EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Héctor Luis Bonilla Ramos
Recurrido Certiorari v. 2012 TSPR 93 Jean Annette Dávila Medina 185 DPR ____ Demandada Apelada
Procuradora de Asuntos de la Familia en Representación del Menor H.J.B.D.
Peticionario
Número del Caso: CC-2011-611
Fecha: 29 de mayo de 2012
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Fajardo
Oficina del Procurador General:
Lcda. Irene Soroeta Kodesh Procuradora General
Lcda. Michelle Camacho Nieves Procuradora General Auxiliar
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Domingo Bonilla Ozoria
Materia: Derecho de Familia – Requisito de emplazar al menor en acción de Impugnación de paternidad.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Héctor Luis Bonilla Ramos Recurrido
v.
Jean Annette Dávila Medina CC-2011-0611 Demandada-Apelada
Procuradora de Asuntos de Familia en representación del menor H.J.B.D.
Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez.
San Juan, Puerto Rico a 29 de mayo de 2012
Nos toca resolver si en una acción de impugnación de
paternidad el menor cuya paternidad se impugna es parte
indispensable. En este caso, no se demandó al menor dentro
del término de caducidad de seis meses dispuesto en la Ley
215 de 29 de diciembre de 2009, Ley para enmendar los
artículos 113-117 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 461-465
(Ley 215). Veamos.
I
El 15 de marzo de 2010 el señor Héctor Bonilla Ramos
presentó una demanda para impugnar la paternidad del menor
H.J.B.D. contra la señora Jean Annette Dávila Medina. Adujo
que tenía base y razón para creer que el menor no era su hijo
biológico y solicitó que se le ordenara a la parte someterse CC-2011-0611 2
a una prueba de paternidad. El 6 de mayo de 2010 se
diligenció el emplazamiento en la persona de la señora Dávila
Medina. Transcurrido el término de veinte días que tenía la
demandada para contestar, la parte demandante pidió que se
anotara la rebeldía a la demandada. El Tribunal de Primera
Instancia atendió el escrito y ordenó una vista para el 30 de
septiembre de 2010. Durante la vista, según se desprende de
la minuta, se designó a la Procuradora de Familia como
defensora judicial del menor quien al momento no había sido
traído al pleito. Además, se le concedió un término
adicional a la demandada para que contestase la demanda e
informó que dispondría sobre la prueba de paternidad una vez
recibidas las alegaciones responsivas.
El 27 de octubre de 2010 compareció la Oficina de la
Procuraduría de Asuntos de Familia y solicitó que se
desestimara la demanda por varias razones. En primer lugar,
expresó que se había dejado de acumular una parte
indispensable. En segundo lugar, dijo que el demandante
expuso una reclamación que no justificaba un remedio. Por
último, argumentó que no se ejercitó la acción ni se
perfeccionó la demanda en contra del menor dado a que no se
le incluyó como parte en el pleito dentro del término que
provee la Ley 215, supra, para ejercitar la acción. Ante
ello, el demandante presentó una oposición urgente a la
moción de desestimación. Indicó que no procedía la CC-2011-0611 3
desestimación del pleito sino que debía ordenarse la
inclusión del menor H.J.B.D. en el mismo.1
El 14 de marzo de 2011 el tribunal de instancia emitió
una sentencia donde declaró ha lugar la moción de
desestimación presentada por la defensora judicial y
desestimó con perjuicio la demanda. Razonó que al ser el
término dispuesto en la Ley 215, supra, uno de caducidad y al
éste haber caducado no procedía incorporar al menor al
pleito. Además, agregó que al menor haber sido reconocido
voluntariamente lo que procedía impugnar al interponer la
acción de impugnación era el acto de consentimiento y no el
hecho de si el menor era o no hijo biológico de quien lo
había reconocido como tal. En ese sentido, concluyó que el
demandante dejó de exponer una reclamación que justificaba un
remedio, toda vez que no alegó error, violencia o
intimidación en el consentimiento.
Inconforme, el demandante presentó un recurso de
apelación ante el Tribunal de Apelaciones. Sostuvo,
básicamente, que erró el Tribunal de Primera Instancia al
desestimar la demanda de impugnación de reconocimiento
voluntario por falta de jurisdicción. El foro intermedio
revocó la sentencia emitida por el foro primario y devolvió
el caso para que continuasen los procedimientos. Infirió que
los intereses del menor siempre estuvieron protegidos por su
madre y la defensora judicial y que, por tanto, había
incidido el Tribunal de Primera Instancia al no conceder la
inclusión del menor en el pleito.
1 Dicha solicitud se hizo una vez transcurrido el plazo de seis meses dispuesto en la Ley 215, supra. CC-2011-0611 4
En desacuerdo con la decisión del Tribunal de
Apelaciones, compareció ante este Tribunal la Procuradora
General. Expuso que el tribunal intermedio había errado al
revocar la sentencia desestimatoria del foro primario y
devolver el caso para que se incluyera al menor no emplazado,
aun cuando el término de caducidad dispuesto por la Ley 215,
supra, había caducado. El 10 de noviembre de 2011 concedimos
un término a la parte recurrida para que se expresase sobre
la petición de certiorari. Posteriormente, el 28 de
noviembre de 2011, a pedido de la Procuradora General y en
auxilio de nuestra jurisdicción, paralizamos los
procedimientos en el tribunal de instancia. Con el beneficio
de la comparecencia de ambas partes, pasamos a resolver.
II
A
La filiación es la relación jurídica que procede del
vínculo natural entre padres e hijos. José Puig Brutau,
Fundamentos del Derecho Civil, t. IV, Bosch, Barcelona, 1985,
pág. 187. Sin embargo, puede decirse que ésta no siempre se
desprende de un hecho biológico. En algunas ocasiones el
padre no necesariamente coincide con el progenitor porque,
como se ha expresado en otras oportunidades, “[p]adre y
progenitor no son sinónimos. Padre contiene una carga de
sentido socio cultural y jurídico de la que carece el término
progenitor”. Raúl Serrano Geyls, Derecho de Familia de
Puerto Rico y Legislación Comparada, Volumen 2, San Juan,
2002, pág. 886 (Citas omitidas). CC-2011-0611 5
En nuestro ordenamiento la paternidad y la filiación
están reguladas por la Parte IV del Código Civil. Los
artículos 113 a 117 contemplan todo lo relacionado a la
presunción de paternidad y maternidad, con los sujetos
legitimados para instar una acción de impugnación de
filiación y sobre los términos para ejercitar la misma. 31
L.P.R.A. sec. 461-465 (Supl. 2011).
En el 2009, la Asamblea Legislativa enmendó estos
artículos para atemperarlos a los tiempos en que vivimos,
según expresó en la Exposición de Motivos. El legislador
consideró que, dado los adelantos científicos, resulta
plausible que, establecida una presunción de maternidad o
paternidad, ésta no corresponda a la realidad biológica.
Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 215, supra.
De esta manera, la nueva legislación introdujo cambios
significativos a las disposiciones hasta ese momento
vigentes. En primer lugar, a diferencia del artículo 113
anterior, se establecieron dos posibles presunciones de
paternidad, a saber: la paternidad matrimonial y la
paternidad por reconocimiento voluntario. 31 L.P.R.A. sec.
461 (Supl. 2009). Previo a las enmiendas incluidas por la
Ley 215 únicamente la persona nacida dentro de un matrimonio
gozaba de una presunción de paternidad, esto porque,
aparentemente, se entendía que sólo el progenitor biológico
podía ser padre presunto.
Sin embargo, la Ley 215 modificó esta concepción. De
esta manera, estableció que además del marido de la madre, es
padre presunto aquél que sin estar casado reconoce CC-2011-0611 6
voluntariamente al menor. Vía esta enmienda, el legislador
incorporó al ordenamiento la presunción de paternidad por
reconocimiento voluntario.
Además, se enmendaron los términos establecidos para
impugnar la paternidad o la maternidad y la manera en que se
computan. El antiguo artículo 117 establecía un término de
caducidad de tres meses para impugnar la paternidad legal, es
decir la de aquellas personas nacidas vigente un matrimonio.
Si el padre legal se encontraba en Puerto Rico, el término
debía computarse a partir de la inscripción del menor. Si,
por el contrario, el padre legal estaba fuera de nuestra
jurisdicción, se concedía un término de seis meses a partir
de que éste adviniese en conocimiento del nacimiento del
hijo.
Por otro lado, los hijos nacidos fuera del matrimonio
no gozaban de la presunción de paternidad pero podían ser
reconocidos por el padre en el acta de nacimiento o cualquier
otro documento público, según establecido en el artículo 125
del Código Civil. 31 L.P.R.A. sec. 540. Sin embargo, el
Código Civil nada disponía sobre los términos para impugnar
ese tipo de reconocimiento. En Alcaide v. Morales, 28 D.P.R.
278 (1920) resolvimos que al ésta ser una acción personal sin
término señalado, el término que le aplicaría sería de quince
años. Íd., pág. 292. Sin embargo, tiempo después, por
considerar el término prescriptivo establecido en Alcaide v.
Morales, supra, irrazonable y erróneo, en Almodóvar v. Méndez
Román, 125 D.P.R. 218 (1990) resolvimos que a la acción de
impugnación de reconocimiento involuntario le aplican los CC-2011-0611 7
términos de caducidad dispuestos en el artículo 117 para la
acción de impugnación de paternidad, postura esta que
reiteramos en Rivera v. Jaume, 157 D.P.R. 562 (2002). De esta
manera, una vez transcurridos tres meses desde la inscripción
del hijo reconocido voluntariamente, según disponía el
anterior artículo 117, la acción de impugnación caducaba
tanto para quien reconocía voluntariamente como para el padre
legal.
Sin embargo, la Ley 215 enmendó los términos para
impugnar la paternidad o maternidad. En consecuencia, dispuso
para el padre legal un término de caducidad de seis meses
para impugnarla. 31 L.P.R.A. sec. 465. Además, estableció que
los seis meses deberán contarse a partir de la fecha en que
se advenga en conocimiento de la inexactitud en la filiación
o a partir de la aprobación de la ley, lo que fuera mayor.
La Ley 215 se aprobó el 29 de diciembre de 2009 y entró en
vigor treinta días después de esa fecha.
Es de notar que las enmiendas al Código Civil en cuanto
a presunción de paternidad y a los términos para impugnarla
son considerables. Sin embargo, los términos para la
impugnación, aunque se han extendido introducidiendo en este
ámbito la teoría cognitiva, se han mantenido como términos de
caducidad. No podemos olvidar que el interés en que la
realidad biológica coincida con la registral debe balancearse
con la búsqueda de la estabilidad de los derechos y
obligaciones nacidos de la filiación. CC-2011-0611 8
Fue precisamente en el contexto de esa búsqueda de
balance que en Almodóvar v. Méndez Román, supra,
manifestamos:
[a]l establecer los plazos de caducidad del Art. 117 del Código Civil, ante, el legislador hizo un balance entre el derecho de un individuo a deshacer una realidad jurídica inexacta y el derecho de una persona a la seguridad de su estado civil, así como el interés del Estado en la estabilidad de las relaciones filiatorias.
Asimismo, entendimos conveniente enfatizar que el hecho
de que se permita la impugnación del reconocimiento
voluntario no significa que se autorice el arrepentimiento.
Por eso es preciso aclarar que el estado civil es un estado
permanente que no puede estar sujeto al cambio de voluntad de
quien reconoce a una persona como su hijo. Relacionado a lo
anterior, en González Rosado v. Echevarría Muñiz, supra,
expresamos que la estabilidad que se procura busca evitar que
“la cuestión filiatoria permanezca abierta indefinidamente,
en perjuicio de quien aparece como hija y podría ser víctima
de los conflictos conyugales entre los supuestos padres”.
Íd., pág. 562.
El legislador ha sido claro que luego de transcurrido el
término de caducidad establecido en el artículo 117 la acción
habrá muerto y el presunto padre legal no podrá ejercer
acción alguna para impugnar su paternidad, independientemente
que ésta se origine en la presunción matrimonial o en la
presunción por reconocimiento voluntario. Claro, esto no
quiere decir que el hijo o hija se vea impedido de buscar su
filiación biológica posteriormente. Véase Sánchez v.
Sánchez, 154 D.P.R. 645 (2001). CC-2011-0611 9
B
Un término es un plazo de tiempo que concede una ley
para ejercer un derecho o realizar un acto procesal. B.B.V.
v. E.L.A., 180 D.P.R. 681 (2011), pág. 688. En nuestro
ordenamiento un término puede ser de prescripción o
caducidad. La diferencia entre éstos es que el término de
prescripción admite su interrupción mientras que el de
caducidad no lo permite. Zulma Muñoz Rodríguez v. Ten
General Contractors, 167 D.P.R. 297 (2006), pág. 302. De esta
manera, un término de caducidad “siempre extingue el derecho
a la causa de acción con el mero transcurso del tiempo. Su
propósito es fijar de antemano el término dentro del cual
podrá ejercitarse un derecho. Una vez comienza a transcurrir
un término de caducidad, no hay forma de revivirlo en su
totalidad, como ocurre con un término prescriptivo cada vez
que se interrumpe por una de las formas establecidas en ley”.
Íd., pág. 302.
Cónsono a lo anterior, y considerando el importante
interés que tiene el Estado en promover la estabilidad de las
relaciones filiatorias, en Vázquez Vélez v. Caro Moreno, 182
D.P.R. 803 (2011), reiteramos que “si la acción de
impugnación de filiación que no es promovida dentro del
periodo fijado en el ordenamiento jurídico, se considera que
el plazo ha caducado, lo que a su vez tiene el efecto de
consolidar el status familiae del hijo para todos los efectos
legales”. Íd., pág. 813 (citas omitidas). Enfatizamos allí
que al éste ser un término de caducidad no es susceptible de
interrupción. Así las cosas, una vez transcurridos los seis CC-2011-0611 10
meses a partir de que el padre presunto advino en
conocimiento de la inexactitud filiatoria, el estado
filiatorio impugnado adviene final y ya no puede ejercitarse
la acción de impugnación aunque la realidad biológica no
coincida con la registral. Importante es decir que Vázquez
Vélez v. Caro Moreno, supra, fue la primera vez en que
interpretamos la Ley 215, supra. Sin embargo, en aquella
oportunidad lo que estaba ante nuestra consideración era si
los términos dispuestos en la ley se extendían a aquellos
casos pendientes ante los tribunales; resolvimos en la
afirmativa.
III
Se considera que una parte es indispensable cuando la
controversia no puede adjudicarse sin su presencia ya que sus
derechos se verían afectados. Cepeda Torres v. García Ortiz,
132 D.P.R. 698 (1993). Reiteradamente hemos dicho que la
omisión de incluir una parte indispensable incide sobre el
debido proceso de ley que cobija al ausente. Romero v.
S.L.G. Reyes, 164 D.P.R. 721 (2005). Consecuentemente, la
Regla 16.1 de las de Procedimiento Civil dispone que “[l]as
personas que tengan un interés común sin cuya presencia no
pueda adjudicarse la controversia, se harán partes y se
acumularan como demandantes o demandas, según corresponda.
Cuando una persona que deba unirse como demandante rehúse
hacerlo, podrá unirse como demandada”. 32 L.P.R.A. Ap. V, R
16.1 (2010).
En Romero v. S.L.G. Reyes, supra, expresamos que a la
hora de determinar si la presencia de una parte es CC-2011-0611 11
indispensable o no para adjudicar una controversia debemos
considerar, “si el tribunal podrá hacer justicia y conceder
un remedio final y completo sin afectar los intereses del
ausente”. Íd., pág. 733. En este sentido, lo que se busca
proteger son los intereses de aquél que no ha sido traído al
litigio y que, de dejarse fuera, no tendría oportunidad
alguna de defenderlos. Ante la ausencia de una parte
indispensable el tribunal carece de jurisdicción para
resolver la controversia. Es por ello que, al incidir tal
ausencia en la jurisdicción del tribunal, debe desestimarse
la acción. Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 D.P.R. 216
(2007). Bajo ese mismo fundamento también hemos dicho que la
falta de parte indispensable es un argumento que puede
traerse en cualquier parte del litigio, incluso en etapa
apelativa. Romero v. S.L.G. Reyes, supra.
Un menor, aunque carece de capacidad de obrar, podrá ser
parte de un pleito. La falta de capacidad de obrar deberá
ser subsanada mediante la representación de su padre o madre
con patria potestad, su tutor o un defensor judicial. Rafael
Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, LexisNexis
de Puerto Rico, San Juan, 5ta Ed., 2010, pág. 149;
Alvareztorre Muñiz v. Sorani Jiménez, 175 D.P.R. 398 (2009).
Cónsono con la capacidad de un menor de comparecer a un
litigio representado por quienes ostentan su patria potestad
o tutela, las Reglas de Procedimiento Civil disponen que un
menor de edad de catorce años o más será emplazado
entregándole copia del emplazamiento y la demanda a ese menor CC-2011-0611 12
personalmente y a su padre o madre con patria potestad o a su
tutor. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 4.4.
Como se puede apreciar, la incapacidad de obrar del
menor no es óbice para que se le notifique, cuando el menor
es mayor de catorce años, que se ha instado una acción en su
contra y que ésta puede afectar sus intereses. En
definitiva, el emplazamiento busca garantizar el derecho
constitucional a ser oído y poder así defender sus intereses.
Marrero Albino v. Vázquez Egean, 135 D.P.R.174 (1994).
De igual manera, hemos señalado que cuando los intereses
de un menor de edad y los de la persona con capacidad para
representarlo están encontrados procede nombrar un defensor
judicial. Alváreztorre Muñiz v. Sorani Jiménez, supra.
Anteriormente sostuvimos que un menor es parte indispensable
en una acción de impugnación de paternidad y que la madre es,
a lo sumo, una parte demandada apropiada. Chabrán v. Méndez,
74 D.P.R. 768 (1953), págs. 778-780. Luego, en Robles López
v. Guevárez Santos, 109 D.P.R. 563 (1980), reconocimos
implícitamente que en un pleito de impugnación de paternidad
el menor cuya filiación presunta se impugna es parte
interesada en el pleito. Esto, toda vez, que la acción de
impugnación de filiación tendrá efectos sustanciales sobre el
menor como, por ejemplo, dejar de pertenecer a una familia y
pasar a pertenecer a otra. Si bien aquel caso trataba de una
acción de alimentos instada contra el padre biológico, ésta
tenía el efecto de impugnar la presunción de paternidad
matrimonial que, en ese momento, cobijaba a la menor. En esa CC-2011-0611 13
oportunidad determinamos que debía nombrarse un defensor
judicial para que defendiese los intereses de la niña. Íd.
IV
La controversia que nos ocupa es una relativamente
sencilla. Requiere que determinemos, sin lugar a dudas, si
el menor cuya filiación se impugna es parte indispensable en
esa acción o si, en cambio, basta con demandar a quien
ostente su patria potestad. Como se desprende de la
discusión anterior, se puede apreciar que la filiación es una
figura jurídica que no necesariamente está ligada al hecho
biológico de la reproducción. En este sentido, puede ser que
entre dos personas dimanen los derechos y obligaciones
procedentes de la filiación sin que, indefectiblemente, la
realidad registral coincida con la biológica. Sin embargo,
el conocimiento sobre la inexactitud filiatoria puede advenir
luego de establecida la presunción legal de paternidad. Es
decir, aquél que registró como hijo suyo a un menor puede
conocer en un momento futuro que quien creía su hijo
biológico en realidad no lo era.
En atención a lo anterior, y dado los numerosos avances
tecnológicos contemporáneos, el legislador entendió necesario
proveerle a quien conoce con posterioridad hechos que rebatan
la presunción legal de paternidad o maternidad un plazo de
tiempo determinado para impugnar la misma. Sin embargo,
también entendió que, al incidir la filiación en el estado
civil de las personas, este plazo no puede ser tal que quede
al libre arbitrio de quien impugna la posibilidad de hacerlo
o no. En este sentido, la Asamblea Legislativa dispuso que CC-2011-0611 14
el término para impugnar la presunción de paternidad es un
término de caducidad, de manera tal que una vez transcurrido
la filiación adviene final y no es susceptible de ser
impugnada, aun cuando haya prueba fehaciente de que quien
impugna no es padre biológico del impugnado.
Asimismo, hemos visto que la parte interesada en una
acción de filiación es la persona que la reclama.
Igualmente, cuando lo que se busca es impugnar la presunción
de paternidad la parte interesada es, también, la persona
cuyo estado filiatorio quedaría afectado por el dictamen
judicial. En este sentido, es razonable inferir que, aun
cuando se demande al padre, a la madre o la persona que
ostente la patria potestad del menor cuya filiación se
impugna, es el menor la parte realmente perjudicada y debe
ser incluido en el pleito. Lo anterior es así porque no es
la madre o el padre quien vería afectados los derechos y
obligaciones surgidos de la filiación de decretarse ésta rota
y disuelta. Contrariamente, es la persona que sufre la
impugnación quien sería afectada por el cambio de estado
civil.
Ha sido precisamente por lo anterior que hemos expresado
en varias ocasiones que en una acción de filiación puede ser
que los intereses de los padres estén encontrados con los de
los hijos. En aras de resolver este potencial conflicto
entendimos pertinente que se nombre un defensor judicial para
proteger los intereses del menor cuya filiación se impugna.
Es por eso que no hay duda de que la persona que puede verse CC-2011-0611 15
perjudicada por el cambio de estatus filiatorio es parte
indispensable aun cuando sea menor de edad.
En relación a ello hemos apreciado que aunque un menor
de edad carece de capacidad procesal esto no es impedimento
para que sea parte en un pleito. Cuando esto ocurre, el
menor deberá comparecer representado por su madre o padre con
patria potestad o su tutor legal. Lo anterior no quiere
decir que sólo se deba incluir en el pleito a la madre, al
padre o a la persona con patria potestad dado que alguna de
éstas representa los intereses de su hijo menor. Hay casos
en que los intereses del menor pueden estar encontrados con
los de quien le suple capacidad y sea necesario nombrar un
defensor judicial. Para determinar si lo anterior es
necesario -o no- debe notificársele al menor que ha sido
demandado y que alguien debe representarlo en el pleito.
No en vano las Reglas de Procedimiento Civil disponen
que cuando se demanda a un menor de catorce años o más éste
debe emplazarse y además entregársele copia de la demanda.
Ello busca, principalmente, cumplir con el imperativo
constitucional que dispone que nadie sea privado de su
propiedad o libertad sin el debido proceso de ley.
En el caso ante nuestra consideración el presunto padre
legal, quien advino a tal estado mediante el reconocimiento
voluntario del menor H.J.B.D., impugnó la presunción de
paternidad aduciendo que tenía base y razón para creer que el
menor no era su hijo biológico. Así las cosas, el 15 de
marzo de 2010, casi dos meses y medio después de la
aprobación de la Ley 215, supra, demandó a la señora Jean CC-2011-0611 16
Annette Dávila Medina, madre del menor, en impugnación de
paternidad pero no incluyó en la demanda al menor cuya
impugnación de paternidad solicitaba y quien, al momento de
instarse la acción, constaba con dieciséis años de edad.
Luego de varios incidentes procesales, incluso de la
solicitud de anotación de rebeldía en contra de la señora
Dávila Medina, el Tribunal de Primera Instancia ordenó una
vista para el 30 de septiembre de 2010 donde designó a la
Procuradora de Familia como defensora judicial del menor.
Nótese que, a ese momento, ya habían transcurrido los seis
meses concedidos excepcionalmente por la Ley 215, supra, para
impugnar la paternidad a aquellos que habían advenido al
conocimiento de la inexactitud filiatoria pero que bajo la
anterior legislación estaban impedidos de impugnarla.
La Procuradora de Asuntos de la Familia, única
representante de los intereses del menor, al advertir que
éste no había sido incluido en el pleito solicitó su
desestimación. Entendió, correctamente, que debió incluirse
al menor dentro de la acción de impugnación y que al no
haberse hecho tal cosa la acción no se había ejercitado
dentro del término de caducidad de seis meses dispuestos
legalmente para ello. Le asiste la razón. En consecuencia se
revoca al Tribunal de Apelaciones y se desestima la acción
contra a señora Jean Annette Dávila Medina y el menor
H.J.B.D.
Recapitulando, el menor cuya impugnación de filiación se
solicita es parte indispensable en dicha acción. En atención
a ello deberá ser incluido en el pleito y, de ser mayor de CC-2011-0611 17
catorce años, emplazado dentro del término de caducidad
dispuesto en ley para instar la acción. Esto es así dado las
importantes consecuencias que tiene la filiación sobre el
estado civil de las personas y que, por tanto, un cambio en
la misma no puede estar sujeto a la voluntad de quien
impugna. Si bien es cierto que las personas tienen el
derecho a conocer su realidad biológica, la figura de la
filiación procura otros fines más allá de reconocer el hecho
biológico de la procreación. En ese sentido, el Estado tiene
un interés incuestionable en procurar la estabilidad del
estado civil de las personas.
De esta manera, y siendo el estado civil del menor cuya
paternidad se impugna el que se vería afectado, no albergamos
dudas de que éste es parte indispensable en una acción de
impugnación. Al incluírsele en el pleito el menor podrá, a
través de quien ostenta la capacidad de representarle o
mediante un defensor judicial nombrado por el tribunal,
proteger sus intereses.
V
Por todo lo cual, se revoca al Tribunal de Apelaciones,
se resuelve que los menores cuya impugnación de paternidad se
solicita son parte indispensable en la acción de impugnación
de paternidad y se desestima la acción contra la señora Jean
Annette Dávila Medina y el menor H.J.B.D.
Se dictará sentencia de conformidad.
Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Recurrido
Jean Annette Dávila Medina CC-2011-0611
Demandada-Apelada
Procuradora de Asuntos de Familia, en representación del menor H.J.B.D.
SENTENCIA
Por los fundamentos expresados en la Opinión que antecede, los cuales se incorporan íntegramente a la presente, se revoca la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones. En consecuencia, se desestima la acción contra la señora Jean Annette Dávila Medina y el menor H.J.B.D.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Martínez Torres disiente y hace constar que: “en lugar de desestimar la demanda devolvería el caso al Tribunal de Primera Instancia para que la parte recurrida tenga la oportunidad de traer al pleito al menor H.J.B.D. Sánchez v. Sánchez, 154 D.P.R. 645, 679, (2001)”. El Juez Asociado señor Feliberti Cintrón disiente y se une a las expresiones del Juez Asociado señor Martínez Torres. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco disiente sin opinión escrita.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo