ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA TRIBUNAL DE APELACIONES PANEL X
MARIO EZEQUIEL Certiorari FARRANDO procedente del Tribunal DEMANDANTE(S)-RECURRIDA(S) de Primera Instancia, Sala Superior de HUMACAO KLCE202301184 V. Caso Núm. HU2020CV01091 (208)
DIEGO JACOBSON PERRY Sobre: DEMANDADA(S)-PETICIONARIA(S) Cobro de Dinero
Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, la Juez Barresi Ramos y la Jueza Santiago Calderón
Barresi Ramos, juez ponente
RESOLUCIÓN
En San Juan, Puerto Rico, hoy día 28 de noviembre de 2023.
Comparece ante nos, el señor DIEGO JACOBSON PERRY (señor
JACOBSON PERRY) mediante Petición de Certiorari instada el 26 de octubre de
2023. En su escrito, nos solicita que revisemos la Resolución dictada el 17 de
agosto de 2023 por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala Superior de
Humacao.1 Mediante el antedicho dictamen, el foro a quo declaró no ha lugar
la Moción Solicitando Sentencia Sumaria Parcial presentada el 22 de mayo de
2023 por el señor JACOBSON PERRY.
Exponemos el trasfondo fáctico y procesal que acompaña a la presente
controversia.
-I-
El 12 de noviembre de 2020, el señor MARIO EZEQUIEL FARRANDO
(señor FARRANDO) entabló una Demanda sobre cobro de dinero.2 En
resumen, el señor FARRANDO arguyó que el 21 de abril de 2017 suscribió ante
1 Esta determinación judicial fue notificada y archivada en autos el 18 de agosto de 2023. Véase Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 1-10 y 154-163. 2 Véase Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 32- 37. Se acompañó la reclamación con un estado de cuenta que reflejaba un pasivo por $254, 146.37.
Número Identificador: RES2023___________ KLCE202301184 Página 2 de 13
notario público un documento intitulado Contrato de Préstamo y Pagaré
junto al señor JACOBSON PERRY.3 En el referido escrito, el señor JACOBSON
PERRY se comprometió a pagar la cantidad de $257, 589.00 al señor
FARRANDO.4 Expresó, además, que pactaron que en la eventualidad de que la
deuda no fuese satisfecha en su totalidad en o antes del 1 de noviembre de
2017, se computarían intereses al 6% sobre la cuantía adeudada.
Después de varios incidentes procesales, el 23 de agosto de 2021, el
señor JACOBSON PERRY presentó su Contestación a Demanda conteniendo su
Reconvención.5 En lo pertinente, formuló sus defensas afirmativas y negó la
existencia de la deuda. Manifestó que, las cantidades reclamadas no fueron
actualizadas para incluir los pagos que presuntamente efectuó. Aseguró, que
realizó pagos en exceso de $76,000.00. En la referida Reconvención, el señor
JACOBSON PERRY argumentó que contrató los servicios del señor FARRANDO
para que llevara a cabo unas mejoras en su residencia, pero tal negociación
fue de manera informal debido a la estrecha relación de amistad. Además,
indicó que el señor FARRANDO abandonó el proyecto sin completar los
trabajos acordados y las labores realizadas fueron deficientes, por lo que, tuvo
que incurrir en gastos adicionales ascendientes a $100,000.00.6 De igual
manera, el señor JACOBSON PERRY señaló que entregó una tarjeta de crédito
al señor FARRANDO para la adquisición de materiales y gastos relacionados a
las mejoras. Expuso que el señor FARRANDO cargó gastos para beneficio
personal, por lo que, al advenir en conocimiento, lo confrontó y le solicitó
una reconciliación de la cuenta de la tarjeta de crédito.7 El 24 de agosto de
2021, el señor FARRANDO presentó una Contestación a Reconvención
incluyendo sus defensas afirmativas y negando la mayoría de las alegaciones.8
3 Véase Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 34- 37. 4 Íd. 5 Íd., págs. 38- 42. 6 Íd., pág. 40. 7 Íd., pág. 100. 8 Íd., págs. 43- 45. KLCE202301184 Página 3 de 13
Días después, el 3 de septiembre de 2021, el señor FARRANDO presentó
su Moción de Sentencia Sumaria.9 Arguyó que no existe controversia sobre la
deuda. El 25 de octubre de 2021, el señor JACOBSON PERRY presentó una
Oposición a Moción de Sentencia Sumaria de la Parte Demandante.10
Consecuentemente, el 26 de mayo de 2022, el foro de instancia decretó
Resolución declarando no ha lugar la solicitud de sentencia sumaria.11 En la
misma, formuló las siguientes determinaciones de hechos que no están en
controversia:
1. El 21 de abril de 2017 las partes otorgaron un “Contrato de préstamo y pagaré” por la cantidad de $257,589.00 ante Notario.
2. Conforme al contrato otorgado por las partes, los pagos serían efectuado[s] de la siguiente forma: • el 1ro de junio de 2017, $50,000. • el 1ro de julio de 2017, $50,000. • el 1ro de agosto de 2017, $50,000. • el 1ro de septiembre de 2017, $50,000. • el 1ro de octubre de 2017, $50,000. • el 1ro de noviembre de 2017, $7,589.00.
3. Conforme al contrato otorgado por las partes, en caso de impago de la totalidad de la deuda el 1ro de noviembre de 2017 o antes, se computaría un interés al 6% de la cantidad adeudada hasta su saldo.
4. El 17 de noviembre de 2016 el demandado le cursó un correo electrónico al demandante confirmando el repago de una cantidad sin determinar.
5. Del expediente judicial no surge un pagaré a favor del demandante, el Sr. FARRANDO.
Posteriormente, el 22 de mayo de 2023, el señor JACOBSON PERRY
presentó Moción Solicitando Sentencia Sumaria Parcial.12 Enunció que no
existió un contrato por ausencia de causa. El 30 de mayo de 2023, el señor
FARRANDO presentó su Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria
argumentando la existencia de controversias sobre hechos materiales.13
9 Véase Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 46- 74. La Moción de Sentencia Sumaria está acompañada de seis (6) documentos marcados como exhibits: I- comunicación fechada 17 de noviembre de 2016 consta de 3 páginas; II- misiva con fecha de 30 de marzo de 2021 consta de 2 páginas; III- carta escrita el 30 de marzo de 2021 consta de 1 página; IV- Contrato de Préstamo y Pagaré suscrito el 21 de abril de 2017 consta de 3 páginas; V- comunicado de 30 de marzo de 2021 consta de 2 páginas; y VI- documento sobre la deuda e intereses según contrato consta de 1 página. 10 Íd., págs. 75- 114. 11 Íd., págs. 115- 122. Esta decisión judicial fue notificada y archivada en autos el 27 de mayo de 2023. 12 Íd., págs. 11- 21. 13 Íd., págs. 123- 153. KLCE202301184 Página 4 de 13
Finalmente, el 17 de agosto de 2023, el tribunal a quo dictaminó la
Resolución impugnada. Ante ello, el 30 de agosto de 2023, el señor JACOBSON
PERRY interpuso Moción Solicitando Determinaciones Adicionales de Hechos
y Reconsideración de Resolución.14 Ese mismo día, el foro primario emitió
Orden concediendo un plazo para exponer su posición al señor FARRANDO.15
El 14 de septiembre de 2023, el señor FARRANDO presentó la Oposición
a Solicitud de Determinaciones Adicionales de Hechos Reconsideración de
Resolución.16 Al siguiente día, el tribual recurrido pronunció Orden en la cual
declaró no ha lugar a la solicitud de reconsideración, pero nada dispuso sobre
la solicitud de determinaciones de hechos adicionales.17
Así pues, el 27 de septiembre de 2023, el señor JACOBSON PERRY
presentó Moción en Torno a Solicitud de Determinaciones Adicionales de
Hechos.18 Al otro día, el tribunal de instancia intimó Resolución en la cual
declaró no ha lugar la solicitud de determinaciones de hechos.19
Inconforme, el 26 de octubre de 2023, el señor JACOBSON PERRY incoó
ante este Tribunal de Apelaciones una Petición de Certiorari. En su escrito,
señala el(los) siguiente(s) error(es):
Erró el TPI al denegar la moción de sentencia sumaria parcial a pesar de estar debidamente fundamentada y no existir controversias sobre la inexistencia de préstamo alguna, la ausencia de causa y la consecuente nulidad del contrato de préstamo alegado en el que la causa de acción de la Demanda está predicada.
Erró el TPI al declarar No Ha Lugar de plano la solicitud de reconsideración y la “Moción en Torno a Solicitud de Determinaciones de Hechos” a pesar de ser materiales a la controversia planteada en la moción de sentencia sumaria parcial y a pesar de no existir controversias en cuanto a dichos hechos y estar debidamente apoyados por la evidencia que obra en los autos. Al así hacerlo privó a este Honorable Foro del beneficio de los fundamentos para las denegatorias.
El 31 de octubre de 2023, determinamos Resolución en la cual, entre
otras cosas, concedimos un plazo de diez (10) días para mostrar causa por la
cual no debemos expedir el auto de certiorari y revocar el dictamen
14 Véase Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 24- 31 y 164- 171. 15 Íd., pág. 172. 16 Íd., págs. 173- 187. 17 Íd., pág. 188. 18 Íd., págs. 189- 190. 19 Íd., págs. 22- 23. KLCE202301184 Página 5 de 13
impugnado. El 3 de noviembre de 2023, el señor FARRANDO presentó su
Oposición a Petición de Certiorari.
Evaluado concienzudamente el expediente del caso, y contando con
el beneficio de la comparecencia de ambas partes; nos encontramos en
posición de adjudicar. Puntualizamos las normas de derecho pertinentes a
la(s) controversia(s) planteada(s).
- II -
-A-
El recurso de certiorari permite a un tribunal de mayor jerarquía
revisar discrecionalmente las órdenes o resoluciones interlocutorias emitidas
por una corte de inferior instancia judicial.20 Por ello, la determinación de
expedir o denegar este tipo de recurso se encuentra enmarcada dentro de la
discreción judicial.21
De ordinario, la discreción consiste en “una forma de razonabilidad
aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera”. 22
Empero, el ejercicio de la discreción concedida “no implica la potestad de
actuar arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo abstracción del resto
del derecho”.23
Ahora bien, en los procesos civiles, la expedición de un auto de
certiorari se encuentra delimitada a las instancias y excepciones contenidas
en la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 2009.24 La mencionada Regla
dispone que solo se expedirá un recurso de certiorari cuando, “se recurra de
una resolución u orden bajo remedios provisionales de la Regla 56,
injunctions de la Regla 57 o de la denegatoria de una moción de carácter
dispositivo”.25
20 Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico Inc., 2023 TSPR 65; 212 DPR ___ (2023); Torres González v. Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46; 211 DPR ___ (2023); McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391, 403 (2021). 21 Íd. 22 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 (2016). 23 Íd. 24 32 LPRA Ap. V, R. 52.1; Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra. 25 Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., 207 DPR 994, 1004 (2021). KLCE202301184 Página 6 de 13
En ese sentido, y a manera de excepción, se podrá expedir este auto
discrecional cuando:
(1) se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; (2) en asuntos relacionados a privilegios evidenciarios; (3) en casos de anotaciones de rebeldía; (4) en casos de relaciones de familia; (5) en casos revestidos de interés público; o (6) en cualquier situación en la que esperar a una apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia.26
Lo anterior constituye tan solo la primera parte de nuestro análisis
sobre la procedencia de un recurso de certiorari para revisar un dictamen del
Tribunal de Primera Instancia. De modo que, aun cuando un asunto esté
comprendido entre las materias que las Reglas de Procedimiento Civil de
2009 nos autorizan a revisar, el ejercicio prudente de esta facultad nos
requiere tomar en consideración, además, los criterios dispuestos en la Regla
40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.27
El examen de los [recursos] discrecionales no se da en el vacío o en
ausencia de otros parámetros.28 Para ello, la Regla 40 de nuestro Reglamento
instituye los indicadores a considerar al evaluar si se debe o no expedir un
recurso de certiorari. A saber:
(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho; (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el análisis del problema; (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia; (D) Si el asunto planteado exige una consideración más detenida a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados; (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la más propicia para su consideración; (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación indeseable en la solución final del litigio; y (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita un fracaso de la justicia.29
Es preciso aclarar, que la anterior no constituye una lista exhaustiva,
y ninguno de estos criterios es determinante, por sí solo, para justificar el
26 4 LPRA Ap. XXII – B, R. 40; IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 339– 340 (2012). 27 McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra, pág. 404; 800 Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163 (2020). 28 McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra, pág. 404; 800 Ponce de León v. AIG, supra. 29 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40; Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra; Rivera Figueroa v. Joe´s European Shop, 183 DPR 580 (2011). KLCE202301184 Página 7 de 13
ejercicio de nuestra jurisdicción.30 En otras palabras, los anteriores criterios
nos sirven de guía para poder determinar de la forma más sabia y prudente si
se justifica nuestra intervención en la etapa del procedimiento en que se
encuentra el caso.31 Ello, pues distinto al recurso de apelación, este Tribunal
posee discreción para expedir el auto de certiorari.32 La delimitación que
imponen estas disposiciones reglamentarias tiene “como propósito evitar la
dilación que causaría la revisión judicial de controversias que pueden esperar
a ser planteadas a través del recurso de apelación.”33
Finalmente, este Tribunal solo intervendrá con las determinaciones
interlocutorias discrecionales procesales del tribunal sentenciador cuando
este último haya incurrido en un craso abuso de discreción.34 Esto es, “que el
tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la
interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho
sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio
sustancial”.35
-B-
La sentencia sumaria es un mecanismo procesal extraordinario
disponible para adjudicar controversias cuando no se requiere la celebración
de un juicio.36 Su propósito o finalidad es propiciar la solución justa, rápida y
económica de los litigios civiles que no presentan controversias genuinas de
hechos materiales, y en los cuales solo resta dirimir una controversia de
derecho.37
Este mecanismo se encuentra instituido por la Regla 36 de las de
Procedimiento Civil de 2009.38 Esta dispone que cualquiera de las partes
30 García v. Padró, 165 DPR 324, 335 esc. 15 (2005). 31 Mun. de Caguas v. JRO Construction, Inc., 201 DPR 703, 712 (2019). 32 Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 837 (1999). 33 Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478, 486– 487 (2019); Mun. de Caguas v. JRO Construction, Inc., supra. 34 García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005). 35 Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 36 Birriel Colón v. Supermercado Los Colobos, 2023 TSPR 120; 213 DPR ___; Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010). 37 Birriel Colón v. Supermercado Los Colobos, supra; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430; Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 331 (2004). 38 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (a); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 432. KLCE202301184 Página 8 de 13
“podrá presentar […] una moción fundamentada en declaraciones juradas o
en aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia
sustancial de hechos esenciales y pertinentes, para que el tribunal dicte
sentencia sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier parte de la
reclamación solicitada”.39
Lo anterior implica que, la parte promovente debe demostrar que no
existe controversia sustancial sobre algún hecho material, pues la sentencia
sumaria solo debe dictarse en casos claros, cuando el tribunal tenga ante sí
la verdad sobre todos los hechos pertinentes.40 Para ello, debe desglosar en
párrafos debidamente numerados y, para cada uno de ellos, debe especificar
la página o el párrafo de la declaración jurada u otra prueba admisible en
evidencia que lo apoya.41 La jurisprudencia interpretativa ha definido que
“[u]n hecho material es aquel que puede afectar el resultado de la
reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable”.42
Por su parte, quien se opone a que se dicte sentencia sumaria viene
obligado a controvertir la prueba presentada, contestando de forma detallada
y específica aquellos hechos pertinentes para demostrar que existe una
controversia real y sustancial que debe dilucidarse en juicio.43 Es decir, no
basta con presentar meras afirmaciones. Resulta insuficiente para derrotar
una solicitud de sentencia sumaria una declaración jurada que meramente
exponga conclusiones reiteradas de las alegaciones de la demanda y hechas
sin conocimiento personal de los hechos.44 No obstante, será el análisis del
derecho aplicable y de la existencia de alguna controversia sustancial de
hechos materiales lo que determinará si procede dictar sentencia
39 Acevedo y otros v. Dpto. de Hacienda, 2023 TSPR 80, 212 DPR ___ (2023). 40 Oriental Bank v. Caballero García, 2023 TSPR 118; 213 DPR ____; Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 213. 41 Regla 36.3(a) de las de Procedimiento Civil de 2009, supra; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra. 42 Serrano Picón v. Multinational Life Insurance Company, 2023 TSPR 118; 213 DPR ___; Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 299 (2012); Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 213. 43 Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 214. 44 Íd., págs. 215- 216. KLCE202301184 Página 9 de 13
sumariamente, y no el que la parte contraria deje de oponerse a la solicitud,
o lo haga defectuosamente.45
Al evaluar la procedencia de la solicitud de sentencia sumaria el
tribunal analizará los documentos que acompañan la moción de
sentencia sumaria, los documentos incluidos con la moción en
oposición y aquellos que obren en el expediente del tribunal.46 Por ello,
“[t]oda inferencia que se haga a base de los hechos y documentos que obren
en los autos, debe tomarse desde el punto de vista más favorable al que se
opone a la solicitud de sentencia sumaria”.47
Empero, “cualquier duda no es suficiente para derrotar una moción de
sentencia sumaria; por el contrario, tiene que ser una duda que permita
concluir que existe una controversia real y sustancial sobre hechos relevantes
y pertinentes”.48 Por tanto, “[existe] una controversia real cuando la prueba
ante el tribunal es de tal naturaleza que un juzgador racional de los hechos
podría resolver a favor de la parte promovida”.49
La parte promovente puede prevalecer por la vía sumaria si presenta
prueba incontrovertible sobre todos los elementos indispensables de su causa
de acción. En cambio, la parte promovida puede derrotar la moción de tres
(3) maneras diferentes: (1) si establece una controversia real de hechos sobre
uno de los elementos de la causa de acción de la parte promovente; (2) si
presenta prueba que apoye una defensa afirmativa, o (3) si presenta prueba
que establezca una controversia sobre la credibilidad de los testimonios
jurados que presentó la parte promovente.
Por otro lado, la parte promovida puede prevalecer por la vía sumaria
en escenarios diversos. A modo de ejemplo, puede establecer que no hay
controversia real de hechos relevantes sobre, al menos, uno de los elementos
45 Ortiz v. Holsum, 190 DPR 511, 525 (2014). 46 PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 913 (1994). (énfasis nuestro). 47 Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 610- 611 (2000). 48 Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 214. 49 Íd. KLCE202301184 Página 10 de 13
de la causa de acción de la parte promovente. También puede establecer la
existencia incontrovertible de prueba que sustente una defensa afirmativa.50
Ahora bien, este Tribunal de Apelaciones se encuentra en la misma
posición que el Tribunal de Primera Instancia al momento de revisar
[denegaciones] o concesiones de mociones de sentencia sumaria.51 Esto
significa que, al evaluar la solicitud de sentencia sumaria, al igual que el foro
primario, debemos aplicar los criterios de la Regla 36 de las de Procedimiento
Civil de 2009 y su jurisprudencia interpretativa. Ello supone examinar el
expediente de la manera más favorable hacia la parte que se opuso a la
solicitud de sentencia sumaria, llevando a cabo todas las inferencias
permisibles a su favor. Como resultado, tenemos el deber de revisar que tanto
la moción de sentencia sumaria como su oposición cumplan con los
requisitos de forma instituidos en la Regla 36 de las de Procedimiento Civil
de 2009.52
En esencia, si el foro primario acogió la moción y dictó sentencia
sumariamente, nos corresponderá revisar que, efectivamente no existan
hechos materiales en controversia.53 De no existir, procederemos entonces a
revisar de novo si el Tribunal de Primera Instancia adjudicó correctamente el
derecho. Por el contrario, si el foro primario denegó la moción de
sentencia sumaria por entender que existían hechos materiales en
controversia, “el tribunal apelativo solo revisa si el foro primario abusó
de su discreción”.54 En palabras sencillas, los tribunales revisores estamos
limitados a: (1) considerar los documentos que se presentaron ante el foro de
instancia; (2) determinar si existe o no alguna controversia genuina de hechos
materiales y esenciales; y (3) comprobar si el derecho se aplicó de forma
correcta.55
50 Íd., pág. 217. 51 Rosado Reyes v. Global Healthcare, 205 DPR 796, 809 (2020); Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 118 (2015). 52 Birriel Colón v. Supermercado Los Colobos, supra. 53 Rivera Matos et al. v. Triple S et al., 204 DPR 1010, 1025 (2020). 54 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 116. (énfasis nuestro). 55 Birriel Colón v. Supermercado Los Colobos, supra, pág. 5; Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, págs. 114 – 116. KLCE202301184 Página 11 de 13
- III -
La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 2009 nos permite
expedir el auto solicitado cuando se recurre de una resolución u orden bajo
remedios provisionales de las Reglas 56 y 57 de las de Procedimiento Civil de
2009 o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. La última de
estas instancias es precisamente el tipo de determinación de la que se recurre.
Por lo que, estamos ante una decisión revisable por este foro intermedio y
sobre la cual podemos expedir el auto de certiorari.
En su recurso, el señor JACOBSON PERRY, en síntesis, señaló que erró
el tribunal primario al denegar la moción de sentencia sumaria parcial, a
pesar de que, a su juicio, no existe controversia sobre la ausencia de un
préstamo. De la misma manera, indicó que el foro de instancia erró al
declarar no ha lugar la solicitud de reconsideración y solicitud de
determinaciones de hechos, aun cuando, a su juicio, la evidencia que se
desprende del historial judicial comprobó no existir controversia en este
caso, por lo que, entendió que procede la Sentencia Sumaria Parcial.
De otro lado, el señor FARRANDO argumentó que las alegaciones sobre
la inexistencia de un préstamo son completamente frívolas ante el hecho de
que en múltiples ocasiones se reconoció una deuda. Amparó sus
fundamentos en las comunicaciones escritas remitidas por correo electrónico
entre ambas partes.56
Ahora bien, sabido es que la Regla 36.4 de las de Procedimiento Civil
de 2009, establece que, si no se dicta sentencia sobre la totalidad del pleito,
ni se concede todo el remedio solicitado o se deniega la moción de
sentencia sumaria, y, por tanto, es necesario celebrar juicio, será obligatorio
que el Tribunal en su dictamen determine los hechos esenciales sobre los
cuales no haya controversia sustancial y aquellos que sí se encuentran
genuinamente en controversia.57 Ello implica, que nuestro estado de derecho
56 Véase Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 141– 151. 57 Pérez Vargas v. Office Depot, 203 DPR 687, 697 (2019). KLCE202301184 Página 12 de 13
le impone y exige al foro recurrido, exponer los hechos materiales y esenciales
que están en controversia, así como los que no lo están, independientemente
de cómo resuelvan una solicitud de sentencia sumaria.58
En este sentido, lo cierto es que el tribunal de instancia reiteró sus
determinaciones de hechos contenidas en su Resolución intimada el 26 de
mayo de 2022:
1. El 21 de abril de 2017 las partes otorgaron un “Contrato de préstamo y pagaré” por la cantidad de $257,589.00 ante Notario.
2. Conforme al contrato otorgado por las partes, los pagos serían efectuado[s] de la siguiente forma: • el 1ro de junio de 2017, $50,000. • el 1ro de julio de 2017, $50,000. • el 1ro de agosto de 2017, $50,000. • el 1ro de septiembre de 2017, $50,000. • el 1ro de octubre de 2017, $50,000. • el 1ro de noviembre de 2017, $7,589.00.
3. Conforme al contrato otorgado por las partes, en caso de impago de la totalidad de la deuda el 1ro de noviembre de 2017 o antes, se computaría un interés al 6% de la cantidad adeudada hasta su saldo.
4. El 17 de noviembre de 2016 el demandado le cursó un correo electrónico al demandante confirmando el repago de una cantidad sin determinar.
5. Del expediente judicial no surge un pagaré a favor del demandante, el Sr. FARRANDO.
Ciertamente, la tarea de adjudicar los hechos relevantes y esenciales
en disputa le corresponde únicamente foro primario en el ejercicio de su sana
discreción.59 Así pues, evidentemente, del expediente se desprende que las
partes suscribieron un contrato, el cual se encuentra debidamente
cumplimentado y firmado ante notario intitulado “Contrato de Préstamo y
Pagaré”.60 El referido convenio cumple con todos los elementos necesarios
que configuran uno valido conforme a la ley, a saber: (1) consentimiento de
las partes; (2) objeto cierto; y (3) causa lícita.61 No obstante, coincidimos con
58 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 118. 59 Vera v. Dr. Bravo, supra, pág. 334. 60 Véase Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 34– 37. 61 Véase García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870 (2008); Bosques v. Echevarría, 162 DPR 830 (2004). KLCE202301184 Página 13 de 13
el foro primario en que existe una controversia real y genuina respecto a la
cuantía exacta de la deuda.
Por tanto, los hechos necesitan evaluarse a la luz de la prueba
presentada, por lo que, procede la celebración de un juicio que permita
dirimir cuestiones de credibilidad y las partes tengan su día en corte. En
virtud de ello, concluimos que el foro a quo no abusó de su discreción ni
resolvió contrario a derecho al determinar que existen hechos reales en
Por los fundamentos antes expuestos denegamos la expedición del
auto de Certiorari instado el 26 de octubre de 2023 por el señor JACOBSON
PERRY, ello a tenor con la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de
Apelaciones; y en conformidad, ordenamos la continuación de los
procedimientos en el Tribunal de Primera Instancia.
Notifíquese inmediatamente.
Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaría del Tribunal de
Apelaciones.
La Jueza Santiago Calderón concurre sin opinión escrita.
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís Secretaria del Tribunal de Apelaciones