Asociación De Vecinos De Villa Caparra Sur, Inc. Y Otros v. Asociación De Fomento Educativo, Inc. Y Otros

2007 TSPR 203

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: November 20, 2007
• Docket: CC-2006-1063
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Asociación de Vecinos de Villa Caparra Sur, Inc., Certiorari así como Henry W. Schettini Gutiérrez, su 2007 TSPR 203 Presidente 172 DPR ____ Peticionarios

v.

Asociación de Fomento Educativo, Inc., t/c/c Association for Educational Development, Inc.

Recurridos

Municipio Autónomo de Guaynabo p/c/d su Alcalde, el Hon. Héctor O´Neill García

Parte Demandante No Recurrida

César T. Andréu Megwinoff; Blas R. Ferraiuoli Martínez; y Otros

Peticionarios-Terceros Demandados

Número del Caso: CC-2006-1063

Fecha: 20 de noviembre de 2007

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Bayamón, Panel VI

Juez Ponente:

Hon. Carlos Rodríguez Muñiz Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. César Andréu Megwinoff Lcdo. Francisco J. Andréu Ramírez de Arellano Lcda. Marcelle D. Martell-Jovet Lcdo. Blas Ferraiuoli Martínez Lcdo. Herman Colberg Lcdo. José Otero Matos

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcda. Delia Cabán Dávila Lcdo. Andrés W. López Lcdo. Rafael Alonso Alonso

Materia: Acción Civil Injunction

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Asociación de Vecinos de Villa Caparra Sur, Inc., así como Henry W. Schettini Gutiérrez, su Presidente Peticionarios

Asociación de Fomento Educativo, Inc., t/c/c Association for Educational Development, Inc. CC-2006-1063 Recurridos

Municipio Autónomo de Guaynabo p/c/d su Alcalde, el Hon. Héctor O’Neill García Parte Demandante No Recurrida

César T. Andréu Megwinoff; Blas R. Ferraiuoli Martínez; y otros Peticionarios-Terceros Demandados

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 20 de noviembre de 2007

El 22 de noviembre de 2006 la parte peticionaria,

Asociación de Vecinos de Villa Caparra, presentó ante nuestra

consideración una moción en auxilio de jurisdicción y un

recurso de certiorari. El 5 de diciembre de 2006 denegamos CC-2006-1063 2

ambas peticiones. El 26 de enero de 2007, en

reconsideración, emitimos una orden de mostrar causa a la

parte recurrida para que expresara las razones por las cuales

no debíamos expedir el auto y revocar la sentencia del

Tribunal de Apelaciones que dejó sin efecto la orden de

injunction preliminar que paralizó las obras de construcción

realizadas por la parte recurrida mientras se dilucida si la

construcción viola las servidumbres en equidad que gravan la

propiedad en controversia. El Tribunal de Apelaciones

entendió que el Tribunal de Primera Instancia violó el

derecho de la recurrida al debido proceso de ley al no

permitirle presentar cierta prueba en la vista de injunction.

Por tanto, concluyó que no se podía mantener la orden de

injunction preliminar y lo dejó sin efecto. En auxilio de

nuestra jurisdicción, paralizamos las obras de construcción

realizadas por la parte recurrida.

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, se

expide el auto y por estar igualmente dividido el Tribunal se

confirma la sentencia del Tribunal de Apelaciones y se deja

sin efecto la paralización provisional de las obras de

construcción.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo Interina. El Juez Presidente

señor Hernández Denton emitió opinión de conformidad a la

cual se le unen los Jueces Asociados señor Fuster Berlingeri

y señor Rivera Pérez. La Juez Asociada señora Rodríguez

Rodríguez emitió opinión disidente a la cual se le une el CC-2006-1063 3

Juez Asociado señor Rebollo López. La Jueza Asociada señora

Fiol Matta emitió opinión disidente.

Dimarie Alicea Lozada Secretaria del Tribunal Supremo Interina EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Asociación de Vecinos de Villa * Caparra Sur, Inc., así como * Henry W. Schettini Gutiérrez, * su Presidente * * Peticionarios * * v. * CC-2006-1063 * Asociación de Fomento Educativo, * Inc., t/c/c Association for * Educational Development, Inc. * * Recurridos * * v. * Certiorari * Municipio Autónomo de Guaynabo * p/c/d su Alcalde, el Hon. Héctor * O´Neill García * * Parte Demandante No * Recurrida * * v. * * César T. Andréu Megwinoff; Blas * R. Ferraiuoli Martínez; y otros * * Peticionarios-Terceros * Demandados * *********************************

Opinión de Conformidad emitida por el Juez Presidente SEÑOR HERNÁNDEZ DENTON, a la cual se unen los Jueces Asociados SEÑORES FUSTER BERLINGERI Y RIVERA PÉREZ

San Juan, Puerto Rico, a 20 de noviembre de 2007.

Estamos conformes de que procede confirmar la

sentencia recurrida del Tribunal de Apelaciones. Sin

embargo, consideramos necesario expresarnos de forma

particular para hacer constar claramente nuestra posición al

respecto. Entendemos que el foro de instancia incidió al expedir la

orden de injunction preliminar, sin requerir el CC-2006-1063 2

pago de la fianza correspondiente conforme a la Regla 57.3

de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 57.3. Por

otro lado, consideramos que –aun si procediera eximir la

prestación de fianza previa bajo una de las excepciones

enumeradas en la Regla 56.3 de Procedimiento Civil, 32

L.P.R.A. Ap. III, R. 56.3- el foro de instancia abusó de

su discreción al conceder un remedio provisional que

afectaría el derecho propietario de los demandados sin

celebrar una vista plenamente evidenciaria conforme al

debido proceso de ley.

I.

La Asociación de Fomento Educativo (en adelante,

AFE) es dueña desde el año 1983 de un solar ubicado en

la Urbanización Villa Caparra Sur, el cual está sujeto a

ciertas condiciones restrictivas sobre edificación y

uso. Esta servidumbre en equidad fue constituida

mediante escritura pública debidamente inscrita en el

Registro de la Propiedad. Para el año 2005, la AFE

demolió la estructura existente en dicho solar con el

propósito de realizar la construcción de una nueva

edificación. Esta obra se inició con el correspondiente

permiso de construcción expedido por la Oficina de

Permisos Urbanísticos del Municipio de Guaynabo.

Ante esa situación, la Asociación de Vecinos de Villa

Caparra (en adelante, la Asociación de Vecinos) presentó

una demanda alegando varias violaciones a las condiciones

restrictivas mencionadas y solicitando que se emitiera un CC-2006-1063 3

injunction preliminar y permanente para paralizar la

construcción. En respuesta a la solicitud, el tribunal de

instancia fijó una vista argumentativa en la cual las

partes tuvieron la oportunidad de exponer sus argumentos y

presentar cierta prueba documental. No obstante, el foro

de instancia no permitió que se presentara evidencia

testifical, a pesar de que hubo varios ofrecimientos a

tales efectos.

Posteriormente, el foro de instancia emitió la orden

de injunction preliminar y eximió a la Asociación de

Vecinos del pago de la correspondiente fianza. En vista de

ello, ordenó la paralización inmediata de la obra de

construcción en controversia. Inconforme con dicho

dictamen, la AFE impugnó la determinación alegando que la

orden de paralización de la obra se emitió en violación al

debido proceso de ley y que no se cumplieron con los

requisitos para la concesión de un injunction preliminar.

El Tribunal de Apelaciones revocó la determinación

del tribunal de instancia por entender que procedía

celebrar una vista evidenciaria en la que las partes

pudieran presentar evidencia documental y testifical. A

pesar de que el foro recurrido llegó a esta conclusión sin

considerar si procedía eximir a los demandantes de la

prestación de la fianza correspondiente, estamos conformes

con el resultado de la misma. No obstante lo anterior,

entendemos pertinente atender de forma particular este

asunto medular para que conste claramente nuestra posición

al respecto. CC-2006-1063 4

II.

A.

Al examinar el caso de autos, partimos de la

premisa de que, como norma general, la concesión de un

injunction preliminar depende de que el promovente

preste fianza previa. A esos efectos, las Reglas de

Procedimiento Civil disponen que no se dictará ninguna

orden de injunction preliminar ni de entredicho

provisional si no se presta una fianza por la cantidad

que el tribunal considere justa para el pago de las

costas y daños en que pueda incurrir o que haya sufrido

cualquier parte que haya resultado indebidamente puesta

en entredicho o restringida. Regla 57.3 de Procedimiento

Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, R.57.3. La fianza que se

exige como requisito para dictar una orden de injunction

preliminar o entredicho provisional cubre sólo las

costas y daños incurridos que son consecuencia del

mismo. Marbarak v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 474

(1966); Avalo v. Cacho, 73 D.P.R. 286, 292 (1952).

Dicha norma -establecida en la Regla 57.3 de

Procedimiento Civil, supra- aplica de manera específica

al injunction preliminar y a la orden de entredicho

provisional. Según lo dispuesto por esta regla, el

tribunal tiene discreción para fijar la cuantía de la

fianza correspondiente, a base de los daños que pueda

sufrir y las costas en que pueda incurrir el promovido

durante la vigencia del injunction preliminar o el

entredicho provisional solicitado. El propósito de la CC-2006-1063 5

referida regla es proveerle al demandante un remedio

provisional inmediato mientras se protege al demandado

en caso de que eventualmente se determine que dicha

parte fue indebidamente restringida o puesta en

entredicho. En atención a ello, es necesario que el

tribunal establezca previamente un balance adecuado

entre las posibilidades de triunfo del demandante y las

probabilidades de que el remedio resulte improcedente o

se causen daños que no puedan recobrarse.

La prestación de fianza previa en estos casos es

precisa, pues existe mayor probabilidad de que el foro

de instancia se equivoque al expedir un remedio

provisional para tales efectos sin antes profundizar

sobre los méritos de la controversia tras la celebración

de un juicio en su fondo. Por tanto, la imposición de

una fianza previa al conceder un remedio extraordinario

bajo la Regla 57.3 de Procedimiento Civil, supra,

constituye un requisito esencial que no debe ceder ante

ningún supuesto, salvo circunstancias extraordinarias en

donde requerir tal prestación conllevaría un fracaso de

la justicia. Véase J.A. Cuevas Segarra, Tratado de

Derecho Procesal Civil, a las págs. 1062-1063.

Las disposiciones de la referida regla son análogas

a la Regla 65(c) de Procedimiento Civil Federal, la cual

expresa que

No restraining order or preliminary injunction shall issue except upon the giving of security by the applicant, in such sum as the court deems proper, for the CC-2006-1063 6

payment of such costs and damages as may be incurred or suffered by any party who is found to have been wrongfully enjoined or restrained. Fed.Rules Civ. Proc. Rule 65, 28 U.S.C.A. (énfasis suplido).

Al interpretar esta regla, los tribunales han afirmado

que el no imponer fianza previa constituye un error

reversible que invalida la orden de injunction preliminar

originalmente emitida por el foro de instancia. Véase

District 17, United Mine Workers of America v. A & M

Trucking, Inc., 991 F.2d 108, (4th Cir. 1993); Frank's GMC

Truck Ctr., Inc. v. General Motors Corp., 847 F.2d 100 (3d

Cir.1988). Véase además Wright, Miller & Kane, Federal

Practice and Procedure, § 2954, a la pág. 288 (2007).

De hecho, la mayoría de los circuitos federales

reconocen que la fianza previa a la concesión de un

injunction preliminar es obligatoria y que el lenguaje de

la referida disposición, en general, no admite excepción

alguna. Los foros de instancia sólo tienen discreción para

fijar la cuantía de dicha fianza y para reducir la misma a

una cuantía nominal en supuestos excepcionales. Otros

circuitos han interpretado esta regla para limitar la

exención del requisito de prestar fianza previa a demandas

de injunction preliminar que conlleven un interés público

apremiante -como lo sería una causa de acción para vindicar

derechos civiles o ambientales-, y en casos de litigantes

insolventes. Véanse Hoxworth v. Blinder, Robinson & Co.,

903 F.2d 186, 209-11 (3d Cir. 1990); District 17, United

Mine Workers of America v. A & M Trucking, Inc.,supra; CC-2006-1063 7

Phillips v. Chas. Schreiner Bank, 894 F.2d 127, 130-31

(5th Cir. 1990); Gateway E. Ry. v. Terminal R.R. Ass'n, 35

F.3d 1134, 1141 (7th Cir. 1994). Véanse además, Wright,

Miller & Kane, Federal Practice and Procedure, supra, a la

pág. 287-307(2007.); Note, Security for Interlocutory

Injunctions under Rule 65(C): Exceptions to the Rule Gone

Awry, 46 HSTLJ 1863 (1995); Note, Recovery for Wrongful

Interlocutory Injunctions under Rule 65 (c), 99 Harv. L.

Rev. 828 (1986). Resulta forzoso concluir que, salvo casos

excepcionales, una vez se expide un injunction al amparo

de esta regla, los términos obligatorios de la misma

exigen al tribunal la imposición de la fianza

correspondiente.

B.

En contravención a dicha normativa, el foro de

instancia emitió un injunction preliminar -ordenando la

paralización de la obra de construcción en controversia-

sin requerir a la Asociación de Vecinos la prestación de la

fianza correspondiente. Para ello, el tribunal de instancia se

amparó erróneamente en las excepciones establecidas por la

Regla 56.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, R.

56.3. La misma es de aplicación en el contexto de los

remedios provisionales con motivo del aseguramiento y

establece como norma general la obligación de prestar

fianza. Sin embargo, permite que -a manera de excepción- se

conceda un remedio provisional sin la prestación de fianza en

ciertos casos, a saber, cuando apareciere de documentos públicos

o privados firmados ante una persona autorizada CC-2006-1063 8

para administrar juramento, que la obligación es legalmente

exigible; en caso de un litigante indigente; y cuando se

gestiona el remedio después de dictada la sentencia.

La Regla 56 de Procedimiento Civil, supra, faculta a

los tribunales a conceder remedios provisionales tales

como el embargo, la prohibición de enajenar, emitir

ordenes para hacer o desistir de hacer cualquier acto

específico, o para ordenar cualquier otra medida que

estime apropiada, según las circunstancias del caso. Es en

esta regla que se enumeran las excepciones que permiten

eximir al promovente de prestar fianza antes de que el

tribunal dicte cualquier orden provisional que sea

necesaria para asegurar la efectividad de la sentencia.

No obstante, dichas excepciones no deben aplicarse

automáticamente a los supuestos de injunction preliminar o

entredicho provisional pues, como ya señalamos, las

propias Reglas de Procedimiento Civil atienden estos

remedios de manera particular y no parecen admitir

excepción alguna. Este Tribunal ha esbozado que, en

nuestro ordenamiento jurídico, el procedimiento de

injunction se rige principalmente por la Regla 57 de

Procedimiento Civil, supra. García v. World Wide

Entertainment, 132 D.P.R. 378 (1992). También hemos

expresado que “las demás reglas solo aplican [al

injunction] de modo supletorio siempre y cuando no

desvirtúen el carácter sumario del recurso”. Corujo

Collazo v. Viera Martínez, 111 D.P.R. 552 (1981).

Ciertamente, el requisito de la fianza correspondiente CC-2006-1063 9

forma parte integral de la naturaleza sumaria del

injunction. Por tanto, constituye un error aplicar

cualquier otra regla de manera supletoria en el caso de

autos, pues dicha acción desvirtúa la regulación

específica de la fianza previa instituida por la Regla

57.3 de Procedimiento Civil, supra.

A tales efectos, Rafael Hernández Colón comenta en

su obra Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal

Civil que la Regla 57.3 de Procedimiento Civil, supra, no

trata al injunction preliminar como una medida de

aseguramiento de sentencia, por lo que “exige que cuando

se solicita una orden o injunction preliminar, el

solicitante tiene que prestar fianza para garantizar los

daños y perjuicios que pueda causar. Esta Regla establece

un procedimiento especial para ejecutar la fianza y no

está sujeta a las excepciones de la R.56, 1979 [respecto a

los remedios provisionales]”. R. Hernández Colón, Derecho

Procesal Civil, § 1504, a las págs. 159-160 (2007).

Del mismo modo, David Rivé Rivera discute los

requisitos para dictar la orden de injunction y reconoce

que la letra de la Regla 57.3 de Procedimiento Civil,

supra, parece exigir siempre la prestación de fianza

previa. D. Rivé Rivera, Recursos Extraordinarios, a la

pág. 33. De hecho, Rivé Rivera propone que consideremos

los casos de litigantes indigentes como la única excepción

al requisito de la prestación de fianza para la concesión

de un injunction preliminar, al plantear lo siguiente: CC-2006-1063 10

“la política pública expresada en nuestras reglas de procedimiento civil apoya la posibilidad que se conceda el remedio provisional de Injunction sin la prestación de fianza en casos de litigantes insolventes, cuando a juicio del tribunal aduzcan en su demanda hechos suficientes para establecer una causa de acción cuya probabilidad de triunfo fuere evidente o pudiera demostrarse, y hubiere motivos fundados para temer, previa vista al efecto que de no obtenerse inmediatamente dicho remedio provisional, la sentencia que pudiere obtenerse resultaría académica. D. Rivé Rivera, Recursos Extraordinarios, supra, a la pág. 34”.

Incluso si incorporáramos dicha formulación

normativa, o si adoptáramos cualquiera de las excepciones

jurisprudenciales discutidas en relación a la Regla 65(c)

de Procedimiento Civil Federal, supra, el requisito de la

fianza correspondiente aún sería imperativo en las

circunstancias ante nuestra consideración. El caso de

autos no involucra a litigantes indigentes, ni mucho menos

se trata de un supuesto excepcional donde los derechos

civiles y constitucionales del demandante se encuentren

bajo amenaza por la actuación del promovido. Por tanto, el

foro de instancia abusó de su discreción al conceder un

injunction ordenando la paralización de la construcción

sin requerir la prestación de fianza previa.

En discrepancia con nuestro criterio, la compañera

Jueza Asociada señora Rodríguez Rodríguez señala que “en

ausencia de una justificación adecuada sobre la alegada

inaplicabilidad de dicha Regla [56 de Procedimiento Civil]

y sobre la supuesta necesidad de que la concesión de un

injunction preliminar se rija por la Regla 57 de

Procedimiento Civil”, el foro de instancia actuó CC-2006-1063 11

correctamente al otorgar el injunction preliminar al

amparo de la Regla 56. Op. dis., pág. 23. Esta posición

ignora los rasgos y el funcionamiento de la figura del

injunction en nuestro sistema de derecho, así como su

desarrollo histórico. Hace casi medio siglo, la Asamblea

Legislativa enmendó, a iniciativa nuestra, las Reglas de

Procedimiento Civil de Puerto Rico. Reglas de

Procedimiento Civil de 1958, 32 L.P.R.A. Ap. II

(derogado). Con dichas enmiendas, pretendimos atender la

dicotomía entre la ley y la equidad catalizada por el

cambio de soberanía política y la coexistencia de dos

sistemas jurídicos con normas procesales disímiles y

divergentes.

En atención a lo anterior, el legislador le confirió

a los tribunales dos mecanismos paralelos e independientes

para implantar su facultad de conceder remedios

provisionales. En primer lugar, las disposiciones

estrictas de la Regla 57 le aplican a todo litigante que

solicita un injunction como remedio principal, las cuales

siempre exigen la prestación de fianza para la concesión

del mismo y cuyas órdenes ex parte tienen un término de

vigencia máxima de veinte días. Por otro lado, si lo que el

demandante solicita es una “orden de no hacer” como remedio

subsidiario, o cualquier otro remedio provisional en

aseguramiento de sentencia a tenor con la Regla 56, la

misma puede acogerse a los requisitos más flexibles

contenidos en esta última regla, la cual permite emitir

dichas órdenes sin fianza y sin límites de tiempo. Véase D. CC-2006-1063 12

Rivé Rivera, Recursos Extraordinarios, supra, a las págs.

1-14.

Es decir, si la solicitud del remedio se plantea en

una demanda cuyo objeto principal es el injunction mismo,

rige la Regla 57 de forma expresa y específica. A su vez,

si se solicita una orden de hacer o no hacer como remedio

supletorio para asegurar la sentencia, en el contexto de

un pleito cuyo objeto principal no es la concesión de un

injunction, se pueden aplicar las disposiciones más

flexibles de la Regla 56. R. Hernández Colón, Derecho

Procesal Civil, supra, §. 5704, a la pág. 464. Por tanto,

la concesión del remedio provisional correspondiente

depende del objetivo principal de la demanda, que a su vez

tiene que ceñirse a la regla procesal aplicable. De lo

contrario, se estaría dejando al arbitrio del juzgador la

aplicación de cualquiera de las dos reglas, a pesar de que

el legislador expresamente vislumbró una clara distinción

entre ambas normativas procesales.

En el caso de autos, la Asociación de Vecinos solicitó

en todo momento un injunction preliminar, que en su día fue

otorgado por el foro de instancia. El objeto principal de

la demanda ante nuestra consideración es, precisamente, la

expedición de un injunction para paralizar la construcción

y ordenar la demolición de la estructura en controversia.

Por tanto, resulta necesario concluir que el tribunal de

instancia abusó de su discreción al conceder dicho remedio

al amparo de la Regla 56 de Procedimiento Civil, supra, CC-2006-1063 13

obviando por completo las disposiciones comprendidas en la

Regla 57 que atienden específicamente las circunstancias

de este caso. No se trata, como arguye la compañera Jueza

Asociada señora Rodríguez Rodríguez en su opinión

disidente, de eviscerar de contenido la Regla 56, sino de

limitar su alcance a los remedios provisionales en

aseguramiento de sentencia, conforme a la intención

legislativa de nuestras reglas procesales vigentes.

C.

Ahora bien, aún cuando entendemos que la Regla 56.3

de Procedimiento Civil, supra, no es de aplicación a este

caso, lo cierto es que las circunstancias bajo nuestra

consideración tampoco satisfacen ninguna de las

excepciones enumeradas en la misma para relevar al

demandante de su obligación de prestar fianza. No estamos

ante un supuesto de una obligación legalmente exigible que

surja de un documento fehaciente. Más bien, lo que resulta

claro en este caso es la existencia de la servidumbre;

pero no así la existencia, en esta etapa procesal, de

algún incumplimiento o violación de la misma. Por tanto,

no se puede hablar en esta etapa de una obligación

legalmente exigible.

De hecho, en Marty v. Ramirez, 73 D.P.R. 165 (1952),

este Tribunal expresó que “para que pueda decretarse [un

embargo] sin fianza para aseguramiento de la efectividad de

la sentencia, es necesario que aparezca claramente del

documento auténtico que la obligación es exigible, lo que CC-2006-1063 14

quiere decir, no sólo que los documentos en que se basa la

petición sean auténticos, sino también, que fácilmente,

sin gran dificultad, pueda el juez venir en conocimiento

de que realmente la obligación existe y puede reclamarse”.

En ese caso, la controversia giraba en torno a una deuda

que el demandado había reconocido en documento firmado

ante notario. A pesar de ello, decidimos que el mismo no

era un caso donde el juez podía venir en conocimiento de

que realmente la obligación existía y que podía reclamarse

según los mismos términos indicados en el documento.1

Más aún, si trasladamos esa norma a los casos de

injunction para hacer valer una servidumbre en equidad,

sólo podríamos eximir a la parte promovente de la

obligación de prestar fianza previa si surge de los

hechos que no hay duda alguna de que el demandado violó

la restricción invocada por el demandante. En tal caso,

se requeriría prueba sobre la violación de las

condiciones restrictivas para que pueda considerarse

como una obligación legalmente exigible de acuerdo a la

excepción establecida en la Regla 56.3 de Procedimiento

Civil, supra.

1 Cabe señalar que anteriormente también hemos considerado, como documento fehaciente, una sentencia condenatoria por tentativa de asesinato para probar un caso sobre daños y perjuicios sufridos por el proponente como consecuencia del acto criminal del demandado. Feliciano Figueroa v. Toste Pinero, 134 D.P.R. 909 (1993). Ello sugiere que para eximir de la prestación de la fianza bajo el supuesto indicado, debe tratarse de casos en los cuales –de manera objetiva y sin lugar a dudas- se demuestre que la parte promovente tenía una causa de acción en contra de la parte demandada. CC-2006-1063 15

Es decir, la mera inscripción no hace de la

obligación una legalmente exigible para fines de la

mencionada excepción. Para que se invoque la referida

excepción no basta, como parecen sugerir las opiniones

disidentes, que se presenten documentos públicos

auténticos que acrediten la existencia de la servidumbre

en equidad. Más bien, para que aplique la Regla 56.3 -y

se exima al promovente de prestar fianza- no sólo debe

ser clara y patente la existencia de la restricción,

sino también la violación de la misma. Y es que no

puede ser de otra manera, toda vez que lo contrario

implicaría la posibilidad de paralizar una obra sin

prestación de fianza con sólo mostrar evidencia de que

hay una servidumbre en equidad debidamente inscrita, y

con meramente alegar una violación a la misma.

En el caso ante nuestra consideración, la

servidumbre en equidad que limita el uso de la vivienda

a un uso familiar tiene un lenguaje ambiguo que requiere

un ejercicio interpretativo basado en la intención de

las partes. Una vez se aclare el alcance de dicha

condición restrictiva, será necesario determinar si la

parte demandada está incurriendo en violación a la

misma. Esta es, precisamente, la controversia medular

de este caso, la cual será adjudicada en su día. Por

ende, no puede hacerse una determinación a los efectos

de que el demandado está incurriendo en violación de la

restricción en esta etapa preliminar de los

procedimientos. CC-2006-1063 16

Por otro lado, la distinción que intenta hacer la

opinión disidente de la Jueza Asociada Rodríguez Rodríguez

entre el presente caso y la situación que enfrentamos en

Marty v. Ramírez, supra, ignora que mientras no exista

certeza interpretativa sobre el alcance de la servidumbre,

las certificaciones en autos no constituyen una obligación

legalmente exigible que se le pueda oponer a la AFE en

esta etapa de los procedimientos. Por tanto, la evidencia

que obra en autos sobre la referida servidumbre no

constituye, como aduce la opinión disidente, “prueba

fehaciente y auténtica sobre la existencia de una

obligación legal que puede reclamarse por la Asociación de

Vecinos”. Op. dis. a la pág. 26. Para conceder el

injunction preliminar sin la prestación de fianza previa

bajo la referida excepción, era imprescindible que la

Asociación de Vecinos demostrara fehacientemente la

existencia de la violación a la restricción. Para

paralizar una obra de construcción sin requerir fianza

alguna, no puede ser suficiente probar la existencia de la

servidumbre y presentar alegaciones sobre la probabilidad

de que, dependiendo del margen interpretativo del

juzgador, se cometió una violación.

A la luz de ello, entendemos que erró el foro de

instancia al no requerir a la Asociación de Vecinos la

prestación de la fianza correspondiente cuando dictó la

orden de injunction preliminar, apoyando escuetamente su

determinación en el hecho de que, de las escrituras

públicas y las certificaciones registrales del caso de CC-2006-1063 17

autos, surge que el solar en controversia es un predio

sujeto a las condiciones restrictivas invocadas por los

demandantes. Como ya indicamos, para que aplique la

referida norma y se releve al promovente del requisito de

fianza previa, no basta con que se pruebe la existencia de

la servidumbre en equidad, sino que el demandante debe

demostrar a cabalidad la violación clara y patente de la

restricción invocada. En vista de lo anterior –y aun si se

entendiera aplicable la referida regla- somos del

criterio que en este caso no podía concederse el

injunction preliminar sin que se prestara previamente la

correspondiente fianza. Por tanto, dicha orden no debe

sostenerse.2

III.

No obstante lo anterior, nos corresponde examinar -en

la alternativa- si procedía el injunction solicitado en

esta etapa de los procedimientos. Sabido es que el

injunction es un mandamiento judicial que, ya sea en su

carácter reparador o preventivo, prohíbe o compele a una

persona la realización de determinada conducta que infringe

o perjudica los derechos de otra. Art. 675 del Código de

Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 3521; E.L.A. v.

Asoc. de Auditores, 147 D.P.R. 669 (1999). Se trata de un

2 El caso de autos tampoco trata de un supuesto de litigantes indigentes ni se ha reclamado el remedio luego de recaída la sentencia. Por tanto, no se configuran ninguna de las excepciones enumeradas en la Regla 56.3 de Procedimiento Civil, supra. CC-2006-1063 18

remedio judicial que entraña la presencia de la urgencia

toda vez que está dirigido a evitar un daño inminente.

Peña v. Federación de Esgrima de P.R., 108 D.P.R. 147

(1978); Ortega Cabrera v. Tribunal Superior, 101 D.P.R.

612 (1973).

En particular, el injunction preliminar es una medida

provisional que tiene el propósito fundamental de mantener

el status quo hasta que se celebre el juicio en sus

méritos. Mun. de Ponce v. Gobernador, 136 D.P.R. 776

(1994). De esa forma, la orden de injunction preliminar

evita que la conducta del demandado produzca una situación

que convierta en académica la sentencia que finalmente se

dicte o que se le ocasionen daños de mayor consideración

al peticionario mientras perdura el litigio. Cobos Licia

v. DeJean Packing, 124 D.P.R. 896 (1989).

El injunction preliminar se puede emitir en cualquier

momento del pleito, antes del juicio en su fondo, y

comúnmente se solicita junto con la radicación del pleito

en casos de urgencia. Esto requiere que el tribunal paute

prontamente un señalamiento de vista para discutir los

méritos de la moción y para que las partes tengan la

oportunidad de presentar prueba en apoyo de su posición.

Mun. de Ponce v. Gobernador, supra; D. Rivé Rivera,

Recursos Extraordinarios, supra, a la pág. 21; D. Rivé, El

Injunction en Puerto Rico, 53 Rev. Jur. U.P.R. 341 (1984).

Al momento de dictar un injunction preliminar el

tribunal debe analizar, entre otras cosas, lo siguiente:

(1) la naturaleza de los daños que pueden causársele a la CC-2006-1063 19

parte contra la cual se solicita el recurso; (2) la

naturaleza de los daños que puede sufrir la parte

promovente de denegarse el recurso; (3) la irreparabilidad

de los daños; (4) la existencia de un remedio adecuado en

ley; (5) la probabilidad de que el promovente prevalezca

eventualmente al resolverse el litigio; (6) si existe la

probabilidad de que la causa se torne académica de no

concederse el injunction, y (7) el impacto sobre el

interés publico de concederse o denegarse el recurso. 32

L.P.R.A. sec. 3523; Mun. de Ponce v. Gobernador, supra;

García v. World Wide Entmt. Co., 132 D.P.R. 378 (1992).

El peso de probar la procedencia del injunction recae

sobre la parte promovente. Systema de P.R., Inc. v.

Interface Int'l, 123 D.P.R. 379 (1989).

Dada su naturaleza extraordinaria y sumaria, hemos

señalado que la utilización de este mecanismo requiere que

el tribunal ejerza su discreción judicial con celo y buen

juicio. Asimismo, hemos indicado que el injunction debe

concederse en aquellos casos de clara necesidad y solamente

ante una demostración de indudable e intensa violación de

un derecho. A.P.P.R. v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 903

(1975). También hemos expresado que la decisión del

tribunal de instancia para conceder o denegar la orden de

injunction no será revocada en apelación a menos que se

demuestre que dicho foro abusó de su facultad discrecional.

E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 147 D.P.R. m669 (1999);

Delgado v. Cruz, 27 D.P.R. 877 (1919). A pesar de que se CC-2006-1063 20

trata de una decisión de tipo discrecional, los tribunales

no podemos tomar a la ligera su concesión, sobretodo

cuando la expedición del remedio implica una intervención

con el derecho propietario del promovido.

En el caso de autos, la Asociación de Vecinos adujo

que la edificación que estaba construyendo la AFE violaba

las servidumbres en equidad de Villa Caparra Sur. En

particular, hizo referencia a las cláusulas que establecen

las restricciones que gravan el solar de la AFE. Una de

ellas reza de la manera siguiente:

En cada uno de los solares que se deslinden, segreguen y vendan no podrá construirse más de una casa residencia, de una sola vivienda, el costo de la cual no podrá ser menor de Tres Mil Dólares; podrán sin embargo construirse edificaciones independientes para alojamiento de servidumbre, chauffer, etc., así como también para almacenaje de automóviles privados. (Énfasis nuestro).

El solar objeto de este recurso está sujeto, además,

a otra restricción que dispone, en lo pertinente que “no

podrá construirse nada más que una casa destinada a

residencia para una sola familia” (énfasis nuestro).

Dicha cláusula reitera el uso residencial del solar y,

además, limita el destino de la residencia a “una sola

familia”.

Amparándose en ello, la Asociación de Vecinos adujo

que la construcción no era una residencia para una sola

familia, sino una edificación de carácter institucional

destinada a personas que no constituyen una familia. En CC-2006-1063 21

vista de lo anterior, solicitó que se emitiera un

injunction preliminar para prohibir la construcción.

Por su parte, la AFE alegó que, durante los últimos

dieciocho (18) años, en la residencia objeto de re-

construcción ha vivido un grupo de entre seis y ocho

mujeres, las cuales son afiliadas a una misma orden

religiosa y que, por ende, constituyen una sola familia de

conformidad con las restricciones mencionadas. En la

alternativa, sostuvieron que -de haber alguna violación-

aplicaban las defensas de incuria y de extinción de la

servidumbre por cambios en el vecindario.

De lo anterior surge que la controversia medular de

este caso gira en torno al alcance y significado del

término “familia” y de lo que debe entenderse por

“residencia para una sola familia”. La parte demandante

propone una interpretación restrictiva del concepto

“familia” y, a esos fines, sostiene que se requieren

ciertos vínculos de consanguinidad o lazos legales. Por

su parte, la AFE aboga por una interpretación amplia que

incluye una organización domestica común conforme a las

definiciones contenidas en el Reglamento de Ordenamiento

Territorial del Municipio y en el Uniform Building Code.

Así, al amparo de sus respectivos argumentos, las partes

ofrecen una interpretación particular del concepto

“familia” que lleva a un resultado diametralmente opuesto

con respecto a la alegada violación de la servidumbre en

equidad. CC-2006-1063 22

Para atender esta controversia, es imperativo hacer

un análisis con el propósito de determinar la voluntad

real de las partes al momento de establecer las

restricciones sobre los predios gravados por la

servidumbre. Véase Residentes Parkville Sur v. Díaz

Luciano, 159 D.P.R. 374 (2003). En este caso, la

escritura que contiene las restricciones no ofrece

suficientes herramientas, ya que no define los conceptos

en controversia. Si recurrimos a otras fuentes para

aclarar el alcance de las cláusulas en cuestión, notamos

que tanto el Reglamento de Ordenamiento Territorial del

Municipio como el Uniform Building Code proporcionan una

definición amplia en lo que respecta a la “organización

domestica común”.

De la misma forma, si examinamos el significado del

término “familia” en la vigésima segunda edición del

Diccionario de la Real Academia Española (2001),

encontramos, entre otras acepciones, que puede referirse a

un “conjunto de personas que tienen alguna condición,

opinión o tendencia común” y a un “cuerpo de una orden o

religión, o parte considerable de ella”. Por otro lado, aun

cuando se considerara aplicable un significado restrictivo,

no podría ignorarse el hecho de que este caso no se trata

de una nueva edificación, sino de una reconstrucción de una

ya existente, en la cual se proyecta la convivencia de un

grupo de personas que se mantuvieron ocupando la residencia

por más de veinte años. Por ende, correspondería determinar CC-2006-1063 23

si la defensa de incuria levantada por la AFE impide el

injunction solicitado.

En fin, resulta evidente que estamos ante una

servidumbre en equidad que requiere cierto ejercicio

interpretativo por parte del juzgador de los hechos para

poder determinar su significado y alcance. Un análisis

desapasionado demuestra que las interpretaciones

propuestas por las partes y sus posibilidades de

prevalecer podrían ser igualmente viables. Ello, a su vez,

pone de manifiesto el carácter genuino de la controversia

así como la necesidad de que se celebre un juicio

plenario. Dicho resultado se impone más aún si tomamos en

cuenta que el foro de instancia basó su determinación de

conceder el injunction en el carácter atípico de la

estructura, lo cual hubiera precisado prueba sobre al

menos una muestra de las demás residencias y sobre la

defensa de extinción levantada por la AFE.

Claramente, en este caso el foro de instancia abusó

de su discreción al no permitir que las partes presentaran

prueba testifical. Aunque textualmente las normas sobre la

celebración de la vista de injunction no exigen que se

presente evidencia testifical, las circunstancias dudosas

de este caso sí lo requerían. No podemos pasar por alto

que en este caso el efecto de la concesión del injunction

preliminar afectaría el derecho propietario de los

demandados, privándolos del disfrute de su propiedad sin

una determinación en los méritos y por un tiempo CC-2006-1063 24

indeterminado. A su vez, debemos tener en cuenta que la

AFE presentó como defensa la incuria de la Asociación de

Vecinos, alegando hechos constitutivos de ese tipo de

defensa. No obstante, dada la ausencia de una vista

plenamente evidenciaria, la AFE no pudo presentar prueba a

tales efectos, por lo que se le violó el debido proceso de

ley.

En vista de todo lo anterior, entendemos que no puede

sostenerse la orden de injunction preliminar dictada por

el tribunal de instancia. En derecho lo que procede es

revocar dicho dictamen sin mayor dilación para que el

tribunal de instancia pueda dilucidar las controversias

medulares entre las partes lo antes posible. Por ende,

procede confirmar la sentencia recurrida del Tribunal de

Apelaciones.

Federico Hernández Denton Juez Presidente EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Asociación de Vecinos de Villa Caparra Sur, Inc., así como Henry W. Schettini Gutiérrez, Presidente CC-2006-1063 Certiorari Peticionario

Asociación de Fomento Educativo, Inc. Recurridos

Municipio Autónomo de Guaynabo p/c/d su Alcalde, el Hon. Héctor O’Neill García Parte Demandante No Recurrida

César T. Andréu Megwinoff; Blas R. Ferraiuoli Martínez y otros Peticionarios-Terceros Demandados

Opinión disidente emitida por la Jueza Asociada señora FIOL MATTA

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de noviembre de 2007.

La peticionaria, Asociación de Vecinos de Villa

Caparra Sur, Inc., presentó una demanda de injunction

preliminar y permanente en el Tribunal de Primera

Instancia para hacer valer las servidumbres en equidad

de su urbanización. A ese fin solicitó la paralización y

demolición de la construcción de los recurridos,

Asociación de Fomento Educativo, Inc. El tribunal de CC-2006-1063 2

instancia emitió el injunction preliminar ordenando la

paralización de la construcción de los recurridos, aplicando

la Regla 56 de las de Procedimiento Civil y eximiendo a la

peticionaria de prestar fianza. Posteriormente, el Tribunal

de Apelaciones revocó al foro de instancia. Concluyó que éste

había errado al no celebrar una vista evidenciaria sobre la

procedencia del injunction preliminar.

I

La Regla 56 antes citada dispone que antes o después

de la sentencia y por moción del reclamante, un tribunal

puede dictar una “orden para hacer o desistir de hacer

cualesquiera actos específicos” que asegure la efectividad

de la sentencia. Id.3 Según el Comité Consultivo de Reglas de

Enjuiciamiento Civil de 1954 la Regla 56 se creó con el

propósito de incorporar el remedio de injunction al

procedimiento civil ordinario para que se pudiera expedir

3 La Regla 56.1, 32 L.P.R.A. Ap. III R.56.1, dispone:

En todo pleito antes o después de sentencia, por moción del reclamante, el tribunal podrá dictar cualquier orden provisional que sea necesaria para asegurar la efectividad de la sentencia. El tribunal podrá conceder el embargo, el embargo de fondos en posesión de un tercero, la prohibición de enajenar, la reclamación y entrega de bienes muebles, la sindicatura, una orden para hacer o desistir de hacer cualquiera actos específicos, o podrá ordenar cualquier otra medida que estime apropiada, según las circunstancias del caso. En todo caso en que se solicite un remedio provisional, el tribunal considerará los intereses de todas las partes y dispondrá según requiera la justicia sustancial. (Énfasis suplido) Id. CC-2006-1063 3

como orden provisional de aseguramiento de sentencia sin que

fuera necesario demostrar que no existe un remedio adecuado

en ley:

El texto propuesto representa una fusión del injunction como medida provisional autorizada por las secciones 2 y 3 del art. 677 del Código de Enjuiciamiento Civil y la Regla (d) del art. 2 de la Ley Para Asegurar la Efectividad de las Sentencias. Borrador del Proyecto de Reglas de Enjuiciamiento Civil, Tribunal Supremo (1954), pág. 146. Véase además, D. Rivé Rivera, Recursos Extraordinarios, 2da edición, pág. 13.4

Por esto, la Regla 56 establece criterios flexibles para

emitir una orden de hacer o desistir y, además, contiene

excepciones a la imposición de fianza.

La Regla 57, supra, proviene de la jurisdicción federal

y exige que el peticionario de un injunction establezca la

ausencia de un remedio adecuado en ley.5 Hemos resuelto que

para que se pueda emitir un injunction preliminar bajo esta

regla es necesario establecer:

4 Al respecto Rivé Rivera explica:

El propósito expreso de la reforma fue el de integrar al injunction dentro del procedimiento ordinario para evitar que se denegara su expedición, exclusivamente, por no haber demostrado el peticionario que carecía de lo que la equidad consideraba que era un “remedio adecuado en ley”. Rivé Rivera, Recursos Extraordinarios, 2da edición, pág. 13. 5 Al respecto, Rivé Rivera expresa:

Aunque se mantuvo íntegra la Regla 56 sobre remedios provisionales, conforme a la intención del Comité, se añadió una regla sobre injunction tomada literalmente de la federal. Rivé Rivera, op. cit., 2da edición, pág. 14. CC-2006-1063 4

1. La naturaleza de los daños que pueden

ocasionárseles a las partes de concederse o

denegarse el injunction;

2. su irreparabilidad o la existencia de un remedio

adecuado en ley;

3. la probabilidad de que la parte promovente

prevalezca en los méritos;

4. la probabilidad de que la causa se torne

académica; y

5. el posible impacto sobre el interés público.

Puerto Rico Telephone Co. v. Tribunal Superior,

103 D.P.R. 200 (1975). Véase además, Mun. de

Ponce v. Gobernador, 136 D.P.R. 776, 784 (1994),

Mun. de Loíza v. Sucns. Suárez et al, 154 D.P.R.

333, 367 (2001).

En particular, el requisito de daño irreparable constituye un

aspecto de la regla básica de que el injunction sólo procede

si no existe un remedio adecuado en ley. Cruz v. Ortiz, 74

D.P.R. 321, 328 (1953). Véase además, Rivé Rivera, op. cit.,

pág. 31.

Debido a que ambas reglas proveen mecanismos distintos

para obtener el mismo remedio de injunction pendente lite,

existe un conflicto respecto a su aplicación que aún no hemos

resuelto. Al respecto, Rivé Rivera aclara:

Se produce una curiosa situación: al que solicita un injunction, y así lo denomina, le aplicaría la reglamentación estricta de la Regla 57, regla que siempre exige fianza y cuyas órdenes ex parte CC-2006-1063 5

tienen una vigencia máxima de veinte días. Por otro lado, si se pide igual remedio bajo el nombre de una “orden provisional de no hacer” a tenor con la Regla 56, con toda seguridad podría acogerse a los requisitos más flexibles de esta última regla que permite emitir éstas órdenes sin fianza y sin límites de tiempo. Tal parece como si la ley a ser aplicada dependiese del título que lleve la petición. (Énfasis suplido) Rivé Rivera, op. cit., 2da edición, pág. 15.

En el caso que nos ocupa debemos tener presente una

consideración adicional y es que existe una norma especial

respecto a las servidumbres en equidad pertinente a dicho

conflicto. Hace más de un siglo resolvimos que los dueños de

predios sujetos a servidumbres en equidad tienen disponible

el remedio de injunction para hacer efectivos sus derechos,

norma que hemos reiterado en numerosas ocasiones. Glines v.

Matta, 19 D.P.R. 409 (1903), Asoc. v. Villa Caparra v.

Iglesia Católica, 117 D.P.R. 346, 353-354 (1986). Además,

hemos establecido que cuando se solicita el injunction para

hacer valer una servidumbre en equidad no es necesario probar

daño irreparable o ausencia de remedio adecuado en ley:

Cuando se solicita remedio en equidad, la prueba de daños reales o perjuicios sustanciales no es esencial, siendo necesario solamente demostrar una violación de la restricción para que el demandante tenga derecho al remedio solicitado. Santaella v. Purón, 60 D.P.R. 552, 559 (1956). Véase además, Pérez v. Pagán, 79 D.P.R. 195, 199-200 (1956), Colón v. San Patricio Corporation, 81 D.P.R. 242, 253-256 (1959).6

6 Al respecto, Rivé Rivera nos explica:

Tampoco es necesario alegar, ni probar, la ausencia de un recurso adecuado en ley cuando se intenta poner en vigor derechos sustantivos que surgieron del derecho de equidad como las llamadas “servidumbres de equidad” o el cumplimiento de las obligaciones al CC-2006-1063 6

Esta norma es cónsona con el propósito de la Regla 56, por lo

cual es razonable aplicar dicha regla cuando se emita un

injunction preliminar para hacer valer una servidumbre en

equidad.

Al amparo de la Regla 56.3 de las de Procedimiento

Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III R.56.3, se podrá conceder un

remedio provisional sin la prestación de fianza cuando

apareciere de documentos públicos o privados, según definidos

por ley, firmados ante una persona autorizada para

administrar juramento, que la obligación es exigible. Id. En

lo que a este caso se refiere, sabemos que una vez las

servidumbres en equidad son inscritas en el Registro de la

Propiedad éstas constituyen derechos reales oponibles a

terceros y por lo tanto, exigibles, que limitan el uso al que

puedan dedicarse y las edificaciones que puedan construirse

en los predios sirvientes. Asoc. V. Villa Caparra v. Iglesia

Católica, supra, en las págs. 351-353. Véase además, Carrillo

Norat v. Camejo, 107 D.P.R. 132, 136-137 (1978).7

Finalmente, la Regla 56.2 de las de Procedimiento

Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III R.56.2, dispone que no se

concederá un remedio provisional sin notificar a la parte

amparo de un “trust” o fideicomiso. Rivé Rivera, op. cit., pág. 20. 7 El artículo 481 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 1673, dispone que “el dueño del predio sirviente no podrá menoscabar de modo alguno el uso de la servidumbre constituida”. Id. CC-2006-1063 7

adversa y sin celebrar vista, salvo las situaciones

excepcionales establecidas en las Reglas 56.4 y 56.5. Id.

III

En el caso ante nuestra consideración, la peticionaria

solicitó un injunction preliminar para asegurar la sentencia

que en su día pueda emitirse si finalmente se establece en

los méritos del caso que los recurridos violaron las

servidumbres en equidad de su urbanización. Según expusimos

antes, al no requerirse en estos casos prueba de daño

irreparable ni ausencia de un remedio adecuado en ley nada

impide que se aplique la Regla 56 de las de Procedimiento

Civil, supra. A tenor con los criterios establecidos en esa

disposición, que son más flexibles que los establecidos por

la Regla 57, procede conceder lo solicitado.8

Además, el foro de instancia no erró al eximir a la

peticionaria de prestar fianza, ya que ésta estableció

mediante escritura pública y certificaciones registrales que

las servidumbres en equidad son exigibles. A su vez, el

tribunal de instancia no abusó de su discreción al no

8 Sobre la flexibilidad de la Regla 56, en el caso F.D. Rich Co. v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 158 (1970), expresamos lo siguiente:

La Regla 56 de Procedimiento Civil confiere al tribunal suficiente flexibilidad para dictar las medidas que estime necesarias o convenientes, según las circunstancias del caso, para asegurar la efectividad de las sentencias. Su única limitación es que la medida sea razonable y adecuada al propósito esencial de la misma, que es garantizar la efectividad de la sentencia que en su día podría dictarse. Id., en la pág. 176. CC-2006-1063 8

celebrar una vista evidenciaria antes de emitir el injunction

preliminar pues las partes tuvieron oportunidad suficiente de

someter sus argumentos y alegatos por escrito, se celebró una

vista ocular y el tribunal tuvo suficiente prueba para

conceder el remedio provisional.

Por los fundamentos antes expuestos disiento de la

sentencia emitida por este Tribunal, que confirma la decisión

del Tribunal de Apelaciones.

Liana Fiol Matta Jueza Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Asociación de Vecinos de Villa Caparra Sur, Inc., así como Henry W. Schettini Gutiérrez, su Presidente Peticionarios

Asociación de Fomento Educativo, Inc., t/c/c Association for Educational Development, Inc. CC-2006-1063 Recurridos

Municipio Autónomo de Guaynabo p/c/d su Alcalde, el Hon. Héctor O’Neill García Parte Demandante No Recurrida

César T. Andréu Megwinoff; Blas R. Ferraiuoli Martínez; y otros Peticionarios-Terceros Demandados

Opinión disidente emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez a la cual se le une el Juez Asociado señor Rebollo López

A

El presente caso versa sobre una solicitud de injunction

preliminar presentada por la demandante-peticionaria

Asociación de Vecinos de Villa Caparra Sur (Asociación de CC-2006-1063 2

Vecinos) en contra de la Asociación de Fomento Educativo

(AFE), a los fines de hacer valer las servidumbres en equidad

que gravan las propiedades sitas en la Urbanización Villa

Caparra Sur. En su parte pertinente, las referidas

servidumbres impuestas por los esposos González-Giusti en el

año 1939, rezan:

[e]n cada uno de los solares que se deslinden, segreguen y vendan no podrá construirse más de una casa residencia, de una sola vivienda, el costo de la cual no podrá ser menor de [t]res [m]il [d]ólares; podrán sin embargo construirse edificaciones independientes para alojamiento de servidumbre, chauffeur, etc., así como también para almacenaje de automóviles privados.

Véase apéndice del recurso de certiorari, págs. 230-31.

(énfasis nuestro).

B

En el año 1983, la parte demandada-recurrida, Asociación

de Fomento Educativo, adquirió la propiedad sita en la Calle

J-42 de la Urbanización Villa Caparra Sur.9 Véase escritura

de compraventa número 635, apéndice del recurso de

certiorari, págs. 244-48. AFE es una corporación sin fines

de lucro asociada a la Prelatura Personal de la Iglesia

Católica conocida como la Prelatura de la Santa Cruz y Opus

Dei (Opus Dei). Véase apéndice del recurso de certiorari,

págs. 304-05. Según obra en autos, entre los meses de mayo y

9 Dicha propiedad, a su vez, está afecta a las siguientes restricciones: “no podrá construirse nada más que una casa destinada a residencia para una sola familia y cuya edificación deberá construirse de concreto a un costo mínimo de [c]inco [m]il [d]ólares, y dicha casa deberá ser Construida a una distancia no menor de quince pies de la calle que dé a su frente”. Véase, escritura número 47, otorgada el 16 de diciembre de 1950, apéndice del recurso de certiorari, págs. 237-238. CC-2006-1063 3

junio de 2005, AFE comenzó a demoler dicha propiedad con el

propósito de construir una nueva edificación. Ante dichas

actuaciones, en el mes de agosto de 2005, la Asociación de

Vecinos presentó una querella ante la Oficina de Permisos

Urbanísticos del Municipio de Guaynabo impugnando el

proyecto.10

El azaroso trámite judicial del caso que nos ocupa

comenzó el 3 de noviembre de 2005 cuando la Asociación de

Vecinos presentó una demanda de interdicto preliminar y

permanente para hacer valer las condiciones restrictivas de

uso y construcción que pesan sobre la Urbanización Villa

Caparra Sur.11 También solicitó que dicho foro primario

ordenara la demolición de la estructura que los demandados-

recurridos habían comenzado a construir. Posteriormente, el

10 de noviembre de 2005, la Asociación de Vecinos presentó

una petición de Injunction Preliminar.12

El 29 de diciembre de 2005, el tribunal de instancia

paralizó la construcción. No obstante, AFE recurrió de dicha

orden al Tribunal de Apelaciones. Dicho foro revocó la orden

10 Surge de los documentos que obran en el expediente de este caso que, luego de una serie de trámites, la Asociación de Vecinos presentó 3 apelaciones distintas ante la Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones: la primera, el 15 de noviembre; la segunda, el 9 de diciembre; y la tercera, el 12 de diciembre del 2005. Según aduce el Municipio de Guaynabo en su comparecencia, dicho procedimiento administrativo aún está pendiente. 11 AFE contestó la demanda el 14 de noviembre de 2005, presentó reconvención contra la Asociación e incluyó como terceros demandados a un gran número de vecinos de la Urbanización Villa Caparra Sur. Véase apéndice del recurso de certiorari, págs. 284-312. 12 Además, la Asociación reiteró su solicitud de interdicto permanente. CC-2006-1063 4

de paralización por deficiencias en la notificación de la

citación a la vista celebrada el 29 de diciembre de 2005. El

26 de mayo de 2006, tras recibir el mandato del Tribunal de

Apelaciones y a petición de la Asociación de Vecinos, el

tribunal de instancia señaló una vista argumentativa para

dirimir la solicitud de paralización como remedio provisional

en aseguramiento de la sentencia que en su día se dicte.

Apéndice del recurso de certiorari, pág. 463. El tribunal

pautó dicha vista para el 20 de julio de 2006. El 30 de

junio de 2006, AFE recurrió de dicha determinación ante el

Tribunal de Apelaciones. En dicha ocasión, el foro apelativo

intermedio confirmó la resolución del Tribunal de Primera

Instancia y determinó que no existía impedimento alguno para

que dicho foro celebrara la vista pautada para el 20 de julio

de 2006.

Acorde con la determinación del Tribunal de Apelaciones,

el Tribunal de Primera Instancia celebró la referida vista

durante los días 20 y 21 de julio de 2006.13 El 20 de julio

de 2006, los abogados de AFE solicitaron que el tribunal de

instancia celebrara una vista evidenciaria en lugar de una

vista argumentativa como se había anticipado. Indicaron que

tenían testigos en sala para declarar en la vista si el

tribunal lo permitía.14 Véase transcripción de la vista,

apéndice del recurso de certiorari, pág. 579. El honorable

13 En la primera etapa de la vista celebrada el 20 de julio, el tribunal dirimió asuntos procesales del caso. En la segunda, atendió el asunto de la orden provisional de paralización. 14 Entre los testigos disponibles mencionaron al ingeniero Camilo Almeyda y al señor Juan Riestra. CC-2006-1063 5

juez del tribunal de instancia se reservó el fallo final

sobre la petición de AFE y determinó que escucharía los

argumentos de las partes.15 Id. pág. 581.

En su turno de argumentación, el representante legal de

la Asociación de Vecinos presentó varias fotografías sobre la

construcción en controversia.16 Además, utilizó en su

argumentación los planos preparados para la construcción de

la casa, la hoja de demolición y los planos de plomería de la

estructura. Véase transcripción de la vista, apéndice del

recurso de certiorari, págs. 595-607.

En la segunda parte de la vista celebrada el 21 de julio

de 2006, el representante legal de la Asociación de Vecinos

presentó en evidencia los siguientes documentos: fotografías

de la construcción realizada en la propiedad de AFE;

certificación registral de la propiedad J-42; certificación

registral de la finca de mayor cabida de la cual se segregó

la finca en controversia; y copia certificada de la escritura

pública mediante la cual AFE adquirió la propiedad J-42.

Luego de presentar su prueba documental, el

representante legal de la Asociación de Vecinos solicitó

autorización para presentar el testimonio de su perito

ingeniero. Ante dicha solicitud, surgió una intensa

discusión sobre la naturaleza de la vista. Los

15 Además, el tribunal de instancia pautó una vista evidenciaria para el 2 de noviembre de 2006 en la que dilucidaría si las servidumbres en equidad de la urbanización en controversia se han extinguido. 16 Por su parte, la representante legal de AFE objetó la presentación de dicha evidencia, pero el tribunal declaró su objeción sin lugar. CC-2006-1063 6

representantes legales de AFE reiteraron que era su deseo que

el tribunal celebrara una vista evidenciaria. Sin embargo,

indicaron que, a raíz de la discusión en la vista del día

anterior, entendieron que el tribunal no admitiría prueba

testifical. Por ello, no contaban con la presencia de sus

peritos.

Ante la discusión que se suscitó entre los abogados, el

tribunal determinó que no era necesario recibir prueba

testifical para determinar si procedía emitir una orden bajo

la Regla 56 de Procedimiento Civil para paralizar la obra.

Véase Trascripción de la vista, apéndice del recurso de

certiorari, pág. 711. Adujo que contaba con abundante prueba

documental para determinar si procedía paralizar la obra de

construcción en la residencia J-42. Por tanto, determinó que

celebraría una vista argumentativa y citó a las partes, junto

a sus peritos ingenieros, a una inspección ocular que se

celebraría el 31 de julio de 2006.

Finalmente, los representantes legales de AFE

presentaron sus argumentos ante el tribunal. En su

exposición, presentaron los siguientes documentos: permisos

de construcción expedidos por el Municipio de Guaynabo;

fotografías sobre diversas residencias sitas en la

Urbanización Villa Caparra; fotografía de la residencia J-42

en construcción; copia del plan de ordenación territorial del

Municipio de Guaynabo; fotografía de una residencia en la

urbanización con una cartelón alusivo a la oposición de los

vecinos a la construcción realizada por AFE; copia de una CC-2006-1063 7

moción presentada por la Asociación de Vecinos ante el

tribunal de primera instancia en otro pleito civil en la que

se incluye un listado de los miembros residentes de la

Asociación de Vecinos de Villa Caparra Sur para el año 1996;

copia de una carta de la Autoridad de Energía Eléctrica

identificando que la propiedad J-42 tiene tarifa residencial

de servicio; y un documento sobre la proyección de pérdidas

que AFE sufriría si el tribunal paralizaba la construcción.

El 31 de julio de 2006 se celebró la inspección ocular

de la residencia J-42 en la Urbanización Villa Caparra Sur.

En dicha vista, el honorable juez de instancia recorrió la

propiedad y discutió los planos de construcción con los

peritos ingenieros de ambas partes. Posteriormente, el

honorable juez hizo un recorrido por la urbanización para

observar, desde la vía pública, varias residencias allí

localizadas. Sin embargo, el tribunal rechazó la petición de

AFE de realizar un recorrido extenso de ciertas residencias

localizadas en la Urbanización. En esa misma fecha, AFE

presentó una moción sometiendo oferta de prueba en vista, en

la que detalló el testimonio que sus testigos hubiesen

prestado en la vista.

Celebrada la vista, el tribunal de instancia les

concedió a las partes un término para presentar sendos

escritos suplementando sus argumentos. El 17 de agosto de

2006, con el beneficio de los escritos de las partes, el

tribunal declaró no ha lugar la oferta de prueba presentada

por AFE y emitió una orden de injunction preliminar. CC-2006-1063 8

Mediante su orden, el foro primario paralizó las obras de

construcción realizadas en la propiedad J-42 y determinó que

no procedía imponer el pago de una fianza.

Inconforme, el 15 de septiembre de 2006, AFE presentó

recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El 20

de octubre de 2006 dicho foro apelativo intermedio emitió

sentencia en la que revocó la orden del tribunal de

instancia. Entendió que el foro primario había errado al

emitir la orden de paralización luego de celebrar una vista

argumentativa en la que no le permitió a AFE presentar su

prueba testifical y cierta prueba documental. Además, el

foro apelativo intermedio determinó que el tribunal de

instancia debió celebrar una vista evidenciaria en la cual

las partes pudieran presentar prueba testifical y documental.

El 22 de noviembre de 2006 la Asociación de Vecinos

presentó ante nosotros una moción en auxilio de jurisdicción

y un recurso de certiorari. En esencia, señaló que la

exclusión errónea de la prueba testifical y documental no fue

un factor sustancial en la decisión del tribunal de instancia

por lo que no cambiaría el resultado al que llegó dicho foro.

En segundo lugar, arguyó que al no ser una vista en los

méritos, el debido proceso de ley no exigía la presentación

de prueba testifical. En la alternativa, alegó que AFE

renunció a su derecho a una vista evidenciaria.

El 5 de diciembre de 2006 declaramos no ha lugar ambas

peticiones. El 26 de enero de 2007, tras examinar la

oportuna moción de reconsideración presentada por la CC-2006-1063 9

Asociación de Vecinos, le concedimos término a la parte

recurrida para mostrar causa por la cual no debíamos expedir

el presente recurso. En auxilio de nuestra jurisdicción,

paralizamos las obras de construcción. El 20 de febrero de

2007 la demandada-recurrida presentó su moción en

cumplimiento de orden y mostrando causa.17

II

Inicio esta discusión indicando que, en esta etapa de

los procedimientos, no nos corresponde resolver si la

construcción realizada por AFE violenta las disposiciones de

las servidumbres en equidad que gravan la Urbanización Villa

Caparra Sur. Tampoco nos corresponde dirimir si AFE le dará

un uso institucional incompatible con las referidas

servidumbres. Sólo nos compete determinar si erró el

Tribunal de Apelaciones al revocar la orden de injunction

preliminar emitida en el presente caso bajo el fundamento de

que el Tribunal de Primera Instancia incidió al determinar

que no procedía admitir prueba testifical y cierta prueba

documental en la vista de injunction.

17 El 27 de febrero de 2007 declaramos no ha lugar sendas mociones solicitando vista oral presentadas por el Municipio de Guaynabo y por la Asociación de Vecinos. El 2 de marzo de 2007 la Asociación de Vecinos presentó una urgente moción en la que solicitó permiso para replicar a la moción en cumplimiento de orden y mostrando causa presentada por AFE. En atención a ello, el 7 de marzo de 2007 le concedimos a las partes un término simultáneo de cinco días para expresarse. Transcurrido dicho término, la Asociación de Vecinos solicitó una prórroga para comparecer. El 14 de marzo denegamos la prórroga solicitada. No empece a ello, la Asociación de Vecinos presentó su réplica el 20 de marzo de 2007, fuera del término concedido. En vista de la presentación tardía de dicho documento, no lo consideraremos en nuestra decisión. CC-2006-1063 10

La demandante-peticionaria alega que la exclusión de la

prueba testifical en la vista de injunction preliminar no fue

un factor decisivo o sustancial en la orden de paralización

emitida por el tribunal de instancia. Aduce que la vista de

injunction preliminar no es un juicio en su fondo por lo que

el tribunal de instancia tiene discreción para limitar la

prueba admisible en la misma. Además, arguye que el tribunal

de instancia admitió prueba documental y celebró una vista

ocular por lo que contaba con suficiente prueba para

determinar si procedía dictar una orden de injunction en

aseguramiento de sentencia al amparo de la Regla 56 de

Procedimiento Civil.

Por su parte, AFE arguye que la exclusión de cierta

prueba testifical configuró una violación a su derecho al

debido proceso de ley por lo que actuó correctamente el

Tribunal de Apelaciones al dejar sin efecto la orden de

injunction expedida por el tribunal de instancia. Además,

aduce que en una vista de injunction el tribunal de instancia

debe recibir prueba documental y testifical.

En primer término, la determinación de si el tribunal de

instancia erró al no admitir cierta prueba testifical en la

vista de injunction requiere analizar la naturaleza del

mecanismo de injunction como remedio provisional en

Procedimiento Civil. 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 56. CC-2006-1063 11

Desde el año 1958, la Regla 56 de Procedimiento Civil

rige la concesión de remedios provisionales en aseguramiento

de sentencia. En esencia, esta Regla permite “asegurar la

efectividad de las sentencias y reivindicar…, no s[ó]lo la

justicia debida a las partes, sino también la dignidad de la

función judicial. Román v. S.L.G. Ruiz, 159 D.P.R. 116, 120

(2003) (citando a Stump Corp. v. Tribunal Superior, 99 D.P.R.

179 (1970)). “Su única limitación es que la medida sea

razonable y adecuada al propósito esencial de la misma, que

es garantizar la efectividad de la sentencia que en su día

pudiera dictarse”. F. D. Rich Co. v. Tribunal Superior, 99

D.P.R. 158, 176 (1970).

En atención a lo anterior, la Regla 56.1 de

Procedimiento Civil indica que,

[e]n todo pleito antes o después de [dictada la] sentencia, por moción del reclamante, el tribunal podrá dictar cualquier orden provisional que sea necesaria para asegurar la efectividad de la sentencia. El tribunal podrá conceder el embargo, el embargo de fondos en posesión de un tercero, la prohibición de enajenar, la reclamación y entrega de bienes muebles, la sindicatura, una orden para hacer o desistir de hacer cualesquiera actos específicos, o podrá ordenar cualquier otra medida que estime apropiada, según las circunstancias del caso. En todo caso en que se solicite un remedio provisional, el tribunal considerará los intereses de todas las partes y dispondrá según requiera la justicia sustancial.

32 L.P.R.A. Ap. III. R. 56.1. (énfasis nuestro).

Entre los remedios en aseguramiento de sentencia

asequibles a una parte bajo la Regla 56.1 de Procedimiento

Civil se encuentra una orden para hacer o desistir de hacer. CC-2006-1063 12

Por su parte, la Regla 56.5 de Procedimiento Civil rige los

contornos procesales de este remedio e indica que

[n]o se concederá ninguna orden bajo esta regla para hacer o desistir de hacer cualquier acto específico, sin una notificación a la parte adversa, a menos que aparezca claramente de los hechos específicos acreditados por la declaración jurada que el solicitante sufrirá perjuicios, daños o pérdidas irreparables antes de notificarse y de celebrarse una vista sobre la solicitud.

32 L.P.R.A. Ap. III, R. 56.5.

Al incluir una orden de hacer o desistir de hacer entre

los posibles remedios en aseguramiento de sentencia, la Regla

56 de Procedimiento Civil integró el injunction como medida

provisional según dispone el artículo 677 del Código de

Enjuiciamiento Civil y las disposiciones sobre aseguramiento

de sentencias contenidas en el artículo 2(d) de la Ley para

asegurar la efectividad de las sentencias de 1902.18

Borrador del proyecto de reglas de enjuiciamiento civil,

Comité consultivo sobre el Proyecto de Reglas de

Enjuiciamiento Civil, pág. 146 (1954). Esto, con el

propósito de “otorgar al tribunal una facultad general para

tomar a solicitud de parte las medidas que estime necesarias

o convenientes según las circunstancias del caso para

asegurar la efectividad de la sentencia”. Id. pág. 141.

18 La Ley de Aseguramiento de sentencias del 1ro de marzo de 1902 le concedía a toda persona que demandara en cumplimiento de una obligación, el derecho de obtener una orden en aseguramiento de la efectividad de la sentencia que un día el tribunal dictare. A estos efectos, en su artículo 2(d), dicha Ley incluía entre las medidas en aseguramiento de sentencia una orden de dejar de hacer. La Regla 72 de Procedimiento Civil de 1972 derogó expresamente la Ley de Aseguramiento de sentencias de 1902. 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 72. CC-2006-1063 13

En virtud de lo anterior, la Regla 56.1 de Procedimiento

Civil asentó en nuestro ordenamiento el injunction como un

mecanismo flexible que faculta a los tribunales a conceder

este remedio acorde con las exigencias de la justicia

sustancial y los intereses de las partes. Bajo esta Regla,

el tribunal tiene la facultad de emitir un injunction

preliminar con el propósito de mantener el status quo,

mientras se dilucida el pleito en sus méritos. Véanse Mun.

de Ponce v. Gobernador, 136 D.P.R. 776, 784 (1994); Cobos

Liccia v. DeJean Packing Co., Inc. 124 D.P.R. 896 (1989).

Al considerar una petición de injunction preliminar en

aseguramiento de sentencia, los tribunales deben ser

conscientes de que dichas medidas se pueden convertir en una

limitación provisional del derecho de la parte afectada por

la orden a la libre disposición de sus bienes y pueden

menoscabar el valor de éstos. Freeman v. Tribunal Superior,

92 D.P.R. 1, 25(1965). Por tanto, el tribunal que atiende

una solicitud de remedio provisional como el injunction

preliminar debe “garantizar al reclamante pero no oprimir al

demandado o causarle innecesarias dificultades…”. Id.

Del mismo modo, habida cuenta de las repercusiones que

una orden de injunction preliminar en garantía de una

sentencia irroga en los derechos de la parte que la sufre, es

menester proveer ciertas garantías procesales. A estos

efectos, la Regla 56.2 de Procedimiento Civil le garantiza a

la parte afectada el derecho a una notificación adecuada y a

la celebración de una vista. 32 L.P.R.A. Ap. III. R. 56.2. CC-2006-1063 14

Véase Bermúdez v. Tribunal Superior, 97 D.P.R. 825 (1969).

Ello, haciendo excepción de las instancias en las que el

peticionario acredite que sufrirá perjuicios, daños o

pérdidas irreparables de emitirse la notificación y

celebrarse una vista. 32 L.P.R.A. Ap. III. R. 56.5.

Sin embargo, el derecho de una parte a presentar prueba

a su favor en una vista de injunction preliminar se debe

examinar a la luz de la naturaleza y propósitos de este tipo

de vista. En este respecto, debemos puntualizar que el

propósito de este tipo de vista es atender un incidente

dentro de un pleito, conforme a los intereses de las partes y

a los hechos del caso. Es decir, debido a que la

determinación en torno a la concesión de un injunction

preliminar no dispone de la controversia en sus méritos como

ocurre en un juicio plenario, le corresponde al tribunal

hacer un balance entre los intereses del peticionario y el

daño que una orden de injunction preliminar puede causarle a

la parte que la sufre. En esta tarea, el tribunal posee

discreción para limitar el tipo de evidencia que se admitirá

en la vista, siempre que le provea a las partes una

oportunidad justa y adecuada de presentar prueba y

argumentar.

Del mismo modo, conforme a la naturaleza de una orden

provisional en aseguramiento de sentencia, la determinación

de si el tribunal debe recibir prueba oral dependerá de los

hechos sustantivos del caso y de la prueba documental que

obra en el expediente. Por tanto, ante un planteamiento de CC-2006-1063 15

violación al derecho a presentar prueba en una vista de

injunction preliminar bajo la Regla 56 de Procedimiento

Civil, nos corresponde evaluar si las partes tuvieron una

oportunidad adecuada de esbozar sus planteamientos y de

presentar prueba. Además, a la luz de los hechos del caso y

de los intereses de las partes, debemos examinar si el

tribunal tuvo suficiente prueba ante su consideración para

conceder un remedio provisional como es el injunction

preliminar bajo la Regla 56 de Procedimiento Civil.

A la luz de lo anterior, nos corresponde determinar si

la decisión del tribunal de instancia de no recibir prueba

testifical en la vista de injunction preliminar bajo la Regla

56 de Procedimiento Civil vició de nulidad la orden de

injunction dictada en el presente caso.

IV

Como indiqué, el Tribunal de Apelaciones revocó la orden

de injunction preliminar emitida por el tribunal de instancia

bajo el fundamento de que este último erró al celebrar una

vista argumentativa en la cual no le permitió presentar

cierta prueba testifical en la vista. Por su parte, AFE

argumenta que el tribunal de instancia violentó su derecho al

debido proceso de ley puesto que se negó a recibir la

siguiente prueba: el testimonio del ingeniero Juan Riestra

quien testificaría sobre los daños que AFE sufriría de

paralizarse la obra; el testimonio del ingeniero Camilo

Almeyda quien testificaría que la propiedad que AFE construye

cumple con las servidumbres en equidad; y, finalmente, el CC-2006-1063 16

testimonio de las señoras Myriam Camacho González, Eneida

Álvarez y Carmen Socorro Garay, damas afiliadas al Opus Dei,

quienes relatarían el tiempo que han vivido o vivieron en la

propiedad J-42 a los fines de establecer que la parte

demandante incurrió en incuria al hacer valer la servidumbre

en equidad frente a AFE.

A pesar de que el foro primario no escuchó la prueba

testifical antes detallada, surge de los documentos que obran

en el expediente que, al otorgar la orden de injunction

preliminar que nos ocupa, el tribunal tuvo ante su

consideración la siguiente prueba: dos certificaciones

registrales que acreditan la inscripción en el Registro de la

Propiedad de las servidumbres en equidad que gravan la

propiedad J-42 y el tiempo durante el cual AFE ha sido dueña

de dicha propiedad; varias fotografías sobre la construcción

realizada en la propiedad J-42; documentos que acreditan las

pérdidas económicas que AFE enfrentaría de paralizarse la

construcción mediante una orden bajo la Regla 56; documentos

que demuestran la magnitud y dimensiones de la obra

realizada; documento que demuestra que, para el año 1996, la

Asociación de Vecinos incluyó a la señora Eneida Álvarez

(dama alegadamente afiliada a AFE) como residente de la

propiedad J-42; y, declaraciones juradas de varias mujeres

que han residido en la propiedad J-42 por varios años,

incluyendo las declaraciones de las señoras Carmen Socorro

Garay Rosa y Myriam Camacho González. Finalmente, el

tribunal de instancia escuchó los argumentos de las partes en CC-2006-1063 17

torno a sus teorías y defensas e inspeccionó la propiedad en

controversia.

Un examen de la prueba antes detallada demuestra que el

tribunal de instancia no limitó la vista a una de carácter

argumentativo. Es decir, además de escuchar los argumentos

de las partes, el foro primario recibió prueba documental de

ambas partes en apoyo a sus alegaciones y defensas. Del

mismo modo, surge del expediente del presente caso que AFE

pudo presentar prueba relacionada al testimonio que

alegadamente sus testigos hubiesen prestado en la vista.

Primero, AFE presentó prueba documental sobre la

proyección de pérdidas que sufriría si el tribunal paralizaba

la obra, materia sobre la cual alegadamente hubiese versado

el testimonio del ingeniero Riestra. Segundo, en la

inspección ocular celebrada el 31 de julio de 2006, el

tribunal escuchó los argumentos y explicaciones del ingeniero

Almeyda sobre las facilidades que AFE construye en la

propiedad en controversia.19 Además, el tribunal de

instancia inspeccionó la propiedad y examinó los planos de

construcción que obran en autos. En fin, a pesar de que en

la vista de injunction preliminar el tribunal determinó que

no recibiría el testimonio del ingeniero Almeyda, luego

escuchó sus planteamientos en torno a la naturaleza de las

facilidades construidas.

19 Surge del Acta de la inspección ocular celebrada el 31 de julio de 2006 que el honorable juez examinó y discutió los planos del proyecto con los ingenieros de las partes y estos últimos argumentaron sus posturas. Apéndice del Recurso de certiorari págs. 876-83. CC-2006-1063 18

Por otro lado, en la vista celebrada los días 20 y 21 de

julio de 2006, el tribunal de instancia escuchó los

argumentos de AFE sobre la alegada incuria de la Asociación y

recibió prueba sobre dicha defensa. Véase transcripción de

la vista, apéndice del recurso de certiorari, págs. 800-01.

A estos efectos, AFE arguyó que es dueña de la propiedad J-42

desde el año 1983 y que en dicha residencia convive un grupo

de mujeres solteras afiliadas a AFE desde el año 1987. En

apoyo a dicha defensa, presentó un documento con el propósito

de demostrar que, para el año 1996, la Asociación de Vecinos

incluyó a la señora Eneida Álvarez (dama alegadamente

afiliada a AFE) como residente de la propiedad J-42.

Del mismo modo, al emitir la orden de injunction

preliminar, el tribunal contó con una serie de documentos

presentados por AFE en apoyo a la defensa de incuria. A

estos efectos, obra en el expediente del tribunal de

instancia una moción de desestimación y sentencia sumaria

presentada el 14 de diciembre de 2005, en la cual AFE

esgrimió sus planteamientos sobre la alegada incuria de la

Asociación de Vecinos.20 Además, en apoyo a dicho

planteamiento, AFE presentó las declaraciones juradas de

varias mujeres que han vivido en la propiedad J-42. Entre

éstas se encuentran las declaraciones juradas de las señoras

Carmen Socorro Garay Rosa y Myriam Camacho González, a

20 En dicha moción AFE arguyó que un grupo de entre 6 y 8 mujeres ha residido en la propiedad J-42 desde el año 1987 y que, entre el período de tiempo comprendido entre el año 1987 y 2005, la Asociación de Vecinos no cuestionó el uso de la vivienda por eso grupo de mujeres. Veáse autos originales del tribunal de primera instancia, tomo núm. 3. CC-2006-1063 19

quienes AFE ofreció como testigos en la vista.21 Véase autos

originales del tribunal de primera instancia, tomo núm. 2.

En fin, surge del expediente del presente caso que,

previo a la expedición de la orden de injunction preliminar,

AFE tuvo la oportunidad de presentar prueba tendente a

establecer que los demandantes-peticionarios incurrieron en

incuria al impugnar la presencia de AFE en la residencia J-

42.

En virtud de lo anterior, forzoso es concluir que el

tribunal de instancia no privó a AFE de su derecho a la

celebración de una vista a los fines de presentar prueba a su

favor. Contrario a la determinación del Tribunal de

Apelaciones, entiendo que AFE tuvo una oportunidad adecuada

de presentar prueba en torno a la solicitud de injunction

preliminar de la Asociación de Vecinos. Como indicamos, el

tribunal de instancia recibió prueba documental sobre los

asuntos que AFE arguye justificaban recibir prueba

testifical. Es decir, tanto en la vista evidenciaria como en

la inspección ocular, el foro primario recibió prueba sobre

los daños económicos que AFE sufriría; sobre los detalles de

la construcción; y sobre la alegada incuria de los

demandantes-peticionarios. De igual forma, al expedir la

21 En su declaración, la señora Socorro Garay indicó que vivió en la residencia J-42 desde el año 1987 hasta el 2005. Por su parte, la señora Camacho González indicó que comenzó a vivir en dicha propiedad en el año 1988. Véanse autos originales del tribunal de primera instancia, tomo núm. 2. También obran en el expediente del tribunal de primera instancia declaraciones juradas de las señoras Margarita Ivette Matos González, Ana María Riestra Carrión, María S. Carreras Miranda y Hannia Rivera Arévalo; damas que han vivido en la residencia J-42. Id. CC-2006-1063 20

orden de paralización, el tribunal de instancia contó con

evidencia documental en torno al testimonio que las señoras

Myriam Camacho González, Eneida Álvarez y Carmen Socorro

Garay hubiesen prestado en la vista de remedio provisional en

apoyo a la defensa de incuria levantada por AFE.

En segundo lugar, entiendo que el Tribunal de Primera

Instancia tuvo suficiente prueba documental ante su

consideración para examinar si procedía conceder el

injunction preliminar solicitado por la Asociación de

Vecinos. Como indiqué, al emitir la orden de injunction

preliminar, el tribunal consideró prueba documental tendente

a establecer que la propiedad de AFE está sujeta a las

servidumbres que limitan el tipo de construcción que se puede

realizar en la Urbanización Villa Caparra Sur a una casa

residencia de una sola vivienda. Además, pudo constatar los

detalles de la construcción a los fines de ponderar si la

estructura podría contravenir las restricciones impuestas por

las servidumbres en equidad que gravan la propiedad J-42.

Del mismo modo, consideró abundante prueba en torno a la

defensa de incuria levantada por AFE.

Con el beneficio de esta prueba, el tribunal de

instancia determinó que existía probabilidad de que la

Asociación de Vecinos prevaleciera en los méritos puesto que

la magnitud de la obra indica que la propiedad construida

podría ser una estructura de más de una vivienda y que

incluso podría ser una estructura con fines institucionales.

A los únicos efectos de una orden de injunction preliminar CC-2006-1063 21

bajo la Regla 56 de Procedimiento Civil, considero que el

Tribunal de Primera Instancia no abusó de su discreción al

resolver que la Asociación tenía una reclamación meritoria

que justificaba conceder un remedio provisional en

aseguramiento de sentencia.22 Véanse en modo análogo Misión

Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A., supra, pág. 680 (“[l]a concesión

de un injunction preliminar descansa en el ejercicio de la

sana discreción judicial, la que se desplegará ponderando las

necesidades y los intereses de todas las partes involucradas

en la controversia”.); Sucn. Figueroa v. Hernández, 72

D.P.R. 508, 514 (1951).

Por otro lado, luego de sopesar los intereses en

controversia, el tribunal de instancia determinó que el daño

que la Asociación de Vecinos sufriría ante una violación a

las servidumbres en equidad de la Urbanización Villa Caparra

Sur justificaba otorgar la orden de injunction preliminar.

Al llegar a esta determinación, el tribunal tomó en cuenta

nuestro pronunciamiento en Asoc. V. Villa Caparra v. Iglesia

Católica, 117 D.P.R. 346 (1986), caso en el que sostuvimos la

validez de las servidumbres en equidad que gravan la

Urbanización Villa Caparra Sur y expresamos que, para esa

fecha, los cambios acaecidos en dicha urbanización no la

habían modificado. En ausencia de abuso de discreción del

tribunal al sopesar los intereses de las partes, este

Tribunal no debe intervenir con dicha determinación.

22 Esto, sin embargo, no condiciona la decisión final del caso que el tribunal pudiese tomar luego de considerarlo en los méritos. CC-2006-1063 22

En este momento es menester puntualizar nuestra

discrepancia con algunos pronunciamientos de la opinión de

conformidad. En primer lugar, la opinión de conformidad

establece que la concesión de un injunction como el que el

Tribunal de Primera Instancia emitió en este caso requiere,

en virtud de la regla 57.3, la prestación de una fianza sin

excepción. Así, concluye que no es de aplicación al presente

caso el interdicto dispuesto en la regla 56 de Procedimiento

Civil puesto que la regla 57 de dicho cuerpo normativo rige

la concesión de un injunction. No puedo estar de acuerdo con

dicha interpretación. La interpretación propuesta tiene el

efecto de eviscerar de contenido la Regla 56.

Como indiqué, la Regla 56 de Procedimiento Civil asentó

en nuestro ordenamiento el injunction como un mecanismo

flexible que faculta a los tribunales a conceder este remedio

acorde con las exigencias de la justicia sustancial y los

intereses de las partes. En este caso, el Tribunal de

Primera Instancia otorgó el injunction preliminar al amparo

de dicha Regla por lo que, en ausencia de una justificación

adecuada sobre la alegada inaplicabilidad de dicha Regla y

sobre la supuesta necesidad de que la concesión de un

Procedimiento Civil, entiendo que no procede concluir, como

lo hace la opinión de conformidad, que erró el foro primario

al emitir el presente injunction al amparo de la regla 56 de

dicho cuerpo normativo. CC-2006-1063 23

En vista de lo anterior, resolvería que actuó

correctamente el Tribunal de Primera Instancia al conceder el

injunction preliminar en este caso. Al igual que determinó

dicho foro primario, procede conceder el injunction

preliminar como remedio provisional sin la prestación de una

fianza, pues nos encontramos ante un caso en el que surge de

“documentos públicos o privados firmados ante una persona

autorizada para administrar juramento, que la obligación es

legalmente exigible”. 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 56.3.

En este respecto, la opinión de conformidad aduce que el

foro primario erró al otorgar el injunction preliminar sin

exigir la previa prestación de una fianza. Aun cuando

reconoce que la Regla 56.3 vislumbra la concesión de un

remedio provisional en aseguramiento de sentencia cuando

obren en autos documentos públicos que acrediten la

existencia de una obligación legalmente exigible, determina

que la escritura pública que evidencia la existencia de la

servidumbre en equidad y las certificaciones registrales del

predio en controversia, no demuestran a cabalidad la

violación clara y patente de la restricción invocada.

En apoyo a su contención, la opinión de conformidad

invoca nuestros pronunciamientos en Marty v. Ramírez, 73

D.P.R. 165, (1952). En dicha ocasión reiteramos que, como

norma general, para que se decrete un embargo sin prestación

de fianza, es necesario que los documentos públicos le

permitan al juez constar que la obligación existe y se puede

reclamar. Id., pág. 170. No obstante, dicha normativa no CC-2006-1063 24

tiene el alcance que la opinión de conformidad aduce. En

primer término, en Marty v. Ramírez, nos enfrentamos a un

embargo decretado por el foro primario sin prestación de

fianza; no a una solicitud de injunction preliminar. En el

contexto de una solicitud de embargo, determinamos que no

procedía otorgar el referido aseguramiento sin el pago de una

fianza pues, a pesar de que se fundamentó la demanda en cobro

de dinero en un documento firmado ante notario, de dicho

documento no surgía el monto actual de la deuda dineraria

reclamada. Es decir, el documento firmado ante notario no le

permitía al juzgador discernir si la deuda había sido

extinguida en todo o en parte o si la misma era exigible.

Véase además Roig v. Landrau, 29 D.P.R. 315 (1921)(denegando

una solicitud de embargo ante el hecho que el contrato

elevado a escritura pública no daba base para determinar el

monto exigible, si alguno, de la deuda).

Contrario a la situación a la que nos enfrentamos en

Marty v. Ramírez, supra, en el presente caso existen

documentos públicos auténticos que acreditan la existencia de

la servidumbre en equidad que pesa sobre la Urbanización

Villa Caparra. Así, mientras en Marty v. Ramírez no existía

certeza sobre la vigencia de la deuda, en este caso tanto la

escritura pública de la servidumbre, como las certificaciones

registrales que obran en autos demuestran que existe una

obligación legalmente exigible oponible a la Asociación de

Fomento Educativo. CC-2006-1063 25

Habida cuenta de lo anterior y contrario a la posición

de la opinión de conformidad, entiendo que el remedio de

injunction sin la previa prestación de fianza al amparo de la

Regla 56 de Procedimiento Civil no está sujeto a que la

Asociación de Vecinos pruebe la violación a la servidumbre en

equidad. Considero que en el presente caso obra prueba

fehaciente y auténtica sobre la existencia de una obligación

legal que puede reclamarse por la Asociación de Vecinos y,

por tanto, procede conceder el remedio provisional de

injunction ante una construcción que amenaza dicha

servidumbre.

En fin, carece de sentido requerirle a la Asociación de

Vecinos que pruebe su reclamación en los méritos, es decir,

que pruebe la alegada violación a la servidumbre, asunto que

le compete resolver al foro primario luego de un juicio

plenario. Para todos los efectos prácticos, al confirmar la

sentencia del Tribunal de Apelaciones que dejó sin efecto el

injunction concedido en el presente caso, este Tribunal priva

a los peticionarios de un remedio oportuno y adecuado. Aun

cuando nada impide que los peticionarios presenten una nueva

solicitud de injunction, el trámite de una nueva vista

evidenciaria con toda probabilidad le permitirá al Opus Dei

terminar la construcción de la residencia en controversia,

convirtiendo el remedio interdictal en académico.

En conclusión, en vista de que una orden de injunction

preliminar bajo la Regla 56 de Procedimiento Civil concede un

remedio provisional y no dispone de la controversia en los CC-2006-1063 26

méritos, entiendo que no erró al tribunal de instancia al

determinar que los hechos del caso no requerían recibir

prueba oral o testifical. Contrario a lo resuelto por el

Tribunal de Apelaciones, soy del criterio que el Tribunal de

Primera Instancia no abusó de su discreción al determinar que

contaba con suficiente prueba documental para dilucidar un

aspecto interlocutorio en este pleito.23

Por los fundamentos antes expuestos revocaría la

sentencia del Tribunal de Apelaciones y reinstalaría la orden

de injunction preliminar dictada por el Tribunal de Primera

Instancia.

Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada

23 Habida cuenta de que lo anterior dispone de la controversia que nos ocupa, es innecesario expresarnos sobre la validez de la servidumbre en equidad de la Urbanización Villa Caparra y sobre las restricciones que aplican a la propiedad J-42. En esta etapa de los procedimientos no nos corresponde determinar, como las partes nos piden, si las servidumbres en equidad de la Urbanización restringen la construcción de viviendas a residencias de una sola vivienda, o si, por el contrario, la servidumbre exige que se construyan residencias para una sola familia. El 2 de agosto de 2007, la demandada-recurrida, Asociación de Fomento Educativo, presentó ante nuestra consideración una moción en la cual alegó que las instancias del Registro de la Propiedad reflejan que la servidumbre en equidad que grava la Urbanización Villa Caparra no restringe la construcción en dicho lugar a una casa residencia de una familia, sino que el término familia sólo aparece en la escritura de venta de la propiedad J-42. La demandante-peticionaria, Asociación de Vecinos, presentó una réplica a dicha moción en la que argumentó que la restricción de vivienda para una sola familia es una servidumbre en equidad que grava la propiedad J-42 y que obliga a AFE. El Tribunal de Instancia no ha pasado juicio sobre este asunto que versa sobre los méritos del presente caso. Le corresponde a dicho foro dirimir este aspecto de la controversia que no afecta la determinación preliminar a la que hoy llegamos sobre la procedencia de un injunction preliminar en aseguramiento de sentencia.