EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re: 2020 TSPR 23
Efraín Torres Rivera 204 DPR _____
Número del Caso: AB-2019-4 (TS-5409)
Fecha: 25 de febrero de 2020
Abogado del promovido:
Por derecho propio
Oficina de Inspección de Notarías:
Lcdo. Manuel E. Ávila De Jesús
Materia: La suspensión será efectiva el 4 de marzo de 2020, fecha en que se le notificó al abogado de su suspensión inmediata.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re
Efraín Torres Rivera Núm. AB-2019-0004 (TS-5409)
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 25 de febrero de 2020.
En esta ocasión, nos corresponde ejercer nuestra
jurisdicción disciplinaria y suspender a un integrante de
la profesión legal de la práctica de la notaría por un
término de tres (3) meses por infringir el Artículo 2 de la
Ley Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA sec. 2002, así como el
Canon 18 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, C.
18.
I.
El Lcdo. Efraín Torres Rivera fue admitido al
ejercicio de la abogacía el 29 de diciembre de 1976 y al
ejercicio de la notaría el 28 de febrero de 1977. La acción
disciplinaria que nos ocupa se suscita a partir de la queja
presentada el 11 de enero de 2019 por el matrimonio
compuesto por el Sr. José R. Marcos Zorrilla y la Sra. Daisy
Ortiz Burgos (en conjunto, matrimonio Marcos-Ortiz).
A.
El 21 de diciembre de 2005, el licenciado Torres Rivera
autorizó la Escritura Número 147 sobre “Acta de
edificación, partición, cesión de derechos y acciones
hereditarias y compraventa” (Escritura Núm. 147). Al AB-2019-0004 (TS-5409) 2
otorgamiento de esta escritura ante el licenciado Torres
Rivera comparecieron como la parte vendedora o cedente de
una finca localizada en Orocovis el Sr. José B. Berdecía
Ortiz y la Sra. Betzaida Berdecía Ortiz, así como la Sra.
Aida Ortiz Hernández (integrantes de la Sucesión y viuda
del Sr. José Dolores Berdecía Torres, respectivamente).1
Éstos, alegadamente, poseían la finca en carácter de dueños
en pleno dominio. Por su parte, el matrimonio Marcos-Ortiz
compareció como la parte compradora.
El predio de terreno sobre el cual versaba el negocio
jurídico consignado en la Escritura Núm. 147 constaba
descrito como uno compuesto de dos mil metros cuadrados
(2,000 mc) en donde ubicaban una residencia, a la cual se
le adjudicó un valor de cuarenta mil dólares ($40,000.00)
y otra estructura destinada a residencia y comercio, cuyo
valor se estipuló en ciento diez mil dólares ($110,000.00).
El precio convenido de la compraventa fue de ciento sesenta
mil dólares ($160,000.00). En adición al valor de las
estructuras sitas en el predio, el precio incluía una
partida de diez mil dólares ($10,000.00) por concepto de
la cesión de derechos y acciones que en su momento se
adjudicaran al causante de la parte vendedora en la finca
1 Según se desprende de la Escritura Núm. 147, el Sr. José Berdecía Torres falleció en Orocovis, Puerto Rico, el 19 de noviembre de 2004 y la correspondiente declaratoria de herederos fue dictada el 16 de marzo de 2005 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Orocovis, en el Caso Civil Núm. B4CI-2005-00080. AB-2019-0004 (TS-5409) 3
de mayor cabida.2 Ello, pues la finca objeto de la
compraventa formaba parte del caudal relicto de la
comunidad hereditaria del Sr. José Dolores Berdecía Torres
(padre y causante del fallecido Sr. Jose Berdecía Torres),
la cual no había sido objeto de partición ni adjudicación
alguna.
Con relación a lo anterior, surge de la Escritura Núm.
147 que el predio objeto de la compraventa formaba parte de
una finca de mayor cabida, la cual consta en el Registro de
la Propiedad como la Finca Núm. 1,776, inscrita al Folio
242 y Tomo 32 de Orocovis, Registro de la Propiedad de
Barranquitas, con una cabida de siete cuerdas con setenta
y cinco céntimos de otra (7.75 c.). En la referida
escritura, el licenciado Torres Rivera hizo constar que la
finca de mayor cabida “pertenece a la sucesión de Don José
Dolores Berdecía Torres sobre la cual no se ha hecho
declaratoria de herederos, partición o adjudicación
forma[l] pero extrajudicialmente se han ocupado varios
predios y se han construido en él estructuras dedicadas a
vivienda y negocio por otros herederos”. Éste indicó,
además, que el Sr. José Berdecía Torres y su esposa la Sra.
Aida Ortiz Hernández entraron en posesión del predio de dos
mil metros cuadrados (2,000 mc), objeto de la Escritura
Núm. 147, y construyeron la estructura destinada a
2 Con antelación al otorgamiento de la Escritura Núm. 147, la parte compradora pagó la suma de veinticinco mil dólares ($25,000.00) a la parte vendedora como adelanto del precio de la compraventa. AB-2019-0004 (TS-5409) 4
residencia y comercio. Del mismo modo, explicó que un tiempo
después, la Sra. Betzaida Berdecía Ortiz, hija de éstos,
construyó la otra estructura en la misma porción del
terreno.
En el acápite de las advertencias legales de la
Escritura Núm. 147, el licenciado Torres Rivera prescribió
diversas reservas de carácter general referentes al negocio
jurídico pactado y detalló las siguientes:
----UNA: Los comparecientes han sido advertidos por el Notario autorizante de que se les ha explicado el contenido de la Ley 194 del 7 de agosto de 1998 que adiciona el Inciso G al Artículo 15 de la Ley Notarial de Puerto Rico y el tercer párrafo del Artículo 56 de dicha Ley así como también el contenido de la Ley 75 del 2 de julio de 1987 a los efectos de que en primer lugar se deberá consignar este negocio en Escritura Pública cuando se termine la condición suspensiva; de que se les ha explicado la existencia de una comunidad de bienes al amparo de los Artículos 326 al 340 del Código Civil, 31 LPRA, Sección 1271 a 1285; que además no se podrá establecer segregación, lotificación o de algún modo identificación de la participación o participaciones sobre el terreno sin los correspondientes permisos de la Junta de Planificación, la Administración de Reglamentos y Permisos o la Agencia correspondiente; que la participación adquirida por compradores es abstracta e indefinida; que cualquier arreglo, convenio o pacto para segregar, lotificar, marcar o identificar la participación será nulo o ineficaz y que el mismo podría constituir delito grave si no existe el correspondiente permiso de la agencia reguladora y la aceptación expresa del comprador de que adquiere en capacidad de comunero y que a pesar de que se le ha explicado todo lo anterior los comparecientes de la segunda parte tiene[n] el interés en adquirir y suscribir este contrato. (Énfasis suplido)
----DOS: Se les ha explicado y advertido a los compradores que por tal razón esta escritura no puede ser inscrita en el Registro de la Propiedad hasta tanto se haga una partición de bienes de los causantes del difunto Don José Berdecía AB-2019-0004 (TS-5409) 5
Torres […] o un tribunal ordene su inscripción. (Énfasis suplido)
Escritura Núm. 147 del 21 de diciembre de 2005.
Posteriormente, el 28 de enero de 2006, el matrimonio
Marcos-Ortiz expidió un Pagaré, ante el licenciado Torres
Rivera, a favor de la Sra. Aida Ortiz Hernández -de manera
exclusiva- por la suma de ciento treinta y cinco mil dólares
($135,000.00) por concepto del balance adeudado por la
compraventa, y por otras consideraciones, tales como unos
bienes muebles.
Luego de varios pleitos legales entre las partes3, el
17 de marzo de 2017, el Sr. José B. Berdecía Ortiz y la
Sra. Betzaida Berdecía Ortiz incoaron una Demanda Enmendada
de nulidad de escritura de compraventa en contra de la
Sucesión de José Dolores Berdecía Torres (compuesta por, al
menos, 12 herederos, la mayoría fallecidos, y sus herederos
de paradero desconocido). En dicha demanda, también
figuraron como demandados el matrimonio Marcos-Ortiz y la
Sra. Aida Ortiz Hernández. La reclamación se presentó
porque el precio de venta del terreno no había sido
satisfecho, aun cuando el matrimonio Marcos-Ortiz había
tomado posesión de éste.
El 24 de julio de 2018, el Tribunal de Primera
Instancia, Sala de Orocovis, emitió una Sentencia mediante
3 Entre éstos se destaca una demanda de cobro de dinero instada por la Sra. Aida Ortiz Hernández en contra del matrimonio Marcos-Ortiz por incumplimiento con el pago de la obligación económica estipulada en el Pagaré expedido el 28 de enero de 2006, cuya fecha de vencimiento se había pautado para el 11 de enero de 2013. AB-2019-0004 (TS-5409) 6
la cual determinó que la transacción pactada en la Escritura
Núm. 147 era radicalmente nula, por lo que no surtió efectos
jurídicos y correspondía la devolución de las
contraprestaciones. En consecuencia, el foro primario
ordenó la devolución del inmueble y el desalojo del
matrimonio Marcos-Ortiz. A estos efectos, el tribunal de
instancia emitió una Orden, el 11 de octubre de 2018, por
vía de la cual decretó el lanzamiento de los residentes de
una de las estructuras sitas en el predio en controversia.
En vista de lo dispuesto en la Sentencia antes
mencionada, el matrimonio Marcos-Ortiz instó una queja ante
este Tribunal. En dicha queja alegó que la Escritura Núm.
147 constituyó un “documento confuso, defectuoso” en el
cual el licenciado Torres Rivera incorporó varios negocios
jurídicos incompatibles que se apartaban de las normas
legales aplicables al traspaso de bienes inmuebles, lo que
los obligó a desalojar la propiedad que fuera su hogar por
más de trece (13) años. Adicionalmente, éstos le imputaron
al licenciado Torres Rivera tener conocimiento de que la
propiedad sobre la cual versaba el documento público en
cuestión no pertenecía a la parte vendedora. El matrimonio
Marcos-Ortiz declaró que el licenciado Torres Rivera
redactó las advertencias legales de la Escritura Núm. 147
con el propósito de evadir su responsabilidad como notario
autorizante, pues éste conocía que el negocio jurídico allí
acordado no era posible en nuestro ordenamiento. AB-2019-0004 (TS-5409) 7
Así las cosas, el 28 de enero de 2019, el licenciado
Torres Rivera compareció ante este Foro mediante una
Contestación a Queja contra Abogado. En síntesis, aceptó
que autorizó la Escritura Núm. 147 en la cual el matrimonio
Marcos-Ortiz compareció como la parte compradora de un
predio donde ubicaban dos estructuras y cuyos vendedores
poseían en carácter de dueños, el cual formaba parte de una
finca de mayor cabida. El licenciado Torres Rivera
argumentó que, según la información recopilada, las
estructuras sitas en el predio habían sido ocupadas por los
vendedores, al menos, desde el 10 de agosto de 1990 y que
se esperaba que ese tiempo fuera acreditado a la posesión
del terreno y las estructuras en controversia por parte del
matrimonio Marcos-Ortiz. Ello, con la intención de que
llegado el año 2020, éstos pudieran solicitar un expediente
de dominio contradictorio frente a los dueños registrales
o sus sucesores con interés.
El licenciado Torres Rivera alegó que le explicó al
matrimonio Marcos-Ortiz los principios de la posesión en
concepto de dueño y que éstos afirmaron haber entendido su
alcance. Añadió que el Sr. José R. Marcos Zorrilla y la
Sra. Daisy Ortiz Burgos presuntamente no cumplieron con sus
obligaciones de pago, lo que desató el pleito en el cual se
decretó la nulidad de la Escritura Núm. 147. Por último, el
licenciado Torres Rivera afirmó que vender y/o ceder las
participaciones en una finca perteneciente a una comunidad
hereditaria, con relación a un predio que ha sido adjudicado AB-2019-0004 (TS-5409) 8
extrajudicialmente por los herederos, es una práctica común
en las zonas rurales del país. A estos efectos, el
licenciado Torres Rivera adjuntó a su moción unas cinco (5)
escrituras que fueron autorizadas por diversos notarios
mediante las cuales otros herederos del dueño registral de
la finca, el Sr. José Dolores Berdecía Torres, cedieron sus
derechos y acciones particulares en el terreno en cuestión.
Éstas datan del periodo comprendido entre los años 1983 al
1995.4
El 23 de abril de 2019, referimos el asunto a la
Oficina de Inspección de Notarías (ODIN). Posteriormente,
la ODIN emitió su Informe el 9 de julio de 2019, para la
consideración de este Tribunal. En dicho informe, se
reseñaron los hechos materiales y se determinó que, en
efecto, la conducta del licenciado Torres Rivera fue
constitutiva de violaciones al Código de Ética Profesional,
4 Es menester destacar que la mayoría de esas escrituras versaban sobre la cesión de derechos hereditarios sobre la totalidad del caudal relicto. Sólo una de las escrituras anejadas procuraba disponer de un predio de terreno que no había sido segregado de la finca de mayor cabida, que es lo que ocurrió en el caso de autos. Curiosamente, una de las escrituras fue autorizada por el notario de referencia. Mediante ésta, el Sr. Dolores Berdecía Repollet, hijo del Sr. José Dolores Berdecía Torres, cedió todos los derechos y acciones que “en abstracto t[enía] sobre la descrita propiedad como su participación hereditaria en los bienes de su padre”. Anejo 6, Contestación a Queja contra Abogado. Asimismo, la Sra. María Castellano Ramos, esposa de ese heredero compareció a dicha escritura para ceder “cualquier derecho y acción que ella pu[diera] tener en la edificación levantada por parte de la Sociedad Legal de Gananciales en la finca de la Sucesión antes reseñada”. Id. AB-2019-0004 (TS-5409) 9
4 LPRA Ap. IX, y preceptos de la Ley Notarial de Puerto
Rico, 4 LPRA sec. 2001 et seq.
En lo relacionado al cumplimiento con la Ley Notarial
de Puerto Rico, el Informe de ODIN determinó que el
licenciado Torres Rivera infringió el Artículo 2 del
referido estatuto. 4 LPRA sec. 2002. Ello, puesto que éste
quebrantó la fe pública notarial al autorizar un
instrumento radicalmente nulo, por lo que no empleó la
competencia esperada de un notario ante los asuntos que se
le encomiendan.
De igual modo, se indicó que el letrado violó el Canon
18 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, C. 18.
Esto dado que el licenciado Torres Rivera faltó a los
postulados de la fe pública notarial y los requisitos
impuestos por la normativa aplicable, por lo que infringió
dicho canon al contravenir el deber de diligencia y
competencia. A saber, el licenciado Torres Rivera autorizó
una escritura que procuraba segregar, lotificar o
identificar de algún modo una participación sobre un
terreno perteneciente a una comunidad hereditaria -que no
había sido objeto de partición- sin que los integrantes de
la comunidad consintieran unánimemente a dicho negocio
jurídico. Conforme a lo anterior, la ODIN recomendó a este
Tribunal la suspensión del licenciado Torres Rivera del
ejercicio de la notaría por un periodo de tres (3) meses.
En atención a esto, el 16 de agosto de 2019, mediante
una Resolución, le concedimos al licenciado Torres Rivera AB-2019-0004 (TS-5409) 10
un término de veinte (20) días para que se expresara sobre
el Informe que presentó la ODIN. En su comparecencia, por
medio de una Moción informando la posición del promovido a
Informe de la ODIN, el licenciado Torres Rivera resaltó que
el matrimonio Marcos-Ortiz no expresó en su queja que todas
las partes involucradas en el otorgamiento de la Escritura
Núm. 147 habían pactado con anticipación aspectos
significativos del negocio jurídico que éste autorizaría.
En lo concerniente a lo esbozado por la ODIN en su Informe,
el licenciado Torres Rivera manifestó que todas las
conclusiones de dicha Oficina eran correctas, por lo que
aceptó su responsabilidad por las deficiencias de la
Escritura Núm. 147 y expresó su arrepentimiento ante lo
acontecido.
El 18 de septiembre de 2019, compareció el matrimonio
Marcos-Ortiz, por derecho propio, mediante una Oposición a
moción del promovido a informe de la ODIN. En lo pertinente,
expusieron que el licenciado Torres Rivera no demostró
justificación para sus faltas éticas y violaciones a la Ley
Notarial de Puerto Rico.
Evaluado el Informe de la ODIN, las determinaciones de
hecho contenidas en éste, así como los documentos que
constan en el expediente, procedemos a evaluar la conducta
del licenciado Torres Rivera a la luz del Canon 18 del
Código de Ética Profesional, supra, y lo dispuesto en el
Artículo 2 de la Ley Notarial de Puerto Rico, supra. AB-2019-0004 (TS-5409) 11
II.
Nuestro ordenamiento jurídico le confiere al notario
la autoridad de “dar fe y autenticidad conforme a las leyes
de los negocios jurídicos y demás actos y hechos
extrajudiciales que ante él se realicen, sin perjuicio de
lo dispuesto en las leyes especiales”. 4 LPRA sec. 2002. De
esta forma, su función estriba, esencialmente, en recibir
e interpretar la voluntad de los otorgantes con el fin de
concederle forma y autoridad legal a ésta. Id. La fe pública
notarial es el “elemento objetivo que se concreta a través
de la persona del notario con la presencia del
compareciente” por lo que constituye la “espina dorsal de
todo el esquema de autenticidad documental”. In re González
González, 119 DPR 496, 499 (1988). Así, la fe pública
notarial reviste de certeza los negocios jurídicos que bajo
ésta se suscriben.
Ante tal consideración, el notario tiene el deber
encomiable de obrar como custodio de la fe pública notarial
y ser en extremo cauteloso al ejercer su práctica
profesional. In re Muñoz Fernós, 184 DPR 679 (2012). Debido
al rol esencial que ejerce la función notarial en el tráfico
jurídico, se requiere de los notarios un estricto
cumplimiento con la Ley Notarial de Puerto Rico, el Código
de Ética Profesional y toda la demás normativa sustantiva
que rige los diversos negocios jurídicos que éstos
instrumentan al interpretar la voluntad de los otorgantes. AB-2019-0004 (TS-5409) 12
In re Márquez Colón, 198 DPR 509, 518 (2017); In re Morales
Maldonado, 193 DPR 340 (2015).
Esto, pues, el notario representa tanto la fe pública
como la ley para todas las partes que comparecen ante él.
Así, los notarios se inmiscuyen inevitablemente en las
transacciones que adquieren eficacia jurídica ante sí. Por
consiguiente, el deber de estos funcionarios rebasa el
ejercicio automático de legalizar las firmas de los
otorgantes. In re García Cabrera, 201 DPR 902 (2019). De
conformidad con esto, hemos reiterado enfáticamente que el
notario tiene la obligación indelegable de ofrecer
asesoramiento legal a los otorgantes sobre las
circunstancias del otorgamiento, así como las posibles
consecuencias jurídicas que puede entrañar el negocio
jurídico celebrado. In re Collado Ruiz, 195 DPR 705, 713
(2016).
En resumen, el notario es una figura bifronte; por un
lado, ejerce una función pública; por otro es un profesional
de Derecho con una clara misión asesora y de consejo. En su
función pública da fe -conforme a las leyes- de los
contratos y demás actos extrajudiciales, y como profesional
de Derecho, asesora y aconseja sobre “los medios jurídicos
más adecuados para el logro de los fines lícitos que los
particulares se proponen alcanzar.” Rafael Gómez Pérez,
Deontología Jurídica, EUNSA, 199, pág. 109. Por lo que se
afirma que el notario es modelador de actos y negocios
jurídicos, y por tanto “es el asesor jurídico en el AB-2019-0004 (TS-5409) 13
cumplimiento pacífico del derecho.” Id. En tal sentido,
cuando -a su juicio- el acto o negocio jurídico que va a
autorizar sea contrario a las leyes, a los postulados éticos
o a la moral, deberá negarse a dar fe de tal acto.
Al incumplir con la referida obligación, el notario se
expone a sanciones disciplinarias por violar la fe pública
notarial instituida en el Artículo 2 de la Ley Notarial de
Puerto Rico, supra.
B.
El Código de Ética Profesional le exige al abogado el
desfile de la “mayor y más excelsa competencia,
responsabilidad e integridad” al emprender como jurista,
por lo que obrar en contrario a estos principios es
incompatible con el ejercicio de la abogacía y la notaría.
Preámbulo, 4 LPRA Ap. IX. Véase In re Cuevas Vázquez, 174
DPR 433 (2008).
Asimismo, el Canon 18 del Código de Ética Profesional,
supra, dispone que “[e]s deber del abogado defender los
intereses del cliente diligentemente, desplegando en cada
caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella
forma que la profesión jurídica en general estima adecuada
y responsable”. En el interés de esto, este canon ostenta
una modalidad distinta cuando se emplea la función
notarial. In re González Acevedo, 197 DPR 360, 366 (2017).
La naturaleza de las funciones del notario hace
insoslayable que éste ejerza la notaría con un deber mayor
de diligencia y competencia. Id. Véase, además, In re AB-2019-0004 (TS-5409) 14
Portela Martínez, 191 DPR 84, 90 (2014); In re Colón Ramery,
138 DPR 793, 799 (1995). Así, el notario está compelido a
rendir una labor idónea, que responda a la altura de las
exigencias que acarrea su función como guardián de la fe
pública. Faltar a dicho deber constituye una acometida
contra la fe pública notarial investida en éste.
Es por tal razón que, según enfatizamos, el notario
tiene la obligación de asesorar oportunamente a todas las
partes que intervengan en el otorgamiento de un documento
público. Esto incluye ofrecer a los otorgantes las
instrucciones, explicaciones y advertencias necesarias para
que concurran al acto debidamente informados. In re Torres
Alicea, 175 DPR 456 (2009); In re Martínez Almodóvar, 180
DPR 805 (2011). Es importante destacar que el deber de
diligencia que es requerido por el Canon 18 del Código de
Ética Profesional, supra, deriva del deber de competencia
que exige el buen desempeño de la profesión. In re García
Ortiz, 187 DPR 507, 518 (2012) (citando a S. Steidel
Figueroa, Ética y responsabilidad disciplinaria del
abogado, San Juan, Pubs. JTS, 2010, pág. 188). Dicho de
otro modo, el notario debe demostrar que posee los
conocimientos jurídicos necesarios para ejecutar sus
funciones. Id.
Desde luego, como hemos expresado previamente, un
notario que desconoce las normas jurídicas relativas a los
negocios que ante éste se otorgan, atenta contra el carácter
propio del notariado e infringe el Canon 18 del Código de AB-2019-0004 (TS-5409) 15
Ética Profesional. In re González Acevedo, 197 DPR en la
pág. 366; In re Maldonado Maldonado, 197 DPR 802, 813
(2017); In re Vargas Velázquez, 190 DPR 730 (2014); In re
Ortiz Medina, 175 DPR 43 (2008).
C.
Es norma reiterada que en una comunidad hereditaria
los coherederos poseen la titularidad de una cuota alícuota
o abstracta, y no sobre algún bien en particular que obre
en el caudal relicto. Kogan v. Registrador, 125 DPR 636,
652 (1990). Es decir, hasta tanto se lleve a cabo la
partición y adjudicación de la herencia, cada heredero
tiene, solamente, un derecho en el complejo hereditario.
Id. Como resultado, un coheredero puede ceder o enajenar
sus derechos y acciones sobre su participación abstracta en
la totalidad del caudal hereditario, no así sobre algún
bien particular de los que componen el caudal. Vega Montoya
v. Registrador, 179 DPR 80 (2010).
Empero, como este Foro ha reseñado anteriormente, es
posible enajenar bienes concretos de una comunidad
hereditaria previo a la partición. Ahora bien, es prudente
advertir que para ello resulta imprescindible que concurran
todos los integrantes que forman parte de la sucesión a
otorgar el negocio jurídico. Gierbolini Colón v. Miranda
Colón, 151 DPR 315, 321 (2000); Kogan v. Registrador, 125
DPR en la pág. 652. Consecuentemente, ante la ausencia de
algún integrante de la sucesión, un notario está
imposibilitado de autorizar escrituras en las que se cedan AB-2019-0004 (TS-5409) 16
o enajenen derechos de una porción específica sobre un bien
perteneciente a una comunidad hereditaria y tienen la
obligación de asesorar a los otorgantes sobre tal
prohibición.
III.
Al examinar las actuaciones del licenciado Torres
Rivera a tenor de las disposiciones éticas y sustantivas
discutidas, es forzoso concluir que su conducta representa
infracciones al Canon 18 del Código de Ética Profesional y
al Artículo 2 de la Ley Notarial de Puerto Rico.
En el caso de autos, el licenciado Torres Rivera
autorizó una escritura mediante la cual se dispuso la venta
de unas estructuras y un predio de terreno, así como la
cesión de derechos y acciones hereditarias sobre una finca
que pertenecía a una comunidad hereditaria que no había
sido liquidada. Al otorgamiento de dicha escritura no
comparecieron todos los integrantes de la sucesión -sobre
la cual no se había hecho una declaratoria de herederos-
sino los herederos que ocupaban el predio de terreno que se
pretendía fuera objeto de venta. Ese predio de terreno
tampoco había sido segregado de la finca principal conforme
a derecho.
Como se adelantó, en el caso que origina la queja ante
el licenciado Torres Rivera, el instrumento público que
éste otorgó fue declarado radicalmente nulo por el Tribunal
de Primera Instancia justamente por razón de la ausencia de
algunos integrantes de una comunidad hereditaria. AB-2019-0004 (TS-5409) 17
Específicamente, al otorgamiento de la escritura no
comparecieron todos los integrantes de la Sucesión del Sr.
José Dolores Berdecía Torres, dueña en común proindiviso de
la Finca Núm. 1,776 sita en Orocovis, a brindar su
consentimiento unánime para la venta de un bien específico
de la herencia. La Sucesión del Sr. José Berdecía Torres no
podía enajenar los dos mil metros cuadrados (2,000 mc) que
ocupaba, puesto que la titularidad de la Finca correspondía
a la comunidad hereditaria a la que su fenecido padre
pertenecía. En otras palabras, la enajenación no podía
realizarse de manera exclusiva por la sucesión de uno de
sus integrantes que solamente ostentaba una cuota alícuota
sobre la totalidad del caudal original.
De otra parte, la porción de terreno que la Sucesión
del Sr. José Berdecía Torres ocupaba en carácter de dueño
no había sido segregada a tenor de la reglamentación
aplicable, lo cual el licenciado Torres Rivera conocía. No
obstante, éste autorizó la Escritura Núm. 147 mediante la
cual se pretendía segregar o lotificar de facto el predio
de terreno. De esta manera, se prescindió de los permisos
de las agencias concernidas, actuación contraria a la
legislación vigente que tornó el negocio jurídico en uno
nulo e ineficaz. Esto, aun cuando el propio licenciado
Torres Rivera había advertido a los otorgantes que no se
podría establecer la segregación, lotificación o de algún
modo identificación de la participación sobre el terreno
sin los correspondientes permisos. Aún más, el licenciado AB-2019-0004 (TS-5409) 18
Torres Rivera alertó a los otorgantes que “cualquier
arreglo, convenio o pacto para segregar, lotificar, marcar
o identificar la participación sería nulo o ineficaz”.
Resulta en un contrasentido, entonces, que el propio
instrumento que se sirve de la segregación de facto para
delimitar la participación de la Sucesión del Sr. José
Berdecía Torres en la finca perteneciente a la comunidad
hereditaria de la Sucesión del Sr. José Dolores Berdecía
Torres advierta sobre la ilegalidad de dicho acto. De modo
similar, el notario autorizante apercibió a los otorgantes
de la imposibilidad de que la Escritura Núm. 147 fuera
inscrita en el Registro de la Propiedad.
De las advertencias legales consignadas en la
Escritura Núm. 147, se puede colegir que el licenciado
Torres Rivera conocía que la misma no surtiría ningún efecto
jurídico -en claro detrimento de la parte compradora- por
lo que, al autorizarla, éste vulneró la fe pública notarial
en él depositada.5 Sobre las advertencias que deben ser
consignadas en las escrituras públicas, hemos expresado que
constituye uno de los deberes principales de todo notario
“darles a los otorgantes las informaciones, aclaraciones y
advertencias necesarias para que comprendan el sentido, así
5 Cabe mencionar que las reservas legales que el licenciado Torres Rivera plasmó en la escritura en controversia son las advertencias pertinentes en los negocios de compraventa de terrenos en común pro indiviso, de conformidad con el Artículo 15(g) de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA sec. 2033(g), no así las exigidas en la cesión de derechos hereditarios. AB-2019-0004 (TS-5409) 19
como los efectos y consecuencias del negocio, y se den
cuenta de los riesgos que corren en celebrarlo”. In re Toro
González II, 198 DPR 877, 888 (2015); In re Davidson Lampón,
159 DPR 448 (2003). Véase Chévere v. Cátala, 115 DPR 432
(1984).
En este caso, el licenciado Torres Rivera incorporó al
documento, y alegadamente explicó a los otorgantes, gran
parte de las advertencias pertinentes al negocio que éstos
habían acordado. Entre estas reservas, indicó la
imposibilidad de que lo convenido en la escritura alcanzara
eficacia jurídica y se inscribiera en el Registro de la
Propiedad. Sin embargo, establecer las advertencias
correspondientes en la escritura no puede servir como
subterfugio para autorizar transacciones jurídicas que no
tienen cabida en nuestro ordenamiento.
La observancia de la obligación de ofrecer las
advertencias necesarias no exime al notario de ejercer el
deber primordial de salvaguardar la fe pública notarial y
cumplir con el propósito elemental de su gestión
profesional: otorgar instrumentos jurídicamente eficaces y
legales. In re Salas David, 145 DPR 539, 545 (1998). Del
mismo modo, obrar conforme la voluntad de las partes no
subsana las deficiencias sustantivas ni reviste de validez
un negocio jurídico nulo. In re Belén Trujillo, 184 DPR
793, 805 (2012). A fin de cuentas, el licenciado Torres
Rivera autorizó el instrumento con pleno conocimiento de
que el mismo no cumplía con los requisitos indispensables AB-2019-0004 (TS-5409) 20
para su legitimidad cuando lo apropiado era posponer el
otorgamiento de éste hasta que la segregación fuera
realizada según ordenado por la normativa aplicable.
Conforme a lo expuesto, el licenciado Torres Rivera no
actuó con la competencia, pericia y esmero esperado de un
profesional que ejerce la notaría al autorizar un
instrumento público radicalmente nulo. Al así proceder,
actuó en contravención de los postulados de la fe pública
notarial y los requisitos que impone la legislación
aplicable, por lo que incurrió en violaciones al Artículo
2 de la Ley Notarial de Puerto Rico, supra, así como al
Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra.
IV.
Al ejercer su jurisdicción disciplinaria, este
Tribunal ha expresado que es menester realizar una
evaluación del historial de conducta del abogado para
determinar la sanción disciplinaria que se le impondrá a
éste. Dicho análisis debe ponderar diversos factores, tales
como: “si goza de buena reputación, si aceptó la falta, su
sincero arrepentimiento, si realizó la conducta impropia
con ánimo de lucro y cualquier otro factor pertinente”. In
re Portela Martínez, 191 DPR en la pág. 93; Véase, también,
In re González Acevedo, 197 DPR en la pág. 368.
A la luz de la totalidad de los documentos que obran
en el expediente de la queja ante nuestra consideración,
vale mencionar algunas circunstancias atenuantes que deben
ser consideradas al momento de imponer una sanción AB-2019-0004 (TS-5409) 21
disciplinaria en el presente caso. Según surge del
expediente del licenciado Torres Rivera y de la Moción
informando la posición del promovido a Informe de la ODIN
presentada por éste, ésta es la primera queja que se
presenta en su contra. Asimismo, se desprende del Informe
presentado por la ODIN que ésta es la primera infracción
imputada al licenciado Torres Rivera en los más de cuarenta
(40) años en los que lleva desempeñándose como notario en
nuestra jurisdicción. De otra parte, el licenciado Torres
Rivera expresó que ha laborado prestando servicios para
Pro-Bono, Inc., así como para la Corporación de Servicios
Legales de Puerto Rico, desde sus comienzos en la profesión.
Asimismo, éste aceptó su falta y expresó su
arrepentimiento.
V.
En atención a lo antes expuesto, determinamos que el
Lcdo. Efraín Torres Rivera violó el Canon 18 del Código de
Ética Profesional, supra, así como lo dispuesto en el
Artículo 2 de la Ley Notarial de Puerto Rico, supra.
Evaluados los hechos acaecidos en la queja de epígrafe y el
expediente personal del licenciado Torres Rivera a la luz
de los factores que guían la imposición de sanciones
disciplinarias a los miembros de la profesión legal,
decretamos su suspensión inmediata del ejercicio de la
notaría por un término de tres (3) meses. A tenor de lo
anterior, se le notifica al licenciado Torres Rivera que su
fianza notarial queda automáticamente cancelada. La fianza AB-2019-0004 (TS-5409) 22
se considerará buena y válida por tres (3) años después de
su terminación en cuanto a actos realizados durante el
periodo en que estuvo vigente. Se ordena a la Oficina del
Alguacil de este Tribunal incautar la obra protocolar y el
sello notarial del licenciado Torres Rivera y entregarlos
al Director de la Oficina de Inspección de Notarías para su
examen e informe correspondiente.
Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam y
Sentencia al licenciado Torres Rivera a través de la oficina
del Alguacil de este Tribunal.
Se dictará Sentencia de conformidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 25 de febrero de 2020
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam que antecede, se ordena la suspensión inmediata del ejercicio de la notaría del Lcdo. Efraín Torres Rivera por un término de tres (3) meses. A tenor de lo anterior, se le notifica al licenciado Torres Rivera que su fianza notarial queda automáticamente cancelada. La fianza se considerará buena y válida por tres (3) años después de su terminación en cuanto a actos realizados durante el periodo en que estuvo vigente. Se ordena a la Oficina del Alguacil de este Tribunal incautar la obra protocolar y el sello notarial del licenciado Torres Rivera y entregarlos al Director de la Oficina de Inspección de Notarías para su examen e informe correspondiente.
Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam y Sentencia al licenciado Torres Rivera a través de la oficina del Alguacil de este Tribunal.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo.
José Ignacio Campos Pérez Secretario del Tribunal Supremo