EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Cooperativa de Ahorro y Crédito Certiorari Sabaneña
Peticionaria 2011 TSPR 207
v. 184 DPR ____
Jesús Casiano Rivera
Recurrido
Número del Caso: CC-2011-177
Fecha: 30 de diciembre de 2011
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Ponce, Panel VII
Juez Ponente: Hon. Sixto Hernández Serrano
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Gilberto Figueroa Merced
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Héctor Vargas Díaz
Materia: Cobro de Dinero
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Cooperativa de Ahorro y Crédito Sabaneña
Peticionaria CC-2011-0177 v.
Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez
San Juan, Puerto Rico, a 30 de diciembre de 2011
Nos corresponde determinar si una cláusula en un
contrato de adhesión que impone el pago de gastos y
honorarios de abogado en que incurra la parte acreedora en
su gestión de cobro de dinero por incumplimiento del pago
acordado, constituye una cláusula penal. De contestar en
la afirmativa, nos compete discernir si el pago convenido
de treinta y tres por ciento (33%) por concepto de dicha
cláusula resulta razonable o no. Tras examinar la cláusula
y contrato en controversia, la doctrina civilista y la
jurisprudencia de este Tribunal sobre los preceptos de la
contratación entre personas privadas, concluimos que la
mencionada cláusula constituye una cláusula penal válida y
que el cargo de 33% convenido resulta razonable.
I.
El 24 de septiembre de 2005 el señor Jesús Casiano
Rivera solicitó un préstamo personal de veinticinco mil
dólares ($25,000.00) en la Cooperativa de Ahorro y Crédito CC-2011-0177 2
Sabaneña (la Cooperativa). El préstamo fue aprobado el 7
de octubre de 2005 y para evidenciar esa deuda el señor
Casiano Rivera y la Cooperativa firmaron un pagaré. 1 Dicho
pagaré contiene una cláusula que establece una penalidad en
ocasión de que el señor Casiano Rivera incumpla su
obligación contractual. Establece la cláusula:
COSTAS, GASTOS Y HONORARIOS: Nosotros nos obligamos a pagar a la Cooperativa, o al tenedor por endoso de este pagaré, todos los gastos que se incurran en las gestiones de cobro de este preestamo (sic), más honorarios de abogados en una cantidad igual al 33% de la cantidad del préstamo que se indica al comienzo de este pagaré.2
Posteriormente, el recurrido incumplió con su
obligación. A tales efectos, la Cooperativa realizó
gestión de cobro mediante carta con fecha del 31 de agosto
de 2009, 3 pero ante la falta de pago instó demanda en cobro
de dinero el 19 de octubre de 2009. En la demanda alegó
que la parte demandada le adeudaba la suma de $19,435.84
más “el 33% del principal para costas y honorarios de
abogado que ascienden a $8,250.00”.4
Ante la incomparecencia del recurrido, el Tribunal de
Primera Instancia le anotó la rebeldía y subsiguientemente
dictó sentencia en rebeldía en la que declaró ha lugar la
demanda. Con fecha del 3 de agosto de 2010, notificado el
11 del mismo mes y año, el foro de instancia sentenció al
1 El pagaré, titulado “Pagaré de préstamo a plazos/divulgación de costos”, es un modelo preimpreso redactado en su totalidad por la Cooperativa. Apéndice, en la pág. 31. 2 Id. 3 Id. en la pág. 32. 4 Id. en la pág. 34. CC-2011-0177 3
señor Casiano Rivera a pagar a la peticionaria “la suma de
$19,435.84 y una cantidad adicional de $6,413.55,
equivalente al treinta y tres por ciento (33%) de lo
adeudado, por concepto de costas, gastos y honorarios de
abogado”.5 El 25 de agosto de 2010 el recurrido solicitó la
reconsideración del dictamen, pero el 10 de septiembre de
2010 el tribunal de instancia notificó su denegatoria.
Inconforme, el señor Casiano Rivera acudió ante el
Tribunal de Apelaciones y alegó que la partida impuesta por
concepto de gastos, costas y honorarios de abogado era
excesiva, exagerada y abusiva, particularmente cuando se
impuso en virtud de un contrato de adhesión donde él no
intervino en su redacción. Además, señaló que la partida
era excesiva debido a que la Cooperativa no tuvo oposición
durante el pleito, puesto que la sentencia se dictó en
rebeldía por su incomparecencia. Así las cosas, el 2 de
febrero de 2011 el Tribunal de Apelaciones notificó una
sentencia en la que dejó sin efecto la parte del dictamen
del Tribunal de Primera Instancia que imponía el pago de
$6,413.33 en concepto de gastos, costas y honorarios de
abogado. El Tribunal de Apelaciones concluyó que la
cláusula en controversia era inválida por estimar
irrazonable el por ciento contratado, lo que deviene en el
quebrantamiento del orden público. En consecuencia, ordenó
al foro de instancia establecer una cuantía razonable.
El 4 de marzo de 2011 la Cooperativa presentó el
recurso de Certiorari ante este Foro y el 14 de junio de
5 Id. en la pág. 19. CC-2011-0177 4
2011 notificamos al recurrido una Resolución en la que le
solicitamos que mostrara causa por la que no debíamos
expedir el recurso solicitado. El señor Casiano Rivera
presentó oportunamente ante esta Curia un escrito en
oposición al recurso presentado, en donde alegó la
irrazonabilidad de la cláusula pactada y adujo que por ser
un contrato de adhesión con un por ciento excesivo para
honorarios de abogado, se debía declarar nula dicha
cláusula por violar el orden público. Contando con la
comparecencia de ambas partes procedemos a resolver.
II.
La controversia de autos nos invita a examinar el
concepto de razonabilidad de las cláusulas penales en los
contratos de adhesión y la función moderadora de los
tribunales ante estas cláusulas.
A.
La teoría contractual que rige en nuestra jurisdicción
dispone el principio de libertad de contratación o
autonomía de la voluntad. El principio de pacta sunt
servanda lo recoge expresamente el Código Civil de Puerto
Rico: “Los contratantes pueden establecer los pactos,
cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre
que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden
público”, Cód. Civ. PR art. 1207, 31 L.P.R.A. Sec. 3372;
“Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza
de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al
tenor de los mismos”, Cód. Civ. PR art. 1044, 31 L.P.R.A.
Sec. 2994. Este principio, considerado como axioma del CC-2011-0177 5
liberalismo económico, permite expandir el campo previsible
de los legisladores al permitir introducir en las
relaciones contractuales variedades noveles y atípicas
producto del imaginario humano. José Luis Concepción
Rodríguez, Derecho de contratos 35 (2003). A pesar de
ello, el principio de libertad contractual no es
irrestricto y está sujeto a intervención de los tribunales,
según dimana del propio Código Civil. Cód. Civ. PR art.
1207, 31 L.P.R.A. Sec. 3372. Véase también Puig Peña,
Compendio de derecho civil español, Vol. III, págs. 338-42
(3ra ed. 1976).6
B.
El derecho de crédito faculta al acreedor para exigir
del deudor una obligación de dar, hacer o no hacer, Cód.
Civ. PR art. 1041, 31 L.P.R.A. Sec. 2991, y nuestro Código
Civil le provee al acreedor ciertos mecanismos para
proteger y garantizar ese derecho de crédito. Estas
garantías, en parte, tienen la encomienda de “estimular la
voluntad del obligado para que realice la prestación
debida”. 2-I José Puig Brutau, Fundamentos de derecho
civil 449 (1985).
Así, como una garantía del derecho de crédito,
encontramos en el Código Civil la llamada cláusula penal.
Cód. Civ. PR arts. 1106-1109, 31 L.P.R.A. Secs. 3131-3134.
A diferencia de otros códigos civiles, como el francés y el
6 Otras limitaciones al principio de libertad contractual son la buena fe contractual, la equidad y la doctrina de rebus sic stantibus. Véase Banco Popular de Puerto Rico v. Sucesión Talavera, 174 D.P.R. 686 (2008). CC-2011-0177 6
quebequés, nuestro Código Civil no define específicamente
lo que constituye una cláusula penal. 7 Empero, según la
jurisprudencia y la doctrina se ha definido dicha cláusula
como “una convención accesoria a una obligación principal
mediante la cual se promete realizar una prestación,
generalmente pecuniaria, para el caso en que una de las
partes no cumpla o cumpla mal o irregularmente lo
prometido”. José R. Vélez Torres, Derecho de obligaciones
297-98 (Migdalia Fraticelli Torres ed., 2da ed. 1997)(citas
omitidas).8
Se han destacado dos funciones de la cláusula penal:
(1) asegurar el cumplimiento de una obligación y (2)
evaluar por anticipado los perjuicios que habría de
ocasionar al acreedor el incumplimiento de la obligación.
R.C. Leasing Corp. v. Williams Int. Ltd., 103 D.P.R. 163
(1974). La capacidad de preestimar los daños en
sustitución del método convencional y supletorio que fija
la acción resolutoria del artículo 1077 del Código Civil,
31 L.P.R.A. Sec. 3052, en donde se exige probar los daños,
la provee el propio artículo 1106 del Código, 31 L.P.R.A.
7 Véase el artículo 1623 del Código Civil de Quebec, que dispone: “A penal clause is one by which the parties assess the anticipated damages by stipulating that the debtor will suffer a penalty if he fails to perform his obligation”. Por su parte, en el código francés se define como: “La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution”. Cód. Civ. Fran. art. 1226. 8 Cabe señalar que a pesar de su parecido, no debe confundirse la figura de la cláusula penal con la figura de daños líquidos del common law anglosajón. Pedro Silva Ruiz, La cláusula penal, 54 Rev. Jur. U.P.R. 89, 105-08 (1985); véase también R.C. Leasing Corp., 103 D.P.R. en la pág. 168. CC-2011-0177 7
Sec. 3131, al prescribir que la pena sustituirá la
indemnización de daños. Levitt and Sons of Puerto Rico v.
Hernández Denton, 105 D.P.R. 184, 192 (1976). En otras
palabras, el convenio de una cláusula penal redunda en la
ausencia de tener que probar los daños que sufrió el
acreedor por el incumplimiento de la obligación. C.M.
Finance Corp. v. Cooley, 103 D.P.R. 6, 9-10 (1974).
Esta cualidad anticipatoria de la cláusula penal y su
naturaleza in terorrem tiene, no obstante, un límite
impuesto por el artículo 1108 del Código Civil, 31 L.P.R.A.
Sec. 3133, que faculta al tribunal a modificar
equitativamente la pena cuando la obligación haya sido
satisfecha en parte o irregularmente. Levitt and Sons of
Puerto Rico, 105 D.P.R. en la pág. 193. Sin embargo, la
facultad moderadora de los tribunales debe usarse sólo con
gran cautela y justificación, pues la acción de limitar la
autonomía de la voluntad de los contratantes debe ejercerse
únicamente en circunstancias extraordinarias. Jack’s Beach
Resort v. Compañía de Turismo de Puerto Rico, 112 D.P.R.
344, 350 (1982).
Por último, nos hacemos eco de lo expresado
anteriormente por este Tribunal al respecto de que “la
fórmula verbal que se emplee en el contrato no es lo que
provee normalmente la clave. Hay que precisar primero las
funciones que generalmente cumple la cláusula penal y
escudriñar su impacto en cada caso específico”. Levitt and
Sons of Puerto Rico, 105 D.P.R. en la pág. 193. CC-2011-0177 8
C.
El presente caso requiere que comentemos sobre la
validez de un contrato de adhesión con cláusula penal. Al
hablar sobre los contratos de adhesión resulta imperativo
que comentemos sobre otro aspecto paralelo: la
interpretación de los contratos.
Los contratos de adhesión son:
[A]quellos en que el contenido, esto es, las condiciones de la reglamentación son obra de una sola de las partes, de tal modo que el otro contrayente no presta colaboración alguna a la formación del contenido contractual, quedando así sustituida la ordinaria determinación bilateral del contenido del vínculo por un simple acto de aceptación o adhesión al esquema predeterminado unilateralmente”.
Maryland Casualty Co. v. San Juan Racing Association, 83
D.P.R. 559, 566 (1961) (citando a 3 Castán, Derecho civil
español 332 (1954)).
La norma de este Tribunal ha sido consistentemente que
si bien los contratos de adhesión son válidos en nuestra
jurisdicción, la interpretación de sus disposiciones se
hará favorablemente hacia la parte que nada tuvo que ver
con su redacción. Nivia Herrera v. First National City
Bank, 103 D.P.R. 724, 727 (1975); Ulpiano Casal v. Totty
Manufacturing, 90 D.P.R. 739, 744 (1964); Maryland
Casualty, 83 D.P.R. 559.
Sin embargo, el hecho de que un contrato sea de
adhesión significa tan sólo que se analizará del modo más
favorable a la parte más débil, pero no que se interpretará
de modo irrazonable. R.C. Leasing Corp., 103 D.P.R. en la
pág. 167 (énfasis suplido). Por tal motivo, constituye un CC-2011-0177 9
error conceptual que los contratos de adhesión se
consideren nulos meramente por ser redactados por una sola
de las partes. Véase C.R.U.V. v. Peña Ubiles, 95 D.P.R.
311, 314 (1967). Ante tales contratos, la función principal
de un tribunal debe dirigirse a evaluar la presencia de
cláusulas ambiguas. En ausencia de ambigüedad el contrato
se interpretará según sus términos. Ortiz Alvarado v.
Great American Life Assurance, 2011 T.S.P.R. 79; Martín
Pérez v. Universidad Central de Bayamón, 143 D.P.R. 554
(1997). Independientemente del tipo de cláusula en
cuestión, bien sea una cláusula penal u otra dispositiva,
el método de interpretación antes descrito se aplicará por
igual. Despejada la apariencia de ambigüedad, el tribunal
entonces procederá a evaluar la razonabilidad de lo allí
convenido.
Examinada la doctrina contractual antes esbozada,
pasemos a ver su aplicación a los hechos de la controversia
de autos.
III.
El asunto principal en esta controversia es evaluar la
razonabilidad de lo convenido, por lo que dista de realizar
una función interpretativa de las cláusulas contractuales.
Veamos.
En las comparecencias del señor Casiano Rivera ante
los tribunales inferiores y este Tribunal su argumentación
se ha reducido tautológicamente a decir que el contrato
convenido es de adhesión y que él no tuvo oportunidad de CC-2011-0177 10
intervenir para fijar los honorarios. Como indicamos
anteriormente, los contratos de adhesión tienen validez en
nuestra jurisdicción. Su naturaleza adhesiva no es
inherentemente nula. R.C. Leasing Corp., 103 D.P.R. en la
pág. 176. Sin dudas, el pagaré firmado entre el recurrido y
la Cooperativa es un contrato de adhesión porque surge del
expediente la falta de participación del recurrido en su
redacción.
Nos corresponde, pues, evaluar si resulta ambigua la
cláusula de costas, gastos y honorarios, que dispone que en
caso de incumplimiento el deudor asumirá “todos los gastos
que se incurran en las gestiones de cobro de este preestamo
(sic), más honorarios de abogados en una cantidad igual al
33% de la cantidad del préstamo”. 9 Coincidimos con la
apreciación del Tribunal de Apelaciones con relación a
dicha cláusula:
Observada la cláusula antes transcrita, no encontramos en ella características que nos hagan concluir que sea una (sic) obscura o ambigua. Ante esa realidad, a pesar de ser una (sic) claramente adhesiva no es posible determinar que por esta razón sea nula; la cláusula está redactada de manera clara y su lenguaje es uno (sic) de fácil entendimiento.10
De una lectura concienzuda resulta evidente la
ausencia de ambigüedad. Se estipula que en caso de
incumplimiento el señor Casiano Rivera pagará por los
gastos y honorarios de abogado en que incurra la
Cooperativa en su gestión de cobro del préstamo. Llegada a
9 Apéndice, en la pág. 31. 10 Sentencia del Tribunal de Apelaciones, KLAN-2010-1487, 31 de enero de 2011. Apéndice, en la pág. 14. CC-2011-0177 11
esa conclusión de que la cláusula no es ambigua, resulta
improcedente aplicar los métodos de interpretación en
contratos de adhesión, donde los tribunales habrán de
favorecer a la parte que no intervino en su redacción.
Cabe preguntarnos en esta ocasión si la cláusula de
costas, gastos y honorarios de abogado del pagaré
constituye o no una cláusula penal. La importancia de
responder primero a esa pregunta ilustrará a un tribunal
sobre las normas a utilizar al enfrentarse a una cláusula
contractual. Por ejemplo, de contestar en la afirmativa a
la pregunta, se utilizará la normativa provista por el
Código Civil en cuanto a las cláusulas penales. Cód. Civ.
PR arts. 1106-1109. Para determinar si una cláusula es
penal hay que ver su funcionalidad, mas no la nomenclatura
empleada. Jack’s Beach Resort, 112 D.P.R. 344, 349. La
funcionalidad de la cláusula debe medirse en virtud de (1)
su capacidad para anticipar daños sin tener que probarlos
posteriormente en caso de incumplimiento y (2) sus
propósitos coercitivos y punitivos para evitar el
incumplimiento (su naturaleza in terrorem).
Al examinar la cláusula en cuestión observamos que su
función principal es la preestimación de los daños y gastos
en que la Cooperativa incurriría en su gestión de cobrar la
obligación incumplida. Esos gastos, claro está, incluyen
los honorarios de abogado. En cuanto a la segunda función
descrita, cobrar la cantidad del 33% de la deuda cumple con
sus propósitos de disuadir el incumplimiento. En CC-2011-0177 12
consecuencia, no dudamos que estemos frente a una cláusula
penal.
A pesar de que la cláusula incluye una partida para
honorarios de abogado, no la exime de su cualidad de
cláusula penal ni estimamos que sea contraria a Derecho por
esa disposición. Como sabemos, este pacto fue entre la
Cooperativa y el recurrido, por lo que los honorarios que
se cobren producto de este convenio constituyen una
indemnización para la Cooperativa, independientemente los
honorarios que ésta haya pactado con sus abogados. Con
relación a las cláusulas entre partes privadas que pactan
honorarios de abogado, coincidimos con el Juez Hon.
Sigfrido Steidel Figueroa al exponer:
[E]n algunos tipos de relaciones contractuales se establece un porcentaje específico para honorarios de abogado en caso de incumplimiento por parte del deudor. Frecuentemente esos porcentajes fluctúan entre un 5% del monto total del principal adeudado hasta un 30%. Se podría argumentar que esta última cifra es, por lo general, irrazonable, ya que la gestión de cobro de dinero es esencialmente sencilla . . . . Sin embargo, este tipo de pacto reviste caracteres de una cláusula penal cuya finalidad no es exclusivamente establecer el monto de unos honorarios de abogado, sino también proteger al acreedor de ciertos riesgos que la obligación pactada genera, a la vez que representa un disuasivo para el incumplimiento del deudor. Además, se trata de una disposición incluida como parte de la contratación original sin que necesariamente el abogado que inicia las gestiones judiciales de cobro haya tenido participación. . . . El abogado más bien actúa incidentalmente en las gestiones de cobro.
Sigfrido Steidel Figueroa, Ética y responsabilidad
disciplinaria del abogado, 164-65 (2010). CC-2011-0177 13
Determinado que se trata de una cláusula penal,
debemos entonces examinarla bajo el palio del artículo 1108
del Código Civil. A saber, debemos razonar si se justifica
la modificación de la pena por haberse pagado parte de la
deuda. En la demanda original presentada por la
Cooperativa, ésta solicitó en remedio que se aplicara ad
verbatim la cláusula en controversia en cuanto a que el 33%
debe aplicarse al monto del préstamo original. En otras
palabras, la peticionaria solicitaba aplicar el 33% a
$25,000, para un total de $8,250 en gastos y honorarios.
Acertadamente el Tribunal de Primera Instancia modificó la
pena para aplicar el 33% al monto adeudado al momento de
presentar la demanda, para un total de $6,413.55.
No obstante, el recurrido solicita que nuestra función
modificadora se extienda no a la aplicación de la pena,
sino a la pena en sí misma. Para ello nos corresponde
ponderar la razonabilidad de la pena.
Aquí llegamos al planteamiento central del caso.
¿Acaso pactar el pago de 33% del monto para gastos, costas
y honorarios de abogado es excesivo, abusivo y ofende el
orden público contractual? ¿O, por el contrario, es una
cuantía razonable?
El Tribunal de Apelaciones concluyó que ese por ciento
es irrazonable y contraviene el orden público. Erró dicho
Tribunal, máxime cuando omitió toda la doctrinal
contractual sobre las cláusulas penales, aplicable a la
controversia de autos. Según hemos venido esbozando a lo CC-2011-0177 14
largo de esta Opinión, al enfrentarnos a una cláusula que
levanta sospecha de ser penal, debemos realizar un examen
de su funcionalidad. De ser una cláusula penal, no podemos
soslayar el carácter punitivo de esas cláusulas. Hacer lo
contrario sería restarle eficacia a un mecanismo creado
legislativamente para darle garantía y fortalecimiento a
los negocios jurídicos.
No ignoramos la capacidad de los tribunales de
intervenir en las relaciones contractuales y dar remedios
en equidad. Véase Banco Popular de Puerto Rico v. Sucesión
Talavera, 174 D.P.R. 686 (2008); Jack’s Beach Resort, 112
D.P.R. 344 (1982). Empero, esas intervenciones deben
proceder con sensatez y cautela, id., y solamente cuando
una de las prestaciones resulte excesiva, abusiva y una
desproporción intolerable en las prestaciones. Banco
Popular de Puerto Rico, 174 D.P.R. en las págs. 710-11.11
Cuando un tribunal interviene con las relaciones
contractuales debe sopesar los valores jurídicos afectados
con su intervención. En una controversia como la de autos,
por ejemplo, se deben ponderar valores como la autonomía de
la voluntad y la certeza de los negocios jurídicos. La
autonomía de la voluntad gobierna todo el desarrollo de la
vida contractual. Federico Puig Peña, Compendio de derecho
civil español 338 (3ra ed. 1976). Interferir con ella sin
11 Deseamos hacer hincapié en que el reconocimiento que anteriormente hemos hecho a la capacidad interventora de los tribunales en las relaciones contractuales es reflejo de que no estamos dispuestos a aplicar automáticamente una cláusula penal, sino que ésta deberá ponderarse a la luz de los hechos de cada caso. CC-2011-0177 15
justificación es un acto de trastocar una de las bases de
nuestro ordenamiento jurídico que sostiene gran parte de
las relaciones sociales y comerciales. “[L]a intervención
moderadora del tribunal con la autonomía contractual de las
partes se da únicamente en circunstancias extraordinarias .
. . [y] ha de ejercerse con extrema cautela y patente
justificación por su efecto lesivo a la estabilidad de los
contratos y a la seguridad jurídica”. López de Victoria v.
Rodríguez, 113 D.P.R. 265, 271 (1982). Asimismo,
interferir con la doctrina de pacta sunt servanda es el
equivalente de modificar o hasta anular una ley; no
olvidemos que los contratos son ley entre las partes. Cód.
Civ. PR art. 1044.
Una cláusula que impone una pena de 33% para gastos y
honorarios de abogado en caso de incumplimiento contractual
no justifica nuestra intervención con la estabilidad de los
negocios jurídicos. El recurrido sostiene que es excesivo
y abusivo. Sin embargo, y a modo de ejemplo, al examinar
varias leyes que fijan los costos de honorarios de abogado
en distintas causas de acción, vemos que los por cientos
fluctúan entre 20% y 33%.12
12 Véase, e.g., Ley Núm. 9 de 8 de agosto de 1974, 4 L.P.R.A. Sec. 742 (establece que el máximo de honorarios de abogado permitido en casos de daños y perjuicios es 33% del producto final o 25% si el cliente es menor de edad o incapacitado mental); Ley Núm. 118 de 25 de junio de 1971, 32 L.P.R.A. Sec. 3343 (en los pleitos de clase por consumidores, los tribunales impondrán “una cantidad razonable que no bajará de un 25% en concepto de honorarios de abogado”); Código de Seguros, 26 L.P.R.A. Sec. 4111 (en acciones de daños y perjuicios por impericia médico- hospitalaria se establecen honorarios escalonados entre un 33% y 20%, según aumenta la cuantía de la indemnización). CC-2011-0177 16
Por consiguiente, el 33% pactado entre la Cooperativa
y el señor Casiano Rivera no nos parece que ofende la
razonabilidad ni el orden público contractual. Asumir la
postura del recurrido y validar la decisión del Tribunal de
Apelaciones convierte injustificadamente a la cláusula
penal en inoperante. La pretensión del recurrido es llevar
la fijación de los honorarios a base de quantum meruit
(tanto como se merece) al alegar que debido a su
incomparecencia y, por consiguiente, el dictado de una
sentencia en rebeldía, se deben reducir los honorarios de
abogado en virtud de que la Cooperativa obtuvo una
sentencia sin oposición alguna. Esta pretensión, más que
una moderación, como sostiene el Tribunal de Apelaciones,
resulta una anulación de una cláusula válidamente
convenida. Jack’s Beach Resort, 112 D.P.R. en las págs.
352-53.
D.
En cuanto a la aplicación de la Regla 44.1 de
Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V R. 44.1, por
el Tribunal de Apelaciones, nos limitaremos a decir que
erró dicho foro al aplicar la Regla y soslayar el convenio
habido entre las partes. Ese convenio era el sustituto de
la preestimación de los honorarios de abogado y la posible
temeridad en que pudiera ocurrir el demandado. Ergo, la
controversia había que examinarla bajo la teoría
contractual y no bajo las reglas procesales. CC-2011-0177 17
IV.
En la controversia de autos, el 33% pactado entre la
Cooperativa y el señor Casiano Rivera fue el producto de la
autonomía de sus voluntades. Intervenir con ella sin
justificación suficiente sería una intromisión indebida que
atenta contra el principio de pacta sunt servanda. Más
aún, tal proceder equivale a eludir el propósito in
terrorem y de preestimación de daños de una cláusula penal.
Por estimar que fue razonable el porcentaje convenido, que
no atenta contra el orden público contractual y que no se
justifica la intervención moderadora de los tribunales,
dejamos sin efecto la sentencia emitida por el Tribunal de
Apelaciones que ordenó al Tribunal de Primera Instancia a
modificar la cuantía por concepto de gastos y honorarios de
abogado. Restablecemos así la sentencia emitida por el
foro de instancia.
Se dictará sentencia de conformidad.
Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, los cuales se incorporan íntegramente a la presente, se dicta sentencia revocando el dictamen del Tribunal de Apelaciones y se restablece la sentencia emitida por el foro de instancia.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo interina. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco concurre y hace constar la siguiente expresión: “La Jueza Asociada señora Pabón Charneco concurre con el resultado. No obstante, no concuerda con que este tipo de cláusula penal se aplique automáticamente en casos en que se alegue incumplimiento de la obligación por razones económicas imprevistas”. Los Jueces Asociados señor Rivera García y señor Feliberti Cintrón concurren con el resultado sin opinión escrita. La Jueza Asociada señora Fiol Matta no intervino.
Larissa Ortiz Modestti Secretaria del Tribuna Supremo Interina