Vilanova Díaz v. Velia Vilanova

2012 TSPR 53

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: March 21, 2012
• Docket: CC-2009-303 Cons. CC-2009-591
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Juan Adolfo Vilanova Díaz, quien comparece por sí y en representación de Superior Paints Manufacturing Company, Inc., Reliance Caribbean, Inc., Banner Paints, Inc. y Vilco Chemicals, Inc., representado a su vez por su tutora Sonia Vilanova Hernández

Demandantes-recurridos

v.

Diana Velia Vilanova Serrano, Fiduciaria del Fideicomiso Serrano Cruz, como Directora y Principal Oficial Ejecutiva de Superior Paints Manufacturing, Co., Inc. y de las restantes Entidades Corporativas que componen las Empresas Vilanova y en representación de sus hijos menores de edad Gabriel Ernesto Detres Vilanova y Diana Iris Detres Vilanova; Certiorari

Iris Belia Serrano Cruz 2012 TSPR 53 Demandadas-peticionarias 184 DPR ____ Y

Francisco González Dávila, Marta Luz Báez Rosado y la Sociedad Legal de Gananciales constituida entre ambos, por sí y como Director de Superior Paints Manufacturing Co., Inc.;

ABC Insurance Company;

Fideicomiso Serrano Cruz;

DEF Insurance Company;

Paul W. Formby Fernández, su esposa Fulana Formby y la Sociedad Legal de Gananciales constituida entre ambos; Fideicomiso Vilanova Serrano;

GHI Insurance Company;

Allmerica Financial Life Insurance & Annuity Company;

Allmerica Investments, Inc.;

JKL Insurance Company; CC-2009-303 y CC-2009-591 2 Miguel A. Rivera Rivera, su esposa Fulana Rivera y la Sociedad de Gananciales constituida entre ambos;

MNO Insurance Company

CPA Mengano de tal, su esposa mengana de tal y la Sociedad Legal de Gananciales constituida entre ambos;

Doe Accountants, Inc.

PQR Insurance Company

Terceros Sutanos

STU Insurance Companies Demandados

Número del Caso: CC-2009-303 CC-2009-591

Fecha: 21 de marzo de 2012

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Guillermo Ramos Luiña Lcdo. Eduardo Báez Galib

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcdo. Kermit Ortiz Morales Lcda. Sylvia Vilanova Hernández

Materia: Sucesiones – Reivindicación de bienes; nombramiento de administrador judicial en representación de la comunidad hereditaria; expedición de cartas testamentarias a favor de albacea

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Juan Adolfo Vilanova Díaz, quien comparece por sí y en representación de Superior Paints Manufacturing Company, Inc., Reliance Caribbean, Inc., Banner Paints, Inc. y Vilco Chemicals, Inc., representado a su vez por su tutora Sonia Vilanova Hernández CC-2009-303 CC-2009-591 Demandantes-recurridos

Diana Velia Vilanova Serrano, Fiduciaria del Fideicomiso Serrano Cruz, como Directora y Principal Oficial Ejecutiva de Superior Paints Manufacturing, Co., Inc. y de las restantes Entidades Corporativas que componen las Empresas Vilanova y en representación de sus hijos menores de edad Gabriel Ernesto Detres Vilanova y Diana Iris Detres Vilanova;

Iris Belia Serrano Cruz Demandadas-peticionarias

Y

Francisco González Dávila, Marta Luz Báez Rosado y la Sociedad Legal de Gananciales constituida entre ambos, por sí y como Director de Superior Paints Manufacturing Co., Inc.;

Paul W. Formby Fernández, su esposa Fulana Formby y la Sociedad Legal de Gananciales constituida entre ambos; Fideicomiso Vilanova Serrano; CC-2009-303 y CC-2009-591 2

JKL Insurance Company;

Miguel A. Rivera Rivera, su esposa Fulana Rivera y la Sociedad de Gananciales constituida entre ambos;

CPA Mengano de tal, su esposa mengana de tal y la Sociedad Legal de Gananciales constituida entre ambos;

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de marzo de 2012.

En esta ocasión este Tribunal tiene dos controversias

que resolver. La primera es establecer quién sustituye a un

causante en un pleito de reivindicación de bienes que éste,

por conducto de su tutor, instara en vida en contra de dos

de sus herederas. En específico, debemos resolver si

procede el nombramiento de un administrador judicial para

que represente a la comunidad hereditaria en ese pleito y CC-2009-303 y CC-2009-591 3

para que administre la sucesión. La segunda es auscultar

cuál es el trámite procesal adecuado en un pleito de

expedición de cartas testamentarias a favor de una albacea,

cuando existe oposición a que las cartas se expidan.

I

Don Juan A. Vilanova Díaz procreó en su primer

matrimonio con la Sra. Gloria Hernández cinco hijos: Sonia

Maritza, Ricardo Adolfo, Ivonne Catherine, Diana Gloria y

Sylvia Margarita, todos de apellidos Vilanova Hernández. En

un matrimonio posterior con la Sra. Iris B. Serrano Cruz

procreó otra hija llamada Diana V. Vilanova Serrano.

Asimismo, en una relación extramarital con la Sra. Annie

Román Crespo procreó una última hija llamada Annie Vilanova

Román.

El causante otorgó testamento abierto el 23 de junio

de 1994 ante el notario Eduardo R. Guzmán Valiente.

Instituyó como herederos a sus siete hijos y a su esposa

Iris B. Serrano Cruz. Designó como albacea y contadora

partidora a su hija Diana V. Vilanova Serrano. Como albacea

sustituta nombró a su esposa Iris B. Serrano Cruz. En la

eventualidad de que ambas resultaran incapaces de

desempeñar el cargo, el testador nombró albacea al Banco

Santander Puerto Rico.

Años más tarde, el 12 de diciembre de 2002, el

causante fue declarado incapaz por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala de Bayamón. Luego de ciertos trámites, el

tribunal designó como tutora del señor Vilanova Díaz a su

hija Sonia Margarita Vilanova Hernández. CC-2009-303 y CC-2009-591 4

Del análisis de una investigación realizada surgió,

según se alega, que la esposa del señor Vilanova Díaz, la

señora Serrano Cruz y la hija de ambos, la señora Vilanova

Serrano, en unión con otras personas se dedicaron durante

años a utilizar, disponer, dilapidar y apropiarse indebida

y sistemáticamente de los bienes personales y privativos

del señor Vilanova Díaz, mediante maquinaciones insidiosas,

mecanismos legales nulos o de dudosa legalidad y

transacciones financieras fraudulentas, todo lo cual

ocasionó cuantiosas pérdidas económicas.

Por tal razón, el 26 de enero de 2006 la Sra. Sonia

Margarita Vilanova Hernández, en su capacidad de tutora del

señor Vilanova Díaz, presentó una demanda contra la esposa

de éste, la señora Serrano Cruz, la señora Vilanova

Serrano, Allmerica Financial Life Insurance & Annuity

Company (Allmerica) y Miguel A. Rivera Rivera, entre otros.

Se le imputó a la señora Serrano Cruz y a la señora

Vilanova Serrano disponer, dilapidar y apropiarse indebida

y sistemáticamente de los bienes del señor Vilanova Díaz.

En esa demanda se incluyeron como demandantes a las

corporaciones Superior Paints Manufacturing Company, Inc.,

Reliance Caribbean, Inc., Banner Paints, Inc., y Vilco

Chemicals, Inc., de las cuales el señor Vilanova Díaz era

accionista.

El 23 de noviembre de 2007, durante el transcurso del

pleito, el señor Vilanova Díaz falleció. Pocos días

después, la hasta entonces tutora Sonia Vilanova Hernández,

presentó una “Moción informando fallecimiento y solicitud CC-2009-303 y CC-2009-591 5

de orden”. El 3 de diciembre de 2007 y a solicitud de la

señora Vilanova Serrano, el Tribunal de Primera Instancia

emitió una resolución en la que ordenó la paralización de

los procedimientos. Ordenó, además, que se procediera con

la sustitución de parte.

El 11 de diciembre de 2007 Allmerica consignó en el

tribunal $8,336,515.74 en pago de los beneficios por muerte

por la póliza de seguro de vida y la anualidad del señor

Vilanova Díaz. El Tribunal de Primera Instancia aceptó la

consignación. Luego de la presentación de varias mociones

de sustitución de parte, y de otros escritos presentados

por ambas partes, el 6 de febrero de 2008 el Tribunal de

Primera Instancia dictó una orden en la que declaró con

lugar la moción. Mediante esta autorizó la sustitución del

causante por los hermanos Vilanova Hernández y Vilanova

Román. Además, dispuso que se presentase una demanda

enmendada en treinta días.

El 8 de febrero de 2008, la señora Vilanova Serrano

presentó una moción en la que hizo constar su oposición a

la sustitución solicitada por los hermanos Vilanova-

Hernández y Vilanova-Román. Argumentó que la sustitución le

correspondía a ella como albacea testamentaria, de

conformidad con el Art. 584 del Código de Enjuiciamiento

Civil, 32 L.P.R.A. sec. 2471.

El 21 de febrero de 2008 Allmerica, la señora Serrano

Cruz, la señora Vilanova Hernández y el codemandado Miguel

A. Rivera Rivera presentaron una moción conjunta en la que

solicitaron la reconsideración de la orden que había CC-2009-303 y CC-2009-591 6

permitido la sustitución. Expusieron como fundamento que la

sustitución del señor Vilanova Díaz por solo algunos de los

herederos, con exclusión de otros, es improcedente como

cuestión de derecho, toda vez que no se ha dado la

liquidación y partición del caudal relicto y ninguno de los

herederos es dueño de una cosa o bien determinado del

caudal. De igual manera, adujeron que la sustitución del

señor Vilanova Díaz por únicamente algunos de los herederos

es improcedente ya que, como cuestión de derecho y de

conformidad con el testamento, la representación del

causante corresponde a la albacea testamentaria. Por

último, indicaron que existe una disputa con otros miembros

de la sucesión del señor Vilanova Díaz que son demandados

en este caso, que tiene que ventilarse en las acciones

reconocidas por ley para ese propósito, y que no podía

adjudicarse en ese caso.

El 21 de febrero de 2008 el Tribunal de Primera

Instancia emitió una resolución sobre la mencionada moción

en la que señaló lo siguiente:

[E]n principio, no tenemos reparo a la sustitución solicitada para incluir todos los nombres de los miembros de la sucesión, pero antes debe someterse al tribunal copia de la Resolución sobre expedición de Cartas Testamentarias. [...] [C]laramente, en este caso, los intereses de los herederos (incluyendo a la Albacea) están encontrados y en conflicto.

El 25 de febrero de 2008 el Tribunal de Primera

Instancia emitió una orden mediante la cual declaró con

lugar la moción conjunta que solicitó la reconsideración de

la orden de 16 de febrero de 2008, y la dejó sin efecto. CC-2009-303 y CC-2009-591 7

Del expediente surge que el 29 de marzo de 2008 la señora

Vilanova Serrano presentó ante el Tribunal de Primera

Instancia, en el caso civil número KJV2008-0528, una

petición ex parte para que se expidieran cartas

testamentarias a su favor. Los hermanos Vilanova-Hernández

y Vilanova-Román presentaron una solicitud de intervención

en la que informaron que cuestionarían judicialmente el

testamento otorgado por el señor Vilanova Díaz y, además,

solicitarían la descalificación de la señora Vilanova

Serrano como albacea y de la señora Serrano Cruz como

albacea sustituta y como contadoras partidoras del caudal

relicto.1 Además, solicitaron de forma defectuosa el

nombramiento de un administrador judicial.

El foro primario emitió resolución el 3 de abril de

2008 en el caso de expedición de cartas testamentarias y

decretó el archivo del caso sin perjuicio. De esta

resolución solo acudió en apelación ante el Tribunal de

Apelaciones la señora Vilanova Serrano. Los hermanos

Vilanova Hernández y Vilanova Román no recurrieron de la

denegatoria en torno a la administración judicial. El 24 de

abril de 2009 el Tribunal de Apelaciones emitió sentencia

1 En el caso Núm. K AC2008-372, los hermanos Vilanova Hernández y Vilanova Román impugnaron el testamento abierto que otorgó su padre. En esencia, adujeron que este último no tenía capacidad para testar. El 29 de julio de 2011 el foro primario dictó sentencia parcial mediante la cual resolvió que el señor Vilanova Díaz estaba capacitado para testar y en consecuencia, desestimó la acción sobre impugnación de testamento. Actualmente, el pleito se encuentra ante la consideración del Tribunal de Apelaciones en el recurso KLAN2011-1211. CC-2009-303 y CC-2009-591 8

mediante la cual revocó el dictamen del Tribunal de Primera

Instancia y devolvió el caso a ese foro para que atendiera

y dispusiera de manera final la petición sobre cartas

testamentarias.

De esa determinación acuden ante este Tribunal los

hermanos Vilanova-Hernández y Vilanova-Román. Plantean que

el Tribunal de Apelaciones erró al ordenarle al Tribunal de

Primera Instancia expedir cartas testamentarias a favor de

la señora Vilanova Serrano.

Por otro lado, en el pleito de reivindicación de

bienes, luego de varios incidentes procesales, el Tribunal

de Primera Instancia dictó una resolución el 3 de abril de

2008 en la que ordenó que se sustituyera al causante por la

albacea y todos los otros miembros de la sucesión.

Fundamentó su decisión en el Art. 584 del Código de

Enjuiciamientos Civil de Puerto Rico, 32 L.P.R.A. sec.

2471, y en lo pautado por este Tribunal en Franceschi v.

Corte, 45 D.P.R 666 (1933) y en Descartes v. Tribl.

Contribuciones y Cerra, Int., 74 D.P.R. 567 (1953). Además,

señaló que las señoras Vilanova Serrano y Serrano Cruz

permanecían en el pleito como partes demandadas en su

carácter individual y no como herederas del causante Juan

A. Vilanova Díaz.

Inconformes con lo resuelto, todas las partes

acudieron al Tribunal de Apelaciones mediante recursos de

certiorari separados. Los hermanos Vilanova-Hernández

sostuvieron que el Tribunal de Primera Instancia erró al

determinar que el causante debía ser sustituido por la CC-2009-303 y CC-2009-591 9

albacea testamentaria, la señora Vilanova Serrano,

conjuntamente con los restantes herederos, incluyendo a la

viuda codemandada, la señora Serrano Cruz. Plantearon,

además, que era erróneo determinar que la demanda no era

enmendable. En ningún momento los hermanos Vilanova

Hernández adujeron que era necesario nombrar un

administrador judicial.

Por su parte, la señora Vilanova Serrano y la señora

Serrano Cruz alegaron, en síntesis, que el Tribunal de

Primera Instancia erró al determinar que ambas debían

permanecer como demandadas y a la misma vez fuesen

incluidas como codemandantes por ser herederas forzosas.

Sostuvieron que tal sustitución es improcedente en derecho

e inmanejable procesalmente y, que además, viola su derecho

constitucional a un debido proceso de ley.

El Tribunal de Apelaciones consolidó los recursos y,

el 10 de octubre de 2008 emitió la sentencia que es objeto

de este recurso. Dispuso, en síntesis, lo siguiente:

Ante este cuadro fáctico y procesal, nos parece que cobra vigencia lo dispuesto en el Artículo 564 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra, que permite, a nuestro juicio, que el tribunal designe un extraño de conocida honradez y capacidad para que sustituya, represente y defienda los intereses del finado Vilanova Díaz y de las corporaciones codemandantes en este pleito.

En cuanto a la parte del dictamen en que el Tribunal

de Primera Instancia cerró las puertas a permitir enmiendas

a las alegaciones, el Tribunal de Apelaciones entendió que

en esa etapa del trámite del caso ello constituía una

acción irrazonable. El foro apelativo intermedio añadió que CC-2009-303 y CC-2009-591 10

una vez se designe un administrador judicial que sustituya

y represente al señor Vilanova Díaz como demandante en este

pleito, debe concedérsele oportunidad para decidir si

propone o no enmiendas a las alegaciones de la demanda.

Sobre ese extremo de la sentencia las peticionarias no

solicitaron revisión.

Mediante recurso de certiorari presentado ante este

Tribunal, las señoras Vilanova Serrano y Serrano Cruz

plantean que el foro apelativo intermedio erró al no

aplicar el Art. 584 del Código de Enjuiciamiento Civil de

Puerto Rico, supra. Señalaron, además, que es erróneo

sugerir que, una vez el caso regrese ante el Tribunal de

Primera Instancia, se nombre a un “extraño” para que se

desempeñe como administrador judicial y represente al

finado en este caso, lo cual equivale a una remoción de

facto de la albacea testamentaria y a una adjudicación

judicial a base de meras alegaciones y teorías, sin vista

alguna y en clara violación a los más elementales

principios del derecho constitucional a un debido proceso

de ley. Los hermanos Vilanova Hernández y Vilanova Román

solicitaron la consolidación de los dos recursos ante este

Tribunal, a lo que accedimos el 15 de enero de 2010.

II

A

Nuestro ordenamiento procesal regula lo relativo a la

sustitución de parte por razón de muerte en la Regla 22.1

de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V. En

específico, dicha regla establece que cuando una parte CC-2009-303 y CC-2009-591 11

fallece y la reclamación no queda extinguida por ello,

cualquiera de las partes en el procedimiento o sus abogados

notificarán el fallecimiento al tribunal y a las otras

partes dentro del término de treinta días. Luego, el

tribunal, a solicitud hecha dentro de los noventa días

siguientes a la fecha de dicha notificación, ordenará la

sustitución de la parte fallecida por las partes

apropiadas.

Como se aprecia, la Regla 22.1 hace alusión a la parte

apropiada, pues es el derecho sustantivo de cada caso el

que indica quién es la parte idónea que debe sustituir al

causante. Al interpretar la Regla 22.1 de Procedimiento

Civil de 1979, fundamentalmente idéntica a la de 2009 en lo

que nos concierne, mencionamos que aquella “atiende el

interés público de que los asuntos en los tribunales se

solucionen de forma expedita para evitar el perjuicio que

la dilación pueda causar a las partes”. Echevarría Jiménez

v. Sucn. Pérez Meri, 123 D.P.R. 664, 666 (1989).

De igual forma, se ha mencionado varias veces que “[e]l

trámite procesal de sustitución en nada afecta los derechos

sustantivos de las partes”. Pereira v. I.B.E.C., 95 D.P.R.

28, 66 (1967). Véase, además, Lluch v. España Service Sta.,

117 D.P.R. 729 (1986). Esto implica que la parte que

sustituye se coloca en los mismos zapatos que la parte

sustituida. Conviene señalar que ningún inciso de la Regla

22, supra, ni su jurisprudencia interpretativa, sugieren

que se puede sustituir al causante por un administrador

judicial cuando ninguna parte lo ha solicitado. CC-2009-303 y CC-2009-591 12

Recientemente mencionamos en García Colón et al. v.

Sucn. González, 178 D.P.R. 527, 548 (2010), que una parte

indispensable es aquella “de la cual no se puede prescindir

y cuyo interés en la cuestión es de tal magnitud, que no

puede dictarse un decreto final entre las otras partes sin

lesionar y afectar radicalmente sus derechos”. Véase,

Regla 16.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V. Así

pues, los intereses de esa parte “podrían quedar destruidos

o inevitablemente afectados por una sentencia dictada

estando esa persona ausente del litigio”. Fuentes v. Tribl.

de Distrito, 73 D.P.R. 959, 981 (1952). Por eso, el interés

al que hace referencia la Regla 16.1 de Procedimiento

Civil, supra, “no es cualquier interés en el pleito, sino

que tiene que ser de tal orden que impida producir un

decreto sin afectarlo”. Romero v. S.L.G. Reyes, 164 D.P.R.

721, 733 (2005).

Conviene recordar que es posible que

una sucesión sea parte demandante o demandada, pero para ello es necesario que se particularice e individualice expresando los miembros que la componen. No es una entidad legal independiente de los herederos. Éstos son los que la determinan y son los que deben aparecer como demandantes o demandados.

Arvelo et al. v. Banco Ter. Y Ag. de P.R., 25 D.P.R. 728, 736 (1917), reiterado en Pino Development Corp. v. Registrador, 133 D.P.R. 373, 388 (1993).

Véanse, además, Kogan v. Registrador, 125 D.P.R. 636, 656

(1990); Vega v. García, 61 D.P.R. 99 (1942). E. González

Tejera, Derecho de Sucesiones: Tomo I, La sucesión CC-2009-303 y CC-2009-591 13

intestada, San Juan, Editorial U.P.R., 2001, Tomo 1, págs.

44-45.

En otras palabras, desde principios del siglo pasado

hemos dejado palmariamente claro que la sucesión como tal

no tiene personalidad jurídica independiente de los

miembros que la componen. Así, para que la sucesión pueda

demandar, o pueda sustituir a un demandante fallecido, es

necesario que cada uno de sus miembros sea traído al

pleito. En este caso el foro primario ordenó que toda la

sucesión fuese demandante, incluyendo las herederas

demandadas. Fundamentó su posición en el Art. 584 del

Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico, supra y en

lo resuelto en Franceschi v. Corte, supra y en Descartes v.

Tribl. Contribuciones y Cerra, Int., supra. Analicemos

estos preceptos.

El Art. 584 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra,

establece que

[s]erá deber de los administradores y, mientras éstos se nombren, de los albaceas representar al finado en todos los procedimientos comenzados por o contra el mismo antes de su muerte y los que se promovieran después por o contra el caudal de la herencia. Las acciones o procedimientos instruidos por o contra el finado se suspenderán a su muerte ínterin se haga cargo el albacea o se nombre un administrador y el albacea o administrador quedará subrogado como parte en la acción.

Resulta preciso puntualizar que el Art. 584 del Código

de Enjuiciamiento Civil procede en parte del Art. 1008 de

la Ley de Enjuiciamiento Civil española de 1881. En

particular, el Art. 1008 de la ley española dispone: CC-2009-303 y CC-2009-591 14

El administrador de los bienes representará al abintestato en todos los pleitos que se promuevan o que estuvieren principiados al prevenirse este juicio, así como en todas las incidencias del mismo que se relacionen con el caudal, excepto en lo relativo a la declaración de herederos, en cuyas actuaciones no tendrá intervención.

También ejercitará en dicha representación las acciones que pudieran corresponder al difunto, aunque deban deducirse en otro Juzgado o Tribunal, o en la vía administrativa; y asimismo la tendrá en los demás actos en que sea necesaria la intervención del abintestato, hasta que se haga la declaración de herederos por sentencia firme.

J.M. Manresa y Navarro, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil Reformada, 3 ed., Madrid, Imprenta de la Revista de Legislación, 1910, pág. 356.

Como se aprecia, este inciso español regulaba la

administración de los bienes en las sucesiones intestadas y

no en las testadas, como la que nos ocupa. Sin embargo, la

Ley de 9 de marzo de 1905, mejor conocida como la Ley de

Procedimientos Legales Especiales, 32 L.P.R.A. sec. 2241 y

ss; reconstruyó el Art. 1008 de la ley española. Así, se

eliminó la referencia a la sucesión intestada y se incluyó

también al albacea como encargado de representar al

causante en los pleitos que tuviera pendiente al momento de

su muerte. Lamentablemente, la legislación de 1905 no

cuenta con un historial legislativo que nos ayude a

entender la razón del legislador puertorriqueño para

modificar la legislación española. No obstante, este Foro

ha tenido la oportunidad de interpretar esa sección.

En Franceschi v. Corte, supra, pág. 675, al analizar

nuestro Art. 584 del Código de Enjuiciamiento Civil, CC-2009-303 y CC-2009-591 15

mencionamos que no era idéntico al Art. 1008 de la Ley de

Enjuiciamiento Civil de España que limita la administración

al abintestato. Por ende, concluimos que dicho artículo es

“aplicable, lo mismo al abintestato que al juicio de

testamentaría”. Íd. A renglón seguido mencionamos que

el administrador judicial representará al finado en todos los pleitos que se promuevan en pro o en contra de la herencia, ínterin recaiga la declaración de herederos, los cuales tendrán desde entonces dicha representación, y aclaramos y ampliamos el alcance de nuestra decisión, haciendo constar que los herederos no adquieren una representación exclusiva y que el administrador judicial, en virtud de la representación que expresamente le confiere la ley, y los herederos como partes realmente interesadas, deben actuar conjuntamente en todos los litigios que se promuevan en favor o en contra del caudal hereditario.

Íd.

Claro está, en Franceschi v. Corte, íd, el pleito no

era contra el albacea o el administrador judicial. En ese

caso la controversia giraba en torno a si procedía la

finalización de la administración judicial y la consecuente

liquidación del caudal hereditario. Posteriormente, este

Tribunal tuvo la oportunidad de analizar el Art. 584,

supra, en Descartes v. Tribl. Contribuciones y Cerra, Int.,

supra. En ese caso, el administrador de una sucesión

demandó al entonces Tesorero de Puerto Rico por ciertas

actuaciones de este respecto el caudal. Así las cosas, el

Tesorero argumentó que como no habían demandado los

herederos y solo lo había hecho el albacea, faltaba una

parte indispensable y procedía el archivo del caso. Sin

embargo, aunque reconocimos el precedente fundado en CC-2009-303 y CC-2009-591 16

Franceschi v. Corte, supra, establecimos que este no era

aplicable porque no se demostró que para la fecha de la

presentación de la demanda existiera un testamento válido o

en su defecto, una declaratoria de herederos. Por ende, no

desestimamos el pleito por razón de falta de parte

indispensable.

De igual forma, conviene puntualizar lo que expresamos

en Paine v. Srio. de Hacienda, 85 D.P.R. 817 (1962). Allí,

al analizar si la cláusula constitucional de privilegios e

inmunidades prohibía que se le cobrara a un caudal

hereditario una tasa de contribución mayor a la que se le

cobraba a un residente, mencionamos que

[n]ada se encontrará en nuestro ordenamiento jurídico que nos permita considerar al albaceazgo como una entidad jurídica distinta a los herederos que representan. El albaceazgo no es otra cosa que una administración acompañada de un derecho de representación para cumplir ciertas funciones específicas relacionadas con la conservación del caudal hereditario hasta el momento en que la herencia sea adida por los herederos, y como tal, tampoco podemos considerar a los albaceas como que forman una persona jurídica distinta a los herederos.

Íd., pág. 820.

Finalmente, concluimos que la sucesión y los albaceas

no tenían personalidad jurídica propia, por lo que la

cláusula constitucional de privilegios e inmunidades

aplicaba y por consiguiente, no se le podía cobrar una tasa

mayor de impuestos a los herederos. Íd.

No hay duda de que los hechos del presente caso son

noveles en nuestra jurisdicción. Desafortunadamente, no

contamos con algún documento que pueda arrojar luz sobre la CC-2009-303 y CC-2009-591 17

intención legislativa. Sin embargo, si se analizan las

Opiniones emitidas por este Tribunal sobre el Artículo 584,

supra, debemos concluir que como norma general es necesario

sustituir al causante por los herederos y el albacea o

administrador. Sin embargo, en ninguno de esos casos, la

designada albacea era parte demandada en un pleito instado

en vida por el causante. Los hechos de este caso propician

la creación de una excepción a dicha norma. Así, la parte

apropiada, según mencionada por la Regla 22.1, supra, que

debe sustituir al causante en un pleito que este instara en

vida contra el designado albacea, es solamente su sucesión.

No obstante, este caso es más complejo aún. Dos de las

herederas son a su vez demandadas en el pleito del cual se

pide la sustitución. Ante ese escenario, los herederos no

demandados del causante, a saber, los hermanos Vilanova

Hernández y Vilanova Román, deben ser los que sustituyan a

este como parte demandante. Las herederas y albaceas

designadas, a saber, las señoras Vilanova Serrano y Serrano

Cruz, deben permanecer como parte demandada. Sería una

aberración jurídica acceder a que las albaceas designadas

aparezcan como demandantes y demandadas a la vez, pues

nadie puede demandarse a sí mismo. Véanse, United States v.

I.C.C., 337 U.S. 426, 430 (1949); Sentencia del Tribunal

Supremo de España de 4 de julio de 2005, Núm. 555/2005,

Tomo LXXI, Vol. IV, Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi,

pág. 10662.

Como ya se discutió, no hay duda de que toda la

sucesión es parte indispensable en este pleito. Sin CC-2009-303 y CC-2009-591 18

embargo, las demandadas Vilanova Serrano y Serrano Cruz

están impedidas de sustituir al causante en este pleito

como demandante porque son la parte demandada. Eso no

implica que hayan perdido su derecho a la porción del

caudal hereditario, según dispuso el causante en su

testamento abierto otorgado en 1994 y vinculante en derecho

hasta que algún tribunal disponga lo contrario.

Sencillamente, en este caso habría un conflicto

insalvable que se convertiría en un acto de omnipresencia

jurídica si se permitiera que las herederas demandadas sean

a su vez demandantes. Además, sus derechos como herederas

no se verán trastocados toda vez que no están ausentes del

pleito, sino más bien en un lado opuesto a los demás

herederos. Desde esa postura podrán defender efectivamente

sus derechos.

B

Ahora bien, el Tribunal de Apelaciones solucionó la

controversia con el nombramiento de un administrador

judicial para que se encargue de todo el caudal hereditario

y para que represente a la sucesión en el caso de

reivindicación de bienes. Dicha solución es errada.

Como muy bien señaló el foro apelativo intermedio en

la pág. 35 de su sentencia, “todos los miembros de la

sucesión Vilanova Díaz son partes indispensables en este

pleito, por ser personas sin cuya presencia no puede

adjudicarse la controversia y sus intereses pueden quedar

afectados por cualquier sentencia que en su día se dicte”.

Apéndice, pág. 108. Entonces, si son partes indispensables, CC-2009-303 y CC-2009-591 19

¿cómo pueden ser removidos y sustituidos por un

administrador judicial? Veamos el derecho pertinente en

cuanto a la designación del administrador judicial.

El Art. 556 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32

L.P.R.A. sec. 2361, esboza quiénes son las personas

legitimadas para solicitar la administración judicial,

cuáles son los requisitos y cuál es el procedimiento a

seguir en esos casos.2 En específico, este artículo contiene

2 En particular, el Artículo 556, supra, lee así:

“§ 2361. Petición de administración judicial

El albacea testamentario de la última voluntad de un finado, y en caso de que no lo hubiere nombrado o no dejare testamento con validez legal el cónyuge de la persona finada, o cualquier heredero forzoso, o persona que se presente como heredero testamentario, o legatario, o cualquier acreedor con título escrito no asegurado que tuviere algún crédito contra la persona finada, podrá, mediante una petición debidamente justificada en que se demuestren los hechos necesarios, solicitar la administración judicial de los bienes de dicha persona finada. La petición se presentará en la sala del Tribunal de Primera Instancia que tuviere jurisdicción en la última residencia de la persona finada o lugar donde radica la mayor parte de sus bienes, y en ella se hará constar bajo juramento:

(1) La muerte de la persona finada.

(2) Las circunstancias relativas a su último testamento, incluso la fecha en que lo otorgó y lugar en que se halla protocolizado; y en caso que hubiese muerto ab intestato, se hará constar que, según los informes y creencias del peticionario, no dejó testamento válido, especificándose la procedencia y fundamentos de tales informes y creencia.

(3) El interés y derecho de acción del peticionario.

(4) Los nombres y respectivos domicilios de las demás personas con derecho a sucesión en los bienes de la persona finada.

(5) Que la persona finada dejó bienes sujetos a partición con expresión de la cuantía y naturaleza de dichos bienes.” CC-2009-303 y CC-2009-591 20

unos requisitos estrictos, los cuales incluyen una petición

jurada. En este caso no se cumplió con los preceptos allí

indicados.

De igual forma, el Art. 557 del Código de

Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 2362, establece a

quiénes el testador puede prohibirles que soliciten la

administración judicial. En particular, dicho precepto

expone:

§ 2362. Cuándo no se decreta administración judicial; acreedores con créditos asegurados

Si el testador hubiese prohibido expresamente en el testamento a los herederos voluntarios y legatarios de partes alícuotas una administración judicial de sus bienes, y hubiese nombrado una o más personas, facultándolas para que, con el carácter de albaceas, comisionados o contadores partidores, practicasen las operaciones divisorias de dichos bienes, no podrá decretarse la administración judicial de éstos.

Los acreedores que tengan asegurados sus créditos, y aquéllos a quienes los deudores dieren fianza bastante para responder de sus créditos independientemente de los bienes del finado, no tendrán derecho a pedir la administración judicial.

Este Artículo fusiona los Arts. 1039 y 1040 de la Ley

de Enjuiciamiento Civil Española de 1881. Véase, D. Emilio

Reus, Ley de Enjuiciamiento Civil, 2da. Ed., Madrid,

Revista General de Legislación y Jurisprudencia, 1908,

págs. 928-929. Al comentar los preceptos de la ley

española, Reus comenta lo siguiente en lo pertinente a los

herederos voluntarios:

[S]i el testador les ordena que se distribuyan la herencia en la forma por él establecida, y les prohíbe expresamente acudir para ello a los Tribunales, no podrán promover juicio de testamentaría sin incurrir en la pena que para CC-2009-303 y CC-2009-591 21

este caso les haya impuesto el testador, y están obligados a observar estrictamente las reglas por éste establecidas para el inventario, avalúo y división de sus bienes... En cuanto a los herederos forzosos, como por el artículo 813, párrafo 2. , del Código Civil [nuestro Art. 741], el testador no puede imponerles gravamen ni condición alguna en su legítima, podrán promover dicho juicio, aun cuando el testador lo haya prohibido, sin que por ello sufran menoscabo en su legítima.

Íd., págs. 923-924.

En otras palabras, un testador no puede prohibir a sus

herederos legitimarios que acudan al tribunal para

solicitar la administración judicial de sus bienes. Esto

sin duda podría lesionar su legítima y como conocemos,

nuestro ordenamiento jurídico brinda una amplia protección

al derecho de los herederos forzosos sobre ella. Véanse,

Art. 741 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2367; J.M.

Manresa y Navarro, op cit., págs. 417, 418 y casos del

Tribunal Supremo de España allí citados.

Sin embargo, este caso no versa sobre la petición de

nombramiento de un administrador judicial. Por ende, aunque

en estricto derecho se puede nombrar un administrador

judicial para la sucesión Vilanova Díaz, los herederos no

han seguido el proceso que establece el Código de

Enjuiciamiento Civil para ello. Basta recordar la

naturaleza rogada de nuestro derecho y que este Tribunal

con sus decisiones no se puede convertir en abogado de

ninguna de las partes pues eso viola los más básicos

principios del debido proceso de ley. J.A. Cuevas Segarra,

Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da. Ed., San Juan,

Publicaciones J.T.S., 2011, Tomo IV, pág. 1256. Dicho de CC-2009-303 y CC-2009-591 22

otro modo, “los tribunales son organismos que resuelven las

disputas que se suscitan entre los ciudadanos y que sean

llevadas ante su consideración, sin que les sea dable

intervenir motu proprio en tales disputas”. R. Elfren

Bernier y J. Cuevas Segarra, Aprobación e Interpretación de

las Leyes en Puerto Rico, 2da ed. Rev., San Juan,

Publicaciones J.T.S., 1987, pág. 3.

Por otro lado, el Art. 558 del Código de

Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 2363, establece las

ocasiones en que es necesario el nombramiento de un

administrador judicial. De esta forma, la administración

judicial será necesaria siempre que hayan herederos

ausentes, menores o incapacitados que no estén debidamente

representados. En Ab Intestato Balzac Vélez, 109 D.P.R.

670, 679 (1980), establecimos que aunque el Art. 558

especifica las circunstancias que hacen necesaria la

administración judicial, no excluye otras. No obstante, la

única controversia que tenemos que decidir hoy es quién

sustituye al causante en un pleito de reivindicación de

bienes. No está ante nuestra consideración una solicitud

para nombrar un administrador judicial que represente al

causante en el pleito. Y es que no hace falta pues todos

los herederos son mayores de edad y pueden defenderse.

Además, los herederos son partes indispensables y no pueden

ser sustituidos por un administrador judicial. A diferencia

de este caso, en Abintestato Marini Pabón, 107 D.P.R. 433

(1978) y en Abintestato Balzac Vélez, supra, sí se solicitó

la administración judicial. Fue el Tribunal de Apelaciones CC-2009-303 y CC-2009-591 23

en este caso el que impuso un administrador que no se le

solicitó.

Si bien es cierto que los hermanos Vilanova Hernández

y Vilanova Román solicitaron de forma defectuosa el

nombramiento de un administrador judicial ante el foro

primario, también es correcto que cuando ese foro desestimó

la petición de cartas testamentarias sin perjuicio, denegó

la petición de administración judicial. De esa decisión los

hermanos Vilanova Hernández y Vilanova Román no

recurrieron. Fue con posterioridad a que el foro apelativo

intermedio nombrara un administrador judicial que ellos

enmendaron sus alegaciones para incluir eso en su

petitorio.

Esa actuación claramente constituye un cambio de

teoría que además de ser improcedente, es tardío. Dicho de

otro modo, debido al sistema adversativo que rige en

nuestra jurisdicción, como norma general, es necesario

plantear los argumentos en el Tribunal de Primera Instancia

y en el Tribunal de Apelaciones para que luego se puedan

aducir en este Foro. Esa es la práctica forense que rige en

nuestra jurisdicción y a la cual este Tribunal tiene que

brindar deferencia.

Es cierto que un “tribunal apelativo tiene la facultad

inherente de considerar y resolver errores patentes que

surjan de un recurso aun cuando éstos no hayan sido

presentados por las partes”. S.L.G. Flores-Jiménez v.

Colberg, 173 D.P.R. 843, 851 (2008), citando a Hernández v.

Espinosa, 145 D.P.R. 248, 264 (1998). Sin embargo, esa CC-2009-303 y CC-2009-591 24

norma excepcional tiene que ser limitada. De lo contrario,

nos convertiríamos en un foro consultivo y adjudicaríamos

controversias que no han sido planteadas y defendidas

vigorosamente. En este caso, no se configura ninguna

excepción que nos lleve a desechar la norma general.

Pero aun si para fines argumentativos concediéramos que

procede decretar una administración judicial, la realidad

es que esa administración no puede remover a los herederos

del pleito ya que son partes indispensables.

En suma, el causante Vilanova Díaz debe ser sustituido

por todos sus herederos no demandados, a saber, los

hermanos Vilanova Hernández y Vilanova Román, en el pleito

de reivindicación de bienes pues estos son la parte

apropiada a la que alude la Regla 22.1 de Procedimiento

Civil, supra.

III

El Art. 597 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32

L.P.R.A. sec. 2571, indica lo siguiente:

§ 2571. Aceptación del cargo; expedición de cartas testamentarias

Todo albacea que acepte el nombramiento hecho a su favor en un testamento deberá entregar al funcionario en cuya oficina se halla protocolado el testamento una aceptación del cargo por escrito, acompañada de un juramento, también por escrito, comprometiéndose a cumplir, del mejor modo que le fuere dable, sus obligaciones como albacea, sin lo cual no podrá hacerse cargo de los bienes del finado. La sala del Tribunal de Primera Instancia de la última residencia del finado o del lugar en que radican sus bienes, mediante la presentación de una certificación del notario u otro funcionario competente, en que conste haberse archivado dicha aceptación y juramento oficial, expedirá cartas testamentarias a favor del albacea, las cuales constituirán CC-2009-303 y CC-2009-591 25

prueba de su autoridad. Tan pronto como un administrador haya prestado su fianza y juramento oficial, el juez o tribunal que lo hubiere nombrado expedirá a su favor cartas de administración bajo su sello, en testimonio de su autoridad. (Énfasis nuestro.)

Aunque nuestra figura del albaceazgo es heredada de

España, la realidad es que en ese país no existe tal cosa

como una expedición de cartas testamentarias. Véase, en

general, M. Albaladejo, El albaceazgo en el derecho

español, Madrid, Ed. Tecnos, 1969. En cambio, para poder

auscultar cuál es el procedimiento a seguir en estos casos,

es necesario acudir al Derecho consuetudinario (common law)

de Estados Unidos, porque es de allí que proviene esta

figura. Véase, J.A. Schoenblum, Page on the Law of Wills,

Cincinnati, Anderson Publishing CO., 2003, Sec. 1.3, pág.

13.

El término de cartas testamentarias se define como

aquel “instrumento formal de autoridad y nombramiento dado

a un ejecutor por el tribunal correspondiente, facultándolo

a desempeñar su cargo”.3 (Traducción nuestra.) Black´s Law

Dictionary, 5ta ed., West Publishing Co., 1979, pág. 815. Es

decir, la norma general en el derecho sucesorio del Derecho

consuetudinario estadounidense es que para que un ejecutor

o albacea pueda hacerse cargo de un caudal hereditario es

necesario que primero acuda ante el tribunal competente

para que pruebe la existencia de un testamento, y que en

este se le nombró ejecutor. Véanse, J.A. Schoenblum, op

3 El texto original en inglés es el siguiente: Formal instrument of authority and appointment given to an executor by the proper court, empowering him to enter upon the discharge of his office as executor. CC-2009-303 y CC-2009-591 26

cit., pág. 13; Sec. 3-103 del Uniform Probate Code,

Uniform Laws Annotated, Minnesota, West. Group, 1998, Vol.

8, pt. 2, sec. 3-103.

La aprobación del Art. 597, supra, se remonta a 1905

con la promulgación de la Ley de Procedimientos Legales

Especiales. 1904-1905 Leyes de Puerto Rico, págs. 213-242.

Como ya se comentó, no contamos con un historial

legislativo que nos indique cuál fue la intención del

legislador al añadir a nuestro ordenamiento jurídico

sucesoral una figura del common law. No obstante, el texto

del Art. 597 es claro al establecer que sin la expedición

de las cartas testamentarias, el albacea o administrador no

puede hacerse cargo de los bienes. Esto quiere decir que en

esta jurisdicción ningún albacea facultado para administrar

los bienes de una sucesión puede hacerlo sin que antes el

tribunal expida las correspondientes cartas testamentarias.

Ahora bien, aparte del Art. 597, supra, en Puerto Rico no

existe otro estatuto que regule este procedimiento. Para

poder llenar esa laguna y resolver la controversia, según

nos exige el Art. 7 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 7,

es necesario acudir al Derecho comparado y ver las

soluciones que ofrece. Y es que después de todo, en los

“casos apropiados será lícito el empleo del derecho común

en sus múltiples y ricas versiones- la angloamericana, la

original británica, la anglocanadiense y otras- a modo de

derecho comparado, así como el uso de ejemplos de otros

sistemas jurídicos”. Valle v. Amer. Inter. Ins. Co., 108 CC-2009-303 y CC-2009-591 27

D.P.R. 692, 697 (1979). Debido a que la figura de las

cartas testamentarias no proviene de España, es un esfuerzo

fútil analizar el derecho de ese país. Por tanto, este es

un caso apropiado para acudir al derecho consuetudinario

estadounidense.4

El Uniform Probate Code es una legislación modelo que

produjo la National Conference of Commissioners on Uniform

State Laws. Esta es producto de siete años de análisis

durante los cuales se obtuvo el insumo de varias divisiones

de la American Bar Association. R. Brucken, Uniform Probate

Code and the Practice of Law in Ohio, 7 Akron L. Rev. 69

(1973). Esta legislación modelo recoge, entre otras cosas,

todo lo relativo a la administración de los bienes de una

herencia. Uniform Probate Code secs. 3-101 a 3-322, supra.

4 La Jueza Asociada señora FIOL MATTA critica nuestro análisis de derecho comparado en torno a la figura de las cartas testamentarias, aunque reconoce que esa figura no proviene de España, sino de Estados Unidos. Utilizar un análisis de derecho comparado para auscultar cómo otros ordenamientos lidian con controversias jurídicas no es nuevo. Véanse, por ejemplo, Llorens et al. v. Arribas et al., Op. de 20 de diciembre de 2011, 2011 T.S.P.R. 204, 2012 J.T.S. 4, 184 D.P.R. __ (2011) (FIOL MATTA J.); CSMPR v. Carlo Marrero et als., Op. de 30 de junio de 2011, 2011 T.S.P.R. 99, 2011 J.T.S. 104, 182 D.P.R. __ (2011) (FIOL MATTA J.); Pueblo v. Rodríguez Pagán, Op. de 17 de junio de 2011, 2011 T.S.P.R. 92, 2011 J.T.S. 97, 182 D.P.R. __ (2011) (FIOL MATTA J.); Coop. Seg. Múlt. v. E.L.A., 180 D.P.R. 655 (2011) (FIOL MATTA J.); Fonseca Zayas v. Rodríguez Meléndez, 180 D.P.R. 623 (2011) (FIOL MATTA J.); Orsini García v. Srio. de Hacienda, 177 D.P.R. 596 (2009) (FIOL MATTA J.); Ramírez Sainz v. S.L.G. Cabanillas, 177 D.P.R. 1 (2009) (FIOL MATTA J.); Pueblo v. Sustache Sustache, 176 D.P.R. 250 (2009) (FIOL MATTA J.); Colón, Ramírez v. Televicentro de P.R., 175 D.P.R. 690 (2009) (FIOL MATTA J.) y Pueblo v. Hernández González, 175 D.P.R. 274 (2009) (FIOL MATTA J.). CC-2009-303 y CC-2009-591 28

En lo que nos concierne, conviene citar el inciso (f)

de la Sección 3-203, supra, que establece:

(f) Ninguna persona es apta para servir como albacea si: (1) Es menor de 21 años (2) Luego de un procedimiento formal, el tribunal determina que no es idóneo.5 (Énfasis y traducción nuestra.)

Según surge de lo anterior, el comité de expertos en

la materia que diseñó el Uniform Probate Code estableció

dos requisitos para poder ejecutar el cargo de albacea. En

específico, (1) que la persona designada por el testador

fuese mayor de edad y (2) que fuese idónea. Notamos que

esta legislación modelo no definió el término idóneo. Al

actuar así, delegó esa tarea en los tribunales de cada

estado para que según surgieran controversias, definieran

los contornos de esa figura.

El Uniform Probate Code no ha sido adoptado por todas

las jurisdicciones de Estados Unidos.6 Sin embargo, aunque

5 El texto original en inglés establece:

“f) No person is qualified to serve as a personal representative who is:

(1) under the age of [21];

(2) a person whom the Court finds unsuitable in formal proceedings.”

6 Ha sido adoptado por las siguientes jurisdicciones: Alaska, Arizona, Colorado, Florida, Hawaii, Idaho, Maine, Michigan, Minnesota, Montana, Nebraska, New Mexico, North Dakota, South Carolina, South Dakota y Utah. Véase, (http://www.law.cornell.edu/uniform/probate.html),última visita 28 de septiembre de 2011. CC-2009-303 y CC-2009-591 29

no todos los estados han adoptado el lenguaje literal del

Uniform Probate Code, lo cierto es que sí han incorporado

un lenguaje similar. Pasemos a estudiar dos de esas

jurisdicciones ya que aunque sus decisiones no nos obligan,

sí nos persuaden porque han tenido la oportunidad de

analizar en detalle controversias similares a la que hoy

nos ocupa.7

7 Aunque solo discutiremos en detalle las jurisdicciones de Louisiana y Ohio dado su desarrollo jurisprudencial de la figura del executor, existe legislación similar en los estados siguientes: California, Cal. Prob. Code Sec. 8420, In re Estate of Bawquier, 88 Cal. 302 (1891); Florida, Fla. Stat. sec. 733.301 y 733.303, DeVaughn v. DeVaughn, 840 So. 2d 1128 (2003); Georgia, Official Code Of Georgia Ann. sec. 53-6-40; Illinois, 755 I.L.C.S. sec. 5/9-1; Massachusetts, A.L.M. GL ch. 190b sec. 3-103; Michigan, M.C.L.S. secs. 700.3601 y 700.3613; New Jersey, N.J. Stat. sec. 3B:10-1; New York, N.Y. C.S.L. SCPA sec. 1414; Pennsylvania, 20 Pa. C.S. sec. 3156; Virginia, Va. Code Ann. Sec. 64.1-122.2; Alabama, Code of Ala. Secs. 43-2-20 y 43-2-22; Alaska, Alaska Stat. sec. 13.16.245; Arizona, A.R.S. sec. 14-3601, Arkansas, A.C.A. sec. 28-48-101; Colorado, C.R.S. sec. 15- 12-601; Connecticut, Conn. Gen. Stat. sec. 45a-289, Appeal of Smith, 24 A. 273 (1892); Washington State, Rev. Code of Washington A. sec. 11.28.010; Indiana, Burns Ind. Code Ann. Sec. 29-1-7-4; Iowa, Iowa Code sec. 633.63; Kansas, K.S.A. sec. 59-701; Wyoming, Wyo. Stat. sec. 2-7-102; Kentucky, K.R.S. sec. 395.015; Maine, 18-A M.R.S.A. sec. 3-601; Maryland, MD Code, Estates and Trusts, sec. 6-101; Minnesota, M.S.A. sec. 524.3-103, Missouri, Missouri Ann. Stats. sec. 473.110; Montana, Mon. Code Anno. sec. 72-3- 501; Nebraska, R.R.S. Neb. sec. 30-2444; Nevada, Nev. Rev. Stat. Ann. sec. 138.020; New Hampshire, New Hampshire RSA sec. 533.2; New Mexico, N.M. Stat. Ann. sec. 45-3-203; North Carolina, N.C. Gen. Stat. sec. 28-A-4-2; Utah, Utah Code Ann. sec. 75-3-203; Oklahoma, 58 Okl. St. sec. 126; Oregon, O.R.S. sec. 113.085; Delaware, 12 Del. C. sec. 1502; Hawaii, H.R.S. sec. 560:3-601; Idaho, Idaho Code sec. 15-3-601; North Dakota, N.D.C.C. sec. 30.1-12-03; South Dakota, S.D.C.L. sec. 29-A-3-103; Mississippi, Miss. Code. Ann. sec. 91-7-35; Rhode Island, R.I. Gen. Laws sec. 33-8- 1, Geaber v. Wakefield Trust Co., 69 A.2d. 822 (1949);Texas, Texas Probate Code Ann, sec. 78; South Carolina, S.C. Code Ann. sec. 62-3-203; Tennessee, Tenn. CC-2009-303 y CC-2009-591 30

El Art. 3082 del Código de Procedimiento Civil de

Louisiana, La. C.C.P. 3082, establece que

[a] menos que la persona designada como albacea en el testamento sea descalificada por cualesquiera de las razones expuestas en el Artículo 3097, la corte deberá rendir una orden, a su solicitud, para la confirmación, confirmándola como ejecutora testamentaria y ordenando la expedición de cartas testamentarias luego de que ella haya prestado juramento al cargo y satisfecho fianza, de ser necesario.8 (Traducción nuestra.)

Al igual que nuestro Art. 597, supra, el Art. 3082 de

Louisiana exige que el albacea preste juramento y afirme

que desempeñará el cargo propiamente.9 No obstante, ambos se

diferencian en que el segundo contempla la posibilidad de

que no se expidan cartas testamentarias a favor del albacea

si se cumple con algunas de las razones que esboza el Art.

Code. Ann. sec. 30-1-101; Wisconsin, Wis. Stat. sec. 856.23 y Vermont, 14 V.S.A. sec. 902. 8 El texto original en inglés es el siguiente: “Unless the person named in the testament as executor is disqualified on any of the grounds assigned in Article 3097, the court shall render an order upon his petition for confirmation, confirming him as testamentary executor and directing the issuance of letters testamentary to him after he has taken his oath of office and furnished security, if required.”

La. C.C.P. 3082. 9 Nos dice el tratadista Vélez Torres que “la palabra albacea procede del árabe Al Waci, que significa Ejecutor. J. Vélez Torres, Derecho de Sucesiones, San Juan, Universidad Interamericana de Puerto Rico, Facultad de Derecho, 1992, Tomo IV, Vol. III, pág. 338. Aunque somos conscientes de que la figura del albaceazgo no es idéntica al executor del derecho consuetudinario, en el análisis que procede utilizaremos en todo momento el término albacea, en aras de brindar uniformidad a esta figura. CC-2009-303 y CC-2009-591 31

3097 de ese código. En específico, el Art. 3097 del Código

de Procedimiento Civil de Louisiana, La. C.C.P. 3097,

señala en lo pertinente:

A. Ninguna persona puede ser confirmada como albacea o albacea dativo, administrador provisional o administrador si es: 1. Menor de dieciocho años; 2. Persona que en juicio adversativo se le haya probado que está mentalmente incompetente; 3. Una persona convicta de delito grave bajo las leyes de los Estados Unidos o de cualquier estado o territorio; 4. Un no residente del estado que no haya designado a un agente residente para el procesamiento de todas las acciones y procedimientos relacionados a la sucesión; 5. Una corporación no autorizada a realizar negocios en este estado; o 6. Una persona que luego de juicio adversativo se le haya probado que no está capacitada para la designación debido a conducta inmoral.10

10 El texto original en inglés establece: “A. No person may be confirmed as testamentary executor, or appointed dative testamentary executor, provisional administrator, or administrator who is:

(1) Under eighteen years of age;

(2) Interdicted, or who, on contradictory hearing, is proved to be mentally incompetent;

(3) A convicted felon, under the laws of the United States or of any state or territory thereof;

(4) A nonresident of the state who has not appointed a resident agent for the service of process in all actions and proceedings with respect to the succession, and caused such appointment to be filed in the succession proceeding;

(5) A corporation not authorized to perform the duties of the office in this state; or

(6) A person who, on contradictory hearing, is proved to be unfit for appointment because of bad moral character.”

La. C.C.P. Art. 3097. CC-2009-303 y CC-2009-591 32

(Traducción nuestra.)

Se puede constatar en este Art. 3097, supra, que el

legislador del estado de Louisiana no permite que se

expidan cartas testamentarias a favor de menores,

incapaces, convictos de delito grave, personas no

residentes si no han designado un agente residente en el

estado, corporaciones no autorizadas a realizar negocios en

el estado y personas que, luego de una vista adversativa,

se les prueba conducta inmoral. De las personas

descalificadas para actuar como albacea al amparo del Art.

3097, supra, todas se explican por sí mismas excepto el

inciso seis que hace referencia a la persona con conducta

inmoral. Aunque el Tribunal Supremo del estado de Louisiana

no se ha expresado sobre ese término, el Cuarto Circuito

del Tribunal de Apelaciones de ese estado tuvo la

oportunidad de examinarlo en Succession of Horrell, 709 So.

2d. 1069 (1998), cert. denegado 720 So. 2d. 669 (1998).

Allí, se manifestó que “[c]onducta inmoral no solo incluye

los tipos tradicionales de comportamiento o las malas

acciones anteriores que indican [que el albacea] no está en

condiciones de asumir las responsabilidades como

administrador de la sucesión”. Íd., pág. 1071.11 (Traducción

nuestra.) En particular, ese foro dictaminó que la

11 El texto original en inglés es el siguiente: “„Bad moral character‟ does not only include the traditional types of behavior or previous bad acts which would indicate that one is not fit to assume the responsibilities of administrator of a succession.” CC-2009-303 y CC-2009-591 33

participación del hijo del causante en la ejecución de un

testamento que luego se declaró inválido y en la ejecución

de una donación hecha por el causante también constituían

la conducta inmoral a la que hace referencia el Art. 3097,

supra. Íd.

Sin embargo, el foro apelativo intermedio de Louisiana

fue más allá al establecer que aun en el supuesto de que la

conducta del hijo del causante fuese inmaculada en lo que

concernía a la ejecución del testamento y de la donación,

las circunstancias del caso, que incluía la animosidad

existente entre las partes, eran suficientes para concluir

que no se podía permitir que el hijo fuese el albacea. Íd.

En otras palabras, no se permitió que se expidieran

cartas testamentarias a favor de un hijo al que se le probó

que participó en la ejecución de un testamento que

posteriormente fue declarado inválido y que recibió una

donación que era cuestionada judicialmente. Sin embargo,

todo esto ocurrió luego de que se celebrara una vista

adversativa en la que las partes pudieron presentar toda la

evidencia pertinente y se cumplió con los requisitos del

debido proceso de ley.

C

Por otra parte, la Sección 2113.5 del Código revisado

y anotado de Ohio esboza en lo pertinente que

Cuando un testamento es aprobado y permitido, el tribunal deberá expedir cartas testamentarias al albacea nombrado en el testamento..., si es idóneo, competente, acepta el cargo y presta la CC-2009-303 y CC-2009-591 34

correspondiente fianza, de ser necesaria.12 (Traducción nuestra.)

Ohio Rev. Code Ann. 2113.5

De esta definición resalta que el albacea tiene que

tener el calificativo de idóneo. El Tribunal Supremo de

Ohio mencionó en In re Estate of Henne, 421 N.E. 2d. 506,

508 (1981), “que el término idóneo no está definido por

ley, y por ende, sus límites son establecidos solamente

mediante el análisis de la jurisprudencia”. (Traducción

nuestra.) Así pues, en Ohio el nombramiento de un albacea

depende de que en un análisis caso a caso, el tribunal

determine que este es idóneo para asumir el cargo.13 Sobre

el particular, en In re Estate of Young, 4 Ohio App. 2d.

315, 321-322 (1964), se dijo que el interés adverso y

antagónico del albacea designado con la sucesión puede

conllevar que no se expidan las cartas testamentarias,

dependiendo de la naturaleza y el alcance de ese interés

12 El texto completo en inglés es el siguiente:

“When a will is approved and allowed, the probate court shall issue letters testamentary to the executor named in the will or to the executor nominated by holders of a power as described in section 2107.65 of the Revised Code, or to the executor named in the will and to a co-executor nominated by holders of such a power, if he is suitable, competent, accepts the appointment, and gives bond if that is required.”

Ohio Rev. Code Ann. 2113.5.

13 Para una crítica a los tribunales que no expiden cartas testamentarias a favor del albacea nombrado en testamento véase, L. Kirkpatrick, Treading on Sacred Ground: Denying the Appointment of a Testator´s Nominated Personal Representative, 63 Fl. L. Rev. 1041 (2011). CC-2009-303 y CC-2009-591 35

adverso, de la relación entre las partes, u otras

circunstancias subyacentes en el caso particular. A renglón

seguido el tribunal añadió que

[e]n vista de esos principios, no se puede desarrollar una regla específica que aplique a todos los casos. Sin embargo, el criterio general es evidente. La naturaleza fiduciaria de la posición de albacea es clara y las obligaciones que surgen de esa relación de confianza son evidentes. El derecho requiere que el fiduciario sea una persona desinteresada, tanto personalmente como entre los beneficiarios. Por otro lado, el derecho le da una preferencia a la confianza que un testador deposita en una persona en particular…. El término idóneo que aparece en la ley lidia con el conflicto entre esos dos propósitos que el derecho persigue. En nuestra opinión, se contempla que para ser idónea, una persona debe ser razonablemente desinteresada. En caso de conflicto de intereses contrarios y antagónicos con la posición de fiduciario, la pregunta se convierte en una de sopesar el grado de conflicto a la luz de la totalidad de las circunstancias.

Íd. (Traducción nuestra.)

Este análisis lo adoptó el Tribunal Supremo de Ohio en

In re Estate of Henne, supra, y concluyó que el albacea

nombrado en el testamento no era idóneo. Íd., pág. 510. Al

así resolver, reconoció que se debe otorgar gran deferencia

al nombramiento que hace el causante en el testamento. No

obstante, subrayó una serie de factores para determinar si

la persona es razonablemente desinteresada; en otras

palabras, si es idónea para ser albacea. Estos factores se

pueden apuntalar de la siguiente forma:

1. La naturaleza y la extensión de la hostilidad y

desconfianza entre las partes. CC-2009-303 y CC-2009-591 36

2. El grado de conflicto de intereses y obligaciones

tanto personales como financieras [del albacea

designado].

3. Las complejidades adicionales que puedan subyacer en

el caso en particular.

Íd., pág. 509.

D

En el caso que nos ocupa, el Tribunal de Primera

Instancia desestimó sin perjuicio la petición de cartas

testamentarias hasta que se ventilara el pleito de

impugnación de testamento. Erró al proceder así pues con su

actuación, denegó en los méritos la expedición de cartas

Es cierto que en la mayoría de los casos el

procedimiento de expedición de cartas testamentarias es uno

de jurisdicción voluntaria, que se tramita en el despacho

del juez de primera instancia sin mayores incidentes. Batiz

v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 41 (1975). Incluso, ya se

pueden resolver en el despacho de un notario. Véanse,

Reglas 109-112, In re: Aprobación de Reglas para la

Implantación de la Ley de Asuntos no Contenciosos ante

Notario, Resolución de 16 de septiembre de 2011, 2011

T.S.P.R. 135, 2011 J.T.S. 134, 182 D.P.R.__ (2011). Sin

embargo, de existir oposición a que se expidan las cartas,

lo que procede es convertir el proceso en uno contencioso y

seguir el trámite ordinario. Y es que CC-2009-303 y CC-2009-591 37

con frecuencia sucede que dentro de un procedimiento de jurisdicción voluntaria comparecen al tribunal varias partes en defensa de intereses completamente opuestos. Cuando así ocurre... se establece una genuina controversia a ser adjudicada por un tribunal de instancia mediante un trámite dotado de múltiples características análogas a las de un juicio contencioso o plenario.

Íd., págs. 45-46.

No podemos perder de perspectiva que nuestro

ordenamiento jurídico busca dar cumplimiento a la voluntad

del testador en la disposición de sus bienes siempre y

cuando ello no sea contrario a la ley. Torre Ginés v.

E.L.A., 118 D.P.R. 436, 445 (1987). De esta manera, “[l]o

fundamental es que prevalezca la voluntad real del testador

y el rol judicial en materia de interpretación

testamentaria consiste en descubrir dicha voluntad a fin de

que se produzcan en su día los efectos queridos por el

testador dentro del marco permitido por ley”. Moreda v.

Rosselli, 150 D.P.R. 473, 480 (2000). De igual forma, en

innumerables ocasiones, “este Tribunal ha expresado que la

voluntad del testador es la ley de la Sucesión”. Íd.

Véanse, además, Fernández Franco v. Castro Cardoso, 119

D.P.R. 154 (1986); Calimano Díaz v. Rovira Calimano, 113

D.P.R. 702 (1983); Vda. de Sambolín v. Registrador, 94

D.P.R. 320 (1967). En el caso que nos ocupa, existe un

testamento abierto que goza de la fe pública notarial y es

válido y vinculante hasta que se pruebe lo contrario.

Véanse, Art. 2 de la Ley Notarial de 1987, 4 L.P.R.A. sec.

2; In re Rivera Aponte, 169 D.P.R. 738, 741 (2007). CC-2009-303 y CC-2009-591 38

Así pues, al tener presente que la voluntad del

testador plasmada en el testamento es vinculante,

analicemos los criterios que se deben auscultar cuando hay

objeción a que se expidan las cartas testamentarias.

En vista de que nuestra legislación no establece

cuáles son los factores que tiene que examinar el juez del

foro primario al dilucidar si expide las cartas

testamentarias, es necesario que este Foro actúe y los

supla.

Como norma general, se debe cumplir la voluntad del

testador y expedir cartas testamentarias a favor del

albacea nombrado en el testamento. Sin embargo, hay que

tener presente la prohibición que establece el Art. 815 del

Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2512: “No podrá ser albacea

el que no tenga capacidad para obligarse. El menor no podrá

serlo, ni aun con la autorización del padre o tutor”. Es

decir, en nuestra jurisdicción, a diferencia de la de

Louisiana, la única razón que recoge nuestro ordenamiento

jurídico para no ser nombrado albacea es la incapacidad de

poder obligarse. Esta incluye la minoridad, prodigalidad,

embriaguez habitual y la sordomudez que impida comunicarse

efectivamente por cualquier medio. Art. 25 del Código

Civil, 31 L.P.R.A. sec. 82.

No obstante, las limitaciones establecidas en el

Código Civil para ejercer el albaceazgo no son taxativas.

Es evidente que la persona designada albacea tiene que

ajustarse al principio que regula su misión, la fiducia. De

esta forma, cuando el albacea acepta el cargo, se obliga a CC-2009-303 y CC-2009-591 39

desempeñarlo fielmente. Art. 821 del Código Civil, 31

L.P.R.A. sec. 2518; Albaladejo, op. cit., pág. 397. “Su

desempeño requiere la diligencia de un buen padre de

familia”. González Muñiz, Ex parte, 128 D.P.R. 565, 571-

573. Véanse, además, Art. 1057 del Código Civil, 31

L.P.R.A. sec. 3021; Gómez Ysabel, Problemas Fundamentales

del Ejercicio del Albaceazgo, Madrid, Ed. Reus, 1963, pág.

48. Debido a la naturaleza fiduciaria que conlleva el cargo

de albacea, según expuesta por la doctrina civilista,

concluimos que está implícito en nuestro ordenamiento legal

el elemento de la idoneidad que la ley en estados como Ohio

establece expresamente. In re Estate of Henne, supra. Es

decir, ambos sistemas legales –el civil y el

consuetudinario- coinciden en ese aspecto. En otras

palabras, además de lo establecido por el Art. 815 del

Código Civil, supra, todo albacea tiene que ser idóneo para

ocupar el cargo. Después de todo, “[p]or la aceptación se

obliga el albacea a desempeñar el cargo bien y fielmente,

respondiendo personalmente de todos los perjuicios

ocasionados por dolo o negligencia a él imputables”. L.

Puig Ferriol, El albaceazgo, Barcelona, Ed. Bosch, 1967,

pág. 127.

Claro está, se debe presumir que todo albacea

designado por el testador es idóneo. Sin embargo, en casos

como el que nos ocupa, en el que existe una controversia

genuina sobre la idoneidad del albacea, es necesario que el

foro primario reciba prueba sobre ese particular. Para CC-2009-303 y CC-2009-591 40

poder determinar si se cumple con ese requisito, el foro

primario debe sopesar los siguientes factores:

desconfianza entre el albacea designado y la

sucesión.

2. El grado de conflicto de intereses y

obligaciones tanto personales como financieras

del albacea designado.

3. Las complejidades adicionales que puedan

subyacer en el caso en particular.

Al aplicar estos criterios, el Tribunal de Primera

Instancia tendrá un marco teórico que le permitirá ejercer

su función y determinar si procede la expedición de cartas

testamentarias. Lo que no procede es archivar sin perjuicio

una petición de expedición de cartas testamentarias con el

pretexto de que en otro pleito se impugna el testamento que

contiene el nombramiento del albacea. Eso abriría la puerta

para que herederos disgustados con el albacea seleccionado

impugnen viciosamente el testamento otorgado para retrasar

e impedir la labor de este último. Al fin y al cabo,

nuestras decisiones tienen el propósito de garantizar “una

solución justa, rápida y económica de todo procedimiento”.

Regla 1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V.

IV

Finalmente, es necesario hacer unas manifestaciones

que aclaren el alcance de nuestros pronunciamientos. En

primer lugar, nuestras expresiones sobre el Art. 597 del CC-2009-303 y CC-2009-591 41

Código de Enjuiciamiento Civil, supra, se limitan al

ejercicio del albaceazgo propiamente, que requiere la

expedición de cartas testamentarias, y no a la aceptación

del cargo. Como es conocido, no “es condición de validez de

la aceptación del cargo acudir al tribunal para que se

expidan las correspondientes cartas testamentarias”. E.

González Tejera, op cit., pág. 548. Por tal razón, en

Andino v. Andino, 83 D.P.R. 138, 140-141 (1961), expresamos

que existen dos tipos de aceptación. La primera es la

tácita que se configura cuando no se renuncia al cargo

dentro de los seis días después de conocer de la muerte del

testador o del nombramiento por testamento. Art. 820 del

Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2517. La segunda es la

expresa y se configura cuando se acude al tribunal al

amparo del Art. 597 del Código de Enjuiciamiento Civil,

supra.

De igual forma, nuestros pronunciamientos sobre la

figura del albaceazgo no intentan definir cuáles son las

facultades del albacea cuando el testador no las

especifica. En Flecha v. Lebrón, 166 D.P.R. 330 (2005),

este Foro no pudo llegar a un acuerdo sobre esa

controversia y en el caso que nos ocupa es innecesario

hacerlo porque en el testamento abierto otorgado en 1994 el

causante le otorgó a la albacea poderes amplios. Apéndice,

págs. 59-60. Así pues, resultaría puro dictum abordar ese

tema. CC-2009-303 y CC-2009-591 42

V

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la

Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones en el

recurso CC-2009-303. Se devuelve el caso al Tribunal de

Primera Instancia para que proceda con la sustitución de

parte según lo resuelto aquí. Por otro lado, se confirma la

recurso CC-2009-591. Se envía el caso al foro primario para

que atienda en sus méritos la petición de cartas

testamentarias de forma consecuente con lo resuelto aquí.

Se dictará Sentencia de conformidad.

RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Juan Adolfo Vilanova Díaz, quien comparece por sí y en representación de Superior Paints Manufacturing Company, Inc., Reliance Caribbean, Inc., Banner Paints, Inc. y Vilco Chemicals, Inc., representado a su vez por su tutora Sonia Vilanova Hernández CC-2009-303 CC-2009-591 Demandantes-recurridos

Diana Velia Vilanova Serrano, Fiduciaria del Fideicomiso Serrano Cruz, como Directora y Principal Oficial Ejecutiva de Superior Paints Manufacturing, Co., Inc. y de las restantes Entidades Corporativas que componen las Empresas Vilanova y en representación de sus hijos menores de edad Gabriel Ernesto Detres Vilanova y Diana Iris Detres Vilanova;

Francisco González Dávila, Marta Luz Báez Rosado y la Sociedad Legal de Gananciales constituida entre ambos, por sí y como Director de Superior Paints Manufacturing Co., Inc.;

Paul W. Formby Fernández, su esposa Fulana Formby y la Sociedad Legal de Gananciales constituida entre ambos; Fideicomiso Vilanova Serrano; CC-2009-303 y CC-2009-591 2

Miguel A. Rivera Rivera, su esposa Fulana Rivera y la Sociedad de Gananciales constituida entre ambos;

CPA Mengano de tal, su esposa mengana de tal y la Sociedad Legal de Gananciales constituida entre ambos;

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte integrante de la presente Sentencia, se revoca la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones en el recurso CC-2009-303. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que proceda con la sustitución de parte según lo resuelto aquí. Por otro lado, se confirma la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones en el recurso CC-2009-591. Se envía el caso al foro primario para que atienda en sus méritos la petición de cartas testamentarias de forma consecuente con lo resuelto aquí.

Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del Tribunal. La Jueza Asociada señora Fiol Matta emite una opinión disidente a la cual se unen el Juez CC-2009-303 y CC-2009-591 3

Presidente señor Hernández Denton y la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco no interviene.

Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Juan Adolfo Vilanova Díaz, quien comparece por sí y en representación de Superior Paints Manufacturing Company, Inc., Reliance Caribbean, Inc., Banner Paints, Inc. y Vilco Chemicals, Inc., CERTIORARI representado a su vez por su tutora Sonia Vilanova Hernández Demandantes-recurridos

v. CC-2009-303

Diana Velia Vilanova Serrano, Fiduciaria del Fideicomiso Serrano Cruz, como Directora y cons. con Principal Oficial Ejecutiva de Superior Paints Manufacturing, Co., Inc. y de las restantes Entidades Corporativas que CC-2009-591 componen las Empresas Vilanova y en representación de sus hijos menores de edad Gabriel Ernesto Detres Vilanova y Diana Iris Detres Vilanova;

Francisco González Dávila, Marta Luz Báez Rosado y la Sociedad Legal de Gananciales constituida entre ambos, por sí y como Director de Superior Paints Manufacturing Co., Inc.;

Paul W. Formby Fernández, su esposa Fulana Formby y la Sociedad Legal de Gananciales constituida entre ambos; CC-2009-303 cons. con CC-2009-591 2

Fideicomiso Vilanova Serrano;

Miguel A. Rivera Rivera, su esposa Fulana Rivera y la Sociedad de Gananciales constituida entre ambos;

CPA Mengano de tal, su esposa mengana de tal y la Sociedad Legal de Gananciales constituida entre ambos;

Opinión disidente emitida por la Jueza Asociada señora FIOL MATTA a la cual se unen el Juez Presidente señor HERNÁNDEZ DENTON y la Juez Asociada señora RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

La disputa entre los miembros de la Familia Vilanova es

compleja y ha conllevado numerosos litigios durante más de

una década. Ante nuestra atención se encuentran dos de

estas controversias: (1) quiénes deben sustituir al

demandante fenecido don Juan Adolfo Vilanova Díaz en una

acción que éste instara en vida contra su hoy heredera-

albacea para reivindicar sus bienes y (2) si procede emitir CC-2009-303 cons. con CC-2009-591 3

cartas testamentarias a favor de esa heredera, antes de que

recaiga una sentencia firme sobre la validez del testamento

en el que se le designa albacea, para que administre el

caudal hereditario del que alegadamente sustrajo bienes.14

La Opinión mayoritaria determina que, en el pleito de

reivindicación de bienes, el causante debe ser sustituido

únicamente por los herederos no demandados. Así, revoca la

decisión del foro apelativo de acceder a nombrar un

administrador judicial que represente a toda la comunidad

hereditaria, incluyendo a la heredera-albacea-demandada, y

vele por la buena administración del caudal hasta que se

resuelvan los conflictos sobre la validez del testamento.

Asimismo, una mayoría del Tribunal decide que la solicitud

de cartas testamentarias, que se había desestimado sin

perjuicio en lo que se resolvía el pleito de impugnación de

testamento, tiene que evaluarse en el foro de instancia de

acuerdo con ciertos criterios que se establecen en la

Opinión. Dichos criterios son copiados de un dictamen de un

tribunal de Ohio, luego de un ejercicio hermenéutico que

considero equivocado e innecesario.

Disiento de la manera en la que la Opinión mayoritaria

resuelve ambas controversias. Por entender, además, que una

narración pormenorizada de los hechos es necesaria para

14 Actualmente, además de los dos recursos de certiorari ante el Tribunal Supremo, que fueron consolidados y se atienden en esta Opinión, está pendiente en el Tribunal de Apelaciones el caso KLAN 2011 1211 (Caso K AC 2008-0372 en el Tribunal de Primera Instancia), en el que los hermanos Vilanova Hernández y Vilanova Román impugnan el testamento de don Juan Adolfo. CC-2009-303 cons. con CC-2009-591 4

comprender las complejidades de este caso, discuto los

mismos en detalle a continuación.

Los protagonistas de estas controversias son los siete

hijos e hijas de don Juan Adolfo Vilanova: Sonia Maritza,

Ricardo Adolfo, Ivonne Catherine, Diana Gloria y Sylvia

Vilanova Hernández, Diana Velia Vilanova Serrano y Annie

Vilanova Román; así como su viuda, Iris Belia Serrano

Cruz.15 La historia gira alrededor de la voluntad que

expresó don Juan Adolfo en su testamento y del caudal

millonario que dejó a estas ocho personas al fallecer en el

2007. Pero los sucesos que dieron pie a las controversias

familiares comenzaron mucho antes de su muerte.

Cuando don Juan Adolfo otorgó su testamento, el 23 de

junio de 1994, ya había experimentado quebrantos de salud

que podían crear duda sobre su capacidad mental.16 Sin

15 Los cinco hermanos y hermanas Vilanova Hernández son hijos de don Juan Adolfo con su primera esposa, Gloria Hernández Moloney, de quien se divorció en abril de 1966. En 1961, estando casado con Hernández Moloney, don Juan Adolfo procreó a Diana Velia junto a la señora Serrano Cruz, con quien se casó luego, bajo el régimen de sociedad de gananciales, en marzo de 1972; se divorciaron en enero de 1985 y se volvieron a casar en septiembre de 1992, con capitulaciones que establecieron la total separación de bienes. La hermana menor, Annie, es fruto de la relación de don Juan Adolfo con la señora Ana Román Crespo en 1979, vigente su primer matrimonio con Serrano Cruz. De otro lado, Ricardo Adolfo Vilanova Hernández falleció en abril de 2010, por lo que autorizamos que fuera sustituido por sus herederos: Ricardo Javier y Adolfo José Vilanova Fraticelli, Abimelec Vilanova Ocasio y Elizabeth González León. Véase Regla 42, Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. XXI R. 42. 16 Don Juan Adolfo tenía 75 años de edad cuando otorgó el testamento. Según sus récords médicos, presentaba síntomas CC-2009-303 cons. con CC-2009-591 5

embargo, no fue declarado incapaz judicialmente sino hasta

ocho años después.17

En su testamento abierto, don Juan Adolfo destinó el

tercio de legítima del caudal a sus siete hijos e hijas en

partes iguales; la totalidad del tercio de mejora a su hija

Diana Velia Vilanova Serrano, a ser pagado en acciones de

su compañía más importante, Pinturas Superior o Superior

Paint Manufacturing Company, y la totalidad del tercio de

libre disposición a su esposa Iris Belia Serrano Cruz,

quien recibiría además su usufructo viudal.18 En la

escritura, el testador designó albacea y contadora

partidora a Vilanova Serrano, quien sería sustituida por

Serrano Cruz de ser necesario. Según el testamento, don

Juan Adolfo les recomendó a sus albaceas defender el

testamento en todo momento, les prorrogó el plazo del

de demencia desde el 1993 y alucinaba debido a su problema de alcoholismo. 17 En el testamento se consignó que el notario y los testigos instrumentales tenían la impresión de que don Juan Adolfo gozaba de plena capacidad mental, así como que el testador declaró que la tenía y que un doctor y un psicólogo lo habían corroborado. Véase Testamento abierto de Juan Adolfo Vilanova Díaz, Escritura Número 30, otorgada ante el notario Eduardo R. Guzmán Valiente, el 23 de junio de 1994 [en adelante, Testamento de 1994]. Antes de la declaración judicial de enajenación mental, no es necesario que los doctores que evalúan la capacidad comparezcan al otorgamiento. Véanse los artículos 612 a 615 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. secs. 2112-2115. 18 Si Serrano Cruz le premoría, el tercio libre pasaría a Vilanova Serrano. Se crearon dos fideicomisos para casos en que ellas no pudieran manejar el dinero. El Fideicomiso Vilanova Serrano se creó en agosto de 2001 y el Fideicomiso Serrano Cruz en enero de 2002; ambos benefician a los dos hijos menores de edad de Vilanova Serrano. CC-2009-303 cons. con CC-2009-591 6

albaceazgo por el término que durara cualquier litigio

relacionado con la herencia y les relevó del pago de

fianza.19 También les confirió a sus albaceas amplias

facultades para defender el testamento y transigir litigios

relacionados con el caudal; ordenó que todas las gestiones

sobre el caudal las realizaran las albaceas de forma

extrajudicial y sancionó cualquier petición de intervención

judicial con el testamento pedida por los herederos con la

pérdida de derechos hereditarios.20

Ese testamento es objeto de impugnación. Los hermanos

Vilanova Hernández y Vilanova Román alegan que el

testamento fue diseñado para aumentar la porción que

recibiría Vilanova Serrano respecto al testamento anterior21

y que don Juan Adolfo se encontraba incapacitado

19 Además de las facultades conferidas por la ley, el testador concedió a sus albaceas las siguientes potestades: tomar posesión de todos sus bienes inmediatamente él muriera y administrarlos, realizar actos de dominio sobre bienes muebles e inmuebles, pagar sus deudas y cobrar sus créditos, retirar fondos depositados en instituciones financieras, firmar cheques y documentos negociables, realizar toda clase de operaciones bancarias, hacer negocios en las entidades de las que era accionista o socio, traspasar sus acciones a nombre de la albacea y cobrar los dividendos, suscribir toda clase de documentos y hacer las modificaciones que creyeran oportunas. Véase Testamento de 1994. 20 Asimismo, prohibió la colación de las donaciones; estableció que debían respetarse como válidas todas las disposiciones testamentarias referentes a las acciones corporativas de Pinturas Superior y señaló que esas instrucciones no tenían el objetivo de privar a ningún heredero de lo que le correspondía. Íd. 21 No era la primera vez que don Juan Adolfo enmendaba su declaración de última voluntad. Antes del Testamento de 1994, había otorgado otros tres testamentos abiertos en 1990, 1991 y 1992. CC-2009-303 cons. con CC-2009-591 7

mentalmente para testar cuando lo hizo.22 El Tribunal de

Primera Instancia resolvió que Don Juan Adolfo estaba

capacitado para testar. La revisión de esa determinación se

encuentra ante el Tribunal de Apelaciones.

La declaración de incapacidad de don Juan Adolfo se

solicitó el 1 de noviembre de 2000.23 El 20 de marzo de

2002, se le nombró un administrador judicial provisional al

testador. El foro de instancia lo declaró incapaz para

regir sus bienes y su persona el 12 de diciembre de 2002 y

le nombró a una procuradora de relaciones de familia como

tutora provisional.24 En su Resolución, el juez de instancia

relató que el perito del Tribunal opinó que don Juan Adolfo

sufría de demencia tipo Alzheimer, complicada por lesiones

22 Véase Demanda de impugnación de testamento y descalificación de albacea, presentada en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, el 18 de marzo de 2008, Caso K AC 2008-0372. Alegan que Serrano Cruz y Vilanova Serrano mantenían a don Juan Adolfo aislado y sedado con altas dosis de medicamentos, que no le permitían a los hermanos verlo y que lo engañaron para que otorgara el testamento. 23 Esta solicitud de declaración de incapacidad fue presentada por Ana Román Crespo, en representación de su hija menor de edad Annie Vilanova Román, dentro de un pleito de reclamación de alimentos en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Los hermanos Vilanova Hernández intervinieron, en febrero de 2001, para oponerse a que se designara tutora de don Juan Adolfo a Serrano Cruz o a Vilanova Serrano. Posteriormente, el 22 de noviembre de 2001, Serrano Cruz también pidió que declararan incapaz a su esposo en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, y todos los hermanos solicitaron intervención. 24 Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, D AL 1998-0270, 12 de diciembre de 2002. CC-2009-303 cons. con CC-2009-591 8

vasculares cerebrales y por los efectos del abuso del

alcohol.25

Dentro del pleito de incapacidad, los hermanos

Vilanova Hernández pidieron que se le ordenara a Vilanova

Serrano y Serrano Cruz permitirles visitar a su padre.26 El

30 de octubre de 2001, el Tribunal ordenó que se llevaran a

cabo relaciones paterno filiales entre don Juan Adolfo y

sus hijos mayores, y le nombró un defensor judicial hasta

tanto el perito del Tribunal examinara su estado físico y

mental.27 A Sonia Vilanova Hernández se le concedió la

tutela de su padre el 27 de octubre de 2003 y la custodia

física el 14 de noviembre de 2003.

Luego de la declaración de incapacidad, el 12 de

diciembre de 2003, el Tribunal de Primera Instancia

determinó que “estando incapacitado Juan Adolfo Vilanova

Díaz, se han transferido bienes cuantiosos de éste a nombre

y para beneficio de Iris Belia Serrano Cruz y Diana Velia

Vilanova Serrano y en detrimento del incapaz”.28 En ese

25 Las partes del presente pleito estipularon la incapacidad a octubre de 2002. A octubre de 2002, don Juan Adolfo se encontraba en una etapa en que tenía problemas de memoria, orientación y locomoción, a la que se llega luego de cuatro a seis años de enfermedad. 26 Los hermanos Vilanova Hernández alegan que Serrano Cruz y Vilanova Serrano aprovecharon la incapacidad de don Juan Adolfo para tomar el control gerencial de las empresas Vilanova. En 1994, Vilanova Serrano obtuvo la presidencia de Pinturas Superior y despidió a Ricardo Vilanova Hernández. 27 Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, D AL 1998-0270, 30 de octubre de 2001. 28 Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, D EX 2002-0080, 12 de diciembre de 2003. CC-2009-303 cons. con CC-2009-591 9

momento, la investigación sobre las transacciones

económicas de don Juan Adolfo, ordenada por el Tribunal en

mayo de 2002 a instancias del administrador judicial

provisional, apuntaba a que Serrano Cruz y Vilanova

Serrano, con el dinero del incapaz, habían adquirido un

seguro de vida de $7 millones a su nombre en el que ellas

eran las únicas beneficiarias, habían hecho un contrato de

anualidad variable por $4 millones en el que también eran

ellas las beneficiarias, habían depositado casi $3 millones

identificados como donación tipo father’s gift en una

cuenta a nombre de Vilanova Serrano y habían transferido

los fondos de las cuentas privativas de don Juan Adolfo a

cuentas conjuntas con Serrano Cruz.29 Por ello, el Tribunal

autorizó a la tutora Sonia Vilanova Hernández a ampliar la

investigación a transacciones realizadas desde 1994, a

contratar un contador para hacer una auditoría de los

estados financieros de don Juan Adolfo, a contratar un

perito calígrafo que analizara las firmas en contratos y

cheques, y a contratar abogados para instar acciones

judiciales con el fin de localizar y recuperar los bienes

del incapaz.

El 26 de enero de 2006, don Juan Adolfo, representado

por su tutora Sonia Vilanova Hernández y, a su vez, en

29 Estas transacciones ocurrieron entre el 1997 y el 2002. Las más importantes se dieron entre el 6 de noviembre de 2000 y junio de 2001, estando pendiente el pleito de incapacidad. El juez de instancia señaló que la “incapacidad verdadera” de don Juan Adolfo había comenzado años antes de que se solicitara la declaración judicial de incapacidad, el 1 de noviembre de 2000. CC-2009-303 cons. con CC-2009-591 10

representación de sus empresas, presentó una demanda de

reivindicación de bienes contra Serrano Cruz, Vilanova

Serrano y otros profesionales que contribuyeron para las

transferencias de fondos. En la demanda, alegó que, según

surgía de la investigación del administrador judicial,

Serrano Cruz y Vilanova Serrano, con el consentimiento

directo o tácito de los demás co-demandados, se habían

estado apropiando sistemáticamente de los bienes personales

de don Juan Adolfo, aprovechándose de que estaba

incapacitado clínicamente desde el 1993. Estimó las

pérdidas económicas causadas en $45 millones. Los

demandados contestaron y Serrano Cruz reconvino.

El 23 de noviembre de 2007, don Juan Adolfo murió. El

3 de diciembre, se paralizaron los procedimientos. A raíz

de su fallecimiento, surgieron las dos controversias que

hoy debemos resolver.

El 3 de diciembre de 2007, el Tribunal de Primera

Instancia ordenó a la Sucesión de don Juan Adolfo realizar

los trámites de sustitución de parte fallecida conforme a

la Regla 22.1 de Procedimiento Civil. Dicha regla, en su

parte pertinente, dispone que:

Si una parte fallece y la reclamación no queda por ello extinguida, cualquiera de las partes en el procedimiento o sus abogados o abogadas notificarán el fallecimiento al tribunal y a las otras partes dentro del término de treinta (30) días, contados desde la fecha en que se conozca tal hecho. El tribunal, a solicitud hecha dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha de dicha notificación, ordenará la sustitución de la parte fallecida por las partes apropiadas. Los o CC-2009-303 cons. con CC-2009-591 11

las causahabientes o representantes podrán presentar la solicitud de sustitución del finado o de la finada, y dicha solicitud se notificará a las partes en la forma dispuesta en la Regla 67 de este apéndice. La demanda se enmendará a los únicos fines de conformar la sustitución e incorporar las nuevas partes del pleito. Transcurrido el término sin haberse solicitado la sustitución, se dictará sentencia desestimando el pleito, sin perjuicio.30

Los hermanos Vilanova Hernández y Vilanova Román

pidieron sustituir a su padre en el pleito para la

restitución de bienes, el 15 de enero de 2008. El 6 de

febrero de 2008, Vilanova Serrano presentó una moción en la

que se opuso a la sustitución solicitada por sus hermanos y

pidió que don Juan Adolfo fuera sustituido por la Sucesión

compuesta por los siete hermanos y la viuda, representada

por ella como albacea. Argumentó que le correspondía a ella

representar al causante como demandante, según el artículo

584 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933:

Será deber de los administradores y, mientras éstos se nombren, de los albaceas representar al finado en todos los procedimientos comenzados por o contra el mismo antes de su muerte y los que se promovieran después por o contra el caudal de la herencia. Las acciones o procedimientos instruidos por o contra el finado se suspenderán a su muerte ínterin se haga cargo el albacea o se

30 Regla 22.1(b) de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V R. 22.1(b). Bajo las Reglas de Procedimiento Civil de 1979, el término para solicitar la sustitución era de seis meses y el transcurso de éste no implicaba la desestimación sin perjuicio, sino el sobreseimiento en cuanto a la parte fallecida. Regla 22.1(a) de Procedimiento Civil de 1979, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 22.1(a). No obstante, para fines de la controversia ante este Tribunal, la aplicación de una u otra versión de la Regla no tiene el efecto de llevar a una resolución diferente. CC-2009-303 cons. con CC-2009-591 12

nombre administrador y el albacea o administrador quedará subrogado como parte en la acción.31

El 21 de febrero, la jueza de instancia indicó que,

“de entrada”, no tenía reparos con sustituir al causante

por todos los miembros de la Sucesión, como solicitó

Vilanova Serrano, pero, para hacerlo, la albacea debía

acreditarle que el Tribunal le había expedido las cartas

testamentarias. Señaló que eso no eximiría a las co-

demandadas de comparecer en ese carácter. No obstante, hizo

constar que entendía que las circunstancias que motivaron

el caso de reivindicación de bienes eran distintas a las

que contempla el Código de Enjuiciamiento Civil cuando le

encarga a la albacea representar los intereses del

causante.32

El foro de instancia finalmente decidió que

correspondía a la albacea testamentaria como tal, no en

representación de la Sucesión, y a todos los herederos de

don Juan Adolfo sustituirlo como parte demandante, pues en

la sucesión testada se conoce la identidad de los herederos

y éstos deben actuar conjuntamente con la albacea en todos

los litigios a favor o en contra del caudal hereditario.

Asimismo, resolvió que Vilanova Serrano y Serrano Cruz

permanecerían como co-demandadas en su carácter individual;

31 Art. 584, Código Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 2471. En Mercado v. Mercado, 66 D.P.R. 811, 815 (1947), advertimos que los términos “administrador” y “albacea” suelen usarse indistintamente en estas disposiciones y en las españolas del mismo tema. 32 Orden del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, K AC 2006-0491, 21 de febrero de 2008. CC-2009-303 cons. con CC-2009-591 13

su inclusión como demandantes era sólo para efectos

procesales por ser herederas, porque sus intereses estaban

en claro conflicto con los de los demás demandantes.33

El 6 de mayo de 2008, los hermanos Vilanova Hernández

y Vilanova Román acudieron al Tribunal de Apelaciones.

Alegaron que la determinación del foro de instancia

perpetuaba el conflicto de intereses existente e imponía

una limitación al litigio, pues tendrían que obtener la

aprobación de Vilanova Serrano y Serrano Cruz para

presentar alegaciones contra ellas.34 También acudió al foro

apelativo Vilanova Serrano, el 8 de mayo, para que se

revocara la Resolución del Tribunal de Primera Instancia y

se dispusiera que fuera ella la única que sustituyera al

causante como demandante.35

El Tribunal de Apelaciones consolidó los recursos de

certiorari y revocó la resolución del foro primario.

Dispuso que, con el fin de salvaguardar los mejores

intereses de todas las partes, debía nombrarse un

administrador judicial especializado en el manejo de

inversiones para que representara a don Juan Adolfo como

demandante. Se basó en que, con la muerte del causante,

todos los integrantes de su sucesión heredaron su causa de

acción; en que la validez del testamento de don Juan Adolfo

33 Resolución del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, K AC 2006-0491, 3 de abril de 2008. 34 Caso KLCE 2008-0619. 35 Caso KLCE 2008-0631. CC-2009-303 cons. con CC-2009-591 14

se está cuestionando judicialmente, y en que un tribunal

puede nombrar administrador del caudal a un extraño cuando

las circunstancias lo ameriten.36

A este Tribunal recurrieron Vilanova Serrano y Serrano

Cruz para pedir que se revocara la Sentencia del foro

apelativo y se ordenara que la albacea sustituyera al

finado de forma exclusiva; en la alternativa, que se

desestimara la demanda de reivindicación de bienes. La

petición indica que el Tribunal de Apelaciones erró al no

aplicar la disposición del Código de Enjuiciamiento Civil

que establece que la albacea debe representar al causante

en los procedimientos instados por él antes de su muerte y

al sugerir que un extraño sustituyera al causante,

removiendo de facto a la albacea sin una vista previa y

adjudicando la validez del testamento a base de las

alegaciones de la otra parte sobre la incapacidad del

testador antes de que fuera declarada.37

presentaron su alegato en oposición. Solicitaron que se

denegara el certiorari de Vilanova Serrano y que se

ordenara que sólo ellos sustituyeran al causante; en la

alternativa, que se confirmara la Sentencia del Tribunal de

Apelaciones y se nombrara un administrador judicial.

36 Vilanova Díaz v. Vilanova Serrano, Sentencia del Tribunal de Apelaciones, KLCE 2008-0619, KLCE 2008-0631 y KLCE 2008- 0636, 10 de octubre de 2008. 37 Petición de Certiorari ante el Tribunal Supremo, CC-2009- 303, 13 de abril de 2009. CC-2009-303 cons. con CC-2009-591 15

Alegaron que sustituir al causante con la albacea impediría

que algunos miembros de la Sucesión hagan valer sus

derechos hereditarios, al dejar el caudal en manos de

quienes no se esforzarían por reivindicar los bienes que

forman parte de éste.38

Mientras se discutía quién debía sustituir a don Juan

Adolfo en el pleito de reivindicación de bienes, Vilanova

Serrano presentó una petición para que se expidieran cartas

testamentarias a su nombre, el 29 de febrero de 2008.39 Las

cartas testamentarias son el documento judicial mediante el

cual se autoriza a un albacea a ejercer sus funciones.40 Las

mismas se solicitan al aceptar expresamente el albaceazgo,

según dispone el artículo 597 del Código de Enjuiciamiento

Civil:

38 Alegato en oposición ante el Tribunal Supremo, CC-2009- 303, 27 de abril de 2009. Pidieron que fueran ellos los sustitutos del causante porque conllevaría menos gastos para el caudal, pero indicaron que, de no ser así, favorecían al administrador judicial como medida cautelar válida para proteger los derechos de las partes. 39 La petición juramentada fue presentada ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan; caso KJV 2008-0528. Recordemos que el foro de instancia había condicionado la inclusión de todos los miembros de la Sucesión representados por la albacea, en sustitución del causante, a que Vilanova Serrano acreditara que se habían expedido las cartas testamentarias a su favor. 40 Véanse I. Rivera García, Diccionario de términos jurídicos, 3ra ed., San Juan, LexisNexis, 2000, pág. 34; G. Velázquez, Teoría del Derecho Sucesorio Puertorriqueño, 2da ed., San Juan, Equity, 1968, pág. 259. CC-2009-303 cons. con CC-2009-591 16

Todo albacea que acepte el nombramiento hecho a su favor en un testamento deberá entregar al funcionario en cuya oficina se halla protocolado el testamento una aceptación del cargo por escrito, acompañada de un juramento, también por escrito, comprometiéndose a cumplir, del mejor modo que le fuera dable, sus obligaciones como albacea, sin lo cual no podrá hacerse cargo de los bienes del finado. La sala del Tribunal de Primera Instancia de la última residencia del finado o del lugar en que radican sus bienes, mediante la presentación de una certificación del notario u otro funcionario competente, en que conste haberse archivado dicha aceptación y juramento oficial, expedirá cartas testamentarias a favor del albacea, las cuales constituirán prueba de su autoridad. Tan pronto como un administrador haya prestado su fianza y juramento oficial, el juez o tribunal que lo hubiere nombrado expedirá a su favor cartas de administración bajo su sello, en testimonio de su autoridad.41

El 12 de marzo, los hermanos Vilanova Hernández y

Vilanova Román solicitaron intervención en el caso ex parte

de cartas testamentarias; se opusieron a la expedición de

éstas, pidieron la descalificación de Vilanova Serrano y

Serrano Cruz como albacea y albacea sustituta, y

solicitaron que se nombrara un administrador judicial de

los bienes del caudal, así como un contador partidor. El

juez superior que atendió la petición ordenó a Vilanova

Serrano mostrar causa por la cual no debía archivar la

petición hasta tanto se dilucidaran en pleitos

independientes todas las controversias sobre la validez del

testamento. Vilanova Serrano argumentó que esa decisión se

basaría en meras especulaciones y que procedía expedir las

cartas testamentarias.

41 32 L.P.R.A. sec. 2571. CC-2009-303 cons. con CC-2009-591 17

El 14 de agosto de 2008, el Tribunal de Primera

Instancia decidió desestimar sin perjuicio la solicitud de

cartas testamentarias hasta que se adjudicara la

controversia sobre impugnación de testamento. Indicó que la

petición ex parte era incompatible con el caso de

impugnación de testamento que estaba pendiente ante el foro

de instancia y con los remedios que habían solicitado los

interventores en el caso de las cartas, los cuales también

deberían ser atendidos en el otro pleito contencioso.42

Ese dictamen fue revocado por el Tribunal de

Apelaciones, el 24 de abril de 2009, tras la apelación

presentada por Vilanova Serrano el 1 de octubre de 2008. El

foro apelativo concluyó que no procedía el archivo sin

perjuicio de la petición de cartas testamentarias, pues,

aunque la acción contenciosa de nulidad de testamento puede

determinar la validez del nombramiento de la albacea,

todavía no ha recaído una sentencia sobre la eficacia del

testamento, que se presume válido mientras tanto. Por ello,

ordenó al tribunal de instancia atender la petición de

Vilanova Serrano de forma separada y expedir las cartas

testamentarias si no existía causa para denegarlas,

conforme a las exigencias del Código de Enjuiciamiento

Civil.43

42 Resolución del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, K JV 2008-0528, 14 de agosto de 2008. 43 Vilanova Serrano, Ex parte, Sentencia del Tribunal de Apelaciones, KLAN 0801-547, 24 de abril de 2009. CC-2009-303 cons. con CC-2009-591 18

El 9 de julio de 2009, los hermanos Vilanova Hernández

y Vilanova Román presentaron un recurso de certiorari ante

este Tribunal para que revocáramos al foro apelativo y

mantuviéramos en suspenso la expedición de cartas

testamentarias. Alegaron que no se puede atender el asunto

de las cartas testamentarias de forma independiente al caso

de validez del testamento, pues Vilanova Serrano utilizaría

la autorización de las cartas para poner en vigor el

testamento impugnado y buscar sustituir al causante en el

caso de reivindicación de bienes.44 Por su parte, Vilanova

Serrano presentó su oposición a la expedición del recurso,

en la que argumentó que se estaba rebatiendo la presunción

de capacidad del testador con meras alegaciones.45 El 15 de

enero de 2010, ordenamos la consolidación de los recursos

por tratar ambos de la misma controversia y los dimos por

sometidos.46

El albaceazgo es una institución de la sucesión

testamentaria mediante la cual el testador nombra a una

persona de confianza para que se asegure de que se cumpla

su voluntad después de su muerte, que se ejecuten las

disposiciones de su testamento y se conserven sus bienes

44 Petición de Certiorari ante el Tribunal Supremo, CC-2009- 591, 9 de julio de 2009. 45 Alegato en oposición ante el Tribunal Supremo, CC-2009- 591, 21 de julio de 2009. 46 Resolución del Tribunal Supremo, CC-2009-303 y CC-2009- 591, 15 de enero de 2010. CC-2009-303 cons. con CC-2009-591 19

hasta que se entreguen a quienes correspondan.47 Vélez

Torres señala que “es lógico pensar que la persona que

estaría en mejores condiciones para realizar estas

gestiones sería el heredero”, pero puede suceder que éste

no tenga la capacidad para administrar, “que surjan

desavenencias entre los interesados sobre la mejor forma de

administrar y cumplir con lo dispuesto por el causante, o

que el heredero encargado de la administración sea guiado

por la codicia”.48

En la misma línea, Puig Ferriol comienza su tratado

sobre el albaceazgo exponiendo que el problema principal de

esta institución del derecho sucesorio se resume en una

pregunta: “¿Es mejor que del exacto cumplimiento de las

disposiciones del difunto se encargue el heredero o un

tercero-albacea?”.49 En el presente caso, la interrogante se

complica con la combinación de la heredera y la albacea en

una misma persona. La pregunta entonces se convierte en:

¿Es apropiado que el exacto cumplimiento de las

disposiciones del difunto quede a cargo de una heredera-

albacea cuya idoneidad para el cargo se encuentra en

disputa? La clave para contestar estas interrogantes la

47 E. González Tejera, Derecho de Sucesiones – Tomo 2: La sucesión testamentaria, San Juan, Ed. UPR, 2002, págs. 535- 537. 48 J.R. Vélez Torres, Curso de Derecho Civil – Derecho de Sucesiones, 2da ed., San Juan, Revista Jurídica de la Universidad Interamericana, 1992, T. IV, Vol. III, pág. 337. 49 L. Puig Ferriol, El albaceazgo, Barcelona, Ed. Bosch, 1967, pág. 11. CC-2009-303 cons. con CC-2009-591 20

encontramos en el elemento de fiducia que caracteriza a la

figura del albaceazgo.

No existe una incompatibilidad general entre sucesión

y albaceazgo. Por eso, los herederos y legatarios pueden

ser, a su vez, albaceas. Sin embargo, el desarrollo de esta

figura demuestra que su mayor utilidad ha sido para

atemperar los conflictos entre los llamados a heredar.50

González Tejera afirma, incluso, que los albaceas serían

innecesarios si “la condición humana no fuera como es” y

todo causante pudiera confiar a plenitud en sus sucesores.51

Así, el albaceazgo se estableció como un cargo fiduciario,

voluntario, personalísimo y temporal para que la persona

que testaba pudiera nombrar a una persona de confianza que

hiciera cumplir su última voluntad, fuera su heredero o

no.52

El Código Civil sólo requiere que la persona designada

albacea sea mayor de edad y tenga capacidad para

obligarse.53 No obstante, como observa Albaladejo, hay

personas que, aunque no presentan los impedimentos que la

ley dispone como causas para excluirlos de entre los que

50 González Tejera, Derecho de Sucesiones – Tomo 2, op. cit., págs. 536-539. 51 Íd. a la pág. 537. Véase también J. Santos Briz y otros, Tratado de Derecho Civil – Teoría y práctica – Derecho de Sucesiones, Barcelona, Ed. Bosch, 2003, T. VI, pág. 381. 52 M. Royo Martínez, Derecho Sucesorio, Sevilla, Ed. Edelce, 1951, pág. 315. 53 Art. 815, Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2512; Alejandro v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 600, 617 (1972). CC-2009-303 cons. con CC-2009-591 21

tienen capacidad para ser albaceas, suscitan dudas en

cuanto a la conveniencia de que sean los llamados a

ejecutar ciertas disposiciones testamentarias.54 El análisis

para decidir si el albacea está capacitado para ejercer el

cargo debe hacerse, pues, desde el punto de vista de su

posibilidad de llevar a cabo las obligaciones que contrae y

de las garantías que ofrece para el mejor cumplimiento de

la misión encomendada.55

Según Miguel Royo, “en lo fundamental, el albaceazgo

confiere atribuciones a la persona que lo ostenta para que,

fuera del ámbito de sus personales intereses, haga valer

eficazmente la voluntad respecto de un patrimonio ajeno y

desarrolle una actividad normativa y decisoria frente a las

personas que tienen intereses en la sucesión”.56 Esas

atribuciones son las facultades que el testador le haya

otorgado expresamente en su testamento y que no sean

contrarias a las leyes.57 Si el testador no las especifica,

son las que el Código Civil determina: pagar los sufragios

y el funeral; satisfacer los legados en metálico, con el

conocimiento y beneplácito de los herederos; tomar

precauciones para preservar y custodiar los bienes, con

intervención de los herederos presentes; velar por la

54 M. Albaladejo, El albaceazgo en el derecho español, Madrid, Ed. Tecnos, 1969, págs. 201-202. 55 Íd. a la pág. 219. 56 (Énfasis suplido.) Royo Martínez, op. cit., pág. 315. 57 Art. 823, Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2520. CC-2009-303 cons. con CC-2009-591 22

ejecución del testamento y, si es justo, defender su

validez.58 Además, tienen las facultades secundarias

necesarias para ejercer las asignadas.59 Al ejecutar dichas

funciones, la persona designada albacea tiene que ajustarse

no sólo a las instrucciones del testamento, sino también al

principio que regula su misión: la fiducia.60

En González Muñiz, Ex parte, 128 D.P.R. 565, 571-573

(1991), discutimos esa naturaleza fiduciaria del albaceazgo

y, a base de la confianza que requiere este encargo,

establecimos que el albacea contrae una obligación de hacer

y debe ejecutarla con la diligencia de un buen padre de

familia. Por eso, responde por desidia, mala

administración, dolo, apropiación indebida de los bienes,

gastos innecesarios y litigios temerarios, entre otras

razones. Asimismo, en Alejandro v. Tribunal Superior, 100

D.P.R. 600, 608-611 (1972), tras notar que el Código Civil

menciona la remoción del albacea como una de las causas de

58 Art. 824, Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2521. 59 Pino Development Corp. v. Registrador, 133 D.P.R. 373, 390 (1993). 60 Véase J.L. Lacruz Berdejo, Derecho de Sucesiones, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1976, Vol. I, pág. 498. Puig Ferriol menciona como ejemplo que la facultad de custodiar los bienes hereditarios está en consonancia con el carácter fiduciario del albaceazgo, pues permite que la persona de confianza vele por que los herederos no oculten los bienes en detrimento de otros herederos. Puig Ferriol, op. cit., págs. 148-149. También indica que el poder de disponer de bienes hereditarios está predicado en la fiducia, porque el albacea debe asegurarse de que el producto de la venta pasará a manos de los herederos. Íd. a la pág. 205. Véase también L. Díez Picazo & A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, 7ma ed., Madrid, Ed. Tecnos, 1997, Vol. IV, págs. 444-445. CC-2009-303 cons. con CC-2009-591 23

terminación del albaceazgo pero no dispone cuáles son las

razones para la remoción,61 citamos las que ha establecido

la jurisprudencia española, que incluyen la mala

administración del caudal, la conducta dolosa en el

desempeño del cargo y el uso malicioso de sus facultades en

perjuicio de los llamados a la herencia.

Puig Ferriol explica que los tribunales españoles han

estimado los actos dolosos en beneficio propio como causa

suficiente para remover a una persona del cargo de albacea,

pues es “totalmente incompatible una conducta dolosa con el

desempeño de un cargo eminentemente fiduciario” y una de

las características fundamentales del albaceazgo es la

ejecución “en interés ajeno”.62 También identifica como

causa de remoción el que el albacea, a sabiendas, no

incluya todos los bienes del caudal al preparar su

inventario, que es un deber importante del albaceazgo.63

Por otro lado, González Tejera señala que un albacea

puede renunciar al cargo si no puede proseguir con la

encomienda sin causarle serios detrimentos a sus intereses

o a los de los herederos.64 Estas motivaciones están ligadas

61 Art. 832, Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2529. 62 Puig Ferriol, op. cit., pág. 257. Véase también E. Bárcenas Simarro, Particiones hereditarias extrajudiciales, Madrid, 1978, T. I, pág. 72. 63 Puig Ferriol, op. cit., págs. 202-203. El deber de inventariar en Puerto Rico está regulado en los artículos 568-570 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. secs. 2401-2403. 64 González Tejera, Derecho de Sucesiones – Tomo 2, op. cit., págs. 549. También indica que, en muchas CC-2009-303 cons. con CC-2009-591 24

a las condiciones que acompañan algunas de las facultades

de los albaceas, relacionadas con la intervención o el

consentimiento de los llamados a la herencia en las

decisiones del albacea. Lo que Royo llama el “sistema de

pesos y contrapesos” para la ejecución testamentaria

provoca que, a falta de acuerdo entre el albacea y la

mayoría de los herederos, éste tenga que desistir de tomar

ciertas medidas.65 El raciocinio detrás de esto es que, como

el nombramiento de un albacea priva a los herederos o co-

herederos de sus facultades como sucesores,66 el ejercicio

del cargo no puede perjudicarlos.67

Todas estas disposiciones sobre el albaceazgo

responden a que el elemento crucial de esta institución es

la fiducia. Por lo tanto, al autorizar el ejercicio del

cargo de albacea o al resolver controversias relacionadas

con su nombramiento, debemos tener en cuenta la importancia

de la confianza del testador en quien designa y de la

disposición de esa persona para actuar en beneficio de los

llamados a la herencia.

jurisdicciones angloamericanas, se considera que la persistencia de relaciones tensas con los herederos es justa causa para la renuncia. Íd. a la pág. 597 esc. 257. 65 Royo, op. cit., pág. 313; Lacruz Berdejo, op. cit., pág. 497. 66 Albaladejo, op. cit., pág. 25. 67 J.J. Gómez Ysabel, Problemas fundamentales del ejercicio del albaceazgo, Madrid, Ed. Reus, 1963, pág. 71. CC-2009-303 cons. con CC-2009-591 25

La figura del albaceazgo siempre ha generado discusión

y hasta decisiones contradictorias.68 De hecho, el punto

sobre el albaceazgo en el que coinciden los tratadistas

españoles es en que la regulación de esta figura en la

legislación es incompleta, existen demasiadas controversias

doctrinales respecto a su ejercicio y los tribunales no han

logrado armonizar las contradicciones que rodean el cargo

de albacea.69 La capacidad para instar acciones judiciales

en concurrencia con los herederos es una de las áreas del

albaceazgo que no está suficientemente regulada.70

La doctrina está dividida en cuanto a si la

legitimación del albacea excluye la intervención de los

herederos en los pleitos y viceversa. Albaladejo considera

que la intervención conjunta sólo se da en casos de defensa

del testamento o de la partición. En los demás casos,

depende de si la sustitución del causante en esa acción le

corresponde a los herederos o al albacea.71 Mientras, Puig

Ferriol expone que cualquier demanda impugnando el

testamento o exigiendo derechos sobre los bienes

hereditarios debe dirigirse al albacea mientras ejerce el

68 Véase Flecha v. Lebrón, 166 D.P.R. 330, 345-368 (2005) (Sentencia; Opinión de conformidad del Juez Rebollo López); J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 3ra ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1990, T. V, Vol. I, págs. 398-400. 69 Véase R. López Vilas, Configuración jurídica del albacea en derecho español, en Estudios de Derecho Civil en honor del Prof. Castán Tobeñas, Pamplona, Ed. Universidad de Navarra, 1969, Vol. VI, págs. 379-421. 70 Puig Brutau, op. cit., pág. 457. 71 Albaladejo, op. cit., págs. 373-374. CC-2009-303 cons. con CC-2009-591 26

cargo, y el albacea participará en todos los litigios

referentes a la constitución, ejercicio y terminación de su

albaceazgo. Fuera de estos supuestos, los herederos serán

los legitimados para actuar en juicios que afecten el

caudal hereditario, porque se subrogan en la posición del

causante. Añade Puig Ferriol que ello no impide que el

albacea pueda intervenir en esos pleitos, ya que su

participación puede ser útil para los herederos y

legatarios.72

Puig Brutau señala que la legitimación del albacea

para defender la validez del testamento en juicio, incluida

entre las facultades del cargo en el artículo 824 de

nuestro Código Civil, no implica que sólo el albacea puede

representar al causante en pleitos en su nombre. Entiende

que los herederos también están legitimados porque son

partes interesadas y tienen derechos que proteger.73 El

mismo razonamiento aplica cuando se analiza el artículo 584

del Código de Enjuiciamiento Civil, que impone a los

albaceas o administradores el deber de representar al

finado en los procedimientos judiciales iniciados antes de

su muerte o los relacionados con la herencia después de su

fallecimiento. La disposición ordena al albacea a

intervenir, pero no exige que sea con exclusión de los

causahabientes. Con relación a esta idea, en Paine v.

72 Puig Ferriol, op. cit., págs. 226-227. Sobre los herederos como continuación de la personalidad del causante, véase Torres Torres v. Torres Serrano, 179 D.P.R. 481, 496-497 (2010). 73 Puig Brutau, op. cit., pág. 460. CC-2009-303 cons. con CC-2009-591 27

Secretario de Hacienda, 85 D.P.R. 814, 820 (1962), este

Tribunal indicó que los albaceas no forman una persona

jurídica distinta de los herederos, pues “[e]l albaceazgo

no es otra cosa que una administración acompañada de un

derecho de representación para cumplir ciertas funciones

específicas relacionadas con la conservación del caudal

hereditario”.

Como señala Puig Ferriol, la legitimación del albacea

para hacer valer en juicio derechos y obligaciones

relacionados con el testamento

ha de configurarse como un supuesto de sustitución procesal, ya que el albacea es verdadera parte procesal porque defiende intereses que pertenecen a quien no puede hacerlos valer, pues el causante ya ha fallecido cuando entra en funciones el albacea y los destinatarios de los bienes hereditarios no adquieren ningún derecho de disposición sobre los mismos hasta tanto el albacea universal no les haya hecho entrega de los bienes o dinero de acuerdo con lo ordenado por el testador.74

De la misma forma, Albaladejo describe la sustitución

procesal del causante por el albacea como una en que el

segundo se convierte en parte sin ser titular de la

relación litigiosa “de forma que obra en nombre propio,

pero en interés ajeno (en el presente caso de los sucesores

o favorecidos por el testamento)”.75

En el caso ante nuestra consideración, Vilanova

Serrano, de autorizársele ejercer el cargo de albacea,

74 Puig Ferriol, op. cit., págs. 223-224. 75 (Paréntesis en el original). Albaladejo, op. cit., pág. 371. CC-2009-303 cons. con CC-2009-591 28

tendría que sustituir al causante en los litigios

relacionados con los bienes del caudal, pero no por ello

podría impedir la intervención de los herederos con interés

en esos pleitos. Asimismo, la albacea tendría que actuar,

tanto al representar al causante en procesos judiciales

como al llevar a cabo las demás encomiendas del testador,

con la responsabilidad fiduciaria que caracteriza el cargo.

VI

Las cartas testamentarias se expiden para acreditar la

autoridad del albacea nombrado en testamento.76 El Código de

Enjuiciamiento Civil exige a toda persona que acepte el

cargo de albacea comprometerse a cumplir con éste mediante

un escrito juramentado, que es lo mismo que la petición de

cartas testamentarias.77 Sin embargo, el Código Civil

considera aceptado el albaceazgo si la persona designada no

se excusa dentro de seis días después de conocer de la

muerte del testador o del nombramiento por testamento.78 En

Andino v. Andino, 83 D.P.R. 138, 140-141 (1961),

armonizamos ambos estatutos al determinar que existen dos

tipos de aceptación: la tácita, que se da con sólo no

renunciar al cargo, y la expresa, que se utiliza cuando la

extensión y complejidad del caudal obligan al albacea a

obtener la legitimación del tribunal para ejercer sus

76 García Ramis v. Serrallés, 171 D.P.R. 250, 251 (2007). 77 Art. 597, Código Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 2571. 78 Art. 820, Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2517. CC-2009-303 cons. con CC-2009-591 29

poderes. Esto quiere decir que, de ordinario, no es

necesario requerir la expedición de cartas testamentarias

para reconocerle a un albacea sus facultades para actuar

como tal. Una vez aceptado tácitamente el cargo, puede

ejercer como albacea. Ahora bien, el recurso que nos ocupa

no es un caso sencillo de aceptación del albaceazgo. La

composición del caudal que dejó don Juan Adolfo, así como

la situación conflictiva entre los miembros de la Familia

Vilanova, dictan el requerimiento de cartas testamentarias

y nos exigen expandir nuestro análisis sobre la procedencia

del cargo.

En Batiz v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 41, 42-47

(1975), explicamos que a los procedimientos de jurisdicción

voluntaria, como es el de cartas testamentarias, suelen

comparecer varias partes en defensa de intereses opuestos,

tornando el caso en uno contencioso en el que se debe

adjudicar una controversia genuina. Aquí nos enfrentamos a

un conflicto sobre la viabilidad de que Vilanova Serrano

ejerza la posición de albacea, un cargo eminentemente

fiduciario que no sería compatible con los actos que se

alegan en su contra. Esa controversia no se puede despachar

solamente con advertir que la centralidad del recurso es la

petición de cartas y que las cuestiones sobre el testamento

en virtud del cual se hace el nombramiento de la albacea se

atenderán en otro pleito. Erró al hacerlo el Tribunal de

Apelaciones y al concluir, además, que lo único que se

había presentado eran alegaciones sobre la falta de CC-2009-303 cons. con CC-2009-591 30

capacidad de Vilanova Serrano para fungir como albacea, lo

cual no incidía en la decisión de autorizar las cartas.

En cuanto a este punto, la Opinión mayoritaria llega a

una conclusión muy similar a la nuestra: debido a la

naturaleza fiduciaria del cargo de albacea, en un proceso

de expedición de cartas testamentarias en el que se

presente oposición por cuestionarse la idoneidad de la

persona nombrada albacea, deben considerarse factores como

el grado de conflicto de intereses de la albacea y la

desconfianza entre las partes. Eso fue lo que consideró

también el Tribunal de Primera Instancia en este caso al

negarse a acreditar la autoridad de la albacea en el

momento en que lo solicitó y dejar abierta la posibilidad

de que la solicitud se volviera a presentar y a considerar

en los méritos, al desestimar sin perjuicio. Sin embargo,

la Opinión mayoritaria confirma la determinación del

Tribunal de Apelaciones de revocar la decisión del foro de

instancia y ordenarle atender de forma separada la petición

de cartas testamentarias.

Se debe dar espacio para que la sala que tiene ante sí

la controversia pueda disponer sobre la validez del

testamento y la solicitud de descalificación de la albacea.

No se puede ignorar que ese pleito está pendiente y

consentir que la albacea ejerza sus facultades, con la

posible consecuencia de que lo haga sin autorización y en

perjuicio de los derechos de las demás personas

coherederas. Tomando en cuenta que ya se presentó prueba CC-2009-303 cons. con CC-2009-591 31

sobre la idoneidad de la albacea en la sala donde se

atendió la demanda sobre impugnación de testamento y

descalificación de albacea –que se encuentra en etapa de

apelación-, devolver el caso de cartas testamentarias al

foro de instancia para que evalúe la misma prueba

duplicaría y alargaría el proceso. Por entender que ello no

abonaría a la economía procesal en un caso que se está

litigando hace más de una década es que no apoyo la

devolución de este caso al foro de instancia, como dispone

la Opinión mayoritaria.

Por otro lado, la Opinión mayoritaria, al confirmar la

Sentencia del Tribunal de Apelaciones en el caso sobre

cartas testamentarias, hace la salvedad de que la petición

se deberá examinar no sólo a tenor con los requisitos de

competencia del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto

Rico sino también utilizando tres factores relacionados con

la idoneidad para ejercer el cargo fiduciario. Dichos

factores no son más que una traducción al español de la

doctrina discutida en un caso de un tribunal apelativo de

Ohio que interpreta una ley de ese estado.79

79 In re Estate of Young, 4 Ohio App 2d 315, 321 (1964); citado por el Tribunal Supremo de Ohio en In re Estate of Henne, 421 N.E.2d 506, 509 (1981). Los criterios que cita este caso del foro apelativo de Ohio fueron tomados de una sección de la compilación de jurisprudencia estatal American Law Reports. 18 A.L.R. 2nd 633 (1951), sustituida por 11 A.L.R. 4th 638 (1982, Sup. 2011). Sobre el problema que conlleva utilizar decisiones aisladas como fuentes de Derecho Comparado, véase H.C. Gutteridge, El Derecho Comparado: Introducción al método comparativo en la investigación y en el estudio del derecho, Barcelona, Ed. Instituto de Derecho Comparado, 1954, págs. 141-151. CC-2009-303 cons. con CC-2009-591 32

El método empleado en la Opinión mayoritaria es

totalmente inadecuado. No hay necesidad de recurrir al

derecho estatutario y la jurisprudencia de dos

jurisdicciones de Estados Unidos, Louisiana y Ohio, para

determinar que hay un elemento fiduciario en nuestra

institución de albaceazgo y establecer los criterios que

deben guiar a nuestros tribunales al analizarlo.80 El que

nuestro Derecho de Sucesiones se haya visto influenciado

por doctrinas estadounidenses, principalmente a través de

las disposiciones del Código de Enjuiciamiento Civil, no

justifica que se adopten como propias las legislaciones de

otras jurisdicciones que no necesariamente comparten los

principios de nuestro ordenamiento. No debemos perder de

perspectiva que el executor angloamericano es diferente al

albacea del Derecho Civil y que esa diferencia incide

necesariamente en las reglas sustantivas y procesales que

rigen ambas instituciones.81

Además, en Derecho Comparado, no es correcto recurrir

a las soluciones adoptadas por los entes legislativos en

otras jurisdicciones para interpretar las leyes nuestras.

80 Vilanova v. Vilanova, Opinión mayoritaria, págs. 27-40. La Opinión mayoritaria llega a la misma conclusión que nosotros sobre el elemento de fiducia del albaceazgo, pero por un camino distinto y, a mi entender, innecesario. De hecho, las fuentes legislativas estatales que utiliza se refieren a la idoneidad del albacea, pero no definen dicho concepto. Por eso, la mayoría parece sentirse obligada a recurrir a la interpretación que le han dado los tribunales de esos estados en casos particulares aislados. 81 Véanse González Tejera, Derecho de Sucesiones – Tomo 2, op. cit., pág. 567; Flecha v. Lebrón, supra, a las págs. 374-375, 385-386, 390-391. CC-2009-303 cons. con CC-2009-591 33

No puede convertirse en práctica acudir a los estatutos de

unos estados, como se hace en la Opinión mayoritaria, sin

explicar por qué se escogen esas disposiciones y no las de

otros estados o las de otros países. Recurrir a las

interpretaciones sobre esas leyes, ya sean doctrinales o

jurisprudenciales, podría ser de utilidad siempre y cuando

se establezca previamente la similitud entre el texto

foráneo interpretado y el propio. Esa semejanza debe

incluir no sólo las palabras de aquella ley sino también su

historial y propósito.82 Solamente si hay una verdadera

analogía entre el producto legislativo de una jurisdicción

distinta a la nuestra y la que nuestra legislatura adoptó

se justifica buscar ilustración en las interpretaciones y

aplicaciones del texto foráneo.83 Cabe recalcar que este

ejercicio se utiliza para ayudar en la interpretación de la

legislación propia, nunca para acoger por jurisprudencia

las disposiciones de otra jurisdicción.

Ciertamente, el artículo sobre expedición de cartas

testamentarias de nuestro Código de Enjuiciamiento Civil no

proviene de España. Pero, nuestra doctrina sobre el

82 Para una descripción detallada del método general empleado en Derecho Comparado, que incluye la selección del asunto de la comparación, la descripción de las normas y sus contextos, y el análisis de similitudes y diferencias, véase G. Danneman, “Comparative Law: Study of Similarities or Differences?”, en M. Reimann & R. Zimmermann (eds.), The Oxford Handbook of Comparative Law, Oxford, Oxford University Press, 2006, págs. 406-418. 83 Véase R. David & J.E. Brierley, Major Legal Systems in the World Today: An Introduction to the Comparative Study of Law, London, Ed. Stevens & Sons, 1985, págs. 14-16. CC-2009-303 cons. con CC-2009-591 34

albaceazgo y otros asuntos procesales relacionados con ese

cargo han utilizado el ordenamiento español como modelo.

Por ello, no se debe descartar el derecho español y

estudiar esa disposición de Puerto Rico únicamente a la luz

de las normas adoptadas en las jurisdicciones

angloamericanas.84 El estudio fragmentado de una disposición

legal que es parte de un conjunto de leyes que regula toda

un área de relaciones económicas e interpersonales siempre

va a acarrear el riesgo de producir resultados

inconsistentes.85

Ahora bien, al analizar nuestra doctrina de albaceazgo

de origen español así como la figura parecida del executor

en el derecho angloamericano, podemos concluir que los

conflictos de interés que tenga el albacea afectan su

desempeño; por eso deben considerarse antes de expedir las

cartas testamentarias. Entonces, dado que el Código de

84 Cuando este Tribunal ha tenido que enfrentarse a controversias sobre el tema del albaceazgo, la incompatibilidad de las disposiciones del Código Civil de origen español con las de origen angloamericano del Código de Enjuiciamiento Civil ha sido un problema recurrente. Por ejemplo, en Flecha v. Lebrón, supra, se discutió el alcance de las facultades del albacea, que eran más amplias en el Código de Enjuiciamiento Civil. Asimismo, en Mercado v. Mercado, supra, el conflicto surgió porque el Código Civil indica que el cargo de albacea es gratuito, mientras el de Enjuiciamiento Civil establece un esquema de compensación para los albaceas. Además, en Andino v. Andino, supra, el Tribunal armonizó la aceptación del cargo de albacea a través de cartas testamentarias dispuesta en el Código de Enjuiciamiento Civil con la aceptación tácita del cargo que establece el Código Civil. 85 Véanse M.A. Glendon, M.W. Gordon & C. Osakwe, Comparative Legal Traditions, Minnesota, West Publishing, 1985, págs. 11-14; L.J. Constantinesco, Tratado de Derecho Comparado, Madrid, Ed. Tecnos, 1981, Vol. I, págs. 318-329. CC-2009-303 cons. con CC-2009-591 35

Enjuiciamiento Civil permite que, una vez se expidan las

cartas testamentarias, la albacea se haga cargo de los

bienes del finado y ejerza sus funciones, me parece

apropiada la decisión del foro de instancia de desestimar

sin perjuicio la solicitud de las cartas hasta tanto se

resuelva el pleito sobre la validez del testamento y la

idoneidad de la albacea.

VII

La administración judicial se instituye para proteger

a todos aquellos que puedan tener un interés legítimo en el

caudal y se realiza “sin preferir unos intereses en

detrimento de los demás”.86 Según Cuevas Segarra, la

administración de la herencia cobra importancia en la

práctica cuando se hace necesario manejar adecuadamente el

caudal hereditario para proteger los intereses de los

llamados a suceder antes de la partición.87 El propósito de

nombrar un administrador o una administradora judicial de

los bienes del causante es conservarlos para que puedan

distribuirse más tarde entre las personas con derecho a

recibirlos.88 La decisión de hacer dicho nombramiento

depende de los hechos del caso y puede ser ordenada por el

86 E. González Tejera, Derecho de Sucesiones – Tomo 1: La sucesión intestada, San Juan, Ed. UPR, 2001, pág. 252. 87 J.A. Cuevas Segarra & A. Román García, Derecho Sucesorio Comparado (Puerto Rico y España), San Juan, Publicaciones JTS, 2003, pág. 364. 88 Planellas v. Pastrana, 63 D.P.R. 285, 290 (1944). CC-2009-303 cons. con CC-2009-591 36

tribunal89 o solicitada por el albacea testamentario,

cualquier heredero o legatario o los acreedores del

finado.90

El Código de Enjuiciamiento Civil, en su artículo 558,

dispone que se tiene que nombrar un administrador o una

administradora judicial cuando algunos de los herederos

estén ausentes, sean menores o sean incapacitados y no

tengan representantes.91 Hemos señalado que esta sección

especifica las circunstancias en las que es necesario el

nombramiento, mas no excluye la administración judicial en

cualquier otra instancia.92 Por lo tanto, en una situación

como la presente, en la cual se busca proteger el caudal en

lo que se dilucida la validez del testamento, se puede

decretar la administración judicial.93

Debemos mencionar que el artículo 557 del mismo Código

establece que, si el testador veda expresamente la

administración judicial sobre sus bienes y nombra albaceas

o contadores partidores para que realicen la división, no

se puede nombrar un administrador. La cláusula vigésimo

89 Ab Intestato Balzac Vélez, 109 D.P.R. 670, 678 (1980). 90 Art. 556, Código Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 2361. 91 32 L.P.R.A. sec. 2363. 92 Ab Intestato Balzac Vélez, supra, a las págs. 678-679; Ex parte Finlay, Waymouth & Lee y C. Armstrong e hijos, 42 D.P.R. 845, 851 (1931). 93 La Opinión mayoritaria reconoce que, “en estricto derecho, se puede nombrar un administrador judicial para la Sucesión Vilanova Díaz”. Vilanova v. Vilanova, Opinión mayoritaria, pág. 21. CC-2009-303 cons. con CC-2009-591 37

primera del Testamento de don Juan Adolfo prohíbe

“absolutamente toda intervención legal y judicial en su

Testamentaría” y ordena que la administración del caudal

relicto se practique extrajudicialmente en su totalidad.94

Asimismo, en la decimosexta cláusula, se designa a Vilanova

Serrano albacea y contadora partidora; o sea, se nombra a

la albacea y se le encomienda la división de los bienes.

Aunque no está ante nuestra consideración la validez de las

disposiciones del Testamento, es menester señalar que el

artículo 1010 del Código Civil dispone que la facultad de

hacer la partición se le puede encomendar a cualquier

persona que no sea uno de los coherederos, como lo es

Vilanova Serrano.95 Además, un testador no puede prohibir

toda intervención judicial con su testamento.96 Las

cláusulas in terrorem, dirigidas a intimidar a los

herederos para que no ataquen el testamento con fundamentos

de nulidad, suelen tenerse por no puestas.97 Ello implica

que las disposiciones testamentarias que servirían como

base para aplicar el artículo que imposibilita la

administración judicial podrían declararse inválidas.

94 Testamento de 1994, cláusula vigésimo primera. 95 31 L.P.R.A. sec. 2876. 96 El Estado interviene por cuestiones de interés público. Véase González v. Tribunal Superior, 97 D.P.R. 804 (1969), en el que el Tribunal intervino para impedir el discrimen por razón de género entre los miembros de una sucesión. 97 Art. 624, Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2129; González Tejera, Derecho de Sucesiones – Tomo 2, op. cit., págs. 334-336. CC-2009-303 cons. con CC-2009-591 38

Más aun, debido a que, en este caso, la administración

judicial se está utilizando precisamente para preservar los

bienes del caudal mientras se determina la validez del

testamento, renunciar a este mecanismo porque ese

testamento lo rechaza significaría dejar de velar por los

intereses de todos los llamados a la herencia. No podemos

abstraernos de la realidad y ampararnos en presunciones de

legitimidad para autorizar que se expidan cartas

testamentarias y que se sustituya al causante por la

albacea,98 a sabiendas de que la validez del testamento se

está dilucidando en un foro inferior y de que se ha estado

llevando a cabo una investigación sobre los bienes del

caudal por haberse imputado a Serrano Cruz y Vilanova

Serrano el haberse transferido bienes cuantiosos del

causante estando él incapaz. Nada impide tomar conocimiento

judicial sobre casos relacionados con el recurso presentado

ante este Tribunal, como lo han solicitado ambos grupos de

peticionarios, para proveer los remedios más adecuados en

protección de los derechos de todas las partes.

En Ab Intestato Balzac Vélez, 109 D.P.R. 670, 679

(1980), expresamos que la administración judicial es el

mecanismo apropiado para atender escenarios en los que se

hacen alegaciones sobre actos que ponen en peligro los

98 En el caso de expedición de cartas testamentarias, el foro apelativo basó su decisión de autorizarlas en que el testamento se reputará válido mientras no se declare su invalidez, a pesar de reconocer que la decisión en torno a la validez del testamento afectaría el nombramiento de la albacea. CC-2009-303 cons. con CC-2009-591 39

bienes del caudal. De manera similar, en Martínez et al. v.

Martínez, 26 D.P.R. 157, 158-159 (1918), indicamos que es

conveniente nombrar un administrador judicial en un caso en

el que está en disputa si la posesión de ciertos bienes por

un heredero conlleva la violación de los derechos de otros

herederos.

Asimismo, en Silva Oliveras v. Durán Rodríguez, 119

D.P.R. 254, 261-264 (1987), un caso sobre dilapidación de

bienes, resolvimos que, mientras se resolvía la

controversia sobre la capacidad mental de la dueña de los

bienes y la validez de un poder general otorgado por ella,

la manera más efectiva de proteger el patrimonio era

designando un administrador judicial. En ese caso,

enunciamos que precisamente para ese tipo de situaciones es

que existen estos remedios provisionales en nuestro

ordenamiento procesal.99 Además, en Planellas v. Pastrana,

63 D.P.R. 285, 290 (1944), decidimos que, ante el conflicto

de intereses entre los sucesores que debía ser dirimido en

un caso pendiente en el foro de instancia en el que se

solicitaba que se decretara la nulidad de la declaratoria

de herederos, procedía la administración judicial de los

bienes involucrados en la controversia para conservarlos y

entregarlos a quien finalmente demostrara su derecho a

heredarlos en la acción plenaria.

99 Silva Oliveras v. Durán Rodríguez, 119 D.P.R. 254, 264 (1987). CC-2009-303 cons. con CC-2009-591 40

En el presente caso, están pendientes de resolución

una acción de reivindicación de bienes del caudal que

alegadamente se apropiaron unas herederas en detrimento de

los demás herederos, así como un pleito independiente sobre

la validez del testamento en el que esos bienes se

distribuyen y en el que se encarga su manejo a una de las

herederas. Las circunstancias son propicias para decretar

la administración judicial.

Además, en marzo de 2008, los hermanos Vilanova

Hernández y Vilanova Román solicitaron ante el Tribunal de

Primera Instancia que se nombrara un administrador judicial

para velar por los bienes del caudal. Incluyeron esa

petición en su moción en oposición a la expedición de

cartas testamentarias y solicitud de descalificación de

albacea. La solicitud de administración judicial se

fundamentó en los resultados de la investigación sobre la

dilapidación de los bienes del causante por parte de

Vilanova Serrano y Serrano Cruz, en el pleito pendiente de

reivindicación de bienes y en el conflicto de intereses

entre los dos grupos de herederos. Los peticionarios

señalaron que la administración judicial procedía y

resultaba necesaria e indicaron los trámites en los que

podría intervenir el administrador, sin que su gestión se

limitara a ellos. La solicitud cumplió con los cinco

requisitos de contenido que establece el artículo 556 del

Código de Enjuiciamiento Civil: 1) consignó el hecho de la

muerte del causante; 2) explicó las circunstancias CC-2009-303 cons. con CC-2009-591 41

relativas a su último testamento; 3) justificó el interés

de los peticionarios en la administración y su derecho a

solicitarla por ser herederos forzosos del finado; 4)

enumeró los nombres y direcciones de todas las personas con

derecho a la sucesión, y 5) mencionó que el causante dejó

bienes sujetos a partición con expresión de cuantía.100 La

única exigencia con la que no cumplió fue que la petición

estuviera juramentada. Sin embargo, en Ab Intestato Balzac

Vélez, señalamos que “[c]omo foro de última instancia,

hemos estado siempre alertas de no privar a un heredero de

su derecho a pedir la administración judicial por sutilezas

técnicas como la falta de juramento de una petición”, por

lo que ese detalle no es impedimento para concederla.101

Asimismo, en la solicitud de remedio de su alegato

ante este Tribunal, en abril de 2009, los hermanos Vilanova

Hernández y Vilanova Román pidieron nuevamente que se

nombrara un administrador judicial, como medida cautelar

válida para proteger los bienes del caudal y los derechos

de todas las partes, en caso de que no se les permitiera

ser los únicos sustitutos del causante como demandantes en

el pleito de reivindicación de bienes.102 Si las

100 Solicitud de intervención; Oposición a expedición de cartas testamentarias; Descalificación de albacea, presentada en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, el 12 de marzo de 2008, Caso KJV 2008-0528. Véase Art. 556, Código Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 2361. 101 Ab Intestato Balzac Vélez, supra, a la pág. 678. 102 La solicitud se presentó en el Tribunal de Primera Instancia dentro del caso KJV 2008-528, que es el número que le asignó ese foro al caso sobre cartas testamentarias, CC-2009-303 cons. con CC-2009-591 42

circunstancias del caso lo ameritan y del expediente surge

que los requisitos de la solicitud de administración

judicial están presentes, el hecho de que los herederos no

hayan seguido estrictamente el proceso establecido por el

Código de Enjuiciamiento Civil para solicitarlo no veda el

que este Tribunal pueda acceder a su petición.

De otro lado, la existencia de una albacea

testamentaria no impide que se nombre un administrador

judicial. En Ab Intestato Marini Pabón, 107 D.P.R. 433,

438-439 (1978), el Tribunal decidió que no procedía la

administración, no por el mero hecho de que hubiera un

albacea, sino porque ponderó las actuaciones de éste y

concluyó que había desempeñado el cargo con la corrección y

que luego consideró el Tribunal de Apelaciones, bajo el número KLAN 0801-547, y que este Tribunal está atendiendo en la presente Opinión. A ese caso se le asignó el número CC-2009-591 en el Tribunal Supremo, y se consolidó con el caso CC-2009-303 sobre sustitución de parte, pues las partes eran las mismas y las controversias están íntimamente ligadas. Si la petición de administración judicial no se resolvió en el tribunal de instancia fue porque el caso en el que se presentó se desestimó en ese foro. Entonces, no se puede concluir que el interés de las partes en la administración judicial surgió luego de la Sentencia del tribunal apelativo y mucho menos que es un remedio que sugirió el Tribunal Supremo. Y, aun cuando fuera así, no sería impropio, pues los tribunales pueden conceder los remedios que procedan en derecho, según las alegaciones y la prueba, aunque las partes no los hayan solicitado. Reglas 42.4 y 71 de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V R. 42.4 y R. 71. Las Reglas de Procedimiento Civil de 1979 disponían lo mismo. 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 43.6 y R. 70. Véase J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Publicaciones JTS, 2000, Tomo II, págs. 704-707. Además, este Tribunal ha rechazado la idea de que una parte no puede variar su teoría del caso en su recurso apelativo. Sánchez v. Eastern Air Lines, Inc., 114 D.P.R. 691, 694-695 (1983). Véase también Valentín v. Housing Promoters, Inc., 146 D.P.R. 712, 719 (1998). CC-2009-303 cons. con CC-2009-591 43

el cuidado que la ley exige.103 A diferencia de aquel caso,

en que se determinó que el albacea estaba cumpliendo con

sus funciones “con toda normalidad”,104 en el recurso que

estamos atendiendo es evidente la controversia en torno a

la legitimidad de la albacea designada para ejercer ese

cargo. Por eso, no se encuentra presente el fundamento por

el cual la presencia de un albacea hace innecesaria la

administración judicial. Todo lo contrario; considerada la

historia de la Sucesión de don Juan Adolfo, es ineludible

el auxilio de una persona neutral que vele por la

conservación de los bienes, la corrección de los procesos y

los intereses de todos los herederos y las herederas.

Por las mismas razones, es lógico que la persona que

se designe como administradora tiene que ser “un extraño de

reconocida honradez y capacidad”, como ordena el artículo

564 del Código de Enjuiciamiento Civil para casos en que no

se pueda nombrar al cónyuge sobreviviente o a la persona

con mayor interés en la herencia por falta de capacidad

para el cargo u objeciones a que lo desempeñen.105 El

103 Por otra parte, en Cabanillas v. Torrent, 32 D.P.R. 42 (1923), confirmamos el nombramiento de un administrador judicial para conservar los bienes en lo que se decidía si eran privativos del causante o gananciales, aun cuando en el testamento se había nombrado un albacea, quien no había aceptado el cargo. En ese caso, indicamos que la presencia de un contador partidor tampoco impide la administración judicial de los bienes. Véanse, también: Ab Intestato Balzac Vélez, supra, a la pág. 678; Pérez et al. v. Álvarez, 32 D.P.R. 157 (1923). 104 Ab Intestato Marini Pabón, 107 D.P.R. 433, 437 (1978). 105 32 L.P.R.A. sec. 2369. En Ex parte Detrés, 67 D.P.R. 381, 384-385 (1947), señalamos que la preferencia que CC-2009-303 cons. con CC-2009-591 44

nombramiento de la viuda Serrano Cruz o de la heredera

Vilanova Serrano como administradoras derrotaría el

propósito de zanjar el conflicto de intereses entre los

miembros de la Sucesión a través de la administración

judicial.

El administrador o la administradora tiene la función

de “dirigir y proteger los intereses de la totalidad de la

herencia”.106 La persona administradora debe tomar posesión

inmediata de los bienes del finado, entregarlos a un

depositario para su resguardo,107 inventariarlos,108

conservarlos y procurar que den las rentas o productos que

correspondan.109 Como parte de sus tareas, la persona en

quien recaiga la administración judicial tendrá el deber de

localizar y recuperar cualquier bien del caudal que no esté

a su alcance, pero que tenga razones para pensar que

existe.110 Para ello, puede utilizar los procesos judiciales

que estime razonables, incluyendo representar al finado en

establece el artículo 564 a favor del cónyuge viudo no es absoluta y puede nombrarse a otra persona si se determina que el viudo o la viuda no puede ejercer el cargo. En Ríos, ex parte y Martínez, opositora, 67 D.P.R. 418 (1947), no se le dio preferencia a la viuda porque no residía en Puerto Rico. 106 Ab Intestato Balzac Vélez, supra, a la pág. 678. 107 Art. 567, Código Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 2372. 108 Art. 568-570, Código Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. secs. 2401-2403. 109 Art. 571, Código Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 2431. 110 González Tejera, Derecho de Sucesiones – Tomo 1, op. cit., pág. 263. CC-2009-303 cons. con CC-2009-591 45

los pleitos comenzados por él antes de su muerte.111 Hemos

manifestado que, cuando se sospecha que se ocultaron bienes

o cuentas que pertenecen al caudal, procede ordenar al

administrador judicial instituir procedimientos contra el

heredero o la heredera que realizaba las transacciones del

causante en sus últimos años de vida o contra quien

procediere para que rinda cuentas.112 Por lo tanto, en este

caso hubiera sido conveniente nombrar un administrador

judicial que sustituyera a don Juan Adolfo en el pleito de

reivindicación de bienes con el fin de formar el caudal

completo, en beneficio de todos los llamados a la herencia.

VIII

El procedimiento de sustitución de parte, regulado por

la Regla 22.1 de Procedimiento Civil, tiene el propósito de

que, ante el fallecimiento de una parte que no suponga el

fin del caso, la causa de acción pueda continuar a favor o

en contra de las personas realmente interesadas en el

pleito.113 Este mecanismo procesal atiende “al interés

111 Art. 584, Código Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 2471. El administrador judicial, por la representación que le concede la ley, y los herederos, como partes realmente interesadas, deben actuar conjuntamente en todos los litigios que se promuevan a favor o en contra del caudal hereditario. Descartes v. Tribunal de Contribuciones, 74 D.P.R. 567, 574 (1953); Franceschi v. Corte, 45 D.P.R. 666, 676 (1933). Ante la situación conflictiva en este caso, esa actuación conjunta se daría a través de la representación de la Sucesión por el administrador, en lugar de la intervención directa de ambos en el litigio. 112 Yumet v. Tribunal Superior, 80 D.P.R. 680, 698 (1958). 113 Echevarría Jiménez v. Sucn. Pérez Meri, 123 D.P.R. 664, 684 (1989). CC-2009-303 cons. con CC-2009-591 46

público de que los asuntos en los tribunales se solucionan

de forma expedita, evitando el perjuicio que la dilación

pueda causar a las partes”.114

No es discrecional de los tribunales conceder la

sustitución, pero para ello se requiere la notificación de

la muerte de la persona que ya está en el pleito y la

solicitud de sustitución por sus causahabientes o

representantes.115 En este caso, los miembros de la Sucesión

notificaron sobre la muerte de don Juan Adolfo y pidieron,

a tiempo, sustituir al causante como parte demandante. No

obstante, no fue posible autorizar la sustitución dados los

conflictos entre los herederos y las herederas, y las

solicitudes opuestas de incluir o excluir del pleito a

ciertos sucesores. Esta situación ha prolongado el litigio

y ha provocado su estancamiento.

Ante la inmovilización que representa esta

controversia, un administrador o administradora judicial

designada por el tribunal podría retomar el pleito instado

por don Juan Adolfo, evitando mayores dilaciones. Debemos

recordar que, cuando se realiza la sustitución, la causa de

acción queda inalterada; lo único que cambia es el nombre

de la parte y ésta ocupa el mismo lugar de quien

sustituyó.116 No sería efectivo sustituir al demandante

solamente por Vilanova Serrano y Serrano Cruz, contra

114 Cuevas Segarra, op. cit., Tomo I, pág. 454. 115 Íd.; 32 L.P.R.A. Ap. V R. 22.1(b). 116 Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 750 (1986); Carrasco v. Auffant, 77 D.P.R. 156, 160 (1954). CC-2009-303 cons. con CC-2009-591 47

quienes pesan la mayor parte de las alegaciones de mal uso

de los bienes en el caso. Tampoco sería conveniente

excluirlas como sucesoras del causante, pues se podrían

violar sus derechos como herederas.117 La sustitución de don

Juan Adolfo por el administrador o la administradora

judicial no afectaría los derechos sustantivos de las

partes.118

Entendemos que decretar la administración judicial,

además de ser una determinación avalada por el ordenamiento

legal, sería la más sensata. Tanto los hermanos Vilanova

Hernández y Vilanova Román como las señoras Vilanova

Serrano y Serrano Cruz nos expusieron en sus alegatos lo

difícil, y hasta absurdo, que sería pretender que personas

con intereses totalmente contrarios litiguen juntas como

co-demandantes o que la albacea asuma dos personalidades

antagónicas, teniendo que probar las alegaciones de la

demanda contra sí misma. Coincidimos con la Opinión

mayoritaria en que las demandadas no pueden ser también las

demandantes de modo directo. Mas, ninguna opción en la que

una o más de las partes en controversia tomen control del

caso sería justa para velar por los intereses de todos y

todas, ni eficaz para lograr determinar los derechos sobre

117 Recordemos que los derechos sucesorios no se limitan al derecho a recibir bienes del caudal. Véanse Arts. 599-602, 31 L.P.R.A. secs. 2081-2084; Torres Torres v. Torres Serrano, 179 D.P.R. 481, 496-497 (2010); Feliciano Suárez, Ex parte, 117 D.P.R. 402, 412-414 (1986); González Tejera, Derecho de Sucesiones – Tomo 1, op. cit., págs. 1-2. 118 Pereira v. I.B.E.C., 95 D.P.R. 28, 66 (1967). CC-2009-303 cons. con CC-2009-591 48

el caudal que corresponden a quienes acudieron a los

tribunales. Y es que, como dijimos en Jiménez v. Cruz, 33

D.P.R. 228, 234 (1924), “de seguir como hasta ahora, se

consumirán dichos bienes en gastos judiciales y continuarán

siendo motivo de separación y encono en vez de fuente de

bienestar”. Los procesos judiciales tienen que servir para

encontrar soluciones, no para acrecentar los conflictos

entre las partes y alargar el camino hacia su conclusión.

Con el nombramiento de un administrador o una

administradora judicial, se encauzarían los procesos hacia

una resolución más rápida y razonable, a la vez que se

permitiría que todos los miembros de la Sucesión estuvieran

igualmente representados como demandantes, en sustitución

del causante.

Entiendo que el Tribunal de Apelaciones no erró al

ordenar que un extraño sustituyera al causante, en

representación de todos los herederos y las herederas. Su

orden no entrañó una negación a aplicar el Código de

Enjuiciamiento Civil, que, como vimos, no exige la

sustitución exclusiva del causante por la albacea. Esas

disposiciones no pueden aplicarse mecánicamente en casos

que encierran conflictos entre la albacea y los interesados

en el caudal, como el presente. Al ordenar la

administración judicial, el foro apelativo tampoco

determinó la validez del testamento ni removió de facto a

la albacea de su cargo, pues esas controversias serán CC-2009-303 cons. con CC-2009-591 49

adjudicadas en el pleito pendiente sobre nulidad de

testamento.

IX

Por los fundamentos antes expuestos, confirmaría la

Sentencia del Tribunal de Apelaciones en el caso CC-2009-

303 y devolvería el caso al foro de instancia para la

continuación de los procedimientos. Ordenaría que, en el

epígrafe del caso sobre reivindicación de bienes, la parte

demandante fuera sustituida por el administrador judicial

designado, en representación de la Sucesión de Juan Adolfo

Vilanova Díaz y en representación de la participación de

Vilanova Díaz en las corporaciones en las que tenía

intereses económicos.

En el caso CC-2009-591, revocaría al foro apelativo y

desestimaría sin perjuicio la solicitud de expedición de

cartas testamentarias a favor de Vilanova Serrano. Ésta se

podría presentar nuevamente de determinarse por sentencia

firme que el testamento mediante el cual se le nombró

albacea es válido.

Como la Opinión mayoritaria resuelve lo contrario,

disiento.

Liana Fiol Matta Jueza Asociada