Universidad De Puerto Rico v. Lorenzo Hernández

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: March 27, 2012
• Docket: CC-2010-543
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Universidad de Puerto Rico en Aguadilla

Peticionaria Certiorari

v. 2012 TSPR 57

José Lorenzo Hernández 184 DPR ____

Recurrido

Número del Caso: CC-2010-0543

Fecha: 27 de marzo de 2012

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Aguadilla

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Luis M. Vázquez Lcda. Xiomara del Toro Díaz

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Samuel Figueroa González

Materia: Ley 3 – 1998, Ley de Hostigamiento Sexual en las Instituciones de Enseñanza; conducta constitutiva de hostigamiento sexual en el contexto académico.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

CC-2010-0543 v.

José Lorenzo Hernández

Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada señora Pabón Charneco

San Juan, Puerto Rico, a 27 de marzo de 2012.

Hoy examinamos por primera vez las

disposiciones de la Ley 3-1998, según enmendada,

conocida como Ley de Hostigamiento Sexual en las

Instituciones de Enseñanza, 3 L.P.R.A. sec. 149 et

seq. Particularmente debemos resolver si el

acercamiento de un profesor a un estudiante

universitario constituyó hostigamiento sexual a

tenor con dicha ley y en violación al Reglamento

General de la Universidad de Puerto Rico,

Reglamento Núm. 6479, Departamento de Estado, 25 de

junio de 2002, según enmendado. Esto, en el

contexto de una revisión judicial de las sanciones

disciplinarias impuestas por una institución

educativa. CC-2010-0543 2

I

Félix Cruz Morales (en adelante, estudiante o señor

Cruz Morales) cursaba estudios en la Universidad de

Puerto Rico (en adelante Universidad o institución) del

Recinto de Aguadilla cuando presentó una Querella por

hostigamiento sexual ante las autoridades universitarias

contra el Dr. José Lorenzo Hernández (en adelante doctor

Lorenzo Hernández o recurrido). Para la fecha, el

recurrido se desempeñaba como Catedrático en el

Departamento de Ciencias Sociales de la institución.

Luego de varios incidentes procesales, así como, de

los trámites informales requeridos por la reglamentación

vigente, el Rector de la Universidad de Puerto Rico en

Aguadilla - Prof. José Luis Arbona Soto- formuló cargos

contra el recurrido el 10 de abril de 2007. Esto por

violaciones a las Secs. 35.2.8, 35.2.14, 35.2.18 y

35.2.19 del Reglamento General de la Universidad de

Puerto Rico, supra;1 el Art. II, Sec. I de la Carta de

1 La Sección 35.2 del Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico, Reglamento Núm. 6479, Departamento de Estado, 25 de junio de 2002, según enmendado, indica que,

“las autoridades nominadoras podrán tomar acción disciplinaria contra los miembros del personal universitario por cualquiera de las siguientes causas :

…

Sección 35.2.8 - Actos que bajo los cánones de responsabilidad moral prevalecientes en la comunidad constituyen conducta inmoral. CC-2010-0543 3

Derechos de la Constitución de Puerto Rico, L.P.R.A.,

Tomo I, ed. 2008, pág. 272; el Título IX de la Ley

Federal de Educación, Ley Púb. Núm. 92-318, 23 de junio

de 1972 (86 Stat. 373), 20 U.S.C. 1681 et seq., según

enmendada, conocida en inglés como Title IX of the

Education Amendments of 1972; la Ley 3-1998, supra, y la

Carta Circular Núm. 95-06, conocida como Procedimiento

Enmendado para Tomar Acción Informal o Formal sobre

Querellas de Hostigamiento Sexual o Discrimen por Razón

de Sexo.2

Tras el procedimiento correspondiente, el Oficial

Examinador – Lcdo. Wilson Cabán Ayala - determinó que el

señor Cruz Morales era estudiante del Recinto de

Aguadilla y que tomó dos (2) cursos con el recurrido

durante el Año Académico 2005-2006. Durante este periodo

visitó con frecuencia la oficina del recurrido a quien

admiraba por sus conocimientos en el área de la

psicología.

Sección 35.2.14 - La comisión de cualquier acto obsceno, impúdico o lascivo. … Sección 35.2.18 - Conducta que constituya delito bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sea perjudicial al buen nombre de la Universidad.

Sección 35.2.19 - Violaciones a la Ley de la Universidad, a las disposiciones de este Reglamento y demás reglamentos universitarios”.

2 Formulación de Cargos, Apéndice de la Petición de Certiorari, pág. 133. CC-2010-0543 4

No obstante, para el primer semestre del Año

Académico 2006-2007 el señor Cruz Morales ya no era

estudiante del doctor Lorenzo Hernández mas si de la

Prof. Mirza González. La profesora González compartía

uno de los dos (2) cubículos que correspondían a la

oficina de ella y del recurrido. Asimismo, durante ese

semestre la Universidad se encontraba en el proceso de

selección del Rector y el recurrido era uno de los

candidatos para ese puesto.

En ese contexto, el 13 de octubre de 2006 el señor

Cruz Morales acudió a la oficina de la profesora González

a discutir su desempeño en una presentación. Luego se

dirigió a la oficina del recurrido a saludarlo. El señor

Cruz Morales indicó que conversaron sobre distintos

temas, pero que durante la conversación el recurrido “le

tomó las manos, le masajeó los brazos y el pecho y … se

le acercó respirando en el cuello y luego le lamió una

oreja”.3 Ante esta situación, salió de la oficina; llamó

a una amiga para contarle lo sucedido y posteriormente

presentó la Querella de autos. Además, señaló que el

doctor Lorenzo Hernández no le había faltado el respeto

en ocasiones previas y que el incidente duró unos

minutos.

El Oficial Examinador recomendó la desestimación de

los cargos contra el doctor Lorenzo Hernández y el

3 Informe del Oficial Examinador, Apéndice de la Petición de Certiorari, pág. 171. CC-2010-0543 5

archivo de los mismos con perjuicio. Concluyó que se

violó el derecho a un debido proceso de ley al no

notificar correctamente la Querella y al excederse de los

términos del proceso informal establecidos en la Carta

Circular 95-06, supra. Además, concluyó que no se

demostró que ocurriera hostigamiento sexual en ninguna de

sus modalidades. Particularmente expresó que no se afectó

el rendimiento académico del estudiante y que el

incidente ocurrió en una sola ocasión y duró unos

Así las cosas, el Rector del Recinto de Aguadilla

emitió la Resolución correspondiente. Este no acogió las

recomendaciones expuestas en el Informe del Oficial

Examinador por entender que las conclusiones de derecho y

las recomendaciones no se ajustaban al derecho existente

sobre hostigamiento sexual en el marco académico, pues,

el Informe no diferenciaba apropiadamente entre un

ambiente obrero-patronal y un ambiente académico.

Finalmente destituyó al doctor Lorenzo Hernández como

Catedrático mediante una Resolución emitida el 11 de

diciembre de 2008.

El doctor Lorenzo Hernández recurrió ante el

Presidente de la Universidad de Puerto Rico, Lcdo.

Antonio García Padilla. Este ordenó la desestimación del

recurso. Por ello, el doctor Lorenzo Hernández recurrió

ante la Junta de Síndicos; cuerpo que denegó la apelación CC-2010-0543 6

y sostuvo la determinación del Presidente de la

Universidad.

Inconforme, el recurrido presentó un recurso de

revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. El 23

de abril de 2010, el foro a quo revocó la determinación

de la Junta de Síndicos al concluir que no existía prueba

que demostrara que la conducta imputada al recurrido

constituyera un ambiente de estudios intimidante, hostil

u ofensivo que fuera lo suficientemente severa y ofensiva

para afectar al señor Cruz en sus estudios de conformidad

con la jurisprudencia de la Ley Núm. 17, infra.

Inconforme, la Universidad recurre ante nos y señala

los errores siguientes:

Erró el Tribunal de Apelaciones al revocar a la Junta de Síndicos de la Universidad resolviendo que a base de los hechos determinados en el caso de autos no se probó la conducta imputada de hostigamiento sexual en una institución de enseñanza conforme a la Ley Núm. 3 de 4 de enero de 1998.

Erró el Tribunal de Apelaciones al revocar a la Junta de Síndicos dejando totalmente impune de sanciones disciplinarias al recurrido aun cuando se probó que la conducta imputada violó el Reglamento General de la Universidad.

Examinado el recurso, acordamos expedir. Contando

con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

procedemos a resolver. CC-2010-0543 7

II

Previo a examinar la controversia medular es

necesario discutir algunos planteamientos presentados por

el recurrido en su Alegato de Réplica. Este cuestiona

principalmente los fundamentos para su destitución y el

proceso adjudicativo seguido.4 Puesto que todos los

planteamientos en cuanto al procedimiento administrativo

están interrelacionados, los discutiremos en conjunto.5

Primero, el recurrido postula que la Universidad no

observó los términos que dicta la Ley Núm. 170 de 12 de

agosto de 1988, según enmendada, conocida como Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 L.P.R.A. secs.

2101 et seq. Específicamente, alega una violación de los

4 Los planteamientos del recurrido en cuanto a su destitución se resumen en que fue destituido conforme a cargos no probados pues no se presentó el quantum de prueba necesario. Además, señala que hubo ausencia de dos (2) elementos constitutivos de hostigamiento sexual. Sobre el particular arguye que el hostigamiento sexual por ambiente hostil requiere que se configure un patrón y que los actos “hayan causado tal grado de ansiedad y debilitamiento de la estima y confianza propias del demandante, que sus condiciones de empleo se hayan contaminado impermisiblemente”. Recurso de Revisión, Apéndice de la Petición de Certiorari, pág. 108, citando a S.L.G. Afanador v. Roger Electric, Co., Inc., 156 D.P.R. 651 (2002). Estos planteamientos son atendidos en la Parte IV de esta Opinión. 5 Luego de examinar todos los planteamientos adicionales, resolvemos que no atenderemos otras alegaciones presentadas por el recurrido. Este alega que el Rector entregó las grabaciones originales al abogado de la querellante, sin proveerse antes, una copia al querellado y sin garantías de una adecuada custodia de las mismas. Indica que se extravió parte de las grabaciones. Añade que el Rector utilizó prueba ajena al expediente y que intentó inducir a perjurio al Oficial Examinador al solicitarle determinaciones de hechos adicionales. Además, argumenta que el Rector concluyó que el estudiante “sufrió daños emocionales, sin que hubiese determinaciones de hechos en ese sentido…”.

Sin embargo, el recurrido menciona someramente estos planteamientos sin discutir y fundamentar apropiadamente sus contenciones. Véase, Regla 33 del Reglamento del Tribunal Supremo de 1996, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A (2002) R. 33. Por tal razón, el recurrido no nos puso en posición de resolver sus planteamientos adicionales. CC-2010-0543 8

términos dispuestos en los Arts. 3.13(g) y 3.14 de la Ley

Núm. 170, supra, 3 L.P.R.A. secs. 2163(g) y 2164. Esas

secciones disponen un término de seis (6) meses para

resolver el procedimiento adjudicativo ante las agencias

y otro término de noventa (90) días para emitir una

Resolución final después de concluida la vista o

presentadas las determinaciones de hechos y conclusiones

de derecho.

A estos efectos, la Asamblea Legislativa impuso a

las agencias la obligación de adjudicar todo caso dentro

de los términos señalados. Hemos señalado que ambos

términos son directivos y no jurisdiccionales. O.E.G. v.

Román, 159 D.P.R. 401, 420 (2003); Lab. Inst. Med. Ava.

v. Lab. C. Borínquen, 149 D.P.R. 121 (1999); J. Exam.

Tec. Méd. v. Elías et al., 144 D.P.R. 483, 494-495

(1997). Sin embargo, la ampliación de los términos sólo

ocurre en las circunstancias dispuestas en la Ley Núm.

170, supra, “a saber, circunstancias excepcionales,

consentimiento escrito de todas las partes, o causa

justificada”. Lab. Inst. Med. Ava. v. Lab. C. Borínquen,

supra, pág. 136. Ante el incumplimiento de una agencia

con su deber de decidir expeditamente la parte afectada

tiene disponible como remedios “la presentación de un

mandamus ante el foro judicial, o una moción de

desestimación ante la agencia concernida”. Íd. CC-2010-0543 9

En el caso de autos, por tratarse de la Querella de

un estudiante la Procuradora Estudiantil era la persona a

cargo de la investigación inicial. Esta no debía exceder

los quince (15) días laborables. Sin embargo, el

recurrido no cooperó con ella. La Procuradora

Estudiantil le citó para que ofreciera su versión de los

hechos. No obstante, el doctor Lorenzo Hernández indicó

que en esos momentos estaba en proceso de candidatura

para la Rectoría y que no contaba con “el tiempo para

responder a [la] situación presentada por el

estudiante”.6 Posteriormente, debido a que el doctor

Lorenzo Hernández era candidato para la Rectoría, la

entonces Rectora del Recinto se inhibió. Esta inhibición

causó dilación en los procedimientos pues la

investigación se refirió al Presidente de la Universidad

para que este, a su vez, reasignara la investigación a

otro Rector; todo ello en beneficio de la pulcritud de

los procesos que enfrentó el doctor Lorenzo Hernández.

Asimismo, durante el procedimiento de adjudicación

formal que comenzara con la formulación de cargos, el

doctor Lorenzo Hernández nunca solicitó mediante mandamus

o moción de desestimación que se resolviera dentro del

término ante el alegado incumplimiento.7 A contrario

6 Informe de la Procuradora Estudiantil de la U.P.R. de Aguadilla, Elsa I. Colón, Apéndice de la Petición de Certiorari, pág. 117. 7 El recurrido solicitó la desestimación del procedimiento por falta de quantum de prueba el 25 de enero de 2008. Memorando de Derecho, Apéndice de la Petición de Certiorari, pág. 144. CC-2010-0543 10

sensu, presentó este argumento por primera vez durante la

apelación. Por tales razones, resolvemos que la

Universidad no cometió la violación imputada.

Por otro lado, el recurrido plantea como violaciones

procesales que el Rector incluyera como hechos probados

las alegaciones de un testigo no creídas por el Oficial

Examinador; que no le remitiera el Informe del Oficial

Examinador conjuntamente con la Resolución; que esta

careciera de determinaciones de hechos, y que se

incorporara en la decisión institucional el asesoramiento

de dos (2) expertos de la Universidad.

Ciertamente, el recurrido merece una adjudicación

imparcial, basada en el expediente tal como exige la Ley

Núm. 170, supra. Esto es parte del debido proceso de ley

a que tiene derecho. Sin embargo, debemos aclarar que al

igual que en otras agencias, el procedimiento

administrativo seguido por la Universidad culmina con la

decisión de la institución luego de un proceso

adjudicativo en el que intervienen diversas personas con

distintas funciones.

Tal como requiere el procedimiento de adjudicación

formal, la autoridad nominadora designa un Oficial

Examinador para atender el trámite de la Querella y

recibir prueba, pero retiene su facultad decisoria. Al

ejercerla posteriormente, esta no tiene que acoger la

totalidad del Informe del Oficial Examinador de no CC-2010-0543 11

considerarlo correcto. Sin embargo, esta decisión pudiera

tornar más rigurosa su revisión posterior. Misión Ind.

P.R. v. J.C.A., 145 D.P.R. 908, 933-934 (1998); Henríquez

v. Consejo Educación Superior, 120 D.P.R. 194, 208

(1987). Lo “[e]sencial al debido proceso [es que la

autoridad nominadora tome] una decisión informada con

conocimiento y comprensión de la evidencia ofrecida, sin

que importe al caso el medio o mecanismo por el que esa

inteligencia de la cuestión debatida llegue a su poder”.

A.D.C.V.P. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 875, 883

(1974). Es más, como hemos expresado, especialistas en

diversas disciplinas del personal de la agencia pueden

contribuir a la redacción de informes finales. La persona

facultada a decidir puede descansar en estos, pues no

cuenta necesariamente con el conocimiento especializado

para ello.8 A.D.C.V.P. v. Tribunal Superior, supra, pág.

882. Véase además, D. Fernández Quiñones, Derecho

Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo

Uniforme, 2da ed., Colombia, Ed. Forum, pág. 185.

En el caso de autos, a la autoridad nominadora de la

unidad institucional era a quien le correspondía

adjudicar finalmente la controversia de conformidad con

el récord. Art. XVI, Certificación Núm. 44 del Consejo de

Educación Superior (1984-85), Reglamento Núm. 3901,

Departamento de Estado, 13 de abril de 1989, conocido

8 Al respecto, el recurrido reconoció que el Rector puede servirse de todo el asesoramiento legal necesario para cuestiones técnicas. CC-2010-0543 12

como Normas para Reglamentar los Procedimientos

Disciplinarios que Afecten al Personal Universitario.

La Resolución emitida indica que:

[a]l leer detenidamente el informe del Oficial Examinador se advierte que la recomendación de desestimación no se fundamenta en un cuestionamiento de los sucesos relatados por el estudiante querellante, Sr. Félix Cruz, sino en alegaciones procesales y de derecho. Puesto que el Oficial Examinador no puso en entredicho la veracidad de los hechos alegados por el estudiante, sentimos la responsabilidad de ser muy cuidadosos antes de acoger o rechazar la recomendación de desestimación contra el Dr. Lorenzo. Pesa el deber de proteger el derecho del querellado, pero también el del querellante y el de la propia Universidad, cuya responsabilidad primaria es garantizar un ambiente libre de hostigamiento sexual.9

Particularmente la Resolución concluye:

- que las objeciones procesales y las conclusiones de derecho que sirven de base a las conclusiones del Oficial Examinador son contrarias al estado de derecho existente en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y a la Política Pública de no tolerancia al Hostigamiento Sexual de la Universidad de Puerto Rico,

- que el Informe no diferencia apropiadamente entre un ambiente obrero patronal y un ambiente académico,

- que acoger la tesis adelantada por el Oficial Examinador – en el sentido de que un solo acto de avance sexual con contacto físico no deseado no es suficiente para constituir hostigamiento sexual, independientemente de su intensidad y efecto – implicaría dejar a los estudiantes de la Universidad expuestos a conducta repetida de hostigamiento sexual de parte de un profesor obrando sobre víctimas distintas para eludir ser sancionado.10

9 Resolución, Apéndice de la Petición de Certiorari, pág. 180. 10 Íd., pág. 184. CC-2010-0543 13

Como podemos observar, el Rector analizó

detenidamente las recomendaciones del Oficial Examinador.

No obstante, descartó las conclusiones de derecho del

Informe del Oficial Examinador al considerarlas

contrarias a la política pública y al propio

funcionamiento de la institución. En cambio, adoptó en la

Resolución el asesoramiento de otros dos (2) expertos de

la Universidad. Esto es cónsono con sus facultades

institucionales.

Por lo tanto, tras examinar el expediente ante

nuestra consideración, no hemos encontrado evidencia que

apoye los planteamientos del recurrido. Es más, las

conclusiones de derecho del Rector y las determinaciones

de hechos que este adoptara, son cónsonas también con las

determinaciones de hechos expuestas en el Informe del

Oficial Examinador. Por lo tanto, resolvemos que estas

son meras alegaciones, sin evidencia y desvirtuadas de su

contexto por el doctor Lorenzo Hernández. Al respecto,

hemos establecido en repetidas ocasiones que meras

alegaciones no constituyen prueba. Pereira Suárez v.

Jta. Dir. Cond., res. en 30 de junio 2011, 182 D.P.R. ___

(2011), 2011 T.S.P.R. 102, 2011 J.T.S. 107; Alberty v.

Bco. Gub. de Fomento, 149 D.P.R. 655, 671 (1999). Esto

cobra mayor fuerza en el procedimiento administrativo que

tiene a su favor una presunción de regularidad y

corrección. Henríquez v. Consejo Educación Superior,

supra, pag. 210. En el caso de autos la determinación CC-2010-0543 14

administrativa no demuestra ser arbitraria, caprichosa o

discriminatoria.

No obstante, no podemos pasar por alto que el

Informe del Oficial Examinador no fue notificado

conjuntamente con la Resolución. La reglamentación

pertinente indica que “copia del informe del Oficial

Examinador será enviada conjuntamente con la Resolución

emitida por la autoridad nominadora al querellado”. Art.

XV de la Certificación Núm. 44, supra. Sin embargo, esta

fue adquirida de forma separada y previa. No podemos

concluir que su obtención separada haya causado perjuicio

alguno al recurrido ni violado el debido proceso de ley.

Hernández García v. J.R.T., 94 D.P.R. 22, 29 (1967). El

recurrido tuvo la oportunidad de usarlo en su defensa y

pudo ejercitar su derecho a apelar ante el Presidente de

la Universidad, luego ante la Junta de Síndicos y

finalmente en los tribunales.

Atendido lo anterior pasemos a resolver las

controversias relacionadas con el hostigamiento sexual en

las instituciones de enseñanza.

III

A. Evolución legal del discrimen por sexo y la modalidad

de hostigamiento sexual: antecedentes de la Ley 3-1998

Nuestra Constitución declara como precepto cardinal

la inviolabilidad de la dignidad de todo ser humano. A

su vez, proclama nuestra igualdad ante la ley y prohíbe CC-2010-0543 15

el discrimen por motivo de raza, color, sexo, nacimiento,

origen o condición social, ni ideas políticas o

religiosas. Art. II, Sec. 1, Const. P.R., L.P.R.A., Tomo

1, ed. 2008, pág. 272. Este cuerpo supremo de normas nos

protege, inter alia, contra ataques abusivos a la honra,

a la reputación, a la vida privada o familiar. Art. II,

Sec. 8, Const. P.R., supra, pág. 317.

Fue en consecución de tales mandatos que la Asamblea

Legislativa promulgó una serie de leyes para prohibir y

responsabilizar por el discrimen por razón de sexo.

Véanse, Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según

enmendada, 29 L.P.R.A. secs. 146-151; Ley Núm. 69 de 6 de

julio de 1985, según enmendada, conocida como Ley contra

el Discrimen en el Empleo por Razón de Sexo, 29 L.P.R.A.

sec. 1321 et seq.; Ley Núm. 17 de 22 de abril de 1988, 29

L.P.R.A. secs. 155 et seq. Sin embargo, no fue hasta

finales de los años 70 que se acuñó el término

“hostigamiento sexual” y se puso nombre a una conducta

discriminatoria que no había sido definida. B.W. Dziech y

M.W. Hawkins, Sexual Harassment in Higher Education:

Reflections and New Perspectives, 1998, pags. 4-5. Fue

entonces que nuestro ordenamiento mediante la Ley Núm.

17, supra, declaró como política pública del Estado que

el hostigamiento sexual es una modalidad de discrimen por

razón de sexo y prohibió este tipo de conducta en el

empleo. Véanse, Delgado Zayas v. Hosp. Int. Med. CC-2010-0543 16

Avanzada, 137 D.P.R. 643, 651 (1994); Rodríguez Meléndez

v. Sup. Amigo, Inc., 126 D.P.R. 117, esc. 4(1990).

No obstante, tras diez (10) años desde su

promulgación, la Asamblea Legislativa pudo observar el

efecto detrimental del hostigamiento sexual en las

instituciones de enseñanza sobre la dignidad del ser

humano y cómo este quedaba fuera del marco de aplicación

de la Ley Núm. 17, supra, y de las leyes federales

aplicables.11 Exposición de Motivos de la Ley Núm. 3,

supra, 1998 Leyes de Puerto Rico, pág. 5. Es por ello

que mediante la Ley Núm. 3, supra, reconoció el contexto

particular en el que se desarrolla el hostigamiento

sexual en las instituciones educativas, así como sus

implicaciones particulares en el derecho a la educación.

Esto, además de la violación que conlleva a la dignidad e

igualdad de todo ser humano.12

11 Mediante el Título IX de la Ley Federal de Educación, Ley Púb. Núm. 92-318, 23 de junio de 1972 (86 Stat. 373), 20 U.S.C. 1681 et seq., según enmendada, conocida en inglés como Title IX of the Education Amendments of 1972, el ordenamiento federal prohibió que por razón de sexo cualquier persona sea excluida de participar, se le denieguen los beneficios o sea sometida a discrimen en cualquier programa o actividad educativa que reciba asistencia financiera federal. El Departamento de Educación Federal es la agencia encargada de ejecutar este mandato. Por otra parte, se ha interpretado que el Título IX incluye la prohibición de conducta constitutiva de hostigamiento sexual en las instituciones de enseñanza.

Por lo tanto, aquellas instituciones académicas que no reciben fondos federales no están amparadas bajo el Título IX. Exposición de Motivos, Ley 3-1998, según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 149 et seq. 12 A pesar de las diferencias entre nuestro ordenamiento y el federal, la Corte Suprema federal reconoció en Davis v. Monroe County Bd. of Ed., 526 U.S. 629, 650 (1999), también que: “Students are not only protected from discrimination, but also specifically shielded from being „excluded from participation in‟ or „denied the benefits of‟ any „education program or activity receiving Federal CC-2010-0543 17

Así las cosas, la Ley Núm. 3, supra, prohibió el

hostigamiento sexual contra los estudiantes en las

instituciones de enseñanza de Puerto Rico.13 Dicho

estatuto definió el hostigamiento sexual en estas

instituciones y reconoció como política pública del

Estado velar porque los estudiantes - niños, jóvenes y

adultos - tengan el derecho a realizar sus estudios

libres de la presión que constituye el hostigamiento

sexual. 3 L.P.R.A. secs. 149a y 149b(a). Para ello,

proveyó al estudiante diversos remedios, tales como, pero

sin limitarse a: ser resarcido por daños; ser repuesto en

sus estudios; presentar una Querella ante la institución

y presentar una Demanda civil en el Tribunal de Primera

Instancia y solicitar un interdicto de hacer o desistir.

3 L.P.R.A. sec. 149j.

Además, la Asamblea Legislativa le impuso a las

instituciones de enseñanza diversas obligaciones con el

fin de prevenir, desalentar y evitar este tipo de

conducta, así como responsabilidad civil por aquellas

actuaciones que constituyeran hostigamiento sexual. 3

L.P.R.A. secs. 149e-149i. A esos efectos, el grado de

responsabilidad impuesto a las instituciones de enseñanza

financial assistance.‟ § 1681(a). The statute makes clear that, whatever else it prohibits, students must not be denied access to educational benefits and opportunities on the basis of gender”. 13 Mediante el término “institución de enseñanza” se ampara a todo estudiante de “toda escuela elemental, secundaria o superior, universidad, instituto, escuela vocacional o técnica, privadas o públicas reconocidas o no por los organismos reguladores, que ofrezcan programas de estudios o destrezas…” 3 L.P.R.A. sec. 149b(b). CC-2010-0543 18

varía dependiendo de la relación del hostigador con la

institución. En cuanto a las actuaciones constitutivas

de hostigamiento sexual por parte de su personal docente

y no docente, serán responsables “independientemente de

si los actos específicos objeto de controversia fueron o

no prohibidos por la institución de enseñanza, e

independientemente de si la institución y el personal

docente y no docente de ésta sabía o debía estar enterada

de la prohibición de la conducta”. 3 L.P.R.A. sec. 149e.

Sin embargo, en cuanto a otros actores (estudiantes o

personas no empleadas), la responsabilidad queda limitada

a situaciones en que la institución supiera o debiera

saber de la conducta prohibida (salvo que tomara acción

inmediata y apropiada).14

Por su parte y en cumplimiento de sus deberes bajo

el ordenamiento federal y estatal, así como parte de su

autoridad disciplinaria, la Universidad promulgó la

Política Pública en Relación con el Hostigamiento Sexual

en la Universidad de Puerto Rico mediante la Carta

Circular Núm. 95-03 de 16 de agosto de 1994. En ella

prohibió las conductas que presenten aspectos de

hostigamiento o discrimen sexual sin importar la

14 Estos grados de responsabilidad, así como otros aspectos de la ley, la distinguen de su homóloga federal, pero son similares a los dispuestos en la Ley Núm. 17 de 22 de abril de 1988, 29 L.P.R.A. sec. 155b. Cabe señalar que la ley también expresa que el estudiante que alegue haber sido afectado puede ser responsable en caso de levantar planteamientos frívolos al amparo de esta ley. 3 L.P.R.A. sec. 149k. CC-2010-0543 19

jerarquía, puesto o sexo de las personas involucradas.

Véase además, Carta Circular 95-06, supra.

La Universidad también desarrolló un procedimiento

informal que atiende particularmente las preocupaciones

expuestas por el estudiantado. Este conlleva una

investigación a cargo de la Oficina del Procurador o de

la Procuradora de Estudiantes con el propósito de

intentar una resolución informal de conflictos y

establecer medidas de protección para el estudiante o la

estudiante, sin que se entiendan como sanciones contra el

querellado. Tampoco conlleva necesariamente accionar los

procedimientos disciplinarios, aunque se recomienda el

nombramiento de un Oficial Examinador también durante

esta etapa. Por otro lado, la Universidad desarrolló un

procedimiento formal posterior para la posible imposición

de sanciones disciplinarias que incluyen desde una

amonestación oral hasta la destitución dependiendo de la

gravedad de la infracción. Véanse, Sec. 35.3 del

Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico,

supra; Carta Circular 95-06, supra, y Certificación Núm.

44, supra.

B. Hostigamiento sexual en el empleo y en las

instituciones de enseñanza

La similitud de los textos de la Ley Núm. 17, supra,

y la Ley Núm. 3, supra, ha suscitado ciertos argumentos

entre las partes y los foros que requieren que examinemos CC-2010-0543 20

la aplicabilidad de la normativa jurídica en los casos de

hostigamiento sexual en el empleo al contexto de las

instituciones de enseñanza.

Por un lado, la Universidad alega que existen

diferencias significativas entre la Ley Núm. 3, supra, y

la Ley Núm. 17, supra. Indica que el propósito de la

primera es proteger a los estudiantes de manera que

puedan realizar sus estudios libres de la presión que

constituye el hostigamiento sexual. Es por ello que

concluye que el lenguaje utilizado para definir la

conducta en la modalidad de ambiente hostil es distinto

en el marco académico-estudiantil. Además, la Universidad

señala que el recurrido incurrió en conductas que la ley

identifica como constitutivas de hostigamiento sexual en

las instituciones de enseñanza tales como: roce corporal,

ataques físicos, demandas implícitas de favores sexuales,

miradas lascivas y comentarios impropios. Véase,

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 3, supra.

A contrario sensu, el doctor Lorenzo Hernández

arguye que el hostigamiento sexual por ambiente hostil

proscrito en la Ley Núm. 17, supra, es similar al

prohibido en la Ley Núm. 3, supra, y solamente varían las

personas a quienes se protege con una u otra ley. Por lo

tanto, concluye que corresponde a los tribunales definir

el tipo de conducta prohibida y para ello se pueden

servir por analogía de las normas establecidas en el CC-2010-0543 21

ambiente de trabajo y las interpretaciones

correspondientes.

Como podemos extraer de los Arts. 17 y 18 del Código

Civil, 31 L.P.R.A. secs. 17 y 18, así como nos esbozan

claramente Elfren Bernier y Cuevas Segarra:

…las diversas leyes relacionadas entre sí por su objetivo o propósito, no deben ser interpretadas separadamente, sino refiriéndose las unas a las otras como un todo, buscando la intención legislativa. En otras palabras, que deben ser tratadas como un todo armónico, leyéndolas en conjunto y no interpretando aisladamente sus disposiciones. R. Elfren Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las Leyes en Puerto Rico (Ed.Luiggi Abraham), 2da ed., Puerto Rico, Publicaciones JTS, 1987, pág. 481. Véase Lucero v. San Juan Star, 159 D.P.R. 494, 511 (2003).

“Ahora bien, las leyes no se interpretan ni se

aplican en un vacío”. Román Cruz v. Díaz Rifas, 113

D.P.R. 500, 505 (1982). “[U]n determinado caso puede

requerir un tratamiento distinto al que se le haya dado a

otro, por más que éstos parezcan ser iguales”. Íd. Igual

situación ocurre cuando existen dos (2) leyes similares,

con objetivos muy parecidos, pero que pueden tener

interpretaciones distintas. Con estas bases, examinemos

las leyes en cuestión.

Comenzamos apuntando que la definición de

hostigamiento sexual de la Ley Núm. 3, supra, es muy

similar a la definición expuesta en la Ley Núm. 17, CC-2010-0543 22

supra.15 Sin lugar a dudas, la Asamblea Legislativa

consideró ampliamente la Ley Núm. 17, supra, al momento

de diseñar la legislación sobre hostigamiento sexual

aplicable a las instituciones de enseñanza.16 Ambas

leyes son textualmente muy parecidas y sus objetivos

coinciden en varios aspectos, entre los que se 15 El Art. 3, Ley Núm. 17, supra, 29 L.P.R.A. sec. 155b, indica que:

“El hostigamiento sexual en el empleo consiste en cualquier tipo de acercamiento sexual no deseado, requerimientos de favores sexuales de cualquier otra conducta verbal o física de naturaleza sexual o que sea reproducida utilizando cualquier medio de comunicación incluyendo, pero sin limitarse, al uso de herramientas de multimedios a través de la red cibernética o por cualquier medio electrónico, cuando se da una o más de las siguientes circunstancias:

(a) Cuando el someterse a dicha conducta se convierte de forma implícita o explícita en un término o condición de empleo de una persona

(b) Cuando el sometimiento o rechazo a dicha conducta por parte de la persona se convierte en fundamento para la toma de decisiones en el empleo o respecto del empleo que afectan a esa persona.

(c) Cuando esa conducta tiene el efecto o propósito de interferir de manera irrazonable con el desempeño del trabajo de esa persona o cuando crea un ambiente de trabajo intimidante, hostil u ofensivo”. (Énfasis suplido).

En cuanto al Art. 4 de la Ley 3, supra, véase pág. 23 de la Opinión.

16 Véase, Exposición de Motivos de la Ley 3-1998 (“[L]a Ley Núm. 17 de 2[2] de abril de 1988 [29 L.P.R.A. secs. 155 et seq.] que prohíbe el hostigamiento sexual en el empleo, puso de manifiesto la existencia del mismo mal en las instituciones de enseñanza…”). CC-2010-0543 23

encuentran: proteger a los ciudadanos del discrimen por

razón de sexo en la modalidad de hostigamiento sexual,

proveerles un remedio a los afectados por hostigamiento

sexual, e imponer responsabilidad civil por tales

conductas.

No obstante, la Asamblea Legislativa decidió atender

en leyes separadas el problema de hostigamiento sexual en

el empleo y el hostigamiento sexual en las instituciones

de enseñanza. Resaltan de esta forma las diferencias

entre los propósitos, las poblaciones que ambas leyes

protegen y otras protecciones que ofrecen.

Mientras la Ley Núm. 17, supra, prohíbe el

hostigamiento sexual en el empleo, la Ley Núm. 3, supra,

busca prohibir el hostigamiento sexual contra los

estudiantes de forma tal que estos tengan un ambiente

propicio para su desarrollo y aprendizaje. Art. 1, Ley

Núm. 17, supra (29 L.P.R.A. sec. 155); Arts. 1 y 2, Ley

Núm. 3, supra (3 L.P.R.A. secs. 149-149a). Por lo tanto,

las leyes en cuestión aplican en contextos muy distintos:

el contexto obrero-patronal y el contexto educativo.

En el contexto educativo, la Ley Núm. 3, supra,

protege a los estudiantes de todas las edades, incluyendo

a un sector de estudiantes quienes usualmente son una

población de menor edad y de menor madurez mental y

física, en comparación a los miembros de la fuerza

laboral. Por lo tanto, no podemos esperar que todo CC-2010-0543 24

concepto, normativa e interpretación se adapte en el

contexto académico. En vista de ello, y a diferencia del

contexto obrero patronal, observamos que el estatuto no

provee expresamente de un término de prescripción17 y

modifica la definición de hostigamiento sexual para este

sector de la población.

Todas las diferencias señaladas justifican el que la

interpretación de la Ley Núm. 17, supra, y su

jurisprudencia, no puedan ser aplicadas de forma

automática e irreflexiva en casos de hostigamiento sexual

en el contexto de instituciones de enseñanza sin

considerar las diferencias entre el contexto de

aplicación de cada ley y las personas involucradas. En

consecuencia, resolvemos que la normativa aplicable al

contexto obrero-patronal es meramente persuasiva y no

determinante para la interpretación de la Ley Núm. 3,

supra. Por estas mismas razones, nuestras conclusiones en

el presente caso se limitan al contexto académico.

Aclarado lo anterior, examinemos las disposiciones

aplicables de esta legislación.

IV

17 29 L.P.R.A. sec. 155m. (El término prescriptivo para presentar una causal de acción por hostigamiento sexual en el contexto laboral es de un año desde que terminan las circunstancias que podrían entorpecer el ejercicio de la acción.) CC-2010-0543 25

El Art. 4 de la Ley Núm. 3, supra, define

hostigamiento sexual en las instituciones de enseñanza

como:

…cualquier tipo de conducta o acercamiento sexual explícito o implícito no deseado hacia cualquier estudiante de la institución en que incurra un director, superintendente de escuela, supervisor, agente, estudiante, persona no empleada por la institución, maestro o empleado del personal docente o no docente de la institución.

Se entenderá por hostigamiento sexual no deseado el requerimiento de favores sexuales y cualquier otra conducta, explícita o implícita, verbal o física de naturaleza sexual hacia el estudiante cuando se da una o más de las siguientes circunstancias:

(a) Cuando esa conducta o acercamiento - indeseado tiene el efecto o propósito de amedrentar, amenazar al estudiante, interferir de manera irrazonable con el desempeño de los estudios de esa persona o cuando crea un ambiente de estudios intimidante, hostil u ofensivo.

(b) Cuando el sometimiento o rechazo a dicha conducta o acercamiento indeseado por parte de la persona se convierte en fundamento para la toma de decisiones con respecto a cualquier aspecto relacionado con los estudios de la persona.

(c) Cuando someterse a dicha conducta o acercamiento indeseado se convierte de forma implícita o explícita en una condición para permanecer en la institución de enseñanza. Art. 4, Ley 3-1998, 3 L.P.R.A. sec. 149c. CC-2010-0543 26

A su vez, se considerará la totalidad de las

circunstancias en que ocurrieren los hechos para

determinar si la alegada conducta o acercamiento

indeseado constituye hostigamiento sexual. 3 L.P.R.A.

sec. 149d.

Por lo tanto, la ley establece quién es el sujeto

protegido, quién es el actor y cuál es la conducta

prohibida, es decir, una conducta de naturaleza sexual

(explícita o implícita, verbal o física) y no deseada.

Además, de una lectura del precepto citado colegimos

que la Ley Núm. 3, supra, prohíbe el hostigamiento sexual

en las instituciones de enseñanza en dos (2) modalidades:

quid pro quo y ambiente hostil, intimidante u ofensivo.

Por su parte, la primera modalidad se prohíbe mediante

los incisos (b) y (c). Estos incisos proscriben el

hostigamiento sexual a cambio de algo; puede ser como

condición para que el estudiante permanezca en la

institución de enseñanza o que el sometimiento o rechazo

del hostigamiento sea fundamento para la toma de alguna

decisión respecto al estudiante. Por otro lado, el

hostigamiento sexual por ambiente hostil, intimidante u

ofensivo se prohíbe en el inciso (a) del precepto legal

citado.

En el caso de autos, la Universidad alega que la

conducta del profesor “interfirió irrazonablemente” con CC-2010-0543 27

los estudios del estudiante; creó un ambiente de estudios

intimidante, hostil y ofensivo, así como tuvo un efecto

amenazante y de amedrentamiento en el estudiante. Por

esta razón, enfocaremos nuestro análisis en el inciso (a)

del Art. 4.

Cabe señalar que a pesar de que englobemos todo el

inciso bajo la modalidad denominada como “ambiente hostil

o intimidante”, la Asamblea Legislativa ha determinado

que este se configura en las instituciones de enseñanza

cuando la conducta sexual de una persona18 tiene el

propósito o efecto de amedrentar, amenazar al estudiante

o interferir irrazonablemente con el desempeño en sus

estudios o cuando la conducta sexual convierte el

ambiente de estudios en uno intimidante, hostil u

ofensivo. Art. 4, Ley Núm. 3, supra. La Asamblea

Legislativa recalca además a través de la Exposición de

Motivos de la ley que cualquiera de estas circunstancias

es suficiente para responsabilizar a la institución

académica. Véase, Exposición de Motivos, Ley Núm. 3,

supra.

Empero, lo que constituye conducta sexual bajo esta

modalidad no puede evaluarse exclusivamente en función de

la percepción de una de las partes involucradas. Para

determinar qué conducta se considerará hostigamiento

18 Esta persona puede ser: un “director, superintendente de escuela, supervisor, agente, estudiante, persona no empleada por la institución, maestro o empleado del personal docente o no docente de la institución”. Art. 4, Ley Núm. 3, supra. CC-2010-0543 28

sexual por ambiente hostil, es necesario analizar todas

las circunstancias en que ocurrieron los hechos. 3

L.P.R.A. sec. 149d. Por esta razón, el análisis de lo que

constituye hostigamiento sexual, incluyendo la modalidad

de ambiente hostil, no puede ser uno meramente

matemático. Ciertamente no puede ser un estudio en el

vacío, abstraído de la realidad, las personas, lugar y

tiempo en que ocurren lo sucesos.

Además, para determinar qué conducta constituye

hostigamiento sexual y evaluar todas las circunstancias,

es necesario, como regla general, realizar un análisis de

dos (2) partes: subjetivo y objetivo.19

Por un lado, el análisis subjetivo asegura que la

persona afectada por la conducta la estime como una

hostil, intimidante u ofensiva. En otras palabras, debe

analizarse si el estudiante se sintió amenazado;

amedrentado; si percibió que el ambiente en la

institución de enseñanza se tornó en uno intimidante,

hostil, ofensivo, o que interfiriera con su desempeño

como consecuencia de la conducta hostigadora. No

obstante, dado que la Ley Núm. 3, supra, aplica desde

nivel elemental somos conscientes de que puede haber

estudiantes de tierna edad y madurez a quienes le sea

injusto requerirle que haya percibido la conducta como

intimidante, hostil u ofensiva. Por esa razón, habrá 19 Hemos adoptado un análisis similar en el contexto obrero patronal. Véase, Delgado Zayas v. Hosp. Int. Med. Avanzada, 137 D.P.R. 643, 651 (1994). CC-2010-0543 29

ocasiones en las que el análisis subjetivo sea

innecesario. Sin embargo, siempre se deberá analizar la

conducta bajo un crisol objetivo.

La finalidad del análisis objetivo es determinar si

la conducta puede razonablemente entenderse como que

amenazara, amedrentara, interfiriera irrazonablemente con

los estudios o le creara al estudiante un ambiente

suficientemente hostil, intimidante u ofensivo al

examinar la totalidad de las circunstancias de cada caso.

Al hacer un análisis objetivo en casos de

hostigamiento sexual en el contexto obrero-patronal,

hemos mencionado factores tales como: la naturaleza de la

conducta alegada, su frecuencia e intensidad, contexto en

el cual ocurre, período de tiempo y su extensión, y la

conducta y circunstancias personales del demandante.

Véase, en general, Delgado Zayas v. Hosp. Int. Med.

Avanzada, supra; Rodríguez Meléndez v. Sup. Amigo, Inc.,

supra. En los casos obrero-patronales es usual utilizar

las guías de hostigamiento sexual emitidas por la

Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo (Equal

Employment Opportunity Commission). 29 C.F.R. sec.

1604.11. Véase, Rodríguez Meléndez v. Sup. Amigo, Inc.,

supra, págs. 130-131.

De manera similar, el Departamento de Educación

Federal ha diseñado las Guías Revisadas de Hostigamiento

Sexual: Hostigamiento de Estudiantes por Empleados de CC-2010-0543 30

Escuela, otros Estudiantes y Terceros20 (en adelante

Guías).21 Estas se diseñaron a raíz del estatuto federal

contra el discrimen en las instituciones de enseñanza.

Título IX de la Ley Federal de Educación, supra. Las

Guías constituyen una fuente de gran ayuda al juzgador

pues lo ilustran al evaluar diversos factores sobre lo

que constituye hostigamiento sexual por ambiente hostil.

Estas han sido formuladas y revisadas, con la

participación de diversos sectores, incluyendo

organizaciones e individuos, para prevenir y evitar el

hostigamiento sexual en el contexto académico.22

Algunos de los factores incluidos en las Guías que

ayudan a realizar el análisis objetivo para evaluar si

ocurrió hostigamiento sexual por ambiente hostil son:

primero, el grado en que la conducta afectó al

estudiante; segundo, el tipo, frecuencia y duración de la

conducta; tercero, la identidad y relación entre el

20 Traducción nuestra. 21 Departamento de Educación de Estados Unidos, Oficina de Derechos Civiles, Guías Revisadas de Hostigamiento Sexual: Hostigamiento de Estudiantes por Empleados de Escuela, otros Estudiantes y Terceros (2001), http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/shguide.pdf (última visita 10 de enero de 2012). 22 No obstante, al utilizar las Guías, supra, debemos mantener en mente el contexto en el que se crean. Este es el que los estudiantes disfruten de los beneficios, oportunidades y servicios de los programas y actividades educativas que reciben fondos federales libre de discrimen por sexo. Asimismo, debemos considerar las diferencias entre la Ley 3-1998 y el Título IX de la Ley Federal de Educación, supra, tales como: las definiciones de hostigamiento sexual, la amplitud del discrimen que prohíben, las diferencias entre los estándares administrativos para acciones correctivas y los estándares de responsabilidad civil impuestos a las instituciones académicas, así como, las razones para tomar o no por analogía conceptos del contexto obrero-patronal. Es en atención a ello que las Guías ilustran al juzgador en cuanto no sean contrarias a nuestro ordenamiento jurídico. CC-2010-0543 31

alegado hostigador y el estudiante; cuarto, la cantidad

de individuos involucrados; quinto, la edad y sexo del

alegado hostigador y de la víctima; sexto, el lugar del

incidente, el tamaño de la institución educativa y el

entorno en que ocurrieron los hechos; séptimo, otros

incidentes en la institución; y octavo, incidentes que

sean basados en género, aunque no sea hostigamiento de

naturaleza sexual.

Sin embargo, esta mención de factores es numerus

apertus. Solo luego de realizar un análisis de estos

factores y otros pertinentes, caso a caso, es que se

puede llegar a una conclusión objetiva a los efectos de

si el acercamiento sexual no deseado puede razonablemente

considerarse como hostigamiento a los fines de la Ley

Núm. 3, supra.

V

Procedamos, entonces, a resolver la controversia de

autos.

Primeramente, no está en controversia que la

Universidad de Puerto Rico es una institución de

enseñanza sujeta a los deberes de prevenir, desalentar y

evitar conductas constitutivas de hostigamiento sexual

contra sus estudiantes y la Ley Núm. 3, supra. De igual

forma, el doctor Lorenzo Hernández es parte del personal

docente de la Universidad y está sujeto a los

procedimientos disciplinarios de la institución con todas CC-2010-0543 32

sus garantías. Por otro lado, el señor Cruz Morales es

un estudiante protegido por la Ley Núm. 3, supra.

El señor Cruz Morales optó –de entre todos los

derechos y remedios señalados por la Ley Núm. 3, supra-

por presentar una Querella ante la institución educativa.

El proceso administrativo incoado comenzó con una

investigación informal de resolución de conflictos y

continuó con un procedimiento formal que culminó con la

destitución del recurrido como medida disciplinaria. Esto

al determinarse que violó la política institucional sobre

el hostigamiento sexual y el Reglamento General de la

Universidad de Puerto Rico, supra.

Asimismo, no existe controversia de que la conducta

probada del doctor Lorenzo Hernández fue una de

naturaleza sexual al sobarle las manos, el pecho,

respirarle en el cuello y lamerle la oreja al señor Cruz

Morales. No obstante, resta decidir si el acercamiento

sexual no fue deseado bajo la modalidad de ambiente

hostil, intimidante u ofensivo. Esto nos exige hacer un

análisis objetivo y subjetivo.

En el caso de autos, el estudiante llamó a su amiga

para contarle lo sucedido tras el incidente.

Posteriormente, presentó una Querella ante la Procuradora

del Estudiante relatando lo sucedido y su sentir. Un

análisis subjetivo de estas circunstancias nos lleva a

concluir que el acercamiento del recurrido fue un acto de CC-2010-0543 33

naturaleza sexual no bienvenido por el estudiante y que

este se sintió amenazado y amedrentado por ello.

En cuanto al análisis objetivo, podemos apreciar que

la conducta sexual no deseada fue explícita y física. Al

considerar el lugar donde ocurrieron los hechos, así como

la cantidad de individuos involucrados, observamos que el

acercamiento sexual ocurrió en un espacio reducido -una

oficina cerrada donde solamente se encontraban el

recurrido y el estudiante. Más aun, el recurrido se

encontraba en una posición de autoridad pues era

catedrático de la Universidad y se encontraba en plena

campaña para ser Rector de dicho Recinto. Por lo tanto,

luego de examinar la totalidad de las circunstancias

desde un punto de vista objetivo, concluimos que, la

conducta del doctor Lorenzo Hernández recae en la

modalidad de ambiente hostil, intimidante u ofensivo. En

otras palabras, no albergamos duda de que la conducta del

doctor Lorenzo Hernández al sobarle las manos, el pecho,

respirarle en el cuello y lamerle la oreja puede ser

percibida como hostigamiento sexual por un estudiante

razonable.

Aunque es cierto que el estudiante eventualmente

mejoró su promedio académico y no hubo hostigamiento en

más de una ocasión, el acercamiento ocurrido es lo

suficientemente severo e invasivo que no podemos exigir CC-2010-0543 34

una multiplicidad de actos como lo hizo el Tribunal de

Apelaciones.

Además, el hecho de que el estudiante mejorara sus

notas luego del incidente no cambia nuestra conclusión.

El cambio de promedio no es por sí solo concluyente para

el análisis objetivo. El deber del Tribunal de

Apelaciones era considerar los demás factores y

fundamentar su dictamen a base de la totalidad de las

circunstancias.

Luego de concluir que el doctor Lorenzo Hernández

cometió hostigamiento sexual en violación a la política

institucional así como de otras normas de la Universidad,

la institución podía proceder a imponer las sanciones

aplicables y bajo su discreción, entre ellas, la

destitución del recurrido.

VI

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca el

dictamen del Tribunal de Apelaciones.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Mildred G. Pabón Charneco Jueza Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Universidad de Puerto Rico en Aguadilla Certiorari

Peticionaria

v. CC-2010-0543

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico a 27 de marzo de 2012.

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca el dictamen del Tribunal de Apelaciones.

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez concurre con el resultado con opinión escrita. El Juez Presidente señor Hernández Denton está inhibido.

Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Peticionaria CC-2010-0543 v.

Opinión Concurrente emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez

San Juan, Puerto Rico, a 27 de marzo de 2012

Estoy de acuerdo con lo resuelto por la mayoría de

este Tribunal en cuanto a que el doctor Lorenzo Hernández

institucional de la Universidad de Puerto Rico que lo

prohíbe. De igual manera, entiendo que la Universidad de

Puerto Rico estaba facultada para imponer las sanciones que

entendiese pertinentes, entre ellas la destitución de

Lorenzo Hernández. Sin embargo, creo necesario abundar

sobre algunas de las expresiones hechas por el Tribunal en

el día de hoy. Por ser del criterio de que el hostigamiento

sexual constituye una grave lesión a la dignidad humana y

transgrede principios de primer orden, emito la siguiente

Opinión concurrente

El doctor José Lorenzo Hernández (recurrido) se

desempeñaba como catedrático del Departamento de Ciencias

Sociales de la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla CC-2010-0543 2

(UPRAG). Por otro lado, Félix Cruz Feliciano (estudiante)

era estudiante de Ciencias Sociales de la UPRAG. Aunque

había tomado cursos con el recurrido, al momento de los

hechos no era estudiante de éste pero sí de la profesora

Mirza González, quien compartía oficina con el recurrido.

El 13 de octubre de 2006 el estudiante y otros

compañeros y compañeras, luego de una presentación en la

clase de la profesora González, acudieron a la oficina de

ésta para discutir la exposición oral y conocer sus notas.

Posteriormente, y luego de atenderlos, la profesora salió

de la oficina y el estudiante pasó a saludar al recurrido.

En ese momento, el recurrido estaba ocupado atendiendo a

otros alumnos por lo cual el estudiante aprovechó para ir

al baño y tomar agua. Finalmente, regresó a la oficina del

recurrido y se quedó a solas con él. Mientras hablaban de

asuntos relacionados a la Universidad, específicamente

sobre la candidatura a rector del recurrido, el recurrido

le pidió al estudiante que acercara su silla a la pantalla

de la computadora, quedando la silla del estudiante y la

del recurrido una al lado de la otra. Así las cosas,

comenzó a hablarle de la suavidad de sus manos, las comparó

con las del estudiante e hizo señalamientos sobre que éstas

tenían las venas brotadas. Acto seguido pasó a masajearle

las manos y el brazo. Los masajes subieron de intensidad y

el profesor obligó al estudiante a que le diera la espalda.

Así, comenzó a darle masajes en la espalda y en el cuello.

Mientras esto sucedía el recurrido pasó sus manos por

debajo de los brazos del estudiante para masajearle el CC-2010-0543 3

pecho. De esta manera, el estudiante podía sentir la

respiración del recurrido en su cuello. Además, al momento

de masajearle el pecho el recurrido le subió la camisa al

estudiante y lo haló como para que se recostara. Este

último hizo fuerza para no quedar recostado encima de él

pero aún así el recurrido le lamió una oreja. En ese

momento, el estudiante se despidió y salió de la oficina

molesto y ofendido. Asimismo, dijo estar en un estado de

shock y temer por las repercusiones que pudiese tener su

reacción en cuanto a su carrera universitaria.

Una vez fuera de la oficina del recurrido, el

estudiante se limpió la oreja y comprobó que ésta estaba

mojada. En estado de estupefacción llamó a una amiga para

narrarle lo sucedido y, a continuación, se querelló con la

Procuradora Estudiantil de la UPRAG, presentado querella

escrita y verbal en contra del recurrido. Con la querella

se inició un procedimiento informal en contra del recurrido

por ser los hechos alegados constitutivos de hostigamiento

sexual.

Por su parte, la Procuradora Estudiantil le pidió al

recurrido que plasmara su versión de los hechos por escrito

a lo cual el recurrido ripostó que dada su candidatura a

rector no tenía tiempo para ello y que hiciese lo que tenía

que hacer. Dado lo anterior, la Procuradora Estudiantil,

refirió un informe de investigación informal a la rectora y

recomendó que se iniciara un procedimiento formal. Lo

anterior dado que producto de la prueba que evaluó concluyó CC-2010-0543 4

que el recurrido había violado la política de hostigamiento

sexual vigente al momento de los hechos.

Teniendo en cuenta que los hechos sucedieron en medio

de una consulta para llenar el puesto de rector o rectora

de la UPRAG, la Rectora interina se inhibió del proceso y

refirió el caso al Presidente de la Universidad. Este

último, a su vez, refirió el asunto al Rector del Recinto

Universitario de Mayagüez (RUM) quien designó a una

oficial examinadora para que atendiera el caso. La oficial

examinadora recomendó al Rector del RUM formular cargos

contra el recurrido dado que de probarse los hechos

alegados éstos constituirían una violación al Reglamento

General de la Universidad de Puerto Rico y a la Política

Institucional sobre Hostigamiento Sexual en la Universidad

de Puerto Rico.

Así las cosas, el asesor legal de la UPR se comunicó

con el Rector de la UPRAG, toda vez que éste ya ocupaba el

cargo en propiedad. Le comunicó que le refería el informe

de la oficial examinadora para que, de entenderlo

necesario, iniciara un procedimiento disciplinario formal.

Acorde a lo anterior el Rector de la UPRAG formuló cargos

contra el recurrido por violaciones a las secciones 35.2.8,

35.2.14, 35.2.18 y 35.2.19 del Reglamento General de la UPR

y la Carta Circular número 95-06. El oficial examinador

recomendó la desestimación de los cargos. Sin embargo, el

Rector de la UPRAG decidió no acoger las recomendaciones

del oficial examinador y procedió a destituir al recurrido. CC-2010-0543 5

Inconforme, el recurrido acudió ante el Presidente de

la Universidad quien confirmó la decisión del Rector de la

UPRAG. Igualmente, recurrió a la Junta de Síndicos que a su

vez también confirmó la destitución. Agotados los canales

administrativos, presentó un recurso de revisión ante el

Tribunal de Apelaciones. El foro intermedio revocó la

determinación de la Junta de Síndicos por entender que ésta

actuó de forma arbitraria, irrazonable y contraria a

derecho. En desacuerdo, la UPR recurrió a este Tribunal.23

Como señala la mayoría, hoy tenemos la oportunidad de

examinar la Ley Número 3 de 4 de enero de 1998, infra. Dado

lo dañino que resulta el hostigamiento sexual en la vida y

desempeño de las personas hostigadas entiendo que debemos

ser meticulosos a la hora de incorporar factores que

ilustren al juzgador de los hechos sobre si un acto o un

conjunto de actos constituyen hostigamiento sexual. No

debemos perder de perspectiva que muchos factores que

aparentan ser neutrales pueden constituir una carga

indebida para la persona hostigada. Veamos.

23 La Universidad adujo los siguientes señalamientos de error: Erró el Tribunal de Apelaciones al revocar a la Junta de Síndicos de la Universidad resolviendo que a base de los hechos determinados en el caso de autos no se probó la conducta imputada de hostigamiento sexual en una institución de enseñanza conforme a la ley núm. 3 de 4 de enero de 1998. Erró el Tribunal de Apelaciones al revocar a la Junta de Síndicos dejando totalmente impune de sanciones disciplinarias al recurrido aun cuando se probó que la conducta imputada violó el reglamento general de la universidad. CC-2010-0543 6

A

El hostigamiento sexual es un acto de poder que se

basa en la erotización de la sumisión del hostigado o la

hostigada. Véase, Janet Halley, Sexuality Harassment, en

Left Legalism / Left Critique, Wendy Brown & Janet Halley

Eds., Duke University Press, Durham & London, 2002. El

hostigamiento sexual lesiona la dignidad y deshumaniza a la

persona hostigada. Es por ello que debemos ser

extremadamente cuidadosos a la hora de delinear sus

contornos.

El concepto de hostigamiento sexual (sexual

harassment) se acuñó por primera vez en los años setenta y

se utilizó para denunciar un tipo de discrimen por razón de

sexo que sufrían las mujeres en su lugar de empleo. Se

piensa que el primer grupo que empleó el término sexual

harassment fue un grupo de mujeres organizadas bajo el

nombre de Working Women United (WWU). Vicki Schultz,

Reconceptualizing Sexual Harassment, 107 Yale L.J. 1683

(1998), nota 4. Sin embargo, las bases teóricas principales

para el desarrollo de este concepto las estableció

Catharine MacKinnon en Sexual Harassment of Working Women,

Yale University Press (1979). MacKinnon fue enfática a la

hora de establecer que la gravedad del hostigamiento sexual

era tal que negaba a las mujeres la posibilidad de estudiar

o trabajar; cosa a la que tenían derecho sin tener que

soportar ser objeto de avances sexuales indeseados.

MacKinnon, op. cit., en la pág. 25. CC-2010-0543 7

En 1976 el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para

el Distrito de Columbia sostuvo que el tomar represalias

contra una empleada que rechazó avances sexuales indeseados

constituía discrimen por razón de sexo, según los

parámetros establecidos en el Título VII de la Ley de

Derechos Civiles de 1972, 42 U.S.C.S. sec. 2000e et seq.,

siendo éste el primer caso donde hubo un pronunciamiento

judicial sobre el tema. Williams v. Saxbe, 413 U.S. 654

(1976). Posteriormente, el Tribunal Supremo de Estados

Unidos atendió el asunto en Meritor Savings Bank, FSB v.

Vinson et al, 477 U.S. 57 (1986) y sostuvo que el

hostigamiento sexual en el ambiente de trabajo era tan

lesivo al ambiente laboral como el hostigamiento racial.

Específicamente dijo que “a requirement that a man or woman

run a gauntlet of sexual abuse in return for the privilege

of being allowed to work and make a living can be as

demeaning and disconcerting as the harshest of racial

epithets”. Id. en la pág. 67.

Por fundamentos similares, la Asamblea Legislativa de

nuestro País, prohibió el hostigamiento sexual en el empleo

mediante la Ley Núm. 17 del 22 de abril de 1988, 29 L.P.R.A

155-155m (2009). Allí, se estableció que el hostigamiento

sexual atenta contra la dignidad de las personas y

constituye una práctica discriminatoria por razón de sexo.

Además, se le impuso al patrono el deber de prevenirlo y

evitar su comisión. Véase, Exposición de Motivos, Ley 17,

ante. CC-2010-0543 8

Dado lo lesivo que resultan los avances sexuales

indeseados constitutivos de hostigamiento sexual, diez años

más tarde, la Asamblea Legislativa, se aprestó a legislar

para prohibir su comisión en el ambiente educativo. Ley

Núm. 3 de 4 de enero de 1998, Ley para prohibir el

hostigamiento sexual en las instituciones de enseñanza, 3

L.P.R.A. sec. 149-149k (2009) (Ley 3). La pieza reiteró el

efecto lesivo del hostigamiento sexual sobre la dignidad

humana y el desarrollo del proceso educativo. Además,

recalcó el deber que tiene el Estado de garantizar el

derecho a la educación de los estudiantes, incluyendo un

ambiente libre de hostigamiento sexual. La exposición de

motivos de la Ley afirma que “el hostigamiento se

manifiesta principalmente en la relación profesor-

estudiante y mayormente contra mujeres. …[L]a conducta de

hostigamiento es variada, incluyendo hostigamiento de tipo

verbal, miradas lascivas, comentarios impropios, roce

corporal, presiones e invitaciones con contenido sexual,

demandas implícitas de favores sexuales y ataques físicos”.

Exposición de Motivos, Ley Núm. 3, ante.

Así, la Ley 3, establece la responsabilidad civil de

las instituciones de enseñanza por aquellas actuaciones

constitutivas de hostigamiento sexual, tanto de su personal

docente como del no docente, de los estudiantes y de

terceros no empleados. Aunque el grado de responsabilidad

varía según la relación que tenga la institución de

enseñanza con la persona que hostiga sexualmente, ésta CC-2010-0543 9

tiene el deber de mantener el ambiente educativo libre de

hostigamiento sexual. Véanse Arts. 6-8, Ley Núm. 3, ante.

Sin embargo, la Universidad de Puerto Rico se adelantó

diez años a esta legislación. El 27 de mayo de 1988,

mediante la Carta Circular 88-07, estableció su política

institucional prohibiendo el hostigamiento sexual.

Posteriormente, el 16 de agosto de 1994 se promulgó un

procedimiento para atender las querellas relacionada a esta

problemática, Carta Circular 95-03. Finalmente, el 12 de

septiembre de 1995, se enmendó el procedimiento establecido

por esta última y se promulgó el Procedimiento Enmendado

para Tomar Acción Informal o Formal sobre Querellas de

Hostigamiento Sexual o Discrimen por Razón de Sexo,

sustituyendo al promulgado el 16 de agosto de 1994

(Procedimiento Enmendado), Carta Circular 95-06.

El Procedimiento Enmendado estableció la manera en que

se sometería, investigaría y tomaría acción formal o

informal ante las querellas por hostigamiento sexual.

Además, afirmó que el hostigamiento sexual, tanto en el

empleo como en el ambiente académico, constituye una

práctica ilegal y discriminatoria, la cual está prohibida,

independientemente de jerarquía o posición de las personas

involucradas. Igualmente, sostuvo que el hostigamiento

sexual se configura en dos modalidades, a saber: quid pro

quo, algo a cambio de algo, o ambiente hostil. Véase Carta

Circular 95-06, págs. 3-5.

En aras de cumplir con la política institucional la

Carta Circular estableció dos procedimientos: el informal y CC-2010-0543 10

el formal. El procedimiento informal está destinado a

determinar si procede o no la formulación de cargos para

imponer sanciones disciplinarias. De determinarse que la

formulación de cargos procede entonces se inicia un

procedimiento formal. Una vez concluido el mismo, la

autoridad nominadora, es decir la Universidad, emite una

decisión al respecto.

Es importante notar que el procedimiento establecido

no sólo abarca a los empleados docentes y no docentes de la

Universidad sino también a los estudiantes. Esto es

importante porque las sanciones disciplinarias susceptibles

de ser impuestas a quienes violentan la política

institucional de hostigamiento sexual no están dirigidas de

manera exclusiva a quienes tienen una relación laboral con

la institución. Dicho esto pasaremos a interpretar la Ley

Núm. 3, ante.

B

Como cuestión de umbral debo decir que aunque la Ley

17, ante, y la Ley 3, ante, proscriben una misma conducta,

los ambientes a los cuales aplica cada una son muy

diferentes. Es importante expresar que, aunque el

hostigamiento sexual es una conducta que lacera la dignidad

de las personas independientemente de su sexo, orientación

sexual, identidad de género, condición social y edad, hay

circunstancias y contextos, como lo es el educativo, donde

esta conducta puede resultar doblemente lesiva.

Es por ello que la Ley 3, ante, atiende el asunto

hostigamiento sexual en las instituciones de enseñanza de CC-2010-0543 11

manera separada al hostigamiento sexual en el empleo. En

este sentido, su exposición de motivos es clara en cuanto a

que el hostigamiento sexual tiene efectos negativos en el

proceso de aprendizaje. Expresamente señala que el mismo se

configura cuando se tiene el efecto o propósito de

amedrentar, amenazar o interferir de alguna forma con el

ambiente, los estudios o con la toma de decisiones

relacionadas a los estudios o la permanencia de un

estudiante en la institución. Además, sostiene que se

responsabilizará a la institución educativa por dichas

actuaciones. De igual manera, la ley mandata considerar la

totalidad de las circunstancias a la hora de imponer

responsabilidad a una institución educativa por actos

constitutivos de hostigamiento sexual. Ley 3, ante,

Exposición de Motivos.

Asimismo, el artículo 2 establece que los estudiantes

tienen derecho a realizar sus estudios libres de presiones

sexuales. Igualmente, el artículo 3 dispone que el

hostigamiento sexual en el ambiente educativo puede

configurarse en cualquiera de sus modalidades, entiéndase

quid pro quo o ambiente hostil.

Ahora bien, procede determinar qué constituye

hostigamiento sexual por ambiente hostil en las

instituciones de enseñanza. En este caso, la Ley 3, ante,

nos obliga a analizar esta interrogante a la luz de la

totalidad de las circunstancias. La mayoría de este

Tribunal, acertadamente, propone un análisis dual. Por una

parte, nos dice, debemos atender el aspecto subjetivo del CC-2010-0543 12

problema, es decir cómo lo percibe el sujeto víctima de la

conducta. Por la otra, se tendrá en cuenta la parte

objetiva, es decir, si la conducta incurrida constituye

hostigamiento sexual independientemente de la opinión

individual de la persona hostigada.

Sobre el aspecto objetivo, la Opinión mayoritaria nos

invita a utilizar, de manera ilustrativa, las Guías

Revisadas de Hostigamiento Sexual: Hostigamiento de

Estudiantes por Empleados de Escuela, otros Estudiantes y

Terceros (Guías).24 Las Guías son un conjunto de criterios

establecidos por el Departamento de Educación federal a la

hora de analizar si se ha configurado o no hostigamiento

sexual por ambiente hostil bajo el Título VII. Así, la

Opinión mayoritaria señala, basándose en las Guías, que

deben tenerse en cuenta los siguientes factores: 1) el

grado en que la conducta afectó al estudiante; 2) el tipo,

frecuencia y duración de la conducta; 3) la identidad y la

relación entre el alegado hostigador y el estudiante; 4) la

cantidad de individuos involucrados; 5) la edad y sexo del

alegado hostigador y de la víctima; 6) el lugar del

entorno en que ocurrieron los hechos; 7) otros incidentes

en la institución; 8) incidentes que sean basados en

género, aunque no sea hostigamiento de naturaleza sexual.

Opinión mayoritaria, pág. 29 citando a las Guías, en las

págs. 6-7. Agrega que la mención de factores es numerus

24 Disponibles en http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/shguide.pdf (Última visita 6 de marzo de 2012) CC-2010-0543 13

apertus. Sin embargo, sostiene que en el análisis a

realizarse deben considerarse estos factores y otros

pertinentes, caso a caso, para objetivamente saber si el

acercamiento sexual no deseado puede, razonablemente,

considerarse como hostigamiento sexual. Opinión

mayoritaria, pág. 29.30.

Debo decir que en cuanto a la frecuencia y duración, y

dado que el ambiente académico es diferente al ambiente

laboral, soy del criterio de que no se debe requerir una

conducta severa o una multiplicidad de incidentes. De igual

manera, el juzgador de los hechos debe considerar que un

acto de violencia verbal generalmente antecede a un acto de

violencia física. Es por ello que no deben minimizarse

incidentes de violencia verbal sólo porque no estén

acompañados de un acto de naturaleza física. En relación a

esto, un estudio realizado por la American Association of

University Women (AAUW) sostiene que “[s]tudents who

admitted to sexually harassing other students said that

they were most likely to sexually harass other students

verbally”. Crossing the Line, Sexual Harassment at School,

en la pág. 14.25 De igual forma, “even incidents that

appear “minor”, such a sexual comments and jokes or being

called gay or lesbian, may have profound impact on the

emotional well-being of some students”. Id. en la pág. 8.

Más aún, el mismo estudio revela que “[v]erbal and written

forms of sexual harassment were most common than physical

25 Disponible en http://www.aauw.org/learn/research/upload/CrossingTheLine.p df (última visita 6 de marzo de 2012). CC-2010-0543 14

harassment”. Id. en la pág. 20. Del mismo estudio se

desprende que el 36% de las estudiantes han sido objeto de

comentarios o bromas con contenido de índole sexual, frente

a un 3% que han sido intimidadas físicamente. Id. en la

pág. 21.

Sobre el factor que analiza si la conducta

constitutiva de hostigamiento sexual se llevó a cabo en

grupo o individualmente, es importante señalar que no

porque el acto provenga de un grupo de personas resulta

menos lesivo que si se realiza individualmente. En algunas

ocasiones, un grupo de personas puede tener un efecto igual

o más intimidante sobre la persona hostigada sexualmente.

Es por ello que el juzgador de los hechos debe ser sutil a

la hora de utilizar, aunque sea ilustrativamente, este

factor porque, por ejemplo, un 12% de los estudiantes

entrevistados y que fueron hostigados sexualmente, el

perpetrador fue un grupo de varones. Crossing the Line,

ante, en la pág. 13. El efecto del hostigamiento sexual,

sea en grupo o de persona a persona, siempre tiene un

efecto nocivo en la persona hostigada.

Igualmente cuestionable puede ser que se tome en

consideración el factor edad y sexo del hostigador y de la

persona hostigada. Lo anterior porque el hostigamiento

sexual, en cualquiera de sus formas, constituye un ataque a

la dignidad independientemente de la edad, del sexo, de la

orientación sexual o la orientación de género de la persona

hostigada. La controversia ante nuestra consideración CC-2010-0543 15

ilustra perfectamente que el hostigamiento sexual

trasciende las barreras del sexo y de la edad.

Asimismo, puede resultar problemático que se considere

el lugar del incidente, el tamaño de la institución

educativa y el entorno en el que ocurrieron los hechos.

Estudios demuestran que el hostigamiento sexual no se

reduce a un lugar específico del campus o recinto. AAUW,

Drawing the Line: Sexual Harassment on Campus, en la pág.

15.26

Además, cabe destacar que las Guías del Departamento

de Educación federal, ante, que la Opinión mayoritaria nos

convida a utilizar de manera ilustrativa, datan del año

2001. Ha pasado más de una década desde su promulgación.

Luego de un estudio ponderado de éstas he podido observar

que lo razonable es atemperarlas a los tiempos en que

vivimos y a la realidad puertorriqueña

Es una realidad que, aunque el hostigamiento sexual es

un comportamiento no permitido que trasciende las

categorías de sexo, edad, orientación sexual u orientación

de género, la mayoría de las personas hostigadas son

mujeres. Véanse, Crossing the Line, ante, y Drawing the

Line, ante. Es por ello, y en atención al problema de

violencia contra las mujeres que aqueja a nuestro País, que

este Tribunal debe ser en extremo cuidadoso a la hora de

delinear los contornos de lo que puede -o no- constituir

violencia contra éstas.

26 Disponible en http://www.aauw.org/learn/research/upload/DTLFinal.pdf (Última visita 6 de marzo de 2012). CC-2010-0543 16

Dicho lo anterior, conviene apuntalar que el

hostigamiento sexual se presenta, también, entre personas

del mismo sexo. En este caso, y considerando que la nuestra

es una sociedad patriarcal organizada por roles de género,

debe quedar claro que el hostigamiento sexual por ambiente

hostil también se configura cuando la razón para el mismo

es que la persona hostigada no se comporta según los roles

de género asignados culturalmente a su sexo biológico. En

este caso, un varón –o una mujer- puede hostigar a otro

varón –o a una mujer- simple y llanamente porque el

hostigado o la hostigada no se comporta según lo esperado

para su sexo, independientemente de su orientación sexual.

Lo anterior puede constituir un ambiente igualmente hostil

al del caso de autos.

Finalmente, estoy de acuerdo con el análisis dual que

establece la mayoría. Sin embargo soy del criterio de que

debemos ser diáfanos al establecer el carácter meramente

ilustrativo de las Guías, supra. Dado que el hostigamiento

sexual, en su modalidad de ambiente hostil, resulta

altamente lesivo al proceso de aprendizaje y que sus

consecuencias emocionales y psicológicas pueden influir en

la decisión de un estudiante en continuar -o no- sus

estudios, es necesario que el juzgador de los hechos sepa

que no está limitado por una serie de factores

determinados. Entiendo que la experiencia subjetiva es

fundamental a la hora de determinar si se configuró el

ambiente hostil y que un solo acto verbal puede ocasionar

que el ambiente educativo no sea el apropiado para el CC-2010-0543 17

proceso de aprendizaje, máxime si la persona hostigadora es

un profesor, maestro o alguien que ocupa un puesto de poder

en la institución educativa.

En este sentido, entiendo que analizar el lugar donde

sucedieron los hechos como también el sexo o edad de la

persona hostigada o si los actos se realizaron en grupo o

no puede ser ilustrativo. Sin embargo, nada de ello

minimiza el grave daño a la dignidad que sufre la persona

hostigada.

Al igual que la mayoría de esta Curia pienso que lo

adecuado es analizar esta problemática caso a caso,

atendiendo la totalidad de las circunstancias. Así, soy del

criterio de que debemos alejarnos de establecer criterios

que puedan utilizarse por los tribunales inferiores con

rigidez.

En este contexto, se vuelve fundamental distinguir que

lo que está ante nuestra consideración es determinar qué

actos son los configurativos de hostigamiento sexual por

ambiente hostil en el ambiente académico. Entiendo que un

solo acto, independientemente de que sea verbal o físico,

puede crear un ambiente hostil y es responsabilidad de la

institución educativa mantener el ambiente libre de

hostigamiento sexual. Ahora bien, el determinar si ese

único acto es suficiente para la imposición de determinada

sanción disciplinaria debe ser atendido por la autoridad

nominadora, en el caso de las instituciones públicas, o por

la institución educativa, en el caso de las instituciones

privadas. Lo anterior es diferente del remedio que pueda CC-2010-0543 18

solicitar la persona hostigada sexualmente y que dependerá

de que sea estudiante, empleado o persona ajena a la

institución.

En el caso ante nuestra consideración no hay duda de

que las actuaciones del recurrido configuraron

hostigamiento sexual en su modalidad de ambiente hostil. El

recurrido incurrió en actos de índole sexual al acercarse

al estudiante, sobarle las manos, los brazos y acariciarle

el pecho. De igual manera, el estudiante, según se

desprende del expediente, se afectó emocionalmente a tal

punto que hasta los acercamientos y muestras de afecto de

su padre le hacen sentir incómodo y nervioso.

En consecuencia, entiendo que la conducta del

recurrido configuró hostigamiento sexual en las

circunstancias en que ocurrieron los actos. Es decir,

mientras estaban a solas en un espacio físico reducido y

dominado por una relación de poder como la de profesor

(candidato a rector)-estudiante. Sin embargo, soy del

criterio de que los mismos actos hubiesen constituido

hostigamiento sexual por ambiente hostil aún si se hubiesen

configurado en un espacio abierto o público y en una

relación par a par.

El hostigamiento sexual es un acto de violencia y debe

tratarse como tal. Por lo cual, entiendo razonable que no

exijamos que para que se configure hostigamiento sexual en

su modalidad de ambiente hostil deban darse determinadas

circunstancias. Hacerlo de manera contraria presupondría CC-2010-0543 19

perpetuar los esquemas patriarcales que subestiman el

efecto de estos actos en la vida y dignidad de las

personas.

No podemos olvidar que el hostigamiento sexual en el

ambiente académico no sólo se da de profesor-empleado a

estudiantes sino también, como bien contempla la Ley 3,

ante, puede darse de estudiante-estudiante. Además, es

importante señalar que se da tanto por la erotización de la

sumisión de la persona hostigada como por el placer

devenido de la humillación de quien no se comporta de

acuerdo a los roles de género asignados a su sexo.

No hay duda que el recurrido incurrió en una violación

a la política institucional de la Universidad de Puerto

Rico que prohíbe el hostigamiento sexual. Es por ello que

le correspondía a la Universidad tomar acción para mantener

el ambiente académico libre de hostigamiento sexual y así

proveer un ambiente propicio para el desarrollo de proceso

educativo. En aras de conseguir lo anterior la Universidad

entendió que lo adecuado era destituir al recurrido; dicha

acción estaba dentro del margen de su discreción.

Por los fundamentos antes expresados, concurro con la

Opinión del Tribunal.

Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada