El Pueblo De P.R. v. Osvaldo Rios Alonso

2002 TSPR 34

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: March 25, 2002
• Docket: CC-2000-1004
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

EL Pueblo de Puerto Rico Certiorari Peticionario 2002 TSPR 34 v. 156 DPR ____ Osvaldo Ríos Alonso

Recurrido

Número del Caso: CC-2000-1004

Fecha: 25/marzo/2002

Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional VII

Juez Ponente: Hon. José L. Miranda de Hostos

Oficina del Procurador General: Lcda. Rose Mary Corchado Lorent Procuradora General Auxiliar

Abogados de la Parte Recurrida: Lcdo. Edgardo Luis Rivera Rivera Lcda. María de Lourdes Guzmán

Materia: Art. 3.1, Ley 54

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

v. CC-2000-1004 Certiorari

Osvaldo Ríos Alonso

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Hernández Denton

San Juan, Puerto Rico, a 25 de marzo de 2002.

En el presente recurso nos corresponde dilucidar

si la norma sentada en Pueblo v. Arocho Soto, 137 D.P.R.

762 (1994), relativa al estándar de “clara necesidad”

como requisito esencial para someter a una presunta

víctima de violencia doméstica a un examen mental,

resulta aplicable a casos donde la condición mental de

la perjudicada que se pretende evaluar está relacionada

a un elemento esencial del delito imputado. Por

entender que, en tales casos, la referida norma es

inaplicable, confirmamos. I

El 10 de febrero de 1997 el señor Osvaldo Ríos Alonso (en

adelante, el acusado) fue acusado de violar el Artículo 3.1 de

la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, 8 L.P.R.A. sec. 631,

(en adelante, Ley de Violencia Doméstica) el cual tipifica el

delito de “maltrato”. Un mes más tarde, el 11 de marzo de 1997,

la acusación fue enmendada. Luego de varios incidentes

procesales, los cuales motivaron nuestra intervención en Pueblo

v. Ríos Alonso, res. el 23 de noviembre de 1999, 99 TSPR 177,

se celebró el juicio durante el mes de julio de 2000. Justo al

inicio del mismo, el 10 de julio de 2000, el Ministerio Público

nuevamente volvió a enmendar la acusación. En síntesis, la nueva

acusación narraba los hechos imputados y precisaba que los

mismos eran parte de un patrón de “maltrato físico y

psicológico” del acusado hacia la presunta víctima.1

Celebrado el mencionado juicio, el jurado no llegó a un

veredicto por lo que el tribunal de instancia señaló fecha para

un nuevo juicio. Así las cosas, estando el caso señalado para

1 Específicamente, la acusación establece: El referido acusado [...] ilegal, voluntaria, maliciosa, a sabiendas y con la intención criminal, empleó fuerza física y violencia contra la [presunta víctima], persona con quien cohabitaba y con quien había sostenido una relación consensual, ya que sin causa legal que lo justificara la agredió con las manos consistentes [sic] en que la empujó bien duro, la tira encima de la cama, le propina varios cabezazos y la muerde en la pierna derecha, ocasionándole varios hematomas y contusiones.

Esta conducta es parte de un patrón de maltrato físico y psicológico del imputado hacia la perjudicada. el segundo juicio, el 8 de agosto de 2000 el Ministerio Público

anunció como prueba de cargo el testimonio de dos (2) peritos

psicólogos que habían evaluado a la alegada víctima. A raíz de

la nueva prueba anunciada la defensa solicitó realizar una

evaluación psicológica de la alegada perjudicada por un perito

de su selección para así estar en condiciones de impugnar la

prueba pericial del Estado. En su solicitud ante el tribunal

de instancia el acusado arguyó:2

[La perito de la defensa] requiere para poder realizar su trabajo que este Tribunal permita examinar y evaluar a la [alegada víctima] para de esta manera estar en condiciones de realizar su trabajo y emitir su opinión en cuanto al contenido del informe que esencialmente narra el testimonio de la alegada víctima y las conclusiones a que llega [el perito del Ministerio Público].

No existe fundamento ni razón alguna para que no se permita el examen psicológico de la alegada víctima[.] [M]ás aún, el delito imputado tiene como uno de sus elementos constitutivos la utilización de la alegada violencia psicológica lo que hace necesario e indispensable, por lo relevante, el que se permita dicho examen por la perito de la defensa a la alegada víctima[.]

Dicha solicitud fue declarada con lugar por el tribunal

de instancia y confirmada por el foro apelativo. De este

dictamen recurre ante nos el Procurador General y sostiene que

procede revocar el dictamen del tribunal apelativo y denegar

el examen mental solicitado. En síntesis, el Estado sostiene

que, a tenor con la doctrina de Pueblo v. Arocho Soto, supra,

procede exigírsele al acusado que demuestre una “clara

necesidad” antes de permitir que se someta a la presunta víctima

2 Véase, Moción Informativa y Solicitud de Orden del 5 de octubre de 2000, pág. 32 de los autos. a una evaluación mental. Luego de expedir el auto solicitado

y examinar las comparecencias de las partes, resolvemos.

II

A.

La Ley de Violencia Doméstica, supra, fue creada para

proteger la vida, la seguridad y la dignidad de hombres y

mujeres. A través de ésta se propicia el desarrollo,

establecimiento y fortalecimiento de remedios eficaces para

ofrecer protección y ayuda a las víctimas, alternativas para

la rehabilitación de los ofensores y estrategias para la

prevención de la violencia doméstica. Pueblo v. Rodríguez

Velázquez, res. el 3 de octubre de 2000; 2000 TSPR 146. Con la

aprobación de la referida ley se dio un paso fundamental para

atender el serio problema que representa el maltrato físico,

emocional y sexual dentro de una relación de pareja en nuestra

sociedad.3 De esta manera, en su Artículo 3.1, supra, la ley

tipifica el delito de “maltrato”, el cual sanciona la

utilización de fuerza física, violencia psicológica,

intimidación o persecución contra la persona con quien se

sostiene o se ha sostenido una relación de pareja para causarle

daño físico o emocional o daño a sus bienes.4 Específicamente,

el mismo dispone:

Toda persona que empleare fuerza física o violencia psicológica, intimidación o persecución en la persona de su cónyuge, ex cónyuge, o la persona con

3 Informe sobre el Discrimen por Razón de Género en los Tribunales de Puerto Rico, Comisión Judicial Especial para Investigar el Discrimen por Género en los Tribunales de Puerto Rico, agosto de 1995, pág. 331-332. 4 Id. a la pág. 335. quien cohabita o haya cohabitado, o la persona con quien sostuviere o haya sostenido una relación consensual, o la persona con quien haya procreado un hijo o hija, para causarle daño físico a su persona, a los bienes apreciados por ésta, excepto aquellos que pertenecen privativamente al ofensor, o a la persona de otro o para causarle grave daño emocional, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de doce (12) meses, excepto que de mediar circunstancias atenuantes se podrá reducir a un término no menor de nueve (9) meses y de mediar circunstancias agravantes podrá aumentarse hasta dieciocho (18) meses. (Énfasis suplido).

Como puede apreciarse, el delito de maltrato se configura

cuando se den las siguientes circunstancias: (a) cuando una

persona empleare fuerza física, violencia psicológica,

intimidación o persecución; (b) en la persona de su cónyuge,

ex cónyuge, o con quien cohabita o haya cohabitado, o con quien

sostuviere o haya sostenido una relación consensual, o quien

haya procreado un hijo; (c) para causarle daño físico (a su

persona, a los bienes apreciados por ésta, excepto aquellos que

pertenecen privativamente al ofensor, o a la persona de otro)

o para causarle grave daño emocional.

Así, el referido delito contiene dos (2) modalidades de

maltrato, a saber: (a) maltrato físico y (b) maltrato

psicológico o emocional. El mismo ocurre tanto si se produce

un “daño físico” como si ocurre un “grave daño emocional” y

contempla no sólo el uso de fuerza física sino también el uso

de “violencia psicológica”. De esta manera, se le brinda una

protección mayor a la víctima de violencia doméstica pues la

propia ley tipifica como punible el “maltrato” en su acepción

amplia. En este sentido, la Ley de Violencia Doméstica es una de avanzada5, en tanto reconoce que la violencia física no es

el único medio de control utilizado en una relación de pareja

y que la violencia psicológica puede producir efectos tan o más

graves que aquella.6 Precisamente, del historial legislativo de

la mencionada ley se desprende que la violencia emocional o

psicológica se conceptualizó como parte íntegra de la violencia

doméstica; tipificándose tales actos como parte del delito de

“maltrato”.7 Así, la Ley de Violencia Doméstica es reflejo de

las más recientes corrientes que reconocen que el maltrato en

una relación de pareja no solo se da en el contexto de la

violencia física sino que abarca modalidades más complejas como

ocurre en el maltrato psicológico o emocional.

Por ello, la propia ley establece unos parámetros claros

para identificar lo que constituye maltrato psicológico. Así,

en el Artículo 1.3 se precisa que "grave daño emocional"

significa y surge: “cuando, como resultado de la violencia

doméstica, haya evidencia de que la persona manifiesta en forma

recurrente una o varias de las características siguientes:

miedo paralizador, sentimientos de desamparo o desesperanza,

5 Pueblo v. Rodríguez Velázquez, res. el 3 de octubre de 2000; 2000 TSPR 146 6 Informe sobre el Discrimen por Razón de Género en los Tribunales de Puerto Rico, supra, a la pág. 335. 7 Véase, Ponencia de la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora en torno al Proyecto 470 del Senado y 615 de la Cámara de Representantes sobre Violencia Doméstica, págs. 6 y 7 (12 de junio de 1989) y; Ponencia de la Comisión para Asuntos de la Mujer ante la Comisión de lo Jurídico, la Comisión de Desarrollo Cultural y Seguridad Social y la Comisión Especial de la Mujer del Senado, Proyecto del Senado 470 sobre Violencia Doméstica, págs 7, 23-24 (1 de junio de 1989). Igualmente, véase Memorial Explicativo del Proyecto 470 del Senado y 615 de la Cámara, el cual recoge estas posturas. sentimientos de frustración y fracaso, sentimientos de

inseguridad, desvalidez, aislamiento, autoestima debilitada u

otra conducta similar, cuando sea producto de actos u omisiones

reiteradas”.8 Igualmente, dicho Artículo aclara que violencia

psicológica “significa un patrón de conducta constante

ejercitada en deshonra, descrédito o menosprecio al valor

personal, limitación irrazonable al acceso y manejo de los

bienes comunes, chantaje, vigilancia constante, aislamiento,

privación de acceso a alimentación o descanso adecuado,

amenazas de privar de la custodia de los hijos o hijas, o

destrucción de objetos apreciados por la persona, excepto

aquellos que pertenecen privativamente al ofensor”.9

Ciertamente, la manera en que se configura el delito de

“maltrato” dependerá de los hechos del caso. Así, el mismo no

siempre requerirá la presencia de “fuerza física” o de “daño

físico”. Por el contrario, en algunas ocasiones el mismo se

perfeccionará mediante el empleo de “fuerza física” para

causarle a la alegada víctima “daño físico”, mientras que en

otras circunstancias bastará el empleo de “fuerza física” o

“violencia psicológica” para causarle a la parte perjudicada

“grave daño emocional”.

Claro está, unos mismos hechos pueden producir tanto un

daño físico como un grave daño emocional en la víctima y el

Ministerio Público tiene discreción para imputar ambas

modalidades en la acusación. Por ello, en estos casos (al igual

8 8 L.P.R.A. sec. 602. 9 Id. que en los demás casos criminales) la función de la “acusación”

será crucial para el acusado pues, por virtud de ella, éste queda

notificado de la naturaleza y extensión del delito imputado.

De esta forma, el acusado adviene en conocimiento de los hechos

que se le imputan; de suerte que prepare su defensa de

conformidad. Así, el acusado de un delito de “maltrato” sabrá,

por virtud de la acusación, si desarrolla su defensa a base de

la ocurrencia de un daño físico o si procura prueba para

demostrar la ausencia de violencia psicológica o grave daño

emocional.10

A tenor con estos principios, surge la siguiente

interrogante: ¿qué sucede cuando la acusación le imputa a un

acusado haber incurrido en el delito de “maltrato” tras

perpetuar actos que alegadamente son parte de un patrón de

“maltrato psicológico” contra la víctima? ¿Tiene el acusado que

demostrar una “clara necesidad”, (como requisito esencial para

someter a la parte perjudicada a un examen mental), cuando la

condición mental de la perjudicada que se pretende evaluar está

relacionada a un elemento esencial del delito imputado; esto

es, la ausencia de “violencia psicológica” o “grave daño

10 Tan importante es la acusación en nuestro ordenamiento que la propia Constitución establece el derecho del acusado “a ser notificado de la naturaleza y causa de la acusación recibiendo copia de la misma”. Véase, Artículo II, sección 11 de la Constitución. Igualmente, su importancia se demuestra por virtud de la cláusula constitucional del debido proceso de ley, la cual exige que el acusado esté adecuadamente informado de la naturaleza y extensión del delito imputado. Pueblo v. González Olivencia, 116 D.P.R. 614, 617-618 (1985). De la misma forma, su centralidad queda fijada estatutariamente en la Regla 35(c) de las de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. emocional”? De un examen de la literatura jurídica aplicable,

hoy contestamos esta interrogante en la negativa.

B.

En Pueblo v. Arocho Soto, supra, en el contexto de menores

de edad, establecimos que de ordinario se requiere que un

acusado demuestre una “clara necesidad” como requisito para

someter a una presunta víctima a un examen mental. Ahora bien,

el caso de autos plantea un asunto que no tuvimos oportunidad

de atender en aquella ocasión; a saber, si el referido estándar

es aplicable cuando la condición mental de la perjudicada que

se pretende evaluar está relacionada a un elemento esencial del

delito imputado. En vista que nunca antes habíamos dilucidado

esta cuestión, estimamos prudente examinar aquellas

discusiones que se han formulado en otras jurisdicciones sobre

este particular. Veamos.

En State v. García, 613 P.2d 725 (N.M. App. 1980), el

Tribunal de Apelaciones de Nuevo Méjico se enfrentó a una

situación similar a la del presente caso y determinó que

procedía la evaluación mental de la perjudicada ya que la misma

iba dirigida a obtener información relacionada a un elemento

esencial del delito imputado. En síntesis, la acusación

presentada en dicho caso le imputaba al acusado haber incurrido

en cierta conducta sexual criminal que causó “angustias

mentales” en la víctima. Por ello, el Estado venía obligado

a probar la existencia de “angustias mentales” como elemento

________________________ 35(c), al establecerse que la acusación contendrá “una exposición de los hechos esenciales constitutivos del delito”. esencial del delito. El tribunal de instancia denegó la

evaluación psicológica solicitada por la defensa, razón por la

cual el referido foro apelativo revocó. A tales efectos

indicó:11

El Estado arguye que el descubrimiento que pretende la defensa no debe ser autorizado a no ser que medien razones apremiantes. En los casos citados por el Estado en apoyo de su argumento el examen fue procurado bajo bases amplias[;] [esto es,] a base de la condición mental de la víctima y cómo esa condición afectaba su credibilidad. [Nuestra jurisprudencia] es consistente con un enfoque de “razones apremiantes” cuando el examen es procurado bajo la base general de la condición mental de la víctima y cómo esta afecta su credibilidad como testigo. El enfoque de “razones apremiantes” no es aplicable en este caso en vista que existe una base específica para el examen (descubrir información relacionada a las “angustias mentales” que el Estado debe probar), y dado que dicho examen está autorizado por la R. Proc. Crim. 29(b) [la cual autoriza el descubrimiento de cualquier asunto, no privilegiado, relevante a la ofensa imputada o a la defensa del acusado].

Si el tribunal de instancia ejercitó su discreción al denegar la moción solicitando el examen, su denegatoria constituyó un abuso de discreción pues su efecto fue prohibirle al acusado el descubrimiento de información sobre un elemento esencial del delito imputado.

De la misma forma, en State v. Zeh, 509 N.E.2d 414 (Ohio

1987), el Tribunal Supremo de Ohio reconoció la importancia de

permitir que el acusado realice una evaluación mental de la

víctima cuando la condición mental de la perjudicada esté

relacionada a un elemento esencial del delito imputado. En dicha

ocasión el acusado fue encontrado culpable de un cargo de

agresión sexual, el cual requería conocer que la capacidad de

la víctima estaba sustancialmente afectada (en este caso, por

11 State v. García, 613 P.2d 725, 728-729 (N.M. App. 1980). virtud de su retardación mental). 12 Al ordenarse un nuevo

juicio, por haberse denegado la solicitud de evaluación

presentada por la defensa para auscultar la capacidad mental

de la víctima al momento de los hechos, el Tribunal señaló:13

Se arguye que el acusado es tratado injustamente [esto es,] que aunque el Estado tiene el peso de probar la incapacidad [de la víctima] para controlar su propia conducta, la denegatoria de un examen clínico independiente [...] puso al acusado en una seria desventaja en la preparación de su defensa, teniendo que depender sólo de las evaluaciones clínicas utilizadas por el Ministerio Público.

En este asunto estamos de acuerdo con la defensa[.] A nuestro juicio, solo hubiese sido justo permitirle al acusado procurar tal evidencia para su defensa o denegarle al Ministerio Público cualquier uso del testimonio del perito que se relacionara al elemento esencial del delito.

En State v. Rhone, 566 So.2d 1367 (Fla. App. 1990), el

Tribunal de Distrito de Apelaciones de Florida validó la

solicitud de la defensa para realizar una evaluación mental de

la víctima por entender que la misma cumplía con el estándar

de “razones apremiantes” en vista que iba dirigida a evaluar

evidencia de un elemento esencial del delito imputado. Así,

dicho foro concluyó:14

El tribunal de instancia concluyó que este caso es uno en el cual el acusado ha cumplido con esta pesada

12 Específicamente, la disposición imputada establecía que: "(A) No person shall engage in sexual conduct with another, not the spouse of the offender, when any of the following apply: […] (2) The offender knows that the other person's ability to appraise the nature of or control his or her own conduct is substantially impaired." State v. Zeh, 509 N.E.2d 414, 417 (Ohio 1987). 13 State v. Zeh, supra, a la pág. 418. 14 State v. Rhone, 566 So.2d 1367, 1368-1369 (Fla. App. 1990). carga [la de demostrar “razones apremiantes” para solicitar un examen psicológico] y no estimamos que dicho foro se haya apartado de los requisitos legales esenciales. En este caso el propósito de la evaluación es descubrir y evaluar evidencia de un elemento esencial del delito[.] [...]

Determinamos que el tribunal de instancia no se apartó de las exigencias legales esenciales[,] las cuales requieren un examen psicológico de la víctima cuando el Estado planea usar evidencia psicológica obtenida de su propio examen de un testigo para probar un elemento esencial del delito imputado y el cual no puede ser adecuadamente refutado sin un examen independiente de la víctima. Esto demuestra “razones apremiantes” para el examen.

A igual resultado llegó el Tribunal de Apelaciones de

Nebraska en State v. Doremus, 514 N.W.2d 649 (Neb. App. 1994),

al establecer que no empece requerirse “razones apremiantes”

para someter a una víctima a un examen mental, procedía el

referido examen ya que el mismo se refería a información

relacionada a un elemento esencial del delito. A tales efectos

el mencionado foro indicó:15

En resumen, en este caso el Estado introdujo el testimonio de sus propios peritos para demostrar que la víctima no estaba capacitada mentalmente para comprender una agresión sexual. Parte de los cargos que el acusado enfrenta se refieren a que éste sometió a la víctima a contacto sexual cuando sabía o debía saber que la víctima estaba incapacitada mentalmente para conocer la naturaleza de la conducta del acusado. [...] Concluimos que[,] cuando el examen solicitado conduzca a testimonio sobre un elemento esencial del delito imputado[,] existe una circunstancia apremiante que justifica una evaluación siquiátrica de la víctima por un perito de la defensa.[...]

Al tribunal de instancia denegar la moción de la defensa impidió que el acusado obtuviera la evidencia necesaria para refutar efectivamente el testimonio del perito de cargo, el cual fue usado para establecer un elemento esencial del delito. Encontramos que al

15 State v. Doremus, 514 N.W.2d 649, 653-654 (Neb. App., 1994). acusado se le privó de un derecho sustancial y concluimos que el tribunal de instancia abusó de su discreción al denegar la moción del acusado solicitando una evaluación independiente.

La importancia de valerse de una evaluación pericial hecha

por la defensa fue destacada por el Tribunal Supremo de Illinois

al señalar:16

El Estado arguye que el perito del acusado podía formarse una opinión [...] revisando los informes preparados en el caso y observando el testimonio de la víctima y de los peritos de cargo en el juicio. [...] Este argumento ignora las diferencias cualitativas inherentes entre el testimonio de un perito que ha examinado a la víctima y aquel que no la ha examinado. [...]

Un perito que ha examinado personalmente a una víctima está en mejor posición para emitir una opinión que aquel que no la ha examinado. [...]

El testimonio psicológico es muchas veces controvertido y el valor de una opinión pericial depende en gran medida de la base de su opinión. [...] En vista que en este caso el Estado ha tenido el derecho exclusivo para examinar a [la víctima], la credibilidad de sus peritos se ha elevado por encima de la de los peritos de la defensa, quienes no han examinado a la víctima. Por ello, determinamos que es esencialmente injusto que el Estado pueda presentar testimonio de peritos que han examinado a la víctima mientras el acusado está limitado a utilizar el testimonio de un perito que no ha podido examinar a ésta. (Énfasis suplido).

Como puede apreciarse, de un examen de la doctrina

pertinente se desprende que en casos como el que nos ocupa

procede autorizar el examen mental solicitado. Estimamos que

igual conclusión se exige en nuestra jurisdicción. Por ello,

resolvemos que el estándar de “clara necesidad” resulta

inaplicable a aquellos casos donde la condición mental de la

16 People v. Wheeler, 602 N.E.2d 826, 832-833 (1992). perjudicada que se pretende evaluar está relacionada a un

elemento esencial del delito imputado.

A la luz de esta normativa, pasemos a discutir la situación

que tenemos ante nos.

III

Como hemos mencionado, la acusación que tenemos ante nos

le imputa al acusado incurrir en una serie de actos como parte

de un patrón de “maltrato físico y psicológico” hacia la

presunta víctima. Evidentemente, el delito imputado está

relacionado a la condición mental de la alegada perjudicada pues

ya hemos dicho que el mismo se constituye tanto si se produce

un “daño físico” como si ocurre un “grave daño emocional” y que

contempla no sólo el uso de fuerza física sino también el uso

de “violencia psicológica”. Una vez el Estado imputa en la

acusación que los actos en que alegadamente incurrió el acusado

constituyen “maltrato psicológico” se demuestra que el

Ministerio Público no sólo pretende probar la ocurrencia del

delito de maltrato en su modalidad de daño físico sino también

en su modalidad de daño emocional.

Mas aun, esto queda evidenciado no sólo por la propia

acusación sino por virtud de las actuaciones del Estado ya que

de las mismas se puede colegir que éste no limitará la prueba

a la ocurrencia de un daño físico sino que interesa demostrar

cómo los hechos imputados han constituido un “maltrato

psicológico” que ha causado un daño emocional en la presunta

víctima. Esto pues, ¿para qué anunciar prueba psicológica en

este segundo juicio sino es para demostrar la existencia de un “maltrato psicológico” y la ocurrencia de “violencia

psicológica” y daño emocional en la víctima? Luego de un primer

juicio, el imprevisto anunció del Ministerio Público para

presentar prueba psicológica en esta etapa de los

procedimientos, unido a la imputación de “maltrato psicológico”

en la acusación, sólo demuestra una cosa; que el estado mental

de la presunta víctima estará en controversia y que el mismo

está relacionado a un elemento esencial del delito imputado.

No podemos ignorar estos hechos y presumir que no se pretende

enjuiciar al acusado por el delito de “maltrato” en su modalidad

de daño emocional. Después de todo, los Tribunales no debemos

ser tan ingenuos como para creer cosas que nadie más creería.

Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 D.P.R. 573, 582 (1961).

Como bien menciona la defensa, no debemos perder de

perspectiva que el caso de autos trata sobre un segundo proceso

en contra del acusado en donde el Ministerio Público anuncia

por primera vez la inclusión de dos (2) peritos psicólogos como

parte de su prueba de cargo. En otras palabras, se trata de la

activación de la maquinaria judicial en contra de un acusado

por segunda ocasión y en donde se anuncia por primera vez, justo

antes del nuevo juicio, el uso de prueba psicológica pericial

en su contra. En vista de esto, y a la luz de la acusación,

¿procede exigírsele al acusado que demuestre una “clara

necesidad” para someter a la presunta víctima a una evaluación

mental? Estimamos que no. Veamos.

El delito de “maltrato” sanciona el uso del “maltrato

psicológico” que el Estado imputa y cuya prueba pretende. Precisamente, el acusado ha intentado preparar su defensa a base

de la referida acusación, entendiendo que la condición mental

de la alegada víctima está en controversia y que la obtención

de evidencia en torno a dicho estado mental será crucial para

su defensa. Le asiste la razón. La evaluación mental solicitada

resulta esencial para la defensa del acusado. Sin lugar a dudas,

la referida evaluación va dirigida a auscultar evidencia

relacionada a elementos del delito imputado; a saber, la

existencia de un daño emocional y violencia psicológica.

Además, tales elementos están relacionados a la condición

mental de la presunta víctima. Ya hemos mencionado que, por

virtud del propio artículo que configura el delito de

“maltrato”, el “grave daño emocional” surge cuando haya

evidencia de que la víctima “manifiesta [...] miedo

paralizador, sentimientos de desamparo o desesperanza,

sentimientos de frustración y fracaso, [etc.]”. No es difícil,

pues, advertir que la evaluación mental solicitada va dirigida

a obtener evidencia relacionada a elementos del delito imputado

y que la misma será crucial para la defensa del acusado. De esta

manera, cuando el Estado introduzca el testimonio de los peritos

de cargo, (quienes sí han evaluado a la presunta víctima), para

demostrar la existencia de violencia psicológica, intimidación

o grave daño emocional, el acusado podrá controvertir el mismo

mediante el oportuno cuestionamiento de sus testimonios.

Ciertamente, una adecuada defensa requiere que a un acusado se

le permita procurar evidencia en cuanto a los elementos esenciales del delito imputado; los cuales en este caso están

relacionados con el aspecto psicológico de la presunta víctima.

Como hemos mencionado, la importancia de indagar sobre

estos aspectos queda evidenciada por el propio Ministerio

Público, quien precisamente ha procurado la evidencia

psicológica necesaria para probar el daño emocional y el

maltrato psicológico imputado. Siendo esto así, ¿cómo es

posible que el acusado se defienda adecuadamente si ni tan

siquiera puede procurar un examen pericial de la alegada

perjudicada para probar la inexistencia de daño emocional o

psicológico? Mas aun, permitir que sólo el Ministerio Público

examine a la presunta víctima (para obtener evidencia

relacionada a un elemento esencial del delito imputado)

perjudicaría grandemente al acusado en tanto elevaría

desmedidamente el valor probatorio del testimonio de los

peritos de cargo. Sin lugar a dudas, el valor probatorio del

perito de la defensa, quien no habría podido evaluar a la alegada

víctima, se vería disminuido frente a aquellos peritos de cargo

que sí han podido recopilar testimonio relacionado a uno de los

elementos esenciales del delito imputado mediante el examen

directo de ésta. No podemos avalar esta situación. El asumir

que un perito que no ha examinado a la víctima está en igual

posición que aquel que la ha examinado ignora las diferencias

inherentes entre los testimonios de ambos peritos.17 Un perito

que ha examinado personalmente a una víctima está en mejor

posición para emitir una opinión que aquel que no la ha examinado.18 Además, éste puede asistir con mayor efectividad

a la defensa en el contrainterrogatorio de los testigos de

cargo.

Así, resulta inaceptable exigirle a un acusado que

demuestre una “clara necesidad” cuando la condición mental de

la presunta perjudicada que se pretende evaluar está

es, cuando en la propia acusación que tenemos ante nuestra

consideración y de las actuaciones del Estado se demuestra que

el proceso penal girara en torno al estado mental de la víctima.

A nuestro juicio, una vez la acusación imputa ciertos elementos

de un delito, el acusado tiene derecho a preparar su defensa

conforme la misma. De lo contrario, poco uso tendría requerir

la preparación de una acusación y su notificación al acusado.

El Ministerio Público debe decidir, al acusar, cuáles elementos

imputar; esto pues, el propósito de la acusación es notificarle

al acusado de los elementos del delito imputado y de los hechos

que van a estar en controversia.

Precisamente, a tenor con estos principios y consciente

de su obligación, el foro de instancia optó por autorizar el

examen solicitado. No abusó de su discreción al proceder de

conformidad. Claro está, el que el tribunal de instancia tenga

discreción para autorizar una evaluación por los peritos de la

defensa no significa que dicho foro no pueda nombrar un perito

del tribunal para realizar la misma. Así, ante situaciones de

________________________ 17 Véase, People v. Wheeler, supra a las págs. 832-833. 18 Id. este tipo, el referido foro tendrá discreción para determinar

que el perito sea uno nombrado por el tribunal. Igualmente, de

accederse a la solicitud del acusado para someter a la presunta

perjudicada a una evaluación mental, el tribunal retiene

autoridad para delimitar la misma, de suerte que se asegure que

el examen no sea oneroso, opresivo o que entre innecesariamente

en elementos de intimidad o privacidad que no sean pertinentes

al caso.

En resumen, por entender que el estándar de “clara

necesidad” no resulta aplicable en este caso, resolvemos que

el foro de instancia no abusó de su discreción al autorizar la

evaluación solicitada. En vista de lo anterior, se confirma el

dictamen del foro apelativo. Se devuelve el caso al tribunal

de primera instancia para que continúen los procedimientos

conforme lo aquí resuelto.

Se dictará la Sentencia correspondiente.

Federico Hernández Denton Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se confirma la sentencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos de forma compatible con lo aquí resuelto.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Rebollo López emitió Opinión de Conformidad. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri emitió Opinión Disidente a la que se unen el Juez Presidente señor Andréu García y la Juez Asociada señora Naveira de Rodón, quien además emitió un Voto Particular Disidente.

Carmen E. Cruz Rivera Secretaria del Tribunal Supremo Interina EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

vs. CC-2000-1004 CERTIORARI

Acusado-recurrido

Opinión de Conformidad emitida por el Juez Asociado SEÑOR REBOLLO LÓPEZ

San Juan, Puerto Rico, a 25 de marzo de 2002

Suscribimos la Opinión que en el presente caso

emite la Mayoría de los integrantes del Tribunal.

Ello no obstante, hemos entendido procedente

expresarnos por separado en vista de algunos de los

argumentos --los cuales entendemos totalmente

erróneos y contradictorios-- esgrimidos en las dos

Opiniones disidentes.

La facción disidente, no obstante reconocer el

derecho de todo acusado a preparar adecuadamente su

defensa y, a esos efectos, aceptar que el derecho que

éste tiene al descubrimiento de prueba es

consustancial al derecho a defenderse en un proceso

criminal, curiosamente le niega a Osvaldo Ríos Alonso

el derecho a examinar psicológicamente a la presunta víctima,

examen que resulta indispensable para preparar su defensa en

vista de las alegaciones específicas en su contra de parte del

Estado. Resolver lo contrario constituiría una clara violación

al debido proceso de ley.

I

La Minoría aduce, como fundamentos principales para denegar

el pedido del acusado, la “necesidad” de proteger el derecho de

intimidad de la víctima y la ausencia de demostración, de parte

del acusado, de “clara necesidad” para llevar a cabo el examen

en controversia.

Con el propósito de justificar su erróneo curso decisorio,

la Minoría especula que la razón o intención que tuvo, o debió

tener, el ministerio público, al enmendar el pliego acusatorio

para imputar que los actos del acusado formaban parte de un patrón

de maltrato físico y psicológico hacia la alegada perjudicada,

lo fue el hecho de que no contaban, en esos momentos, con el

beneficio de la decisión que este Tribunal emitiera en Pueblo

v. Figueroa Santana, res. el 23 de julio de 2001, 2001 TSPR 112.

Sea cual fuere la razón que tuvo el ministerio fiscal para

llevar a cabo la enmienda, la realidad es que la hizo; hecho que

establece las bases para que el acusado haga la solicitud de

examen psicológico que hizo ya que la única conclusión lógica

y razonable a hacerse de la acción del Estado es que éste cuenta

con dicha prueba y que se propone, durante el juicio en su fondo,

presentar la misma en evidencia19; prueba que el acusado tiene

19 La conclusión contraria --esto es, de que el Estado, no obstante enmendar el pliego acusatorio para alegar un patrón de conducta de el derecho de cuestionar y refutar, para lo cual tiene que,

necesariamente, examinar a la presunta perjudicada.

Negarle ese derecho desembocaría en una clara y palpable violación

al debido proceso de ley. Nos explicamos. Presentada la prueba a esos

efectos por el Estado durante el juicio en su fondo --y no habiéndosele

concedido, de antemano, al acusado la oportunidad de conocer la misma

y de examinar a la presunta perjudicada-- éste estaría impedido de

presentar prueba para refutar la del Estado. Ello no sólo situaría a

Ríos Alonso en un estado de indefensión sino que el efecto, nocivo a

éste, que ello tendría en la mente del juzgador de los hechos sería

devastador.

La clara necesidad que tiene el acusado de conocer la prueba

pericial con que, a esos efectos, cuenta el ministerio fiscal y la clara

necesidad que tiene éste de examinar a la alegada perjudicada “salta

a la vista y hiere la retina”, In re: Roldán González, 113 D.P.R. 238,

242 (1982); razón por la cual el acusado no viene obligado a hacer

demostración alguna de “necesidad” en el presente caso.

Por otro lado, e inmediatamente contradiciéndose, la

Minoría nos informa que el acusado no queda huérfano de remedio

pues, en todo caso, éste puede solicitar durante el juicio, al

amparo de las disposiciones de la Regla 59 de Evidencia, que el

tribunal designe un perito de su propia selección para que

examine a la perjudicada.

________________________ violencia psicológica, de parte del demandado hacia la presunta víctima, no cuenta con dicha prueba y/o que no se propone presentar la misma en evidencia durante el proceso-- es tan ilógica que no merece discutirse. Aparte del hecho de que dicha aseveración constituye una

aceptación tácita de que el acusado --ante la presentación de

dicha prueba durante el proceso por el ministerio público-- tiene

derecho a examinar psicológicamente a la presunta perjudicada,

cabe preguntarse: ¿qué diferencia hace, específicamente en

cuanto al aspecto de la invasión de la intimidad de la perjudicada

y lo traumático que para ella pueda resultar el examen

psicológico a realizarse, que el referido examen lo lleve a cabo

un perito seleccionado por el ministerio público, o por la

defensa, o un perito designado por el tribunal?

En fin, las dos razones principales aducidas por la Minoría

en apoyo de su propuesto erróneo curso decisorio --esto es,

“invasión a la intimidad” de la perjudicada y ausencia de

“demostración de necesidad” de parte del acusado-- realmente

carecen de validez y/o son inexistentes.

La decisión mayoritaria hoy emitida, resulta protectora de

uno de los más preciados derechos que le garantiza la

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a nuestros

conciudadanos: el debido proceso de ley. Es por ello que la

suscribimos.

FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ Juez Asociado

El Pueblo de Puerto Rico Peticionario

Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor FUSTER BERLINGERI, a la cual se unen el Juez Presidente señor ANDREU GARCIA y la Jueza Asociada señora NAVEIRA DE RODON.

En el caso de autos, una mayoría del Tribunal rehúsa

extenderle a las víctimas de violencia doméstica la

protección que este Foro muy justificadamente proveyó

antes a las víctima de abuso sexual, en Pueblo v. Arocho

Soto, 137 D.P.R. 764 (1994). A base de unas distinciones

puramente formales, los Jueces de la mayoría autorizan aquí

que a las mujeres que han sufrido ya un grave maltrato

doméstico se les pueda someter rutinariamente a exámenes

psicológicos intrusivos, hostigantes e intimidantes, cosa

que hemos prohibido antes con respecto a las víctimas de

abuso sexual. Así se crea la ominosa posibilidad de que las

mujeres maltratadas no busquen el auxilio de los

tribunales, y por ende, de que la Ley Contra la Violencia Doméstica se convierta en letra

muerta.

Como no acepto que se le pueda negar a las víctimas de violencia

doméstica la protección que cobija a las víctimas de abuso sexual, y

como creo que la decisión de la mayoría aquí atrasa y menoscaba

seriamente la lucha jurídica por conjurar uno de nuestros peores males

sociales, que agobia a miles de mujeres del país todos los años,

disiento. Veamos.

Conviene repasar todos los hechos pertinentes del caso, algunos

de los cuales no están relatados en la opinión de la mayoría.

El 10 de febrero de 1997 Ministerio Público presentó una acusación

contra el recurrido Osvaldo Ríos Alonso mediante la cual le imputó a

éste una infracción al artículo 3.1 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto

de 1989, 8 L.P.R.A. secs. 601-664, conocida como la Ley de Prevención

e Intervención con la Violencia Doméstica (Ley de Violencia Doméstica).

En dicha acusación se alegaron concretamente varios hechos de violencia

física imputados al acusado. Específicamente, se alegó que éste: (1)

había agredido con las manos a la perjudicada; (2) que le había

propinado varios cabezazos; (3) que la había mordido; y (4) que todo

ello le había causado varios hematomas y contusiones a ésta. Días más

tarde, el 11 de marzo de 1997, la acusación fue brevemente enmendada.

Se añadió a la acusación solamente que la conducta imputada era “parte

de un patrón de maltrato físico y psicológico del imputado hacia la

perjudicada.” No se alegaron hechos concretos adicionales.

Luego de celebrarse el juicio, el jurado no llegó a un veredicto,

por lo que el 21 de julio de 2000 dicho jurado fue disuelto. Se señaló

un nuevo juicio para el 16 de agosto de 2000. Surge de los documentos que obran en autos que en la vista

celebrada el 16 de agosto de 2000 se suscitó una extensa discusión en

corte abierta en relación a la nueva prueba que el Ministerio Público

había anunciado días antes y el reclamo de la defensa de su derecho

a descubrir todo lo pertinente sobre dicha nueva prueba de cargo. La

discusión giró en parte en torno al uso anunciado por el Ministerio

Público del testimonio pericial de las psicólogas Dra. Nydia Lucca y

Dra. Ursula Colón. El foro de instancia suspendió el nuevo juicio y

lo re-señaló para celebrarse el 23 de octubre de 2000. También autorizó

a la defensa a contratar su propio perito para que, entre otras cosas,

le asistiera en la preparación del contrainterrogatorio de los peritos

anunciados por el Ministerio Público.

Así las cosas, días más tarde, el 25 de agosto de 2000, el recurrido

presentó una moción al amparo de la Regla 95 de Procedimiento Criminal,

34 L.P.R.A. Ap. III R-95, mediante la cual solicitó inspeccionar o

fotocopiar todo expediente médico o psicológico, informe pericial, y

transcripciones o notas tanto de la Dra. Nydia Lucca como la Dra. Ursula

Colón que fuesen producto de sus entrevistas con Daisy Santiago Rivera,

la alegada perjudicada, y los de cualquier otra persona entrevistada.

También solicitó acceso a cualquier grabación, fotografía, documento

o protocolo utilizado con relación al diagnóstico y tratamiento de la

perjudicada así como cualquier examen o prueba que le fuera

suministrada a ésta y los resultados correspondientes, que fueran a

ser utilizados por el Ministerio Público durante el juicio.

Mediante una moción fechada 8 de septiembre de 2000, el Ministerio

Público puso a disposición de la defensa el testimonio de la psicóloga

Dra. Ursula Colón, por entender que éste era de carácter acumulativo. El 29 de septiembre de 2000 el recurrido presentó una moción

solicitando una orden para que el Ministerio Público respondiera al

descubrimiento de prueba pendiente. Señaló además, que una vez éste

fuese contestado, deseaba que su propio perito realizara una evaluación

psicológica a la alegada víctima, para estar en posición de impugnar

el informe pericial y para poder contrainterrogar efectivamente a la

doctora Nydia Lucca Irizarry, que había sido anunciada como testigo

pericial por el Estado para el juicio en su fondo. Mediante otra moción

de 6 de octubre de 2000, el recurrido solicitó nuevamente la evaluación

psicológica de la alegada víctima. Indicó en dicha moción concretamente

que su perito necesitaba examinar a la víctima por espacio de diez (10)

a quince (15) horas. Solicitó además permiso para entrevistar a la

hermana y a la madre de la víctima.

El 11 de octubre de 2000 el Ministerio Público replicó a las

mociones del recurrido mencionadas antes. Alegó, inter alia, que el

recurrido estaba dilatando los procedimientos con sus nuevos

planteamientos; que desde 1998, como parte de un proceso civil paralelo

a este caso, tenía conocimiento del testimonio de la perito Dra. Nydia

Lucca, ya que en esa ocasión el abogado del recurrido había comparecido

a una toma de deposición para deponer a la perjudicada y allí se le

había entregado copia del informe de la Dra. Nydia Lucca, por lo que

el recurrido había tenido mucho tiempo para preparar su defensa sobre

este particular; que luego de cuatro años de haber sucedido los hechos,

ahora la defensa pretendía someter a la perjudicada a una evaluación

psicológica de diez a quince horas por un perito del recurrido, y

someter además a los familiares de lo perjudicada (hermana y madre)

a entrevistas también, todo lo cual constituía una pretensión opresiva

e injusta. Luego de otros trámites procesales, el 19 de octubre de 2000 el

Tribunal de Primera Instancia celebró una vista para dilucidar las

controversias aludidas que habían surgido con respecto al

descubrimiento de prueba. Como resultado de dicha vista, el tribunal

emitió una resolución y una orden el 27 de octubre de 2000; re-señaló

el juicio para el 21 de noviembre de 2000; declaró con lugar la

evaluación psicológica de la alegada perjudicada por un perito de la

defensa; y ordenó también un extenso descubrimiento de prueba a favor

del recurrido. Concretamente, ordenó que se le entregara al acusado:

Todo expediente médico o psicológico, informe pericial, transcripciones o notas de evaluaciones e impresiones de la Dra. Nydia Lucca, producto de sus entrevistas con la Srta. Daisy Annette Santiago (alegada perjudicada) y con cualquier otra persona entrevistada, para rendir su informe. Deberá suministrar además, copia de cualquier grabación ya sea de sonido o de video, fotografía, papel, expediente o documento utilizado para la evaluación de la Srta. Santiago o relacionado con el tratamiento y/o diagnóstico de la Srta. Santiago.

Deberá proveer además, cualquier examen o prueba suministrada a la Srta. Daisy Santiago y sus contestaciones, tales como y sin limitarse a el protocolo de la prueba del Minnesota Multiphasic Personality Inventory – 2 hojas de respuesta de la prueba de Escala Wechsler de inteligencia, pruebas proyectivas administradas, hojas de contestaciones donde se anotaron las respuestas de las pruebas de oraciones incompletas, dibujos y hojas de contestaciones donde se anotaron las respuestas de las pruebas de Apercepción Temática, dibujos y/u hoja de contestaciones de la prueba Bender Gestalt y cualquier otra evidencia, documento, texto o libro utilizado como referencia o que se le haya suministrado, para llegar a sus conclusiones.

El Ministerio Público presentó una moción de reconsideración y

alegó la necesidad de proteger el derecho de intimidad de la víctima,

y que el recurrido no había justificado adecuadamente la necesidad del

examen psicológico solicitado. En la alternativa, adujo que de ser

necesaria la evaluación referida, el tribunal debía nombrar su propio perito para llevarla a cabo y no utilizar uno nombrado por la defensa.

El foro de instancia denegó la reconsideración aludida.

Inconforme con el dictamen, el Procurador General acudió ante el

Tribunal de Circuito de Apelaciones, mediante una petición de

certiorari. Alegó que el foro de instancia había errado al ordenar que

la víctima fuera evaluada psicológicamente por un perito contratado

por la parte recurrida. Adujo que la orden referida constituía un abuso

de discreción del foro de instancia debido a que dicha parte no había

justificado tal remedio de modo alguno, y debido además a que constituía

una “desviación de las directrices emitidas por el Tribunal Supremo”

sobre los derechos de la víctima y sobre cuándo procede este tipo de

evaluación.

El foro apelativo denegó el recurso solicitado por el Ministerio

Público, mediante una Resolución emitida el 17 de noviembre de 2000.

Determinó que al enmendar la acusación para alegar que la conducta

imputada al recurrido era parte de un patrón de maltrato físico y

psicológico de parte de éste hacia la perjudicada, el Ministerio

Público había puesto en controversia “el aspecto psicológico de la

perjudicada” y, por ende, el acusado tenía necesidad de realizar la

evaluación referida para poder tener una defensa adecuada.

Inconforme con este dictamen, el Procurador General acudió

oportunamente ante nos, y planteó en esencia lo mismo que había alegado

previamente ante el foro apelativo.

El 1 de diciembre de 2000, expedimos el certiorari solicitado por

el Ministerio Público. El 18 de enero de 2001, la parte recurrida

sometió su alegato.

II Reseñados los hechos esenciales del caso de autos, procedemos a

exponer la normativa pertinente.

Nuestro sistema judicial criminal reconoce el derecho de todo

acusado a preparar adecuadamente su defensa y a obtener, mediante el

descubrimiento de prueba, la evidencia que pueda favorecerle. El

derecho al descubrimiento de prueba es consustancial con el derecho

de todo acusado a defenderse en un proceso criminal en su contra. Pueblo

v. Arocho Soto, 137 D.P.R. 762, 766 (1994); Pueblo v. Echevarría

Rodríguez, 128 D.P.R. 299, 324 (1991). Dicho derecho del acusado al

descubrimiento de prueba tiene una fuente estatutaria en las Reglas

de Procedimiento Criminal de Puerto Rico pero, además, en

circunstancias propias, también procede, de modo más amplio, de la

garantía constitucional sobre el debido proceso de ley. Pueblo v.

Rodríguez Sánchez, 109 D.P.R. 243 (1979); Pueblo v. Hernández García,

102 D.P.R. 506, 511 (1974).

Una instancia del descubrimiento de prueba que por razón del

debido proceso de ley se le permite al acusado ir más allá de lo que

autorizan las Reglas de Procedimiento Criminal, es precisamente la

realización de exámenes o pruebas científicas como la que interesa el

recurrido aquí. Como se sabe, en nuestra jurisdicción un acusado de

ordinario no puede entrevistar o interrogar a un testigo de cargo antes

del juicio, como parte de su descubrimiento de prueba, a menos que el

testigo acceda a ello. El imputado no tiene derecho a entrevistar o

interrogar los testigos del Pueblo con anterioridad al juicio para

preparar su defensa a menos que dichos testigos accedan voluntariamente

a ello. Durante el juicio el imputado tiene tal derecho si el Ministerio

Público ha anunciado antes tales testigos y luego decida no

presentarlos. Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 D.P.R. 653, 660-661 (1985); Hoyos Gómez v. Tribunal Superior, 90 D.P.R. 201, 205-206

(1964). No obstante, hemos reconocido que en algunas ocasiones, por

razón del debido proceso de ley, puede permitirse una evaluación

psicológica como la que interesa el recurrido aquí aunque dicho

descubrimiento de prueba rebase lo autorizado por las Reglas. Pueblo

v. Arocho, supra, pág. 766.

Ahora bien, ya antes hemos hecho hincapié en que “el

descubrimiento de prueba que rebasa el texto de las Reglas y busca apoyo

en el debido proceso de ley no es un recurso a invocarse livianamente.

Está muy lejos de ser una patente de corso que en forma indiscriminada

permita . . . o facilite al acusado cuanta evidencia pueda relacionarse

con el caso criminal.” Pueblo v. Rodríguez Sánchez, supra, págs.

246-247. También hemos resuelto reiteradamente que el derecho del

acusado al descubrimiento de prueba está limitado cuando incide sobre

el derecho a la intimidad de la víctima o de otro testigo. En el contexto

de las víctimas de abuso sexual, hemos reconocido que la tendencia en

la mayor parte de las jurisdicciones estatales, igual que en la federal,

es a exigirle al acusado que demuestre una razón o necesidad clara

cuando interesa una evaluación mental de la perjudicada, antes de que

dicha evaluación sea ordenada. Todo ello, para evitar lo intimidante

y embarazoso que puede ser un examen psicológico, que puede aumentar

el trauma emocional de la víctima. Otero v. Delbrey, 144 D.P.R 688

(1998).

El promovente debe ofrecer datos y razonamientos que le permitan

al tribunal decidir si en efecto el examen mental solicitado debe

ordenarse porque existe una clara necesidad para ello, lo

suficientemente importante como para justificar una invasión al

derecho a la intimidad de la víctima en cuestión. La facultad de los tribunales para ordenar tal examen mental debe ser ejercida con sumo

cuidado. Se trata de una facultad discrecional, que debe ejercerse sólo

después de sopesar los efectos adversos que pueda tener la intromisión

personal que representa dicho examen. Otero v. Delbrey, supra; Pueblo

v. Rodríguez Sánchez, supra.

En efecto, con respecto a víctimas de abuso sexual, en Pueblo v.

Arocho, 137 D.P.R. 762, 767 (1994), expresamente resolvimos que:

[...]

El derecho a la intimidad y a la integridad personal vedan el uso de exámenes o de pruebas científicas, como los que aquí interesa el acusado, excepto cuando éste demuestre una clara necesidad para ello. Poniendo en una balanza los intereses en conflicto, la necesidad de dicho examen tiene que ser mayor que el perjuicio que se cause a la intimidad e integridad de la persona a ser evaluada contra su voluntad. Así lo ha resuelto el Tribunal Supremo federal en el contexto de un proceso criminal. Winston v. Lee, 470 U.S. 753 (1985). (Énfasis suplido).

Aunque dicho caso involucraba a una menor de edad, por lo que el interés

público en el asunto es aún mayor,20 allí resolvimos claramente que la

referida doctrina aplicaba a cualquier víctima de abuso sexual,

independientemente de su edad.

Debemos reiterar que, como señalamos antes, la mayor parte de las

jurisdicciones estatales y federales exigen que se demuestre una

necesidad clara como condición para lograr una evaluación psicológica

de la víctima. En una minoría de las jurisdicciones norteamericanas

se ha permitido examinar psicológicamente a la víctima, sin que el

acusado demostrara que existía una clara necesidad para llevar a cabo

20 La referida norma la extendimos en Otero v. Delbrey, supra, a casos civiles. Este caso era uno sobre divorcio en el cual en la etapa de descubrimiento de prueba se intentó examinar psicológicamente a unos menores de edad por el perito del demandado. Allí resolvimos que por tratarse de menores de edad esto era una consideración adicional para proteger el derecho a la intimidad de las alegadas víctimas. dicho examen, pero aun en éstas los casos pertinentes son claramente

distinguibles del caso de autos. Así pues, en State v. García, 613

P.2d 725 (N.M. App. 1980), el Tribunal de Apelaciones de Nuevo Méjico

permitió el examen psicológico de la perjudicada, como parte del

derecho del acusado al descubrimiento de prueba al amparo de la Regla

29 (b) de Procedimiento Criminal de ese Estado. Resulta, sin embargo,

que dicha regla, en comparación con nuestra Regla 95 de Procedimiento

Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II R 95, es mucho más amplia y en efecto

permite un descubrimiento de prueba más abarcador a favor del acusado

que lo que nuestra Regla permite.

En State v. Zeh, 509 N.E.2d 414 (Ohio 1987), el acusado fue

encontrado culpable por un delito de agresión sexual que requería como

elemento constitutivo del delito que el agresor conociera que la

víctima estaba mentalmente incapacitada. El Tribunal Supremo de Ohio

sostuvo que cuando la condición mental de la víctima fuese un elemento

esencial del delito imputado, la defensa podía solicitar la exclusión

de evidencia obtenida de un examen psicológico previo por parte del

perito del Estado, a menos que la víctima voluntariamente aceptara ser

evaluada por un perito independiente nombrado por el Tribunal. En este

caso el perito sería designado por el Tribunal, no por la defensa. Ello,

a diferencia del caso ante nos en el cual se solicita que la evaluación

psicológica sea efectuada por el perito del acusado.

En State v. Rhone, 566 So.2d 1367 (Fla. App. 1990), el Tribunal

de Distrito de Apelaciones de Florida también permitió al acusado

realizar una evaluación psicológica a la perjudicada, quien

alegadamente padecía del “Battered Spouse Syndrome”, lo que le impedía

consentir al acto sexual. En vista de que la acusación dependía de

la prueba del referido síndrome psicológico del que alegadamente padecía la perjudicada, se le permitió al acusado examinar

psicológicamente a la víctima para contrarrestar el esencial

testimonio pericial del Estado.

En State v. Doremus, 514 N.W.2d 649 (Neb. App. 1994), se autorizó

nuevamente el examen psicológico de la víctima por entender que, como

parte de los elementos esenciales del delito, el acusado tenía que saber

que la víctima estaba mentalmente incapacitada para consentir y por

lo tanto conocer que se trataba de una agresión sexual.

En People v. Wheeler, 602 N.E. 2d 826 (1992), el Tribunal Supremo

de Illinois condicionó que el Ministerio Público presentara testimonio

pericial sobre el “Rape Trauma Syndrome” que alegadamente padecía la

víctima, a que ésta consintiera a ser evaluada por el perito de la

defensa. El testimonio pericial se utilizaría como prueba sustantiva

por parte del Estado para probar que la perjudicada padecía de este

síndrome y por lo tanto había sido violada. Por ello, era necesario

que el acusado pudiera examinar psicológicamente a la víctima.

Como puede observarse, los hechos de todos los casos anteriores

son muy particulares y claramente distintos a los del caso de autos.

En ninguno de ellos existía una víctima de violencia doméstica que el

acusado deseaba examinar extensamente sin antes justificar en los

méritos la necesidad de tal examen. Dicho de otra forma, los casos

referidos no representan realmente una excepción a la norma

prevaleciente en la mayoría de las jurisdicciones estatales y federales

norteamericanas en las cuales el examen psicológico de la perjudicada

procede sólo cuando existe una clara necesidad para ello.

En resumen, pues, la solicitud de un acusado para que se obligue

a una víctima de sus presuntos actos a que se someta a una evaluación

psicológica, que no está autorizado por las Reglas de Procedimiento Criminal de Puerto Rico, sólo puede concederse cuando el acusado ha

demostrado previamente una clara necesidad para ello, que sobrepase el

riesgo de intimidación y el perjuicio que tal evaluación le cause a la

intimidad e integridad de la víctima a ser evaluada involuntariamente.

Procedamos ahora a determinar la aplicabilidad de la normativa

reseñada antes a los hechos del caso de autos.

Es menester comenzar resaltando lo ocurrido en el caso de autos

con respecto a la enmienda a la acusación. Según se indicó antes, en

el acápite uno de esta opinión, inicialmente en la acusación del caso

de autos sólo se imputaba el empleo de fuerza física contra la alegada

víctima. No se aludía a un patrón de maltrato físico ni se alegaba

violencia psicológica. Posteriormente se enmendó dicha acusación para

imputar que la conducta de violencia alegada era parte de un “patrón

de maltrato físico y psicológico” del imputado hacia la perjudicada.

La razón para esta enmienda es evidente y se entiende

particularmente a la luz del problema que atendimos en Pueblo v.

Figueroa Santana, res. el 23 de julio de 2001; 154 D.P.R. ___, 2001 TSPR

112, 2001 JTS 115. El problema surgió debido a que la Ley de Violencia

Doméstica establece los distintos delitos de maltrato y agresión sin

hacer referencia a un patrón de conducta de fuerza física o de violencia

psicológica. Sin embargo, dicha Ley en su artículo 1.3 define tanto la

violencia doméstica como la psicológica expresamente como un patrón de

conducta. Esto evidentemente daba lugar a que una acusación que no

imputase expresamente que existía un “patrón de conducta” pudiese ser

impugnada por la insuficiencia de la acusación. Este problema existía

antes de Pueblo v. Figueroa Santana, supra, en el que resolvimos que

un “patrón” de conducta de violencia hacia la víctima no era un elemento esencial del delito de maltrato tipificado en el artículo 3.1 de la

referida Ley. Indicamos allí que era suficiente imputar una sola

agresión a la víctima para que se configurara el delito de maltrato.

Resolvimos asimismo que para probar el referido delito de maltrato basta

con probar la agresión física. Sobre esto señalamos que:

“Aunque generalmente los casos de maltrato por fuerza física implican también intimidación o violencia psicológica, esto no significa que para que se configure dicho delito sea necesario probar que la persona agraviada también fue víctima de violencia psicológica, intimidación y persecución.”

Dicho caso fue resuelto posteriormente a los hechos del caso de autos.

El Ministerio Público no tenía el beneficio de lo pautado en Pueblo v.

Figueroa Santana, supra, cuando enmendó la acusación del caso de autos,

por lo que resulta obvio que la enmienda a la acusación aquí sólo iba

dirigida a tratar de cumplir formalmente con la definición que la Ley

parecía establecer entonces para configurar el elemento de violencia

doméstica. En otras palabras, la enmienda a la acusación en cuestión

aquí no iba medularmente dirigida a establecer el abuso psicológico de

la perjudicada como un hecho central de lo alegado en la acusación sino

meramente a cumplir con lo que entonces se entendía que era un requisito

esencial en la configuración del delito imputado, que supuestamente

requería que se alegase en la acusación que había existido un patrón

de maltrato físico y psicológico.

Entender lo anterior es claramente necesario para comprender a su

vez la cuestión que aquí nos concierne. Como señaláramos antes, en el

caso de autos el foro de instancia concedió la petición del acusado para

realizar una evaluación psicológica de la víctima sin expresar las

razones o justificación que tuvo para conceder tal petición. En su

sentencia, el Tribunal de Circuito de Apelaciones intentó suplir lo que

el Tribunal de Primera Instancia no hizo al considerar la solicitud del recurrido sobre la evaluación psicológica de la perjudicada. El foro

apelativo intentó justificar por su cuenta la necesidad de la evaluación

en cuestión, y se amparó para ello en el mero hecho de haberse enmendado

la acusación. Expresó que la enmienda referida “puso en controversia

el aspecto psicológico de la perjudicada”.

En su alegato ante nos, el acusado intentó abonar a lo determinado

por el foro apelativo al indicar que: “... para que la perito de la

defensa pueda estar adecuadamente preparada para realizar su función

como tal, se hace necesario e indispensable que evalúe a la alegada

perjudicada”.

Las razones, antes referidas, del foro apelativo y del acusado

sencillamente no son suficientes por sí solas para justificar aquí la

evaluación mental involuntaria de la perjudicada por espacio de quince

horas, según la ha solicitado el recurrido. Como se ha señalado antes,

tal evaluación sólo procede cuando se ha demostrado que existe una

necesidad clara para ello, de tal magnitud que justifique el riesgo de

intimidación y la invasión al derecho de intimidad de la perjudicada.

Aquí no se ha demostrado todavía que existe tal necesidad clara, con

datos y razonamientos adecuados. Sólo existen aseveraciones y

alegaciones concluyentes, que no son suficientes para satisfacer la

exigencia jurídica de que exista una necesidad clara para el examen en

cuestión.

Nótese en primer lugar, que la inclusión de la mera alegación en

la acusación de que la conducta imputada era “parte de un patrón de

maltrato físico y psicológico” no significa necesariamente que en

efecto el Ministerio Público ha de dirigir sustancialmente el curso

de su caso contra el acusado para probar que hubo violencia psicológica.

En efecto, en el caso de autos el grueso de la acusación enmendada relata hechos concretos de violencia física, pero no hace referencia a ninguno

de los daños específicos y particulares que se incluyen bajo la Ley

de Violencia Doméstica en su definición de violencia psicológica. Sólo

se detallan los daños físicos. No se detallan daños mentales.

No hay manera de saber, sólo a base de dicha vaga y escueta

alegación de violencia psicológica, si el procesamiento penal girará

sustancialmente en torno a la condición mental de la alegada víctima.

Es precisamente por lo escueta y vaga que es la acusación referida en

cuanto a maltrato psicológico que no surge de ella de ningún modo claro

una justificación suficiente para la extensa evaluación mental de la

presunta víctima que el acusado pretende realizar.

La imputación aludida, que provocó la solicitud para la evaluación

en cuestión, que sin detalle o hecho concreto alguno aduce que la

perjudicada fue sometida a un patrón de maltrato psicológico, alude

evidentemente a una conducta del recurrido que supuestamente ocurrió

en el pasado, hace ya varios años, cuya prueba a quien le corresponde

es al Pueblo. Por ello, la realización por la defensa ahora de una

evaluación mental de la perjudicada presenta el riesgo de que ésta sea

sometida antes del juicio a un examen muy íntimo sobre asuntos que luego

resulten ser tanto impertinentes como innecesarios. Puede ocurrir que

la intromisión psicológica con respecto a la perjudicada no sólo se

extienda e indague más allá del efecto de la conducta pasada del

recurrido, sino además, que rebase la prueba que el Pueblo tenga o quiera

usar en el juicio sobre ello.

Es incluso posible que una vez comenzado el juicio el Ministerio

Público decida no pasar prueba sobre la violencia psicológica alegada

en la enmienda a la acusación, ya que ahora es claro que ello no es un

elemento necesario del delito imputado. Como hemos resuelto ya, no es necesario ahora que el Estado pase prueba sobre la violencia

psicológica, debido a que el delito de maltrato se configura con sólo

probar el uso de violencia física, independientemente de la alegación

sobre dicha violencia psicológica. Pueblo v. Figueroa Santana, supra.

Puede darse, pues, la injuriosa situación de que el acusado someta a

la perjudicada a un examen mental hostigante y luego el Ministerio

Público decida que no va a pasar prueba sobre la alegación de violencia

psicológica. Es por ello, que la solicitud del acusado sobre la

evaluación mental en cuestión en esta etapa de los procedimientos no

sólo no está justificada, sino que, además, es claramente prematura.

Por otro lado, debe notarse también que en el caso de autos el

acusado tiene varios otros medios adecuados para obtener la información

que alegadamente interesa, que no requieren una severa intromisión

personal con la perjudicada. En este caso el foro de instancia favoreció

una petición del recurrido al amparo de la Regla 95(a)(3) de

Procedimiento Criminal y ordenó que se le entregara a éste no sólo el

informe pericial de la Dra. Nydia Lucca producto de su examen de la

perjudicada, sino que, además, ordenó también que se le entregara al

recurrido todo el expediente que esa perito de cargo tuviese producto

de sus entrevistas y examen de la perjudicada. Ello incluye, por orden

expresa del tribunal, que se le entregue al recurrido: (1) las notas

de evaluaciones e impresiones de la Dra. Nydia Lucca; (2) cualquier

grabación de sonido o video; (3) los exámenes o pruebas que se le

administraron a la perjudicada, junto con; (4) las hojas de respuestas

o contestaciones a esos exámenes o pruebas, incluyendo dibujos, y (5)

cualquier otra evidencia, documento o textos de referencia que la perito

de cargo haya utilizado para llegar a sus conclusiones. Es evidente que esta extraordinaria orden de descubrimiento de prueba le permitía a la

perito del recurrido conocer lo mismo que conocía la perito de cargo.

Por otro lado, durante el juicio la defensa del recurrido puede

contrainterrogar a los peritos o testigos del Estado que declaren y,

además, interrogar directamente a los testigos anunciados y no

utilizados por el fiscal. Regla 43 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV R.

43. En este caso, el Ministerio Público puso a disposición de la defensa,

por ser un testimonio acumulativo, el testimonio de la psicóloga Dra.

Úrsula Colón, a quien los abogados defensores podrán interrogar.

Asimismo, si el acusado demuestra que la presencia en sala de sus peritos

durante el juicio resulta indispensable para la presentación de su

defensa, el tribunal está obligado a permitirlo mientras testifiquen

los peritos del Estado y la víctima. Regla 43(E)(2) de Evidencia, supra.

Finalmente, el acusado tiene también a su disposición el

importante recurso dispuesto por la Regla 59 de Evidencia, 32 L.P.R.A.

Ap. IV R. 59, sobre el nombramiento de un perito por el tribunal, la

cual dispone, en lo pertinente que: “[a]ntes del comienzo del juicio

o durante el transcurso de éste, cuando el tribunal determine que es

necesaria prueba pericial, podrá de su propia iniciativa, o a solicitud

de parte, nombrar uno o más peritos para que investiguen y sometan un

informe según lo ordene el tribunal, o para que declaren en calidad

pericial en el juicio”. Con los peritos nombrados por el tribunal, “[s]e

pretende superar la “parcialidad” del perito de parte, por medio de la

presencia de peritos neutrales, no identificados con una parte”.

Chiesa, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Vol.

III, 1995, Forum, pág. 337.

Es claro de todo lo anterior, que el recurrido tiene varios medios

expeditos a su alcance para defenderse en cuanto al estado mental de la víctima, frente a la prueba que pudiese presentar el Estado. En el

caso de autos, el recurrido no ha demostrado concretamente que estos

varios e importantes medios no son eficaces para el fin que alegadamente

persigue; es decir, no ha demostrado que a pesar de contar con todos

estos medios, aun así necesita también poder contar con una medida tan

intrusiva como la extensa evaluación mental de la perjudicada por su

propio perito.

Debe quedar claro que nada de lo anterior significa que el acusado

ha de quedar huérfano de una legítima defensa de resultar que, luego

de que el Ministerio Público haya presentado la prueba de cargo, el

aspecto medular del procesamiento penal en efecto gire en torno a la

cuestión mental de la víctima. En tal caso, si luego de que la defensa

haya utilizado los varios medios que tenía disponible para prepararse

adecuadamente y contrarrestar la prueba del Pueblo, todavía resulta

que el acusado interesa legítimamente el uso del testimonio pericial

que requiere la evaluación psicológica de la víctima, entonces puede

solicitar que ésta sea examinada por un perito del Tribunal. Una

posición similar a ésta fue la que adoptó el Tribunal Supremo de Ohio

en State v. Zeh, supra en la pág. 419, al señalar que:

[...] when the mental condition of the victim-potential witness is a contested, essential element of the crime charged, the defense may move the court that the state be barred from utilizing evidence of such mental condition obtained in a clinical interview of the witness prior to trial unless the witness voluntarily agrees to a court-appointed, independent examination, with the results being made available to both sides. (Énfasis suplido).

Debe notarse que la mayoría del Tribunal en su opinión cita la decisión

anterior en apoyo de su dictamen pero no toma en cuenta para nada lo

resuelto por el Tribunal Supremo de Ohio en relación a la utilización

en casos como el de autos de un perito del tribunal. En resumen, pues, el tipo de evaluación intrusiva de la

perjudicada que nos ocupa aquí no puede ser concedida automáticamente,

sólo a base de alegaciones, sin un análisis adecuado, y en ausencia

de datos y razonamientos específicos que le permitan al tribunal

decidir que en efecto existe una clara necesidad para ello. La mera

alegación, escueta y concluyente, de un patrón de maltrato psicológico

en la acusación, en esta etapa de los procedimientos no establece la

necesidad de la extensa evaluación psicológica de la alegada víctima

por el propio acusado que éste interesa llevar a cabo, sobre todo cuando

ahora es claro que dicha alegación no es un elemento necesario del

delito imputado, por lo que en el juicio pendiente el Ministerio Público

puede incluso obviar pasar prueba sobre esta alegación. Aunque el

derecho al descubrimiento de prueba del acusado es consustancial con

el derecho de todo acusado a defenderse en un proceso criminal en su

contra, dicho derecho está particularmente limitado cuando incide

sobre el derecho a la intimidad de la víctima. En Pueblo v. Arocho,

supra, a la pág. 769, hicimos hincapié en que los acusados no tienen

carta blanca para someter indiscriminadamente a las víctimas de abuso

sexual a exámenes y pruebas científicas involuntarias. Ello aplica

también a las víctimas de violencia doméstica. Como ya señaláramos

antes, “la violencia doméstica es un mal endémico y una infamia

repudiable que aqueja a la sociedad contemporánea”. San Vicente v.

Policía de P.R., 142 D.P.R. 1, 2 (1996). A ese mal no debemos añadirle

la posibilidad de que se injurie a la perjudicada aún más con extensos

exámenes psicológicos por el propio acusado que pueden ser intimidantes

y violativos de su intimidad. Ciertamente no debemos permitir que se

procure tal examen como un medio de hostigar e intimidar a la

perjudicada, mediante una evaluación de diez (10) a quince (15) horas por su propio perito, como la que pretende el recurrido aquí. Acceder

indiscriminadamente a evaluaciones psicológicas como la que aquí se

interesa, puede convertirse en un motivo más para que las víctimas de

violencia doméstica desistan de sus querellas, lo que podría derrotar

el propósito de la Ley de Violencia Doméstica. Por ello, el examen

psicológico involuntario de la víctima en estos casos sólo debe

permitirse cuando existan razones decisivas que claramente lo

justifiquen. En el caso de autos, no existen tales razones. El recurrido

no demostró la clara necesidad y justificación para la evaluación en

cuestión ante el foro de instancia; y la razón ofrecida para ello por

el foro apelativo no pasa de ser vaga y concluyente.

Para que no se malentienda nuestra posición, debe reiterarse que

si el acusado logra establecer de antemano que la condición mental de

la víctima ha de ser concretamente una cuestión medular en el caso penal

en su contra, o si en efecto el Ministerio Público sigue adelante con

sus peritos psicológicos e intenta probar que medió violencia mental,

entonces el recurrido debe tener a su disposición obtener una evaluación

psicológica por un perito del tribunal, antes de continuar con la prueba

de defensa, si el foro de instancia estima que ello es necesario. Como

hemos señalado ya, la propia Regla 59 de Evidencia permite el

nombramiento de tal perito aun “durante el transcurso del juicio.” Por

ello, el acusado tiene aún esta opción, junto a los varios otros medios

mencionados antes, para defenderse adecuadamente, si comenzado el

juicio el Ministerio Público en efecto intenta probar que el acusado

incurrió en violencia psicológica. Mediante el examen de la perjudicada

por un perito del Tribunal, cuya imparcialidad sea incuestionable, se

evita el riesgo real de que ésta pueda ser hostigada o sujeta a una

injustificada intromisión psicológica a través de dicho examen, como podría suceder si el examen lo realiza el perito contratado por el

acusado. El uso del perito del Tribunal asegura que el examen mental

no será hostigante, y que será lo menos intrusivo posible. Así se

satisfacería puntillosamente el debido proceso de ley, a la vez que se

protege la intimidad de la perjudicada al máximo posible. Una mayoría

de este Tribunal, sin embargo, ni siquiera considera esta opción,

excepto como una medida secundaria. Su celo por proteger al acusado a

toda costa le hace perder de vista que los derechos de éste pueden

protegerse adecuadamente, a la vez que se salvaguardan también los de

la víctima. El decreto mayoritario carece del balance que la situación

exige; atiende sólo los intereses del acusado cuando muy bien ello puede

hacerse sin abrir la puerta a que la víctima sea objeto de otro atropello

más. Con su aprobación indiscriminada del examen mental en cuestión en

esta etapa de los procedimientos, la mayoría del Tribunal no demuestra

gran sensibilidad por proteger a la mujer perjudicada, que es la víctima

en casi la totalidad de los muchos casos de violencia doméstica que

acontecen a diario en el país. Su dictamen unilateral a favor sólo del

acusado no es de modo alguno cónsono con la clara posición que habíamos

sostenido antes no sólo de combatir verticalmente el odioso discrimen

contra la mujer, sino, además, de luchar contra esa endémica y

repudiable infamia que es la violencia doméstica. Es por ello, y por

todo lo anterior, que disiento.

JAIME B. FUSTER BERLINGERI JUEZ ASOCIADO EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

v. CC-2000-1004

Voto particular emitido por la Juez Asociada señora NAVEIRA DE RODÓN uniéndose a la Opinión disidente del Juez Asociado señor FUSTER BERLINGERI

San Juan, Puerto Rico, a 11 de marzo de 2002

Emitimos este voto particular para exponer brevemente

los motivos adicionales que nos motivan a no suscribir el

criterio mayoritario.

Al recurrido, Sr. Osvaldo Ríos Alonso, se le imputó

haberle causado daño físico y/o emocional a la alegada

víctima, tras incurrir en un patrón de maltrato físico y

psicológico contra ésta, en violación al Art. 3.1 de la

Ley de Prevención en Intervención contra la Violencia

Doméstica, Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, 8 L.P.R.A. § 601 et seq. (en adelante Ley

54). Ante esta acusación, la defensa solicitó al tribunal de instancia

que se le permitiese someter a la alegada víctima a un examen

psicológico. El foro de instancia declaró con lugar esta solicitud.

El Procurador General acudió en revisión de esta determinación ante

el Tribunal de Circuito de Apelaciones, el cual confirmó al foro de

instancia, señalando que el acusado tenía necesidad de esa evaluación

para defenderse adecuadamente del delito imputado. La mayoría confirma

este dictamen del Tribunal de Circuito señalando que dicha evaluación

es indispensable para salvaguardar el debido procedimiento de ley del

acusado.

No podemos suscribir este criterio. Nos parece que, como muy bien

señala la Opinión disidente suscrita por el Juez Asociado señor Fuster

Berlingeri, no se ha demostrado en este caso la clara necesidad y

justificación para la evaluación sicológica de la perjudicada. No

obstante, consideramos de vital importancia aclarar un factor

adicional que nos mueve a disentir de la Opinión mayoritaria. Somos

del criterio de que la existencia de grave daño emocional no es un

elemento del delito de maltrato mediante violencia psicológica, según

tipificado en el Art. 3.1 de la Ley 54.

Para entender claramente este planteamiento es necesario hacer

un análisis breve, pero cuidadoso, de los Arts. 3.1 y 1.3(l) de la Ley

54. Veamos.

El Art. 3.1 de la Ley 54 dispone, en lo pertinente, lo siguiente:

Toda persona que empleare fuerza física o violencia psicológica intimidación o persecución en la persona de su cónyuge, ex cónyuge, o la persona con quien cohabita o haya cohabitado, o la persona con quien sostuviere o haya sostenido una relación consensual, o la persona con quien haya procreado un hijo o hija, para causarle daños físico... o para causarle grave daño emocional... será sancionada con pena de reclusión.... 8 L.P.R.A. § 631 (Énfasis suplido)

Del texto de este artículo se desprende con meridiana claridad

que existen dos (2) modalidades de maltrato, que constituyen la

conducta punible bajo esta disposición legal. Estas son: que la persona

acusada haya empleado o usado (1) fuerza física ó (2) violencia

psicológica. A su vez, dicha fuerza física o violencia psicológica

tiene que ser (a) dirigida hacia la alegada víctima, y (b) con el

propósito de causarle a ésta daño físico o grave daño emocional.

El alcance de los elementos requeridos para que se configure el

delito de maltrato mediante fuerza física los expusimos claramente en

Pueblo v. Figueroa Santana, res. el 23 de julio de 2001; 154

D.P.R._____(2001), 2001 T.S.P.R. 112, 2001 JTS 115. Por su parte, el

Art. 1.3(l) define la violencia psicológica como:

[U]n patrón de conducta constante ejercitada en deshonra, descrédito o menosprecio al valor personal, limitación irrazonable al acceso y manejo de los bienes comunes, chantaje, vigilancia constante, aislamiento, privación de acceso a alimentación o descanso adecuado, amenazas de privar de la custodia de los hijos o hijas, o destrucción de objetos preciados de la persona, excepto aquellos que pertenecen privativamente al ofensor. 8 L.P.R.A. § 602(l).

Un examen integrado de los Arts. 3.1 y 1.3(l) de la Ley 54 nos

lleva a la conclusión de para que se configure el delito de maltrato

mediante violencia psicológica no es necesario que el Ministerio

Público pruebe, como elemento del delito, que la víctima ha sufrido

efectivamente un grave daño emocional. Lo que hay que probar es que

la persona acusada ha incurrido en cualquiera de las conductas que según

el Art. 1.3 antes citado, es constitutiva de “violencia psicológica”,

y además que se pruebe que la persona que incurrió en esa conducta actuó con la intención de causar grave daño emocional a la víctima, según

lo dispone el Art. 3.1.

Así pues, el “grave daño emocional” es un elemento de intención

del delito de maltrato mediante violencia psicológica. Se refiere al

estado mental de la persona acusada, no al estado mental de la víctima.

Siendo así, el Ministerio Público no tiene que establecer como un

elemento de este delito que la víctima efectivamente sufrió “grave daño

emocional”. La razón es lógica y sencilla: no todas las personas

víctimas de violencia doméstica reaccionan de la misma manera ante la

conducta violenta de su compañero o compañera. Interpretar que para

que se configure el delito de maltrato mediante violencia psicológica

es necesario que se pruebe que la víctima efectivamente sufrió un daño

emocional, o la extensión del mismo, es tanto como decidir que una

persona que emocionalmente tenga más capacidad o fuerza para resistir

el daño emocional o psicológico que pueda causarle la conducta de su

compañero o compañera, está fuera del alcance de la protección que

ofrece la Ley 54 contra este tipo de maltrato.

Esta conclusión choca de frente con los propósitos claros de esta

Ley. Lo que castiga el Art. 3.1 es que la persona acusada haya incurrido

en la conducta tipificada; la comisión del delito no depende ni puede

depender de la severidad del daño que efectivamente se logre causar

a la víctima.

No perdemos de vista de que la Ley define el término “grave daño

emocional” desde la perspectiva de los sentimientos de “miedo

paralizador, desamparo y desesperanza, inseguridad, desvalidez,

aislamiento, autoestima debilitada u otra conducta similar...”

experimentados por la víctima del delito. 8 L.P.R.A. § 602(c). Sin

embargo, el que la ley defina el término “grave daño emocional” de esta forma no significa que la prueba de dicho daño es elemento esencial

del delito tipificado en el Art. 3.1. De hecho, la letra de dicha

disposición es clara en cuanto que el “grave daño emocional” es un

elemento de intención.

La definición de un concepto no equivale a establecer un elemento

de un delito. 21 Sin embargo, tampoco estamos sosteniendo que la

definición de grave daño emocional contenida en la Ley 54 no tiene

ningún efecto práctico. Precisamente, los elementos contenidos en

dicha definición sirven de guía para establecer si la conducta

incurrida por la persona acusada de maltrato mediante violencia

psicológica puede provocarle esa clase de sentimientos a la víctima.

Pero es claro que nada en la Ley 54 sostiene la conclusión de que se

requiere probar que la víctima efectivamente sufrió ese tipo de daño.22

Por lo tanto, un acusado no tiene en principio, un derecho absoluto

bajo el debido procedimiento de ley a realizar una evaluación

21 Idéntico razonamiento utilizamos recientemente en Pueblo v. Figueroa Santana, supra, donde señalamos lo siguiente:

El hecho de que en la Ley se defina violencia doméstica como un patrón de conducta constante, no significa que el Art. 3.1 requiera que la fuerza física utilizada en un incidente particular sea parte de un patrón de conducta relacionado. No es lo mismo el concepto violencia doméstica, que es lo que define el Art. 1.3(k), que fuerza física como elemento del delito de maltrato tipificado en el Art. 3.1 de la Ley 54. La violencia doméstica, como concepto, se manifiesta generalmente en un patrón de conducta consistente en agresión, maltrato físico, verbal y psicológico. No significa esto que el legislador haya pretendido, en forma alguna, limitar la fuerza física que se requiere para cometer el delito de maltrato a que se pruebe el patrón de conducta constante que, como regla general, implica el concepto violencia doméstica. 22 La existencia del grave daño emocional puede ser un elemento a considerar para otros fines, como por ejemplo, la posibilidad de que la persona convicta de violencia doméstica cualifique para un programa de desvío, en tanto y en cuanto la propia ley establece que al tomar esta determinación, “el tribunal tomará en consideración la opinión psicológica de la víctima cuando se alega que el acusado ha incurrido

en maltrato psicológico, o le ha causado a la víctima grave daño

emocional. Para efectos de argumentación, esta información no es en

nada relevante como defensa para el acusado, si lo que éste pretende

establecer es que la alegada víctima no sufrió daño emocional alguno.

Lo que tiene que establecer como defensa la persona acusada de maltrato

mediante violencia psicológica es que no incurrió en la conducta

constitutiva de violencia psicológica, o que no actuó con la intención

de causar grave daño emocional.23

Ahora bien, si el Ministerio Público, aunque no viene obligado

a hacerlo, decide ofrecer prueba pericial de que efectivamente la

alegada víctima ha sufrido un grave daño emocional, el acusado tendría

derecho a evaluar psicológicamente a la víctima, si demuestra la

necesidad de dicho examen para defenderse adecuadamente.

En este caso, el Ministerio Público decidió ofrecer prueba

pericial sobre el daño psicológico y/o emocional sufrido por la alegada

víctima. El acusado solicitó evaluarla entonces con su propio perito,

pero entendemos que el acusado no sostuvo adecuadamente la necesidad

de dicha prueba para su defensa. El hecho de que el Ministerio Público

haya imputado en la acusación que efectivamente se le causó a la víctima

un daño emocional no activa automáticamente un derecho bajo el debido

________________________ de la víctima sobre si se le debe conceder o no este beneficio.” 8 L.P.R.A. § 636. 23 Cabe señalar además, que la intención de causar grave daño emocional debe ser evaluada bajo un criterio objetivo, es decir, no basta la mera alegación de la persona acusada de que su intención no era causarle daño emocional a la víctima para que no se configure el delito de maltrato mediante violencia psicológica. Es necesario evaluar si, bajo las normas de conducta y criterios aceptados razonablemente por la sociedad, de la conducta de la persona acusada se puede o no desprender la intención de causar grave daño emocional. procedimiento de ley a que el acusado realice una evaluación

psicológica de la víctima. Como bien señala la Opinión disidente del

Juez Fuster Berlingeri, la procedencia o no de dicha evaluación

dependerá de la prueba que a esos efectos desfile el Ministerio Público.

Al fin y al cabo, al no ser un elemento del delito, el Ministerio Público

podría optar por no presentar prueba alguna de la existencia de grave

daño emocional, por lo que coincidimos con el criterio de que ordenar

a piori una evaluación psicológica de la víctima añadiría una pesada

carga a los ya difíciles y sensibles casos de violencia doméstica.

Por todas estas razones, emitimos este voto particular disidente

y suscribimos el criterio expuesto por el Juez Asociado señor Fuster

Berlingeri en su disenso.

Miriam Naveira de Rodón Juez Asociada