EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re: 2025 TSPR 13
Felipe Bravo García 215 DPR ___
Número del Caso: TS-8483
Fecha: 19 de febrero de 2025
Oficina de Inspección de Notarías:
Lcdo. Manuel E. Ávila De Jesús Director
Representante legal del Sr. Felipe Bravo García:
Por derecho propio
Materia: Conduta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y de la notaría por incumplimiento con las órdenes del Tribunal Supremo y por infringir los cánones 9, 18 y 35 del Código de Ética Profesional.
Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Felipe Bravo García TS–8,483
Sala de Despacho integrada por la Jueza Rodríguez, el Juez el Juez Asociado señor
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 19 de febrero de 2025.
Una vez más, nos vemos obligados a ejercer nuestra
facultad disciplinaria sobre un integrante de la
profesión legal que ha desplegado displicencia hacia
las órdenes de este Tribunal. En esta ocasión,
intervenimos con el Lcdo. Felipe Bravo García por
infringir los Cánones 9, 18 y 35 del Código de Ética
Profesional, 4 LPRA Ap. IX. En virtud de los
fundamentos que expondremos más adelante, decretamos
la suspensión inmediata e indefinida del letrado de la
práctica de la abogacía y de la notaría.
Veamos los hechos que motivan nuestra
determinación. TS-8,483 2
I.
El 14 de enero de 1987 se admitió al licenciado Bravo
García al ejercicio de la abogacía. Poco después, el 22 de
enero de 1987 se le admitió al ejercicio de la notaría. Desde
entonces, ha ejercido la profesión de la abogacía durante
treinta y cinco (35) años y mantuvo su obra notarial sin
señalamientos hasta el 2011, según surge de la última inspección
que realizó la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN).
Conforme el Título VIII de la Ley Notarial de Puerto Rico,
Ley Núm. 75 del 2 de julio de 1987, 4 LPRA secs. 2101-2106 (Ley
Notarial), el 6 de diciembre de 2022 la Lcda. Nilda Emmanuelli
Muñiz, Directora Auxiliar de la ODIN, envió una citación formal
al licenciado Bravo García mediante la cual le informó que el
30 de enero de 2023 personal de la ODIN acudiría a su oficina
para iniciar la inspección de la obra notarial correspondiente
al periodo comprendido entre los años 2010 al 2022. En la
citación, se le informó que la Lcda. Nydia I. Rodríguez Acosta
sería la Inspectora de Protocolos y Notarías (Inspectora)
encargada del proceso.
Según notificado el 30 de enero de 2023, la Inspectora
comenzó el proceso de inspección en el Archivo General de San
Juan (Archivo General), puesto que para esta fecha se había
trasladado la obra notarial del 2010 al 2016 a este. Ese mismo
día, la Inspectora se percató de que la obra notarial
correspondiente a los años 2017 al 2022 no estaba encuadernada,
por lo que el 17 de febrero de 2023 la ODIN solicitó al
licenciado Bravo García que trasladara los instrumentos
públicos sueltos correspondientes a los años 2017 a 2022 al TS-8,483 3
Archivo General. Durante el trámite de la inspección, la
Inspectora también encontró que faltaban seis mil setecientos
noventa y nueve (6,799) asientos de testimonios.1
El 21 de febrero de 2023 el licenciado Bravo García
compareció ante este Tribunal mediante una Moción informativa
en la que notificó que su exsecretaria se apropió ilegalmente
de una mayoría de los testimonios desaparecidos.2 En específico,
indicó que, en enero de 2020, su exsecretaria no acudió a la
oficina y mantuvo bajo su poder los testimonios desaparecidos;
los sellos de asistencia legal, de rentas internas y de impuesto
notarial; su sello notarial, y mil quinientos dólares ($1,500)
en efectivo.
El licenciado Bravo García informó que, a consecuencia de
lo ocurrido, incoó una querella ante la Policía de Puerto Rico
en el 2021. Vale mencionar que el licenciado Bravo García nada
dijo sobre los demás asientos de testimonios que la Inspectora
señaló que estaban desaparecidos. Por lo anterior, el 10 de
marzo de 2023 emitimos una Resolución mediante la cual referimos
el asunto a la ODIN para la acción correspondiente.
Luego de poco más de un mes, el 17 de marzo de 2023 la ODIN
culminó el proceso de la inspección de la obra notarial. A
pesar de que aprobó los protocolos de los años 2010, 2011, 2013
y 2014, persistieron deficiencias en el protocolo del 2012 y
en los del 2015 hasta febrero de 2023. Ante esto, el licenciado
1 En específico, faltaban los asientos del once mil trescientos sesenta y ocho (11,368) al dieciocho mil ciento sesenta y siete (18,167). 2 En particular, señaló que se apropió de los asientos trece mil trescientos
setenta y siete (13,377) al dieciocho mil setecientos sesenta y siete (18,767). TS-8,483 4
Bravo García y la Inspectora coordinaron varias reuniones para
subsanar las deficiencias. Sin embargo, estas no fueron
suficientes para subsanar su obra, puesto que subsistieron
deficiencias; a saber: setenta y dos (72) instrumentos públicos
con defectos y una deuda arancelaria de veinticuatro mil
ochocientos setenta y ocho dólares ($24,878). Por ello, la ODIN
le solicitó al licenciado Bravo García que entregara la
totalidad de su obra notarial.
El 18 de agosto de 2023 el licenciado Bravo García entregó
la obra notarial examinada y sin subsanar, la cual constaba del
protocolo del 2012 y de los del 2015 al 2023; un (1) volumen
del Libro de Registro de Testimonios, y dos (2) sellos
notariales que tenía bajo su custodia.
El 3 de octubre de 2023 la Inspectora remitió un Informe
de Deficiencias de la obra notarial del Lcdo. Felipe Bravo
García, [RUA [8483]], a tenor [con] la Regla 77(m) del
Reglamento Notarial. En este, afirmó que, a partir de julio de
2023, el licenciado Bravo García entregó diez mil quinientos
cuarenta dólares ($10,540) en aranceles de la Sociedad para
Asistencia Legal (SAL), los cuales se utilizaron para cancelar
la deuda del Registro de Testimonios. No obstante, la Inspectora
expresó que subsistía una deuda de catorce mil trescientos
treinta y ocho dólares ($14,338) en aranceles de los protocolos.
Celebraron la inspección final el 29 de septiembre de 2023,
pero aún luego de esa reunión, existían deficiencias
sustantivas que impedían la aprobación de la obra en su
totalidad; a saber: quedaban setenta y dos (72) instrumentos TS-8,483 5
públicos por subsanar; tenía mil doscientos ochenta y cinco
(1,285) señalamientos de deficiencias en el Registro de
Testimonios, sin contar los testimonios desaparecidos; una
deuda de veintidós mil novecientos noventa y dos dólares
($22,992) en aranceles para el Registro de Testimonios, y un
estimado de quince mil dólares ($15,000) en deficiencias
arancelarias de su obra notarial.
El 9 de octubre de 2023 el Director de la ODIN remitió una
comunicación formal al licenciado Bravo García mediante la cual
le informó la situación referente a las deficiencias de su obra
notarial. Le concedió un término final e improrrogable de veinte
(20) días para que acreditara haber atendido y finiquitado los
asuntos señalados.3
El 22 de enero de 2024 la ODIN compareció mediante un
Informe especial sobre incumplimiento en la corrección de
deficiencias notificadas y en solicitud de remedios en el que
indicó que el licenciado Bravo García entregó los testimonios
dieciocho mil ciento sesenta y ocho (18,168) hasta el diecinueve
mil veintisiete (19,027). Es decir, que el licenciado entregó
a la ODIN algunos de los testimonios que, según alegó, su
exsecretaria había apropiado ilegalmente. Además, indicó que
el licenciado Bravo García incumplió con el término provisto y
que aún no había subsanado su obra protocolar, por lo cual
solicitó que concediéramos un término al licenciado para que
3 El 11 de enero de 2024 su representante legal informó que el licenciado Bravo García y ella habían culminado su relación profesional. Desde esta fecha, el licenciado Bravo García ha comparecido sin representación legal. TS-8,483 6
expusiera las razones por las cuales no debía decretarse su
suspensión del ejercicio de la notaría.
A esos efectos, el 8 de febrero de 2024 emitimos una
Resolución mediante la cual le concedimos al licenciado Bravo
García un término de diez (10) días para que mostrara causa por
la cual no debíamos separarlo de forma inmediata e indefinida
del ejercicio de la notaría por incumplir con los requerimientos
de la ODIN.
El 20 de febrero de 2024 el licenciado Bravo García
compareció mediante una moción intitulada Cumplimiento de orden
en la que sostuvo que no lo deberíamos suspender debido a que
sufre de serias condiciones de salud. Indicó, además, que,
debido a ello y a la dilación de la ODIN en inspeccionar su
obra notarial, su obra contenía numerosas deficiencias.
Asimismo, mencionó que, de ser necesario, podía proveer más
razones por las cuales había faltas en su obra notarial.
El día siguiente, 21 de febrero de 2024, la ODIN presentó
una Moción notificando incumplimiento de orden y en solicitud
de remedios. Indicó que el licenciado Bravo García incumplió
nuevamente con nuestras órdenes, esta vez con el término
concedido el 8 de febrero de 2024. En consecuencia, solicitó
que suspendiéramos de forma inmediata e indefinida al
licenciado Bravo García del ejercicio de la notaría. Además,
peticionó que concediéramos a este un término final e
improrrogable de cuarenta y cinco (45) días para subsanar su
obra notarial.
El 22 de febrero de 2024 el licenciado Bravo García TS-8,483 7
compareció mediante Moción en cumplimiento de orden en la que
arguyó que había cumplido con todas las órdenes de este
Tribunal. Dijo esto, a pesar de que aún subsistían deudas
arancelarias y deficiencias en su obra notarial, y que incumplió
con nuestra orden del 8 de febrero de 2024 mediante la cual le
ordenamos mostrar causa por la cual no deberíamos suspenderlo
del ejercicio de la abogacía y de la notaría.
Tras evaluar las mociones, el 6 de marzo de 2024 emitimos
una Resolución mediante la cual le concedimos al licenciado
Bravo García un término adicional de cuarenta y cinco (45) días
para que subsanara su obra notarial. Asimismo, le apercibimos
de que su incumplimiento con el término podría acarrear su
separación del ejercicio de la abogacía y de la notaría, y el
referido del caso al Tribunal de Primera Instancia para
encaminar el proceso de desacato civil.
Poco antes de que se venciera el término para que subsanara
su obra, el 15 de abril de 2024 el licenciado Bravo García
compareció ante nos y solicitó un adelanto de una partida aún
no adjudicada de la herencia de sus padres. Esto, en un intento
de sufragar los honorarios que todavía le debía a su
representación legal.
Por su parte, el 25 de abril de 2024 compareció la ODIN
mediante una Moción reiterando incumplimiento de orden y en
solicitud de remedios en la que explicó que aún existían graves
deficiencias en la obra notarial del licenciado Bravo García,
tanto de naturaleza sustantiva como arancelaria. Sostuvo que
el licenciado Bravo García no reconocía la gravedad de los TS-8,483 8
asuntos que debían ser subsanados y que no estaba cooperando
con la subsanación de la obra. Ante ello, solicitó la suspensión
del licenciado Bravo García del ejercicio de la notaría de
manera inmediata e indefinida, la imposición de las sanciones
disciplinarias que consideráramos procedentes y el referido del
asunto al Tribunal de Primera Instancia para la celebración del
proceso de desacato civil.
El 3 de mayo de 2024 el licenciado Bravo García compareció
mediante Moción en oposición a presentación de escrito de la
ilustre Oficina de Inspección de Notaría (ODIN) y solicitó que
se le permitiera continuar con la subsanación de las
deficiencias señaladas. Arguyó que entregó su obra notarial
voluntariamente antes de que le fuese solicitado. Además,
sostuvo que la información necesaria para la subsanación estaba
dentro de un maletín que ya no tenía en su posesión y del cual
desconocía el paradero. El licenciado aludió a que un tercero
pudo haber desaparecido el referido maletín.
El 14 de mayo de 2024 emitimos una Resolución mediante la
cual concedimos al licenciado Bravo García un término de quince
(15) días para que mostrara causa por la cual no debíamos
separarlo de manera inmediata e indefinida del ejercicio de la
abogacía y de la notaría por su incumplimiento reiterado con
las órdenes de este Tribunal.
El 29 de mayo de 2024 el licenciado Bravo García compareció
nuevamente. En esta ocasión, indicó que estaba bajo tratamiento
para atender varias condiciones de salud. Sostuvo que las
referidas condiciones habían dificultado su situación TS-8,483 9
económica, lo cual afectó el proceso de subsanación. A su
solicitud, adjuntó evidencia de medicamentos que le recetó su
médico primario. Por esa razón, solicitó, nuevamente, que se
le permitiera continuar con la subsanación de la obra.
Ese mismo día, el licenciado Bravo García presentó un
escrito intitulado Moción en oposición a presentación de
escrito de la ilustre Oficina de Inspección de Notaría (ODIN).
En esencia, reiteró que: (1) entregó su obra notarial
voluntariamente; (2) el maletín que contenía la información
recopilada para la subsanación desapareció, y (3) sufría varias
condiciones médicas que habían afectado el proceso de
subsanación. Explicó que obtuvo un préstamo para sufragar una
porción de la deuda arancelaria, pero que, a pesar de esto, no
contaba con el dinero necesario para sufragar la deuda
arancelaria pendiente. Ante ello, solicitó que se le eximiera
de los pagos de los aranceles sin cancelar.
A raíz de esto, el 28 de junio de 2024 emitimos otra
Resolución mediante la cual concedimos una segunda prórroga,
esta vez de sesenta (60) días, al licenciado Bravo García para
que subsanara su obra notarial. Una vez más, le apercibimos de
que su incumplimiento podía acarrear la separación del
ejercicio de la abogacía y de la notaría, y el referido del
asunto al Tribunal de Primera Instancia para encaminar el
El 22 de julio de 2024 el licenciado Bravo García
compareció y solicitó que le permitiéramos examinar la obra que
se encontraba depositada en el Archivo General. Solicitó esto, TS-8,483 10
pues necesitaba acceso a ciertas escrituras públicas para
continuar el proceso de subsanación.
En respuesta, el 29 de julio de 2024 la ODIN compareció
mediante Reacción al escrito presentado y adujo que la solicitud
del licenciado Bravo García era inoficiosa ya que él conocía
que las visitas al Archivo General se coordinaban a través de
la Inspectora. La ODIN informó que la Inspectora se comunicó
con el licenciado Bravo García y coordinó para que este
examinara los documentos necesarios para completar el proceso
de subsanación que, hasta el momento, se había prolongado por
dos (2) años. Añadió que, a pesar de ello, continuaban
extraviados seis mil setecientos noventa y nueve (6,799)
testimonios, permanecían sin subsanar sesenta y un (61)
instrumentos y el licenciado Bravo García adeudaba catorce mil
trescientos treinta y ocho dólares ($14,338) en sellos. La ODIN
expresó reservas en conceder prórrogas adicionales y solicitó
que notificáramos al licenciado que, de no completar todos los
asuntos que impedían la aprobación de la obra notarial, este
corría el riesgo de ser suspendido del ejercicio de la abogacía
y de la notaría.
El 23 de agosto de 2024 el licenciado Bravo García
compareció y notificó que no había completado el proceso de
subsanación de su obra notarial ya que contrajo COVID-19.4
Además, indicó que, inadvertidamente, durante un proceso de
mudanza colocó el empaque que incluía sus subsanaciones en
4 Aseveró que estuvo catorce (14) días sin poder trabajar en la subsanación debido a su diagnóstico. TS-8,483 11
manuscrito junto con unas bolsas de desperdicios y el Municipio
de San Juan dispuso de ellas.
El 4 de septiembre de 2024 el licenciado Bravo García
compareció nuevamente mediante una Réplica a documento suscrito
por el Honorable Manuel E. Ávila de Jesús. Adujo que había
corregido el cincuenta por ciento (50%) o más de su obra notarial
y que la Inspectora era testigo de los esfuerzos que había
realizado para completar la subsanación. Sostuvo que emitió dos
(2) cheques certificados por más de catorce mil dólares
($14,000), por lo que satisfizo la deuda arancelaria pendiente,
y reafirmó que los seis mil ochocientos (6,800) asientos que
faltaban del Libro de Registro de Testimonios fueron apropiados
ilegalmente por su exsecretaria.
Por otro lado, indicó que nunca se le informó sobre una
reunión inesperada que tuvo en un lugar público con el Director
de la ODIN. Solicitó otra prórroga para culminar la
reconstrucción de su obra.
El 5 de septiembre de 2024 compareció la ODIN mediante una
Moción notificando estado de subsanación de obra notarial
incautada, reacción a escrito intitulado, réplica al documento
suscrito por el honorable Manuel E. Ávila de Jesús y en solicitud
de remedios. Informó que el término concedido por este Tribunal
el 28 de junio de 2024 venció sin que el señor Bravo García
subsanara su obra. Aún más, informó que, durante la última
prórroga concedida, el licenciado Bravo García no atendió ningún
asunto sustantivo. No obstante, acreditó que el licenciado Bravo
García entregó varios aranceles correspondientes a sus Tomos de TS-8,483 12
Protocolo y que entregó un cheque de cinco mil dólares ($5,000)
para aportar a su deuda arancelaria del Registro de Testimonios.
En su comparecencia, la ODIN explicó el encuentro entre el
Director de la ODIN y el licenciado Bravo García descrito por
este último en su Réplica a documento suscrito por el Honorable
Manuel E. Ávila de Jesús. Indicó que el 2 de agosto de 2024 el
licenciado Bravo García acudió al Archivo Notarial e informó
que recuperó una caja con documentos relacionados a los
afidávits que debía subsanar. Explicó que el licenciado Bravo
García afirmó que parte de los aranceles que debían ser
adheridos se encontraban en la referida caja, la cual, a su vez,
estaba en el interior de su vehículo de motor, el cual se
encontraba en un taller de mecánica.
Ante esto, el Director de la ODIN explicó que le indicó al
licenciado Bravo García que era un riesgo dejar la caja sin
custodia y que podían acompañarlo al taller a recuperarla. Adujo
que el licenciado Bravo García indicó que no podía recuperar la
caja esa tarde, ya que tenía que atender otros asuntos. En vista
de esto, el Director de la ODIN sostuvo que le informó al
licenciado Bravo García que debía comunicarse con la Inspectora
para coordinar la entrega de la caja. El 6 de agosto de 2024 el
licenciado Bravo García admitió que fue deshonesto y que en la
caja no había aranceles.
En este contexto, el Director de la ODIN solicitó que, ante
el reiterado incumplimiento del licenciado Bravo García,
decretáramos su suspensión inmediata e indefinida del ejercicio
de la notaría, que evaluáramos la posibilidad de imponer TS-8,483 13
sanciones disciplinarias adicionales y que refiriéramos el
asunto al Tribunal de Primera Instancia para la celebración de
un proceso de desacato civil.
El 10 de septiembre de 2024 el licenciado Bravo García
compareció mediante una Moción sobre corrección y explicativa
sobre subsanación de obra notarial. Reiteró que entregó su obra
notarial voluntariamente y que padece de varias enfermedades,
tales como diabetes, enfisema, alta presión y arteriosclerosis,
pero no presentó evidencia a los efectos de acreditar las
referidas condiciones. Finalmente, solicitó que le
permitiéramos subsanar su obra notarial y retener su función
notarial.
II.
A. Canon 9 de Ética Profesional
El Código de Ética Profesional incluye las normas mínimas
que fijan de manera concreta la conducta que la sociedad le
exige a los miembros de la profesión legal. Preámbulo de los
Cánones de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. El incumplimiento
con las normas podría acarrear sanciones disciplinarias. In re
Carrasquillo Bermúdez, 203 DPR 847, 864 (2020); In re Prado
Galarza, 195 DPR 894, 910 (2016); In re Cuyar Fernández, 163
DPR 113, 119 (2004).
El Canon 9 del Código de Ética Profesional regula la
conducta de los abogados y las abogadas ante los tribunales. 4
LPRA Ap. IX. La conducta desplegada por los abogados y las
abogadas deberá caracterizarse por el mayor respeto. In re
Cardona Estelritz, 212 DPR 649, 663 (2023); In re Meléndez TS-8,483 14
Mulero, 208 DPR 541, 549-550 (2022). El Canon 9 no solo cubre
el respeto directamente hacia los jueces y las juezas, sino que
también requiere que se preserve el buen orden en la
administración de la justicia en los tribunales. 4 LPRA Ap. IX.
Para poder cumplir con los parámetros de este Canon, los
abogados y las abogadas deben seguir las órdenes de este
Tribunal de manera oportuna y diligente. In re Montañez Melecio,
197 DPR 275, 284 (2017); In re Irizarry Irizarry, 190 DPR 368,
374 (2014). Ignorar las órdenes del Tribunal demuestra una
actitud de menosprecio e indiferencia y puede causar demoras
irrazonables en el trámite de los casos. In re Cardona
Rodríguez, 206 DPR 863, 868 (2021); In re López Santiago, 199
DR 797, 808 (2018); In re Massanet Rodríguez, 188 DPR 116, 124
(2013). De no cumplir con las órdenes de este Tribunal
prontamente, se presume que el abogado o la abogada asume una
actitud de menosprecio e indiferencia que denota falta de
respeto hacia nuestra autoridad. In re Dávila Toro, 193 DPR 159,
163 (2015); In re Villalba Ojada, 193 DPR 966, 974 (2015).
Además, “[u]n abogado [o una abogada] que incumple con nuestras
órdenes y no justifica su proceder está sujeto a ser sancionado
con su suspensión indefinida del ejercicio de la abogacía”. In
re Montañez Melecio, supra, pág. 284. Por tanto, incurrir en
este tipo de conducta constituye una violación al Canon 9.
El cumplimiento tardío con las órdenes de este Tribunal
también se considera una violación al Canon 9, ya que “[u]n
patrón de desidia es incompatible con la conducta que demanda
el Canon 9 del Código de Ética”. Íd. La naturaleza de esta TS-8,483 15
profesión incluye atención y obediencia a las órdenes de este
Tribunal, particularmente cuando tiene que ver con la conducta
profesional. In re Pérez Román, 191 DPR 186, 188 (2014). Es por
ello que, ante la inhabilidad de un abogado o de una abogada de
atender con diligencia los requerimientos, procede ejercer
nuestra facultad disciplinaria. Íd.; In re Colón Olivo, 187 DPR
659, 663 (2013); In re Marrero García, 187 DPR 578, 581-582
(2012); In re Betancourt Medina, 183 DPR 821, 825-826 (2011).
A tenor de lo esbozado anteriormente, una de las
consecuencias que podría conllevar el incumplimiento con las
órdenes del Tribunal es la suspensión indefinida del ejercicio
de la abogacía. In re Stacholy Ramos, 207 DPR 521, 535 (2021);
In re López Santiago, 199 DPR 797, 820 (2018); In re Soto Peña,
2024 TSPR 23, 213 DPR 663, 681 (2024).
B. Canon 18 de Ética Profesional
Por su parte, el Canon 18 establece el deber que tienen los
profesionales del derecho de ejercer sus funciones de manera
competente, cuidadosa y diligente. 4 LPRA, Ap. IX. In re Román
Jiménez, 213 DPR 467, 476 (2024). Este Canon le impone a los
abogados y a las abogadas el deber de ejercer la profesión con
celo, cuidado y prudencia. In re Villalba Ojeda, 203 DPR 572,
579 (2019); In re Nazario Díaz [II], 198 DPR 793, 803 (2017).
Es por esto que, al ejercer la profesión, es necesario que los
abogados y las abogadas empleen toda su capacidad, lealtad,
responsabilidad, efectividad y la más completa honradez. In re
Villalba Ojeda, supra, pág. 579; In re Cuevas Borrero, 185 DPR
189, 199 (2012). De no hacerlo, utilizamos este Canon para TS-8,483 16
condenar la desidia y la displicencia en los asuntos que le son
encomendados a los abogados y las abogadas. In re Rafucci Caro,
213 DPR 587, 602 (2024).
Además, hemos dicho que “[i]nfringe este canon el notario
que toma livianamente el celo de la custodia de la fe pública
notarial al no ejercer la profesión con el cuidado y la prudencia
que esta requiere”. In re Vázquez Margenat, 204 DPR 968, 979
(2020). Este Canon requiere que los abogados notarios y las
abogadas notarias rindan una labor idónea. In re Sánchez Reyes,
204 DPR 548, 567 (2020). En particular, deben demostrar que
poseen los conocimientos jurídicos necesarios durante la
ejecución de sus funciones. In re Villalona Viera, 206 DPR 360,
374 (2021). Violar las disposiciones de la Ley Notarial y de su
Reglamento, contraviene las disposiciones de este Canon, pues
no se ejerce la profesión con el cuidado y la prudencia que esta
requiere. Íd. Como hemos dicho en reiteradas ocasiones, el
notariado debe ser sumamente cauteloso en el ejercicio de su
práctica y debe tener presente las consecuencias que su
negligencia puede tener sobre los negocios jurídicos. In re
Pagani Padró, 198 DPR 812, 822 (2017); In re García Cabrera et
al., 188 DPR 196, 210 (2013); In re Muñoz Fernós, 184 DPR 679,
685 (2012); In re Rodríguez Báez, 129 DPR 819, 823 (1992).
C. Canon 35 de Ética Profesional
Según el Canon 35, la conducta de cualquier integrante de
la profesión legal ante los tribunales debe ser sincera y
honrada. 4 LPRA, Ap. IX. “No es sincero ni honrado el utilizar
medios que sean inconsistentes con la verdad ni se debe inducir TS-8,483 17
al juzgador a error utilizando artificios o una falsa relación
de los hechos o del derecho”. Íd. Esto es así, pues el ejercicio
de la abogacía se enfoca en buscar la verdad y somos los abogados
y las abogadas quienes tenemos el deber de administrar la
justicia y conducirnos con integridad ante los foros judiciales.
In re Lugo Quiñones, 206 DPR 1, 12 (2021); In re Feliciano
Rodríguez, 198 DPR 369, 385 (2017) (citando a In re Irizarry
Vega, 176 DPR 241, 245-246 (2009)); In re Irizarry Rodríguez,
193 DPR 633 (2015).
“[S]e incumple con este Canon por el simple hecho de faltar
a la verdad, independientemente de las razones que lo motiven”.
In re Lugo Quiñones, supra, pág. 12; In re Vázquez Pardo, 185
DPR 1031, 1043 (2012). “[P]ara actuar de conformidad con el
mandato de este canon, es indispensable que los abogados y las
abogadas se aseguren de no proveer información falsa o
incompatible con la verdad y de no ocultar información cierta
que debe ser revelada”. In re Aponte Morales, supra, pág. 187.
Además, es importante recordar que este deber de sinceridad y
honradez se extiende a la conducta de los abogados y las abogadas
como notarios. In re Tejada Rivera, 155 DPR 175 (2001). Hemos
dicho que “no es defensa la ausencia de haber obrado de mala
fe, deliberadamente o sin la intención de engañar como tampoco
lo es que no se haya causado daño a un tercero”. In re Román
Jiménez, supra, pág. 477.
III.
El proceso disciplinario contra el licenciado Bravo García
comenzó con el señalamiento de seis (6) tomos sin encuadernar, TS-8,483 18
seis mil setecientos noventa y nueve (6,799) asientos de
testimonio desaparecidos, diez (10) protocolos con deficiencias
sustantivas y arancelarias, una deuda de veintidós mil
novecientos noventa y dos dólares ($22,992) en aranceles para
el Registro de Testimonios, una deuda de veinticuatro mil
ochocientos setenta y ocho dólares ($24,878) en aranceles de
sus Protocolos, y setenta y tres (73) señalamientos de error en
sus Protocolos.
A la fecha de este escrito, el licenciado Bravo García
adeuda trescientos sesenta y nueve dólares ($369) en aranceles
de sus libros de Protocolos y siete mil cuatrocientos cincuenta
y dos dólares ($7,452) en aranceles de su Libro de Testimonios.
Además, en sus Protocolos referentes a los años 2012 y del 2015
al 2023 aún permanecen sesenta y un (61) señalamientos sin
atender. A eso se le añaden mil doscientos ochenta y cinco
(1,285) señalamientos de error en su Libro de Testimonios.
Es decir, aunque el licenciado Bravo García satisfizo una
gran cantidad de su deuda arancelaria, este ha mostrado poco
interés en subsanar las deficiencias sustantivas que le han
señalado. Este Tribunal, al considerar las condiciones de salud
que ha sufrido el licenciado en los últimos años, ha concedido
dos (2) prórrogas sustanciales para que este cumpla con nuestras
órdenes y hemos apercibido al licenciado varias veces de las
consecuencias de su incumplimiento continuado. No obstante, el
licenciado Bravo García continuamente ha fabricado excusas
increíbles para justificar su incumplimiento con las órdenes de
este Tribunal como de los requerimientos la ODIN. Veamos. TS-8,483 19
Lo primero que indicó el licenciado Bravo García cuando se
le notificó de la inspección de su obra protocolar fue que su
exsecretaria se apropió ilegalmente de casi siete mil (7,000)
testimonios; de sellos de SAL, de rentas internas y de impuesto
notarial, y de mil quinientos dólares ($1,500) en efectivo.
Asimismo, reiteró en numerosas ocasiones que entregó su
obra notarial voluntariamente antes de que le fuera requerido.
Esto fue un intento de que utilicemos esa información como
atenuante a su situación. No obstante, del expediente surge
claramente que a este se le solicitó la entrega de su obra
notarial el 17 de marzo de 2023, y que no fue hasta el 18 de
agosto de 2023 que él acreditó su entrega.
Posteriormente, sostuvo que la información necesaria para
subsanar su obra notarial incautada estaba dentro de un maletín
cuyo paradero se desconocía. Ante eso, la única explicación que
ofreció fue que el maletín desapareció por culpa de un tercero.
Unos meses después, explicó que había hecho la subsanación
de su obra notarial a mano, pero que, por inadvertencia, durante
un proceso de mudanza colocó el empaque donde había guardado el
trabajo que hizo junto con unas bolsas de desperdicios. En esta
ocasión, esbozó que, debido a su descuido, el Municipio de San
Juan dispuso de ellas.
Aún más, en un último intento de explicar por qué no había
subsanado su obra, explicó que recuperó una caja con documentos
relacionados a los afidávits que debía subsanar, pues esta caja
incluía los aranceles necesarios para subsanar la obra. No
obstante, el día que la ODIN lo citó para subsanar esta TS-8,483 20
deficiencia arancelaria, dejó la caja dentro de su vehículo de
motor que se encontraba en un taller de mecánica. Ante el
ofrecimiento del Director de la ODIN de acompañarlo a buscar la
caja debido a la importancia de preservar su contenido, el
licenciado Bravo García insistió en que no podía esa tarde
porque su agenda estaba muy ocupada. Ello fue a pesar de que
debió haber separado el día para acudir a la ODIN a subsanar su
obra notarial incautada.
A raíz de lo anterior, es evidente que el licenciado Bravo
García no tiene la intención de aceptar responsabilidad por la
inhabilidad de subsanar su obra notarial defectuosa ni de, en
efecto, subsanar las faltas señaladas. Recordemos que “[l]os
jueces no debemos, después de todo, ser tan inocentes como para
creer declaraciones que nadie más creería”. Pueblo v. Luciano
Arroyo, 83 DPR 573, 582 (1961).
A nuestro juicio, las excusas que ofreció el licenciado
Bravo García carecen de credibilidad. Un examen de sus
comparecencias y de las de la ODIN demuestran una falta de
interés constante del licenciado en subsanar las faltas
señaladas y de pagar los aranceles debidos. Además, demuestran
un nivel de descuido que no es digno de la profesión legal.
Señalamiento tras señalamiento, el licenciado mostró que no
tenía intención de subsanar su obra notarial ni de aceptar la
responsabilidad por el incumplimiento con los deberes que
acarrea el ejercicio de la abogacía y la notaría.
Tanto es así que el licenciado responsabilizó a su
exsecretaria por apropiarse ilegalmente de los testimonios TS-8,483 21
desaparecidos; a un tercero desconocido de robarse el maletín
que contenía la información que necesitaba para subsanar su
obra; al Municipio de San Juan por botar la obra que
supuestamente había subsanado a mano, y a la ODIN por demorarse
en inspeccionar su obra notarial y, en consecuencia, provocar
la acumulación de faltas. El licenciado Bravo García en ningún
momento ha aceptado su responsabilidad por su descuido.
Por otro lado, a pesar de que el licenciado Bravo García
satisfizo una gran cantidad de su deuda arancelaria, este no la
pagó diligentemente, pues, aunque conocía de ella desde febrero
del 2023, no la empezó a pagar hasta luego de ofrecer varias
excusas y de solicitar que le eximiéramos del pago de los
aranceles debidos. Asimismo, aunque el licenciado acudió a la
ODIN para encaminar la reconstrucción de su obra, en la última
prórroga concedida no atendió ningún asunto sustantivo.
Es por esto que, aunque los señalamientos de error se
hicieron desde febrero de 2023, al día que se publica esta
Opinión Per Curiam los protocolos de los años 2012 y del 2015
al 2023 aún no han sido aprobados y su Libro de Testimonios
adolece de numerosos señalamientos de faltas. El licenciado
Bravo García no ha atendido las deficiencias de su obra notarial
con la diligencia que se requiere. Por tanto, procede su
suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía
Finalmente, el licenciado Bravo García sostiene que ha
cumplido con todas las órdenes de este Tribunal. Sin embargo,
si bien es cierto que ha comparecido dentro de los términos TS-8,483 22
concedidos, no ha cumplido con nuestras órdenes. Por ejemplo,
al solicitarle que mostrara causa por la cual no lo deberíamos
suspender, adujo que el término que tardó la ODIN en
inspeccionar su obra fue la razón por la cual se señalaron
tantas deficiencias.
Los abogados notarios y las abogadas notarias tienen el
deber de mantener sus obras notariales conforme a la Ley
Notarial y a su Reglamento. No deben adoptar una actitud de
dejadez e indiferencia y únicamente actuar conforme con la ley
cuando los inspectores hacen sus señalamientos.
Los hechos anteriores demuestran que el licenciado Bravo
García ha incumplido con numerosas órdenes de este Tribunal como
con los requerimientos de la ODIN, que le han solicitado la
subsanación de su obra notarial. A pesar de que ha satisfecho
gran parte de su deuda arancelaria, en cada comparecencia ante
nos ha demostrado su falta de compromiso con subsanar su obra
notarial, pues expone excusa tras excusa para evitar tener que
subsanar los diez (10) protocolos que permanecen sin aprobar.
El licenciado Bravo García: (1) violó el Canon 9 de Ética
Profesional, supra, pues continuamente ha ignorado los
requerimientos de la ODIN y las órdenes de este Tribunal para
que subsane su obra protocolar y cumpla con el pago de su deuda
arancelaria; (2) violó el Canon 18 de Ética Profesional, supra,
al permitir que su obra notarial y su Libro de Registro de
Testimonios adoleciera de una gran cantidad de señalamientos de
faltas y al demorarse más de dos (2) años en completar la
subsanación de su obra protocolar y satisfacer su deuda TS-8,483 23
arancelaria, y (3) violó el Canon 35 de Ética Profesional,
supra, al presentar como excusa relatos inverosímiles tanto a
la ODIN como a este Tribunal para justificar las deficiencias y
el incumplimiento con sus deberes como abogado notario.
Lo anterior ha evidenciado su desinterés en subsanar su
obra notarial y su dejadez crasa ante su responsabilidad como
miembro de la profesión legal. Ante ello, procede ejercer
nuestra facultad disciplinaria y separarlo inmediata e
indefinidamente del ejercicio de la abogacía y de la notaría.
IV.
Por los fundamentos expuestos, suspendemos de forma
inmediata e indefinida al señor Bravo García del ejercicio de
la abogacía y de la notaría. Se le impone el deber de notificar
a sus clientes de su inhabilidad para continuar
representándoles, devolverles cualesquiera honorarios recibidos
por trabajos no realizados e informar oportunamente de su
suspensión a los foros judiciales y administrativos en los que
tenga algún asunto pendiente. Además, tiene la obligación de
acreditar ante este Tribunal el cumplimiento de lo anterior,
incluyendo una lista de los clientes y los foros a quienes le
notificó de su suspensión, dentro del término de treinta (30)
días a partir de la notificación de esta Opinión Per Curiam y
Sentencia.
Notifíquese al señor Bravo García de esta Opinión Per
Curiam y de la Sentencia por medio del correo electrónico
registrado en el Registro Único de Abogados.
Se dictará sentencia de conformidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Felipe Bravo García
TS-8,483
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam que antecede, la cual se hace formar parte de la presente Sentencia, suspendemos de forma inmediata e indefinida al señor Bravo García del ejercicio de la abogacía y de la notaría. Se le impone el deber de notificar a sus clientes de su inhabilidad para continuar representándoles, devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos en los que tenga algún asunto pendiente. Además, tiene la obligación de acreditar ante este Tribunal el cumplimiento de lo anterior, incluyendo una lista de los clientes y los foros a quienes le notificó de su suspensión, dentro del término de treinta (30) días a partir de la notificación de esta Opinión Per Curiam y Sentencia.
Notifíquese al señor Bravo García de esta Opinión Per Curiam y de la Sentencia por medio del correo electrónico registrado en el Registro Único de Abogados.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco no intervino.
Javier O. Sepúlveda Rodríguez Secretario del Tribunal Supremo