Cacho González v. Antulio "Kobbo" Santarrosa

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: August 19, 2019
• Docket: AC-2017-18 AC-2017-21 AC-2017-23
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Ana Y. Cacho González; Amneris Yvette González de Elías y Charles K. Elías, por sí y como miembros de la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos

Apelados

v.

Antulio “Kobbo” Santarrosa, su Certiorari esposa Iris Lugo Cabrera y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos; J&K 2019 TSPR 146 Enterprises, Inc.; Televicentro of Puerto Rico LLC; Héctor 203 DPR ____ Travieso López, por sí y en representación de la Sociedad Legal de Gananciales compuesta con su esposa Fulana de Tal; Telemundo of Puerto Rico Studios LLC; Es Televisión, Corp.; Silvia Hernández Rodríguez; y personas XYZ

Apelantes

Número del Caso: AC-2017-18 AC-2017-21 AC-2017-23

Fecha: 19 de agosto de 2019

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Bayamón, Panel V

AC-2017-18

Abogados de los apelantes:

Antulio “Kobbo” Santarrosa

Lcdo. Edgardo Canales Ydrach

Televicentro of Puerto Rico LLC

Lcdo. Juan P. Marchand Quintero

Telemundo de Puerto Rico, Inc.

Lcdo. Ricardo F. Casellas Sánchez Lcda. Natalia Morales Echevarría

Héctor Travieso López

Lcdo. Alexis M. Acevedo Colón AC-2017-0018, AC-2017-0021 y AC-2017-0023 2 Abogado de la parte apelada:

Lcdo. José A. Rodríguez Jiménez

AC-2017-21

Televicentro de Puerto Rico LLC

Lcdo. Juan R. Marchand Quintero

Lcdo. Ricardo F. Casellas Sánchez Lcda. Natalia Morales Echevarría

Lcdo. Alexis M. Acevedo Colón

Abogado de la parte apelada:

AC-2017-23

Lcdo. Ricardo F. Casellas Sánchez Lcda. Natalia Morales Echevarría

Materia: Daños y Perjuicios - Los casos de difamación se analizan bajo la doctrina de daños sucesivos y el término prescriptivo debe calcularse de manera individual para cada uno de los alegados actos difamatorios. Una carta cumple con los requisitos de una reclamación extrajudicial para interrumpir el término prescriptivo, aunque no incluya las fechas específicas de las publicaciones difamatorias.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Ana Y. Cacho González; Amneris Yvette González de Elías y Charles K. Elías, por sí y como miembros de la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos

Apelados AC-2017-0018 v. AC-2017-0021 AC-2017-0023 Antulio “Kobbo” Santarrosa, su esposa Iris Lugo Cabrera y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos; J&K Enterprises, Inc.; Televicentro of Puerto Rico LLC; Héctor Travieso López, por sí y en representación de la Sociedad Legal de Gananciales compuesta con su esposa Fulana de Tal; Telemundo of Puerto Rico Studios LLC; Es Televisión, Corp.; Silvia Hernández Rodríguez; y personas XYZ

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES.

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de agosto de 2019.

Nos toca determinar si una demanda de daños y

perjuicios contra varios presentadores y productores de

programas de televisión por, presuntamente, publicar

programas con contenido difamatorio durante varios años,

debe analizarse bajo la doctrina de daños sucesivos o

bajo la de daños continuados. También debemos evaluar si

unas cartas cumplieron con los requisitos de toda

reclamación extrajudicial para interrumpir el término AC-2017-0018, AC-2017-0021 y AC-2017-0023 2

prescriptivo, a pesar de no incluir las fechas

específicas de las alegadas publicaciones difamatorias.

Reiteramos lo resuelto en Galib Frangie v. El Vocero

de P.R., infra, por lo que resolvemos que la publicación

de contenido difamatorio provoca daños sucesivos y que el

término prescriptivo debe calcularse de manera individual

para cada uno de los actos alegadamente difamatorios. En

cuanto a las cartas, concluimos que las fechas

específicas de cada programa alegadamente difamatorio no

fueron necesarias para que el reclamo sea patente y

cumpliera con los requisitos jurisprudenciales.

I

El 9 de marzo de 2010 murió el niño Lorenzo González

Cacho. Su muerte estremeció a Puerto Rico y recibió

amplísima cobertura mediática. Poco tardaron en salir a

la luz pública una variedad de hipótesis para explicar el

suceso. Algunas responsabilizaron a familiares cercanos

del niño.

El 31 de julio de 2014, la madre del niño fenecido,

la señora Cacho González, presentó una demanda de daños y

perjuicios, violación de derechos constitucionales,

hostigamiento, persecución y difamación contra el Sr.

Antulio “Kobbo” Santarrosa, su esposa Iris Lugo Cabrera y

la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos (en

conjunto, señor Santarrosa); J&K Enterprises, Inc.;

Televicentro of Puerto Rico, LLC; Héctor Travieso López,

por sí y en representación de la sociedad legal de AC-2017-0018, AC-2017-0021 y AC-2017-0023 3

gananciales compuesta con su esposa Fulana de Tal;

Telemundo of Puerto Rico Studios, LLC; E. S. Television,

Corp; Silvia Hernández Rodríguez, y personas X, Y, Z.

También se unieron como demandantes la Sra. Amneris

Yvette González de Elías (madre de la señora Cacho

González) y Charles K. Elías (esposo de la señora

González de Elías), por sí y como miembros de la sociedad

legal de gananciales compuesta por ambos.

Según se alegó en la demanda, “a partir de la

madrugada en que falleció Lorenzo, comenzó un calvario

para los aquí demandantes que ha perdurado en forma

ininterrumpida hasta el día de hoy”. Demanda, pág. 4.

“[L]os demandados iniciaron contra la Sra. Cacho y su

familia, una serie de rumores, insinuaciones, comentarios

malintencionados y acusaciones falsas y difamatorias

[…]”. Íd., pág. 5. Alegaron que estos “se han transmitido

a través de los programas de los demandados una y otra

vez a lo largo de estos cuatro años […]”. Íd., pág. 7.

Telemundo y Televicentro presentaron mociones de

desestimación fundamentadas en que la demanda estaba

prescrita, total o parcialmente. La señora Cacho González

se opuso a la desestimación, y Televicentro y Telemundo

replicaron.

El 23 de enero de 2015, el Tribunal de Primera

Instancia emitió una Sentencia Parcial mediante la cual

declaró ha lugar las mociones de desestimación. Razonó

que el caso debía analizarse bajo la doctrina de daños AC-2017-0018, AC-2017-0021 y AC-2017-0023 4

sucesivos, por lo que para cada programa de televisión

difamatorio transcurría un término prescriptivo separado

de un año. Como entendió que los demandantes tampoco

interrumpieron extrajudicialmente ninguno de estos

términos, el foro primario desestimó todas las causas de

acción que hubieran surgido antes del año precedente a la

presentación de la demanda y ordenó la continuación de

los procesos respecto a las demás.

La señora Cacho González apeló. Planteó que el

Tribunal de Primera Instancia erró: (1) al determinar que

unas cartas de 13 de agosto de 2013 no interrumpieron

extrajudicialmente el término prescriptivo porque no

detallaron los programas en que se le había difamado; (2)

al desestimar las causas de acción anteriores al 31 de

julio de 2013 y no reconocer que mientras persiste la

conducta culposa del demandado, la causa de acción se

renueva constantemente, y (3) al declarar con lugar la

moción de desestimación de los demandados, aunque no debe

desestimarse una demanda a menos que se demuestre que el

demandante no tiene derecho a remedio alguno, bajo los

hechos que pueda probar en su día.

El Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia

parcial apelada y determinó que los primeros dos errores

se cometieron, pero consideró innecesario atender el

tercer error. Resolvió que las cartas de 13 de agosto de

2013 enviadas al señor Santarrosa y a Televicentro

(respectivamente, presentador y productora de AC-2017-0018, AC-2017-0021 y AC-2017-0023 5

SuperXclusivo, uno de los programas que alegadamente

publicó expresiones difamatorias) interrumpieron el

término prescriptivo de las acciones que estaban

vigentes. Esto era pertinente para efectos de esos

codemandados, porque el programa SuperXclusivo dejó de

producirse en enero de 2013. En cuanto a los demás

codemandados, el foro apelativo intermedio razonó que,

como las alegaciones en la demanda describieron una

conducta ininterrumpida de estos que perduró hasta que se

presentó la demanda, los reclamos no habían prescrito.

El señor Santarrosa, Televicentro y Telemundo nos

presentaron recursos de apelación por separado. Los tres

argumentaron que el Tribunal de Apelaciones erró al

aplicar la doctrina de daños continuados y no la de daños

sucesivos, producto de una interpretación errónea de

Rivera Ruiz et al. v. Mun. de Ponce et al., infra (sobre

daños continuados), y de Galib Frangie v. El Vocero de

P.R., infra (sobre daños sucesivos), lo que alargó el

término prescriptivo de la acción. Además, Televicentro y

Telemundo plantearon que fue un error reconocerle efecto

interruptor a las cartas de 13 de agosto de 2013. El

señor Santarrosa y Televicentro igualmente señalaron como

error que el Tribunal no desestimara la demanda, puesto

que esta descansaba en lenguaje conclusorio y

recitaciones genéricas de los elementos de una causa de

acción. Finalmente, Televicentro también alegó que el

Tribunal de Apelaciones erró al permitir que los AC-2017-0018, AC-2017-0021 y AC-2017-0023 6

demandantes subvirtieran el peso probatorio que deben

sustentar en la etapa de alegaciones y al negarse

arbitrariamente a distinguir la decisión incompatible de

su Panel hermano en González de Elías v. Sánchez Román,

KLAN201600287 (8 de junio de 2016).

El 26 de mayo de 2017, acogimos los tres recursos de

apelación y ordenamos su consolidación. Resolvemos

únicamente aquello relacionado a la prescripción, porque

fue lo que decidió el Tribunal de Primera Instancia y lo

que revisó el Tribunal de Apelaciones. Por las razones

que siguen, revocamos parcialmente la Sentencia del

Tribunal de Apelaciones.

II

Distinguir los daños continuados de los daños

sucesivos es necesario para lograr resultados justos que

sean afines con la política pública y los principios

jurídicos. Hacer la diferenciación, no obstante, puede

ser complicado en la práctica. Recientemente resolvimos

una confusión doctrinal creada en torno al término

prescriptivo para acciones por daños continuados. En

Rivera Ruiz et al. v. Mun. de Ponce et al., 196 DPR 410

(2016) (Rivera Ruiz), un grupo de residentes presentó una

demanda contra el municipio porque la calle donde vivían

se inundaba cuando llovía debido a falta de mantenimiento

y problemas con el alcantarillado. Aprovechamos la

ocasión para explicar en detalle lo que son los daños

continuados y precisar que el término prescriptivo para AC-2017-0018, AC-2017-0021 y AC-2017-0023 7

incoar una acción para solicitar resarcimiento por estos

daños comienza a transcurrir cuando se verifican los

últimos actos u omisiones o se produce el resultado

definitivo, lo que sea posterior.

Nuestro razonamiento se basó en que los daños

continuados configuran una sola causa de acción que

incluye todas las consecuencias lesivas ocasionadas por

los actos culposos o negligentes. Rivera Ruiz, pág. 417.

Estos daños son ininterrumpidos y unidos entre sí, por lo

que, al ser conocidos, se puede prever su continuidad.

Íd. En cambio, los daños sucesivos constituyen una

secuencia de daños individuales y concretos que se

producen en intervalos finitos de tiempo. Cada lesión a

causa de un acto u omisión culposa o negligente produce

un daño distinto, que a su vez genera una causa de acción

independiente. Son daños ciertos que se van repitiendo,

sin que necesariamente sean idénticos, y que no son

previsibles o susceptibles de ser descubiertos empleando

diligencia razonable. Véanse Rivera Ruiz, págs. 416-417;

Santiago v. Ríos Alonso, 156 DPR 181, 191 (2002).

Pero, como explicamos en Rivera Ruiz, pág. 417,

“aunque tradicionalmente nos referimos a las doctrinas

bajo estudio como daños continuos o daños sucesivos, lo

que en realidad es continuo o sucesivo en estos

escenarios es el acto u omisión que produce el daño y no,

necesariamente, la lesión sufrida”. La controversia

presente es un buen ejemplo de que la distinción entre AC-2017-0018, AC-2017-0021 y AC-2017-0023 8

conducta y efecto no es diáfana. El Tribunal de

Apelaciones confundió la conducta con el efecto y,

erróneamente, reputó los daños por difamación como daños

continuados.

Sin embargo, nuestra jurisprudencia ya clasificó los

casos de difamación como casos de daños sucesivos. El

caso normativo en este tema es Galib Frangie v. El Vocero

de P.R., 138 DPR 560 (1995) (Galib Frangie). Trata de una

acción de daños y perjuicios por libelo por una serie de

publicaciones en un periódico. El Tribunal de Primera

Instancia desestimó por prescritas las causas de acción

fundamentadas en seis de las siete publicaciones.

Resolvió que cada publicación generó una causa de acción

separada e independiente de las demás, con un término

prescriptivo de un año cada una. Los demandantes

acudieron ante este Tribunal y argumentaron que los daños

eran continuados. Expresamente rechazamos ese

planteamiento. Sin embargo, al explicar la doctrina de

daños continuados, dijimos que lo determinante para

efectos de la prescripción “es el momento cuando comienza

la producción de los daños […]”. Galib Frangie, pág. 575.

Estas expresiones dieron inicio a la confusión doctrinal

que corregimos en Rivera Ruiz.

En ese caso, revocamos las expresiones de Galib

Frangie y su progenie, referentes al comienzo del término

prescriptivo para acciones por daños continuados. Rivera

Ruiz, pág. 429. No obstante, Galib Frangie quedó intacto AC-2017-0018, AC-2017-0021 y AC-2017-0023 9

en cuanto a su adjudicación y razonamiento de que una

serie de artículos de prensa, relacionados entre sí y

sobre el mismo tema, dan paso a daños sucesivos a partir

de cada publicación. Por lo tanto, los daños causados por

difamación siguen siendo daños sucesivos, no continuados,

tal y como lo resolvimos en 1995. No podía ser de otra

manera. Una diferencia crucial entre estas categorías es

la previsibilidad del daño, Rivera Ruiz, pág. 417, y la

repetición del daño por difamación no es previsible.

Creer que se hará otra publicación es especulativo, y

creer que esa otra publicación, si se hiciera, sería

difamatoria, es más especulativo aún.

La señora Cacho González intenta distinguir Galib

Frangie del caso presente bajo el argumento de que en

Galib Frangie fueron seis artículos en un espacio de dos

meses, y no el esquema de persecución que alegadamente se

mantuvo de forma ininterrumpida a través de programas

frecuentes durante cuatro años. Es cierto que los daños

alegados en este caso son más constantes que los alegados

en Galib Frangie, pero eso no basta para reputarlos de

continuados. Aun si la señora Cacho González sufrió daños

de manera ininterrumpida durante varios años de

programación difamatoria casi a diario, sus daños fueron

sucesivos, pues las acciones de los programas y canales

de televisión no fueron ininterrumpidas, aunque hayan

sido frecuentes. Como ya dijimos, lo importante para AC-2017-0018, AC-2017-0021 y AC-2017-0023 10

distinguir el daño continuo del sucesivo es la conducta

(acción u omisión), no el efecto.

De hecho, varias jurisdicciones en Estados Unidos han

rechazado expresamente aplicar la doctrina de daños

continuados a casos de difamación. En los años noventa,

una mujer que alegadamente mantuvo un romance con un

funcionario electo demandó a la esposa de este y a dos de

sus ayudantes de campaña por difamarla en libros que

escribieron y en entrevistas que se difundieron por

televisión. Flowers v. Carville, 310 F.3d 1118 (9no Cir.

2002). La demandante se amparó en la doctrina de daños

continuados para intentar resucitar el reclamo

relacionado a las expresiones en uno de los libros que se

publicó cinco años antes de presentada la demanda. Sin

embargo, la corte federal de distrito desestimó el caso

por prescripción. El Tribunal Federal de Apelaciones para

el Noveno Circuito sostuvo que la doctrina de daños

continuados solo aplica cuando “no hay un incidente

individual que se pueda en realidad identificar como la

causa de un daño significativo”. Íd., 1126 (9no Cir.

2002) (traducción nuestra) (“The [continuing tort]

doctrine applies where there is ‘no single incident’ that

can ‘fairly or realistically be identified as the cause

of significant harm’.”) (citas omitidas). Por eso, antes

de aplicar la doctrina de daños continuados, es adecuado

evaluar si el efecto acumulativo de la conducta es el AC-2017-0018, AC-2017-0021 y AC-2017-0023 11

generador de la causa de acción. Véase Page v. U.S., 729

F.2d 818, 821-822 (Cir. D.C. 1984).

Sin embargo, las acciones por difamación giran en

torno a instancias individuales de publicación, y no a un

efecto acumulativo. Por eso, “una causa de acción por

difamación surge inmediatamente luego de que ocurre el

acto torticero y, en consecuencia, no es apropiada para

la excepción de violación continua”. Íd. (traducción

nuestra) (“[A] cause of action for defamation accrues

immediately upon the occurrence of the tortious act and

thus, is not appropriate for the continuing violation

exception.”) (citando a Lettis v. U.S. Postal Serv., 39

F.Supp.2d 181, 205 (E.D.N.Y. 1998)). Véanse, también,

Amobi v. D.C. Dep't of Corr., 755 F.3d 980, 994 (D.C.

Cir. 2014); McBride v. Peak Wellness Ctr., Inc., 688 F.3d

698, 710 (10mo Cir. 2012); Hukic v. Aurora Loan Services,

588 F.3d 420, 434-436 (7mo Cir. 2009).

Además, basta con reparar que la doctrina de daños

continuados solo la hemos aplicado en casos que distan

mucho de los de difamación. Véase Rivera Ruiz, pág. 423

(“en los casos donde se buscaba disuadir los estorbos y

combatir la violencia doméstica, concluimos que el

término prescriptivo comenzaba a transcurrir con el

resultado definitivo o el último acto u omisión

torticera, mientras que ante otros hechos resolvimos lo

contrario”), y Velázquez Ortiz v. Mun. de Humacao, 197

DPR 656, 667 (2017) (“concluimos que el hostigamiento AC-2017-0018, AC-2017-0021 y AC-2017-0023 12

sexual por ambiente hostil constituye una modalidad de

daños continuados”).

Los casos de estorbos, violencia doméstica y ambiente

hostil en el empleo tienen particularidades que nos

convencieron de la necesidad de darles un trato distinto.

Por un lado, en casos de estorbos, o similares, hay actos

u omisiones que se mantienen constantes, y el problema no

se puede resolver sin la intervención activa de la parte

culposa o negligente. En casos de violencia doméstica y

ambiente hostil, también la parte negligente o culposa

mantiene una condición de maltrato u hostilidad en el

empleo que no cesa hasta que esa parte toma acciones

positivas para remediarlas, o hasta que la parte afectada

rompe con el ciclo de maltrato o escapa del ambiente

hostil. Distinto es el caso de difamación pues, como cada

acto difamatorio es individual y separado, en el momento

en que la parte negligente o culposa publica el contenido

difamatorio, su acción cesa.

La señora Cacho González, sin embargo, intenta eludir

los argumentos que acabamos de exponer planteando que su

pleito “no es un caso de difamación exclusivamente”, que

también se presentan “acciones de hostigamiento

(bullying), persecución, violación de derechos

constitucionales y enriquecimiento con la imagen de los

demandantes”, para las que la jurisprudencia de

difamación no es aplicable. Alegato de los demandantes

recurridos, pág. 19. AC-2017-0018, AC-2017-0021 y AC-2017-0023 13

No obstante, eso no es pertinente para lo que hoy

resolvemos. El Tribunal de Primera Instancia solo

desestimó parcialmente la demanda “respecto a las causas

de daños surgidas por los programas transmitidos en o

antes del 31 de julio de 2013”. Cacho González v.

Santarrosa, D DP2014-0599 (23 de enero de 2015). El

Tribunal de Apelaciones revocó esa determinación. Por lo

tanto, las demás alegaciones sobre daños supuestamente

sufridos por otros actos de los demandados y aquí

apelantes (sobrevolar con un helicóptero la casa de la

señora Cacho González y grabar la casa, irrumpir en la

urbanización donde la señora Cacho González residía,

seguir y acosar a la señora Cacho González en los lugares

que frecuentaba, introducir micrófonos y grabar

conversaciones privadas) no están ante nuestra

consideración. Aunque la señora Cacho González intente

combinar en una sola acción continua esos actos alegados

de persecución y violación a la intimidad con la

publicación en televisión de contenido difamatorio, la

realidad es que se trata de conductas diferentes. Los

actos alegados de publicaciones difamatorias son los

pertinentes para resolver el recurso ante nos. Y, como ya

discutimos, para muchas de esas publicaciones, el término

para presentar la acción ya prescribió.

III

Aclarado que los casos de difamación se analizan

bajo la doctrina de daños sucesivos, resta aplicar esa AC-2017-0018, AC-2017-0021 y AC-2017-0023 14

norma a los daños reclamados por la señora Cacho González

y resolver si las cartas que envió el 13 de agosto de

2013 constituyeron una reclamación extrajudicial que

interrumpió el término prescriptivo.

En nuestra jurisdicción, el Artículo 1802 del Código

Civil, 31 LPRA sec. 5141, según modificado por la

doctrina constitucional, es la fuente de protección civil

contra ataques difamatorios. Colón Pérez v. Televicentro,

175 DPR 690, 726 (2009). La ley especial existente, la

Ley de libelo y calumnia de 1902, Ley de 19 de febrero de

1902, 32 LPRA secs. 3141-3149, ha perdido gran parte de

su importancia desde la aprobación de la Constitución de

Puerto Rico y sobrevive tan solo en cuanto es compatible

con aquella. Ojeda v. El Vocero de P.R., 137 DPR 315,

327-328 (1994). Según el Artículo 1868 del Código Civil,

31 LPRA sec. 5298, la acción por injuria o calumnia, y

por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia

de que se trata el Artículo 1802, supra, prescribe al año

desde que lo supo el agraviado. Ojeda v. El Vocero de

P.R., supra, pág. 324.

La prescripción extintiva es un modo de extinción de

los derechos que finaliza el derecho a ejercer

determinada causa de acción. Maldonado Rivera v. Suárez y

otros, 195 DPR 182, 192 (2016). Resulta de la ausencia de

algún acto interruptor durante el plazo marcado por la

ley y se fundamenta en la necesidad de que haya

estabilidad en las relaciones y seguridad en el tráfico AC-2017-0018, AC-2017-0021 y AC-2017-0023 15

jurídico. Íd. Nuestro Código Civil reconoce tres actos

interruptores: (1) la correspondiente acción judicial;

(2) la reclamación extrajudicial, y (3) el reconocimiento

de la deuda por parte del deudor. Art. 1873 del Código

Civil, 31 LPRA sec. 5303. Una vez se interrumpe la

prescripción, el término prescriptivo comienza a

transcurrir nuevamente. Maldonado Rivera, supra, pág.

193.

Los propósitos principales de una reclamación

extrajudicial son “interrumpir el transcurso del término

prescriptivo de las acciones; fomentar las transacciones

extrajudiciales, y notificar, a grandes rasgos, la

naturaleza de la reclamación”. De León v. Caparra Center,

147 DPR 797, 803 (1999). Para que una reclamación

extrajudicial logre tener efecto interruptor, lo esencial

es que la reclamación sea una “manifestación inequívoca

de qui[e]n, amenazado con la pérdida de su derecho,

expresa su voluntad de no perderlo”. Feliciano v. A.A.A.,

93 DPR 655, 660 (1966). Véase, también, SLG García-

Villega v. ELA et al., 190 DPR 799, 816 (2014); De León

v. Caparra Center, supra. Para que la reclamación no sea

un mero recordatorio sin efecto interruptor, debe

demostrar, de forma más o menos tajante o apremiante, la

decisión de obtener la acreencia. Zambrana Maldonado v.

E.L.A., 129 DPR 740, 752-753 (1992) (cita omitida).

En Galib Frangie, pág. 567, establecimos los

requisitos para que una reclamación extrajudicial AC-2017-0018, AC-2017-0021 y AC-2017-0023 16

interrumpa el término prescriptivo: la oportunidad, la

legitimación, la identidad y la idoneidad. En otras

palabras, la reclamación debe realizarse antes de la

consumación del plazo; por el titular del derecho; con

relación entre el derecho reclamado y el afectado por la

prescripción, y a través de un medio adecuado.

Los daños que la señora Cacho González reclamó

surgieron, según alegó, de publicaciones en la televisión

que comenzaron poco después de la muerte de su hijo.

Aunque las fechas de cada programa de televisión se

desconocen, y ello podrá ser objeto de descubrimiento de

prueba en el Tribunal de Primera Instancia, se pueden

determinar ahora las fechas para las que pudieran quedar

acciones vigentes.

El niño Lorenzo González Cacho murió el 9 de marzo

de 2010. El 14 de julio de 2010, la señora Cacho González

envió una primera carta a Televicentro, con copia a

Telemundo. Telemundo recibió otras cartas el 19 de enero

de 2012 y el 23 de octubre de 2012. El 13 de agosto de

2013, Televicentro recibió una segunda carta y el señor

Santarrosa recibió su primera carta. La demanda se

presentó el 31 de julio de 2014.

En cuanto a Telemundo, solo están vigentes las

causas de acción por actos cometidos durante el año

precedente a la presentación de la demanda. Como

Telemundo no recibió ninguna otra comunicación desde el

23 de octubre de 2012 hasta que la demanda se presentó en AC-2017-0018, AC-2017-0021 y AC-2017-0023 17

julio de 2014, las cartas perdieron el 23 de octubre de

2013 cualquier efecto interruptor que pudieran haber

tenido.

Por otro lado, si adscribimos el efecto interruptor

a las cartas enviadas al señor Santarrosa y a

Televicentro, estarían vigentes los reclamos relacionados

con actos difamatorios cometidos por estos desde el 13 de

agosto de 2012 en adelante. Aunque Televicentro recibió

una carta anterior el 14 de julio de 2010, esta solo pudo

tener efecto interruptor hasta el 14 de julio de 2011.

Por eso, solo las cartas de 13 de agosto de 2013

generaron controversia y son las que se mencionaron en

los errores señalados ante nos.

De entrada, precisamos que las cartas de 13 de

agosto de 2013 solo fueron dirigidas al señor Santarrosa

y a Televicentro. Por lo tanto, no pueden tener efecto

contra otras personas. Véase Díaz de Diana v. A.J.A.S.

Ins. Co., 110 DPR 471, 477 (1980) (“La reclamación no es

efectiva si se hace en el vacío. Hay que hacerla al

deudor. Es entonces cuando queda interrumpida

extrajudicialmente la prescripción”).

Para facilitar el análisis de esas cartas,

reproducimos textualmente una de ellas. Ambas son

esencialmente iguales; solo cambia el sujeto a quien se

refieren.

13 de agosto de 2013

Sr. Antulio “Kobbo” Santarrosa AC-2017-0018, AC-2017-0021 y AC-2017-0023 18

Apartado Postal ____ Carolina, Puerto Rico _____-____

Re: PLEITO POR DIFAMACIÓN Y LIBELO DE LA SRA. ANA CACHO, SRA. AMNERIS YVETTE GONZÁLEZ Y EL RESTO DE SU PARENTELA

Estimado señor Santarrosa:

La presente es para informarle que represento a la Sra. Ana Cacho, su señora madre, Sra. Amneris Yvette González, al padre de la Sra. Ana Cacho, así como al resto de la parentela de ésta, en una futura acción judicial por difamación y libelo, que habremos de iniciar contra la corporación que usted dirige y administra y que producía el Programa “SuperXclusivo”, y contra usted en su carácter personal, por todos y cada uno de los daños sufridos por estos como consecuencia de las actuaciones libelosas y difamatorias que usted manifestó y expresó en el referido programa en múltiples ocasiones y hasta el momento mismo en que el programa cesó de ser transmitido por el Canal 4. Esa acción podrá ser iniciada en el tribunal local o en el tribunal federal sito en Puerto Rico o en cualquier tribunal federal de los Estados Unidos. La presente tiene el propósito de interrumpir cualquier término de prescripción que pueda existir en el Código Civil de Puerto Rico o en cualquier otra legislación vigente a favor de ustedes, ya que en estos momentos por circunstancias ajenas a nuestra voluntad no podemos iniciar esa causa de acción. Las acciones difamatorias y libelosas llevadas a cabo por usted, resultaron unas continuas una detrás de la otra desde el inicio en que se singularizó a la Sra. Cacho, en relación con el asesinato de su hijo. Sin ningún otro particular al cual referirme, quedamos de usted.

Coincidimos con el foro apelativo intermedio en que

estas cartas tuvieron efecto interruptor y que no era

necesario que enumeraran cada programa alegadamente

difamatorio. Las cartas de 13 de agosto de 2013

manifestaron “de forma inequívoca la intención de exigir AC-2017-0018, AC-2017-0021 y AC-2017-0023 19

responsabilidad civil del demandado”, González v. Wal-

Mart, Inc., 147 DPR 215, 221 (1998), y “notificar[on], a

grandes rasgos, la naturaleza de la reclamación”. De León

v. Caparra Center, supra, pág. 803. Las cartas estudiadas

describieron con suficiencia el reclamo que habrá de

llegar a los tribunales. También cumplieron con los

requisitos mencionados: (1) oportunidad (se presentaron a

tiempo para exigir resarcimiento por los daños producidos

por publicaciones difamatorias luego de 13 de agosto de

2012, si alguna); (2) legitimación (las envió la

representación legal de la familia de la señora Cacho

González en representación de estos); (3) identidad

(demuestran el interés de presentar una acción por

difamación y libelo por las expresiones en contra de la

señora Cacho González con relación al asesinato de su

hijo), e (4) idoneidad (se enviaron por correo

certificado a los supuestos responsables del daño

alegado).

En un caso como este, en que se alegan daños por

actos similares que se repitieron con frecuencia, la

fecha específica de cada acto no es importante para

efectos de la suficiencia de la reclamación

extrajudicial, siempre y cuando se pueda verificar el

cumplimiento con el requisito de oportunidad. Las cartas

de 13 de agosto de 2013 alegaron que los actos

difamatorios y libelosos duraron “hasta el momento mismo

en que el programa cesó de ser transmitido”, lo que AC-2017-0018, AC-2017-0021 y AC-2017-0023 20

ocurrió en enero de 2013. Esa fecha es suficiente para

constatar la oportunidad del reclamo, hecho en agosto de

2013. Por lo tanto, si ocurrieron actos difamatorios

durante el año precedente al envío de la carta, la carta

de agosto de 2013 interrumpió oportunamente el término

prescriptivo para las causas de acción surgidas por actos

difamatorios desde agosto de 2012 hasta enero de 2013,

cuando el programa cesó de ser transmitido. De manera

que, las fechas específicas de cada programa alegadamente

difamatorio no fueron necesarias para que el reclamo de

la señora Cacho González sea patente. Tampoco fueron

necesarias para que el señor Santarrosa y Televicentro

queden informados, a grandes rasgos, de la naturaleza de

la reclamación. Véase De León v. Caparra Center, supra,

pág. 803.

Televicentro y el señor Santarrosa señalaron, en sus

respectivos alegatos, que las cartas solo hacen

referencia al libelo y a la difamación, y no a las demás

causas de acción que se incluyeron en la demanda. Tienen

razón. Las cartas hacen referencia específicamente a

daños supuestamente ocasionados por las publicaciones en

la televisión. Por lo tanto, no debe quedar duda de que,

en virtud del requisito de identidad, su efecto

interruptor solo existe referente a las causas de acción

por difamación y libelo.

No obstante, Televicentro también alegó que las

cartas no formularon una reclamación detallada, que AC-2017-0018, AC-2017-0021 y AC-2017-0023 21

contienen numerosos adjetivos conclusorios y que no

identifican las expresiones supuestamente falsas de los

programas ni cuál es la verdad que contradice las

falsedades alegadamente publicadas. Señaló, en fin, que

las cartas no expresaron hechos demostrativos de la causa

de acción por difamación. Estos argumentos no tienen

mérito. Como explicamos, las cartas de 13 de agosto de

2013 cumplieron con los requisitos jurisprudenciales

vigentes. Sería injusto exigir más. Además, la

información contenida en ellas es suficiente para que el

señor Santarrosa y Televicentro advengan en conocimiento

de la voluntad de la señora Cacho González de no perder

su derecho y de la naturaleza de la reclamación que hace.

No exigimos más.

IV

Como resultado, la demanda de la señora Cacho

González está parcialmente prescrita. La publicación de

noticias difamatorias provoca daños sucesivos, por lo que

el término prescriptivo debe calcularse de manera

individual para cada uno de los actos alegadamente

difamatorios. Así pues, revocamos parcialmente la

sentencia del Tribunal de Apelaciones. De esa sentencia,

solo mantenemos vigente la conclusión de que las cartas

de 13 de agosto de 2013 interrumpieron el término

prescriptivo de los reclamos contra Televicentro y el

señor Santarrosa, pero precisamos que solo para reclamos

por actos ocurridos desde el 13 agosto de 2012. AC-2017-0018, AC-2017-0021 y AC-2017-0023 22

Devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para

que continúe con los procesos en forma consecuente con lo

expresado en esta Opinión.

Se dictará Sentencia en conformidad.

RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Ana Y. Cacho González; Amneris Yvette González de Elías y Charles K. Elías, por sí y como miembros de la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos

Apelados AC-2017-0018 v. AC-2017-0021 AC-2017-0023 Antulio “Kobbo” Santarrosa, su esposa Iris Lugo Cabrera y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos; J&K Enterprises, Inc.; Televicentro of Puerto Rico LLC; Héctor Travieso López, por sí y en representación de la Sociedad Legal de Gananciales compuesta con su esposa Fulana de Tal; Telemundo of Puerto Rico Studios LLC; Es Televisión, Corp.; Silvia Hernández Rodríguez; y personas XYZ

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte de esta Sentencia, la demanda de la señora Cacho González está parcialmente prescrita. La publicación de noticias difamatorias provoca daños sucesivos, por lo que el término prescriptivo debe calcularse de manera individual para cada uno de los actos alegadamente difamatorios. Así pues, revocamos parcialmente la sentencia del Tribunal de Apelaciones. De esa sentencia, solo mantenemos vigente la conclusión de que las cartas de 13 de agosto de 2013 interrumpieron el término prescriptivo de los reclamos contra Televicentro y el señor Santarrosa, pero precisamos que solo para reclamos por actos ocurridos AC-2017-0018, AC-2017-0021 y AC-2017-0023 2

desde el 13 agosto de 2012. Devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para que continúe con los procesos en forma consecuente con lo expresado en esta Opinión.

Lo acordó y ordena el Tribunal y lo certifica el Secretario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Colón Pérez emitió Opinión concurrente, a la que se unieron la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez y el Juez Asociado señor Estrella Martínez. El Juez Asociado señor Feliberti Cintrón está inhibido.

José Ignacio Campos Pérez Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Ana Cacho Y. González y otros

Apelados Núm. AC-2017-018 Apelación AC-2017-021 v. AC-2017-023 Antulio “Kobbo” Santarrosa Y otros

Opinión Concurrente emitida por el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ a la cual se unen la Juez Asociada señora RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ y el Juez Asociado señor ESTRELLA MARTÍNEZ.

En San Juan, Puerto Rico a 19 de agosto de 2019.

Por entender que no todos los casos de

difamación deben analizarse automáticamente bajo la

doctrina de daños sucesivos, respetuosamente

concurrimos con el resultado al que llega una mayoría

de este Tribunal en el día de hoy.

Y es que somos del criterio que, en casos de

esta naturaleza, se debe dejar la puerta abierta para

que en escenarios que así lo ameriten, y cuando se

desprenda de las alegaciones en la demanda, el

agraviado pueda instar una sola causa de acción en

daños y perjuicios por difamación, por haberse

configurado un daño continuado. Veamos. AC-2017-0018, 0021 y 0023 2

I.

Los hechos medulares de este caso no están en

controversia. Como bien se recoge en la Opinión que hoy

emite este Tribunal, el 31 de julio de 2014, la señora Ana

Y. Cacho González (en adelante, “señora Cacho González”),

madre del fenecido niño Lorenzo González Cacho, presentó

una demanda sobre daños y perjuicios, violación de derechos

constitucionales, hostigamiento, persecución y difamación

en contra del señor Antulio “Kobbo” Santarrosa (en

adelante, “señor Santarrosa”) y otros codemandados. En la

misma, la señora Cacho González alegó que, a partir de la

muerte de su hijo, los aquí demandados iniciaron una serie

de rumores, insinuaciones, comentarios malintencionados y

acusaciones falsas y difamatorias, contra ella y su

familia. Adujo, además, que dichos comentarios y

acusaciones se habían transmitido constantemente a través

de los programas televisivos de los demandados durante los

últimos cuatro (4) años. Por su parte, Telemundo y

Televicentro presentaron mociones de desestimación

fundamentadas en que la demanda estaba prescrita. A dicha

moción de desestimación, la señora Cacho González

oportunamente se opuso.

Evaluados los planteamientos de ambas partes, el

Tribunal de Primera Instancia emitió una Sentencia parcial

declarando ha lugar ambas mociones de desestimación, bajo

el fundamento de que estaban prescritas. Posteriormente, el AC-2017-0018, 0021 y 0023 3

foro apelativo intermedio revocó el dictamen del Tribunal

de Primera Instancia y resolvió que unas cartas enviadas al

señor Santarrosa y a Televicentro el 13 de agosto de 2013

interrumpieron el término prescriptivo para las causas de

acción contra éstos. En cuanto a los demás codemandados,

determinó que, como las alegaciones de la demanda

describieron una conducta ininterrumpida de éstos que

perduró hasta que se presentó la demanda, los reclamos no

habían prescrito.

Llegada la controversia ante nos, en el día de hoy

este Tribunal resuelve que la demanda de la señora Cacho

González está parcialmente prescrita.1 Ello, pues considera

que la publicación de noticias difamatorias siempre provoca

daños sucesivos, por lo que el término prescriptivo debe

calcularse de manera individual para cada uno de los actos

alegadamente difamatorios. Aunque estamos de acuerdo con el

resultado al que hoy se llega, de esa última afirmación

diferimos. Veamos por qué.

II.

A.

Como es sabido, la prescripción extintiva es una de

las formas de extinción de un derecho por la inercia de una

parte en ejercer el mismo dentro del término prescrito por

ley. Maldonado Rivera v. Suárez, 195 DPR 182 (2016);

1 De la sentencia del Tribunal de Apelaciones sólo se mantiene vigente la conclusión de que las cartas del 13 de agosto de 2013 interrumpieron la prescripción de los reclamos contra Televicentro y el señor Santarrosa, pero se especifica que sólo en cuanto a las reclamaciones por actos desde el 13 de agosto de 2012. AC-2017-0018, 0021 y 0023 4

Fraguada Bonilla v. Hospital del Auxilio Mutuo, 186 DPR 365

(2012); S.L.G. Serrano-Báez v. Foot Locker, 182 DPR 824,

831 (2011). El objetivo que se persigue con esta forma de

extinción de los derechos es impedir la incertidumbre de

las relaciones jurídicas y sancionar la inacción del

ejercicio de los derechos. Orraca López v. ELA, 192 DPR 31,

49 (2014); COSSEC v. González López, 179 DPR 793 (2010);

Santos de García v. Banco Popular, 172 DPR 759 (2007). El

requisito fundamental para que la prescripción tenga

efecto, es el transcurso del término provisto por la ley.

Art. 1861, Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5291.

Rivera Ruiz v. Mun. de Ponce, 196 DPR 410 (2016); Orraca

López v. E.L.A., supra; S.L.G. García-Villega v. E.L.A.,

190 DPR 799 (2014); Meléndez Guzmán v. Berríos López, 172

DPR 1010 (2008).

Conforme a lo anterior, el Art. 1868 del Código Civil,

31 LPRA sec. 5298, dispone que las acciones de daños y

perjuicios por culpa o negligencia a las que se refiere el

Art. 1802, 31 LPRA sec. 5141, como las incoadas en el

presente caso, tienen un término de prescripción de un (1)

año.2 Col. Mayor Tecn. v. Rodríguez Fernández, 194 DPR 635,

644 (2016); Toro Rivera v. ELA, 194 DPR 393, 415 (2015);

Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra. El punto de

partida del término de prescripción de una acción de daños

y perjuicios es la fecha en que el agraviado conoció el

2 El Art. 1802 del Código Civil, supra, establece: “El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”. AC-2017-0018, 0021 y 0023 5

daño, quién fue el autor del mismo, y los elementos

necesarios para poder ejercitar su causa de acción. Rivera

Ruiz v. Mun. de Ponce, supra; Toro Rivera v. ELA, supra;

Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra. Esta doctrina

se conoce en nuestro ordenamiento jurídico como la teoría

cognoscitiva del daño. COSSEC et al. v. González López et

al., supra; García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, 174 DPR 138

(2008); Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308 (2004).

B.

Sobre el particular, es menester señalar que, en

decisiones previas, este Tribunal ha reconocido la

existencia de varios tipos de daños por los cuales se puede

reclamar, entre éstos -- y en lo relacionado a las

controversias que nos ocupan –- se destacan los daños

sucesivos y daños continuados. Los daños sucesivos son:

[U]na secuencia de reconocimientos de consecuencias lesivas por parte del perjudicado, las que se producen y manifiestan periódicamente, o aun continuamente, pero que se van conociendo en momentos distintos entre los que media un lapso de tiempo finito, sin que en momento alguno sean previsibles los daños subsiguientes, ni sea posible descubrirlos empleando diligencia razonable. Dicho en otras palabras, se trata de una secuencia de daños ciertos que se repiten (sin que sea necesario que sean idénticos en su naturaleza, grado, extensión y magnitud) cuya repetición no es previsible en sentido jurídico ni son susceptibles de ser descubiertos empleando diligencia razonable. (Énfasis suplido) Santiago v. Ríos Alonso, 156 DPR 181, 191 (citando H. Brau del Toro, Los daños y perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Publicaciones JTS, 1986, V. II, pág. 644). Véanse también, Rivera Ruiz v. Mun. de Ponce, AC-2017-0018, 0021 y 0023 6

supra; Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, 170 DPR 149 (2007).

Esta clase de daños puede surgir de una secuencia de actos

culposos o negligentes o de un acto único o varios actos

coetáneos que, aunque no se repitan, tienen un efecto

lesivo que se manifiesta de forma sostenida y duradera.

Dichos actos no son previsibles y, de serlo, no dan lugar a

la previsión de las consecuencias lesivas que producen, las

cuales se conocen posteriormente en forma repetitiva o

sucesiva. H. Brau del Toro, Los daños y perjuicios

extracontractuales en Puerto Rico, 2da ed., San Juan,

Publicaciones JTS, 1986, V. II, pág. 643. Debido a que los

daños sucesivos no son “previsibles, a diferencia de los

daños continuados, no podemos incluir como daño cierto el

daño acaecido ni todos los posibles daños futuros que

podrían acaecer”. Nazario v. E.L.A., 159 DPR 799, 808

(2003) (Sentencia).

Así, pues, cuando se trata de daños sucesivos, cada

acto u omisión culposa o negligente produce un daño

distinto, generando así cada acto una causa de acción

independiente. Rivera Ruiz v. Mun. de Ponce, supra; Rivera

Prudencio v. Mun. de San Juan, supra; Santiago v. Ríos

Alonso, supra. Cónsono con la teoría cognoscitiva del daño,

el término prescriptivo para el ejercicio de cada causa de

acción comienza a transcurrir en el momento en que se AC-2017-0018, 0021 y 0023 7

reconoce el respectivo daño particular. Brau del Toro, op.

cit., pág. 644.

Los daños continuados, por su parte, han sido

definidos en múltiples ocasiones por este Tribunal como:

[A]quéllos producidos por uno o más actos culposos o negligentes imputables al actor, coetáneos o no, que resultan en consecuencias lesivas ininterrumpidas, sostenidas, duraderas sin interrupción, unidas entre sí, las cuales al ser conocidas hacen que también se conozca — por ser previsible — el carácter continuado e ininterrumpido de sus efectos, convirtiéndose en ese momento en un daño cierto compuesto por elementos de daño actual (aquel que ya ha acaecido), y de daño futuro previsible y por tanto cierto. (Énfasis suplido) Brau del Toro, op. cit., pág. 648.

Esta definición ha sido adoptada y reiterada por este

Tribunal en múltiples ocasiones. Véanse, Velázquez Ortiz v.

Mun. de Humacao, 197 DPR 656; Rivera Ruiz v. Mun. de Ponce,

supra; Toro Rivera v. E.L.A., 194 DPR 393 (2015); Rivera

Alonso, supra; Galib Frangie v. El Vocero de P.R., 138 DPR

560 (1995). Según se desprende de la misma, los daños

continuados se caracterizan por derivarse de un acto

culposo como unidad y no como una pluralidad de daños

particulares, como es el caso de los daños sucesivos. Toro

Rivera v. E.L.A., supra; Rivera Prudencio v. Mun. de San

Juan, supra. Véanse también, J. Santos Briz, La

responsabilidad civil: derecho sustantivo y derecho

procesal, 7ma ed., San Juan, Ed. Montecorvo, 1993, T. I,

pág. 1187, esc. 851; Brau del Toro, op. cit., pág. 648. AC-2017-0018, 0021 y 0023 8

Al respecto, y en reiteradas ocasiones, este Tribunal

ha reconocido que los daños continuados tienen tres (3)

rasgos distintivos, a saber: (1) éstos nacen de uno o

varios actos culposos o negligentes que son imputables al

mismo actor; (2) los daños ocasionados se manifiestan

ininterrumpidamente; y (3) dichos daños, en conjunto,

conforman un proceso perjudicial progresivo de carácter

unitario. Velázquez Ortiz v. Mun. de Humacao, supra, págs.

665-666 (citando J. L. Lacruz Berdejo, Elementos de Derecho

Civil II: derecho de obligaciones, 3ra ed., Barcelona, Ed.

José María Bosch, 1995, V. 2, pág. 518).

A diferencia de los daños sucesivos, los continuados

generan “una sola causa de acción que comprende todos los

daños ciertos, tanto los actuales como los previsibles en

el futuro, como consecuencia de una conducta torticera

continua”. Rivera Ruiz v. Mun. de Ponce, supra, pág. 417.

Véanse también, Velázquez Ortiz v. Mun. de Humacao, supra;

Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, supra. Por tal razón,

el término prescriptivo de una causa de acción por daños

continuados comienza a transcurrir en un momento distinto

al de la acción por daños sucesivos. Rivera Ruiz v. Mun. de

Ponce, supra. Véanse, además, Rivera Prudencio v. Mun. de

San Juan, supra; Santiago v. Ríos Alonso, supra.

Recientemente, en Rivera Ruiz v. Mun. de Ponce, supra,

esta Curia aclaró y pautó la norma aplicable para

determinar cuándo comienza a transcurrir el periodo AC-2017-0018, 0021 y 0023 9

prescriptivo para reclamar por este tipo de daños. Ello,

luego de varios años de cierta confusión jurisprudencial

respecto a si el término debía computarse desde que

comienza la producción de los daños o a partir del momento

en que se produce el resultado definitivo. Véanse, J. J.

Álvarez González y J. J. Colón García, Análisis del término

2016-2017: Responsabilidad Civil Extracontractual, 87 Rev.

Jur. UPR 601, 610 (2018); J. J. Álvarez González, Análisis

del término 2006-2007: Responsabilidad Civil

Extracontractual, 77 Rev. Jur. UPR 603, 621 (2008); J. J.

Álvarez González, Análisis del término 2006-2007:

Responsabilidad Civil Extracontractual, 72 Rev. Jur. UPR

615, 642 (2003).

Así pues, y luego de examinar minuciosamente la

normativa relacionada a los daños continuados, este

Tribunal estableció que el término prescriptivo para

presentar una acción por daños de carácter continuado

“comienza a transcurrir cuando se verifiquen los últimos

actos u omisiones o se produzca el resultado definitivo, lo

que sea posterior”, revocando así lo resuelto al respecto

en Galib Frangie v. El Vocero de P.R., supra. Rivera Ruiz

v. Mun. de Ponce, supra, pág. 426. En la referida opinión,

también se reiteró que el carácter continuado de este tipo

de daños recae sobre la causa -- entiéndase el acto u

omisión -- que los produce y no en la lesión sufrida. Íd., AC-2017-0018, 0021 y 0023 10

págs. 417-418. Véase, además, Arcelay v. Sánchez, 77 DPR

824 (1955).

C.

Como se puede apreciar, al estudiar las definiciones

de los denominados daños sucesivos y daños continuados que

han sido adoptadas por nuestra jurisprudencia, salta a la

vista una distinción esencial entre ambas clasificaciones:

el elemento de previsibilidad.

Sobre este particular, el tratadista Herminio Brau del

Toro, comentó lo siguiente:

Enfatizamos que es rasgo determinante de [los daños sucesivos] el que la repetición del daño no es previsible. De serlo estaríamos frente a daños ciertos […]. Obsérvese que de ser previsible la repetición de los daños, tal conjunto de consecuencias lesivas conocidas constituiría una unidad de daños ciertos y no una pluralidad de daños repetitivos. El supuesto de pluralidad de consecuencias lesivas — que al ser conocidas constituyen una secuencia de daños — sólo puede darse si dichas consecuencias no son previsibles. (Énfasis suplido) Brau del Toro, op. cit., pág. 643.

Esta caracterización es fundamental a la luz de la teoría

cognoscitiva del daño, ya que, como mencionamos

anteriormente, para establecer el comienzo del periodo

prescriptivo es necesario determinar en qué momento el

agraviado conoce o debió conocer que sufrió un daño, el

causante del mismo y los elementos necesarios para ejercer

su causa de acción. Así, pues, el carácter continuado o

sucesivo de un daño particular, en gran medida, está AC-2017-0018, 0021 y 0023 11

vinculado a la previsibilidad de la repetición de la

conducta que lo causa.

En el contexto de la responsabilidad civil

extracontractual “[l]a previsibilidad se considera el

antecedente lógico y psicológico de la evitabilidad de un

daño contrario a derecho y no querido”. Santos Briz, op.

cit., pág. 46. En el caso de los daños sucesivos, la

ocurrencia de episodios lesivos subsiguientes es

especulativa y no previsible, debido a que existen dudas

fundadas sobre la continuación de los actos u omisiones que

causan los mismos. Véase, Brau del Toro, op. cit., pág.

644. Al hablar de daños continuados, sin embargo, una vez

se conocen las primeras consecuencias lesivas,

razonablemente puede también conocerse el carácter continuo

del daño, por lo que la repetición de estos episodios se

considera previsible.

Este elemento de previsibilidad ha sido definido con

particular precisión por la Juez Asociada señora Rodríguez

Rodríguez en su opinión de conformidad en Umpierre

Biascoechea v. Banco Popular, 170 DPR 205, 215 (2007)

(Sentencia). Allí, la Juez Rodríguez Rodríguez enumeró tres

(3) factores característicos de los daños continuados, a

saber: (1) uno o varios actos negligentes o culposos; (2)

que unidos entre sí causen daños ininterrumpidos y

sostenidos; y (3) que sea previsible que los daños

continúen en el futuro. Íd., pág. 215 (Op. de conformidad, AC-2017-0018, 0021 y 0023 12

Juez Asociada Rodríguez Rodríguez). Al elaborar sobre la

previsibilidad de que los daños continúen en el futuro ésta

expresó lo siguiente:

Este tercer criterio supone que existen unos daños “actuales” junto a otros que son “previsibles”, aunque estos últimos no se verifiquen. Ello hace entonces que todos los daños sean ciertos. La certeza se fundamenta en que la afectada, una vez advierte de la naturaleza de los agravios ya experimentados y constata que éstos tienen un patrón y están unidos por ser el resultado de una misma causa, logra comprender y puede razonablemente prever que de mantenerse vigente la causa continuará sufriendo daños de la misma naturaleza. (Énfasis suplido) Íd.

No obstante, cabe señalar que ya en Rivera Prudencio

v. Mun. de San Juan, supra, este Tribunal había aplicado

este criterio de previsibilidad en el contexto de una

reclamación por daños alegadamente producidos a la esposa

de un empleado del Municipio de San Juan por una serie de

traslados sufridos por este último. En esa ocasión,

resolvimos que los daños surgidos de cada traslado fueron

de carácter sucesivo, pues no era jurídicamente previsible

que ocurrieran, toda vez que las consecuencias lesivas se

manifestaron cada vez que ocurrió uno de esos traslados.

Íd. Véase también, Álvarez González, Análisis del término

2006-2007: Responsabilidad Civil Extracontractual, supra,

pág. 622. El Tribunal razonó que se trataba de “una serie

de daños ciertos, individuales y concretos, los cuales no

hubiesen podido ser previstos por el más diligente de las

personas prudentes y razonables”. Rivera Prudencio v. Mun. AC-2017-0018, 0021 y 0023 13

de San Juan, supra, pág. 170. Concluyó que, “no eran

jurídicamente previsibles, sino que, por el contrario, la

creencia de que ocurrirían subsiguientes traslados era

meramente especulativa”. Íd.

III.

Dicho ello, es menester recordar también que en

nuestra jurisdicción la protección contra la expresión

difamatoria surge de lo dispuesto en el Art. II, Sec. 8, de

la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,

LPRA Tomo 1. Es en esta disposición constitucional donde se

consagra el derecho a la protección contra ataques abusivos

a la honra, la reputación y la vida privada o familiar.

Ojeda v. El Vocero de P.R., 137 DPR 315 (1994); Porto y

Siurano v. Bentley P.R., Inc., 132 DPR 331 (1992); Clavell

v. El Vocero de P.R., 115 DPR 685 (1984).

De conformidad con lo anterior, y al amparo del Art.

1802 del Código Civil de Puerto Rico, supra, este Tribunal

ha reconocido una causa de acción en daños y perjuicios por

libelo y difamación. Meléndez Vega v. El Vocero de P.R.,

189 DPR 123 (2013); Colón Pérez v. Televicentro de P.R.,

175 DPR 690 (2009); Ojeda v. El Vocero de P.R., supra.

Dicha causa de acción se manifiesta en dos (2) vertientes,

según las cuales el quantum de prueba varía: la de figura

privada y la de figura pública. Meléndez Vega v. El Vocero

de P.R., supra. Véanse también, Colón Pérez v. Televicentro

de P.R., supra; Pérez v. El Vocero de P.R., 149 DPR 427 AC-2017-0018, 0021 y 0023 14

(1999); Meléndez v. El Vocero de P.R., 144 DPR 389 (1997);

Garib Bazain v. Clavell, 135 DPR 475 (1994).

En cuanto a la dicotomía entre la figura pública y la

privada, hemos establecido que su fundamento racional

estriba en que la figura pública, por lo general, tiene

mayor acceso a los medios de comunicación para refutar la

publicación difamatoria y contrarrestar su efecto. Por otro

lado, se presume que ésta se ha expuesto voluntariamente a

ser objeto de un juicio más riguroso por el público. Torres

Silva v. El Mundo, Inc., 106 DPR 415 (1977); Garib Bazain

v. Clavell, supra; Villaneuva v. Hernandez Class, 128 DPR

618 (1991); Clavell v. El Vocero de P.R., supra. Ahora

bien, dicha presunción “no se justifica en el caso de las

figuras privadas que no se han lanzado a la palestra

pública y cuyo interés en la reputación personal no ha sido

menguado por ninguna actuación voluntaria de su parte”.

Torres Silva v. El Mundo, Inc., supra, pág. 422.

Así pues, para que prospere una causa de acción por

difamación, en el caso de una figura privada, la persona

perjudicada debe alegar y, posteriormente, probar que: (1)

la información publicada es difamatoria y falsa; (2) se

publicó de forma negligente; y (3) le produjo daños reales.

Pérez v. El Vocero de P.R., supra; Garib Bazain v. Clavell,

supra; Méndez Arocho v. Vocero de Puerto Rico, 130 DPR 867

(1992); Ocasio v. Alcalde Mun. de Maunabo, 121 DPR 37

(1988). En cambio, en el caso de una figura pública se le AC-2017-0018, 0021 y 0023 15

requiere, además, establecer que la información difamatoria

fue publicada con malicia real, es decir, a sabiendas de

que era falsa o con grave menosprecio de la verdad.

Meléndez Vega v. El Vocero de P.R., supra; Pérez v. El

Vocero de P.R., supra; Garib Bazain v. Clavell, supra.

IV.

En el presente caso nos corresponde determinar si las

causas de acción de la señora Cacho González y los demás

demandantes para reclamar por los alegados daños provocados

por las publicaciones hechas por la parte demandada antes

del año previo a la presentación de la demanda habían

prescrito al momento de incoar su reclamación. Para ello es

necesario determinar si los daños alegados por éstos son de

carácter sucesivo o continuado.

Según la señora Cacho González y los demás demandantes,

los daños producidos por las expresiones de los referidos

programas de televisión son de carácter continuado. No

obstante, como hemos mencionado, para llegar a dicha

conclusión se requiere que examinemos si la continuación de

las publicaciones en cuestión era jurídicamente previsible.

Realizado dicho examen, el cual incluyó un análisis de

las alegaciones hechas por la señora Cacho González en su

demanda, entendemos que éstas no lograron establecer que era

razonablemente previsible que la conducta incurrida por el

señor Santarrosa y demás codemandados habría de repetirse. AC-2017-0018, 0021 y 0023 16

En consecuencia, y a la luz de las definiciones antes dadas,

los daños alegados son de carácter sucesivo.

Coincidimos con la Opinión del Tribunal en que, en este

caso particular, la probabilidad de que la conducta lesiva

se repitiera era meramente especulativa. Ello es así, pues

de las alegaciones incluidas en la demanda no se desprende

que, en el momento en que se realizó cada publicación, los

peticionarios razonablemente pudieron prever que dicha

conducta se repetiría, lo cual hubiese convertido el daño en

uno cierto compuesto por elementos de daño actual ya

ocurrido y de daño futuro previsible.

Ante la falta de previsibilidad de que los daños eran

susceptibles de repetirse, no podemos concluir que los actos

ante nuestra consideración son de carácter continuado. Por

consiguiente, las consecuencias lesivas de los daños

alegados se manifestaron en el momento en que se hizo cada

publicación y ocurrió cada incidente. Esto torna los hechos

ante nuestra consideración en una “secuencia de daños

ciertos que se repiten […] cuya repetición no es previsible

en sentido jurídico ni son susceptibles de ser descubiertos

empleando diligencia razonable”. Brau del Toro, op. cit., p.

644. Rivera Ruiz v. Mun. de Ponce, supra; Rivera Prudencio

v. Mun. de San Juan, supra; Santiago v. Ríos Alonso, supra.

Al tratarse de daños sucesivos, donde cada daño produce una

causa de acción independiente, el periodo prescriptivo

comenzó a transcurrir en el momento en que se hizo cada AC-2017-0018, 0021 y 0023 17

publicación o sucedió cada incidente. Siendo ello así, las

causas de acción para reclamar por los daños ocasionados por

las publicaciones e incidentes ocurridos antes del año

previo a la presentación de la demanda están prescritas. En

cuanto a las acciones contra Televicentro y el señor

Santarrosa, coincidimos con la Opinión del Tribunal en que

el término prescriptivo fue interrumpido extrajudicialmente

para las reclamaciones por actos ocurridos a partir del 12

de agosto de 2012.

Ahora bien, como ya mencionamos, y contrario a lo que

se establece en la Opinión del Tribunal, entendemos que una

serie de publicaciones difamatorias podría, en determinadas

circunstancias, dar lugar a que la parte afectada, “una vez

adviert[a] de la naturaleza de los agravios ya

experimentados y constat[e] que éstos tienen un patrón y

están unidos por ser el resultado de una misma causa,

logr[e] comprender y pued[a] razonablemente prever que de

mantenerse vigente la causa continuará sufriendo daños de la

misma naturaleza”. (Énfasis suplido) Umpierre Biascoechea v.

Banco Popular, supra, Op. de conformidad, Juez Asociada

señora Rodríguez Rodríguez. Es decir, daños que se

consideran continuados.

Esa puerta no la podemos cerrar. Por ello, concurrimos.

C. AC-2017-0018, 0021 y 0023 18

Por último, no nos parece correcto -- como se sugiere

en la Opinión Mayoritaria -- concluir que en Galib Frangie

v. El Vocero de P.R., 138 DPR 560 (1995), este Tribunal

clasificó todos los casos de difamación como casos de daños

sucesivos. En lo pertinente a esta controversia, en el

referido caso se dilucidó si una carta, que interrumpió el

término prescriptivo de las causas de acción del señor

Jussef M. Galib Frangie por una serie de artículos

alegadamente difamatorios, también interrumpió el término

para las causas de acción de su esposa, la señora Judith

Brás, y de la sociedad legal de gananciales compuesta por

ambos. Dicha carta fue enviada por el representante legal

del señor Galib Frangie y la misma no hacía referencia a su

esposa, ni a la sociedad de gananciales.

Según se comenta en Galib Frangie v. El Vocero de P.R.,

supra, para evadir la conclusión que esto último conllevaba,

el señor Galib Frangie y la señora Brás argumentaron que los

artículos constituían un daño continuado. Es en ese

contexto, y no otro, que el Tribunal analizó si los daños

producidos por los mencionados artículos eran sucesivos o

En el precitado caso, el Tribunal concluyó que de las

alegaciones contenidas en la demanda (principio que

adoptamos en nuestra Opinión Concurrente) podía inferirse

que el término prescriptivo de las acciones correspondientes

a la señora Brás y la sociedad legal de gananciales comenzó AC-2017-0018, 0021 y 0023 19

a decursar en la fecha de publicación de cada uno de los

artículos. Cabe señalar que, aunque en Galib Frangie v. El

Vocero de P.R., supra, se expresó que los daños no eran

continuados, no se discuten las características de los daños

sucesivos. La discusión sobre este particular estuvo más

bien dirigida a establecer que en los casos de daños

continuados lo determinante es el momento en que comienza la

producción de los daños, lo cual, como correctamente

señalamos en Rivera Ruiz v. Mun. de Ponce, 196 DPR 410

(2016), constituyó un obiter dictum. Si bien Galib Frangie

v. El Vocero de P.R., supra, sólo fue revocado en cuanto a

lo resuelto sobre cuándo comienza a transcurrir el término

prescriptivo en casos de daños continuados, lo cierto es que

en dicho caso la argumentación no fue mucho más allá de

establecer esa norma.

Es, pues, por todo lo anterior, que -- como ya

mencionamos -- respetuosamente concurrimos con el resultado

al que llega hoy este Tribunal.

Ángel Colón Pérez Juez Asociado