EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
José A. Torres Vélez
Recurrido Certiorari
v. 2013 TSPR 144
Blanca I. Soto Hernández 189 DPR ____
Peticionaria
Número del Caso: CC-2012-951
Fecha: 11 de diciembre de 2013
Tribunal de Apelaciones: Región Judicial de San Juan
Abogada de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Peter John Porrata Lcda. Melissa Díaz Soto Lcda. Von Marie Rivera Rivera
Abogado de la Parte Recurrido:
Lcdo. Víctor M. Rivera Torres
Materia: Derechos Reales – Doctrina de Sustitución o Subrrogación de Bienes; doctrina de accesión a la inversa
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
José A. Torres Vélez Certiorari
Recurrido
v. CC-2012-0951
Blanca I. Soto Hernández
Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada señora Pabón Charneco
En San Juan, Puerto Rico, a 11 de diciembre de
2013.
Comparece ante nos la Sra. Blanca I. Soto
Hernández, en adelante, la peticionaria o señora
Soto Hernández, mediante un recurso de certiorari y
nos solicita, inter alia, que determinemos la
pertinencia de la aplicación de la Doctrina de
Subrogación o Sustitución sobre un bien privativo.
Concluimos que cuando un bien es adquirido con
dinero privativo de un cónyuge y un préstamo a
costa del caudal común de la Sociedad Legal de
Gananciales, se conforma una comunidad pro-indiviso
de acuerdo a las aportaciones realizadas.
Veamos los hechos que dieron génesis a la
controversia de autos. CC-2012-0951 2
I
La señora Soto Hernández y el Sr. José A. Torres
Vélez, en adelante, el recurrido o señor Torres Vélez,
vivieron en concubinato desde septiembre de 1989 hasta el
31 de septiembre de 1994, fecha en que contrajeron
matrimonio bajo el régimen económico de Sociedad Legal de
Gananciales. El 6 de agosto de 2007, el matrimonio fue
declarado roto y disuelto por el Tribunal de Primera
Instancia.
Así las cosas, el 16 de abril de 2008, el señor Torres
Vélez presentó una Sentencia Declaratoria ante el Tribunal
de Primera Instancia. Solicitó el dictamen judicial sobre
la naturaleza privativa de ciertos bienes adquiridos antes
y durante el matrimonio, con el propósito de liquidar la
comunidad post-ganancial que se constituyó luego de haber
estado casado con la señora Soto Hernández. Esta solicitud
respondió a que durante la disolución de la comunidad, el
Contador Partidor al que le fue asignada la división no
pudo adjudicar varias partidas hasta tanto se resolvieran
ciertas diferencias que se suscitaron sobre la naturaleza
privativa o ganancial de varios bienes. Procedemos a
describir esas partidas y las solicitudes del señor Torres
Vélez en la Demanda instada.
El recurrido específicamente solicitó que se le
otorgara un crédito por varias propiedades que había
adquirido antes de contraer matrimonio y que, por lo tanto, CC-2012-0951 3
reclamaba como privativas.1 Alegó que mediante la
Escritura Núm. Sesenta (60) otorgada ante el Notario
Público Jaime Cifre Rodríguez, el 20 de julio de 1978
adquirió el Apartamento C-801, ubicado en el Condominio
Tropicana, en Carolina, Puerto Rico. Posteriormente, el 30
de septiembre de 2004, vendió dicha propiedad por la
cantidad de ciento cincuenta y seis mil dólares
($156,000.00). El producto de esa compraventa fue otorgado
en préstamo a la corporación Roiter Mechanical Services, la
cual le pertenece exclusivamente al señor Torres Vélez.
Una vez la corporación saldó la cantidad adeudada, el
señor Torres Vélez y la señora Soto Hernández adquirieron
el Apartamento 1207, localizado en Capitol Plaza, en San
Juan, Puerto Rico, por la cantidad de trescientos noventa y
cuatro mil dólares ($394,000.00). Esto mediante la
Escritura Núm. Quinientos Uno (501) otorgada ante Notario
Público el 2 de noviembre de 2005. Según se desprende de
los autos, el monto total se obtuvo con el dinero privativo
que le fue devuelto al peticionario por su corporación y
por un préstamo que hiciera la Sociedad Legal de
Gananciales. Ante estos hechos y a pesar que para esta
fecha ya las partes habían contraído matrimonio, el señor
Torres Vélez planteó que el apartamento adquirido era un
bien privativo. Fundamentó su alegación en que la
compraventa fue producto de la venta que hiciera del
apartamento del Condominio Tropicana.
1 Véase Apéndice, en las págs. 149-153. CC-2012-0951 4
Por otro lado, en la Demanda instada el recurrido
también reclamó como privativo un terreno ubicado en la
Urbanización Bosque de los Frailes. Mientras el señor
Torres Vélez y la señora Soto Hernández eran concubinos,
comparecieron ante la Notario Público Janet Díaz Salicrup y
manifestando estar casados, el 7 de septiembre de 1994,
otorgaron la Escritura Núm. Ciento Quince (115) de
Segregación, Liberación y Compraventa. Así adquirieron el
solar ubicado en la Urbanización Bosque de los Frailes.
Posteriormente, ya habiéndose constituido el matrimonio, en
este solar construyeron una estructura que se convirtió en
su hogar conyugal. La construcción culminó el 27 de mayo
de 1998.
El señor Torres Vélez peticionó al Tribunal de Primera
Instancia que determinara si el dinero utilizado para la
compraventa del solar era privativo a pesar de las partes
haber comparecido como cónyuges otorgantes. A contrario
sensu, la señora Soto Hernández replicó que ellos
comparecieron como casados al otorgamiento de la Escritura
porque ambos hicieron aportaciones para adquirir el
terreno, conformándose así una Comunidad de Bienes en el
que cada uno contaba con el cincuenta por ciento (50%) de
la participación.
Así las cosas, el 22 de mayo de 2007, se vendió el
inmueble por un millón de dólares ($1,000,000.00), cantidad
que fue depositada en una cuenta de banco a nombre de ambos
cónyuges. Según se desprende de las alegaciones, las CC-2012-0951 5
partes acordaron que el dinero solamente podría ser
retirado con la anuencia de ambos cónyuges y del Contador
Partidor, con excepción de un adelanto de cien mil dólares
($100,000.00) que cada uno recibiría. Sin embargo, se
alegó que contrario a lo dispuesto y sin obtener
consentimiento, la señora Soto Hernández retiró dinero
adicional de la cuenta conjunta. En el juicio, esta
reconoció haber actuado indebidamente y justificó haber
tomado esta cantidad de dinero para comprarse un
apartamento en el complejo Regency Park en Guaynabo, Puerto
Rico.2 Ante estos acontecimientos, el señor Torres Vélez
solicitó que se determinara si la señora Soto Hernández le
debía restituir este dinero.
Así las cosas, luego de la vista en su fondo, el
Tribunal de Primera Instancia concluyó que el señor Torres
Vélez compró el Apartamento del Condominio Tropicana con
dinero privativo. Al vender este inmueble tenía como
propósito efectuar otra compraventa, pero se suscitaron
situaciones ajenas a su voluntad que no le permitieron
realizar el negocio jurídico. Por el contrario, le otorgó
un préstamo a su corporación por la cantidad de dinero
obtenida mediante la compraventa.
Una vez le es devuelto el dinero, y conforme reseñado,
este adquiere el Apartamento del Condominio Capitol Plaza
por la cantidad de trescientos noventa y cuatro mil dólares
($394,000.00). Nótese que de la venta del Condominio
2 Íd. en la pág. 282. CC-2012-0951 6
Tropicana solo se adquirieron ciento cincuenta y seis mil
dólares ($156,000.00). La diferencia fue suplida con una
hipoteca constituida por la Sociedad Legal de Gananciales.
A pesar de esto, el Tribunal entendió que el inmueble era
privativo del señor Torres Vélez. Concluyó además que no
existía derecho a reclamar la amortización del principal
que la Sociedad Legal de Gananciales hiciera durante el
matrimonio, debido a que ambos cónyuges se beneficiaron de
ocupar el Apartamento. El tribunal de instancia fundamentó
su decisión en la Doctrina de Subrogación o Sustitución.
Por otra parte, dicho foro determinó que el señor
Torres Vélez demostró que el dinero utilizado para la
compra del solar de la Urbanización Bosque de los Frailes
provenía de su caudal privativo, mientras que la señora
Soto Hernández no pudo demostrar por preponderancia de la
prueba que aportó dinero o esfuerzo para la adquisición de
dicho terreno. El foro de instancia entendió que el
recurrido presentó prueba de haber retirado de sus cuentas
bancarias la cantidad de dinero necesaria para la
adquisición del solar. A esta evidencia instada en el
juicio en su fondo, se le añade la admisión que fue
presentada y luego retirada por la señora Soto Hernández, a
través de su representación legal, a los efectos de que el
solar había sido adquirido privativamente por el recurrido.
Siendo así, el Tribunal de Primera Instancia concluyó que
no se le debía reconocer participación a la peticionaria.
Resolvió esto a pesar de que al otorgamiento de la CC-2012-0951 7
Escritura las partes comparecieron como cónyuges sin estar
legalmente casados.
En cuanto al dinero retirado de la cuenta bancaria sin
el consentimiento del Contador Partidor ni del recurrido,
el tribunal de instancia dictaminó que la señora Soto
Hernández debía pagar los intereses dejados de percibir por
el retiro de esta cantidad.
Por último, el foro de instancia concluyó que la
señora Soto Hernández “fue temeraria en la defensa de su
caso”.3 Basó su razonamiento en que retiró la admisión de
que el solar de la Urbanización Bosque de los Frailes era
privativo, a pesar de constarle que esa era su naturaleza.
Además, por haber negado el carácter privativo del
Apartamento en Capitol Plaza y retirar dinero sin la
anuencia del señor Torres Vélez y el Contador Partidor.
De dicho dictamen, la peticionaria solicitó
reconsideración que fue denegada.4 Inconforme con esta
determinación, la señora Soto Hernández recurrió al
Tribunal de Apelaciones, el cual confirmó la Sentencia
Parcial dictada por el tribunal inferior. En su dictamen,
el tribunal apelativo aclaró que de acuerdo al principio de
accesión a la inversa, para efectos del Contador Partidor,
el terreno privativo de la Urbanización Bosque de los
Frailes debía ser valorado al momento de la culminación de
3 Íd. en la pág. 283. 4 Íd. en la pág. 312. CC-2012-0951 8
la construcción de la estructura que fue edificada con el
caudal de la Sociedad Legal de Gananciales.5
Insatisfecha con la determinación del Tribunal a quo,
la peticionaria presentó un recurso de certiorari ante nos.
En ese recurso nos plantea los siguientes errores:
1. Erró el Tribunal de Apelaciones al confirmar que el terreno en Bosque de los Frailes es de carácter privativo pues está claramente resuelto que en la accesión a la inversa el terreno se convierte en ganancial con el correspondiente crédito al dueño original. 2. Erró el Tribunal de Apelaciones al confirmar que la propiedad ubicada en el Condominio Capitol Plaza es privativa porque hace una incorrecta aplicación del derecho y la doctrina sobre sustitución de bienes privativos por otros en el régimen de sociedad legal de gananciales. 3. Erró Instancia al imponerle a la demandada el pago de intereses por la suma de dinero que está depositada en un banco ganando intereses. 4. Erró el Tribunal de Apelaciones al confirmar el dictamen de temeridad contra la Sra. Soto porque el Tribunal de Primera Instancia abusó de su discreción al dictarla aun cuando existen honestas discrepancias en el derecho aplicable.
Evaluado el recurso acordamos expedir. Luego de examinar
detenidamente los autos y con el beneficio de la
comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver.
II
La peticionaria solicita que determinemos que el
Tribunal de Apelaciones erró al concluir que el Apartamento
del Condominio Capitol Plaza es privativo por hacer una
5 Íd. en las págs. 394-395, 401. CC-2012-0951 9
incorrecta aplicación de la Doctrina de Sustitución o
Subrogación de bienes.
El Art. 1299 del Código Civil de Puerto Rico, dispone
que:
Son bienes propios de cada uno de los cónyuges:
(1) Los que aporte al matrimonio como de su pertenencia. (2) Los que adquiera durante él, por título lucrativo, sea por donación, legado o herencia. (3) Los adquiridos por derecho de retracto o por permuta con otros bienes pertenecientes a uno solo de los cónyuges. (4) Los comprados con dinero exclusivo de la mujer o del marido.6
Sobre el equivalente a este artículo en el Código Civil
Español, el Art. 1396, el tratadista Manresa expresa que7:
Durante el matrimonio no es lo más natural que los bienes aportados o adquiridos se conserven siempre los mismos. Unos se consumen, otros se cambian o se venden, otros se extinguen y se sustituyen por una indemnización, etc., y todos estos hechos dan lugar a una transformación de los bienes de cada cónyuge, que van en parte y sucesivamente cambiándose o sustituyéndose por otros. Nuestro Código acepta en absoluto el principio de la subrogación, de modo que, en principio, todo lo que durante el matrimonio adquieren privativamente el marido o la mujer, en sustitución o representación de otros bienes que ya anteriormente les pertenecían, queda subrogado en el lugar de éstos y se entiende que forma parte de su capital privativo. La ley sólo exige la prueba de la verdad de esa sustitución, o que ésta resulte cierta con toda evidencia. En caso 6 31 L.P.R.A. sec. 3631. 7 Hacemos referencia al anterior Art. 1396 del Código Español. Luego de la Reforma del Código Civil Español por la aprobación de la Ley 11 de 13 de mayo de 1981 hubo un cambio de enumeración y en la actualidad es el Art. 1346. Orden Núm. 119 de 19 de mayo de 1981, II Aranzadi, Repertorio Cronológico de Legislación 1151 (1981). CC-2012-0951 10
de duda, considera los bienes como gananciales. J. M. Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1969, T.IX, pág. 661.
A tenor con estas expresiones, cuando un cónyuge tiene un
bien privativo y lo sustituye por otro, el bien adquirido
no pierde su naturaleza por el mero hecho de la
sustitución. No obstante, esta sustitución debe ser
probada. En su defecto, el bien deberá ser considerado como
uno perteneciente al caudal de la Sociedad Legal de
Gananciales.
Es importante señalar que el tratadista divide los
bienes privativos a los que se refiere nuestro citado Art.
1299 en dos (2) grupos: los de capital propio de cada uno
de los cónyuges y los bienes privativos de cada cónyuge por
sustitución o subrogación. En el primer grupo incluye los
bienes aportados al matrimonio privativamente por cada
cónyuge en forma de capital. También, aquellos bienes
adquiridos a título lucrativo por cada cónyuge durante el
matrimonio, tales como las donaciones, herencias o legados.
Manresa y Navarro, op. cit., págs. 658-662.
Por otra parte, en el segundo grupo –los adquiridos
por sustitución o subrogación- incluye aquellos bienes que
un cónyuge adquiere por permuta con bienes que le
pertenecen exclusivamente, los adquiridos por retracto o
los que se compran con dinero exclusivo de uno de los
cónyuges. En este último caso, se debe demostrar la
procedencia del dinero o se presumirá que el bien pertenece CC-2012-0951 11
al caudal de la Sociedad Legal de Gananciales. Manresa y
Navarro, op. cit., pág. 662. En el caso de la permuta, el
tratadista nos explica que el bien continuará siendo
privativo independientemente del valor del bien sustituido.
El Art. 1428 del Código Civil de Puerto Rico, define
la permuta como “un contrato por el cual cada uno de los
contratantes se obliga a dar una cosa para recibir otra”.8
A base de esta definición y los hechos ante nuestra
consideración, no podemos concluir que en el caso de autos
hubo una permuta. Cuando el señor Torres Vélez vendió el
Apartamento del Condominio Tropicana recibió una cantidad
de dinero como contraprestación, no el Apartamento del
Condominio Capitol Plaza. Este último no lo adquiere hasta
un (1) año después a través de otra compraventa. Es
imposible concluir que el Apartamento del Condominio
Capitol Plaza fue obtenido a cambio del Apartamento del
Condominio Tropicana.
Por otro lado, el Art. 1396 del Código Civil de Puerto
Rico, expresa que el retracto se configura “cuando el
vendedor se reserv[a] el derecho de recuperar la cosa
vendida”.9 De acuerdo a esta definición y al cuadro
fáctico que nos ocupa, tampoco podemos concluir que hubo un
retracto. De los autos no surge que el señor Torres Vélez
se reservara tal derecho.
8 31 L.P.R.A. sec.3981. 9 31 L.P.R.A. sec.3901. CC-2012-0951 12
Por último, nos resta evaluar si el inmueble fue
adquirido exclusivamente con bienes de uno de los cónyuges.
Como hemos reseñado, el Apartamento en cuestión fue
adquirido por bienes privativos del señor Torres Vélez y un
préstamo realizado por la Sociedad Legal de Gananciales a
First Equity Mortgage.
Así las cosas, debemos concluir que en el caso de
autos el bien no fue adquirido exclusivamente con bienes
privativos del señor Torres Vélez. Por lo tanto, debemos
aplicar lo dispuesto anteriormente y presumir que el bien
adquirido es ganancial.
El primer inciso del Art. 1301 de nuestro Código
Civil, dispone que se reputarán como gananciales aquellos
bienes que sean:
adquiridos por título oneroso durante el matrimonio a costa del caudal común, bien se haga la adquisición para la comunidad, bien para uno solo de los esposos.10
Cónsono con lo anterior, el Art. 1307, determina que:
se reputan gananciales todos los bienes del matrimonio, mientras no se pruebe que pertenecen privativamente al marido o la mujer.11
Nuestra jurisprudencia ha establecido que este articulado
“constituye la piedra angular en toda causa litigiosa en
que se intente precisar la naturaleza privativa o ganancial
de los bienes del matrimonio”. García v. Montero Saldaña,
10 31 L.P.R.A. sec. 3641. 11 31 L.P.R.A. sec. 3647. CC-2012-0951 13
107 D.P.R. 319, 335 (1978) (Citas omitidas). Asimismo,
este Tribunal ha reconocido que para establecer la
naturaleza privativa o ganancial de un bien se puede tomar
en consideración tanto el título de origen como cualquier
otra prueba pertinente.12
Según consta de la Escritura Núm. Quinientos Uno (501)
de Segregación, Liberación y Compraventa mediante la cual
los cónyuges adquirieron el Apartamento de Capitol Plaza,
se otorgó una hipoteca sobre el inmueble como garantía de
un préstamo otorgado por First Equity Mortgage.13 Sin
embargo, el inmueble no fue solamente adquirido a través
del dinero obtenido mediante esta hipoteca. El Tribunal de
Primera Instancia concluyó que para esta compraventa
también se utilizó dinero privativo del señor Torres
Vélez.14 Siendo así, el inmueble en cuestión no fue
adquirido exclusivamente con bienes de uno de los cónyuges
ni de la Sociedad Legal de Gananciales, sino que el
inmueble se adquirió con un caudal mixto.
Sobre el particular el tratadista Manresa, al analizar
el Artículo análogo en el Código Civil Español antes de la
Reforma de 1981, ha expresado lo siguiente:
¿Qué concepto merecían los bienes comprados con dinero que en parte pertenezca al marido y en parte a la mujer, o en parte a la sociedad y en parte a uno de los cónyuges? Puesto que la ley atiende, no a la persona en cuyo nombre o a favor del cual se realiza la compra, sino a la procedencia del dinero,
12 Véase Vda. de Fernández v. Registrador, 98 D.P.R. 765, 769 (1970). 13 Véase Apéndice, en la pág. 29. 14 Íd. en la pág. 283. CC-2012-0951 14
considerando el hecho como una verdadera sustitución o conversión del dinero en otros objetos, debemos deducir que cuando una finca, por ejemplo, se compra con dinero del marido y de la mujer, o de la mujer y de la sociedad, pertenece a aquellos de quienes procede el precio y en la proporción entregada por cada cual. Si pues, marido y mujer compran una casa, entregando el primero de su capital propio 10.000 pesetas y la segunda 5.000, la casa pertenecerá a los dos cónyuges pro indiviso, en la proporción de dos terceras partes al marido y una tercera a la mujer. Manresa y Navarro, op.cit., pág. 663 (Énfasis suplido).
De tal envergadura es este análisis que en la Reforma
de 1981, el Código Civil Español disipó cualquier duda al
respecto y se dispuso que un bien adquirido con caudal
mixto corresponde proindiviso a la Sociedad Legal de
Gananciales y al cónyuge. Al respecto, el tratadista Puig
Brutau señala que:
Una adquisición de bienes puede haber tenido efecto a cambio de precio mixto, en parte ganancial y en parte privativo. Para tal caso el art. 1.354 establece: ʽLos bienes adquiridos mediante precio o contraprestación, en parte ganancial y en parte privativo, corresponderán pro indiviso a la sociedad de gananciales y al cónyuge o cónyuges en proporción al valor de las aportaciones respectivasʼ”. José Puig Brutau, Fundamentos de derecho civil, 2da ed., Barcelona, Ed. S.A., 1985, T.IV, pág. 140 (Énfasis suplido).
Cónsono con estas expresiones, este Tribunal ha
expresado que:
[N]o existe impedimento en que una persona adquiera una parte de una finca como bien privativo y otra parte como ganancial. Como resultado de este negocio o transacción surge la figura de la comunidad ordinaria que habrá de regirse ʼpor la normativa de la comunidad de bienes, concurriendo a la misma, de una parte, la pareja colectivamente y, de otra, el esposo o esposos titulares individualesʼ. CC-2012-0951 15
Universal Funding Corp. v. Registrador, 133 D.P.R. 549, 554 (1993) (Citas omitidas).15
Consecuentemente, cuando un bien tiene un origen mixto
se conforma una comunidad pro-indiviso entre aquellos que
aportaron a esta adquisición en la proporción de su
participación. Tal como señala el tratadista Manresa,
cuando aludimos a la expresión de origen mixto, nos estamos
refiriendo, en este caso, a que el bien fue adquirido en
parte con capital privativo de uno de los cónyuges y por
otra parte, con caudal común de la Sociedad Legal de
Por otro lado, dados los planteamientos hechos por las
partes, es pertinente elaborar en que luego de los
pronunciamientos que hemos citado, el tratadista Puig
Brutau se cuestiona si la regla aplicaría de la misma
manera en aquellos casos en los que el bien se adquiere a
precio aplazado. Concluye que en el caso de la adquisición
por precio aplazado la comunidad indivisa surgirá siempre
que el primer pago se realice con dinero ganancial y
privativo. De esto no ocurrir, aplicaría el Art. 1.356 del
Código Civil Español, el cual dispone que el carácter del
bien sea determinado por el primer desembolso. De este
provenir de dinero privativo, el bien así será considerado.
15 En este caso, la Sociedad Legal de Gananciales adquirió un préstamo sujeto a que la cónyuge vendiera una propiedad privativa por haber sido obtenida antes de contraer matrimonio. Además, la cónyuge aportó dinero privativo que había adquirido a través de una donación. Íd. en la págs. 550-551. Ante estos hechos, permitimos la inscripción de la Escritura de Compraventa e Hipoteca porque un inmueble puede pertenecer en comunidad a la Sociedad Legal de Gananciales y a uno de los cónyuges en su carácter privativo. CC-2012-0951 16
Mientras que de tener procedencia mixta, se considerará
ganancial. Íd.
Por lo tanto, bajo esta interpretación, el primer
desembolso va a adquirir relevancia para determinar el
carácter ganancial o privativo de un bien cuando este es
adquirido por precio aplazado. En el caso que nos
concierne, las partes adquirieron la propiedad a través de
un solo pago a Moral Development, S.E., la parte vendedora.
Este pago fue realizado con dinero privativo de uno de los
cónyuges y un préstamo garantizado con hipoteca a favor de
la Sociedad Legal de Gananciales. Enfatizamos que de la
Escritura Núm. Quinientos Uno (501) surge que la parte
vendedora recibió la totalidad del precio del inmueble el
día en que se realizó el negocio jurídico.16 Siendo así,
podemos concluir que los cónyuges no adquirieron una deuda
a precio aplazado con la vendedora del inmueble en
cuestión.
El análisis de la Doctrina aplicable nos lleva a
concluir que el Tribunal de Apelaciones erró al determinar
que hubo una subrogación de un bien privativo del señor
Torres Vélez. Asimismo, incidió al determinar que la
Sociedad Legal de Gananciales no tenía ningún derecho, a
pesar de haber obtenido un préstamo para la adquisición del
bien. Según se desprende de la presunción de bienes
gananciales de nuestro Código Civil y del razonamiento de
los tratadistas, cuando un bien es adquirido con bienes
16 Íd. en las págs. 18-19. CC-2012-0951 17
mixtos se conforma una comunidad pro indiviso entre la
Sociedad Legal de Gananciales y el cónyuge en proporción al
valor de las aportaciones respectivas.
Al aplicar esta normativa a la situación de autos,
podemos concluir que el Apartamento del Condominio Capitol
Plaza, adquirido a través de instrumento público con caudal
mixto –parte de un cónyuge y otra parte de la Sociedad
Legal de Gananciales-, es un bien de naturaleza mixta. El
señor Torres Vélez y la señora Soto Hernández poseen en
común pro indiviso dicho Apartamento. Sin embargo, al
momento de liquidar la Sociedad Legal de Gananciales, el
señor Torres Vélez tiene un derecho al valor del bien en
proporción a la participación que ostenta por el dinero
privativo aportado para la adquisición de este bien más la
proporción que le corresponde como miembro de la Sociedad
Legal de Gananciales.
Antes de continuar discutiendo los asuntos ante
nuestra consideración, es pertinente destacar que contrario
a lo dispuesto por el Tribunal de Primera Instancia y
alegado por la parte recurrida, lo establecido en Vélez
Cordero v. Medina, 99 D.P.R. 113 (1970), y en Lanausse v.
Silva, etc., 84 D.P.R. 546 (1962), no es pertinente a esta
controversia. En este último, el Tribunal tuvo que
resolver si era necesario que el esposo compareciera cuando
la cónyuge adquiere un bien inmueble con bienes privativos
y el remanente garantizado con hipoteca sobre el bien
adquirido sin comprometer a la Sociedad Legal de CC-2012-0951 18
Gananciales. Además de contestar en la negativa, este
Tribunal expresó que el mero hecho de que la hipoteca fuese
satisfecha con dinero ganancial no cambiaba la naturaleza
privativa del bien adquirido por la cónyuge. Lanausse v.
Silva, supra, pág. 550.
Ciertamente, estos hechos son distinguibles de los que
tenemos ante nuestra consideración. En Lanausse v. Silva,
la cónyuge adquirió el bien y asumió el pago de la hipoteca
en su carácter privado, su cónyuge no estaba asumiendo
ninguna responsabilidad. Es bajo este contexto que el
Tribunal dispone que el bien es privativo y solo en la
eventualidad de que la Sociedad Legal de Gananciales o el
otro cónyuge tuviesen que responder subsidiariamente por
esta deuda, serían acreedores de un crédito al momento de
la liquidación de la comunidad post-ganancial. Íd.
Por otro lado, en Vélez Cordero v. Medina, supra, este
Tribunal atendió una controversia donde uno de los cónyuges
utilizó caudal ganancial para perfeccionar la permuta de un
bien privativo. Bajo estas circunstancias, este Tribunal
concluyó que independientemente de lo aportado por la
Sociedad Legal de Gananciales, el bien adquirido por
permuta de otro bien privativo no perdía su carácter
privativo. Íd. en las págs. 117.
En síntesis, erraron los tribunales inferiores al
aplicar las doctrinas que reconociéramos en esta
jurisprudencia a la situación de autos. En primer lugar, CC-2012-0951 19
el inmueble en cuestión fue adquirido en conjunto por la
Sociedad Legal de Gananciales y el señor Torres Vélez en su
carácter privativo. Esto es contrario a los hechos
considerados en Lanausse v. Silva, donde un cónyuge
adquirió un inmueble sin involucrar el caudal común o
privativo del otro cónyuge. La doctrina de Vélez Cordero
v. Medina es igualmente inaplicable, porque como ya hemos
visto, en el caso de autos no hubo una permuta.
III
Se nos solicita que aclaremos la aplicación de la
Doctrina de Accesión a la Inversa por la edificación
conyugal que se hiciera sobre un bien privativo que el
recurrido adquirió mientras vivía en concubinato con la
peticionaria.
El concubinato more uxorio surge cuando un hombre y
una mujer con aptitud para casarse deciden vivir pública y
notoriamente como un matrimonio, pero sin cumplir con las
formalidades exigidas para este último. Ahora bien, bajo
esta unión no se genera una Sociedad Legal de Gananciales.
Por el contrario, si se ha constituido una Comunidad de
Bienes, el concubino que así lo reclame deberá presentar
prueba al respecto. Caraballo Ramírez v. Acosta, 104
D.P.R. 474, 481 (1975). Así, luego de probar la existencia
de la comunidad y en aras de evitar el enriquecimiento
injusto, el concubino deberá presentar prueba sobre su
aportación de bienes, valores o servicios. Íd. CC-2012-0951 20
En el caso de autos, según hemos expuesto, al momento
de adquirir el solar de la Urbanización Bosque de los
Frailes, el señor Torres Vélez y la señora Soto Hernández
no estaban legalmente casados, sino que eran concubinos.
Por lo tanto, para poder concluir que poseen este terreno
en calidad de comuneros, las partes deben demostrar a
satisfacción del tribunal cuál fue su aportación para la
conformación de dicha comunidad.
El Tribunal de Primera Instancia determinó que el
señor Torres Vélez presentó las libretas bancarias que
evidenciaban el retiro de la cantidad de dinero necesario
para la compra del solar en cuestión. Por su parte, la
señora Soto Hernández no evidenció haber aportado bienes o
servicios para la adquisición del mismo.17 En vista de que
estas determinaciones de hecho no han sido controvertidas,
le debemos otorgar deferencia al tribunal inferior.
Reiteradamente hemos concluido que:
En ausencia de error, prejuicio o parcialidad, los tribunales apelativos no intervendrán con las determinaciones de hechos, con la apreciación de la prueba ni con la adjudicación de credibilidad que efectúe el Tribunal de Primera Instancia. Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 D.P.R. 799, 811 (2009). Véase, también Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 D.P.R. 750, 771-772 (2013).
Siendo así, y no habiéndose demostrado que el tribunal
inferior haya errado en su apreciación de los hechos,
confirmamos la determinación a los efectos de que el solar
17 Íd. en las págs. 280-281. CC-2012-0951 21
de la Urbanización Bosque de los Frailes es privativo del
señor Torres Vélez.
Ahora bien, cuando sobre un solar privativo se
construye una edificación ganancial opera la Figura de
Accesión a la Inversa o Antiaccesión. Esta desplaza el
principio de superficie solo cedit y lo edificado adquiere
primacía sobre el terreno. A tenor con esta normativa, la
Sociedad Legal de Gananciales se convierte en propietaria
del terreno que en sus orígenes era privativo de uno de los
cónyuges. Calvo Mangas v. Aragonés Jiménez, 115 D.P.R.
219, 221-222 (1984). Así, tanto el terreno como la
edificación son considerados bienes gananciales y el
cónyuge propietario del terreno solamente ostentará un
crédito al momento de liquidar la Sociedad Legal de
Gananciales. El mismo será calculado a base del valor del
terreno al momento en que culminó la construcción de la
edificación. Íd.
En el caso de autos, luego de que las partes
contrajeran matrimonio bajo el régimen económico de la
Sociedad Legal de Gananciales, edificaron su hogar conyugal
sobre el terreno privativo del señor Torres Vélez. Por
consiguiente, el terreno se convirtió en ganancial mediante
la accesión a la inversa. Según expuesto, al momento de
liquidarse la Sociedad Legal de Gananciales, el señor
Torres Vélez deberá ser acreditado con el valor del terreno
al momento en que culminó la construcción de la edificación
ganancial. CC-2012-0951 22
IV
La parte peticionaria reclama que el Tribunal de
Primera Instancia erró al imponerle intereses por haber
retirado dinero de una cuenta bancaria sin el
consentimiento de su cónyuge ni del Contador Partidor.
Cuando un matrimonio regido por la Sociedad Legal de
Gananciales es declarado roto y disuelto, esta se extingue
y se crea una Comunidad de Bienes. Montalván v. Rodríguez,
161 D.P.R. 411, 420-421 (2004). Se genera una presunción
controvertible de que cada cónyuge tiene un cincuenta por
ciento (50%) de participación. La comunidad está compuesta
por todos los bienes gananciales y cada cónyuge tiene
derecho a administrarla y a solicitar su división. Íd.
El Art. 328 del Código Civil, dispone que:
Cada partícipe podrá servirse de las cosas comunes, siempre que disponga de ellas conforme su destino y de manera que no perjudique el interés de la comunidad, ni impida a los demás copartícipes utilizarlas según su derecho.18
A base de esto, en Montalván v. Rodríguez, supra,
determinamos que el señor Rodríguez debía otorgarle un
crédito a la señora Montalván por el dinero que utilizó
para continuar desarrollando su participación en el negocio
en vez de distribuir las ganancias entre los co-dueños. El
señor Rodríguez se había mantenido administrando los
negocios gananciales durante la comunidad post-ganancial.
Con esta determinación, el Tribunal concluyó que:
18 31 L.P.R.A. sec. 1273. CC-2012-0951 23
“se hace justicia a aquel comunero que tolera que su capital se utilice para el enriquecimiento exclusivo del otro comunero, y no se premia a quien teniendo el control absoluto de la comunidad de bienes, no opta por dividirla”. Íd. en la pág. 438.
En el caso que nos ocupa, según hemos reseñado, las
partes acordaron que el dinero depositado en la cuenta
bancaria solamente sería retirado si tanto ellos como el
Contador Partidor así lo autorizaban. Sin embargo, la
señora Soto Hernández retiró cierta cantidad de dinero sin
el consentimiento de las demás partes para comprarse un
apartamento.
No albergamos duda de que el dinero fue retirado para
el disfrute exclusivo de la señora Soto Hernández, antes de
que el mismo fuese adjudicado por el Contador Partidor a
alguno de los cónyuges. Siendo así y de acuerdo a la
Doctrina que hemos discutido, no podemos permitir que,
contrario a lo acordado, un cónyuge se beneficie
exclusivamente de los bienes de la comunidad y con estas
acciones perjudique los intereses del otro comunero. El
señor Torres Vélez se perjudicó en tanto no obtuvo las
ganancias que se hubiesen generado si el dinero permanecía
depositado en la cuenta bancaria, mientras que la señora
Soto se benefició de tal acción.
Concluimos que el Tribunal de Apelaciones no erró al
confirmar al Tribunal de Primera Instancia en ordenar que
la señora Soto Hernández pague los intereses dejados de
devengar por la cantidad de dinero que fue retirada de la CC-2012-0951 24
cuenta bancaria sin el consentimiento del otro co-dueño, el
señor Torres Vélez. El Tribunal de Primera Instancia debe
determinar cuánto dinero en intereses dejó de devengar la
partida que de la cuantía depositada en la cuenta bancaria
le correspondía al señor Torres Vélez, y adjudicarle un
crédito por esta cantidad al momento de liquidar la
comunidad post-ganancial.
V
“Es norma reiterada que la imposición de honorarios
de abogado sólo procede cuando una parte ha actuado con
temeridad o frivolidad”. Santiago v. Sup. Grande, 166
D.P.R. 796, 820 (2006). Al respecto, este Tribunal ha
expresado lo siguiente:
es penalizar. . . al litigante perdidoso que por su terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en una actitud desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte, innecesariamente a asumir las molestias, gastos, trabajo e inconvenientes de un pleito. Íd. (Citas omitidas).
La determinación de temeridad o frivolidad está sujeta
a la sana discreción del Tribunal de Primera Instancia.
Sin embargo, este Tribunal ha resuelto que:
no existe temeridad cuando lo que se plantea ante el tribunal de instancia son planteamientos complejos y novedosos que no han sido resueltos en nuestra jurisdicción. Tampoco existe temeridad en aquellos casos en que el litigante actúa de acuerdo a la apreciación errónea de una cuestión de derecho y no hay precedentes establecidos sobre la cuestión, o cuando existe alguna desavenencia honesta en cuanto a quién favorece el derecho aplicable a los hechos del caso. Íd. (Énfasis omitido) (Citas omitidas). CC-2012-0951 25
En el caso ante nuestra consideración existían
desavenencias honestas en la aplicación del derecho. Hemos
determinado que los tribunales inferiores erraron al
aplicar la Doctrina de Subrogación o Sustitución a la
compra del Apartamento de Capitol Plaza. También era
necesario aclarar que la propiedad edificada en el terreno
de la Urbanización Bosque de los Frailes se convirtió en
ganancial a través de la Figura de Accesión a la Inversa.
Consecuentemente, no podemos concluir que la
peticionaria ha sido temeraria o frívola en la defensa de
su caso. A contrario sensu, hemos observado una clara
desavenencia en cuanto a la aplicación del derecho a los
hechos del caso. El Tribunal de Apelaciones erró al
concluir que el Tribunal de Primera Instancia no abusó de
su discreción al determinar que las actuaciones de la parte
peticionaria fueron temerarias.
VI
Por los fundamentos expuestos anteriormente, revocamos
al Tribunal de Apelaciones al confirmar aquella parte de la
Sentencia del Tribunal de Primera Instancia en la que se
concluyó que el apartamento del Condominio Capitol Plaza es
privativo y que la Sociedad Legal de Gananciales no tiene
ningún derecho sobre el mismo. También revocamos en cuanto
a la imposición de temeridad a la parte peticionaria.
Por último, ordenamos que el Tribunal de Primera
Instancia determine la cantidad de intereses que dejó de
devengar la partida que de la cuantía depositada en la CC-2012-0951 26
cuenta bancaria le correspondía al señor Torres Vélez, y le
adjudique un crédito al momento de liquidar la comunidad
post-ganancial.
De conformidad con lo anterior, se revoca parcialmente
la Sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones.
Se dictará Sentencia de conformidad.
Mildred G. Pabón Charneco Jueza Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 11 de diciembre de 2013.
Por los fundamentos expuestos anteriormente, revocamos al Tribunal de Apelaciones al confirmar aquella parte de la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia en la que se concluyó que el apartamento del Condominio Capitol Plaza es privativo y que la Sociedad Legal de Gananciales no tiene ningún derecho sobre el mismo. También revocamos en cuanto a la imposición de temeridad a la parte peticionaria.
Por último, ordenamos que el Tribunal de Primera Instancia determine la cantidad de intereses que dejó de devengar la partida que de la cuantía depositada en la cuenta bancaria le correspondía al señor Torres Vélez, y le adjudique un crédito al momento de liquidar la comunidad post-ganancial.
De conformidad con lo anterior, se revoca parcialmente la Sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones. CC-2012-0951 2
Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Fiol Matta y la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez concurren sin opinión escrita.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo