EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
María Cristina Herrera Bolivar y Andrés Rivera Llopiz, por sí y en Representación de su hijo menor G.A.R.H.
Peticionarios Certiorari v. 2010 TSPR 192 Efraín Ramírez Torres y Julie Vicéns Salgado, por sí, en representación de 179 DPR ____ Y como miembros de la Sociedad Legal de Bienes Gananciales por ellos constituida; SIMED
Recurridos
Número del Caso: CC-2008-519
Fecha: 25 de agoto de 2010
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan Panel III
Juez Ponente: Hon. José A. Morales Rodríguez
Abogado da la Parte Peticionaria:
Lcdo. Emilio Cancio Bello, Jr.
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Jesús R. Morales Cordero
Materia: Revisión de Sentencias de Negligencia y de Daños, Impericia Médica
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
María Cristina Herrera Bolívar y Andrés Rivera Llopiz, por sí y en representación de su hijo menor G.A.R.H.
Peticionarios
v. CC-2008-519
Efraín Ramírez Torres y Julie Vicéns Salgado, por sí, en representación de y como miembros de la Sociedad Legal de Bienes Gananciales por ellos constituída; SIMED
Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez
San Juan, Puerto Rico, a 25 de agosto de 2010
La señora María Cristina Herrera Bolívar y el señor
Andrés Rivera Llopiz acuden ante este Foro, en
representación de su hijo G.A.R.H., solicitando que se
revoque una sentencia del Tribunal de Apelaciones, la cual
redujo la cuantía de indemnización concedida al joven
Rivera Herrera por la incapacidad total de su brazo
izquierdo. Luego de evaluar detenidamente la prueba
presentada ante el Tribunal de Primera Instancia,
modificamos la sentencia emitida por el foro intermedio y
reinstalamos la cuantía concedida por el juzgador primario. CC-2008-519 2
I.
El joven G.A.R.H. sufrió varios daños al nacer.
Durante el parto mediante el cual llegó al mundo el 13 de
mayo de 1994, ocurrió lo que se conoce como una distocia
del hombro. Esto sucede cuando, al momento de la madre dar
a luz, la cabeza del bebé está fuera del canal vaginal,
pero el resto del cuerpo no sale, pues se queda atascado
por los hombros. Para lograr sacar a G.A.R.H., el doctor
Efraín Ramírez Torres, ginecólogo-obstetra que atendió a la
señora María Cristina Herrera Bolívar, le practicó una
proctoepisiotomía1 y, posteriormente, le aplicó presión
suprapúbica,2 esto último sin asistencia de enfermera. Aún
así el niño no salió. El Dr. Ramírez Torres le requirió a
la Sra. Herrera Bolívar que siguiera pujando, mientras él
realizó una fuerte tracción lateral y hacia abajo en la
cabeza del bebé. Esa maniobra no cumplió su objetivo y,
por el contrario, causó que el niño naciera con el brazo
izquierdo paralizado y flácido, un hematoma en la parte
anterior izquierda del pecho y una laceración en uno de los
dedos del pie izquierdo.
En abril de 1995 la Sra. Herrera Bolívar, su esposo el
señor Andrés Rivera Llopiz y la sociedad de gananciales
compuesta por ambos, por sí y en representación de su hijo
G.A.R.H., presentaron una demanda en contra del Dr. Ramírez
1 Incisión entre el fondo de la vagina y el ano, cuyo propósito es crear mayor espacio para que el obstetra pueda maniobrar y el bebé nazca. 2 Aquella que se aplica sobre el pubis de la mujer, con el propósito de empujar el hombro del bebé y lograr su nacimiento. CC-2008-519 3
Torres, su esposa Julie Vicéns Salgado, la sociedad de
gananciales compuesta por ambos y el Sindicato de
Aseguradoras para la Suscripción Conjunta de Seguro de
Responsabilidad Profesional Médico Hospitalaria (SIMED).
En ésta, reclamaron una indemnización por los daños
sufridos por su hijo G.A.R.H. y por ellos al éste nacer.
El Tribunal de Primera Instancia bifurcó los
procedimientos y dirimió primeramente el aspecto de
negligencia en el tratamiento médico del Dr. Ramírez Torres
y la relación causal con los daños sufridos por G.A.R.H.
Luego de un extenso juicio en el cual declararon varios
peritos de ambas partes, el foro de instancia concluyó que
durante el parto G.A.R.H. sufrió una lesión al plexo
braquial que resultó en una parálisis de “Erb”3 y una
parálisis de “Klumpke”,4 ambas severas, por lo que la
parálisis resultante era permanente. Igualmente, el foro
primario concluyó que dichas lesiones fueron causadas por
la acción del Dr. Ramírez Torres de halar o flexionar la
cabeza del bebé para resolver la distocia del hombro, lo
cual para 1994 no era una práctica aceptable de la
medicina. Por lo tanto, el foro primario resolvió que la
actuación del Dr. Ramírez Torres se desvió del cuidado
médico indicado por la mejor práctica de la medicina para
la fecha del parto y dictó una resolución declarando con
lugar los aspectos de negligencia y relación causal de la
3 Se trata de una lesión por estiramiento en los nervios del plexo braquial a nivel de los nervios c-5 y c-6. 4 Se trata de una lesión del plexo braquial a nivel de los nervios c-7, c-8 y t-1. CC-2008-519 4
demanda presentada. El Tribunal de Apelaciones confirmó
dicha determinación y este Tribunal denegó revisar.
El 3 de mayo de 2006, el Tribunal de Primera Instancia
celebró una vista evidenciaria sobre los daños sufridos por
G.A.R.H. y su familia. En ésta declararon el doctor Néstor
Cardona Cancio, la Sra. Herrera Bolívar y el joven
G.A.R.H.. En su testimonio, el Dr. Cardona Cancio, quien
es fisiatra, explicó un informe pericial que preparó para
detallar los daños sufridos por el niño, el cual fue
admitido en evidencia. Comenzó su testimonio reproduciendo
el historial médico de G.A.R.H. Indicó que, prácticamente
desde nacido, éste comenzó a tomar fisioterapias. A los
cuatro días de vida, el doctor Eduardo Mirabal Font,
neurocirujano, evaluó al niño y confirmó que existía daño
permanente a los nervios del brazo izquierdo. Éste
recomendó que se continuara con las fisioterapias, puesto
que no era mucho más lo que se podía hacer para mejorar la
condición del menor. Igual opinión le brindaron en el
Miami Children’s Hospital.
Para mejorar su estética, en el año 2001 cuando el
niño contaba con seis años de edad, se le practicaron dos
cirugías en el brazo que buscaban darle una apariencia más
normal a éste, pues el mismo estaba deformado y tenía
“forma de mono”. Estas cirugías dejaron una cicatriz de
cuatro (4) centímetros en forma de “L” y otra en forma de
“C” que mide once (11) centímetros, las cuales son
permanentes. Por otro lado, el Dr. Cardona Cancio también CC-2008-519 5
testificó que si uno ve a G.A.R.H. de frente, va a haber el
hombro izquierdo más bajo que el derecho. Dicha deformidad
es producto de la parálisis de los músculos y tendones en
esa área. La parálisis aludida causa también que el niño
tenga el codo doblado todo el tiempo, como en forma de “L”.
Igualmente, al estar completamente dañados los nervios de
esa área, la extremidad no se desarrolló de manera natural,
por lo que el brazo izquierdo es más corto que el brazo
derecho.
En relación con el daño sensorial, el Dr. Cardona
Cancio testificó que G.A.R.H. tenía una marcada pérdida de
sensación cutánea, lo que se traduce en un impedimento por
déficit sensorial de ochenta y un por ciento (81%). Para
poder explicar el daño en el movimiento del brazo, el Dr.
Cardona Cancio dividió éste en tres troncos: superior,
medio e inferior. Indicó que G.A.R.H. tenía cero por
ciento (0%) de movimiento en el tronco superior e inferior
y sólo un dieciocho por ciento (18%) de movimiento en el
tronco medio. Al combinar los porcentajes de impedimento
por movimiento con el impedimento por daño sensorial,
resulta que G.A.R.H. tiene un noventa y nueve por ciento
(99%) de pérdida de la función de su brazo, lo que se
traduce en un cincuenta y nueve por ciento (59%) de
impedimento de funciones fisiológicas generales. El Dr.
Cardona Cancio señaló que la condición del brazo es
permanente. Añadió que G.A.R.H. “básicamente tiene un
brazo que para todos los efectos prácticos es inservible. CC-2008-519 6
O sea, no, él no puede hacer nada con el brazo. Es lo
mismo que si no lo tuviera”.
El Dr. Cardona Cancio concluyó su testimonio
recomendando que, cuando G.A.R.H. sea un adulto y así lo
decida, se le ampute su brazo y se le coloque una prótesis.
Indicó que en la actualidad existen prótesis capaces de ser
controladas con movimientos en el hombro, lo que permite la
flexión y extensión del codo, así como el abrir y cerrar de
la muñeca. La colocación de la prótesis, además de
brindarle mayor funcionalidad, mejoraría el aspecto
estético, pues se vería un brazo extendido, que se mueve
normalmente al caminar y que tiene un tamaño similar al
otro brazo.
Por su parte, la Sra. Herrera Bolívar declaró que a
G.A.R.H. le comenzaron a dar terapias a los cuatro (4) días
de nacido, las cuales eran mediante electrochoques. Luego,
a los seis (6) meses de edad, lo sometían diariamente a una
terapia en el agua que le causaba gran dolor, pues gritaba
durante la hora y media que duraba la misma. Al ver que la
condición del niño no evolucionaba, se decidió intervenir
quirúrgicamente -mediante las operaciones de las cuales
testificó el Dr. Cardona Cancio- para de esa manera
mejorar, al menos, la apariencia del brazo.
La Sra. Herrera Bolívar prosiguió su testimonio
relatando acerca de las constantes burlas a las que otros
niños de la escuela y de la vecindad someten a G.A.R.H. por
causa de la deformidad de su brazo. Además, testificó CC-2008-519 7
sobre las dificultades que éste enfrenta día a día para
realizar lo que serían gestiones comunes para cualquier
persona, como lo es ir al baño, vestirse y asearse.
Igualmente, por su condición, G.A.R.H. no participa de
actividades cotidianas de niños de su edad, como asistir al
día de juegos de la escuela o jugar con los vecinos de su
urbanización.
En cuanto a los deportes, testificó que a G.A.R.H. le
encantan y que inclusive estuvo en un equipo de baloncesto.
No obstante, indicó que luego de un juego en el cual un
niño de su propio equipo le llamó “inútil” por G.A.R.H.
perder el balón, éste salió de la cancha y no ha querido
volver a practicar dicho deporte. Afirmó que lo único que
su hijo G.A.R.H. quiere, es ser un niño normal. En cuanto
a ella, al ser cuestionada sobre cómo se sentía con
respecto a la situación de su hijo, indicó que “a mí me
duele, como mamá, verlo a él llorar, a lo que se somete,
tener que hablar con los amiguitos y decirles ‘mira no se
burlen’. . . . [E]s fuerte para mí como mamá. Es mi hijo
el que está sufriendo, no es más nadie”.
G.A.R.H. comenzó su testimonio con las preguntas
introductorias de rigor. Luego se le preguntó sobre el
incidente con el niño en el juego de baloncesto, relatado
anteriormente, a lo que éste respondió que se sintió muy
mal con dicha situación. La jueza que presidía los
procedimientos interrumpió el testimonio de G.A.R.H. y
llamó a los abogados al estrado. El abogado del demandado CC-2008-519 8
Dr. Ramírez Torres, estipuló el testimonio de G.A.R.H. en
relación con sus daños, entendiendo que sería prueba
corroborativa de la ofrecida por su madre, la Sra. Herrera
Bolívar. Igualmente, las partes acordaron estipular el
testimonio del padre de G.A.R.H., el Sr. Andrés Rivera
Llopiz.
Por último, las partes estipularon dos informes
periciales. El primero, el informe de la doctora Filí-Melé
Rodríguez, especialista en prótesis, el cual detalló el
costo, duración y reemplazo de una prótesis de brazo
-similar a la recomendada por el Dr. Cardona Cancio en su
testimonio- para ser utilizada desde que G.A.R.H. alcance
su mayoría de edad, hasta los 74 años que era la
expectativa de vida de un varón en Puerto Rico para el año
2005. Igualmente, se estipuló el informe que contenía una
evaluación psiquiátrica de G.A.R.H., preparado por la Dra.
Dayra Fernández Demorizi. De dicho informe surge que, a lo
largo de las entrevistas con la Dra. Fernández, G.A.R.H.
presentó desesperanza, pobre control de impulsos,
agresividad, trastorno en el patrón de sueño, alimentación,
falta de interés por las cosas que antes hacía,
aislamiento, disminuida atención y concentración.
Según la opinión de la Dra. Fernández, G.A.R.H. padece
una depresión mayor, la cual se debe totalmente a la
pérdida de función y atrofia de su brazo izquierdo. Las
limitaciones que la pérdida de su brazo le causan “lo
llevaron al ostracismo, impotencia y frustración”. El CC-2008-519 9
niño, según la doctora, se verá a sí mismo siempre como “el
manco”. Luego de señalar todas las profesiones y oficios
que, a su juicio, G.A.R.H. no podrá llevar a cabo, concluye
que éste será un niño marcado severamente de por vida por
sus limitaciones físicas, afectivas, sociológicas y
psicológicas.
Examinada la prueba testifical, documental y pericial
recibida, el foro de instancia dictó sentencia en la cual
adjudicó los daños sufridos por G.A.R.H. y su familia. El
foro primario indicó que concedía a G.A.R.H. la suma de
$1,569,500.00 “por los daños de los sufrimientos y
angustias mentales, intervenciones quirúrgicas pasadas y
futuras”. Para llegar a dicha cifra, el foro de instancia
hizo formar parte de su sentencia el informe de la Dra.
Rodríguez, el cual indicaba que el costo de la prótesis
recomendada y su mantenimiento por 53 años de vida sería de
$969,500.00, lo que el foro de instancia consideró como una
intervención quirúrgica futura. Por lo tanto, podemos
colegir que el foro primario otorgó $600,000.00 a G.A.R.H.
por los daños morales por la pérdida de su brazo, los que
incluyen los sufrimientos físicos y angustias mentales.
En cuanto a su familia, el foro de instancia concedió
una indemnización de $350,000.00 a la Sra. Herrera Bolívar
por sus sufrimientos y angustias mentales y $200,000.00 al
Sr. Rivera Llopiz por igual concepto. El foro primario
también impuso $5,000.00 en honorarios de abogado al
determinar que los demandados “actuaron con manifiesta CC-2008-519 10
temeridad, máxime cuando la determinación de
responsabilidad por negligencia ya tenía finalidad”. En
total, el Tribunal de Primera Instancia ordenó al Dr.
Ramírez Torres, su esposa y la sociedad legal de
gananciales el pago de $2,119,500.00 de los cuales SIMED
tendría que desembolsar el límite de la póliza, la cantidad
de $200,000.00.
Inconformes, los demandados acudieron al foro
intermedio. En dicho foro, impugnaron la determinación de
negligencia en contra del Dr. Ramírez Torres y el nexo
causal con los daños sufridos por el joven G.A.R.H.
También alegaron que las cuantías concedidas por el foro de
instancia eran exageradamente altas. Se alegó
específicamente que la cuantía de $969,500.00 por el costo
de la prótesis del brazo de G.A.R.H., además de ser
exageradamente alta, era altamente especulativa, pues
dependía de que en un futuro G.A.R.H. decidiera realizarse
dicha operación, de lo cual no había seguridad. Los
demandados cuestionaron, por último, la imposición de
honorarios de abogado.
El Tribunal de Apelaciones modificó la sentencia
apelada. Indicó que las cuantías concedidas por el foro
primario eran exageradamente altas. En el caso de las
compensaciones concedidas a los padres de G.A.R.H., comparó
éstas con las otorgadas por este Tribunal en Riley v.
Rodríguez Pacheco, 119 D.P.R. 762 (1987) y Merced v.
Gobierno de la Capital, 85 D.P.R. 552 (1962). En Riley v. CC-2008-519 11
Rodríguez Pacheco se le concedieron $100,000.00 por
sufrimientos y angustias mentales a la madre de una niña
que sufrió una anoxia cerebral durante el parto. Por otro
lado, en Merced v. Gobierno de la Capital, se le
concedieron $3,000.00 por sufrimientos y angustias mentales
a cada uno de los padres de un niño que perdió su brazo
izquierdo luego de sufrir una caída. Explicó el foro
intermedio que, luego de actualizadas las indemnizaciones
en los casos citados, las compensaciones otorgadas en este
caso comparadas con el caso de Riley no eran exageradamente
altas, pero comparadas con Merced v. Gobierno de la Capital
sí lo eran, por lo que las redujo a $260,000.00 para la
Sra. Herrera Bolívar y $150,000.00 para el Sr. Rivera
En relación con los daños de G.A.R.H., el Tribunal de
Apelaciones resolvió que la partida de $969,500.00 no era
especulativa, pues dos peritos confirmaron que la única
oportunidad de mitigar adecuadamente el daño permanente al
brazo izquierdo del joven es amputarlo e instalarle una
prótesis, cuando ya su cuerpo se haya desarrollado
completamente. Sin embargo, el foro intermedio resolvió
que dicha cuantía debía quedar bajo la tutela del Tribunal
de Primera Instancia hasta el momento en que se realice la
operación recomendada. De G.A.R.H. decidir no llevar a
cabo la mencionada operación, deberá devolverse el dinero
consignado con cualquier interés acumulado. CC-2008-519 12
En cuanto a la partida por daños morales de G.A.R.H.,
el Tribunal citó nuevamente el caso de Merced v. Gobierno
de la Capital, supra, e indicó que allí este Tribunal le
concedió $24,000.00 en daños morales al niño que perdió su
brazo izquierdo. El Tribunal de Apelaciones, sin
especificar la manera en que lo hizo, actualizó dicha
cantidad al 2007, e indicó que equivalían a $264,000.00.
Expresó que, tomando en consideración las circunstancias
particulares del caso, reducía la indemnización de
$600,000.00 a $300,000.00. Por otro lado, el foro
intermedio confirmó la determinación de temeridad y la
cuantía impuesta por el foro de instancia por concepto de
honorarios de abogado.5
Inconformes, los demandantes acuden a este Foro,
arguyendo que erró el Tribunal de Apelaciones al reducir
las cuantías concedidas por el Tribunal de Primera
Instancia. A lo largo de su escrito, sólo se discute la
alegada actuación errada del foro intermedio de reducir la
partida por daños morales de G.A.R.H. de $600,000.00 a
$300,000.00, no las reducciones a las compensaciones de los
padres. Por lo tanto, sólo revisaremos la compensación de
G.A.R.H..6
5 En relación con la determinación de temeridad, el Tribunal de Apelaciones añadió que el Dr. Ramírez Torres había demostrado temeridad inclusive ante ese foro, pues cuestionó nuevamente la determinación de negligencia y causalidad, la cual ya había sido adjudicada anteriormente en su contra y constituía “la ley del caso” por haber sido traída hasta este Foro. 6 Tampoco se cuestiona la determinación del Tribunal de Apelaciones de consignar la cantidad de $969,500.00 hasta CC-2008-519 13
II.
En innumerables ocasiones hemos establecido que “la
tarea judicial de estimar y valorar los daños resulta
difícil y angustiosa, debido a que no existe un sistema de
computación que permita llegar a un resultado exacto en
relación con el cual todas las partes queden satisfechas y
complacidas”. Vázquez Figueroa v. E.L.A., 172 D.P.R. 150,
154 (2007); Nieves Cruz v. Universidad de Puerto Rico, 151
D.P.R. 150, 169-70 (2000); Blas v. Hospital Guadalupe, 146
D.P.R. 267, 339 (1998).
Por tal razón, es norma reiterada que los tribunales
apelativos no deben intervenir con la estimación de los
daños que los tribunales de instancia realicen, salvo
cuando la cuantía concedida advenga ridículamente baja o
exageradamente alta. Flores Berger v. Colberg, res. el 20
de mayo de 2008, 2008 T.S.P.R. 90, 173 D.P.R. ____ (2008);
Urrutia v. A.A.A., 103 D.P.R. 643, 647-48 (1975). Esta
norma responde al hecho de que la valorización de los daños
está sujeta a un cierto grado de especulación y conlleva
“elementos subjetivos, tales como la discreción y el
sentido de justicia y conciencia humana del juzgador de los
hechos”. S.L.G. Rodríguez v. Nationwide, 156 D.P.R. 614,
622 (2002). Claramente, los jueces de instancia están en
mejor posición que los tribunales apelativos para hacer
esta evaluación, toda vez que éstos son los que tienen
_______________________ que G.A.R.H. advenga a la mayoría de edad y lleve a cabo la operación de instalación de prótesis, si es que decide realizarla. CC-2008-519 14
contacto directo con la prueba presentada. Blas v. Hospital
Guadalupe, supra, pág. 339; Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116
D.P.R. 443, 451 (1985).
Para determinar si las cuantías concedidas por el foro
de instancia advienen “ridículamente bajas o exageradamente
altas” el tribunal revisor debe examinar, además de la
prueba desfilada ante el foro primario, las concesiones de
daños en casos anteriores similares. Esto es así, pues “si
bien es cierto que no existen dos casos exactamente iguales
y que cada caso es distinguible según sus propias
circunstancias, a los fines de determinar si la
valorización de los daños en un caso específico es o no
adecuada, ciertamente resulta de utilidad examinar las
cuantías concedidas por este Tribunal en casos similares
anteriores”. Agosto Vázquez v. F.W. Woolworth & Co., 143
D.P.R. 76, 81-82 (1997). Véase también R. B. Cappalli,
Tort Damages in Puerto Rico, 46 Rev. Jur. U.P.R. 241
(1977).
Dichas indemnizaciones en casos anteriores constituyen
un punto de partida y deben, en todo caso, ser ajustadas al
valor presente de las mismas, pues sabemos que existe una
relación inversamente proporcional entre el costo de la
vida y el poder adquisitivo del dólar. Rojas v. Maldonado,
68 D.P.R. 818, 830 (1948). El poder adquisitivo del dólar
se determina “tomando como base el costo en dinero de las
cosas esenciales para la vida, tales como los alquileres,
vestidos, alimentos y combustibles durante un período de CC-2008-519 15
tiempo determinado, para compararlo con el costo en dinero
de esas mismas necesidades durante un período anterior de
igual duración”. Id. Por lo tanto, para poder llevar a
cabo una valoración justa y razonable de la indemnización a
concederse, es necesario determinar el poder adquisitivo
del dólar al momento en que se emite la sentencia, para
poder compararlo con dicho factor al momento de la
concesión de indemnización en el caso anterior. Véase A.
J. Amadeo Murga, El Valor de los Daños en la
Responsabilidad Civil, San Juan, Editorial Esmaco, 1997,
Tomo I, pág. 95.
El licenciado Amadeo Murga, no obstante, advierte que
el poder adquisitivo del dólar no es siempre el único
factor a considerar para ajustar una cuantía concedida en
un caso anterior a uno actual, especialmente cuando ha
pasado mucho tiempo entre uno y otro caso. Id., pág. 96.
En tales ocasiones es indispensable, además, hacer otro
ajuste por el crecimiento económico que pudo haber ocurrido
entre un tiempo y otro. Es decir, es necesario adecuar la
compensación anterior a una nueva economía que goza de un
nivel o estándar de vida mayor y que –como resultado
principalmente del desarrollo tecnológico– goza de mayores
bienes y servicios. Id. Si se ignora ese componente, se
estaría adjudicando una cuantía que responde a una economía
en la cual no existían los bienes y servicios que han
advenido necesarios en la vida cotidiana actual, por lo
cual la indemnización sería igualmente insuficiente. Id., CC-2008-519 16
pág. 97. En tales casos, comparar el ingreso per cápita
personal para el tiempo de la concesión anterior con el
ingreso per cápita personal actual ofrece un buen
indicativo del crecimiento económico o el aumento real en
bienes y servicios de la sociedad, de manera que se pueda
ajustar adecuadamente la indemnización anterior a la
economía actual. Id.
Realizados dichos cálculos, la cuantía resultante debe
ser analizada a la luz de las circunstancias particulares
del caso considerado ante el Tribunal. Véase, Escobar
Galarza v. Banuchi Pons, 114 D.P.R. 138, 148 (1983)
(Sentencia) (Op. Concurrente Juez Asociado Rebollo López).
Los tribunales revisores debemos intervenir con la
indemnización concedida solamente cuando, tomando en cuenta
las concesiones por daños en casos similares anteriores
actualizadas al momento de la sentencia, y a la luz de las
circunstancias particulares del caso ante la consideración
del Tribunal, la cuantía concedida se desvía
manifiestamente de lo que sería una indemnización razonable
por ser “ridículamente baja o exageradamente alta”.
Establecidos estos principios, pasemos a analizar la
actuación del Tribunal de Apelaciones al disminuir la
cuantía concedida al joven G.A.R.H. por sus daños morales.
III.
En la sentencia recurrida, el Tribunal de Apelaciones,
luego de referirse extensamente al informe de la psiquiatra
Dra. Fernández, concluyó que los daños morales de G.A.R.H. CC-2008-519 17
fueron adecuadamente probados en la vista evidenciaria
celebrada. No obstante, dicho foro estimó que la suma
otorgada por el foro de instancia fue “exageradamente
alta”. Para llegar a tal conclusión, según relatamos
anteriormente, el foro intermedio citó el caso de Merced v.
Gobierno de la Capital, supra, en el cual concedimos
$24,000.00 de indemnización a un niño que perdió su brazo
izquierdo. El foro intermedio indicó que “esta cuantía
ajustada al año 2007 equivale, aproximadamente, a
$264,000”. Sin embargo, como indicamos, el foro intermedio
no explicó de qué manera realizó la actualización de la
compensación para llegar a tal cifra.
Según expusimos antes, para actualizar una
compensación pasada debemos tomar en consideración el poder
adquisitivo del dólar al momento de concederla comparado
con aquel imperante al momento de dictarse la sentencia
correspondiente. Para determinar el poder adquisitivo del
dólar se utiliza el Índice de Precios al Consumidor
(“CPI”), el cual es publicado mensualmente por la División
de Estadísticas del Departamento del Trabajo y Recursos
Humanos, y que se define como “un indicador estadístico que
mide, entre dos períodos específicos, el cambio relativo
promedio ocurrido en los precios al por menor de las
mercaderías y servicios que consumen todas las familias en
Puerto Rico”. Véase, D.T.R.H, Índice de Precios al
Consumidor en Puerto Rico para enero de 2007, disponible en
http://www.netempleopr.org/almis23/ver_publicaciones.jsp?div=2, CC-2008-519 18
última visita el 7 de julio de 2010. El inverso de dicho
Índice es el poder adquisitivo del dólar, el cual es
definido por el Departamento del Trabajo como “la capacidad
que tiene el dólar para comprar bienes y servicios, si se
compara con su valor de 100 centavos en el período base”.
Id. Para determinar el poder adquisitivo del dólar para el
2007, se utilizaba el 1984 como valor base.
Para actualizar una cuantía concedida anterior a 1984,
es necesario multiplicar dicha compensación por el valor
adquisitivo del dólar del año correspondiente para llevarlo
hasta 1984. Luego, para compensar por la pérdida de valor
de la moneda, dicha cantidad se divide por el poder
adquisitivo del dólar para el año deseado posterior a 1984.
Amadeo Murga, op. cit., pág. 101. Las tablas incluidas en
la obra del licenciado Amadeo Murga contienen un resumen de
los poderes adquisitivos del dólar para Puerto Rico y los
Estados Unidos desde el 1914 hasta el 2000. Id., págs.
106-10 & Supl. 2000.7
Por ejemplo, para ajustar la indemnización de
$24,000.00 concedida en Merced v. Gobierno de la Capital,
supra, en 1962, es necesario llevar dicha cifra a 1984 y
luego a abril de 2007, fecha de la sentencia enmendada.
7 Para años posteriores al 2000, se pueden utilizar directamente las estadísticas publicadas por el Departamento del Trabajo, disponibles en http://www.net- empleopr.org/almis23/cpi_busqueda_tmpl.jsp, última visita el 7 de julio de 2010. Para obtener el CPI en los Estados Unidos, se puede acceder el portal del Negociado de Estadísticas del Empleo adscrito al Departamento del Trabajo de los Estado Unidos, en http://www.bls.gov/cpi, última visita el 7 de julio de 2010. CC-2008-519 19
Para realizar dicho cálculo, es necesario multiplicar la
cuantía de 1962 ($24,000.00) por el factor incluido para
ese año en la tabla para Puerto Rico (2.82), lo que
equivale a $67,680.00. Luego, para actualizar los
$67,680.00 del año 1984 al 2007 es necesario dividir esa
cifra por el poder adquisitivo del dólar a abril de 2007,
que es de 28 centavos.8 Por lo tanto, $67,680.00 divididos
por $0.28 equivale a $241,714.29.
Sin embargo, dicha compensación fue otorgada hace casi
cincuenta años, por lo que es necesario realizar un ajuste
adicional por el crecimiento de la economía entre el 1962 y
el 2007. Para efectos de este ejercicio, utilizaremos las
tablas contenidas en el suplemento de la obra del
licenciado Amadeo Murga, las cuales reflejan el cambio en
los ingresos personales per cápita en los Estados Unidos
entre 1960 y 1998.9 Según dichas tablas, la economía creció
por un factor de 2.28 aproximadamente entre esos dos
períodos. Véase Amadeo Murga, op. cit., Supl. 2000, págs.
8 Véase el Informe del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos para abril de 2007, disponible en http://www.net- empleopr.org/almis23/publicaciones/Costo%20de%20Vida/Indice %20de%20Precios%20al%20Consumidor%20%2004-2007.pdf, última visita el 7 de julio de 2010. 9 Se utilizan las estadísticas de aumento en el nivel de vida de los Estados Unidos, pues como sabemos la economía de Puerto Rico generalmente es un reflejo de la economía de los Estados Unidos. Si se utilizaran las estadísticas de Puerto Rico, probablemente el aumento resultaría mayor, pues Puerto Rico partió de un nivel de vida más bajo. Véase A. J. Amadeo Murga, El Valor de los Daños en la Responsabilidad Civil, San Juan, Editorial Esmaco, 1997, Tomo I, pág. 102, nota al calce 24. Las tablas de estos valores se obtienen a través del U.S. Bureau of Economic Analysis, ahora disponible en http://www.bea.gov, última visita el 7 de julio de 2010. CC-2008-519 20
6-8. Al multiplicar la cuantía concedida en Merced v.
Gobierno de la Capital, supra, actualizada a abril de 2007
-$241,714.29- por el crecimiento económico durante ese
período (2.28) iguala a $551,108.58. Dicha cantidad es la
equivalente a los $24,000 de 1962, actualizado tanto por el
poder adquisitivo del dólar como por el crecimiento de la
economía, esto último sólo hasta 1998.10
Dicha cifra es cónsona igualmente con otro caso
resuelto por este Tribunal en el cual un niño perdió el
noventa por ciento (90%) de capacidad de su brazo
izquierdo. En Ruiz Santiago v. E.L.A., 116 D.P.R. 307
(1985), modificamos una sentencia del Tribunal de Primera
Instancia que había concedido $145,000.00 por los daños
morales sufridos por un niño de cuatro años y medio de edad
causados por la negligencia en el cuidado y tratamiento
médico con posterioridad a una operación realizada en uno
de los hospitales del Estado. Redujimos en $10,000.00 los
daños morales del niño por entender que existía cierta
duplicidad en las partidas otorgadas por el foro de
10 Otra forma de realizar dicho cálculo es tomar la diferencia en el crecimiento entre un período y otro, multiplicarla por la cuantía actualizada por la inflación para obtener el ajuste por aumento de vida y luego sumar dicho resultado a la cuantía actualizada. En el ejemplo que tenemos, la diferencia entre un período y otro es de 128%. Se divide esa cifra por cien para llevarlo a puntos, lo que equivale a 1.28 y dicho resultado se multiplica por la cuantía actualizada -$241,714.29- lo que equivale a $309,394.29. Dicha cifra, que constituye el ajuste por el aumento en el nivel de vida, se le suma a la cuantía actualizada por la inflación -$241,714.29- y llegamos al mismo resultado de $551,108.58. CC-2008-519 21
instancia.11 Así, la indemnización por daños morales
ascendió a $135,000.00.
En el 1985, el dólar todavía tenía el mismo valor de
cien centavos, igual a 1984. Para actualizar los
$135,000.00 del año 1985 al 2007, dividimos esa cantidad
por $0.28, lo que equivale a $482,142.85, una cantidad muy
por encima de los $300,000.00 otorgados por el foro
intermedio en este caso. Por razón de que han pasado más
de veinte años entre una y otra compensación, es necesario
ajustar igualmente por el crecimiento económico. Al
multiplicar por el factor de crecimiento entre el 1985 y el
1998 (1.19), eso equivale a $573,750.00.
Por lo tanto, al examinar las cuantías concedidas en
los casos de Merced v. Gobierno de la Capital y Ruiz
Santiago v. E.L.A., actualizadas correctamente a abril de
2007, $551,108.57 y $573,750.00, respectivamente, vemos que
son aproximadas a los $600,000.00 otorgados por el foro de
11 En aquel caso el foro de instancia había otorgado por “[l]os daños físicos pasados y presentes del menor, $25,000.00; los daños físicos y limitación física que sufrirá el resto de su vida Alex, $30,000.00; las angustias y sufrimientos mentales presentes y futuros de Alex, incluyendo el desorden depresivo que padece y que limitan su capacidad sicológica, $40,000.00; la incapacidad física total de la mano izquierda y del brazo izquierdo (90%) la[s] cuales combinadas ascienden a un 54% de inca[pa]cidad de sus funciones fisiológicas generales, $50,000.00; la pérdida de ingreso futur[o], $65,000.00”. Véase, Ruiz Santiago v. E.L.A., 116 D.P.R. 307, 322 (1985). Consideramos que había cierta duplicidad entre la partida de “limitación física futura” y la incapacidad física total de la mano izquierda y del noventa por ciento (90%) del brazo izquierdo, por lo que la redujimos por $10,000.00. Íd., en la pág. 323. CC-2008-519 22
instancia en este caso.12 De primera intención, y sin
examinar las particularidades de este caso, la cuantía
otorgada por el foro primario parece ser razonable. Si
bien es cierto que no existen fórmulas matemáticas o
científicas que nos indiquen cómo se justiprecia el dolor y
el sufrimiento, ni “una tabla o computadora electrónica que
recoja todos los elementos y premisas inarticuladas que
nutren la valoración del dolor físico y mental humano”,
consideramos que una indemnización que se ajuste a aquellas
que concedimos anteriormente en casos similares reviste de
razonabilidad prima facie, y no será alterada, salvo que
las circunstancias particulares del caso ante la
consideración del Tribunal así lo exijan.13 Véase, Urrutia
v. A.A.A., supra. Véase además, J.J. Álvarez González,
Responsabilidad Civil Extracontractual, 78 Rev. Jur. U.P.R.
457, 459-65 (2009).
Al examinar las circunstancias particulares de este
caso, somos del criterio que la cuantía otorgada por el
Tribunal de Primera Instancia se justifica a la luz de los
daños sufridos por G.A.R.H. En el foro de instancia se
presentó abundante prueba que valida la magnitud de los
daños sufridos por el niño, como consecuencia de la
actuación negligente del demandado Dr. Ramírez Torres. El
12 Las cifras actualizadas son aproximadas a la cuantía otorgada por el foro primario, aún tomando en consideración que el ajuste por el crecimiento económico se hizo solamente hasta 1998 y no hasta el 2007. 13 Esto no excluye el que el demandante o el demandado pueda demostrar que las cuantías otorgadas en los casos anteriores similares son, de suyo, irrazonables. CC-2008-519 23
Dr. Cardona Cancio y la Sra. Herrera Bolívar testificaron
sobre los numerosos daños y sufrimientos físicos que
G.A.R.H. ha padecido desde su nacimiento, las diversas
intervenciones quirúrgicas a las cuales ha sido sometido,
así como de las múltiples limitaciones que en su vida ha
significado el no contar con su brazo izquierdo. Además,
la deformidad de su brazo es patentemente visible, según
las determinaciones del foro de instancia, lo que redunda
en constantes miradas y comentarios en torno a su
condición.
En el plano de los sufrimientos y angustias mentales,
el foro primario destacó en sus determinaciones de hechos
que “a simple vista resalta una profunda y triste mirada en
su rostro (de G.A.R.H.) y en un tenso momento que se
suscit[ó] en Sala cuando lloró, sin consuelo, tuvimos un
cercano encuentro con la desolación que vive ante su
desafortunado defecto físico. . . . [D]icho de otro modo,
respira infelicidad”. Esa determinación de hechos del foro
de instancia va de la mano del informe pericial de la Dra.
Fernández que concluye que G.A.R.H. padece de una depresión
mayor como consecuencia de hallarse incapacitado por no
contar con su brazo izquierdo y verse a sí mismo como “el
manco”.
Tomando en consideración las circunstancias
particulares de este caso, y luego de examinar las cuantías
concedidas en casos similares anteriores, es forzoso
concluir que la indemnización de $600,000.00 por daños CC-2008-519 24
morales concedida por el Tribunal de Primera Instancia no
fue “exageradamente alta” como concluyó el foro intermedio.
Al contrario, es razonable para paliar de alguna forma los
sufrimientos y angustias que el niño ha sufrido y seguirá
sufriendo en el futuro por causa de la negligencia del Dr.
Ramírez Torres. Por tal razón, procede modificar la
sentencia del Tribunal de Apelaciones, a los efectos de
reinstalar la indemnización de $600,000.00 por los daños
morales de G.A.R.H., y así modificada, se confirma.
Se dictará sentencia de conformidad.
Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
María Cristina Herrera Bolívar y Andrés Rivera Llopiz, por sí y en representación de su hijo menor G.A.R.H.
Efraín Ramírez Torres y Julie Vicéns Salgado, por sí, en representación de y como miembros de la Sociedad Legal de Bienes Gananciales por ellos constituída; SIMED
SENTENCIA
Por los fundamentos expresados en la Opinión que antecede, los cuales se incorporan íntegramente a la presente, este Tribunal dicta sentencia modificando la sentencia del Tribunal de Apelaciones, a los efectos de reinstalar la indemnización de $600,000.00 concedida por el foro primario por los daños morales de G.A.R.H., y así modificada, se confirma.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Martínez Torres y la Jueza Asociada señora Pabón Charneco concurren con el resultado sin opinión escrita.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo