Torres Rivera v. Econo Rial, Inc.

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: November 18, 2021
• Docket: CC-2020-128
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Irma Torres Rivera Certiorari Recurrida

v. 2021 TSPR 150

Econo Rial, Inc. 208 DPR ____

Peticionaria

Número del Caso: CC-2020-128

Fecha: 18 de noviembre de 2021

Tribunal de Apelaciones:

Panel Especial

Abogados de la parte peticionaria:

Lcdo. Ricardo Pizarro Lcda. Viviana M. Mejías Díaz

Abogados de la parte recurrida:

Lcdo. Carlos Mondríguez Torres Lcda. Denise G. Dubocq Berdeguez

Materia: Derecho laboral: Cálculo matemático para determinar la cuantía por concepto de salarios dejados de percibir a los que tiene derecho una empleada que fue despedida de forma discriminatoria y que devengó ingresos de otros medios durante el periodo en que el despido estuvo vigente.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Irma Torres Rivera

Recurrida

v. CC-2020-128 Certiorari

Econo Rial, Inc.

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR FELIBERTI CINTRÓN.

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de noviembre de 2021.

El presente caso requiere que evaluemos el cálculo

matemático realizado por los foros recurridos para

determinar la cuantía por concepto de salarios dejados de

percibir1 a los que tiene derecho una empleada que fue

despedida de forma discriminatoria y que devengó ingresos

de otros medios durante el periodo en que el despido estuvo

vigente. Particularmente, debemos resolver en qué momento

se deben descontar dichos ingresos de la cuantía por

concepto de salarios dejados de percibir a la que tiene

derecho la empleada perjudicada. Esto es, ¿antes o después

de aplicar la doble penalidad dispuesta por ley?

1 Para fines de la argumentación y discusión en el presente caso, se utilizarán indistintamente los términos “salarios dejados de percibir”, “salarios dejados de devengar”, “haberes dejados de percibir” y “haberes dejados de devengar”. CC-2020-128 2

Adelantamos que, en atención al carácter reparador y no

punitivo de los estatutos laborales aplicables, resolvemos

que los ingresos obtenidos por la recurrida por otros medios

deberán ser descontados de la cuantía por concepto de

haberes dejados de percibir previo a imponer la doble

penalidad dispuesta por ley.

Pasemos a delinear los hechos pertinentes a la

controversia planteada.

I.

El 18 de noviembre de 2013, la Sra. Irma Torres Rivera

(señora Torres Rivera o recurrida) presentó una Querella

sobre despido injustificado en su modalidad de despido

constructivo, discrimen por razón de edad, discrimen por

razón de impedimento y represalias en el empleo en contra

de Econo Rial, Inc. (Econo o peticionaria). Ello, al amparo

de las siguientes leyes: la Ley Núm. 80 de 30 de mayo

de 1976, según enmendada, conocida como la Ley de

indemnización por despido sin justa causa, 29 LPRA sec. 185a

et seq. (Ley Núm. 80); la Ley Núm. 100 de 30 de junio de

1959, según enmendada, conocida como la Ley contra el

discrimen en el empleo, 29 LPRA sec. 146 et seq. (Ley Núm.

100); la Ley Núm. 44 de 2 de julio de 1985, según enmendada,

conocida como la Ley para prohibir el discrimen contra las

personas con impedimentos físicos, mentales o sensoriales,

1 LPRA sec. 501 et seq. (Ley Núm. 44), y la Ley Núm. 115 de

20 de diciembre de 1991, según enmendada, conocida como la

Ley contra el despido injusto o represalias a todo empleado CC-2020-128 3

por ofrecer testimonio ante un foro legislativo,

administrativo o judicial, 29 LPRA sec. 194 et seq. (Ley

Núm. 115). La recurrida se acogió al trámite sumario

dispuesto por la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según

enmendada, conocida como la Ley de procedimiento sumario de

reclamaciones laborales, 32 LPRA sec. 3118 et seq. (Ley

Núm. 2).2

Luego de varias incidencias procesales - que incluyeron

el desfile de prueba testifical, pericial y documental -,

el 5 de octubre de 2018 el Tribunal de Primera Instancia

emitió una Sentencia en la cual resolvió lo siguiente:

[...] se declara Con Lugar la causa de acción de despido injustificado en su modalidad de despido implícito o constructivo; se declaran Con Lugar la causa de acción de discrimen por razón de edad bajo la Ley [Núm.] 100 y discrimen por razón de impedimento bajo la Ley [Núm.] 44. Por otro lado, desestimamos la causa de acción por represalias al amparo de la Ley [Núm.] 115. Se ordena la reinstalación inmediata de la Sra. Irma Torres Rivera como repostera en el Departamento de Bakery de Econo Rial de Fajardo y se conceden las siguientes cuantías: $100,456.00 más la doble penalidad por salarios dejados de devengar a razón de $290.00 semanales desde el 8 de febrero de 2012 hasta el presente para un total de $200,912.00 en salarios dejados de devengar; $10,000.00 en angustias mentales más la doble penalidad para un total de $20,000.00 en daños por angustias mentales y $27,614.00 en honorarios de abogados a ser pagados directamente a su representación legal.3 (Énfasis suplido).

2 El 7 de marzo de 2014 fue presentada una Querella enmendada. Véase Querella enmendada, Apéndice del Certiorari, págs. 10-18. 3 Véase Sentencia, Apéndice del Certiorari, págs. 1634-1635. CC-2020-128 4

En desacuerdo, Econo acudió al Tribunal de Apelaciones

en donde planteó, entre otros señalamientos, que el Tribunal

de Primera Instancia erró al no descontar de los haberes

dejados de percibir el ingreso recibido por la recurrida

durante el periodo en que el despido estuvo vigente.

Con relación a este error, el Tribunal de Apelaciones,

mediante una Sentencia emitida el 6 de febrero de 2020,

puntualizó que de la prueba testifical presentada surgía

que, luego de su despido, la recurrida recibió ingresos que

totalizaban la cantidad de $53,307.00,4 los cuales se

desglosaban de la siguiente manera:

• Beneficios por desempleo - $3,458.00 • Ingreso por trabajo - $45,049.00 año 2014- $10,140.00 año 2015- $10,920.00 año 2016- $8,372.00 año 2017- $8,372.00 año 2018- $7,245.00_ Total= $45,049.00 • Confección de bizcochos años 2013-2018 - $4,800.00 . . . . . . . .5

Con respecto a este extremo, el foro apelativo

intermedio razonó que:

Según el derecho antes esbozado, un empleado que sea despedido ilegalmente y que haya recibido ingresos, por concepto de trabajos obtenidos y realizados durante el periodo [en el] que estuvo cesanteado, el patrono podrá deducir dichos ingresos de la cuantía a otorgarse por concepto de salarios dejados de percibir

4 Véase Sentencia, Apéndice del Certiorari, págs. 1795-1796. Véase, además, Transcripción [de la] vista de juicio en su fondo, Apéndice del Certiorari, págs. 614-616. 5 Véase Sentencia, Apéndice del Certiorari, págs. 1795-1796. CC-2020-128 5

independientemente de cuál [sea] la fuente de donde provienen los mismos.6 . . . . . . . . Cónsono con lo anterior, habiendo el TPI concedido la cantidad de $200,912.00 por concepto de salarios dejados de devengar, procede que se descuente de la misma la cantidad de $53,307.00, por concepto de salarios devengado[s] en otros empleos. En consecuencia, la cantidad por concepto de salarios dejados de devengar que se adjudica a la Sra. Irma Torres Rivera, [es de] $147,605.00. (Énfasis suplido).7

Así las cosas, el Tribunal de Apelaciones modificó la

cuantía otorgada a la recurrida por concepto de salarios

dejados de devengar a $147,605.00.8 Ante ello, la

peticionaria solicitó al foro apelativo intermedio una

enmienda nunc pro tunc de dicha Sentencia, por entender que

la cantidad de $53,307.00 por concepto de los ingresos

devengados por la recurrida en otros empleos debía ser

descontada del número base de $100,456.00 por concepto de

salarios dejados de devengar, en lugar de los $200,912.00,

ya que en esta última cifra se había impuesto la doble

penalidad dispuesta por la Ley Núm. 44 y la Ley Núm. 100.9

Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones denegó dicha

solicitud mediante una Resolución emitida el 24 de febrero

de 2020.10

6 Íd., pág. 1795. 7 Íd., pág. 1796. 8 Íd., pág. 1800. 9 Véase Urgente moción en solicitud de enmienda nunc pro tunc, Apéndice del Certiorari, págs. 1801-1803. 10 Véase Resolución, Apéndice del Certiorari, pág. 1811. CC-2020-128 6

Aún en desacuerdo, Econo recurrió ante este Tribunal por

medio de un recurso de certiorari. Entre otros

señalamientos de error, alegó que:

A. Erró el Tribunal de Apelaciones al descontar, contrario a derecho, la cantidad de $53,307.00 correspondiente a salarios devengados por la Querellante en otros empleos, de la partida de $200,912.00, suma que incluye la penalidad estatutaria, en lugar de la partida de $100,456.00 concedid[a] por el Tribunal de Primera Instancia por concepto de salarios dejados de devengar. Ello resulta en una Sentencia contraria a derecho por la suma de $53,307.00. El Tribunal de Apelaciones tuvo la oportunidad de corregir dicho error mediante una enmienda [nunc pro tunc], solicitada por la Peticionaria y determin[ó] no hacerlo, aun cuando expresamente emitió una Resolución que declar[ó] No Ha Lugar la Oposición a Urgente Moción en Solicitud de Enmienda [Nunc Pro Tunc] presentada por la recurrida el día 19 de febrero de 2020.11

11 Véase Certiorari, pág. 7. Los restantes señalamientos de error fueron los siguientes: B. Erró el Tribunal de Apelaciones al concluir que la oferta de trabajo hecha por la Querellada- Peticionaria a la Querellante-Recurrida no fue incondicional. Ello resulta en una Sentencia contraria a derecho al conceder salarios dejados de devengar para un período posterior a la fecha en que la Querellante rechazó una oferta incondicional de reinstalación. C. Erró el Tribunal de Apelaciones al resolver que el Tribunal de Primera Instancia no erró al declarar Con Lugar la causa de acción de discrimen por razón de impedimento bajo la Ley Núm. 44 de 2 de julio de 1985, según enmendada. D. Erró el Tribunal de Apelaciones al concluir que la Querellante fue víctima de actuaciones discriminatorias e injustificadas por razón de su edad. E. Erró el Tribunal de Apelaciones al resolver que en el caso de autos se cumplen todos los elementos que configuran un despido tácito. Íd. CC-2020-128 7

Luego de varios trámites procesales,12 el 4 de diciembre

de 2020, emitimos una Resolución en reconsideración mediante

la cual concedimos a la recurrida un término de veinte (20)

días, contado a partir de la notificación de dicha

Resolución, para que mostrara causa por la cual no debíamos

modificar la Sentencia dictada por el Tribunal de

Apelaciones, únicamente en cuanto al primer señalamiento de

error. Es decir, el asunto relacionado con el cálculo

aritmético de los salarios dejados de devengar otorgados a

la recurrida.

Contando con la comparecencia de ambas partes,

procedemos a consignar el derecho pertinente a la

controversia ante nosotros.

II.

La Sección 1 de la Carta de Derechos de la Constitución

de Puerto Rico dispone que:

La dignidad del ser humano es inviolable. Todos los hombres son iguales ante la Ley. No podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas. Tanto las leyes como el sistema de instrucción pública encarnarán estos principios de esencial igualdad humana. Art. II, Sec. 1, Const. PR, LPRA, Tomo 1, ed. 2016, pág. 275.

La Ley Núm. 100 fue aprobada con el propósito de

instrumentar el mandato constitucional de esencial igualdad

12 El 1 de mayo de 2020 emitimos una Resolución en la que declaramos no ha lugar la Petición de Certiorari. Más adelante, el 25 de septiembre de 2020 emitimos una Resolución en la que declaramos no ha lugar la Primera moción de reconsideración presentada por Econo Rial, Inc. (Econo o peticionaria). CC-2020-128 8

humana en el contexto obrero-patronal. Mestres Dosal v.

Dosal Escandón, 173 DPR 62, 69 (2008). Esta legislación

protege a los empleados y candidatos a empleo contra el

discrimen por parte de patronos u organizaciones obreras.

Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 100, pág. 300.

La Ley Núm. 100 amplió el listado de las clases

protegidas constitucionalmente contra el discrimen,

reconociéndole determinados remedios a todo empleado o

candidato a empleo que hubiese sufrido un acto adverso en

el empleo, por razón de:

[…] edad, según ésta se define más adelante, raza, color, sexo, orientación sexual, identidad de género, origen social o nacional, condición social, afiliación política, o ideas políticas o religiosas, o por ser víctima o ser percibida como víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho, o por ser militar, ex-militar, servir o haber servido en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o por ostentar la condición de veterano del empleado o solicitante de empleo. Art. 1 de la Ley Núm. 100, 29 LPRA sec. 146.

Para garantizar su cumplimiento, la Ley Núm. 100

establece una acción civil y una penal en contra de todo

patrono que incurra en la conducta discriminatoria. Véanse:

Art. 1 de la Ley Núm. 100, 29 LPRA sec. 146; García Pagán

v. Shiley Caribbean, etc., 122 DPR 193, 199-200 (1988).

En lo que respecta a la acción civil, la Ley Núm. 100

establece que el patrono que violente lo dispuesto en dicha

ley incurrirá en responsabilidad civil “[p]or una suma igual

al doble del importe de los daños que el acto haya causado

al empleado o solicitante de empleo”. Art. 1(a)(1) de la CC-2020-128 9

Ley Núm. 100, 29 LPRA sec. 146(a)(1). Por tanto, la

compensación dispuesta por el artículo precedente incluye:

el pago de todos los daños ocasionados por el acto ilegal

y, como penalidad, el pago de una suma de igual cantidad.

A esta última partida se le conoce como la doble penalidad

y “abarca tanto los daños económicos como los sufrimientos

y angustias mentales que pruebe el promovente”. Santiago

Ortiz v. Real Legacy et al., 2021 TSPR 12, 205 DPR ___

(2021). Véase, además, S.L.G. Afanador v. Roger Electric

Co., Inc., 156 DPR 651, 667 (2002). Asimismo, el estatuto

permite que el tribunal ordene la reposición del trabajador

en su empleo y, además, el cese y desista del acto

discriminatorio. Art. 1 de la Ley Núm. 100, supra.

Por su parte, la Ley Núm. 44 fue aprobada en atención a

la necesidad de “erradicar toda actitud discriminatoria en

la conciencia social puertorriqueña en [lo que] respecta a

los derechos de las personas con impedimentos físicos o

mentales”, reconociendo – a su vez – que “[u]na de las áreas

en donde se hace notar con mayor fuerza el discrimen contra

las personas con impedimentos es el área de empleo”. Véase

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 44, pág. 167. Este

estatuto prohíbe a las instituciones públicas y privadas

ejercer, poner en vigor o utilizar procedimientos o

prácticas discriminatorias en el empleo en contra de

personas con algún tipo de impedimento físico, mental o

sensorial por el solo hecho de tal impedimento. Art. 5 de

la Ley Núm. 44, 1 LPRA sec. 505. Dicha prohibición se CC-2020-128 10

extiende al “reclutamiento, compensación, beneficios

marginales, facilidades de acomodo razonable y

accesibilidad, antigüedad, participación en programas de

adiestramiento, promoción y cualquier otro término,

condición o privilegio en el empleo”. Íd.

De otra parte, en lo concerniente a los remedios que

provee dicha legislación, el Art. 13 de la Ley Núm. 44,

1 LPRA sec. 511, dispone que:

[l]os remedios, facultades, autoridad y procedimientos establecidos en [la Ley Núm. 100] estarán disponibles para el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos y para cualquier persona que entienda que ha sufrido discrimen en el empleo por razón de impedimento en violación a las disposiciones de [este estatuto]. Íd.

Por otro lado, la Ley Núm. 44 requiere que sus

disposiciones sean interpretadas de una forma liberal y no

restrictiva, de manera que la interpretación sea la más

beneficiosa para las personas con impedimentos. Art. 14 de

la Ley Núm. 44, 1 LPRA sec. 511a.

Vemos, entonces, que todo empleado o candidato a empleo

que haya sido discriminado en el empleo y presente una

reclamación al amparo de la Ley Núm. 100, la Ley Núm. 44, o

ambas, tendrá derecho – entre otros remedios – a una

compensación igual al doble de todos los daños sufridos como

consecuencia de la actuación discriminatoria por parte del

patrono, así como a la reposición en el empleo.

Reiteradamente hemos señalado que la Ley Núm. 100 no

establece limitación alguna con relación al tipo de daño que CC-2020-128 11

habrá de resarcirse, por lo que el empleado tiene derecho a

ser compensado tanto por los daños emocionales como los

económicos, incluyendo una partida por la pérdida de

ingresos. Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799,

816 (2009); Mestres Dosal v. Dosal Escandón et als., supra,

págs. 69-70; S.L.G. Afanador v. Roger Electric Co., Inc.,

supra, pág. 667; García Pagán v. Shiley Caribbean, etc.,

supra, pág. 122. Se trata – según hemos descrito - de un

esquema reparador que procura “proveer a las víctimas de

discrimen en el empleo de los instrumentos necesarios para

que se le reparen los daños causados”. Ramírez Ferrer v.

Conagra Foods PR, supra, pág. 817. En ese contexto, hemos

expresado que “nuestro ordenamiento jurídico fomenta un

sistema completo de reparación en el área de daños”, con el

cual “se persigue llevar al perjudicado por una acción ilegal

a su estado anterior, según sea posible”. Íd., pág. 817.

Valga puntualizar que aun cuando hemos indicado que la

reposición en el empleo es el remedio preferente en casos

de despidos discriminatorios, por tratarse del remedio más

completo, este Tribunal ha reconocido que ese remedio no

siempre es posible y que su imposibilidad tiene un efecto

sobre la compensación por daños económicos a los que tendría

derecho el perjudicado. Íd., pág. 818; S.L.G. Afanador v.

Roger Electric Co., Inc., supra, págs. 668-669.

Los daños económicos que pueden ser compensados en

virtud de una causa de acción al amparo de la Ley Núm. 100

incluyen: los haberes dejados de percibir, también conocidos CC-2020-128 12

como “paga atrasada” o “back pay”, y - en aquellos casos en

los que no sea posible la reposición en el empleo - el pago

por pérdida de ingresos futuros o “front pay”. Ramírez

Ferrer v. Conagra Foods PR, supra, págs. 817-818; S.L.G.

Afanador v. Roger Electric Co., Inc., supra, págs. 668-669.

Hemos indicado que “[e]stos dos remedios, junto a la

concesión de una compensación en concepto de daños morales,

tienen como fin colocar al perjudicado en una situación

similar a la que se encontraba justo antes de la acción

ilegal”. Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, supra,

pág. 819.

De otro lado, este Tribunal ha señalado que “[l]a paga

atrasada es la compensación por los haberes dejados de

percibir desde el despido hasta la fecha de la sentencia,

descontando los ingresos que durante ese per[i]odo obtuvo

la parte demandante”. (Énfasis suplido). Íd. El propósito

de realizar el referido descuento a la cuantía por concepto

de salarios dejados de percibir es poner en vigor el carácter

reparador y no punitivo de los estatutos laborales que

establecen dicho remedio. Whittenburg v. Col. Ntra. Sra.

Del Carmen, 182 DPR 937, 979 (2011); Rivera v. Ins. Wire

Prods., Corp., 158 DPR 110, 128 (2002). Y es que, según

hemos expresado consistentemente, siendo el propósito del

pago de los salarios dejados de percibir el colocar al

empleado despedido ilegalmente en el estado en que se

encontraba previo al despido ilegal - entiéndase, como si

el perjudicado hubiera continuado trabajando y, por CC-2020-128 13

consiguiente, devengando tales ingresos – es necesario que

se descuenten los salarios devengados por el empleado luego

del despido y antes de que se dicte sentencia. Whittenburg

v. Col. Ntra. Sra. Del Carmen, supra, pág. 979; Rivera v.

Ins. Wire Prods., Corp., supra, pág. 129. Lo contrario

tendría el efecto de alterar la naturaleza reparadora de los

estatutos que proveen este remedio a una con carácter

punitivo. Íd.

A tono con lo expuesto, recientemente este Tribunal tuvo

ante su consideración controversias cuyas causas de acción

estuvieron fundamentadas en la Ley Núm. 100 y otras leyes

protectoras, así como en disposiciones análogas en el sector

público, las cuales requirieron el desarrollo de fórmulas

aritméticas con el propósito de despejar dudas y poner en

vigor el carácter reparador de dichas leyes.

De esta forma, en Zambrana García v. ELA et al., 204

DPR 328 (2020), caso resuelto al amparo de la derogada

Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada,

conocida como la Ley de Personal del Servicio Público de

Puerto Rico, 3 LPRA ant. sec. 1301 et seq., este Tribunal

tuvo la oportunidad de definir y desarrollar la fórmula

matemática para determinar cuál es el ingreso neto que debe

ser deducido de la compensación por concepto de haberes

dejados de percibir a los que tiene derecho un empleado

público que ha sido cesanteado ilegalmente. Allí, definimos

el ingreso neto como “el salario que devengó el empleado

despedido por trabajos obtenidos y realizados durante la CC-2020-128 14

cesantía correspondiente a la cantidad de horas que habría

trabajado para el patrono si no hubiera sido cesanteado,

menos los gastos en que incurrió para devengarlo”. Zambrana

García v. ELA et al., supra, pág. 331. Al hacerlo,

expresamos que “[e]l propósito de calcular el ingreso neto

es cumplir con que el remedio no sea punitivo, sino reparador

al empleado cesanteado”. Íd., pág. 338. Además, explicamos

que “s[ó]lo se descuentan de la compensación aquellos

ingresos que sustituyeron los que el empleado habría

percibido de su antiguo empleo si no hubiese sido

cesanteado”. Íd.

Ahora bien, en cuanto a la fórmula matemática,

determinamos que al momento de calcular la partida que el

patrono deberá pagar a un empleado público por concepto de

salarios dejados de devengar, se deberá considerar lo

siguiente:

[...] [el ingreso] que el empleado devengó en su otro empleo, durante las horas que habría trabajado para el patrono que lo cesanteó (I). A esa suma se le resta los gastos incurridos para devengar ese ingreso (G). El resultado de ese cálculo es el ingreso neto (I-G=IN) [...] Entonces, al salario total que el empleado dejó de devengar mientras estuvo cesanteado (S) se le resta el ingreso neto (IN). El remanente de este cálculo, si alguno, es la cantidad que el patrono pagará al empleado restituido por concepto de salario dejado de devengar, que identificamos como cantidad total (CT) en la siguiente fórmula: CC-2020-128 15

S-IN=CT. (Énfasis suplido). Zambrana García v. ELA, et al., supra, pág. 339.13

De otro lado, Santiago Ortiz v. Real Legacy et al.,

supra, es un caso en el cual fueron acumuladas las causas

de acción sobre despido injustificado y discriminatorio al

amparo de la Ley Núm. 80 y la Ley Núm. 100 y, además,

tramitado en conformidad con las disposiciones de la Ley

Núm. 2. En éste, el foro de instancia dictó una sentencia

parcial en rebeldía en la que declaró con lugar la causa de

acción sobre despido injustificado, concedió el remedio de

la mesada y señaló una vista en rebeldía para dilucidar los

daños relacionados con la reclamación sobre discrimen.

Celebrada la vista, el foro primario determinó las

cantidades procedentes por concepto de daños económicos y

angustias mentales, las cuales sumó y luego les restó la

cantidad inicialmente concedida por concepto de la mesada.

Posteriormente, el foro apelativo intermedio modificó las

sumas concedidas por el foro de instancia. Solicitada

oportunamente nuestra revisión, y ante las discrepancias en

los cálculos realizados por los foros recurridos, este

Tribunal tuvo ante su consideración la siguiente

controversia:

¿[C]uál es la fórmula matemática que los tribunales utilizarán cuando, ante un caso por

13 En Zambrana García v. ELA et als., 204 DPR 328, 329 (2020), resolvimos, además, que “en caso de que el empleado cesanteado tenga un segundo empleo al momento de la cesantía y continúe desempeñándose en [é]ste, s[ó]lo se descontará la cantidad de horas adicionales —si alguna— que el empleado dedicó a su segundo empleo luego de la cesantía y que correspondan a la cantidad de horas que dedicaba a su empleo, del cual fue cesanteado”. CC-2020-128 16

despido injustificado y discriminatorio, la mayor cuantía proviene de una legislación laboral que impone la doble penalidad? Es decir, […] ¿cuándo restamos la mesada que resultó de menor cantidad de la adjudicada por [la] Ley [Núm.] 100, supra, antes o después de la imposición de la doble penalidad? Santiago Ortiz v. Real Legacy et al., supra.

Allí resolvimos que “ante una reclamación por la Ley

[Núm.] 80, supra, y por [la] Ley [Núm.] 100, supra, o una

medida obrero-patronal que incluya la doble penalidad como

resarcimiento y proceda la deducción de la mesada, ésta se

hará luego de implementar la doble penalidad de la

legislación social”. Íd.

Para arribar a dicha conclusión, consideramos, no sólo

la política pública que rige en nuestro ordenamiento

laboral, la cual busca proteger al empleado o candidato a

empleo de acciones ilegales por parte de los patronos, sino

también – entre otras particularidades – que la

responsabilidad civil en la que incurre un patrono que lleva

a cabo acciones discriminatorias acarrea una responsabilidad

civil igual al doble de los daños sufridos por el empleado.

Íd. Es decir, que siendo la doble penalidad parte de ese

remedio, el deducir la mesada antes de la aplicación de la

doble penalidad hubiera resultado en un remedio incompleto,

entiéndase, uno inferior al provisto por la Ley Núm. 100.

Íd.

Cabe señalar que en ninguno de estos dos casos fue

necesario expresarnos sobre en qué momento - si antes o

después de la aplicación de la doble penalidad - debe CC-2020-128 17

deducirse el ingreso obtenido por un empleado luego del

despido ilegal de la cuantía por concepto de haberes dejados

de percibir a la que tiene derecho.14 En cambio, el caso

ante nuestra consideración nos brinda esa oportunidad.

Expuesto el derecho aplicable, resolvemos.

III.

Según adelantamos, el único asunto ante nuestra

consideración es aquel esbozado por la peticionaria en su

primer señalamiento de error. En síntesis, Econo sostiene

que el Tribunal de Apelaciones erró en el cálculo matemático

realizado para computar la partida que debe ser concedida a

la recurrida por concepto de salarios dejados de devengar.

En específico, plantea que el foro apelativo intermedio

actuó contrario a derecho al descontar los ingresos

obtenidos por la recurrida en otros empleos de la cantidad

otorgada por el foro primario por concepto de salarios

14 En Zambrana García v. ELA et al., supra, la reclamación fue presentada al amparo de la derogada Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, conocida como la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico, 3 LPRA ant. secs. 1301 et seq., la cual no incluye como parte de sus remedios la doble penalidad de los daños ocasionados por la actuación discriminatoria. En específico, la Sección 7.17 del derogado estatuto disponía lo siguiente: (1) En los casos en que la Junta resuelva a favor del querellante, dictará las órdenes remediales pertinentes. (2) En casos de destitución, si la decisión de la Junta es favorable al empleado, ésta deberá ordenar su restitución a su puesto, o a un puesto similar. Asimismo deberá ordenar el pago total o parcial de los salarios dejados de percibir por éste desde la fecha de la efectividad de la destitución, y la concesión de todos los beneficios marginales a que éste hubiese tenido derecho. Sección 7.17 de la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico, 3 LPRA ant. sec. 3197. Por su parte, en Santiago Ortiz v. Real Legacy et al., 2021 TSPR 12, 205 DPR ___ (2021), si bien las cantidades utilizadas en la fórmula matemática incluyeron la deducción del ingreso obtenido en el nuevo empleo, no fue necesario – por no estar en controversia – expresarnos sobre el particular. CC-2020-128 18

dejados de percibir luego de haber aplicado la doble

Por su parte, la recurrida argumenta, en esencia, que el

cálculo matemático realizado por el Tribunal de Apelaciones

fue el correcto. Asegura que el cálculo propuesto por Econo

conduce a una interpretación restrictiva de los remedios a

ser concedidos por la Ley Núm. 100 y la Ley Núm. 44, lo que

está vedado por esta última.

En el presente caso, el Tribunal de Primera Instancia

declaró con lugar las causas de acción sobre despido

injustificado en la modalidad de despido constructivo, así

como las causas de acción sobre discrimen por razón de edad

y por razón de impedimento. No obstante, desestimó la causa

de acción sobre represalias. Conforme a ello, ordenó la

reinstalación inmediata de la señora Torres Rivera a su

antiguo empleo, así como el pago de las siguientes cuantías

a su favor:

$100,456.00 más la doble penalidad por salarios dejados de devengar a razón de $290.00 semanales desde el 8 de febrero de 2012 hasta el presente para un total de $200,912.00 en salarios dejados de devengar; $10,000.00 en angustias mentales más la doble penalidad para un total de $20,000.00 en daños por angustias mentales y $27,614.00 en honorarios de abogados a ser pagados directamente a su representación legal.15 (Énfasis suplido).

De lo anterior se puede colegir que el foro primario no

descontó partida alguna relacionada con los ingresos

obtenidos por la señora Torres Rivera en otros empleos

15 Véase Sentencia, Apéndice del Certiorari, págs. 1634-1635. CC-2020-128 19

mientras se encontraba cesanteada, aun cuando se presentó

prueba de ello.

Por su parte, el Tribunal de Apelaciones modificó la

cuantía concedida a la recurrida por concepto de salarios

dejados de devengar a $147,605.00 y, así modificada,

confirmó la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera

Instancia. Para obtener dicha cifra, el foro apelativo

intermedio computó los ingresos obtenidos por la recurrida

en otros empleos, ascendentes a $53,307.00, y los descontó

de la partida total por concepto de los salarios dejados de

devengar adeudados por Econo ($200,912.00), la cual, por

mandato de ley, incluía la doble penalidad. Es en este

último extremo - al haber aplicado la doble penalidad previo

a restar el monto de los ingresos devengados por la recurrida

por otros medios - donde radica el error en el cálculo.

Veamos.

Conforme a la discusión del derecho aplicable que

antecede, entre los remedios civiles dispuestos por la Ley

Núm. 100 se encuentra el pago de una suma igual al doble de

todos los daños ocasionados al empleado por motivo de la

actuación discriminatoria, lo que incluye el pago de los

haberes dejados de percibir. Al hacer alusión a una suma

igual al doble de los daños, el estatuto se refiere al pago

de dos (2) partidas, a saber: (1) aquella por concepto de

los daños, en este caso, los salarios dejados de percibir,

y (2) una partida de igual cantidad por concepto de la doble

penalidad. CC-2020-128 20

Como explicáramos, este Tribunal ha sido consistente al

reconocer la necesidad de deducir aquellos ingresos

obtenidos por el empleado luego del despido ilegal de la

cuantía por concepto de los haberes dejados de percibir a

los que tiene derecho el perjudicado. Ramírez Ferrer v.

Conagra Foods, PR, supra, pág. 823; Whittenburg v. Col.

Ntra. Sra. Del Carmen, supra, pág. 979; Rivera v. Ins. Wire

Prods., Corp., supra, pág. 128. Esa deducción tiene el

propósito de poner en vigor el carácter reparador y no

punitivo de las leyes que proveen dicho remedio. Íd. De

esta forma, siendo la Ley Núm. 100 y la Ley Núm. 44 estatutos

reparadores, no vemos razón por la cual debamos alejarnos

de ese proceder y en su lugar concluir, como plantea la

recurrida, que en casos tramitados al amparo de dichos

estatutos, se deben deducir los ingresos obtenidos por el

perjudicado en otros empleos una vez aplicada la doble

penalidad. Nótese que realizar el cálculo de esa forma

tendría el efecto de evitar que se deduzcan los ingresos

obtenidos por otras fuentes de la partida por concepto de

salarios dejados de percibir. Si bien la Ley Núm. 44

requiere que la interpretación que se realice sobre la misma

se lleve a cabo de la manera más favorable al empleado

perjudicado, tal interpretación no puede tener el efecto de

cambiar la naturaleza reparadora del estatuto en cuestión.

De esta forma, concluimos que el cálculo realizado por el

foro apelativo intermedio fue errado en tanto y en cuanto

dedujo los ingresos obtenidos por la recurrida por otros CC-2020-128 21

medios luego de aplicar la doble penalidad dispuesta por

ley.

A tenor con lo expuesto, resolvemos que al calcular la

partida de haberes dejados de percibir a los que tiene

derecho un empleado que ha sido despedido de manera

discriminatoria, será necesario deducir de dicha partida los

ingresos obtenidos por el empleado perjudicado por otros

medios – desde el despido hasta la fecha en que se dictó la

sentencia – antes de aplicar la doble penalidad dispuesta

por ley. Reiteramos que proceder de otra manera tornaría

en punitiva la aplicación de la doble penalidad dispuesta

tanto por la Ley Núm. 100 como por la Ley Núm. 44, lo que

derrotaría el carácter reparador con el cual se formularon

dichos estatutos.

Por consiguiente, para fines de la controversia que hoy

atendemos, el cálculo correcto consiste en descontar de los

salarios dejados de devengar (S) los ingresos generados por

otros medios desde la fecha del despido hasta la fecha en

que se dicte la sentencia (I), lo que resultará en la

cantidad total a pagar por concepto de haberes dejados de

percibir (CT); es a esta última cantidad a la que se le

aplicará la doble penalidad dispuesta por ley. Así, la

fórmula matemática que deberá ser utilizada para calcular

la cuantía por concepto de haberes dejados de percibir en

reclamaciones laborales presentadas al amparo de estatutos

que incluyan el remedio de la doble penalidad es la

siguiente: S – I = CT x 2. CC-2020-128 22

Al realizar este cálculo, el foro primario deberá

considerar los salarios dejados de devengar por la

recurrida, así como los ingresos generados por ésta por

otros medios, desde el despido hasta la fecha en que se

dicte sentencia.

IV.

Por los fundamentos que anteceden, se expide el auto de

certiorari solicitado en reconsideración y se revoca

parcialmente la Sentencia dictada por el Tribunal de

Apelaciones el 6 de febrero de 2020 en cuanto al cálculo

matemático de los salarios dejados de devengar a los que

tiene derecho la recurrida. Así modificada, se confirma

dicha Sentencia en sus demás partes y se devuelve el caso

al Tribunal de Primera Instancia para que determine - en

conformidad con lo resuelto en esta Opinión - la cuantía por

concepto de salarios dejados de percibir que Econo deberá

pagar a la señora Torres Rivera. Al hacerlo, deberá

considerar los haberes dejados de percibir por la recurrida

hasta la fecha de dictada la sentencia, así como los ingresos

generados por la recurrida por otros medios durante ese

periodo.

Se dictará Sentencia de conformidad.

ROBERTO FELIBERTI CINTRÓN Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente Sentencia, se expide el auto de certiorari solicitado en reconsideración y se revoca parcialmente la Sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones el 6 de febrero de 2020 en cuanto al cálculo matemático de los salarios dejados de devengar a los que tiene derecho la recurrida. Así modificada, se confirma dicha Sentencia en sus demás partes y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que determine - en conformidad con lo resuelto en esta Opinión - la cuantía por concepto de salarios dejados de percibir que Econo deberá pagar a la señora Torres Rivera. Al hacerlo, deberá considerar los haberes dejados de percibir por la recurrida hasta la fecha de dictada la sentencia, así como los ingresos generados por la recurrida por otros medios durante ese periodo.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez concurre en parte y disiente en parte y emite la expresión siguiente:

Estoy de acuerdo con que procede descontar la cantidad de salarios dejados de percibir durante el tiempo de su cesantía antes de imputar la doble penalidad. Hernández v. Mun. de Aguadilla, 154 DPR 199 (2001). De esta manera, el empleado obtiene una reparación real y no una doble compensación. Íd. pág. 209, citando a J.R.T. v. Ceide, 89 DPR 674, 686 (1963). CC-2020-128 2

Destaco que la doble penalidad de la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, 29 LPRA sec. 146 et seq, y de la Ley Núm. 44 de 2 de julio de 1985, 1 LPRA sec. 511, es de naturaleza reparadora porque va dirigida hacia el trabajador discriminado. Por ello expresamos que “[e]l esquema reparador de este articulado —en protección de los trabajadores— pretende proveer a las víctimas de discrimen en el empleo de los instrumentos necesarios para que se le reparen los daños causados”. Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 816 (2009). Ello no significa que la doble penalidad no sea de carácter punitivo en contra del patrono. De hecho, por su naturaleza punitiva es que se duplica el salario dejado de percibir en beneficio del empleado.

Además, cabe distinguir la controversia que hoy atendemos de la que resolvimos recientemente en Santiago Ortiz v. Real Legacy et al., 2021 TSPR 12, 205 DPR __ (2021). Allí pautamos que procede descontar la mesada que provee la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 29 LPRA sec. 185(a) et seq., luego de imponer la doble penalidad. Hoy determinamos restar los ingresos generados por otros empleos previo a imponer la doble penalidad. Ambas normas son compatibles. A diferencia de lo que ocurrió en Santiago Ortiz v. Real Legacy, supra, aquí no se trata de dos remedios otorgados por dos leyes distintas, sino un único remedio bajo la Ley Núm. 100, supra.

Ahora bien, disiento del proceder mayoritario porque no dispone de manera diáfana que la cantidad que obtuvo la Sra. Irma Torres Rivera por desempleo no se puede imputar como salario devengado por su esfuerzo laboral. Recordemos que en Wittenburg v. Col. Ntra. Sra. Del Carmen, 182 DPR 937, 979 (2011), se interpretó la reserva provista por la Ley ACAA y se mencionó que: “el dinero que un trabajador ilegalmente despedido devengue de un trabajo realizado después del despido, pero antes de que recaiga sentencia a su favor en el pleito por violación de la reserva, se debe restar del monto del salario que dejó de percibir en el puesto original” (énfasis suplido). Asimismo, en Rivera v. Ins. Wire Prods., Corp., 158 DPR 110, 129 (2002) dijimos que “procede descontar los salarios que el recurrido devengó de los empleos posteriores al despido” (énfasis suplido). En Zambrana García v. ELA et al., 204 DPR 328, 338 (2020) enunciamos que “solo se descuentan de la compensación aquellos ingresos que sustituyeron los que el empleado habría CC-2020-128 3

percibido de su antiguo empleo si no hubiese sido cesanteado”. Igualmente, se definió “ingreso neto” como “el salario que el empleado despedido devengó en otro trabajo y que correspondería a las horas que habría laborado con el patrono que lo cesanteó, menos lo que gastó para realizar ese trabajo”. Íd. Conforme a lo anterior, por la naturaleza del beneficio, no se puede imputar la cantidad que el empleado obtuvo como parte de los beneficios de desempleo al cálculo de salarios percibidos. Tal beneficio no es un ingreso devengado por trabajo realizado ni esfuerzo laboral. Dado que la Opinión no lo expresa de manera tajante, me veo obligada a disentir en parte.

El Juez Asociado señor Estrella Martínez disiente con Opinión escrita. El Juez Asociado señor Colón Pérez disiente y hace constar las siguientes expresiones:

Similar a como lo hicimos en Zambrana García v. ELA, 204 DPR 328 (2020) (Colón Pérez, Expresiones disidentes), disentimos del curso de acción seguido por una mayoría de este Tribunal en el presente caso. Ello, por entender que -- al igual que en el contexto del empleado público -- en el escenario del empleado de la empresa privada, que es despedido ilegalmente, no procede descontar de los salarios adeudados aquellos ingresos que éste haya recibido de otras fuentes mientras se encontraba cesanteado del cargo de forma ilegal. Cónsono con lo anterior, huelga señalar que, en la causa de epígrafe, no procedía dilucidar en qué momento se debían descontar los ingresos devengados de otras fuentes por una empleada que fue despedida de forma discriminatoria.

No obstante, una vez más, una mayoría de esta Curia opta por socavar injustificadamente los derechos de las personas trabajadoras y penalizar a aquel o aquella que no se cruza de brazos y busca remediar la situación económica en la que le colocó un despido ilegal. Con ello, no podemos estar de acuerdo.

El Juez Asociado señor Rivera García no intervino.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Opinión disidente emitida por el Juez Asociado señor ESTRELLA MARTÍNEZ.

Nuestro ordenamiento jurídico laboral está predicado

en la apertura del Poder Judicial como ente reparador para

beneficio de los trabajadores y las trabajadoras que sean

víctimas de discrimen o acciones ilegales en el ámbito del

trabajo. Hoy se ignoran varias normas y propósitos

legislativos con el efecto de seguir cerrando esa vía y, en

su lugar, se establecen tres (3) salvoconductos adicionales

para aminorar la responsabilidad de los patronos del sector

privado.

En primer término, el dictamen mayoritario establece

que deben descontarse de la indemnización judicial todos

los ingresos que hubiera recibido una obrera despedida

ilegalmente durante el periodo de tiempo que duró el pleito.

En segundo término, en dicho cómputo, desacertadamente se

incluyen los beneficios por desempleo que ésta obtuviera a

consecuencia de la acción ilegal de su empleador. Por

último, como agravante, se establece que dicha deducción CC-2020-128 2

deberá efectuarse antes de imponer la doble compensación

requerida por los estatutos antidiscrimen en el empleo.

Bajo la premisa de no querer imponerle un carácter

punitivo a los estatutos protectores laborales —a pesar de

que ese es el claro propósito legislativo—, el efecto neto

de la interpretación restrictiva que articula la norma

mayoritaria es la reducción de la compensación a la que

tiene derecho la víctima de un despido ilegal. Con ello, se

premia desmedidamente al patrono que incurre en prácticas

discriminatorias en el entorno laboral, concediéndole

diversos salvoconductos que le permiten aminorar su

responsabilidad civil.

Por considerar que el propósito legislativo de los

estatutos antidiscrimen, en unión con las normas de

hermenéutica en el ámbito laboral vigente, conducen a una

conclusión contraria a la que arriba la Mayoría, disiento

del dictamen mayoritario. A continuación, expongo los

fundamentos que orientan mi disenso.

I

Del tracto fáctico de la controversia que hoy

resolvemos surge que, tras la celebración de un juicio al

amparo del proceso sumario de reclamaciones laborales, el

Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia y concluyó

que Econo Rial, Inc. (Econo) incurrió en prácticas laborales

ilícitas y discriminatorias en contra de la Sra. Irma Torres

Rivera (señora Torres Rivera). Dado lo anterior, a Econo se

le impuso responsabilidad por infringir la Ley contra el CC-2020-128 3

discrimen en el empleo, Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959,

según enmendada, 29 LPRA sec. 146 et seq. (Ley Núm. 100), y

la Ley para prohibir el discrimen contra las personas con

impedimentos físicos, mentales o sensoriales, Ley Núm. 44

de 2 de julio de 1985, según enmendada, 1 LPRA sec. 501 et

seq. (Ley Núm. 44).

Como remedio, el foro primario ordenó que la señora

Torres Rivera fuese reinstalada inmediatamente a su empleo.

Además, concedió las cuantías siguientes:

$100,456.00 más la doble penalidad por salarios dejados de devengar a razón de $290.00 semanales desde el 8 de febrero de 2012 hasta el presente para un total de $200,912.00 en salarios dejados de devengar; $10,000.00 en angustias mentales más la doble penalidad para un total de $20,000.00 en daños por angustias mentales y $27,614.00 en honorarios de abogados a ser pagados directamente a su representación legal.16

Como vemos, el Tribunal de Primera Instancia no realizó

descuento alguno a la compensación de la señora Torres

Rivera. No obstante, tras recurrir al Tribunal de

Apelaciones, Econo logró que dicho foro descontara de la

partida concedida por ingresos dejados de devengar todos

los ingresos recibidos por la señora Torres Rivera durante

el tiempo en que el despido estuvo vigente. Sin embargo, el

foro apelativo intermedio realizó tal descuento luego de

aplicada la doble penalidad contemplada en ambos estatutos

laborales. Aún inconforme, Econo recurrió ante nos y arguyó

16Apéndice de certiorari, págs. 1634-1635. CC-2020-128 4

que el descuento aludido debió efectuarse antes de la

imposición de la doble penalidad.

La Opinión Mayoritaria acoge el planteamiento de Econo

y resuelve que procede descontar todos los salarios

generados por la señora Torres Rivera mientras estuvo

vigente su despido. Para ello, centró su análisis en pautar

cuál debe ser el cálculo matemático que deben realizar los

tribunales para determinar la cuantía por concepto de

salarios dejados de devengar a los que tiene derecho la

persona despedida ilegalmente y en qué momento, si antes o

después de la imposición de la doble penalidad, debe ser

realizado el descuento.

Disiento del dictamen mayoritario por tres (3)

fundamentos. En primer lugar, considero que no debemos

penalizar a un obrero u obrera que, ante un despido ilegal,

no se cruza de brazos y obtiene otros ingresos para paliar

y mitigar los efectos de la súbita pérdida de su sustento

económico. Es decir, soy del criterio que no procede

efectuar ese descuento por afectar la compensación de una

víctima de discrimen laboral.

En segundo lugar, constituye un grave error que el

dictamen mayoritario catalogue como salarios deducibles de

la compensación los beneficios por desempleo.

Por último, disiento de la fórmula matemática diseñada

en la Opinión mayoritaria, ya que establece que se deben

efectuar las referidas deducciones antes de imponer la doble

penalidad requerida por ley. CC-2020-128 5

Así pues, considero que el dictamen mayoritario le

otorga al patrono tres (3) salvoconductos que permiten

aminorar su responsabilidad civil tras un tribunal concluir

que incurrió en prácticas discriminatorias en el contexto

laboral.

A continuación, procedo a explicarlos en detalle.

II

A.

Como cuestión de umbral, estimo necesario establecer

que, en casos de despidos ilegales entre los cuales se

incluya una compensación por ingresos dejados de devengar,

no se debe efectuar descuento alguno por los ingresos que

obtuvo el empleado o la empleada agraviada por otros medios

mientras duró su cesantía. En mis disensos Zambrana García

v. ELA et al., 204 DPR 328, 343 (2020) (Opinión disidente

del Juez Asociado señor Estrella Martínez) y Acevedo

Sepúlveda v. Depto. Salud, 191 DPR 28, 53 (2014) (Opinión

de conformidad en parte y disidente en parte del Juez

Asociado señor Estrella Martínez), ya había adelantado esta

postura. Allí, catalogué como una injusticia que un empleado

cesanteado ilegalmente que no se cruzó de brazos y obtuvo

ingresos privados para remediar los embates del despido,

fuese castigado nuevamente al ordenar que se descuente lo

devengado en ese ámbito.

Ciertamente, tales expresiones fueron emitidas en el

contexto del despido ilegal de un empleado público que

obtuvo ingresos en la empresa privada. Sin embargo, dicho CC-2020-128 6

raciocinio no se limita al empleo público, sino que también

debe extenderse al trabajador o trabajadora de la empresa

privada. Cuando un empleado es despedido ilegalmente por su

patrono, con frecuencia éste tiene que obtener otro trabajo

para paliar los daños que supone la pérdida inesperada de

su empleo. Siendo ese el caso:

Entonces, ¿por qué deducir unos salarios que son el medio por el cual el empleado cesanteado ilegalmente tiene la posibilidad de cumplir con sus responsabilidades (personales y familiares) y aminorar los perjuicios causados por una acción ilegal de su patrono? ¿Por qué ensañarse con el empleado que actúa diligentemente y hace un esfuerzo razonable por remediar su situación? ¿Acaso la normativa vigente no fomenta que el empleado cesanteado se cruce de brazos y no busque atemperar los menoscabos sufridos? ¿Acaso esta actitud de falta de diligencia en mitigar los daños no ha sido rechazada constantemente por esta Curia? (Énfasis suplido). Acevedo Sepúlveda v. Depto. Salud, supra, pág. 75. Hoy reitero dichos planteamientos. Soy del criterio

que no debe proceder descuento alguno en aquellas

situaciones en las que un empleado despedido ilícitamente

por un patrono en la empresa privada obtiene, por otros

medios, ingresos para remediar los embates de esa

ilegalidad. No albergo duda de que esta es la alternativa

más adecuada y justiciera, puesto que aplicar esa deducción

al “pago de los haberes dejados de percibir por razón de la

cesantía ilegal a la que fueron expuestos los empleados,

constituye penalizar a quien evita un daño mayor. Así, se CC-2020-128 7

premia al que actúa ilegalmente y, peor aún, se atropella a

quien vindica su derecho”. Íd. Por esa razón, el proceder

mayoritario tiene un efecto nocivo debido a que la persona

despedida ilegalmente que obtiene otro empleo mientras se

tramita su causa de acción, tendrá derecho a una

compensación menor en comparación con una que no lo haga.

Zambrana García v. ELA et al., supra, pág. 344 (citando a

Hernández v. Mun. de Aguadilla, 154 DPR 199, 209 (2001)).

Por consiguiente, disiento de la premisa conceptual en

la que se ancla la Opinión mayoritaria. Reafirmo que dicha

situación resulta en una injusticia contra la trabajadora

que ya sufrió el vejamen del despido ilegal. Ahora, la norma

mayoritaria la castiga por ser proactiva y obtener un nuevo

trabajo luego de una cesantía ilegal, mientras que el

patrono que incumplió con la ley ve reducida su

responsabilidad civil. Ello socava un importante disuasivo

para que los patronos cumplan y respeten las leyes que

proscriben el discrimen en el empleo. En ese sentido, la

postura mayoritaria premia al patrono que actúa ilícitamente

y le concede un primer salvoconducto que le permite reducir

su responsabilidad civil tras incurrir en prácticas

discriminatorias.

B.

Según adelanté, la Opinión mayoritaria avala el cómputo

que realizó el Tribunal de Apelaciones sobre los ingresos

devengados por la señora Torres Rivera por concepto CC-2020-128 8

de salario en otros empleos. Esta cantidad asciende a

$53,307.00 y se desglosa de la manera siguiente:

● Beneficios por desempleo - $3,458.00 ● Ingreso por trabajo - $45,049.00 año 2014- $10,140.00 año 2015- $10,920.00 año 2016- $8,372.00 año 2017- $8,372.00 año 2018- $7,245.00 Total= $45,049.00 ● Confección de bizcochos años 2013-2018 $4,800.0017

Al validar este cómputo, la Mayoría no advierte que en

él se incluyeron los beneficios por desempleo. Este

proceder, más allá de que abre la puerta para que se

catalogue dicho beneficio como un salario devengado, atenta

contra el carácter reparador que ostenta el beneficio por

desempleo en nuestro ordenamiento jurídico. Veamos.

La Ley de seguridad de empleo de Puerto Rico, Ley Núm.

74 de 21 de junio de 1956, según enmendada, 24 LPRA sec.

701 et seq. (Ley de Desempleo), establece que el desempleo

no constituye un salario, sino un beneficio. En ese sentido,

la Exposición de Motivos del estatuto precitado establece

que:

El desempleo es, por lo tanto, materia de interés e incumbencia general que requiere la adopción por la Asamblea Legislativa de medidas adecuadas tendientes a evitar su desarrollo y a aliviar la carga que el mismo produce y que recae sobre el trabajador desempleado y su familia.[…] [É]ste objetivo puede obtenerse mediante el funcionamiento de oficinas públicas y gratuitas de empleo, adoptando métodos

17Íd., págs. 1795-1796. CC-2020-128 9

apropiados para reducir al mínimo el auge del desempleo, y mediante la acumulación sistemática de fondos durante períodos de empleo que permitan el pago de beneficios durante períodos de desempleo, manteniendo así el poder adquisitivo, promoviendo la movilidad y aprovechamiento de las mejores destrezas de aquellos trabajadores desempleados, y limitando las serias consecuencias sociales del desempleo. (Énfasis suplido).

Queda claro que el programa de desempleo es un

beneficio otorgado por el Estado producto de la

implementación de una política pública dirigida a reducir

la pesada carga que supone la pérdida del empleo. Así lo

hemos reconocido consistentemente. Castillo v. Depto. del

Trabajo, 152 DPR 91, 98 (2000); Acevedo v. Western Digital

Caribe, Inc., 140 DPR 452, 466 (1996). A fin de cuentas, el

programa de desempleo se trata de un beneficio colateral

que forma parte de la política social del Estado.

Asimismo, la postura que hoy defiendo es cónsona con

la jurisprudencia interpretativa de las leyes antidiscrimen

en el Derecho Laboral federal.

Al respecto, en Marshall Field & Co. v. N.L.R.B, 318

US 253 (1943) (Per Curiam), un trabajador cesanteado

discriminatoriamente recibió beneficios de desempleo

durante la pendencia del pleito. Posteriormente, el patrono

alegó que dichos ingresos debían ser descontados de la

penalidad impuesta en su contra. Sin embargo, el Tribunal

Supremo federal, interpretando la ley de compensación por

desempleo del Estado de Illinois, concluyó que los CC-2020-128 10

beneficios de desempleo obtenidos por el trabajador

cesanteado no constituían ingresos para efectos de las

definiciones establecidas por la National Labor Relations

Board. Por tanto, determinó que no procedía tal deducción.18

Posteriormente, en N.L.R.B. v. Gullett Gin Co., 340 US

361 (1951), el Tribunal Supremo federal, amparado en el

precedente de Marshall Field & Co. v. N.L.R.B, supra, validó

que no se caracterizaran como salario los beneficios de

desempleo para propósitos de la compensación a ser pagada

por un patrono que incurrió en prácticas discriminatorias.

De este modo, determinó que:

[T]he payments to the employees were not made to discharge any liability or obligation of respondent, but to carry out a policy of social betterment for the benefit of the entire state. We think these facts plainly show the benefits to be collateral. It is thus apparent from what we have already said that failure to take them into account in ordering back pay does not make the employees more than ‘whole’ as that phrase has been understood and applied. (Énfasis suplido). Íd., págs. 364-365 (citas internas omitidas).

Ahora bien, a pesar de ambos dictámenes, las cortes

apelativas federales están divididas en cuanto a si debe

ser mandatorio o discrecional que se tomen en consideración

18Así, el Tribunal Supremo federal concluyó que:

We agree with the court below that the benefits received under the state compensation act were plainly not ‘earnings' which, under the terms of the Board's order, could be deducted from the back pay awarded. Marshall Field & Co. v. N.L.R.B, supra, pág. 255. CC-2020-128 11

los beneficios por desempleo al momento de computar la

compensación por ingresos dejados de devengar.19 Sin

embargo, la norma mayoritaria es tajante en cuanto a que no

procede catalogar como salario los beneficios de desempleo

obtenidos por el trabajador víctima de discrimen por razón

de edad. Véanse, Gaworski v. ITT Commercial Fin. Corp., 17

F.3d 1104 (8th Cir. 1994); Brown v. A.J. Gerrard Mfg. Co.,

715 F.2d 1549 (11th Cir. 1983) (Per Curiam); Rasimas v.

Michigan Dept. of Mental Health, 714 F.2d 614 (6th Cir.

1983); Kauffman v. Sidereal Corp., 695 F.2d 343, (9th Cir.

1982) (Per Curiam).20

Sobre el particular, considero persuasivo lo resuelto

por la Corte de Distrito Federal de Puerto Rico en Toro v.

Sánchez, 141 F. Supp.2d 195 (2001). En dicho caso, el

patrono pretendió que se le descontara del monto que tendría

que compensar al trabajador ilegalmente cesanteado lo que

éste había devengado por concepto de seguro social,

beneficios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y

el seguro por desempleo. En lo pertinente, luego de

interpretar el propósito y la naturaleza de la Ley de

19Véase, I. Torres Canales, ¿Procede el descuento del beneficio por desempleo a un back pay?, 88 Rev. Jur. UPR 586, 592-594 (2019); T. Lee, Deducting Unemployment Compensation and Ending Employment Discrimination: Continuing Conflict, 43 Emory L.J. 325 (1994).

20Véase, además, U.S. Equal Employment Opportunity Comm'n v. Consol Energy, Inc., 860 F.3d 131 (4th Cir. 2017); Dailey v. Societe Generale, 108 F.3d 451 (2d Cir. 1997); Thurman v. Yellow Freight Sys., Inc., 90 F.3d 1160 (6th Cir. 1996); Craig v. Y & Y Snacks, Inc., 721 F.2d 77 (3d Cir. 1983). CC-2020-128 12

Desempleo, supra, el tribunal resolvió que, de la exposición

de motivos del estatuto, quedaba claro que no procedía dicho

descuento. Fundamentó su dictamen en que éstos eran

beneficios producto de una política pública del Estado.

Además, resaltó el hecho de que los fondos del desempleo

son administrados por una agencia gubernamental que tiene

la discreción de decidir cómo distribuir los fondos, a quién

otorgárselos y en qué condiciones. 29 LPRA secs. 703-704.

Por ello, concluyó que:

[T]hese payments are not made to discharge any liability or obligation of the defendant, but to carry out an independent policy of social betterment for the benefit of the entire state.

In view of the above, we conclude that deducting unemployment compensation will actually make the defendant-employer more than whole. “If an employer who violates the law is allowed to use payments of unemployment compensation to offset its liability, it is put in a better position than an employer who does not violate the law but still pays its unemployment tax to the state”. (Énfasis suplido). Toro v. Sánchez, supra, pág. 199 (citas omitidas).

Dicho raciocinio lo debimos aplicar a la controversia

que hoy adjudicamos. Resulta evidente que la otorgación del

beneficio de desempleo a la señora Torres Rivera no es

producto de una obligación indemnizatoria del patrono; más

bien, es el resultado de una política pública dirigida a

paliar los efectos nocivos del desempleo en nuestra

sociedad. Por tal razón, hubiese aplicado la doctrina de la CC-2020-128 13

fuente colateral de ingresos.21 Es decir, hubiese resuelto,

además de lo explicado en el acápite anterior, que un

patrono que incurre en prácticas discriminatorias en el

entorno laboral no podrá aprovecharse de que el empleado

perjudicado haya recibido los beneficios por desempleo que

la comunidad extiende a los necesitados.

De hecho, recientemente en Santiago Ortiz v. Real

Legacy Assurance Company, Inc. y otros, 2021 TSPR 12, 205

DPR __ (2021), un caso sobre despido discriminatorio,

aplicamos la doctrina de fuente colateral de ingresos para

evitar que se catalogaran como salarios el pago efectuado

por el patrono por concepto de liquidación de vacaciones,

el plan de ahorros y el pago de la pensión prematura. Basado

en lo anterior, reiteramos la interpretación restrictiva

que hemos establecido del concepto “salario” al enfrentarnos

a situaciones en donde se pretende catalogar como tal otros

tipos de ingresos recibidos por un empleado ilegalmente

cesanteado para efectos de cuantificar el monto de una

indemnización al amparo de las leyes laborales. A

21Ladoctrina de la fuente colateral de ingresos establece que, como regla general, el causante de un daño estará impedido de deducir del importe de la indemnización que se le ha impuesto la compensación o beneficios que el perjudicado haya recibido de una tercera persona o entidad. Futurama Import Corp. v. Trans Caribbean, 104 DPR 609, 612- 613 (1976). Ello se fundamenta en que la relación del tercero que concede beneficios al perjudicado es completamente distinta a la que tiene éste con el causante de sus daños. Íd. De este modo, el que causa el daño está obligado a indemnizar mientras que lo concedido por el tercero está abonado por otro título. Nieves Cruz v. U.P.R., 151 DPR 150, 165 (2000). CC-2020-128 14

esos efectos, enfatizamos que “sólo el trabajo realizado

mediante el esfuerzo físico o intelectual es compensable

con la indemnización o penalidad adicional. Esta norma no

queda afectada por la amplitud retórica que pueda atribuirse

al vocablo ‘salarios’”. (Énfasis suplido). Íd., pág. 23

(citando a J.R.T. v. Ventanas Yagüez, Inc., 103 DPR 933,

938 (1975)). En tal análisis, citamos con aprobación el caso

de Toro v. Sánchez, supra, y establecimos que nuestro

dictamen era “similar a las expresiones que el Tribunal

Federal para el Distrito de Puerto Rico ha esbozado en torno

a las deducciones realizadas en escenarios que involucran

un despido”. Íd., pág. 25. Ésto, pues, no podemos convertir

una legislación llamada a favorecer al empleado en un

privilegio para el patrono. Íd., págs. 24-25 (citando a

García Pagán v. Shiley Caribbean, 122 DPR 193, 212 (1988)).

Por ello, discrepo del análisis efectuado por el

Tribunal de Apelaciones y validado por la Mayoría. El

precedente que hoy se establece es inconsistente con

nuestros pronunciamientos previos. Además, desvirtúa el

propósito de la política pública establecida en la Ley de

Desempleo, supra.

Por consiguiente, procedía eliminar de la ecuación

matemática creada por la Opinión mayoritaria los $3,458.00

que recibió la señora Torres Rivera por concepto del

desempleo. No lo hicimos. Por tanto, disiento y expreso mi

preocupación por las consecuencias nocivas que tendrá el

dictamen sobre las reclamaciones de ésta y los demás CC-2020-128 15

empleados en similar situación. Con este proceder, queda

configurado el segundo salvoconducto otorgado al patrono

que le permite aminorar su responsabilidad civil tras

incurrir en prácticas discriminatorias.

C.

Finalmente, disiento de la fórmula establecida en la

ponencia mayoritaria, ya que establece que los salarios

devengados por la empleada discriminada, mientras estuvo

cesanteada, serán descontados antes de la imposición de la

doble penalidad requerida por ley. Ello, bajo el pretexto

de no querer alterar la naturaleza reparadora de las leyes

antidiscrimen en el empleo. Discrepo de tal aseveración. Me

explico.

Los estatutos antidiscrimen en cuestión conceden

remedios similares a la víctima de discrimen y contemplan

iguales penalidades contra el patrono que discrimina.

Véanse, Art. 13, Ley Núm. 44, supra, 1 LPRA sec. 511; Art.

1, Ley Núm. 100, supra, 29 LPRA sec. 146. El principal

remedio es la reposición en el empleo. Además, ambos

estatutos contemplan la concesión de daños más “una suma

igual al doble del importe de los daños que el acto haya

causado al empleado o solicitante de empleo”. Íd. Ésto es

lo que denominamos la doble penalidad. Como Curia, hemos

sido diáfanos en que la imposición doble de dicha

compensación es un elemento punitivo contra el patrono para

disuadirlo de cometer actos discriminatorios. Maldonado v.

Banco Central Corp., 138 DPR 268, 274 (1995); Guardiola CC-2020-128 16

Álvarez v. Depto. de la Familia, 175 DPR 668, 681-683

(2009).

En ese sentido, reiteramos que la imposición de la

doble penalidad no tiene como objetivo exclusivo reparar un

daño. Más bien, se trata de una medida punitiva dirigida al

patrono cuyo objetivo es disuadirle de cometer otros actos

discriminatorios en el futuro. Nótese que la intención

legislativa con la aprobación de la doble penalidad fue

castigar al patrono que discrimina. Por tal razón, la hemos

denominado la doble penalidad. Si el objetivo hubiese sido

meramente reparar un daño, la doble penalidad no tendría

sentido jurídico.

Sin embargo, la Opinión avalada por una mayoría de esta

Curia debilita este objetivo al permitirle al patrono

beneficiarse de los referidos descuentos que se le

realizarán a la empleada ilegalmente cesanteada, antes de

la imposición de la doble penalidad. Con ello, diluye el

componente punitivo de ambos estatutos y crea una fórmula

que le permite al patrono beneficiarse del diligente

proceder de un empleado agraviado. De este modo, queda

establecido un tercer salvoconducto cuyo efecto es la

reducción de la responsabilidad civil de un patrono que

incurre en acciones discriminatorias.

En esa faena, este Tribunal hilvana una interpretación

restrictiva de las leyes protectoras laborales, lo cual es

contrario a nuestro deber hermenéutico de interpretarlas

liberalmente cuando favorecen al empleado y CC-2020-128 17

restrictivamente cuando le afectan. Romero et als. v. Cabrer

Roig et als., 191 DPR 643, 653 (2014). La postura

mayoritaria invierte estas premisas interpretativas

desacertadamente.

Asimismo, debo resaltar que nada en el texto de los

estatutos en cuestión nos llevaban a resolver de la forma

en que lo hizo la Mayoría. De hecho, el lenguaje del Artículo

15 de la Ley Núm. 44, supra, nos debió conducir a la

conclusión contraria. Esto, pues, el artículo precitado

establece textualmente que debemos interpretar la ley de

forma liberal y amplia cuando ello fomente el fin social de

proteger, defender y vindicar los derechos de las personas

con impedimentos. 1 LPRA sec. 511b; Guardiola Álvarez v.

Depto. de la Familia, supra, pág. 687; Morales Bengochea v.

Banco Popular, 173 DPR 742, 760 (2008) (Sentencia).

Esta norma hermenéutica no nos es ajena, ya que hemos

construido una norma interpretativa similar en el contexto

laboral en general. Cordero Jiménez v. UPR, 188 DPR 129,

139 (2013). Así, por ejemplo, en Santiago Ortiz v. Real

Legacy Assurance Company, Inc. y otros, supra, pautamos que,

en aras de otorgar un remedio completo al empleado agraviado

y en armonía con nuestras normas hermenéuticas laborales,

debíamos efectuar ciertas deducciones luego de imponer la

doble penalidad. Nada nos impedía invocar ese precedente

para resolver similarmente la controversia ante nos. CC-2020-128 18

Por tanto, aun si para propósitos argumentativos

aceptamos que correspondía efectuar deducciones a la

compensación por ingresos dejados de devengar, lo cual

rechazo, una interpretación liberal de ambos estatutos

hubiese forzado a concluir que éstas deberían efectuarse

luego de calcular la doble penalidad requerida por ley.

Resolver de otra forma, no sólo va en contra de nuestra

hermenéutica laboral, sino que resulta en una injusticia

contra la empleada que ya sufrió el vejamen del despido

ilegal. Además, socava el objetivo de la doble penalidad

como un importante disuasivo para que los patronos respeten

las leyes que proscriben el discrimen laboral. Hernández v.

Mun. de Aguadilla, supra, pág. 217 (Opinión disidente del

Juez Asociado señor Fuster Berlingeri).

En definitiva, la norma que hoy se establece difumina

los objetivos de nuestro ordenamiento laboral, en

específico, los de aquellas normas relacionadas al discrimen

en el empleo. Ello tiene el efecto de convertir una

legislación llamada a proteger y favorecer al empleado en

un privilegio para el patrono que discrimina al concederle

distintos salvoconductos que le permiten reducir su

responsabilidad civil tras incurrir en actuaciones

discriminatorias en el empleo. Ante ello, respetuosamente

disiento.

III

De conformidad con los fundamentos expuestos, reafirmo

que no procedía efectuar descuento alguno a la compensación CC-2020-128 19

otorgada a la señora Torres Rivera. Por lo tanto, debimos

reafirmar los remedios concedidos por el Tribunal de Primera

Instancia. Ello constituía la alternativa más justiciera y

cónsona con el Derecho Laboral aplicable para los empleados

y las empleadas que acuden al Poder Judicial en búsqueda de

la completa reparación del agravio que supone ser despedido

ilícitamente a consecuencia de un acto discriminatorio. Sin

embargo, el dictamen avalado por una Mayoría de este

Tribunal hace lo contrario y premia al patrono que incurre

en prácticas discriminatorias en el empleo. Lo anterior, no

obstante, se efectúa sobre las espaldas de los sujetos de

derecho que estamos llamados a proteger y vindicar

jurídicamente: las víctimas de discrimen en el empleo.

Por consiguiente, no me queda más que distanciarme de

la postura acogida por la Mayoría y disentir.

Luis F. Estrella Martínez Juez Asociado