EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Richard de Jesús Viñas y otros
Demandantes-peticionarios Certiorari
vs. 2007 TSPR 43
Romualdo González Lugo y 170 DPR ____ otros
Demandados-recurridos
Número del Caso: CC-2005-822
Fecha: 9 de marzo de 2007
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Caguas
Panel integrado por su Presidente, el Juez Sánchez Martínez, la Juez Cotto Vives y el Juez Vivoni del Valle
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Alejandro Comporreale Mundo Lcdo. Modesto L. Rodríguez Suárez Lcda. Vanessa Medina Romero
Abogada de la Parte Recurrida:
Lcda. Clotilde M. Picart Laguer
Materia: Cobro de Dinero
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Demandantes-peticionarios
vs. CC-2005-822 CERTIORARI
Romualdo González Lugo y otros
OPINIÓN DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LÓPEZ
San Juan, Puerto Rico, a 9 de marzo de 2007
El 23 de octubre de 2001 Richard de Jesús
Viñas y Aida E. Rivera Velázquez presentaron ante
el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior
de Caguas, una demanda sobre cobro de dinero,
daños e incumplimiento de contrato --por una obra
de construcción no terminada-- en contra de “The
House Factory, Inc.,” Romualdo González Lugo y
Francisco Moll Quiñones, entre otros.1 En ésta
1 Del epígrafe de la demanda surge que se incluyeron como partes demandadas a la esposa de Romualdo González Lugo, la esposa de Francisco Moll Quiñones, sus respectivas sociedades de bienes gananciales y ciertas compañías de seguro de nombre desconocido. De igual forma, surge de la demanda que Romualdo González Lugo fue demandado en calidad de presidente y único accionista de la compañía en cuestión, al momento de los hechos, mientras que Francisco Moll Quiñones en calidad de empleado y representante de la misma. CC-2005-822 3
reclamaron el pago de ciertas sumas de dinero por el
incumplimiento del contrato de arrendamiento de obras
suscrito con “The House Factory, Inc.,”.2
Los emplazamientos dirigidos a Romualdo González Lugo
y a “The House Factory, Inc.,” fueron diligenciados el 21
de junio de 2002.3 Transcurrido el término dispuesto en las
Reglas de Procedimiento Civil sin que Romualdo González
Lugo y “The House Factory, Inc.,” presentaran sus
respectivas contestaciones a la demanda, la parte
demandante-peticionaria solicitó del tribunal de instancia
que anotara la rebeldía de éstos. Conforme a lo
solicitado, el 5 de septiembre de 2002, el Tribunal de
Primera Instancia anotó la rebeldía de las partes co-
demandadas en cuestión.
Luego de estimarse como no radicada, por falta de
aranceles, una moción de desestimación presentada por
Romualdo González Lugo por conducto del Lic. Félix A.
2 Previo a la presentación de la demanda ante el Tribunal de Primera Instancia, Richard De Jesús Viñas acudió ante el DACO mediante querella sobre incumplimiento de contrato en contra de “The House Factory, Inc.,” y Francisco Moll Quiñones. Dicha agencia emitió una resolución en la cual ordenó a “The House Factory, Inc.,” satisfacer a Richard De Jesús Viñas la suma de $83,568.00. “The House Factory, Inc.,” no cumplió con la orden emitida. 3 El Tribunal de Primera Instancia le concedió a la parte demandante-peticionaria una prórroga para llevar a cabo el diligenciamiento de los emplazamientos. En el expediente constan las copias de los emplazamientos diligenciados a Romualdo González Lugo y a “The House Factory, Inc.,” debidamente juramentados por el señor Raúl Urrutia. El emplazamiento de Francisco Moll Quiñones, luego de solicitada la correspondiente autorización del Tribunal de Primera Instancia, fue realizado mediante edictos. CC-2005-822 4
Rodríguez Mejia4, el 30 de septiembre de 2002 la parte
demandante-peticionaria solicitó que se dictara sentencia
en rebeldía en contra de Romualdo González Lugo y “The
House Factory, Inc.,” por la suma reclamada en la demanda.
Una vez celebrada la vista en rebeldía y presentada la
evidencia documental en apoyo a la cuantía solicitada, el
22 de enero de 2003 el Tribunal de Primera Instancia dictó
sentencia ordenándole a los demandados satisfacer, en
forma solidaria, $146,151.46 a la parte demandante-
peticionaria.5 Dicha sentencia le fue notificada a las
partes el 14 de febrero de 2003 y publicada mediante
edicto en un periódico de circulación general los días 27
y 28 de febrero y 1 de marzo de 2003. Copia de la
4 Romualdo González Lugo –-por conducto del Lic. Félix A. Mejía Rodríguez—- presentó una moción de desestimación sin someterse a la jurisdicción del tribunal en la cual adujo, en síntesis, que no había sido emplazado en el caso. La parte demandante-peticionaria se opuso a la misma alegando que Romualdo González Lugo fue debidamente emplazado y que ello así consta de la copia del emplazamiento que fue diligenciado. El Tribunal de Primera Instancia no proveyó nada al respecto debido a que la moción de desestimación le fue devuelta a la parte demandada en cuestión y se consideró, para todos sus efectos, como no radicada por falta de aranceles. No surge del expediente que la deficiencia arancelaria detectada fuera corregida. 5 La suma total concedida se compone de las siguientes partidas: 1. $83,568.00 concedidos por el DACO mediante resolución; 2. $7,583.46 por concepto de intereses devengados según dispuestos en la resolución del DACO; y 3. $55,000.00 por concepto de gastos incurridos para reparar defectos de construcción y terminar la obra abandonada. Esta última partida, ascendente a $55,000.00, no fue incluida en la resolución del DACO. La sentencia también fue dictada en contra de Francisco Moll Quiñones, quien para la fecha había sido emplazado mediante edictos y no había comparecido ante el tribunal. CC-2005-822 5
sentencia publicada por edictos le fue enviada por la
parte demandante-peticionaria al representante legal de
Romualdo González Lugo, el Lic. Félix A. Rodríguez Mejía.
Tras varios incidentes procesales --entre éstos una
moción por parte de Lic. Félix A. Rodríguez Mejía
solicitando disculpas por su pobre manejo del caso a causa
de una depresión crónica-- el 9 de junio de 2003 Romualdo
González Lugo presentó ante el Tribunal de Primera
Instancia una moción de relevo de sentencia bajo la Regla
49.2 de las de Procedimiento Civil. En ésta alegó que
tenía a su haber varias defensas afirmativas que
justificaban dejar sin efecto la sentencia impuesta, a
saber, falta de emplazamiento e inexistencia de relación
contractual con “The House Factory, Inc.,” al momento de
los hechos. Luego de la oportuna oposición de la parte
demandante-peticionaria a la solicitud de relevo de
sentencia, el Tribunal de Primera Instancia denegó la
misma mediante orden emitida el 30 de junio de 2003 y
notificada el 2 de julio de 2003.
Insatisfecho, el 27 de octubre de 2003 Romualdo González
Lugo acudió –-mediante recurso de apelación-- ante el
Tribunal de Apelaciones, aduciendo, en lo pertinente, que
el tribunal de instancia erró al denegar la moción de
relevo presentada.6 Dicho foro, luego de acoger el recurso
6 Previo a acudir ante el Tribunal de Apelaciones, a nivel de instancia ya había comenzado el proceso de ejecución de sentencia. Como parte de dicho proceso y en cumplimiento (Continúa . . .) CC-2005-822 6
como uno de certiorari, denegó su expedición mediante
resolución emitida el 30 de agosto de 2004 y notificada el
13 de septiembre de 20047; ello por haberse presentado el
recurso fuera del término de 30 días reglamentario, sin
que se demostrase justa causa para la demora. Dicho foro
sostuvo que la condición mental alegadamente padecida por
el Lic. Félix A. Rodríguez Mejía no constituía justa
causa, pues aún contando el término a partir del 3 de
agosto de 2003 --fecha hasta la cual el récord médico
indicaba que el abogado estuvo inhabilitado-- el recurso
fue radicado fuera del plazo de 30 días de cumplimiento
estricto.
__________________________ con las órdenes del tribunal, el 19 de septiembre de 2003 Romualdo González Lugo compareció ante el tribunal para una toma de deposición en aseguramiento de sentencia asistido por el Lic. Félix A. Rodríguez Mejía. Del expediente no surge que en dicha ocasión el Lic. Félix A. Rodríguez Mejía se encontrara inhabilitado para ejercer sus funciones. 7 Antes de que el tribunal apelativo intermedio denegara la expedición del recurso, la parte demandante-peticionaria presentó ante dicho tribunal una solicitud de desestimación por falta de jurisdicción. Sostuvo que Romualdo González Lugo acudió en revisión de la sentencia dictada por el tribunal de instancia en rebeldía y no de la denegatoria a la moción de relevo de sentencia, por lo cual, el recurso apropiado era el de apelación y el término aplicable el de 30 días jurisdiccional. El Tribunal de Apelaciones, conforme a lo resuelto en Ortalaza García v. F.S.E., 116 D.P.R. 700 (1985) y en Ortiz v. U. Carbide Grafito, Inc., 148 D.P.R. 860 (1999)(Sentencia), acogió el recurso como uno de certiorari por tratarse, en esencia, de una revisión de la denegatoria a la moción de relevo de sentencia. De una lectura del recurso presentado ante el Tribunal de Apelaciones se deduce que Romualdo González Lugo señaló como error que el tribunal de instancia haya denegado el relevo solicitado. CC-2005-822 7
El 19 de octubre de 2004 –-36 días luego de notificada
la resolución antes mencionada-- Romualdo González Lugo
presentó una moción de reconsideración ante el tribunal
apelativo intermedio. En ésta adujo que la justificación a
la tardanza surgía del propio recurso, entiéndase, la
condición mental crítica de su abogado. Luego de
considerar la moción de reconsideración presentada, el
Tribunal de Apelaciones --mediante sentencia emitida el 29
de abril de 2005-- dejó sin efecto la resolución
denegatoria que había emitido y revocó la resolución del
Tribunal de Primera Instancia denegatoria de la moción de
relevo de sentencia. En consecuencia, ordenó la
continuación de los procedimientos ante el Tribunal de
Primera Instancia.
La parte demandante-peticionaria presentó una moción
de reconsideración ante el Tribunal de Apelaciones en la
cual sostuvo, en lo pertinente, que el tribunal apelativo
intermedio carecía de jurisdicción para atender la
solicitud de reconsideración presentada por Romualdo
González Lugo, pues ésta se presentó fuera del término
jurisdiccional de 15 días dispuesto en la Regla 84 del
Reglamento del Tribunal de Apelaciones. El tribunal
apelativo intermedio denegó la reconsideración solicitada,
determinado que la moción de reconsideración tardíamente
presentada por Romualdo González Lugo el 19 de octubre de
2004 había sido acogida por dicho foro como una moción de CC-2005-822 8
relevo de sentencia, por lo cual su presentación fue
oportuna.
Inconforme, la parte demandante-peticionaria acudió
–-mediante recurso de certiorari-- ante este Tribunal.
Alega, en lo pertinente, que procede revocar la sentencia
emitida por el foro apelativo intermedio debido a que éste
incidió:
… al atender la solicitud de reconsideración presentada por el recurrido por haberse radicado fuera del término jurisdiccional de quince (15) días dispuesto en la Regla 84 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.
Expedimos el recurso; estando en condiciones de
resolverlo, procedemos a así hacerlo.
I
La Regla 84 (a) del Reglamento del Tribunal de
Apelaciones expresamente dispone que “cualquier moción de
reconsideración… deberá ser presentada dentro del plazo
improrrogable de 15 días contados a partir del archivo en
autos de copia de la notificación de la resolución o
sentencia del Tribunal de Apelaciones”.8 Según se colige
del propio texto de la regla antes mencionada, el término
dispuesto para la presentación de una moción de
reconsideración es jurisdiccional. Véase: Junta de
8 A pesar de que el Reglamento del Tribunal de Apelaciones fue enmendado en el año 2004, los cambios realizados no alteraron la disposición aquí citada respecto al término para la presentación de una moción de reconsideración. CC-2005-822 9
Planificación v. Frente Unido, res. el 26 de agosto de
2005, 2005 T.S.P.R. 117. “Se trata de un plazo que las
reglas caracterizan como "improrrogable", lo cual
significa que es jurisdiccional.” H.A. Sánchez Martínez,
Práctica Jurídica de Puerto Rico; Derecho Procesal
Apelativo, § 4302 Término para presentar la moción de
reconsideración, Lexis de Puerto Rico, 2001.
Su carácter fatal priva de jurisdicción al Tribunal
de Apelaciones pues, “[e]n el caso de términos
improrrogables, los tribunales carecen de jurisdicción
para entender en el planteamiento si los referidos
escritos se presentan fuera de término”. R. Hernández
Colón, Derecho Procesal Civil, San Juan, Ed. Michie, 1997,
pág. 155. Ello debido a que el término jurisdiccional,
contrario a un término de cumplimiento estricto, es fatal,
improrrogable, insubsanable, no puede acortarse, no es
susceptible de extenderse, ni puede eximirse por causa
justificada. Jorge E. Martínez, Inc. v. Abijoe Realty
Corp., 151 D.P.R. 1 (2000).
En el caso ante nuestra consideración, Romualdo
González Lugo presentó su moción de reconsideración el 19
de octubre de 2004, 36 días después del archivo en autos
de copia de la notificación de la resolución emitida por
el Tribunal de Apelaciones. Ello, de ordinario, sería
suficiente para decretar que el Tribunal de Apelaciones no
tenía jurisdicción para entender en el escrito de
reconsideración radicado por Romualdo González Lugo. CC-2005-822 10
B
No obstante, lo anteriormente expresado no dispone
del presente recurso. Como antes expresáramos el Tribunal
de Apelaciones resolvió que, aun cuando había transcurrido
el término para presentar la moción de reconsideración,
tenían jurisdicción por razón de que el escrito radicado
fue acogido como una moción de relevo de sentencia. En
apoyo de dicha posición, el foro apelativo intermedio citó
la jurisprudencia de este Tribunal que le permite a un
tribunal de instancia considerar una moción de
reconsideración como una de relevo de sentencia, aún
después de haber transcurrido el término para considerar
la reconsideración o aún después de haber advenido final y
firme la sentencia, si dicha moción cumple con los
requisitos establecidos en la Regla 49.2 de las de
Procedimiento Civil. Véase Pagán Navedo v. Rivera Sierra,
143 D.P.R. 314 (1997); Vega Maldonado v. Alicea Huacuz,
145 D.P.R. 236 (1998); Reyes Díaz v. E.L.A., 155 D.P.R.
799 (2001).9
Por tal razón, nos corresponde resolver si la Regla
49.2 de las de Procedimiento Civil, sobre relevo de
sentencia, es aplicable a las sentencias u órdenes
9 Precisamente, en Vega Maldonado v. Alicea Huacuz, ante, la parte afectada por una determinación del tribunal de instancia presentó una moción de reconsideración fuera del término jurisdiccional aplicable y expusimos que nada le impedía al tribunal acoger la reconsideración tardía como una moción de relevo de sentencia al amparo de la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil. CC-2005-822 11
emitidas por el Tribunal de Apelaciones. Luego de un
examen minucioso del texto de la Regla 49.2, su naturaleza
y su jurisprudencia interpretativa, concluimos que ésta
sólo se encuentra disponible para sentencias,
procedimientos u órdenes emitidas por el Tribunal de
Primera Instancia. Veamos.
II
La Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, 32
L.P.R.A. Ap. III, establece que:
Mediante moción y bajo aquellas condiciones que sean justas, el tribunal podrá relevar a una parte o a su representante legal de una sentencia, orden o procedimiento por las siguientes razones: (1) Error, inadvertencia, sorpresa, o negligencia excusable; (2) descubrimiento de evidencia esencial que, a pesar de una debida diligencia, no pudo haber sido descubierta a tiempo para solicitar un nuevo juicio de acuerdo con la Regla 48; (3) fraude (incluyendo el que hasta ahora se ha denominado intrínseco y también el llamado extrínseco), falsa representación u otra conducta impropia de una parte adversa; (4) nulidad de la sentencia; (5) la sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha cumplido con ella, o la sentencia anterior en que se fundaba ha sido revocada o de otro modo dejada sin efecto, o no sería equitativo que la sentencia continuara en vigor, o (6) cualquier otra razón que justifique la concesión de un remedio contra los efectos de una sentencia. Las disposiciones de esta regla no serán aplicables a las sentencias dictadas en pleitos de divorcio, a menos que la moción se funde en los incisos (3) o (4). La moción se presentará dentro de un término razonable, pero en ningún caso después de transcurridos seis (6) meses de haberse registrado la sentencia u orden o haberse llevado a cabo el procedimiento. Una moción bajo CC-2005-822 12
esta Regla 49.2 no afectará la finalidad de una sentencia, ni suspenderá sus efectos. Esta regla no limita el poder del tribunal para: (a) Conocer de un pleito independiente con el propósito de relevar a una parte de una sentencia, orden o procedimiento; (b) conceder un remedio a una parte que en realidad no hubiere sido emplazada, y (c) dejar sin efecto una sentencia por motivo de fraude al tribunal. Mientras esté pendiente una apelación o un recurso de certiorari de una resolución final en procedimiento de jurisdicción voluntaria, el tribunal apelado no podrá conceder ningún remedio bajo esta regla, a menos que sea con el permiso del tribunal de apelación. Una vez que el tribunal de apelación dicte sentencia, no podrá concederse ningún remedio bajo esta regla que sea inconsistente con el mandato, a menos que se obtenga previamente permiso para ello del tribunal de apelación. En ambos casos, la moción de relevo deberá siempre presentarse ante el tribunal apelado dentro del término antes señalado, y si éste determina que estaría dispuesto a conceder el remedio, se acudirá entonces ante el tribunal de apelación en solicitud del referido permiso. (Énfasis suplido).
Según se infiere del texto antes transcrito, la
propia Regla 49.2 “presta particular atención a
situaciones en que se solicita el relevo de una sentencia
cuando ya se encuentra pendiente su apelación o revisión
ante el foro apelativo, o cuando ya se ha realizado tal
apelación o revisión. Dispone que el tribunal apelado o
revisado no puede conceder el relevo solicitado sin el
permiso del tribunal apelativo o revisor”. Piazza v. Isla
del Río, Inc., res. 31 de enero de 2003, 2003 T.S.P.R. 7.
“El requisito sobre la solicitud de permiso al tribunal
apelativo o revisor va dirigido a salvaguardar aspectos
jurisdiccionales. Se trata de devolverle, de forma CC-2005-822 13
limitada, la jurisdicción al foro de instancia para que
entienda en el asunto”. Pagán Navedo v. Rivera Sierra, 143
D.P.R. 314, 328(1997).
Aun cuando la citada Regla no hace referencia literal
al tribunal con jurisdicción para entender en primera
instancia en una solicitud de relevo, somos del criterio
que cuando la Regla utiliza los términos “tribunal” y
“tribunal revisado o apelado”, se refiere al Tribunal de
Primera Instancia, y que cuando utiliza el término
“tribunal apelativo o revisor” se refiere al Tribunal de
Apelaciones, tribunal sobre el cual recae el deber de
revisar inicialmente las determinaciones del Tribunal de
Primera Instancia. La única mención de otro tribunal,
distinto al de instancia, es en la medida en que el relevo
se solicite luego de presentado un recurso de apelación o
revisión ante el tribunal apelativo o de dictada una
sentencia por dicho tribunal; situación ante la cual el
tribunal apelativo deberá dar su anuencia con el único
propósito de devolverle jurisdicción al Tribunal de
Primera Instancia, para que sea éste quien entienda en el
relevo solicitado pues, la propia Regla establece que
pendiente una revisión o ya emitida la sentencia por el
tribunal apelativo, la moción debe siempre presentarse
ante el tribunal apelado, entiéndase, el tribunal de
instancia.
De hecho, unas expresiones emitidas por este
Tribunal, en Piazza v. Isla del Río, ante, nota 2, a CC-2005-822 14
nuestro juicio claramente establecen que la Regla 49.2 va
dirigida únicamente a las sentencias, órdenes o
procedimientos del Tribunal de Primera Instancia. Allí,
ante alegaciones de que el término “procedimiento”
utilizado en la regla se refiere al procedimiento ante el
tribunal apelativo, manifestamos que:
“… [a]l examinarse integralmente el texto de la regla referida es claro que las dos menciones que se hacen en dicha Regla del “procedimiento” se refieren al mismo evento, que en ningún caso es a nivel apelativo. No se trata de una apelación o revisión. Se refiere únicamente a algún procedimiento ante el foro de instancia de cuyos efectos la parte afectada interesa ser relevada. La letra de la Regla es patentemente clara en este sentido…”.
En segundo término, el Reglamento del Tribunal de
Apelaciones –-el cual rige los procedimientos ante dicho
tribunal—- en modo alguno le reconoce facultad al tribunal
apelativo intermedio para entender en una moción de relevo
de sentencia. Dicho reglamento tampoco incorpora la Regla
49.2 de las de Procedimiento Civil entre sus
disposiciones. A pesar de que el tribunal apelativo
intermedio forma parte del Tribunal General de Justicia y
las Reglas de Procedimiento Civil van dirigidas a los
procedimientos celebrados ante dicha entidad10, ello no
significa que todas las figuras incorporadas y reguladas
mediante las Reglas de Procedimiento Civil se encuentran
10 Véase Artículo 2.001 de la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, 4 L.P.R.A. § 24b, y Regla 1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. CC-2005-822 15
disponibles en los procesos ante el Tribunal de
Apelaciones, salvo que la propia regla disponga
explícitamente lo contrario.
La naturaleza y el propósito de ambos tribunales son
distintos. Mientras que en el Tribunal de Primera
Instancia se da la presentación de la prueba y el
encuentro entre las partes involucradas, en el tribunal
apelativo intermedio la función se limita a la revisión de
los procedimientos llevados a cabo ante el tribunal de
instancia. En ello precisamente estriba el que ambos
tribunales no puedan regirse automáticamente por las
mismas reglas. La aplicación automática de las Reglas de
Procedimiento Civil al Tribunal de Apelaciones
definitivamente desvirtuaría la naturaleza del proceso
apelativo, el cual debe caracterizarse por la justicia
apelativa rápida y efectiva.
Lo cierto es que este Tribunal estableció las normas
que rigen el proceso ante el Tribunal de Apelaciones
mediante reglamento especial e incorporó y adecuó al
proceso apelativo distintas figuras de las Reglas de
Procedimiento Civil. A modo de ejemplo, podemos mencionar
la sustitución de partes, el desistimiento, y la moción de
reconsideración.
La no inclusión de la Regla 49.2 de las de
Procedimiento Civil, como un remedio posterior a las
sentencias u órdenes emitidas por el Tribunal de
Apelaciones, no se debió a un mero error o inadvertencia, CC-2005-822 16
sino más bien al convencimiento, de parte de este
Tribunal, de que la moción de relevo de sentencia y sus
pormenores son contrarios al proceso apelativo y sus
delimitaciones. Sabido es que la Regla 49.2 provee un
mecanismo procesal post sentencia para impedir que
tecnicismos y sofisticaciones frustren los fines de la
justicia e incorpora la facultad de los tribunales para
dejar sin efecto alguna sentencia u orden suya por causa
justificada. Ortiz Serrano v. Ortiz Díaz, 106 D.P.R. 445
(1977); Reyes Díaz v. E.L.A., ante; Piazza v. Isla del
Río, ante.
Mediante la referida disposición reglamentaria una
parte puede librarse de los efectos de una sentencia si
logra demostrar la existencia de, al menos, una de las
seis causales estipuladas en la regla. La invocación de
alguna de las causales puede requerir la presentación de
prueba para sustanciarla y, por ende, la celebración de
una vista evidenciara a esos efectos. Ortiz Serrano v.
Ortiz Díaz, ante. De igual forma, hemos reconocido el
derecho de las partes a utilizar las reglas sobre el
descubrimiento de prueba con el objetivo de que éstas se
preparen adecuadamente para la vista evidenciaria sobre el
relevo de la sentencia. G.A.C. Fin. Corp. V. Rodríguez,
102 D.P.R. 213 (1974).
No albergamos duda de que todos los pormenores antes
mencionados van más allá de las funciones delegadas al
Tribunal de Apelaciones, a saber, (a) corregir errores del CC-2005-822 17
tribunal sentenciador; (b) servir como agente catalítico
en las revisiones de la doctrina y de la ley; (c) advertir
sobre problemas que plantea una ley; (d) destacar
situaciones que requieran reglamentarse por la Asamblea
Legislativa; (e) señalar al Tribunal Supremo áreas en que
se hace imperativo el cambio; (f) permitir que el Tribunal
Supremo pueda tener mayor desahogo y pueda servir al
máximo de agente en su función social de pautar e
interpretar el derecho; y (g) ayudar en la congestión de
casos al Tribunal Supremo. H.A. Sánchez Martínez, Práctica
Jurídica de Puerto Rico; Derecho Procesal Apelativo, § 203
El Tribunal de Circuito de Apelaciones, Lexis de Puerto
Rico, 2001. Permitirle al Tribunal de Apelaciones acoger
una moción de relevo de sentencia podría, incluso,
conllevar que las partes introduzcan prueba o elementos a
nivel apelativo que nunca fueron examinados a nivel de
instancia, actuación que desde tiempo inmemorial hemos
vedado. Véase: Autoridad sobre Hogares de Puerto Rico v.
Sagastivelza, 71 D.P.R. 436 (1950); Ortiz v. K.A.
Developers, 136 D.P.R. 192 (1994).
En Vega v. Empresas Tito Castro, 152 D.P.R. 79
(2000), ampliamos el margen de aplicación de la Regla 49.2
de las de Procedimiento Civil a las agencias
administrativas. Sin embargo, la aplicación de dicha regla
al Tribunal de Apelaciones presenta un escenario muy
distinto. En el caso de las agencias administrativas, la
disponibilidad de la moción de relevo, como remedio post CC-2005-822 18
sentencia, en nada afecta el proceso adjudicativo
administrativo, el cual se caracteriza por ser flexible y
menos rígido que el proceso ante los tribunales. Además,
hasta cierto punto, la función adjudicativa de una agencia
administrativa –-a diferencia de la función revisora del
Tribunal de Apelaciones-- se asemeja a la del Tribunal de
Primera Instancia. Pues, de ordinario, en ambos foros la
formulación de una determinación conlleva el
descubrimiento de prueba, la celebración de vistas
evidenciarias y la aquilatación en primera instancia de la
prueba presentada.
Por último, y como mencionáramos antes, la facultad
de acoger una moción de reconsideración como una de relevo
fue reconocida por este Tribunal en Pagán Navedo v. Rivera
Sierra, ante; en Vega Maldonado v. Alicea Huacuz, ante; y
en Reyes Díaz v. E.L.A., ante. De un examen de los hechos
acaecidos en los referidos casos, podemos percatarnos de
que el tribunal involucrado y al cual, en efecto, le
reconocimos la facultad en cuestión fue al Tribunal de
Primera Instancia. Por lo cual, dentro del alcance de
interpretación de nuestra jurisprudencia, el cual gira en
función de los hechos y circunstancias presentes en cada
caso, no podemos avalar la actuación del Tribunal de
Apelaciones en el presente caso de acoger una moción de
reconsideración como una de relevo de sentencia y de
relevar a una parte de una determinación previamente
emitida por dicho foro, en virtud de una reconsideración CC-2005-822 19
presentada tardíamente. Nuestras decisiones anteriores en
modo alguno facultaron al tribunal apelativo a así actuar.
En fin, el Tribunal de Apelaciones carece de
jurisdicción para entender en una moción de relevo de
sentencia y, en consecuencia, para acoger una moción de
reconsideración presentada tardíamente como una de relevo.
Por consiguiente, resolvemos que la presentación de la
moción de reconsideración de Romualdo González Lugo, fuera
del término jurisdiccional de 15 días, privó de
jurisdicción al Tribunal de Apelaciones. Era deber
ineludible del tribunal apelativo intermedio, como celoso
guardián de su jurisdicción, declarar no ha lugar la
reconsideración solicitada por falta de jurisdicción.
Sabido es que ningún tribunal puede abrogarse una
jurisdicción inexistente y que la falta de jurisdicción no
es susceptible de ser subsanada. Souffront Cordero v.
A.A.A., res. el 21 de abril de 2005, 2005 T.S.P.R. 49.
La parte afectada por una sentencia o resolución del
Tribunal de Apelaciones tiene a su haber la moción de
reconsideración ante dicho foro y el recurso de certiorari
ante este Tribunal, pero, claro está, dentro de los
respectivos términos jurisdiccionales dispuestos en la
reglamentación aplicable. Resolver lo contrario sería
alargar aún más el proceso apelativo, en detrimento de la
sana administración de la justicia. CC-2005-822 20
En mérito de lo antes expuesto, resolvemos que el
Tribunal de Apelaciones actuó sin jurisdicción al
considerar la moción de reconsideración presentada por
Romualdo González Lugo y al emitir la sentencia de 29 de
abril de 2005.
Se dictará Sentencia de conformidad.
FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual forma parte íntegra de la presente, se dicta Sentencia dejando sin efecto la emitida por el Tribunal de Apelaciones el 29 de abril de 2005, quedando en efecto la resolución emitida por ese foro el 30 de agosto de 2004 y, por consiguiente, la resolución emitida por la Sala Superior de Caguas del Tribunal de Primera Instancia el 30 de junio de 2003.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri emitió Opinión Concurrente.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Opinión Concurrente emitida por el Juez Asociado señor Fuster Berlingeri.
San Juan, Puerto Rico, a 9 de marzo de 2007.
En varias ocasiones hemos resuelto ya que para
beneficiarse de lo dispuesto en la Regla 49.2 de
Procedimiento Civil de Puerto Rico, sobre relevo de
sentencia, la parte en cuestión tiene que satisfacer
el requisito de haber sido “diligente en todo momento
en la tramitación del asunto de que se trate”. Hemos
hecho hincapié en que una parte que ha acudido al
tribunal y puesto en movimiento la maquinaria
judicial, pero que luego no muestra la diligencia
requerida en continuar con los trámites judiciales de
rigor, no puede pretender ser relevado de las
consecuencias de su comportamiento. Ello es ya norma
reiterada por este Tribunal. Véase, Vega v. Emp. Tito
Castro, Inc., 152 D.P.R. 79, 88 (2000); Neptune CC-2005-822 23
Packing Corp. v. Wackenhut Corp., 120 D.P.R. 283, 292
(1988); Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 D.P.R. 807
(1986).
Es por lo anterior que coincido con lo dictaminado por
la mayoría del Tribunal, aunque por otro fundamento, de que
en el caso de autos el Tribunal de Apelaciones estaba
impedido de considerar como una moción de relevo de
sentencia la moción de reconsideración presentada por la
parte recurrida.
En este caso, el recurrido no fue diligente en la
tramitación de su caso, según surge de los hechos narrados
por la mayoría en su propia Opinión. No cualifica, por ende,
para el beneficio de un relevo de sentencia concedido por el
foro apelativo.
Concurro, pues, con el resultado al que llega la
mayoría en el caso de autos.
Jaime B. Fuster Berlingeri Juez Asociado