EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re: 2014 TSPR 143
Manuel R. Suárez Jiménez 192 DPR ____
Número del Caso: CP-2012-19
Fecha: 17 de diciembre de 2014
Abogado de la parte Querellada:
Lcdo. Ángel Tapia Flores
Oficina de la Procuradora General:
Lcda. Karla Z. Pacheco Álvarez Subprocuradora General
Lcda. Yaizamarie Lugo Fontánez Procuradora General Auxiliar
Comisionada Especial:
Hon. Eliadís Orsini Zayas
Materia: Conducta Profesional – La suspensión será efectiva el 31 de diciembre de 2014, fecha en que se le notificó al abogado de su suspensión inmediata.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Manuel R. Suárez Jiménez CP-2012-19
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 17 de diciembre de
2014.
Una vez más, nos vemos precisados a ejercer
nuestra facultad disciplinaria contra un miembro
de la clase togada por violar los Cánones 18, 20,
35 y 38 del Código de Ética Profesional.1 Por los
fundamentos que enunciamos, ordenamos la
suspensión indefinida del Lcdo. Manuel R. Suárez
Jiménez (licenciado Suárez Jiménez) del ejercicio
de la abogacía. Veamos los antecedentes fácticos
que sostienen nuestro dictamen.
1 4 LPRA Ap. IX. CP-2012-19 2
I
Para julio de 2008, el querellado, en representación
del Sr. Antonio Bernier Martínez (señor Bernier o el
quejoso) y otros codemandantes, presentó una demanda por
daños y perjuicios en el Tribunal federal para el Distrito
de Puerto Rico contra la línea aérea American Airlines,
Inc.2 Tras una solicitud de los demandados, mediante orden
emitida por el Tribunal de Distrito de Puerto Rico el 1 de
junio de 2009, el caso se trasladó al Tribunal federal del
Distrito Sur de la Florida.3 Así las cosas, la
representación legal de la parte demandada intentó en
varias ocasiones, pero sin éxito, reunirse con el
querellado4 para cumplir con unas órdenes del tribunal
respecto a un informe conjunto que debían preparar y
presentar ante ese foro.5 La reunión nunca logró
concordarse.
2 El licenciado Suárez Jiménez presentó la demanda en representación de la Sra. Luz Esther Rivera Carmona, el Sr. Antonio Bernier Martínez y la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos, la Sra. Lucyann Bernier Rivera, la Sra. Suzanne Bernier Rivera y la Sra. Alba I. Rivera Carmona, en contra de American Airlines y AMR Corporation. 3 Véase, Opinion and Order, Apéndice de la Moción de desestimación de la querella, pág. 49. 4 El 7 y 13 de julio de 2009 los abogados de American Airlines, Inc. se comunicaron con el querellado. Véase, Estipulaciones de las partes, Apéndice, Exhibits IV y V. Véase, además, Defendant American Airlines. Inc.’s motion for enlargment of time to meet and prepare joint scheduling report and proposed scheduling. Apéndice de la Moción de desestimación de la querella, pág. 74.
5 El 21 de julio y 10 de agosto de 2009 el Tribunal emitió las siguientes órdenes, respectivamente: Order requiring counsel to meet and file joint scheduling report and proposed order y Order granting American Airlines, Inc.’s motion to compel plaintiffs to participate in joint scheduling conference and preparation of joint scheduling report and proposed order. Id., págs. 56, 92. CP-2012-19 3
Trascendió que el 14 de agosto de 2009, el querellado
presentó ante el Tribunal de Distrito de la Florida una
moción solicitando que se paralizaran los procedimientos
en lo que radicaba una moción para que el caso se
trasladara al Tribunal de Distrito de Puerto Rico
nuevamente.6 Tras examinar esta y otras mociones
presentadas por la parte demandada, el 27 de abril de 2010
dicho foro desestimó el caso sin perjuicio debido al
incumplimiento del querellado con los requerimientos del
tribunal.7
Ante estos hechos, el 13 de enero de 2011 el señor
Bernier presentó ante este Tribunal la queja AB-2011-14
contra el licenciado Suárez Jiménez. Alegó que este no lo
mantuvo informado sobre las incidencias del caso para el
cual lo contrató. Por ejemplo, sostuvo que el letrado no
le había informado sobre el traslado del caso al Tribunal
de Distrito de la Florida y que este se desestimó debido
al incumplimiento de las órdenes emitidas por ese foro.
Finalmente, señaló que debido a la pobre comunicación que
mantenía con el abogado, interesaba conocer el estatus de
su caso y obtener una copia del expediente.
Luego de varios requerimientos de este Tribunal, el
licenciado Suárez Jiménez presentó su contestación a la
6 Id., pág. 94. 7 Véase, Order dismissing case, Id., pág. 116. CP-2012-19 4
queja8 y en síntesis negó todo lo alegado por el señor
Bernier. Expuso que cuando se trasladó el caso al Distrito
de la Florida culminó su representación legal en cuanto al
quejoso debido a que no estaba autorizado a practicar la
abogacía en esa jurisdicción. Agregó, que en todo momento
mantuvo una comunicación efectiva con este en cuanto a lo
que ocurría con el caso y que le advirtió acerca de la
dificultad procesal del mismo en vista de que los hechos
habían ocurrido en la ciudad de Miami. Mientras tanto, el
quejoso se reiteró en las contenciones consignadas en su
queja.
Tras varios trámites procesales, el 9 de marzo de
2012 la Oficina de la Procuradora General nos presentó su
Informe, en el que concluyó que el querellado violó los
Cánones 18, 20, 35 y 38 del Código de Ética Profesional,
supra. Evaluado el informe, le ordenamos a la Procuradora
General que presentara una querella, lo que hizo el 21 de
septiembre de 2012, imputándole al letrado los siguientes
cargos:
CARGO I: El licenciado Suárez Jiménez violó el Canon 18 de Ética Profesional al no defender diligentemente los intereses de su cliente a tenor con los preceptos del referido Canon al no representar adecuadamente al querellante en el caso federal 09-21684 conllevando así la desestimación sin perjuicio de su reclamación y al no orientarle sobre la posibilidad de instar
8 El 17 de mayo de 2011 emitimos una Resolución en la que concedimos un término de 5 días para que compareciera ante este Tribunal y contestara la queja. Ello, en vista de que en dos ocasiones la Subsecretaria de este Tribunal le cursó comunicaciones infructuosas al querellado concediéndole términos para que contestara la queja presentada en su contra. CP-2012-19 5
su reclamación nuevamente con otro abogado ni entregarle su expediente para dicha gestión.
Cargo II: El licenciado Suárez Jiménez no cumplió con los preceptos del Canon 20 de Ética Profesional al no solicitar su renuncia a la representación legal de sus clientes al Tribunal y al no tomar las medidas razonables para evitar perjudicar a su cliente al cesar su relación profesional, lo cual alega el querellado que ocurrió una vez fue el caso trasladado al Tribunal federal de Florida.
Cargo III: El licenciado Suárez Jiménez infringió los preceptos del Canon 35 de Ética Profesional, los cuales disponen que la conducta de un abogado para con el Tribunal, sus representados, y sus compañeros debe ser sincera y honrada, ante las incongruencias en cuanto lo informado a sus clientes de que estaría presentando unos escritos para reabrir el caso en julio de 2010 y lo informado a este Ilustre Foro en su contestación de que discutió con el querellante la posibilidad de presentar una apelación pero que no la presentó porque éste no estaba dispuesto a cubrir el gasto de la misma y porque era frívola, así como aseveró que una vez desestimado el caso había culminado la relación profesional con el querellante, así como su obligación de darle seguimiento al mismo.
Cargo IV: La conducta del licenciado Suárez Jiménez al no representar adecuadamente los intereses de sus clientes, lo cual conllevó con su dejadez a la desestimación de su caso, el no preocuparse por orientarles e informarles oportunamente su derecho a presentar nuevamente su causa de acción mediante otra representación legal y al haberles hecho creer que estaba haciendo gestiones para reabrir su caso y/o mentirle a este Tribunal sobre las gestiones realizadas por éste una vez se desestimó el mismo, constituye una violación al Canon 38 de Ética Profesional. Ello debido a que con dicho comportamiento no exaltó el honor y la dignidad de la profesión ni evitó hasta la apariencia de conducta profesional impropia, así como no aportó a la consecución de una mejor administración de la justicia.
El 10 de abril de 2013 el querellado nos presentó su
Contestación a la querella y moción de desestimación. En CP-2012-19 6
su escrito, nuevamente negó la totalidad de las
alegaciones en cuanto a los cargos imputados. Entre otras
cosas, arguyó: que la Oficina de la Procuradora no cumplió
con el debido proceso de ley durante su investigación en
cuanto a las alegaciones hechas por el quejoso; que el
señor Bernier le había mentido en cuanto a los hechos que
dieron origen a la demanda de daños y perjuicios; que en
todo momento mantuvo una comunicación efectiva con su
cliente en cuanto a la imposibilidad de atender el caso en
el Distrito de la Florida; que no acordó con el quejoso
apelar la sentencia que desestimó el caso y que este nunca
solicitó la entrega del expediente del caso. Así las
cosas, el 31 de mayo de 2013 nombramos a la Hon. Eliadís
Orsini Zayas, ex jueza del Tribunal de Primera Instancia,
como Comisionada Especial para que nos rindiera un informe
con sus recomendaciones. Luego de varias instancias
procesales, las partes involucradas en este proceso
decidieron someter el caso por el expediente.9 De esta
forma, el 11 de abril de 2014 recibimos el Informe de la
Comisionada Especial, en el que concluyó que los cargos
imputados se probaron con prueba clara, robusta y
convincente. Además, recomendó como sanción la suspensión
indefinida.
Contando con el beneficio del Informe y de la
comparecencia de las partes, pasamos a exponer el estado
9 Véase, Moción conjunta informando interés en presentar un informe y someter el caso por el expediente. CP-2012-19 7
de derecho aplicable a la situación ante nuestra
consideración.
II
En reiteradas ocasiones hemos expresado que la
práctica de la abogacía acarrea una delicada y seria
función social. Ello, porque representa servicio, ética y
ejemplo. In re García Ortíz, 187 DPR 507, 515 (2012);
Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, 133 DPR 599 (1993).
Asimismo, esta profesión aporta imprescindiblemente a la
realización de la Justicia. In re Mulero Fernández, 174
DPR 18, 28 (2008).
Así pues, los Cánones de Ética Profesional establecen
las normas mínimas de conducta que rigen a los miembros de
la profesión legal en el desempeño de su labor. In re
Reyes Coreano, 2014 TSPR 51, pág. 12, 190 DPR ___ (2014).
Estos tienen el objetivo de promover los más altos
principios de conducta decorosa para el beneficio de la
profesión, de la ciudadanía y de las instituciones de
justicia del país. In re Soto Charraire, 186 DPR 1019,
1027 (2012); In re García Ortiz, supra. Por ello, los
abogados tienen una función revestida de gran interés
público que genera obligaciones para con sus clientes, así
como con el tribunal en la administración de la justicia.
In re Mulero Fernández, supra, pág. 29; In re Meléndez La
Fontaine, 167 DPR 111, 120 (2006).
Como mencionáramos, la querella presentada por la
Oficina del Procurador General imputó al licenciado Suárez CP-2012-19 8
Jiménez violación a los Cánones 18, 20, 35 y 38 de Ética
Profesional, supra, al no ser diligente en la tramitación
del caso de su cliente. Procedemos a exponer el derecho
aplicable a las faltas éticas señaladas.
A. Canon 18 de Ética Profesional
El Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra,
establece que:
Será impropio de un abogado asumir una representación profesional cuando está consciente de que no puede rendir una labor idónea competente y que no puede prepararse adecuadamente sin que ello apareje gastos o demoras irrazonables a su cliente o a la administración de la justicia. Es deber del abogado defender los intereses del cliente diligentemente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurídica en general estima adecuada y responsable. (Énfasis nuestro).
El referido precepto “[r]ecoge el deber de diligencia
de todo abogado en la atención de los asuntos de sus
clientes”. In re Zayas Nieves, 181 DPR 49, 54 (2011). El
abogado tiene la obligación de desempeñarse diligentemente
y con capacidad al defender los intereses de su cliente.
Id.; In re Castro Colón, 177 DPR 333 (2010). Este deber
constituye una obligación básica y elemental del abogado.
In re Dávila Toro, 179 DPR 833, 842 (2010).
En ese contexto, hemos expresado que “[u]n abogado
falta a su deber de diligencia cuando no realiza las
gestiones que le fueron encomendadas en el momento
oportuno, de la forma adecuada y sin retrasos. In re Reyes
Coreano, supra. Asimismo, hemos señalado reiteradamente CP-2012-19 9
que el deber de diligencia profesional es incompatible con
la desidia, la despreocupación y la displicencia en el
trámite de un caso. Id., pág. 13. En ocasiones anteriores,
hemos identificado conductas específicas que contravienen
los principios del Canon 18, supra. Entre estas conductas
se encuentran: (1) no comparecer a los señalamientos del
tribunal; (2) no contestar los interrogatorios sometidos;
(3) no informar a las partes sobre la presentación de un
perito; (4) desatender o abandonar el caso; (5) permitir
que expire el término prescriptivo o jurisdiccional de una
acción; y (6) cualquier tipo de acción negligente que
pueda conllevar o resulte en la desestimación o el archivo
del caso. In re Plaud González, 181 DPR 874, 886-887
(2011); In re Vilches López, 170 DPR 793, 798 (2007).
En el ejercicio de nuestra función disciplinaria,
hemos señalado que “aquella actuación negligente que pueda
conllevar o en efecto conlleve, la desestimación o archivo
de un caso, se considerará violatoria del Canon 18 de los
Cánones de Ética Profesional”. In re Díaz Nieves, 189 DPR
1000, 1011-1012 (2013); In re Nieves Nieves, 181 DPR 25,
37 (2011).
B. Canon 20 de Ética Profesional
El Canon 20 de Ética Profesional, supra, establece el
procedimiento que deben seguir los abogados al renunciar a
la representación legal de un cliente. El mismo dispone
que: CP-2012-19 10
Cuando el abogado haya comparecido ante un tribunal en representación de un cliente no puede ni debe renunciar la representación profesional de su cliente sin obtener primero el permiso del tribunal y debe solicitarlo solamente cuando exista una razón justificada e imprevista para ello.
Antes de renunciar la representación de su cliente el abogado debe tomar aquellas medidas razonables que eviten perjuicio a los derechos de su cliente tales como notificar de ello al cliente; aconsejarle debidamente sobre la necesidad de una nueva representación legal cuando ello sea necesario; concederle tiempo para conseguir una nueva representación legal; aconsejarle sobre la fecha límite de cualquier término de ley que pueda afectar su causa de acción o para la radicación de cualquier escrito que le pueda favorecer; y el cumplimiento de cualquier otra disposición legal del tribunal al respecto, incluyendo la notificación al tribunal de la última dirección conocida de su representado.
Al ser efectiva la renuncia del abogado debe hacerle entrega del expediente a su cliente y de todo documento relacionado con el caso y reembolsar inmediatamente cualquier cantidad adelantada que le haya sido pagada en honorarios por servicios que no se han prestado. (Énfasis nuestro).
Reiteradamente nuestros pronunciamientos sostienen
que cuando un abogado ha comparecido ante un tribunal en
representación de un cliente, debe obtener el permiso del
tribunal para renunciar a la referida representación
profesional. In re García Muñoz, 170 DPR 780, 789 (2007).
Al hacerse efectiva la renuncia, el abogado debe entregar
a su cliente el expediente del caso y todo documento
relacionado con el pleito. Id. En ese escenario, hemos
pautado que “[e]l expediente de un caso pertenece al
cliente y una vez el abogado concluye las gestiones para CP-2012-19 11
lo cual fue contratado, surge la obligación de entregar
dicho expediente a su cliente de inmediato y sin dilación
alguna”. Id., pág. 790; In re Santos Rivera, 172 DPR 703,
711 (2007). Ello, pues el abogado renunciante no tiene
interés propietario alguno sobre el expediente del caso.
In re Santos Rivera, Id., pág. 717.
Ahora bien, la forma en que se puede dar por
terminada la relación profesional entre el abogado y el
cliente depende de si el abogado ha comparecido
formalmente al tribunal en representación del cliente. S.
Steidel Figueroa, Ética y Responsabilidad Disciplinaria
del Abogado, Ed. Publicaciones JTS, 2010, pág. 253. Nos
dice el autor que:
de ordinario, en ausencia de una comparecencia oficial ante un tribunal, el abogado está en libertad de dar por finalizada una relación profesional con un cliente con una adecuada notificación a éste sin formalismos significativos. Id.
C. Canon 35 de Ética Profesional
El Canon 35 de Ética Profesional, supra, dispone que:
La conducta de cualquier miembro de la profesión legal ante los tribunales, para con sus representados y en las relaciones con sus compañeros debe ser sincera y honrada.
No es sincero ni honrado el utilizar medios que sean inconsistentes con la verdad ni se debe inducir al juzgador a error utilizando artificios o una falsa relación de los hechos o del derecho. […]
El abogado debe ajustarse a la sinceridad de los hechos al examinar los testigos, al redactar su affidávit u otros documentos y al presentar causas. […] CP-2012-19 12
La conducta de los letrados debe ser sincera y honrada
ante todos y en todo momento. In re Arraiza Miranda I,
2014 TSPR 12, 190 DPR__ (2014); In re Iglesias García, 183
DPR 572 (2011). Es decir, estas normas mínimas se exigen
frente a clientes, compañeros abogados y el tribunal. In
re Nieves Nieves, supra, pág. 42. Los abogados deben velar
que los procesos legales se lleven de forma honesta, digna
y transparente. In re Pons Fontana, 182 DPR 300, 306
(2011). Hemos señalado que este deber se infringe “[p]or
el simple hecho de faltar a la verdad, independientemente
de los motivos de la falsedad”. Id. Asimismo, hemos
expresado en ocasiones anteriores que las exigencias de
este canon aplican durante la etapa investigativa de un
procedimiento disciplinario relacionado a un miembro de la
profesión legal. Id.
D. Canon 38 de Ética Profesional
En lo pertinente, el Canon 38 del Código de Ética
Profesional, supra, esboza lo siguiente:
El abogado deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia. En su conducta como funcionario del tribunal, deberá interesarse en hacer su propia y cabal aportación hacia la consecución de una mejor administración de la justicia. […]
Por razón de la confianza en él depositada como miembro de la ilustre profesión legal, todo abogado, tanto en su vida privada como en el desempeño de su profesión, debe conducirse de forma digna y honorable. En observancia de tal conducta, el abogado debe abstenerse en absoluto de aconsejar y asesorar a sus clientes en otra CP-2012-19 13
forma que no sea el fiel cumplimiento de la ley y el respeto al poder judicial y a los organismos administrativos. […]
En In re Falcón López, 189 DPR 689, 696 (2013)
expresamos que cuando un abogado no se conduce de forma
digna y honorable incurre en una violación al Canon 38,
supra. En varias ocasiones, hemos reiterado que “[p]or ser
los abogados el espejo donde se refleja la imagen de la
profesión, éstos deben actuar con el más escrupuloso
sentido de responsabilidad que impone la función social
que ejercen”. In re Reyes Coreano, supra, pág. 20; In re
Fontánez Fontánez, 181 DPR 407, 417 (2011). Por ello, el
abogado que viola el Canon 38, supra, es indigno de
pertenecer a este foro. In re Reyes Coreano, supra, pág.
21.
Para saber si un abogado violentó el Canon 38, supra,
es necesario evaluar si su conducta realmente afecta sus
condiciones morales. In re Reyes Coreano, supra, pág. 21.
Es decir, para incurrir en tal violación, su conducta debe
ser contraria a los valores principales de la profesión:
la dignidad y el honor. Id.
Expuesto el marco ético, pasemos a discutir si la
conducta exhibida por el licenciado Suárez Jiménez es
contraria a las disposiciones de los Cánones 18, 20, 35 y
38 de Ética Profesional, supra.
III
Reiteradamente hemos expresado que este Tribunal “no
habrá de alterar las determinaciones de hechos del CP-2012-19 14
Comisionado Especial, salvo en aquellos casos donde se
demuestre parcialidad, perjuicio o error manifiesto”. In
re Santos Rivera, supra, pág. 711-712; In re Fernández de
Ruiz, 167 DPR 661, 680 (2006). No obstante, este caso fue
sometido por el Expediente, de manera que estamos en igual
posición que la Comisionada Especial para evaluar sus
determinaciones. Tras examinarlo rigurosamente, no
encontramos razón por la cual debamos intervenir con las
mismas. Veamos.
A. Infracción al Canon 18 y 20
Al igual que el Informe de la Procuradora y la
Querella, discutiremos estos dos cargos en conjunto. Como
sabemos, el Canon 18, supra, establece el deber de todo
abogado de defender los intereses de su cliente
diligentemente. En su parte pertinente, el Canon 20,
supra, señala que todo abogado debe tomar las medidas
pertinentes para evitar perjudicar a su cliente al cesar
su relación profesional. En este caso, la Querella le
imputa al licenciado Suárez Jiménez infringir estos
Cánones debido a que sus actuaciones provocaron que el
caso del señor Bernier fuera desestimado. Como
mencionamos, una vez el caso de daños y perjuicios se
trasladó al Distrito de la Florida, la representación
legal de la parte demandada intentó sin éxito reunirse con
el querellado en varias ocasiones. Debido a que dichas
reuniones debían celebrarse conforme a las órdenes
emitidas por el propio Tribunal, dicho foro terminó CP-2012-19 15
archivando el caso sin perjuicio por incumplimiento con
las mismas.
En cuanto a esto, el licenciado Suárez Jiménez expone
varias defensas. En primer lugar, señala que le había
informado a sus clientes que la representación legal que
brindaría en el caso se ceñiría únicamente a los procesos
llevados a cabo en el Tribunal de Distrito de Puerto Rico.
Específicamente, en su Moción de Desestimación de la
Querella, indica que según el contrato de servicios
profesionales, “[l]a representación legal iba a ser
exclusivamente en el Tribunal federal para el Distrito de
Puerto Rico…”.10 El contrato de servicios profesionales
obra en el expediente, y en cuanto a esto consigna lo
siguiente: “[l]os demandantes por este medio contratan al
abogado para que los represente en el Tribunal Federal
para el Distrito de Puerto Rico en un caso por violación
por daños y perjuicios…”.11 Sin embargo, otros documentos
que también constan en el legajo nos ayudan a concluir que
en efecto, las acciones del letrado constituyeron una
falta a los deberes éticos impuestos por los Cánones 18 y
20, supra. Veamos.
Es un hecho estipulado por las partes que al momento
en que se trasladó el caso en controversia al Distrito de
la Florida el querellado no estaba autorizado a ejercer la
10 Véase, Moción de desestimación de la querella por insuficiencia de prueba clara, robusta y convincente, pág. 3. 11 Véase, Contrato de Servicios profesionales, Estipulaciones de las partes, Exhibit II. CP-2012-19 16
abogacía en esa jurisdicción.12 Sin embargo, ello no lo
exime de responsabilidad en este caso. En primer lugar,
este era quien aparecía como abogado de récord en el caso
que se ventilaba en el Tribunal de la Florida. Al ser así,
dicho foro mantuvo notificándole todas las órdenes
pertinentes a ese caso. El deber del letrado era
notificarle a ese tribunal su inhabilidad para continuar
representando a los demandantes debido a que no estaba
autorizado a practicar en ese foro y solicitar ser
relevado de la gestión profesional. Ante las órdenes que
estaba recibiendo, esta era una precaución mínima que el
licenciado Suárez Jiménez debió tomar anticipando que
desacatar las mismas podría conllevar la imposición de
sanciones, incluyendo, la desestimación del caso. Esta era
una providencia que debía tomar independientemente de que
el contrato de servicios profesionales estableciera que se
le contrató para litigar el caso en el Distrito de Puerto
Rico. Esto, pues continuaba siendo el abogado de récord
para los efectos del tribunal.
Con respecto a esto que hemos discutido, el
querellado alega que no recibió las notificaciones del
foro federal ya que no tenía a su disposición el sistema
mediante el cual se tramitan los documentos judiciales en
esa jurisdicción. Empero, surge del expediente que la
representación legal de la parte demandada le notificaba
al letrado las órdenes que emitía el tribunal mediante
12 Véase, Estipulaciones de las partes. CP-2012-19 17
correo electrónico y correo regular.13 Es decir, no puede
alegar desconocimiento de lo que estaba ocurriendo en el
Tribunal de Distrito de la Florida con respecto a la causa
de su cliente. Al ser así, el licenciado Suárez Jiménez
debió tomar las previsiones que ya mencionamos. El no
haberlo hecho constituye una violación a los Cánones 18 y
20, supra.
Por otro lado, si bien es cierto que el 14 de agosto
de 2009 el querellado le informó al Tribunal de Distrito
de la Florida que presentaría una moción para que el caso
se trasladara al Distrito de Puerto Rico, en ningún
momento indicó su inhabilidad para practicar en ese foro y
su deseo de ser relevado de dicha representación legal.
Por el contrario, presentó excusas por las cuáles no había
podido reunirse con los abogados de la parte demandada. En
específico, indicó lo siguiente:
…actualmente es imposible para el que subscribe cumplir con la orden requiriendo que los demandantes participen en la conferencia entre abogados debido al hecho de que el hermano menor del que suscribe fue víctima de un carjack el lunes pasado….14 (Traducción nuestra)
13 Véanse comunicaciones del 7, 13 y 21 de julio de 2009. Estipulaciones de las partes, Exhibits, IV, V y VII. 14 Plaintiffs’ Emergency motion for stay, Contestación a la querella, Apéndice, pág. 94. En el original:
[…]currently it is impossible for the undersigned to comply with the order compelling plaintiffs to participate in a joint scheduling conference due to the fact that the undersigned’s younger brother was the victim of a carjack last Monday… CP-2012-19 18
Como vemos, hasta ese momento, el querellado no
indicó que no podía reunirse con los abogados de la otra
parte ante su inhabilidad para ejercer la profesión en ese
foro, sino que presentó argumentos de por qué no había
podido hacerlo a tiempo. Esto contradice su versión de que
su gestión se limitaba exclusivamente al Tribunal de
Distrito de Puerto Rico. Además, como era el abogado de
récord y había asumido formalmente ante los tribunales la
representación legal del quejoso, su deber era cumplir con
los formalismos necesarios para que esa gestión culminara.
Así también, el 10 de julio de 2010, tres meses
después de que se desestimara el caso, el querellado le
informó a sus clientes que estaba preparando unos escritos
para solicitar que se reabriera.15 Sin embargo, estas
gestiones nunca se realizaron. Arguye en sus escritos que
ello se debió a que la causa del señor Bernier era
inmeritoria y que este le mintió sobre los hechos que
alegadamente le causaron los daños y perjuicios por los
cuales reclamaba. Sin embargo, si eso fuera cierto, ¿por
qué en julio de 2009 le escribió a los abogados de
American Airlines, Inc., ofreciéndole una oferta de
transacción por $100,000.00?16
Por último, el licenciado Suárez Jiménez señala que
la desestimación del caso no le causó perjuicio a los
demandantes debido a que fue sin perjuicio. Este argumento
15 Véase, Exhibit III estipulado por las partes en el escrito Estipulaciones entre las Partes del 10 de febrero de 2014. 16 Id., Exhibit IV. CP-2012-19 19
es completamente inmeritorio. Esta Curia no ha vacilado en
consignar que cualquier tipo de negligencia que pueda
conllevar la desestimación o archivo del caso contraviene
los preceptos del Canon 18, supra. Véase, In re Plaud
González, supra.
B. Infracción al Canon 35
En cuanto al Canon 35, se le imputa al abogado no
haber tenido una comunicación sincera y honrada para con
sus clientes. Como ya indicamos, el licenciado Suárez
Jiménez no estaba autorizado a litigar en el Distrito de
la Florida para la fecha en que ocurrieron los eventos que
suscitaron esta querella. Sin embargo, del expediente
surgen varias instancias que nos llevan a concluir que sus
actuaciones fueron confusas para con sus representados, la
parte demandada y el propio tribunal, en lo que a esto
concierne. Veamos.
En una comunicación electrónica que el letrado le
cursó a la hija del quejoso el 10 de julio de 2010, el
querellado le informó que no estaba autorizado a practicar
la abogacía en el Distrito de la Florida.17 Añadió, que
estaría preparando unos escritos para que el caso se
reabriera. En específico, expresó: “[e]n este momento
estoy preparando unos escritos para pedir que el caso se
reabra. Les mantendré al tanto”.18 Sin embargo, ya desde
junio de 2009 el Tribunal de Distrito de Puerto Rico había
17 Id. 18 Id. CP-2012-19 20
declarado ha lugar la moción de American Airlines, Inc.
para que el caso se trasladara a la Florida.
Cabe preguntarse, si según el letrado su gestión
profesional cesó inmediatamente luego de que el caso salió
de la jurisdicción del Distrito de Puerto Rico ¿por qué un
año después insiste en decirle a sus clientes que
continuará trabajando para que el caso se “reabra”? ¿Por
qué el 14 de agosto de 2009 presentó una moción ante ese
foro manifestando que no había podido reunirse con los
abogados de la otra parte debido a una situación familiar?
¿Por qué –como explicaremos más adelante- en julio de 2009
negoció una transacción? Todos estos eventos provocaron
incertidumbre en el quejoso en cuanto a lo que estaba
ocurriendo con su caso y en cuanto a si, en efecto, el
querellado los estaba representando.
Otro dato que se desprende del expediente es que
durante el 7 y 13 de julio de 2009, es decir, luego de que
el caso fuera trasladado a la Florida, la representación
legal de la parte demandada se comunicó con el querellado
con el propósito de coordinar las reuniones que había
ordenado el foro federal. A pesar de que en sus
comparecencias el querellado argumenta que su gestión
profesional con el quejoso había culminado para ese
entonces, este le contestó mediante correo electrónico a
los abogados de American Airlines, Inc. lo siguiente:
Disculpe por no haberlo contactado antes. CP-2012-19 21
La Sra. [R.C.] está muy enferma. Ella está en estado vegetativo y no puede deponer. Recibirán la documentación médica que acredita su condición de salud. Respecto a la conferencia de Regla 16, les solicito que se aplace en lo que presento al final de la semana próxima una moción para el traslado del caso. Estoy recopilando la documentación que apoya esta moción, que de todas formas, debemos entergarle a ustedes.
También aprovecho esta oportunidad para inquirirle sobre una posible transacción. No he hablado con mis clientes sobre una cantidad, pero pienso que $100,000.00 sería aceptable para ellos. (Traducción nuestra) (Énfasis nuestro).19
Nótese, que a pesar de haber dicho que no tenía
obligación con el quejoso para esa fecha, a pesar de que
insiste en que le comunicó a este que no podía practicar
la abogacía en esa jurisdicción, el querellado le informa
a la representación legal de la parte contraria que está
dispuesto a transar el caso de sus clientes.
Independientemente de que el quejoso hubiese tenido
conocimiento de esa comunicación, la misma demuestra que
el abogado Suárez Jiménez no fue honesto y honrado
respecto a la información que le estaba brindando a las
partes involucradas en el pleito. Todo esto contrasta con
su versión de que le había indicado al quejoso que su
19 Id. Exhibit VI. En el original:
Sorry I have not contacted you sooner. Mrs. [R.C.] is very ill. She is in a vegetative state and cannot be deposed. You will be receiving medical documentation accrediting her medical condition. As to the Rule 16 conference, I request that we place this in abeyance pending a motion to remand that I will file before the end of next week. I am compiling documentation that supports this motion, that anyway, we have to produce to you.
I also take this opportunity to inquire about a possible settlement. I have not talked to my clients about an amount, but I think $100,000.00 would be acceptable to them. CP-2012-19 22
gestión profesional estaba limitada única y exclusivamente
a los procedimientos ante el Tribunal de Distrito de
Puerto Rico.
Así pues, podemos concluir que la información provista
por el licenciado Suárez Jiménez en este procedimiento
disciplinario es inconsistente con la información brindada
a sus clientes en cuanto a las gestiones que realizaría en
el caso. Como mencionamos, el Canon 35 de Ética
Profesional, supra, exige que los abogados desplieguen una
conducta sincera y honrada ante los tribunales y sus
representados. Evidentemente, la actuación exhibida por el
licenciado Suárez Jiménez dista de esos estándares éticos.
C. Infracción al Canon 38
El Canon 38 de Ética Profesional, supra, exige que los
abogados se esfuercen, al máximo de su capacidad, en la
exaltación del honor y de la dignidad de su profesión. Es
decir, todo abogado debe conducirse de forma digna y
honorable en su desempeño. Luego de estudiar detenidamente
el expediente de autos, colegimos que la conducta
desplegada por el licenciado Suárez Jiménez no exalta el
honor ni la dignidad de la profesión. A la luz de la
discusión que antecede, es evidente que la actuación del
licenciado Suárez Jiménez acusa graves desviaciones de las
normas éticas exigibles a todo miembro de la clase togada.
Su conducta revela un patrón de conducta que lacera la
buena imagen de la profesión ante la sociedad. En momentos
como estos, no podemos vacilar en cuanto a los estándares CP-2012-19 23
éticos que nos rigen. Cumplir con los requerimientos del
tribunal, ser diligente en la tramitación de una causa,
ofrecer información certera y exacta, son requisitos
mínimos que todo abogado y abogada debe tener en cuenta a
la hora de asumir una representación profesional. Esto es
lo menos que cada cliente o clienta espera de un letrado.
IV
Por los fundamentos que anteceden, decretamos la
suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la
abogacía del Lcdo. Manuel Suárez Jiménez. Le imponemos el
deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad
de seguir representándolos e informar oportunamente de su
suspensión indefinida a los foros judiciales y
administrativos de Puerto Rico. Además, tiene la
obligación de acreditar y certificar ante este Tribunal el
cumplimiento con lo anterior, dentro del término de 30
días a partir de la notificación de esta Opinión Per
Curiam y Sentencia.
Se dictará sentencia de conformidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 17 de diciembre de 2014. Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam que antecede, la cual se hace formar parte de la presente Sentencia, decretamos la suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía del Lcdo. Manuel Suárez Jiménez por infringir los Cánones 18, 20, 35 y 38 del Código de Ética Profesional. 4 LPRA Ap. IX.
Le imponemos el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad de seguir representándolos e informar oportunamente de su suspensión indefinida a los foros judiciales y administrativos de Puerto Rico. Además, tiene la obligación de acreditar y certificar ante este Tribunal el cumplimiento con lo anterior, dentro del término de 30 días a partir de la notificación de esta Sentencia.
Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez no intervino. El Juez Asociado señor Estrella Martínez no intervino.
Aida I. Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo