EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Larry E. Bernier González Cathy E. Bernier González Elsie Esther González Mercado Certiorari Recurridos 2018 TSPR 114 v. 200 DPR ____ José Carlos Rodríguez Becerra
Peticionario
Número del Caso: CC-2015-304
Fecha: 22 de junio de 2018
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Ponce-Humacao
Abogado del peticionario:
Lcdo. Gamaliel Rodríguez López
Abogado del recurrido:
Lcdo. José Santiago Pereles
Materia: Derecho procesal civil: El término para diligenciar el emplazamiento que confiere la Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil es improrrogable.
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Larry E. Bernier González Cathy E. Bernier González Elsie Esther González Mercado
Recurridos CC-2015-0304 Certiorari v.
José Carlos Rodríguez Becerra
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo
San Juan, Puerto Rico, a 22 de junio de 2018.
Este caso nos presenta la oportunidad de
establecer si, con posterioridad a la aprobación de
la Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil de 2009,
infra, el término de 120 días para diligenciar los
emplazamientos puede prorrogarse.
Resolvemos que el término para diligenciar el
emplazamiento es improrrogable. Veamos.
I
El caso ante nuestra consideración se originó
el 19 de abril de 2011 mediante la presentación de
una demanda sobre daños y perjuicios por parte del
Sr. Larry E. Bernier González, la Sra. Cathy E. CC-2015-0304 2
Bernier González y la Sra. Elsie E. González Mercado
(recurridos), en contra del Sr. José Carlos Rodríguez
Becerra (peticionario). Sin embargo, luego de varios
trámites procesales, el Tribunal de Primera Instancia
desestimó –sin perjuicio- la referida demanda al amparo
de la Regla 39.2 (a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.
III.1
Así, el 16 de octubre de 2013 los recurridos
presentaron, por segunda ocasión, la demanda sobre daños
y perjuicios. En esta misma fecha, la Secretaría del
Tribunal de Primera Instancia expidió los emplazamientos
correspondientes para su diligenciamiento.
Posteriormente, mediante una Orden notificada el 16 de
diciembre de 2013, el foro de instancia redujo el término
para diligenciar los emplazamientos a 45 días.2 Además,
apercibió a los recurridos que el incumplimiento con lo
ordenado conllevaría la desestimación -sin perjuicio- de
la causa de acción.3
A pesar de lo anterior, el 24 de enero de 2014,
antes de que venciera el término de 45 días para
emplazar, los recurridos presentaron una Moción urgente
solicitando prórroga para diligenciar emplazamiento.
Mediante una Orden notificada el 5 de febrero de 2014, el
1 Sentencia (Caso Núm. JDP2012-0439), Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 73.
2 Nótese que el término concedido de 45 días para emplazar vencía el 30 de enero de 2014.
3 Orden, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 74-75. CC-2015-0304 3
Tribunal de Primera Instancia concedió a los recurridos
el término de 45 días adicionales para diligenciar el
emplazamiento.4
Tras no poder diligenciar personalmente los
emplazamientos, el 7 de marzo de 2014 los recurridos
solicitaron una autorización para emplazar mediante
edicto.5 Para respaldar su petición, los recurridos
anejaron una declaración jurada en la que acreditaron las
gestiones realizadas para emplazar personalmente al
peticionario, las cuales alegaron resultaron ser
infructuosas.6 En respuesta, el foro de instancia resolvió
conforme a lo solicitado y, mediante una Orden notificada
el 19 de marzo de 2014, expidió los emplazamientos. De
conformidad con la orden autorizando a emplazar mediante
edicto, los recurridos acreditaron la publicación del
mismo y su envío a la última dirección conocida del
peticionario.7
A raíz de lo anterior, el peticionario presentó una
solicitud para que se desestimara -con perjuicio- la
4 Orden, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 81. Nótese que, una vez fue concedida la prórroga, el Sr. Larry E. Bernier González, la Sra. Cathy E. Bernier González y la Sra. Elsie E. González Mercado (recurridos) tenían hasta el 17 de marzo de 2014 para diligenciar el emplazamiento.
5 Moción solicitando publicación de edicto, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 82-83.
6 Declaración jurada, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 84-85.
7 Moción en cumplimiento de orden, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 90-91. CC-2015-0304 4
demanda.8 En resumen, el peticionario alegó que, de
conformidad con la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil,
32 LPRA Ap. V, el Tribunal de Primera Instancia no tenía
discreción para prorrogar el término de 120 días para
emplazar, toda vez que los emplazamientos se expidieron
el mismo día en que se presentó la demanda, entiéndase el
16 de octubre de 2013. Añadió que no fue hasta el 19 de
marzo de 2014, es decir, 146 días después de la
presentación de la demanda que el foro primario ordenó el
emplazamiento por edicto. Conforme a ello, el
peticionario solicitó que se declarase nulo el
emplazamiento por edicto y que, consecuentemente, se
desestimara la demanda con perjuicio. Por su parte, los
recurridos se opusieron a la solicitud de desestimación.9
Así las cosas, el 29 de octubre de 2014 el Tribunal
de Primera Instancia notificó una Resolución en la que
declaró “no ha lugar” la solicitud de desestimación.10
Ello, tras concluir que adquirió jurisdicción sobre el
peticionario. El foro de instancia manifestó que:
En este caso, el Tribunal está seguro que el [peticionario] conoce del procedimiento en su contra, al menos desde la fecha en que se recibió la comunicación con copia de la demanda y del emplazamiento por edictos en la dirección que el propio [peticionario], en su comparecencia especial reclamando desestimación, admite reside.
8 Solicitud para que se desestime y archive con perjuicio el caso de epígrafe al amparo de la Regla 4.3(c), Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 92-103.
9 Moción urgente solicitando vista evidenciaria y otros asuntos, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 107-109.
10 Resolución, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 145-162. CC-2015-0304 5
Ello, unido a todo el trámite anterior a la Orden autorizando el emplazamiento por edicto, es garantía del estricto cumplimiento que se ha dado en este caso, con el debido procedimiento de ley que cobija al [peticionario] y ello ha permitido al Tribunal adquirir Jurisdicción sobre [éste].11
Ante la denegatoria de la solicitud de
desestimación, el 13 de noviembre de 2014 el peticionario
presentó una reconsideración, la cual fue denegada
mediante una Resolución notificada el 25 de noviembre
de 2014.
Inconforme, el 29 de diciembre de 2014 el
peticionario presentó un recurso de certiorari ante el
Tribunal de Apelaciones,12 en el cual señaló que el
Tribunal de Primera Instancia erró al prorrogar el
término de 120 para emplazar y, además, al permitir que
se diligenciara el emplazamiento a través del mecanismo
de publicación de edictos.
El 18 de febrero de 2015 el Tribunal de Apelaciones
notificó una Resolución en la que denegó la expedición
del auto de certiorari. En síntesis, el foro apelativo
intermedio expresó lo siguiente:
En este caso, el 24 de enero de 2014, transcurridos 100 días de los 120 que tenían para diligenciar los emplazamientos, [los recurridos presentaron una] Moción Urgente Solicitando Prórroga para diligenciar emplazamiento. A pesar de que bajo el palio de la transcrita Regla 4.3
11 Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 145-162.
12 Destacamos que el Sr. José Carlos Rodríguez Becerra (peticionario)acudió ante el Tribunal de Apelaciones en fecha hábil debido a que el 26 de diciembre de 2014 se consideró día feriado para efectos de la computación de los términos para recurrir. Véase In re Extensión Términos I, 192 DPR 72 (2014). CC-2015-0304 6
(c) posiblemente no tenían derecho a ello, pues los emplazamientos se emitieron en la misma fecha en que se presentó la Demanda, el Tribunal recurrido concedió lo pedido y extendió el término para emplazar más allá de los 120 días reglamentarios. Ahora bien, como todo estatuto, la discutida Regla 4.3 (C) debe aplicarse en atención a las circunstancias particulares de cada caso. Pues son los hechos los que determinan el Derecho y no a la inversa.
El récord judicial refleja que [los recurridos realizaron] activamente gestiones para emplazar personalmente al [peticionario]. Lejos de incurrir en la inacción que se desea desalentar con la Regla, [los recurridos fueron proactivos] en tratar de emplazar al [peticionario]. De nuevo, lo anterior, constituyen razones válidas para que procediera, bajo la Regla 49.2, el relevo de sentencia de desestimación o archivo que hubiera dictado el Foro recurrido.13
De esta manera, el foro apelativo intermedio concluyó
que, por las particularidades del caso, procedía denegar
la expedición del recurso de certiorari. En desacuerdo, el
24 de febrero de 2015 el peticionario presentó una
reconsideración, la cual fue denegada mediante una
Resolución notificada el 17 de marzo de 2015.
Insatisfecho, el 16 de abril de 2015 el peticionario
presentó una Petición de certiorari ante este Tribunal.
En específico, señaló lo siguiente:
(1) Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al convalidar la actuación del TPI de extender el término para emplazar de 120 días que dispone la Regla 4.3 de Procedimiento Civil sin tener facultad para hacerlo.
(2) Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al igual que el TPI al acceder a que los recurridos emplazaran mediante la publicación de edictos conforme dispone la Regla 4.6 de Procedimiento Civil, cuando lo exigido por dicha regla no es de
13 Véase Resolución, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 22. CC-2015-0304 7
aplicación a los hechos que tuvo ante sí tanto el TPI como el Honorable Tribunal de Apelaciones, porque dicha regla aplica cuando la persona a ser emplazada está fuera de Puerto Rico o estando no puede ser localizada, o se oculta, situaciones que no se dieron.
(3) Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al convalidar la discreción del TPI, autorizando el emplazamiento mediante la publicación de edictos aun cuando los recurridos no llevaron a cabo gestión afirmativa para emplazar al peticionario, más aún cuando todos y cada uno de los recurridos conocían dónde reside el peticionario.
Con la comparecencia de ambas partes, procedemos a
resolver la controversia ante nuestra consideración.
II
A. El emplazamiento
El emplazamiento es un mecanismo procesal que tiene
como propósito notificar al demandado sobre la existencia
de una reclamación incoada en su contra y es a través de
este mecanismo que el tribunal adquiere jurisdicción sobre
la persona del demandado.14 Es decir, “representa el paso
inaugural del debido proceso de ley que viabiliza el
ejercicio de la jurisdicción judicial”.15 Una vez
emplazado, el demandado podrá comparecer al juicio,
ejercer su derecho a ser oído y presentar prueba a su
favor.16 Por ello, a los demandados les asiste el derecho
14Véanse Cirino González v. Adm. Corrección, 190 DPR 14, 30 (2014); Banco Popular v. SLG Negrón, 164 DPR 855, 863 (2005), First Bank of PR v. Inmob Nac., Inc., 144 DPR 901, 913 (1998).
15 Acosta v. ABC, Inc., 142 DPR 927, 931 (1997).
16 Banco Popular v. SLG Negrón, 164 DPR 855, 863 (2005). CC-2015-0304 8
de ser emplazados conforme a derecho.17 Consecuentemente,
se requiere el cumplimiento con las disposiciones de la
Regla 4 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap.V.
Es política pública de nuestro ordenamiento jurídico
que se evite el fraude y se utilicen procedimientos
judiciales que priven a una persona de su propiedad sin
el debido proceso de ley.18 “Esa política pública de que
se haga bien el emplazamiento pesa más en este caso que
el principio de economía procesal”.19 Por ello, “se
permite al demandado impugnar el emplazamiento a fines de
asegurar el estricto cumplimiento de las reglas sobre
emplazamientos de parte de los demandantes”.20
B. El término para diligenciar el emplazamiento
La anterior Regla 4.3 (b) de Procedimiento Civil de
1979, 32 LPRA Ap. III, disponía que el término para
diligenciar el emplazamiento era de 6 meses. No obstante,
ese término podía ser prorrogado a discreción del
tribunal, en el escenario en que el demandante demostrara
justa causa para ello.21 Además, la Regla enfatizaba que
si no se lograba diligenciar el emplazamiento dentro del
17Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, 192 DPR 854, 869 (2015). 18Quiñones Román v. CIA ABC, 152 DPR 367,375(2000); First Bank of PR v. Inmob. Nac., Inc, supra, pág. 916.
19 R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: derecho procesal civil, 6ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2017, pág. 258.
20 Hernández Colón, op. cit., pág. 258.
21 Véanse First Bank of PR v. Inmob. Nac., Inc., supra; López v. Porrata-Doria, 140 DPR 96 (1996) y Banco Metropolitano v. Berríos,110 DPR 721 (1981). CC-2015-0304 9
término original o de la prórroga concedida entonces se
tendría por desistida la demanda con perjuicio.22
Ahora bien, bajo la encomienda de evaluar las Reglas
de Procedimiento Civil, este Tribunal reactivó el Comité
Asesor Permanente de las Reglas de Procedimiento Civil
(Comité Asesor). Luego de una extensa evaluación de las
Reglas de Procedimiento Civil y del insumo de la
comunidad jurídica, el Comité Asesor remitió a este Foro
su Informe Final. En lo pertinente, el Comité Asesor
sugirió lo siguiente:
(c) El emplazamiento será diligenciado en el término de noventa (90) días a partir de la presentación de la demanda o de la fecha de expedición de la orden para el emplazamiento por edicto. Transcurrido dicho término sin que se haya diligenciado el emplazamiento, el tribunal deberá dictar sentencia decretando la desestimación y archivo sin perjuicio. Una subsiguiente desestimación y archivo por incumplimiento con el término aquí dispuesto tendrá el efecto de una adjudicación en los méritos. Informe De Reglas De Procedimiento Civil, marzo 2008.
Vemos, como el Comité Asesor, además de sugerir
reducir el término para emplazar a 90 días, propuso
eliminar la discreción del Tribunal de Primera Instancia
para la concesión de prórrogas y el carácter fatal de la
primera desestimación. Consecuentemente, en la
22El texto original de la Regla 4.3 (b), 32 LPRA Ap. III, leía como sigue: […] (b) El emplazamiento será diligenciado en el término de seis (6) meses de haber sido expedido. Dicho término solo podrá ser prorrogado por un término razonable a discreción del tribunal si el demandante demuestra justa causa para la concesión de la prórroga y solicita la misma dentro del término original. Transcurrido el término original o su prórroga sin que el emplazamiento hubiere sido diligenciado, se tendrá a la parte actora por desistida, con perjuicio. CC-2015-0304 10
eventualidad de que la parte actora presentara la demanda
nuevamente, el Comité Asesor aludió a concederle una
segunda oportunidad para emplazar. En caso de que la parte
actora también incumpliera con el término dispuesto para
diligenciar el emplazamiento la desestimación entonces
tendría un efecto en los méritos, es decir sería con
perjuicio.
Ahora bien, a raíz de la Ley Núm. 17-2009 la antigua
Regla 4.3 (b), supra, fue enmendada. En particular, se
incorporó la norma establecida en Monell v. Mun. de
Carolina, 146 DPR 20 (1998) para equiparar la fecha de la
expedición de los emplazamientos con la presentación de
la demanda.23 Nótese que, en lo pertinente al caso ante
nuestra consideración, la enmienda no alteró la
discreción del Tribunal para prorrogar el término para
emplazar y mantuvo el carácter de la desestimación con
perjuicio. Específicamente, la Ley Núm. 17-2009 dispuso
lo siguiente:
[…]
(b) El emplazamiento será diligenciado en el término de seis (6) meses desde que se presenta la Demanda. La secretaría del Tribunal de Primera Instancia deberá expedir los emplazamientos el mismo día en que se radica la demanda. Si la secretaría no expide el mismo día, el tiempo que demore será el mismo tiempo adicional que los tribunales otorgarán para diligenciar los emplazamientos una vez las partes presenten oportunamente una solicitud de prórroga para diligenciar el emplazamiento de su demanda. Además de lo anterior, el término de seis (6) meses sólo podrá ser prorrogado por cualquier
23 Monell v. Mun.de Carolina, 146 DPR 20, 25 (1998). CC-2015-0304 11
otra razón, por un término razonable a discreción del tribunal si el demandante demuestra justa causa para la concesión de la prórroga y solicita la misma dentro del término original. Transcurrido el término original o su prórroga sin que el emplazamiento hubiere sido diligenciado, se tendrá a la parte actora por desistida, con perjuicio.
Posterior a la Ley Núm.17-2009 y con el fin de
revisar las Reglas de Procedimiento Civil de 1979, este
Tribunal ponderó las recomendaciones del Comité Asesor.
Así, mediante Resolución, adoptamos y remitimos para la
consideración de la Asamblea Legislativa, en lo
pertinente, la siguiente disposición:
(c) El emplazamiento será diligenciado en el término de ciento ochenta (180) días a partir de la presentación de la demanda o de la fecha de expedición del emplazamiento por edicto. El Secretario o Secretaria deberá expedir los emplazamientos el mismo día en que se presenta la demanda. Si el Secretario o Secretaria no los expide el mismo día, el tiempo que demore será el mismo tiempo adicional que los tribunales otorgarán para diligenciar los emplazamientos una vez la parte demandante haya presentado de forma oportuna una solicitud de prórroga. Transcurrido dicho término sin que se haya diligenciado el emplazamiento, el tribunal deberá dictar sentencia decretando la desestimación y archivo con perjuicio.24
De la citada Resolución se percibe la inclinación a
seguir la recomendación del Comité Asesor en lo relativo a
eliminar la discreción del Tribunal de Primera Instancia a
la hora de conceder prórrogas para extender el término del
diligenciamiento del emplazamiento.
24 In Re: Aprobación de las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 176 DPR 673,682 (2009). CC-2015-0304 12
Finalmente, la Ley 220-2009 para enmendar las Reglas
de Procedimiento Civil del 1979 realizó cambios
significativos en la Regla 4.3(c), a saber: en la
discreción para prorrogar el término para emplazar y en
el carácter dispositivo de la demanda.
En la actualidad, la Regla 4.3(c) dispone lo
siguiente:
El emplazamiento será diligenciado en el término de ciento veinte (120) días a partir de la presentación de la demanda o de la fecha de expedición del emplazamiento por edicto. El Secretario o Secretaria deberá expedir los emplazamientos el mismo día en que se presenta la demanda. Si el Secretario o Secretaria no los expide el mismo día, el tiempo que se demore será el mismo tiempo adicional que los tribunales otorgarán para diligenciar los emplazamientos una vez la parte demandante haya presentado de forma oportuna una solicitud de prórroga. Transcurrido dicho término sin que se haya diligenciado el emplazamiento, el Tribunal deberá dictar sentencia decretando la desestimación y archivo sin perjuicio. Una subsiguiente desestimación y archivo por incumplimiento con el término aquí dispuesto tendrá el efecto de una adjudicación en los méritos. (Énfasis nuestro).
Vemos que la Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil,
supra, preceptúa varios aspectos del emplazamiento, a
saber: el término que tiene el demandante para emplazar,
desde cuándo comienza a transcurrir dicho término, en qué
momento la Secretaría del tribunal de instancia debe
expedir los emplazamientos, qué sucede si la Secretaría
no expide los emplazamientos en el momento preciso y el
efecto dispositivo que tendrá la causa de acción si el
demandante no logra diligenciar los emplazamientos
conforme a la mencionada regla. CC-2015-0304 13
En cuanto a en qué momento la Secretaría del
tribunal de instancia debe expedir los emplazamientos, la
Regla 4. 3 (c) de Procedimiento Civil, supra, es clara al
establecer que ésta tiene el deber de expedir los
emplazamientos el mismo día en que se presente la
demanda.25 Claro está, siempre que el demandante entregue
los formularios de emplazamiento ese mismo día.26 Así,
“expedido el emplazamiento, la parte que solicita el
mismo cuenta con un término de ciento veinte (120) días
para poder diligenciarlo”.27 Este término es improrrogable
y, consecuentemente, si en 120 días el demandante no ha
podido diligenciar el emplazamiento automáticamente se
desestimará su causa de acción.
Al respecto, el profesor Rafael Hernández Colón
comenta que “[e]n el caso que Secretaría expida los
emplazamientos el mismo día, la Regla 4.3 (c) no provee
discreción al tribunal para extender el término”.28 Por
ello, “no puede recurrirse a la R. 68.2, 2009 para que el
juez conceda una prórroga al término para emplazar debido
a que estaría en contravención con la intención
legislativa”.29
25 Regla 4.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V.
26 Bco. Des. Eco. v. AMC Surgery, 157 DPR 150, 155 (2002).
27 Torres Zayas v. Montano Gómez, 2017 TSPR 202, 198 DPR ___ (2017).
28 Hernández Colón, op. cit., págs. 232-233.
29 Íd., pág. 267. La Regla 68.2 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, lee como sigue: Cuando por estas reglas o por una notificación dada en virtud de sus disposiciones, o por una orden del tribunal CC-2015-0304 14
Ahora bien, si la Secretaría del tribunal de
instancia no expidiera los emplazamientos el mismo día en
que se presentó la demanda junto a los formularios de
emplazamiento, la Regla 4. 3 (c) de Procedimiento Civil,
supra, establece que el tiempo que se haya demorado
Secretaría será el mismo tiempo adicional que el tribunal
otorgará para gestionar el diligenciamiento. Ello, una
vez el demandante presente oportunamente una solicitud de
prórroga.
Sin embargo, es sabido que “[p]ara que comience a
decursar ese término, es requisito no solamente que se
haya presentado la demanda y sometido el emplazamiento
correspondiente sino, además, que el emplazamiento sea
expedido por el tribunal”.30 Esto, unido a que la propia
regla establece que el tiempo que se demore la Secretaría
en expedir los emplazamientos será el mismo tiempo
adicional que otorgarán los tribunales, nos lleva a
concluir que no se trata de solicitar una prórroga como
tal. Mas bien, se trata del deber de presentar una moción
se requiera o permita la realización de un acto en o dentro de un plazo especificado, el tribunal podrá, por justa causa, en cualquier momento y en el ejercicio de su discreción: (1) previa moción o notificación, o sin ellas, ordenar que se prorrogue o acorte el término si así se solicita antes de expirar el término originalmente prescrito o según prorrogado por orden anterior, o (2) en virtud de moción presentada después de haber expirado el plazo especificado, permitir que el acto se realice si la omisión se debió a justa causa, pero no podrá prorrogar o reducir el plazo para actuar bajo las disposiciones de las Reglas 43.1, 44.1, 47, 48.2, 48.4, 49.2 y 52.2, salvo lo dispuesto en las mismas bajo las condiciones en ellas prescritas.
30 Bco. Des. Eco. v. AMC Surgery, supra, y Torres Zayas v. Montano Gómez, 2017 TSPR 202, 198 DPR ___ (2017). CC-2015-0304 15
al tribunal solicitando la expedición de los
emplazamientos.31 En consecuencia, una vez la Secretaría
expide el emplazamiento, entonces comenzará a transcurrir
el término de 120 días. Por eso, no se trata en realidad
de una prórroga debido a que en ninguna de estas
circunstancias la parte contará con más de 120 días.
Ahora bien, los demandantes no pueden cruzarse de
brazos y dejar que transcurra un periodo irrazonable para
presentar la moción.32 De lo contrario, se actuaría en
contravención al principio rector de resolver las
controversias de forma justa, rápida y económica.
III
El peticionario alega que el Tribunal de Primera
Instancia no tenía discreción para prorrogar el término
de 120 días para diligenciar el emplazamiento. Tiene
razón.
Tras analizar el tracto legislativo, es notorio que
la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil, supra, sufrió
cambios sustanciales. En lo pertinente a la controversia
ante nuestra consideración, es de especial atención la
discreción de los jueces a la hora de extender el término
para diligenciar el emplazamiento. Nótese que, desde la
vigencia33 de la Regla 4. 3 (c) de Procedimiento Civil,
31 Bco. Des. Eco. v. AMC Surgery, supra, pág. 156.
32 Íd.
33 La Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, está vigente desde el 1 de julio de 2010. CC-2015-0304 16
supra, si la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia
expide los emplazamientos el mismo día en que se presenta
la demanda no cabe hablar de discreción a la hora de
extender el término de 120 días para diligenciar los
emplazamientos. Lo anterior responde a los cambios que
sufrió la Regla 4. 3 (c) de Procedimiento Civil, supra,
en cuanto al carácter dispositivo de la demanda. Al
respecto, el profesor Hernández Colón comenta lo
[D]ado que el incumplimiento con el diligenciamiento ya no cuenta con la drástica sanción de la desestimación con perjuicio en un primer intento, y que el texto que concedía al juez discreción para permitir la prórroga fue eliminado, el término para el diligenciamiento no puede ser prorrogado cuando Secretaría expide el mismo día en que se presenta la demanda.34
Como mencionáramos, en el caso de autos la demanda
fue presentada por segunda ocasión el 16 de octubre
de 2013 y ese mismo día la Secretaría del Tribunal de
Primera Instancia expidió los emplazamientos. Por
consiguiente, los recurridos tenían 120 días para
diligenciar los emplazamientos contados a partir del 16
de octubre de 2013 y vencederos el 13 de febrero de 2014.
Es decir, una vez transcurridos los 120 días sin
diligenciar los emplazamientos, el Tribunal de Primera
Instancia venía obligado a desestimar la demanda de forma
automática, ello, sin concesión de prórroga alguna.
34 Hernández Colón, op. cit., págs. 267-268. CC-2015-0304 17
Nótese que la prórroga concedida a los recurridos tuvo el
efecto de extender el término a 152 días para diligenciar
el emplazamiento. No obstante, a pesar de que el Tribunal
de Primera Instancia otorgó a los recurridos la prórroga
solicitada, éstos presentaron una Moción solicitando
emplazar por edictos. Nótese que para esta fecha ya
habían transcurrido 142 días desde que se presentó la
demanda y se expidieron los emplazamientos. Queda claro
que todo lo anterior va en total contravención a la Regla
4.3 (c) de Procedimiento Civil, supra.
De esta forma, nuevamente erró el Tribunal de
Primera Instancia al declarar con lugar la solicitud del
emplazamiento por edicto. Consecuentemente, el Tribunal
de Primera Instancia no adquirió jurisdicción sobre el
peticionario a través del emplazamiento por edicto.35
Concluimos que debido a que los recurridos no
lograron diligenciar personalmente los emplazamientos
dentro del término de 120 días, la demanda debió ser
desestimada automáticamente.
Sin embargo, lo anterior no dispone totalmente del
caso de epígrafe puesto que nos resta atender si la
desestimación de la demanda es con o sin perjuicio. Al
analizar la Regla 4. 3 (c) de Procedimiento Civil, supra,
queda claro que un primer incumplimiento con el término
de 120 días para diligenciar el emplazamiento conlleva la
35 A raíz de dicha conclusión, prescindimos de atender los señalamientos de error relativos a la pertinencia y suficiencia del emplazamiento por edictos. CC-2015-0304 18
desestimación sin perjuicio. No obstante, un segundo
incumplimiento tendrá el efecto de una adjudicación en
los méritos, es decir la desestimación será con
Surge del expediente que la primera demanda
presentada por los recurridos fue desestimada sin
perjuicio36 al amparo de la Regla 39. 2 (a) de
Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap.V.37 Esta primera
desestimación correspondió a que los recurridos no
cumplieron con las órdenes del tribunal ni con la Regla
4.3 (c) de Procedimiento Civil, supra. Por consiguiente,
es forzoso concluir que como los recurridos incumplieron,
por segunda ocasión, con el término para emplazar,
entonces la desestimación de la demanda de epígrafe debe
ser con perjuicio.
IV
Por los fundamentos antes expuestos, se revoca tanto
la denegatoria de expedición del Tribunal de Apelaciones
36 Véase Sentencia (Caso Núm. JDP2012-0439), Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 73.
37 La Regla 39. 2 (a) de Procedimiento Civil de 2009, dispone lo siguiente: Desestimación (a) Si la parte demandante deja de cumplir con estas reglas o con cualquier orden del tribunal, el tribunal a iniciativa propia o a solicitud de la parte demandada podrá decretar la desestimación del pleito o de cualquier reclamación contra ésta o la eliminación de las alegaciones, según corresponda.32 LPRA Ap.V.
[…] CC-2015-0304 19
como el dictamen del Tribunal de Primera Instancia.
Consecuentemente, se desestima la demanda con perjuicio.
Se dictará sentencia de conformidad.
Erick V. Kolthoff Caraballo Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Larry E. Bernier González Cathy E. Bernier González Elsie Esther González Mercado
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se revoca tanto la denegatoria de expedición del Tribunal de Apelaciones como el dictamen del Tribunal de Primera Instancia. Consecuentemente, se desestima la demanda con perjuicio.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco concurre con el resultado y hace constar la siguiente expresión:
“La Jueza Asociada señora Pabón Charneco concurre con el resultado. Los recurridos no lograron diligenciar los emplazamientos ni solicitaron emplazar por edictos dentro del término dispuesto en la Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V. Si los recurridos hubieran solicitado emplazar por edictos dentro del término dispuesto, estos hubieran tenido 120 días para emplazar desde la fecha de expedición del emplazamiento por edicto”. CC-2015-0304 2
La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez concurre sin opinión escrita. El Juez Asociado señor Rivera García emite Opinión disidente.
Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Larry E. Bernier González Cathy E. Bernier González Elsie Esther González Mercado Recurridos CC-2015-0304 v. José Colón Rodríguez Peticionario
Opinión disidente emitida por el Juez Asociado SEÑOR RIVERA GARCÍA
En San Juan, Puerto Rico, a 22 de junio de 2018.
El caso objeto de estudio nos concedía la
ocasión de disipar cualquier interrogante sobre la
naturaleza del término de ciento veinte días que
preceptúa la Regla 4.3(c) de las Reglas de
Procedimiento Civil, infra, para que un demandante
diligencie el emplazamiento a la parte demandada.
Una mayoría de mis compañeros en ausencia de
intención legislativa a tal efecto convirtió el
plazo en uno de carácter jurisdiccional o
improrrogable a pesar de que las Reglas 4.3(c) y
68.2 de Procedimiento Civil, infra, no le
confirieron esa característica. Esta apreciación
tiene repercusiones fatales y se aparta radicalmente
de las normas de hermenéutica que hemos CC-2015-0304 2
elaborado. Primero, imprime a la Regla un grado de
automatismo, toda vez que, transcurrido el periodo en un
subsiguiente caso, el pleito se tendría que desestimar
con perjuicio sin consideración ulterior. Segundo,
arrebata totalmente la discreción que reconocimos a los
juzgadores para extender este término cuando el
demandante satisface las condiciones necesarias y
acredita la existencia de justa causa para su dilación.38
Debido a que los hechos se encuentran consignados en
la Opinión Mayoritaria, procederé a esbozar el marco
legal para justipreciar la controversia.
Nuestros foros judiciales tienen que obtener
jurisdicción sobre la persona del demandado para poder
contar con autoridad para actuar sobre éste.39 El
emplazamiento es “el mecanismo procesal principal que
permite al tribunal adquirir jurisdicción sobre el
demandado de forma tal que éste quede obligado por el
dictamen que finalmente se emita”.40 Es, además, un método
para hacer valer la exigencia constitucional del debido
proceso de ley que requiere que toda parte demandada sea
notificada de la reclamación en su contra y que se le
brinde la oportunidad de ser oída antes de que se
adjudiquen derechos y responsabilidades su contra.41
38 Banco Metropolitano v. Berríos, 110 DPR 721 (1981). 39 Álvarez v. Arias, 156 DPR 351, 365-366 (2002). 40 Cirino González v. Adm. Corrección, 190 DPR 14, 29-30 (2014). 41J. Echevarría Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, 1era ed. rev., Colombia, Ed. Nomos, 2012, pág. 54. CC-2015-0304 3
Por ser un imperativo constitucional, recientemente,
en Torres Zayas et als. v. Montano Gómez, et als., 2017
TSPR 202, en la página 11, 198 DPR ___ (2017), este
Tribunal reafirmó que “los requisitos que dispone la
regla de emplazamiento son de estricto cumplimiento”.42
(Énfasis suplido). Precisamente, uno de los
requerimientos que establece nuestro Derecho Procesal
Civil para el emplazamiento es que se diligencie en un
plazo de ciento veinte días. Esta exigencia se consignó
en la Regla 4.3(c) al preceptuar que
[e]l emplazamiento será diligenciado en el término de ciento veinte (120) días a partir de la presentación de la demanda o de la fecha de expedición del emplazamiento por edicto. Si el Secretario o Secretaria no los expide el mismo día, el tiempo que se demore será el mismo tiempo adicional que los tribunales otorgarán para diligenciar los emplazamientos una vez la parte demandante haya presentado de forma oportuna una solicitud de prórroga. Transcurrido dicho término sin que se haya diligenciado el emplazamiento, el tribunal deberá dictar sentencia decretando la desestimación y archivo sin perjuicio. Una subsiguiente desestimación y archivo por incumplimiento con el término aquí dispuesto tendrá el efecto de una adjudicación en los méritos.
De acuerdo a lo transcrito, de ordinario, el periodo
para diligenciar el emplazamiento comienza a correr desde
que se insta la demanda o cuando se expide el
emplazamiento por edicto. Esto se debe a que el mismo se
tiene que expedir inmediatamente de instarse la demanda
42 Véase, además: Quiñones Román v. Cía, 152 DPR 367, (2000), donde expusimos que “el emplazamiento es un imperativo constitucional del debido proceso de ley, hemos exigido un cumplimiento estricto cuando se trata de sus requisitos”. CC-2015-0304 4
porque “se trata de un trámite ministerial, automático,
subsiguiente a la presentación de la demanda”.43 Si no se
expide en esa fecha, el tribunal tendrá que conceder una
prórroga por el mismo tiempo que se demoró el Secretario
o Secretaria en expedir el emplazamiento, si el
demandante lo solicita. En el caso de que trascurra el
término dispuesto sin haberse diligenciado, el tribunal
deberá dictar sentencia desestimando la causa de acción
sin perjuicio. Sin embargo, una segunda desestimación por
la inobservancia del referido plazo conlleva una
adjudicación en los méritos.
Ahora bien, como tenemos que determinar si el
periodo para diligenciar el emplazamiento puede
prorrogarse, debemos ponderar las normas relacionadas a
los términos. Esto se debe a que uno de los principios de
mayor relevancia en el esquema normativo del proceso
civil es el que impera sobre los plazos que las partes
tienen para actuar.44 El término es el periodo que la ley
concede para ejecutar determinada actuación procesal.45
Los términos que las reglas procesales proveen son para
que las partes actúen dentro los mismos y los efectos de
sus inobservancias varían.46 A lo largo de nuestra
casuística hemos admitido que existen distintos tipos de
43 Monell Cardona v. Aponte, 146 DPR 20, 24 (1998). 44 Cruz Parilla v. Depto. Vivienda, 184 DPR 393, 402 (2012). 45 R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, Ed. Lexis Nexis de Puerto Rico, 2017, pág. 230. 46“los términos provistos por las leyes y reglas procesales son para que las partes actúen en determinado plazo y las consecuencias de la inacción varían con frecuencia”. Hernández Colón, op. cit., pág. 230. CC-2015-0304 5
plazos, a saber: discrecionales, directivos, de
cumplimiento estricto y jurisdiccionales.47 Por su
pertinencia, nuestro enfoque estará en los periodos
jurisdiccionales y de cumplimiento estricto.
Los términos jurisdiccionales son los que no están
sujetos a ser interrumpidos o a que se cumplan de forma
tardía.48 Se denominan como jurisdiccionales o fatales
“porque transcurren inexorablemente, no importa las
consecuencias procesales que su expiración provoque”.49
Con el propósito de descifrar si un plazo es de
carácter jurisdiccional es imprescindible examinar la
Regla 68.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Esta
regla dispone que
[c]uando por estas reglas o por una notificación dada en virtud de sus disposiciones, o por una orden del tribunal se requiera o permita la realización de un acto en o dentro de un plazo especificado, el tribunal podrá, por justa causa, en cualquier momento y en el ejercicio de su discreción: (1) previa moción o notificación, o sin ellas, ordenar que se prorrogue o acorte el término si así se solicita antes de expirar el término originalmente prescrito o según prorrogado por orden anterior, o (2) en virtud de moción presentada después de haber expirado el plazo especificado, permitir que el acto se realice si la omisión se debió a justa causa, pero no podrá prorrogar o reducir el plazo para actuar bajo las disposiciones de las Reglas 43.1, 44.1, 47, 48.2, 48.4, 49.2 y 52.2 todas de este apéndice, salvo lo dispuesto en las mismas bajo las condiciones en ellas prescritas.(Énfasis suplido).
47 Hernández Colón, op. cit., pág. 230. 48 Cruz Parilla v. Depto. Vivienda, supra, pág. 403. 49 Hernández Colón, op cit., pág. 234. CC-2015-0304 6
Obsérvese que la disposición citada establece las
reglas cuyos periodos son jurisdiccionales o
improrrogables. Tenemos que tomar en cuenta, también, que
a raíz de “las graves consecuencias que acarrea el
determinar que un término es de naturaleza
jurisdiccional, hemos expresado que debe surgir
claramente la intención legislativa del legislador de
imponerle esa característica al término”.(Énfasis
suplido).50 Es decir, para razonar que un plazo es de
naturaleza jurisdiccional, o improrrogable, es ineludible
que se desprenda una intención legislativa de imprimirle
dicho carácter al mismo. Para esto, “los tribunales deben
realizar un ejercicio de interpretación estatutaria para
encontrar la expresión clara del legislador en cuanto a
la naturaleza del término”.51
Por otro lado, los periodos de estricto cumplimiento
son aquellos que “se sitúan a medio camino entre los
términos prorrogables y los improrrogables. Se trata de
un énfasis en su aplicación mediante la mecánica de justa
causa más estricta que la que se requiere para prorrogar
los términos ordinarios”.52 Estos pueden prorrogarse
cuando la parte que peticiona la prórroga, o actúa fuera
del periodo, evidencia la existencia de una justa causa
que impidió ejecutar la acción en el término establecido
50Cruz Parilla v. Depto. Vivienda, supra, 403-404. Véase, además: J. Directores v. Ramos, 157 DPR 818, 823-824 (2002). 51 Cruz Parilla v. Depto. Vivienda, supra, pág. 404. 52 Hernández Colón, op. cit., pág. 235. CC-2015-0304 7
por ley.53 En otras palabras, la extensión de un plazo de
cumplimiento estricto está supeditada a que se demuestre
justa causa. Así, en estos casos, “los tribunales no
están atados al automatismo que conlleva un requisito de
carácter jurisdiccional y pueden proveer el remedio
pertinente, extendiendo el término según las
circunstancias”.54
Esbozada la normativa jurídica pertinente al caso
que nos ocupa, evaluaremos la naturaleza del término que
la parte demandante tiene para diligenciar el
emplazamiento.
Según aludido, para determinar el carácter del
periodo que las Reglas de Procedimiento Civil erigen para
diligenciar el emplazamiento es imprescindible que se
desprenda claramente una intención legislativa de
imprimirle esa característica. Ello conlleva que
realicemos un ejercicio de interpretación estatutaria
para auscultar la expresión del legislador sobre la
naturaleza del término. También, debemos ser conscientes
que las Reglas requieren una interpretación que facilite
el acceso a los tribunales y el manejo del proceso para
así garantizar un resultado justo, rápido y económico.55
Con esto en mente, procedamos a indagar si el término
objeto de examen es de carácter jurisdiccional.
53 Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 92 (2013). 54 Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1910. 55 32 LPRA Ap. V, R. 1. CC-2015-0304 8
El primer paso para interpretar un estatuto es ver
su texto, “ya que si el legislador se expresó de forma
clara e inequívoca, [este] es considerado la expresión
misma de la intención legislativa”.56 En ese sentido, cabe
resaltar que la Regla 4.3(c) expresamente establece que
una parte puede solicitar la extensión del plazo para
diligenciar el emplazamiento.57 No obstante ello, la
Mayoría entiende que aunque la Regla alude a una
“solicitud de prorroga”, no lo es. Por el contrario,
argumenta que se trata de un deber de pedir al tribunal
que expida el emplazamiento para que el periodo comience
a transcurrir. A raíz de ello, concluye que las partes
nunca contarán con más de ciento veinte días. Difiero.
Veamos el por qué.
Según el propio texto de la Regla y lo resuelto en
Monell Cardona v. Aponte, 146 DPR 20 (1998), el término
para emplazar siempre comienza a de cursar desde que se
insta la demanda o cuando se expide el emplazamiento por
edicto. Esto, dado que la Regla 4.1 exige que el
demandante presente el formulario de emplazamiento junto
con la demanda y que el Secretario o Secretaria lo expida
inmediatamente. No obstante, la Regla es clara al
disponer que cuando el emplazamiento no se expide el
mismo día en que se insta la demanda, la parte puede
56 Cordero Vargas v. Pérez Pérez, 2017 TSPR 152, 198 DPR ____ (2017). 57 En particular, dispone que “Si el Secretario o Secretaria no los expide el mismo día, el tiempo que se demore será el mismo tiempo adicional que los tribunales otorgarán para diligenciar los emplazamientos una vez la parte demandante haya presentado de forma oportuna una solicitud de prórroga”. CC-2015-0304 9
solicitar una prórroga oportunamente y el tribunal tiene
la obligación de concederla por el mismo tiempo que se
demoró en expedirlo. Es decir, cuando la parte demandante
no peticiona la extensión, el término comienza a
transcurrir una vez se presenta la demanda. Por tal
razón, se trata de una prórroga al plazo que, de por sí,
veda que el Tribunal lo catalogue como improrrogable.
Ahora bien, a los fines de disipar cualquier duda
nos referimos al historial legislativo de la medida. Tras
examinar el mismo, nada permite inferir que se pretendió
hacer del periodo estudiado uno jurisdiccional. En el
Informe de la Cámara de Representantes se expresó que
“[s]e modificó el término para diligenciar el
emplazamiento y el término para contestar una demanda,
entre otros”.58
58 Informe Positivo sobre el P. de la C. 2249, 11 de noviembre de 2009, a la pág. 7. También se expresó lo siguiente: El Comité enmendó la Regla de 1979 para, entre otras cosas, establecer un término de noventa (90) días para el diligenciamiento del emplazamiento con el fin de agilizar el proceso judicial y evitar dilaciones injustificadas. El Comité consideró que el término de seis meses establecido en la regla de 1979 era sumamente extenso, lo cual creaba dilaciones innecesarias. No obstante, el Tribunal Supremo no acogió dicha recomendación y estableció que el emplazamiento será diligenciado en el término de ciento ochenta (180) días a partir de la presentación de la demanda o de la fecha de expedición del emplazamiento por edicto. Luego del proceso de vistas públicas y reuniones entre ambas Comisiones, se enmendó dicha regla para establecer el término de ciento veinte (120) días a partir de la presentación de la demanda o de la fecha de expedición del emplazamiento por edicto, esto con el fin de agilizar el proceso judicial y evitar dilaciones injustificadas, además de equipararlo a lo dispuesto en las Reglas de Procedimiento Civil del Tribunal Federal. De igual forma, se enmendó para que transcurrido dicho término sin que se haya diligenciado el emplazamiento, el tribunal deberá dictar sentencia decretando la desestimación y archivo sin perjuicio. Además se incluyó el siguiente texto: Una subsiguiente desestimación y archivo por incumplimiento con el término CC-2015-0304 10
Asimismo, el Informe de Reglas de Procedimiento
Civil tampoco contiene expresión indicativa de que el
plazo aquí en disputa no se puede prorrogar.59 En lo
pertinente, lo que se manifestó fue que
[l]a importancia del proceso estriba en que, mediante el emplazamiento, el tribunal adquiere jurisdicción sobre el demandado por lo que la validez o nulidad del proceso y la sentencia que se dicte en su día dependen de que se haya cumplido todos los requisitos establecidos en la regla. Por tal razón, el Tribunal Supremo reiteradamente ha exigido el cumplimiento estricto cuando se trata de los requisitos del emplazamiento. La política pública existente en nuestro ordenamiento es a los efectos de que los demandados deben ser emplazados debidamente para evitar fraude y que se utilicen los procedimientos judiciales para privar a una persona de su propiedad sin el debido proceso de ley. De no cumplirse estrictamente con los requisitos establecidos para el emplazamiento, el tribunal no adquiere jurisdicción sobre la persona del demandado.(Énfasis suplido).60
Es decir, se consignó lo que previamente habíamos
reconocido, que a los requisitos del emplazamiento se les
debe dar cumplimiento estricto.
Otro fundamento que impide concluir que el periodo
para diligenciar el emplazamiento es de carácter
jurisdiccional lo hallamos en la Regla 68.2. Esta
disposición establece aquellos términos de las Reglas de
Procedimiento Civil que no pueden ser prorrogados ni
aquí dispuesto tendrá el efecto de una adjudicación en los méritos. Íd., pág. 9. 59Informe de Reglas de Procedimiento Civil, Comité Asesor Permanente de las Reglas de Procedimiento Civil, Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, 2008, págs. 34-38. 60Informe de Reglas de Procedimiento Civil, Comité Asesor Permanente de las Reglas de Procedimiento Civil, Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, 2008, pág. 37. CC-2015-0304 11
reducidos, a saber: las Reglas 43.1, 44.1, 47, 48.2,
48.4, 49.2 y 52.2. Nótese que, sin lugar a dudas, el
plazo aquí en controversia no se incorporó entre aquellos
que no se pueden prorrogar. Es más, hace tres décadas, en
Banco Metropolitano v. Berríos, 110 DPR 721 (1981),
pautamos que, a luz de la Regla 4.3(b) y 68.2 de las
Reglas de Procedimiento Civil de 1979, el término para
diligenciar el emplazamiento podía ser prorrogado si
mediaba justa causa. En esa ocasión, la parte demandada
adujo que la prórroga para extender el plazo se pidió una
vez trascurrido el mismo, por tanto, la demanda se debía
desestimar automáticamente. Tras estudiar las
disposiciones aludidas reconocimos que el texto de las
dos reglas “dejan sentado con gran claridad la
in[j]erencia decisiva de la discreción judicial en la
prórroga del término para diligenciar el emplazamiento,
discreción para determinar, en el momento procesal en que
se suscite la cuestión, si medió justa causa o
negligencia excusable en la omisión combatida.
(Bastardillas en el original y énfasis suplido).61
Reconocimos, además, que
[l]a Regla 4.3 (b) es un desarrollo paralelo de la Regla 39.1(b) sobre desestimación del pleito por inactividad, y ambas tienen el mismo propósito de acelerar la litigación y despejar los calendarios, operando la primera en la temprana etapa del pleito. Sufriría el justo equilibrio procesal, de negar a la parte que no pudo diligenciar el emplazamiento en el término original de seis meses, la oportunidad de ser oído e invocar la discreción del juez con demostración de justa causa que la Regla 39.2 61 Banco Metropolitano v. Berríos, supra, pag. 723. CC-2015-0304 12
ordena para los casos en que no hubiere trámite durante los últimos meses.62
Inclusive, pronunciamos que “[l]a expiración del término
de seis meses no tiene efecto de caducidad de la acción,
ni de nulidad, ni mucho menos afecta la jurisdicción del
tribunal”.63
En apretada síntesis, pautamos que bien sea por la
antigua regla de emplazamiento la cual contenía una
disposición sobre cómo se debía prorrogar o por la Regla
68.2, el periodo para emplazar podía ser prorrogado por
justa causa. Aclaramos que este término es un mecanismo
para acelerar la litigación y despejar los calendarios.
Resolvimos que el hecho de que la regla ordenara que
“[t]ranscurrido el término original o su prórroga sin que
el emplazamiento hubiere sido diligenciado, se tendrá a
la parte actora desistida, con perjuicio”, no afectaba la
jurisdicción de los tribunales.64
Siendo esa la norma vigente al considerarse las
nuevas reglas, de haber querido la Asamblea Legislativa
que el término fuera de carácter jurisdiccional: primero,
no hubiese adoptado lo resuelto en Monell Cardona v.
Aponte, supra, y estatuido la “solicitud de prorroga”
cuando no se expide el día que se presenta la demanda; y,
segundo, hubiese incluido la Regla 4.3(c) a la Regla 68.2
62 Banco Metropolitano v. Berríos, supra, pág. 724. 63 Íd., págs. 725-726. 64 Íd., pág. 724. CC-2015-0304 13
dentro de aquellos periodos que no se pueden prorrogar.
Sin embargo, no fue así.
No quedaba de otra que concluir que a la luz de las
Reglas 4 (c) y 68.2 una parte puede solicitar prorroga
oportunamente en dos escenarios: (1) cuando el Secretario
o la Secretaria haya expedido el emplazamiento con
posterioridad a la presentación de la demanda; o (2) si
puede acreditar claramente la existencia de justa causa
para ello.
De hecho, con posterioridad a la aprobación de las
Reglas de Procedimiento Civil de 2009, hemos dispuesto
que los requisitos relacionados con el emplazamiento son
de cumplimiento estricto. Véanse: Torres Zayas et als. v.
Montano Gómez, supra; Sánchez Rivera v. Malavé Rivera,
192 DPR 854, 874 (2015). Además, varios tratadistas
comparten este criterio. El profesor Cuevas Segarra
asevera que dentro de los plazos de cumplimiento estricto
queda comprendida “[l]a Regla 4.3(c)- [que] reduce el
término para emplazar de seis meses a ciento veinte (120)
días”.65 Asimismo, el profesor Javier Echevarría Vargas
estimó que
a los tribunales le debe ser reconocida la facultad de discrecionalmente ampliar o reducir ese término siempre que exista justa causa para ello. Ortalaza v. FSE, 116 DPR 700 (1985). Esa facultad judicial surge conforme con el alcance de la Regla 68.2 de Procedimiento Civil de 2009 la que permite la ampliación, o la reducción, de los términos siempre que exista justa causa para ello. (Énfasis suplido).66
65 Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1910. 66 Echevarría Vargas, op. cit., pág. 62. CC-2015-0304 14
Como observamos, son varios los fundamentos que nos
inclinan a concluir que el periodo para diligenciar el
emplazamiento no es jurisdiccional y que sí es
prorrogable. Primero, para que un término sea
jurisdiccional es menester que se desprenda claramente la
intención legislativa de concederle ese carácter.
Segundo, el texto de la Regla 4.3 expresamente establece
que la parte puede solicitar una prórroga. Tercero, la
Regla 68.2 no dispone que el plazo para diligenciar el
emplazamiento es improrrogable. Cuarto, nuestra
casuística ha sido tajante al disponer que a los
requisitos del emplazamiento se les tienen que dar
cumplimiento estricto. Por todo lo anterior, disiento
respetuosamente de la norma de Derecho formulada por la
Mayoría.
Edgardo Rivera García Juez Asociado