbonier Laureano”) fue
admitida al ejercicio de la abogacía el 13 de enero de
1992 y al ejercicio de la notaría el 28 de abril de
1994 CP-2016-23 2
El 21 de octubre de 2011, la señora Carmen Ramos
Feliciano (en adelante, “señora Ramos Feliciano”) presentó
una queja disciplinaria en contra de la licenciada Charbonier
Laureano, en la que alegó que, entre los años 1999 y 2000,
compró una propiedad inmueble, entregó el pago por la misma
al vendedor y pagó honorarios a la letrada para que ésta
gestionara la escritura de compraventa. No obstante, la
señora Ramos Feliciano adujo que enfrentó problemas para
comunicarse con la licenciada Charbonier Laureano. Tras
varios trámites procesales -- incluyendo la realización de
una declaratoria de herederos -- la escritura se otorgó
finalmente en el año 2006 a nombre de la hija de la
promovente, Saidy Andy Fonseca Ramos.
La señora Ramos Feliciano sostuvo que no pudo solicitar
la exoneración contributiva al Centro de Recaudación de
Ingresos Municipales (CRIM) de los años 1998 al 2007. Por
consiguiente, se le estaba cobrando $10,863.62 en
contribuciones sobre la propiedad adeudadas para dicho
periodo.
En su contestación a la queja, la licenciada Charbonier
Laureano adujo que las alegaciones contenidas en la queja
eran “falsas, viciosas y malintencionadas”. Alegó que fue el
señor Manuel Nazario Sánchez (en adelante, “señor Nazario
Sánchez”), vendedor de la propiedad en cuestión, quien
compareció a su oficina con la promovente para reducir a
escrito un contrato de opción de compraventa que habían CP-2016-23 3
pactado verbalmente. Indicó la letrada que el pago por la
redacción del contrato y la juramentación por ambas partes
le fue hecho por el señor Nazario Sánchez y no la quejosa.
Asimismo, negó que la señora Ramos Feliciano le hubiese
contratado y pagado por las escrituras de compraventa.
Evaluados los planteamientos de ambas partes, el 23 de
marzo de 2012 este Tribunal refirió el asunto a la Oficina
de Inspección de Notarías (ODIN) para que realizara su
investigación y sometiera el informe correspondiente.
Cumpliendo con lo anterior, el 25 de abril de 2013, la ODIN
presentó el respectivo Informe, en el cual concluyó que la
licenciada Charbonier Laureano incurrió en violación de los
Arts. 11, 12, 56, 58, 59 y 60 de la Ley Notarial de Puerto
Rico, infra. Determinó, además, que la promovida violó el
Art. 1232 del Código Civil de Puerto Rico, infra, al autorizar
el traspaso de un inmueble, mediante documento privado.
Según la ODIN, el contenido del contrato de opción en
realidad era una transacción de compraventa de un bien
inmueble. Es menester señalar que, en su respuesta a una
solicitud de documentos adicionales cursada por la ODIN, la
licenciada Charbonier Laureano alegó que nunca juramentó el
contrato de opción de compraventa y afirmó que en el mismo
su firma y sello fueron falsificados.
Conforme a la recomendación de la ODIN, el caso de marras
fue referido ante la Oficina del Procurador General, la cual
presentó el Informe pertinente el 26 de agosto de 2015. En
éste, se hizo un resumen del trámite procesal de la queja, CP-2016-23 4
del contenido del Informe de la ODIN y se indicó que se acogía
en su totalidad lo indicado en dicho informe. Además, dicha
dependencia gubernamental indicó que, en aras de atender las
alegaciones de la licenciada Charbonier Laureano -- en cuanto
a que su sello y firma fueron falsificados --, se realizó una
evaluación del documento juramentado por la promovida y se
obtuvo un informe pericial que contradijo las alegaciones de
la referida abogada. Así pues, la Oficina del Procurador
General concluyó que la letrada en cuestión incurrió en
violación de los Arts. 11, 12, 56, 58, 59 y 60 de la Ley
Notarial de Puerto Rico, infra, el Art. 1232 del Código Civil
de Puerto Rico, infra, y los Cánones 18, 35 y 38 del Código
de Ética Profesional, infra.
Oportunamente, la licenciada Charbonier Laureano
presento su contestación al referido Informe. En esencia:
señaló que la queja en su contra estaba prescrita; argumentó
que el acuerdo juramentado no era una compraventa, pues las
partes estaban imposibilitadas de realizar la misma; y alegó
ser víctima de persecución.
Luego de examinar el mencionado Informe y la
contestación de la licenciada Charbonier Laureano, el 29 de
noviembre de 2016 este Tribunal ordenó a la Oficina del
Procurador General presentar la correspondiente querella. La
misma fue presentada el 23 de diciembre de 2016.
En síntesis, la Oficina del Procurador General presentó
los siguientes cargos en contra de la licenciada Charbonier
Laureano: CP-2016-23 5
A. Cargos I al VII
La Oficina del Procurador General razonó que, al
preparar el contrato de opción de compraventa de 19 de febrero
de 1999 y autenticar las firmas mediante el Testimonio Núm.
4,193, la referida letrada violó los Arts. 12, 58, 59 y 60
de la Ley Notarial de Puerto Rico, infra. Ello, por no haber
incluido el testimonio en su Índice Notarial Mensual ni en
su Registro de Testimonios.
De otra parte, la mencionada Oficina concluyó que la
licenciada Charbonier Laureano también violentó el Art. 56
de la Ley Notarial de Puerto Rico, infra, y el Art. 1232 del
Código Civil de Puerto Rico, infra, al traspasar la
titularidad de un bien inmueble mediante un documento
privado, pues el alegado contrato de opción era en realidad
una compraventa de un bien inmueble.
Asimismo, la Oficina del Procurador General indicó que
la querellada violó el Canon 35 de Ética Profesional, infra,
al afirmar que nunca juramentó el referido contrato de opción
de compraventa y que su firma y sello fueron falsificados en
dicho documento, siendo tales alegaciones falsas.
B. Cargos VIII al XI
De otra parte, según expresa la Oficina del Procurador
General, la licenciada Charbonier Laureano también incurrió
en violación al Canon 35 de Ética Profesional, infra, y a la
fe pública notarial contenida en el Art. 2 de la Ley Notarial
de Puerto Rico, infra, al dar fe de un hecho falso en la
Escritura Núm. 19 de Partición de Bienes Hereditarios de 9 CP-2016-23 6
de diciembre de 2006. En dicho instrumento, la letrada en
cuestión indicó que la parte compradora (la hija de la
promovente) le pagó a la parte vendedora el precio convenido
de $77,000, cuando en realidad fue la señora Ramos Feliciano
quien había entregado dicha suma al señor Nazario Sánchez al
momento en que se otorgó el contrato de opción de compraventa
en el 1999. La letrada Charbonier Laureano tenía conocimiento
de esto, pues fue ella quien tomó juramento a las partes y
autenticó sus firmas en dicho contrato.
Además, al autorizar el referido instrumento público,
la referida letrada violó el Art. 11 de la Ley Notarial de
Puerto Rico, infra, pues no notificó al Departamento de
Hacienda la Planilla Informativa de Segregación, Agrupación
o Traslado de Bienes Inmuebles que se le requería al momento
del otorgamiento de la escritura.
Consecuentemente, al no ejercer la notaría de forma
competente y capaz, la licenciada Charbonier Laureano también
violó el Canon 18 de Ética Profesional.
C. Cargo XII
Por último, la Oficina del Procurador General concluyó
que la conducta desplegada por la referida letrada durante
el trámite de la queja de epígrafe es constitutiva de
violación al Canon 38 de Ética Profesional, infra, el cual
impone a las abogadas y abogados el deber de exaltar el honor
y la dignidad de la profesión legal y no incurrir en conducta
impropia ni en apariencia de la misma. CP-2016-23 7
Recibida la querella, y tras varios trámites procesales
no necesarios aquí pormenorizar, el 15 de mayo de 2017 esta
Curia nombró a la Hon. María Inés Cartagena como Comisionada
Especial. No obstante, ésta posteriormente solicitó ser
relevada de atender la querella, por lo que se designó a la
licenciada Crisanta González Seda (en adelante,
“Comisionada”) para sustituirla.
Llamado el caso para la vista de rigor, la Oficina del
Procurador General presentó como prueba testifical el
testimonio bajo juramento del licenciado Manuel E. Ávila de
Jesús, Director de la ODIN, y la señora Ramos Feliciano,
promovente de la queja. Por su parte, la licenciada
Charbonier Laureano presentó como prueba testifical su propio
testimonio y el de la doctora Sheila Mangual Monzón. Esta
última es doctora en psicología clínica, quien expresó
mayormente su opinión sobre la querellada y mencionó que en
los grupos en que comparte con ésta la consideran honesta,
responsable con su trabajo y conocedora de las leyes.
Evaluada la prueba presentada ante su consideración, el
29 de abril de 2019 la Comisionada presentó el Informe
correspondiente. En el mismo, concluyó que la licenciada
Charbonier Laureano violó los Arts. 11, 12, 58, 59 y 60 de
la Ley Notarial, infra, y los Cánones 18, 35 y 38 de Ética
Profesional, infra. Oportunamente, la referida letrada
expreso su posición en cuanto al contenido del mencionado
Informe. CP-2016-23 8
Es, pues, a la luz de lo antes expuesto que procedemos
a disponer del proceso disciplinario ante nuestra
consideración.
II.
De entrada, es menester señalar que, la práctica de la
notaría en Puerto Rico está regida por las disposiciones de
la Ley Notarial de Puerto Rico, Ley Núm. 75 de 2 de julio de
1987, según enmendada, 4 LPRA secs. 2001 et seq., así como
por el Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Por tal
razón, al ejercer sus funciones la notaria o el notario debe
observar ambos estatutos y el contrato entre las partes
rigurosamente, pues de otro modo, se expone a las sanciones
disciplinarias correspondientes. In re González Maldonado,
152 DPR 871 (2002); In re Vera Vélez, 148 DPR 1 (1999); In
re Torres Olmeda, 145 DPR 384 (1998). Con ello en mente,
procedemos a examinar el derecho aplicable al caso ante nos.
A.
En esa dirección, y como punto de partida en nuestro
análisis, conviene recordar aquí que el Art. 11 de la Ley
Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA sec. 2022 (supl. 2006),1 según
1 Se cita la disposición vigente al momento de los hechos. No obstante, la misma no ha sufrido cambios sustanciales a la fecha en que se emite esta Opinión Per Curiam. Al presente, la misma reza de la siguiente manera:
En el otorgamiento de escrituras de segregación, agrupación o traslación de dominio será obligación del transmitente o de quien segregue o agrupe cumplimentar y depositar en la oficina del notario autorizante la planilla informativa sobre segregación, agrupación o traslado de bienes inmuebles. ... Cuando se trate del traslado de un bien inmueble residencial, el notario vendrá obligado a asesorar y advertirle al adquirente, que de ser su intención utilizar el CP-2016-23 9
enmendada, al momento de los hechos que dieron margen al
presente proceso disciplinario, establecía que:
En el otorgamiento de escrituras de segregación, agrupación o traslación de dominio será obligación del transmitente o de quien segregue o agrupe cumplimentar y depositar en la oficina del notario autorizante la Planilla Informativa sobre Segregación, Agrupación o Traslado de Bienes Inmuebles, al momento del otorgamiento o no más tarde de ocho (8) días siguientes al mismo. 4 LPRA sec. 2022 (supl. 2006).
Asimismo, el precitado artículo disponía que en aquellos
casos en que se estuviese llevando a cabo el traslado de un
bien inmueble residencial, cuyo comprador deseara solicitar
la exención contributiva correspondiente a la residencia
principal, el notario debía facilitarle a éste la solicitud
y, una vez cumplimentada, remitirla al CRIM. Íd.
Además, la referida disposición legal imponía a los
notarios y notarias la obligación de “remitir durante los
primeros diez (10) días de cada mes al Departamento de
Hacienda y al Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales
las planillas correspondientes a las escrituras otorgadas
inmueble como residencia principal, deberá solicitar los beneficios de la exoneración contributiva de contribución sobre la propiedad inmueble, a tenor con la sec. 5001 del Título 21, parte de la ley conocida como ‘Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad de 1991‘. Esta advertencia, el notario la hará constar en la escritura de traslado de dominio. ... Será obligación de los notarios remitir mensualmente al Departamento de Hacienda las planillas correspondientes a las escrituras otorgadas ante ellos durante el mes anterior, en o antes del décimo (10) día del mes siguiente al otorgamiento de dichas escrituras. Dicha planilla deberá ser radicada en la forma, manera que establezca el Secretario de Hacienda, mediante reglamento, carta circular, boletín informativo o determinación administrativa de carácter general, incluyendo, pero sin limitarse, a la radicación de las mismas utilizando medios electrónicos. 4 LPRA sec. 2022. CP-2016-23 10
ante ellos durante el mes anterior, al igual que las
solicitudes de exención contributiva sobre residencias
principales”. 4 LPRA sec. 2022 (supl. 2006).
B.
De otra parte, el Art. 12 de la Ley Notarial de Puerto
Rico, 4 LPRA sec. 2023 (ed. 1994), impone a todo notario o
notaria el deber de remitir a la ODIN un índice mensual sobre
sus actividades notariales. El mismo ha de presentarse en o
antes del décimo día calendario del mes siguiente al mes
informado. Íd. En dicho informe, el notario o la notaria hace
constar “los números de orden [de las escrituras matrices y
testimonios autorizados en el mes precedente], los nombres
de los comparecientes, la fecha, el objeto del instrumento o
del testimonio, la cuantía de cada instrumento y el nombre
de los testigos, de haber comparecido alguno”. Íd.
Sobre este particular, este Tribunal ha expresado que
el incumplimiento con el precitado artículo menoscaba la fe
pública investida en los notarios. Ello, pues los índices
mensuales de actividad notarial garantizan la certeza de los
documentos autorizados por los notarios y las notarias, y
evitan el riesgo de manipulación y fraude. In re Cabrera
Acosta, 193 DPR 461 (2015); In re Santiago Ortiz, 191 DPR 950
(2014).
C.
Por otro lado, el Art. 58 de la Ley Notarial, 4 LPRA
sec. 2093 (ed. 1994), uno que también es necesario discutir
en el escenario que nos encontramos, establece que “[l]os CP-2016-23 11
testimonios llevarán una numeración sucesiva y continua y
serán encabezados por el número que les corresponda, que será
correlativo al de la inscripción en el Registro que más
adelante se establece”. Mientras tanto, el Art. 60 de la
referida ley, 4 LPRA sec. 2095 (ed. 1994), establece la
nulidad de todo testimonio que no haya sido incluido en el
índice mensual, no lleve la firma del notario autorizante o
no se haya inscrito en el Registro de Testimonios.
D.
De igual forma, es importante mencionar también que el
Art. 56 de la Ley Notarial, 4 LPRA sec. 2091 (supl. 1999),
prohíbe a los notarios y notarias autorizar testimonios en
aquellos casos comprendidos en los incisos (1) al (6) del
Art. 1232 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3453.
Entre los actos jurídicos que deben constar en instrumento
público, conforme dispone el Art. 1232 del Código Civil,
supra, se encuentran “[l]os actos y contratos que tengan por
objeto la creación, transmisión, modificación o extinción de
derechos reales sobre bienes inmuebles”.
Sobre esta prohibición este Tribunal ha expresado que
uno de sus fundamentos es que, de ordinario, el notario no
asume la responsabilidad por el contenido de los documentos
privados cuyas firmas legitime. Art. 56 de la Ley Notarial,
supra. In re Ortiz Medina, 175 DPR 43 (2008); In re Colón
Ramery, 138 DPR 793, 799 (1995). Permitir la autorización de
un testimonio de autenticidad en los casos enumerados en el
Art. 1232 del Código Civil, supra, frustraría el objetivo de CP-2016-23 12
dicha disposición, a saber: “garantizar que, al prestar su
consentimiento a un contrato sobre bienes inmuebles, los
otorgantes conozcan plenamente las consecuencias del negocio
que pretenden llevar a cabo”. In re Ortiz Medina, supra, pág.
52.
Es preciso recordar, además, que los negocios sobre
bienes inmuebles están sujetos al pago de aranceles, por lo
que, “para evitar que el notario se convierta en cómplice de
una posible evasión contributiva, la Ley Notarial de Puerto
Rico establece que, si ha de intervenir en un contrato de tal
naturaleza, sólo podrá hacerlo mediante la autorización de
un documento público”. In re Ortiz Medina, supra, págs. 52-
53; In re Feliciano, 115 DPR 172 (1984); Lázaro v. Sucn. Toro
Cabañas, 53 DPR 201 (1938).
E.
Por otro lado, y por considerarlo en extremo importante
para la correcta disposición del proceso disciplinario ante
nuestra consideración, debemos recalcar que el Canon 18 del
Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, exige a todos los
miembros de la profesión legal rendir una labor idónea y
competente. Si bien este canon menciona esta labor idónea con
relación al cliente, este Tribunal ha interpretado
reiteradamente que dicha norma ética aplica a la labor de los
notarios y notarias. In re Vargas Velázquez II, 193 DPR 681 CP-2016-23 13
(2015); In re González Maldonado, 152 DPR 871 (2000); In re
Martínez Ramírez, 142 DPR 329 (1997).
Sobre este particular, este Tribunal ha establecido que
aquellos abogados o abogadas que practican la notaría están
obligados a cumplir con el Código de Ética Profesional y con
la legislación pertinente a los documentos que autoriza. In
re Vargas Velázquez II, supra; In re Vargas Velázquez I, 190
DPR 730 (2014). Asimismo, esta Curia ha expresado que “el
desconocimiento de las normas jurídicas y del ejercicio de
la profesión vulneran la naturaleza misma del notariado en
nuestra jurisdicción y constituyen una violación al Canon 18
del Código de Ética Profesional”. ́In re Vargas Velázquez II,
supra; In re Vargas Velázquez I, supra; In re Ortiz Medina,
175 DPR 43, 49 (2008).
De otra parte, el Canon 35 de Ética Profesional, 4 LPRA
Ap. IX, impone a todos los abogados y abogadas el deber de
proceder con integridad, sinceridad y honradez ante los
tribunales, para con sus representados y en las relaciones
con sus compañeros. Como hemos sentenciado en ocasiones
anteriores, este deber se incumple por el mero hecho de faltar
a la verdad, sin importar las razones para ello. In re Pérez
Guerrero, 201 DPR 345 (2018); In re Vázquez Pardo, 185 DPR
1031 (2012); In re Iglesias García, 183 DPR 572 (2011).
En lo pertinente al caso que nos ocupa, hemos señalado
que faltar a la veracidad de los hechos es una de las faltas
más graves que puede cometer un notario o notaria. In re
Pagani Padró, 198 DPR 812 (2017); In re Montañez Miranda, 157 CP-2016-23 14
DPR 275 (2002); In re González Maldonado, 152 DPR 871 (2000).
Por tanto, “dar fe de un hecho falso, independientemente de
si es de forma intencional o no, conlleva una violación al
Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra”. In re Pagani
Padró, supra; In re Belén Trujillo, 184 DPR 793 (2012); In
re Martínez Almodóvar, 180 DPR 805 (2011).
Finalmente, el Canon 38 de Ética Profesional, 4 LPRA Ap.
IX, impone a todo abogado y abogada el deber de esforzarse al
máximo en exaltar el honor y dignidad de la profesión legal.
Este deber implica que todo abogado o abogada “debe evitar
hasta la apariencia de conducta profesional impropia”. Íd.
Como bien hemos expresado anteriormente “’[l]a justicia
debe ser inmaculada, tanto en su realidad interior como en
la percepción externa.... Cuando la conducta que se le imputa
a un abogado demuestra que no se conduce de forma digna y
honorable, viola el citado Canon 38’”. In re Pérez Guerrero,
supra, pág. 358; In re Gordon Menéndez, 183 DPR 628 (2011)
(citando In re Pons Fontana, 182 DPR 300, 310 (2011)). Véanse,
además, In re Pagán Pagán, 171 DPR 975 (2007); In re Roldán
González, 113 DPR 238 (1982). En esa dirección, y en vista
de que los miembros de la clase togada reflejan la imagen de
la profesión, éstos y éstas siempre deben actuar con el más
escrupuloso sentido de responsabilidad que impone la función
social que ejercen. In re Pérez Guerrero, supra; In re Gordon
Menéndez, supra; In re Nieves Nieves, 181 DPR 25 (2011).
III. CP-2016-23 15
Ya para concluir, es menester señalar también que, en
casos como el de autos, al momento de imponer una sanción
disciplinaria, este Tribunal debe tomar en consideración los
siguientes factores: (1) la reputación del abogado en la
comunidad; (2) su historial previo; (3) si la falta en
cuestión constituye su primera infracción; (4) si ninguna
parte ha resultado perjudicada; (5) la aceptación de la falta
y su sincero arrepentimiento; (6) si es una conducta aislada;
(6) si medió ánimo de lucro en su actuación; (7) el
resarcimiento al cliente; y (8) cualesquier otra
consideración, ya sea atenuante o agravante, que surja de los
hechos. In re Medina Torres, 200 DPR 610 (2018); In re Otero
Calero, 2018 TSPR 112, 200 DPR 561 (2018); In re Pagani Padró,
supra.
Es, pues, a la luz de la normativa antes expuesta que
procedemos a disponer del proceso disciplinario que nos
ocupa.
IV.
Como mencionamos anteriormente, el presente caso fue
referido ante una Comisionada Especial quien tuvo la
oportunidad de recibir la prueba presentada en el mismo,
evaluarla detenidamente, hacer sus determinaciones de hechos
y sus conclusiones de derecho. En parte de su informe, la
Comisionada Especial designada para atender el mismo,
licenciada González Seda, concluyó que la determinación de
la ODIN y de la Oficina del Procurador General en cuanto a
la violación de los Arts. 11, 12, 58, 59 y 60 de la Ley CP-2016-23 16
Notarial, supra, imputada a la licenciada Charbonier Laureano
está sostenida por la prueba estipulada y la prueba
testifical presentada por las partes. Incluso, y según se
señala en el referido documento, parte de las conclusiones a
las que se llega en el referido Informe fueron aceptadas por
la letrada objeto del presente proceso disciplinario, quien
varios años después de juramentar el testimonio y autorizar
la escritura en cuestión, solicitó que se le permitiera
subsanar las omisiones incurridas. Con las conclusiones a las
que se llega en el Informe rendido por la Comisionada
Especial, coincidimos.
Y es que, en efecto, tal como lo ha señalado la
Comisionada Especial en su Informe, y según se desprende del
expediente ante nuestra consideración, no albergamos duda
alguna que -- en lo que respecta a la querella de epígrafe
-- la licenciada Charbonier Laureano no incluyó la
juramentación del contrato entre el señor Nazario Sánchez y
la señora Ramos Feliciano aquí en controversia en su Índice
Notarial del mes de febrero de 1999, adjudicándole a otra
juramentación el número que le hubiese correspondido (4,193).
Tampoco registró el referido juramento en su Registro de
Testimonios. No hay controversia en cuanto a que, al
autorizar la escritura Núm. 19 de 9 de diciembre de 2006, la
referida letrada omitió notificar al Departamento de Hacienda
la Planilla Informativa de Segregación, Agrupación o Traslado
de Bienes Inmuebles que le era requerida. Todo lo anterior CP-2016-23 17
en violación a los Art. 11, 12, 58, 59 y 60 de la Ley Notarial
de Puerto Rico, supra.
Ahora bien, en cuanto a las violaciones al Art. 56 de
la Ley Notarial, supra, y el Art. 1232 del Código Civil,
supra, imputadas a la licenciada Charbonier Laureano, similar
a como lo concluyó la Comisionada Especial designada para
atender el proceso disciplinario que nos ocupa, entendemos
que las mismas no fueron sostenidas por la prueba desfilada
en el presente proceso disciplinario. Del expediente ante
nuestra consideración, se desprende que la transacción entre
la señora Ramos Feliciano y el señor Nazario Sánchez no era
en realidad una compraventa porque el llamado vendedor no era
el único dueño de la propiedad, por lo que no podía haber
transmisión de un derecho real sobre el inmueble. El señor
Nazario Sánchez compareció al otorgamiento del contrato a
transmitir un derecho que no tenía sobre una propiedad que
pertenecía a una sucesión, que en ese momento no se había
declarado quiénes eran sus miembros.2 El contenido de dicho
contrato, aún si se hubiese consignado en escritura pública,
nunca hubiese podido inscribirse en el Registro de la
Propiedad. No hubo, pues, violación al Art. 56 de la Ley
Notarial, supra, y el Art. 1232 del Código Civil, supra.
De otra parte, en lo relacionado al Canon 18 de Ética
Profesional, supra, y tal como lo señaló la Comisionada
2 Cabe señalar que la licenciada Charbonier Laureano hizo alusión a este hecho en su testimonio, donde alegó que en ese momento no podía hacer la escritura de compraventa, pues el señor Nazario Sánchez era comunero y la señora Ramos Feliciano era casada y compareció sola. CP-2016-23 18
Especial en su Informe, estimamos que cualquier violación a
la Ley Notarial, supra, constituye una conducta contraria a
dicha disposición disciplinaria. Por lo tanto, en la medida
en que la prueba ante nos sostiene múltiples violaciones a
la Ley Notarial, supra, queda claramente establecido que la
letrada objeto del presente proceso disciplinario se apartó
del deber de cuidado y diligencia que requiere este canon y,
en consecuencia, ha violado el mismo.
Por otro lado, en su Informe la Comisionada Especial
también concluyó que la licenciada Charbonier Laureano faltó
a su deber de sinceridad y honradez, ello en violación del
Canon 35 de Ética Profesional, supra. Tiene razón.
Y es que según se desprende del expediente ante nuestra
consideración, es un hecho cierto que la referida letrada
estuvo presente, redactó y tomó juramento a la señora Ramos
Feliciano y al señor Nazario Sánchez el 19 de febrero de
1999, por lo que le constaba que la entrega de los $77,000
fue hecha por la promovente y no por la hija de ésta. No
obstante, en la escritura otorgada en el año 2006, la
licenciada Charbonier Laureano incluyó como hecho cierto y
dio fe de que la parte vendedora manifestó que recibió la
referida suma de dinero de la hija de la quejosa, quien
comparece como compradora en la escritura. Además, la
Comisionada Especial indica que, aunque la escritura en
cuestión establece que fue autorizada el 9 de diciembre de
2006, la misma fue incluida en el informe que rindió la CP-2016-23 19
querellada en el mes de noviembre de 2006, como si realmente
hubiese sido autorizada el 9 de noviembre de 2006.
No siendo suficiente lo antes dicho, luego de aceptar
en su contestación a la queja que redactó y juramentó el
contrato suscrito entre el señor Nazario Sánchez y la señora
Ramos Feliciano, la licenciada Charbonier Laureano sostuvo
que nunca juramentó dicho contrato y que su firma y sello
fueron falsificados. Sobre este particular, se mencionó en
el Informe de la Comisionada Especial que el 12 de agosto de
2015, el señor Héctor J. Figueroa Ramos, Examinador de
Documentos Forenses II adscrito al Instituto de Ciencias
Forenses de Puerto Rico, certificó mediante informe que la
firma y sello que aparecen en el contrato suscrito por la
quejosa y el señor Nazario Sánchez corresponden a la
querellada. No obstante, aun cuando existía dicho informe
pericial, la referida letrada insistió en su alegación de que
su firma y sello habían sido falsificados.
Por ultimo, al igual que lo hizo la Comisionada
Especial, concluimos que la licenciada Charbonier Laureano
también incurrió en conducta constitutiva de violación al
Canon 38 de Ética Profesional, supra. En primer lugar, y
según se desprende del expediente ante nuestra consideración,
la referida letrada testificó que, al momento de pactarse el
contrato de opción de compraventa, se encontraba realizando
gestiones relativas a la liquidación del caudal relicto de
la esposa del señor Nazario Sánchez. Por lo tanto, ésta sabía
que el señor Nazario Sánchez no podía transmitir un título CP-2016-23 20
de propiedad a la señora Ramos Feliciano, toda vez que aún
no había una declaratoria de herederos. Teniendo conocimiento
de esto, la letrada debió informar y orientar a las partes.
Ésta no lo hizo.
En segundo lugar, la licenciada Charbonier Laureano
tenía conocimiento de que la señora Ramos Feliciano iba a
pagar el valor total de la propiedad, a pesar de que en ese
momento no se podía inscribir a su nombre. Sin embargo, omitió
orientar a la promovente, antes de que ésta firmara el
contrato, sobre el pago de las contribuciones de la propiedad
que correspondía a la sucesión. Por otro lado, la Comisionada
Especial expresó que no se presentó explicación satisfactoria
alguna en este procedimiento para que el otorgamiento de la
escritura tomara casi siete años desde que se juramentó el
contrato entre la señora Ramos Feliciano y el señor Nazario
Sánchez.
Para concluir, precisa señalar aquí que la Comisionada
Especial atendió ciertas expresiones hechas por la licenciada
Charbonier Laureano en contra de la Oficina del Procurador
General en su Contestación a Informe de la Procuradora
General en esta Queja y las que surgen del expediente contra
la promovente.3 Ésta concluyó que tales señalamientos, además
3 Se refirió, en particular, a las siguientes expresiones:
Desde que la licenciada Charbonier Laureano entró a la política activa ha estado expuesta a la promoción de querellas o quejas desde la Oficina de la Procuradora General cada vez que gobierna el partido contrario al que ella milita. Al presente las quejas no han prosperado. De hecho, dos de esas querellas fueron desestimadas por no sostenerse en derecho y los hechos probados y documentos no sostenían de ninguna manera lo imputado. Esto representa el último intento de esta oficina para afectar la práctica profesional de la CP-2016-23 21
de que no fueron probados, no exaltan el honor y la dignidad
de la profesión, como exige el Canon 38 de Ética Profesional.
Estamos de acuerdo. Tal conducta, sin lugar a dudas, es
contraria a lo dispuesto en la normativa deontológica a la
que se hace referencia.
En fin, como hemos establecido anteriormente, y a modo
de epílogo, -- en lo que respecta al proceso disciplinario
ante nuestra consideración --, no se desprende de la prueba
desfilada que la licenciada Charbonier Laureano haya
incurrido en violación del Art. 56 de la Ley Notarial, supra,
y el Art. 1232 del Código Civil, supra. Ello, pues la
transacción entre la señora Ramos Feliciano y el señor
Nazario Sánchez no era en realidad de una compraventa, toda
vez que este último no era el único dueño de la propiedad,
por lo que no podía transmitir un derecho real sobre el
inmueble.
Ahora bien, según sostiene la prueba desfilada en este
proceso disciplinario, y la normativa aplicable antes
discutida, la licenciada Charbonier Laureano, a todas luces,
violó los Arts. 11, 12, 58, 59 y 60 de la Ley Notarial, supra,
pues ésta: no notificó al Departamento de Hacienda la
Planilla Informativa de Segregación, Agrupación o Traslado
de Bienes Inmuebles, luego de otorgar una escritura de
compraventa; no incluyó la juramentación del contrato entre
el señor Nazario Sánchez y la señora Ramos Feliciano en su
licenciada Charbonier Laureano. Contestación a Informe de la Oficina de la Procuradora General en esta Queja, pág. 8. CP-2016-23 22
Índice Notarial del mes de febrero de 1999, adjudicando a
otra juramentación el número que le hubiese correspondido
(4,193); y no registró el referido juramento en su Registro
de Testimonios. Tampoco nos cabe duda de que la licenciada
Charbonier Laureano violó los Cánones 18, 35 y 38 de Ética
Profesional, supra, toda vez que ésta: mostró falta de
competencia o conocimiento en el desempeño de sus funciones
notariales; faltó a su deber de honestidad tanto en el
desempeño de su profesión como en el presente proceso
disciplinario; y desplegó una conducta que no exalta el honor
y la dignidad de la profesión. Dicha conducta, sin lugar a
dudas, debe ser sancionada.
V.
Conforme mencionamos anteriormente, al considerar la
sanción a imponerse en el presente caso, debemos tomar en
cuenta que la licenciada Charbonier Laureano ha sido objeto
de quejas disciplinarias en varias instancias anteriores,
siendo censurada por este Tribunal en dos (2) de éstas.
Véanse, In re Charbonier Laureano, 193 DPR 409 (2015); In re
Charbonier Laureano, 156 DPR 575 (2002).4 Por otro lado, es
menester señalar que durante este proceso disciplinario la
querellada se ha sostenido en que no ha cometido ninguna
4 En In re Charbonier Laureano, 156 DPR 575 (2002), la licenciada Carbonier Laureano fue censurada y apercibida por autorizar una declaración jurada previamente impresa sin borrar o tachar del texto y del juramento los nombres de dos personas que no comparecieron ante ella, pero posteriormente firmaron como si hubiese sido en su presencia. En ese caso, este Tribunal expresó que “en vista de que la presente constituye la primera queja o querella radicada contra la mencionada abogada-notario, procede que en esta ocasión únicamente censuremos a la referida abogada”. (Énfasis en el original) In re Charbonier Laureano, supra, pág. 579. CP-2016-23 23
falta ética, aunque sí reconoció -- luego de varios años -–
haber cometido violaciones a la Ley Notarial, supra, las
cuales solicitó subsanar.
VI.
Es pues, por todo lo anterior, que coincidimos con las
conclusiones de la ODIN, la Oficina del Procurador General y
el Informe de la Comisionada Especial en cuanto a que la
licenciada Charbonier Laureano violó los Arts. 11, 12, 58,
59 y 60 de la Ley Notarial, supra, y los Cánones 35 y 38 de
Ética Profesional.
En vista de las faltas cometidas, sus antecedentes, así
como la conducta desplegada por la referida letrada durante
el presente proceso disciplinario, procede su suspensión del
ejercicio de la notaría por un término de seis (6) meses.
Se dictará Sentencia de conformidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
María Milagros Charbonier Laureano CP-2016-23
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam que antecede, la cual se hace formar parte de la presente Sentencia, se suspende inmediatamente a la Lcda. María Milagros Charbonier Laureano del ejercicio de la notaría por un término de seis (6) meses.
Se le ordena al Alguacil de este Tribunal incautar la obra y sello notarial de la licenciada Charbonier Laureano y entregar los mismos al Director de la ODIN para la correspondiente investigación e informe. Consecuentemente, la fianza notarial queda automáticamente cancelada. La fianza se considerará buena y válida por tres años después de su terminación en cuanto a los actos realizados por la licenciada Charbonier Laureano durante el periodo en que la fianza estuvo vigente.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco disiente y hace constar la siguiente expresión: CP-2016-23 2
¨La Jueza Asociada señora Pabón Charneco disiente del resultado avalado por una Mayoría de este Tribunal. Luego de evaluar cuidadosamente el expediente de autos, entiende que la suspensión del ejercicio de la notaría debería de ser por un término de tres (3) meses porque a la fecha en la que se presentó la Queja habían transcurrido doce (12) años desde que se otorgó la escritura de compraventa en cuestión y del expediente surge que la Lcda. María M. Charbonier Laureano solicitó subsanar los errores señalados por la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN)¨.
El Juez Asociado señor Estrella Martínez no intervino. El Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo no interviene.
José Ignacio Campos Pérez Secretario del Tribunal Supremo