Rivera Lamberty v. Rodríguez Amador

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: September 16, 2020
• Docket: CC-2017-6
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Karla Tatiana Rivera Lamberty Certiorari Peticionaria

V. 2020 TSPR 105

José Alberto Rodríguez Amador 205 DPR _____

Recurrido

Número del Caso: CC-2017-6

Fecha: 16 de septiembre de 2020

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Carolina y Humacao, Panel X

Abogados de la parte peticionaria:

Lcda. Pilar B. Pérez Rojas Lcdo. Carlos A. Cabán García

Abogado de la parte recurrida:

Lcdo. Rubén E. Falú Allende

Materia: Sentencia con Voto Particular Disidente

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Karla Tatiana Rivera Lamberty

Peticionaria

v. Certiorari CC-2017-0006 José Alberto Rodríguez Amador

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de septiembre de 2020.

Un matrimonio se divorcia y el exesposo reside

solo en la propiedad ganancial que constituía la

vivienda familiar. ¿Significa esto que usó

ilícitamente el bien de la comunidad postganancial y

que está obligado a pagarle a su exesposa un crédito

por ese uso? Por los fundamentos que exponemos a

continuación, resolvemos que el mero uso de la cosa

común por uno solo de los comuneros no convierte ese

uso en uno ilícito que justifique una acción de

resarcimiento. Ahora bien, la indemnización sí procede

si se infringe una reglamentación específica del uso,

si al comunero afectado se le impide utilizar el bien

o si hay un requerimiento de renta, por ejemplo, del CC-2017-0006 2

comunero lesionado por el uso incompatible con su derecho.

I

La Sra. Karla Tatiana Rivera Lamberty (peticionaria o

señora Rivera Lamberty) y el Sr. José Rodríguez Amador

(recurrido o señor Rodríguez Amador) estuvieron casados

desde el 1998 hasta el 1 de octubre de 2008, cuando el

matrimonio se disolvió mediante Sentencia de divorcio que

se notificó el 6 de octubre de 2008. Tres días después, la

señora Rivera Lamberty presentó una demanda mediante la

cual solicitó la liquidación de la Sociedad Legal de

Gananciales. Indicó que “por información y creencia, [el

señor Rodríguez Amador] reside en la calle Cruz 107

Apartamento 207, Viejo San Juan, Puerto Rico 00901”. 1

Alegó, entre otras cosas, que “la mayoría de los bienes

gananciales han estado bajo el absoluto control de la

parte demandada”. 2 En particular, mencionó que tiene

control sobre las cuentas de banco, la administración

exclusiva de bienes de la Sociedad Legal de Gananciales,

así como la participación de esta última en negocios y

corporaciones.3

En su contestación a la demanda el señor Rodríguez

Amador aclaró que en diciembre de 2008 se mudó a la

propiedad de la comunidad postganancial ubicada en la

1 Demanda, Apéndice, pág. 89. 2 Íd. 3 Ese mismo día, la Sra. Karla Tatiana Rivera Lamberty presentó una

Moción urgente solicitando remedios provisionales en protección de los bienes de la Sociedad Legal de Gananciales. En síntesis, solicitó que el foro primario emitiera varias órdenes provisionales para evitar la dilapidación de los bienes de la Sociedad Legal de Gananciales. Apéndice, págs. 95-97. CC-2017-0006 3

Urbanización Andrea’s Court debido a que la señora Rivera

Lamberty abandonó la misma sin pagar la hipoteca, la luz y

la cuota de mantenimiento.4

El foro primario realizó varias vistas en las que las

partes presentaron prueba documental y testifical. Una de

las controversias a dirimir era los créditos a los que

tenía derecho la señora Rivera Lamberty por el alegado uso

exclusivo del señor Rodríguez Amador de la residencia en

la Urbanización Andrea’s Court. El señor Rodríguez Amador

alegó que permaneció en el inmueble para protegerlo y que

la señora Rivera Lamberty abandonó voluntariamente la

propiedad, nunca reclamó su uso y no aportó a los pagos de

la hipoteca ni mantenimiento. Sostuvo que no era viable

vender la propiedad porque valía menos de lo adeudado y

tampoco era conveniente rentarla por una cantidad inferior

al pago mensual de la hipoteca. Según el señor Rodríguez

Amador, si la señora Rivera Lamberty tenía algún derecho,

este sería a partir de junio de 2015, cuando reclamó el

crédito por primera vez.

El Tribunal de Primera Instancia declaró disuelta la

comunidad postganancial. Sobre la propiedad en la

Urbanización Andrea’s Court, el foro primario dio entera

credibilidad al testimonio del señor Rodríguez Amador.

Señaló que no podía concluir “que el [señor] Rodríguez

Amador ocupó la vivienda de manera exclusiva y mucho menos

4 Contestación a la demanda, Apéndice, pág. 122. CC-2017-0006 4

que actuó en contra del patrimonio comunitario”. 5 Basándose

en la Sentencia que se emitió en Meléndez v. Maldonado,

175 DPR 1007 (2009), y en la Opinión de conformidad de la

Juez Asociada Rodríguez Rodríguez, el foro de instancia

resolvió que el crédito en concepto de rentas debía

computarse desde que la señora Rivera Lamberty lo reclamó

expresamente en junio de 2015 y no desde que el señor

Rodríguez Amador se mudó a la residencia ganancial.

Para computar ese crédito, el foro primario

estableció una renta promedio de $1,900 para los trece

meses -de junio de 2015 a julio de 2016- que el señor

Rodríguez Amador usó exclusivamente la propiedad. Así,

estimó que la señora Rivera Lamberty tenía derecho a un

crédito de $12,350. 6 Además, el Tribunal estableció que la

señora Rivera Lamberty tenía derecho a un crédito de

$24,918.30, pues el señor Rodríguez Amador se benefició

exclusivamente de un crédito contributivo de $49,836.60.

Sumados ambos créditos, la señora Rivera Lamberty tenía un

total de $37,268.30 en créditos por la propiedad en la

Urbanización Andrea’s Court.

El foro de instancia determinó además que el señor

Rodríguez Amador pagó $265,630.67 en gastos de

mantenimiento y de préstamo hipotecario desde octubre de

2008 a junio de 2016. Como el señor Rodríguez Amador

costeó esas deudas con dinero privativo, el Tribunal

5 Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Apéndice, pág. 73. 6 $1,900 multiplicado por trece es $24,700. Esa cantidad dividida entre los dos miembros de la comunidad postganancial equivale a $12,350. CC-2017-0006 5

reconoció un crédito a su favor de $132,815.33, es decir,

la mitad de lo pagado.

El Tribunal de Primera Instancia también adjudicó

otras controversias, entre ellas los créditos que reclamó

la señora Rivera Lamberty con relación a: (1) los bienes

muebles de la residencia en la Urbanización Andrea’s

Court; (2) un apartamento en Bayside Cove; (3) una

propiedad ganancial ubicada en Vista Real en Fajardo; y

(4) las corporaciones People’s Marine, MSL Liquor Store y

Villas del Paraíso.

Finalmente, el foro primario determinó que los

activos comunitarios sumaban $137,029.34 y el único pasivo

era la hipoteca que gravaba el inmueble en Andrea’s Court.

A su vez, atendidas todas las reclamaciones, reconoció a

la señora Rivera Lamberty un crédito de $163,002.17 y al

señor Rodríguez Amador un crédito de $418,491.69 sobre la

totalidad de los bienes, lo cual implicó que este último

tuvo un crédito neto de $255,489.52. Por consiguiente, el

foro primario adjudicó a su favor el inmueble en Andrea’s

Court. Además, ordenó que una deuda con el Centro de

Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) se pagara con

el dinero consignado en el tribunal y que el sobrante, si

alguno, se abonara al crédito del señor Rodríguez Amador.

Inconforme, el 19 de agosto de 2016 la señora Rivera

Lamberty recurrió ante el foro apelativo intermedio

mediante un recurso de apelación. Reclamó tener un crédito

a su favor por la renta que el señor Rodríguez Amador le CC-2017-0006 6

adeudaba, a partir de la fecha del divorcio el 1 de

octubre de 2008, por el tiempo en que se benefició

exclusivamente de la propiedad. Además, impugnó otras

determinaciones del foro primario sobre los créditos

concedidos a ambas partes.

Por su parte, el 16 de septiembre de 2016 el señor

Rodríguez Amador presentó un Alegato en Oposición. Alegó

que la peticionaria incumplió con la Regla 19 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXI-B,

sobre la reproducción de la prueba oral. Por lo tanto,

adujo que la señora Rivera Lamberty no puso en posición al

Tribunal de Apelaciones de evaluar la credibilidad que

otorgó el foro primario a los testimonios presentados.

Sobre la controversia en los méritos, este reiteró los

argumentos que presentó en el Tribunal de Primera

Instancia.

Posteriormente, el 18 de octubre de 2016 la señora

Rivera Lamberty solicitó “un término de 30 días para

obtener la regrabación y transcripción estipulada de la

prueba desfilada ante el TPI”. 7 Alegó que fue una omisión

involuntaria producto de una situación de salud del hijo

de su representante legal. En su oposición, el señor

Rodríguez Amador resaltó que la peticionaria presentó su

solicitud un mes, cuatro semanas y un día luego de que

presentó el recurso de apelación. Ello, a pesar de que la

Regla 19(B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones

7 Moción en Solicitud de Regrabación, Apéndice, pág. 1544. CC-2017-0006 7

establece que “[l]a parte apelante deberá acreditar dentro

del término de diez (10) días siguientes a la presentación

de la apelación, que el método de reproducción de la

prueba oral que utilizará es el que propicia la más rápida

dilucidación del caso”.8

El 7 de noviembre de 2016 el Tribunal de Apelaciones

notificó una Sentencia en la que confirmó al Tribunal de

Primera Instancia, salvo por corregir un error del foro

primario en la suma de los créditos que le corresponden a

cada una de las partes. Sobre la controversia de los

créditos por el alegado uso exclusivo, el foro apelativo

resolvió que el derecho de la señora Rivera Lamberty a

recibir el pago de la renta comenzó a partir de junio de

2015, fecha en que solicitó el crédito por primera vez.

Por otro lado, resaltó que la peticionaria incumplió con

la Regla 19 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones al

no presentar una transcripción sobre la prueba oral que se

presentó en el foro primario. Como la peticionaria se

limitó a hacer meras alegaciones y no presentó la

reproducción de la prueba oral, el foro apelativo

intermedio evaluó cada uno de los señalamientos de error

de la peticionaria a la luz de las determinaciones de

hechos y la credibilidad conferida por el foro primario.

Luego de que su solicitud de reconsideración fuese

rechazada, la señora Rivera Lamberty presentó un recurso

8 Oposición a Solicitud sobre Regrabación de los Procedimientos, Apéndice, pág. 1548. CC-2017-0006 8

de certiorari ante este Tribunal. Planteó los

señalamientos de errores siguientes:

PRIMER ERROR: Erró el Tribunal de Apelaciones al denegar la moción de la Peticionaria solicitando la reproducción de la prueba y resolver la apelación en los méritos sin la transcripción de la prueba, lo que constituyó, de facto, una desestimación, sin seguir la normativa jurisprudencial de sanciones progresivas y/o advertencias a la representación legal antes de privar a una parte de su derecho apelativo.

SEGUNDO ERROR: Erró el Tribunal de Apelaciones al limitar el reclamo de la Peticionaria de renta sobre la propiedad comunal de Andrea’s Court a partir de junio de 2015.

TERCER ERROR: Erró el Tribunal de Apelaciones al considerar de forma incompleta el recurso, omitir evaluar la diversa prueba documental y por lo tanto adjudicar erróneamente diversas controversias, tales como confirmar la determinación del TPI de que el Recurrido no era accionista de People’s Marine a pesar de la prueba documental en contrario y que el propio Recurrido lo aceptó en la contestación de la demanda; al igual que otras controversias.

Tras evaluar los argumentos, expedimos el recurso.

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

resolvemos.

II

A. Reproducción de la prueba oral

La Regla 19(A) del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, dispone que cuando una

parte apelante en un caso civil señale un error

relacionado con la suficiencia o la apreciación errónea de

la prueba testifical someterá una transcripción, una

exposición estipulada o una exposición narrativa. Su

importancia radica en que si la parte apelante no CC-2017-0006 9

reproduce la prueba oral el tribunal apelativo no podrá

cumplir cabalmente su función revisora. Álvarez v. Rivera,

165 DPR 1, 13 (2005). Esto, pues, sin la reproducción de

la prueba oral los tribunales apelativos no podrán evaluar

si las determinaciones de hechos del juzgador se basaron

en pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto.

Véase Santiago Montañez v. Fresenius Medical, 195 DPR 476

(2016); véase también la Regla 42.2 de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V.

Además de requerir la reproducción de la prueba oral,

el Reglamento del Tribunal de Apelaciones también regula

cómo debe solicitarse. La Regla 19(B) exige que la parte

apelante “acredit[e] dentro del término de diez (10) días

siguientes a la presentación de la apelación, que el

método de reproducción de la prueba oral que utilizará es

el que propicia la más rápida dilucidación del caso,

pudiendo el tribunal determinar el método que alcance esos

propósitos”. 4 LPRA Ap. XXII-B. Además, la Regla 20

dispone que cuando la prueba se reproduzca por

transcripción se seguirá el proceso de la Regla 76,

mientras que cuando se utilice la exposición estipulada o

narrativa se hará conforme con la Regla 76.1. 4 LPRA Ap.

XXII-B. Sobre el proceso de transcripción, conviene

destacar que la Regla 76 también requiere que la parte

apelante notifique al Tribunal de Apelaciones −en un

término de diez días desde que se presentó el recurso− que

se propone transcribir la prueba oral. Deberá, a su vez, CC-2017-0006 10

exponer por qué la transcripción es indispensable e

identificar las porciones pertinentes del récord ante el

Tribunal de Primera Instancia cuya transcripción interesa,

incluso la fecha de los testimonios y los nombres de los

testigos. 4 LPRA Ap. XXII-B.

Después de presentar la reproducción de la prueba

oral la parte apelante tiene la facultad de presentar un

alegato suplementario con la intención de indicar las

porciones de la exposición o de la transcripción que sean

relevantes a sus señalamientos de error. 4 LPRA Ap. XXII-

B. Ahora bien, el término para presentarlo es treinta días

desde que presentó la transcripción o la exposición

estipulada o narrativa de la prueba. Además, si la parte

desea presentar un alegato suplementario deberá

notificarlo cuando presente la reproducción de la prueba

oral.

Las disposiciones reglamentarias discutidas se deben

observar rigurosamente. Los abogados tienen la obligación

de cumplir fielmente con el trámite establecido en las

leyes y en los reglamentos aplicables, ya que “[n]o puede

quedar al arbitrio de los abogados decidir qué

disposiciones reglamentarias se deben acatar y cuándo”.

Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 290

(2011). Esta exigencia es necesaria para que los

tribunales apelativos estén en posición de decidir

correctamente los casos, contando con un expediente CC-2017-0006 11

completo y claro de la controversia que tienen ante sí.

Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90 (2013).

B. Discusión del primer y tercer señalamiento de error

La señora Rivera Lamberty plantea que el foro

intermedio incurrió en una desestimación de facto cuando

denegó su moción solicitando la reproducción de la prueba

oral. Nos pide que autoricemos la transcripción de la

prueba oral y que devolvamos el caso al Tribunal de

Apelaciones para que considere nuevamente los méritos del

caso, con el beneficio de la transcripción de la prueba.

Por su parte, el señor Rodríguez Amador aclara que no se

trata de una desestimación de facto porque el foro

apelativo intermedio atendió en sus méritos las

controversias planteadas. Ahora bien, como la señora

Rivera Lamberty incumplió con el término reglamentario

para solicitar la reproducción de la prueba oral, el

Tribunal de Apelaciones aplicó correctamente la norma de

deferencia judicial sobre la apreciación de los hechos que

realizó el Tribunal de Primera Instancia. El señor

Rodríguez Amador tiene la razón.

Según explicamos, la Regla 19(A) del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, supra, dispone que un apelante en

un caso civil deberá someter una reproducción de la prueba

oral cuando señale un error relacionado con la suficiencia

o la apreciación errónea de la prueba testifical. De ser

así, la parte apelante deberá acreditar, en el término de

diez días siguientes a la presentación de la apelación, CC-2017-0006 12

que el método de reproducción de la prueba oral que eligió

propicia la más rápida dilucidación del caso. Regla 19(B)

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. Por

otro lado, cuando el método seleccionado sea una

transcripción, la parte apelante debe notificar, en un

término de diez días de presentado el recurso, que se

propone transcribir la prueba oral e identificar las

porciones pertinentes del récord cuya transcripción

interesa. Regla 76 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, supra.

La señora Rivera Lamberty no observó estas

disposiciones reglamentarias. Desde el 19 de agosto de

2016, fecha en que presentó el recurso de apelación, la

peticionaria contaba con un término de diez días para

indicar cómo reproduciría la prueba oral y, de elegir la

transcripción, indicar por qué era indispensable y cuáles

eran las porciones pertinentes del récord. No obstante, no

fue hasta el 18 de octubre de 2016, luego de que fuera

señalado por el señor Rodríguez Amador, que la señora

Rivera Lamberty solicitó un término de treinta días para

obtener la regrabación y producir una transcripción

estipulada.

La señora Rivera Lamberty presentó como justa causa

para su incumplimiento la situación de salud del hijo de

su representante legal. No obstante, en Lugo v. Suárez,

165 DPR 729, 740 (2005), resolvimos que “[l]a enfermedad

de un abogado o de una persona de su círculo familiar CC-2017-0006 13

inmediato que dependa de él es una circunstancia especial,

no planificada, que constituye una justa causa, siempre

que se acredite fehacientemente su ocurrencia” (Énfasis

suplido). En cambio, en este caso la representante legal

de la peticionaria se limitó a expresar dos meses más

tarde que tuvo una emergencia de salud, sin indicar cuál

fue o acreditar fehacientemente su ocurrencia. Por lo

tanto, no hubo justa causa para incumplir con los términos

reglamentarios sobre reproducción de la prueba oral.

Por otro lado, cabe destacar que en este caso el

Tribunal de Apelaciones no desestimó la apelación, sino

que atendió los señalamientos de error en los méritos.

Para ello, concedió deferencia a las determinaciones de

hecho del Tribunal de Primera Instancia al momento de

analizar si las determinaciones de derecho se basaron en

la prueba documental y testifical que se presentó. Por

consiguiente, ante el incumplimiento sin justa causa de la

señora Rivera Lamberty con las disposiciones

reglamentarias, actuó correctamente el Tribunal de

Apelaciones al denegar la reproducción de la prueba oral y

atender los señalamientos de error sin su beneficio.

Resuelto lo anterior, procedemos a discutir el derecho

aplicable al señalamiento de error restante.

III

A. Comunidad Postganancial

Según el Código Civil, a falta de capitulaciones

matrimoniales, la sociedad legal de gananciales será el CC-2017-0006 14

régimen económico aplicable a los matrimonios contraídos

en Puerto Rico. Art. 1267 del Código Civil, 31 LPRA sec.

3551. Bajo este régimen se presumen gananciales todos los

bienes del matrimonio. Art. 1307 del Código Civil, 31 LPRA

sec. 3551. Además, ambos cónyuges son codueños y

administradores de la totalidad del patrimonio

matrimonial. Montalván v. Rodríguez, 161 DPR 411, 420

(2004).

Esta sociedad de gananciales se extingue cuando el

matrimonio se disuelve o se declara nulo. Art. 1315 del

Código Civil, 31 LPRA sec. 3681. En ese instante nace una

comunidad de bienes, también conocida como comunidad

postganancial, compuesta por los bienes que le pertenecían

a la sociedad de gananciales. Art. 1294 del Código Civil,

31 LPRA sec. 3621; Montalván v. Rodríguez, supra, pág.

421. En la comunidad postganancial cada ex cónyuge posee

una cuota abstracta e independiente sobre la masa

ganancial. Pagán Rodríguez v. Registradora, 177 DPR 522,

532 (2009). Además, ambos pueden tanto administrar la

comunidad como solicitar su división. Montalván v.

Rodríguez, supra, pág. 421. Una vez uno de los ex cónyuges

pide la división, se liquidan los bienes que le

pertenecían a la sociedad legal de gananciales y deja de

existir la comunidad postganancial. Residentes Sagrado

Corazón v. Arsuaga, 160 DPR 289, 305 (2003).

B. Crédito por uso ilícito de un bien común CC-2017-0006 15

Aunque tiene sus características propias, la

comunidad postganancial está sujeta a las normas del

Código Civil sobre comunidad de bienes. BL Investment Inc.

v. Registrador, 181 DPR 5, 24 (2011). En lo pertinente, el

Artículo 328 del Código Civil dispone que “[c]ada

partícipe podrá servirse de las cosas comunes, siempre que

disponga de ellas conforme a su destino y de manera que no

perjudique el interés de la comunidad, ni impida a los

copartícipes utilizarlas según su derecho”. 31 LPRA sec.

1273. En otras palabras, mientras dure la comunidad

postganancial cada ex cónyuge puede usar la cosa común,

aunque ninguno puede tener control total sobre sus bienes.

Betancourt González v. Pastrana Santiago, 200 DPR 169, 180

(2018).

En De la Fuente v. Antonio Roig Sucrs., S. en C., 82

DPR 514, 521 (1961), aclaramos que la frase “conforme a su

destino” implica que los comuneros solo podrán utilizar la

cosa para aquellos “usos fijados por la comunidad o

admitidos generalmente para la cosa, ya fueren por su

naturaleza o por ‘el uso del tráfico’”. Concluimos que el

Artículo 328 impide a un comunero utilizar la cosa común

“para su particular y exclusivo beneficio y sin pagar una

adecuada compensación a la comunidad”. Íd., pág. 534.

Incluso, destacamos que esta prohibición es “uno de los

principios rectores de un régimen pacífico y justo de la

comunidad”. Íd. CC-2017-0006 16

En el contexto de una comunidad postganancial, en

Soto López v. Colón, 143 DPR 282, 289 (1997), expresamos

que “durante la existencia de la comunidad de bienes

ninguno de los ex cónyuges puede tener el monopolio de

ella”. Por lo tanto, como en ese caso el exesposo tuvo el

control absoluto de los bienes, resolvimos que la exesposa

tenía un derecho como comunera “a que su ex cónyuge le

pague una suma líquida especifica periódica”. Íd., págs.

291-292. De esta manera garantizamos el disfrute de los

bienes comunes de la comunera que fue excluida de su uso.

Más relevante aún, en Díaz v. Aguayo, 162 DPR 801

(2004), atendimos el caso de la Sra. Lilliam Díaz Lizardi

y el Sr. Juan José Aguayo Leal, quienes siendo novios

compraron una residencia en la cual cada uno tendría una

participación del 50%. Aunque compraron muebles y

accesorios, nunca se mudaron a la propiedad. El noviazgo

finalizó en noviembre de 1998 y, un mes después, el señor

Aguayo Leal comenzó a hacer el pago mensual de la hipoteca

en su totalidad. Además, en diciembre de 1999, este

comenzó a vivir ahí con su esposa y retuvo todo el

mobiliario que adquirió con la señora Díaz Lizardi.

En noviembre del 2000 la señora Díaz Lizardi presentó

una demanda sobre división de comunidad de bienes y cobro

de dinero. El Tribunal de Primera Instancia determinó,

entre otras cosas, que el señor Aguayo Leal tenía un

crédito por la mitad de los pagos mensuales de hipoteca

que realizó desde diciembre de 1998. Inconforme, la señora CC-2017-0006 17

Díaz Lizardi acudió ante el Tribunal de Apelaciones y

argumentó que el foro primario erró al conceder ese

crédito, ya que le privaba de su derecho a tener una

compensación adecuada por el tiempo en que el señor Aguayo

Leal hizo uso exclusivo de los bienes de la comunidad. No

obstante, el foro apelativo intermedio confirmó al foro de

instancia, lo que provocó que la señora Díaz Lizardi

recurriera ante este Tribunal.

Según la Opinión del Tribunal la controversia a

resolver era “el efecto que tiene el uso exclusivo de los

bienes muebles e inmuebles comunitarios por uno de los

copropietarios, en el cómputo final del crédito que le

corresponde a cada uno al momento de la liquidación”. Íd.,

pág. 808. Luego de citar el Artículo 328 del Código Civil

señalamos que el derecho de uso de un comunero tiene tres

restricciones básicas: (1) debe usar la cosa conforme a su

destino; (2) no debe perjudicar el interés de la

comunidad, y (3) no debe impedir el uso de los otros

copartícipes conforme a su derecho. Íd., pág. 809. Además,

destacamos que ya habíamos analizado esa última limitación

en los casos de De la Fuente v. Antonio Roig Sucrs., S. en

C., supra, y Soto López v. Colón, supra.

Luego de exponer el derecho aplicable, afirmamos que

lo resuelto en estos dos casos, esto es, “que uno de los

comuneros no puede usar la cosa común de manera exclusiva

y en su propio beneficio sin pagar la compensación

correspondiente a los demás”, era la norma aplicable a la CC-2017-0006 18

controversia. Díaz v. Aguayo, supra, pág. 813. Por otro

lado, por primera vez establecimos que “el uso exclusivo

del bien común por uno sólo de los comuneros sin resarcir

al otro es contrario a principios elementales de derecho,

basados en la equidad, que no permiten el enriquecimiento

injusto”. Íd., pág. 814.

Al aplicar el derecho a los hechos, concluimos que el

señor Aguayo Leal utilizó los bienes comunales para su

beneficio exclusivo sin el consentimiento de la señora

Díaz Lizardi. Por lo tanto, rechazamos los argumentos del

señor Aguayo Leal, entre ellos que la señora Díaz Lizardi

no mostró interés en vivir en la casa, que consintió a su

uso exclusivo y que no fue diligente al no interponer una

demanda de interdicto para impedirlo.

En consecuencia, resolvimos que desde diciembre de

1999 –cuando el señor Aguayo Leal se mudó a la residencia

luego de casarse– la señora Díaz Lizardi tenía derecho a

un crédito por privación de uso del bien inmueble. 9

Determinamos que ese crédito debía computarse utilizando

como base el canon de arrendamiento de una propiedad

similar para esas fechas. Asimismo, rechazamos que el

señor Aguayo Leal tuviera derecho a un crédito por el pago

de la hipoteca durante este periodo, pues “permitir que el

señor Aguayo reciba un crédito por la mitad de los pagos

9 Por otro lado, establecimos que por los meses de diciembre de 1998 hasta noviembre de 1999 la señora Díaz Lizardi no tenía derecho a un crédito, pues ninguno de los dos comuneros ocupó la vivienda durante ese periodo. En cambio, reconocimos que el señor Aguayo Leal tenía un crédito por la mitad de los pagos hipotecarios que realizó durante este periodo. CC-2017-0006 19

de la hipoteca, cuando utilizó el bien para su beneficio

exclusivo, a todas luces presenta una situación de

enriquecimiento injusto”. Íd., pág. 816.10

Posteriormente, en Meléndez v. Maldonado, 175 DPR

1007 (2009) (Sentencia), nos enfrentamos a otra solicitud

de renta por parte de un cónyuge por el uso exclusivo de

una propiedad. En este, la Sra. Ida Nicza Meléndez Berríos

permaneció viviendo en la residencia con los tres hijos

del matrimonio tras divorciarse del Sr. Wilfredo Maldonado

Dieppa.

Varios años después, la señora Meléndez Berríos

presentó una acción de división de comunidad de bienes. El

señor Maldonado Dieppa contestó la demanda y presentó una

reconvención donde solicitó una renta por el uso exclusivo

de la señora Meléndez Berríos de la residencia conyugal.

Solicitó que los cánones fueran satisfechos desde el 2 de

junio de 2000, fecha en que la menor de los dos hijos del

matrimonio se emancipó por mayoridad. Luego modificó su

postura y alegó que los cánones debían resarcirse desde el

24 de abril de 2002, fecha en que solicitó por primera vez

la división de la comunidad postganancial.

10 El entonces Juez Asociado Hernández Denton emitió una Opinión de conformidad donde expresó que “el mero hecho del uso exclusivo por uno de los comuneros no es determinante al resolver si éste ‘impidió’ a los demás copartícipes el ejercicio de igual derecho”. Díaz v. Aguayo, 162 DPR 801, 821 (2004). En cambio, para el Juez Asociado lo determinante fue que el señor Aguayo Leal trajo a un tercero, a su esposa, a participar del uso y disfrute del inmueble. Por lo tanto, si el señor Aguayo Leal se hubiese mudado solo “no hubiese necesariamente infringido el Art. 328 del Código Civil porque estaría legítimamente haciendo efectivo su derecho de disfrutar la cosa común conforme a su destino, sin perjudicar los intereses de la comunidad y sin impedir que la señora Díaz Lizardi haga lo propio”. Íd. CC-2017-0006 20

Por su parte, la señora Meléndez Berríos arguyó que

no estaba obligada a pagar renta alguna, pues todo

comunero tiene derecho al uso de la propiedad en común.

Indicó que no le impidió al señor Maldonado Dieppa usar la

propiedad sino que este se autoexcluyó del disfrute cuando

contrajo nuevas nupcias. En la alternativa, alegó que la

renta debía pagarse desde que el señor Maldonado Dieppa

presentó su reconvención y realizó un requerimiento formal

de pago. El Tribunal de Primera Instancia acogió la

postura de la señora Meléndez Berríos y resolvió que el

crédito debía satisfacerse desde que se solicitó

formalmente en la reconvención. El señor Maldonado Dieppa

recurrió ante el Tribunal de Apelaciones, pero ese foro

confirmó al foro primario pues entendió que, distinto a

Díaz v. Aguayo, supra, en este caso la señora Meléndez

Berríos permaneció soltera y no excluyó ni privó al señor

Maldonado Dieppa de usar la residencia.

Por estar igualmente dividido, este Tribunal emitió

una Sentencia mediante la cual confirmó al Tribunal de

Apelaciones. Según una Opinión de Conformidad que se

emitió, los foros recurridos resolvieron correctamente la

controversia debido a que el uso del bien común por uno

solo de los comuneros no constituye un uso ilícito de por

sí. Se expuso que:

[e]n ausencia de la violación de un pacto o una reglamentación específica de uso establecido por los comuneros, aquel que entienda que el uso exclusivo de la cosa por otro comunero es incompatible con su propio derecho, tendrá que requerir al otro el uso de la cosa o del pago de CC-2017-0006 21

la renta o del canon por el uso exclusivo y a partir de ese requerimiento nacerá la obligación de resarcir. Meléndez v. Maldonado, 175 DPR 1018 (2009) (J. Rodríguez Rodríguez, Op. de Conformidad).11

En consecuencia, el señor Maldonado Dieppa tenía un

derecho a rentas desde que hizo el requerimiento formal y

no desde que la señora Meléndez Berríos se mudó a la

residencia.

Finalmente, en Molina González v. Álvarez Gerena,

2019 TSPR 191, 203 DPR __ (2019), aplicamos esa norma al

resolver que –en ausencia de un acto obstativo– un

comunero en una comunidad hereditaria solo tenía que pagar

una renta por uso exclusivo de una propiedad comunal a

otra comunera a partir del momento en que esta reclamó el

pago de esa renta. En ese caso, de manera unánime, este

Tribunal aclaró que “para tener derecho al pago de una

compensación, el comunero que alega haber sido excluido de

su participación en la comunidad deberá identificar[…] un

acto obstativo que suponga tal exclusión o un

requerimiento afirmativo del comunero que alega ser

excluido”. Íd., pág. 10. Debido a que el comunero

demandado no impidió a la comunera excluida usar la

propiedad comunal ni esta solicitó usarla antes de

reclamar el pago de rentas por el presunto uso exclusivo,

el periodo por el cual el primero le debía rentas a la

segunda no podía computarse a partir del momento en que

11Asimismo, en la Opinión de Conformidad se distinguió el caso de lo resuelto en Díaz v. Aguayo, supra, pues en ese último caso hubo una clara exclusión de la señora Díaz Lizardi cuando el señor Aguayo Leal se mudó a la propiedad con su esposa. CC-2017-0006 22

este se mudó a la propiedad, sino desde que la comunera

excluida requirió las rentas por primera vez. En ese caso,

ello sucedió con la presentación de la demanda, debido a

que fue entonces que la comunera excluida solicitó por

primera vez el pago de rentas por uso exclusivo. Íd., pág.

12 (“Al momento en que la señora Molina González interpone

una demanda solicitando la división de esa comunidad y el

pago de las rentas, en el año 2005, es que [e]sta tiene

derecho a una compensación en concepto del uso y disfrute

exclusivo del señor Álvarez Gerena del bien común”)

(Énfasis suplido).

C. Discusión del segundo señalamiento de error

La señora Rivera Lamberty alega que erró el Tribunal

de Apelaciones al limitar su reclamo de renta sobre la

propiedad comunal de Andrea’s Court a partir de junio de

2015. 12 En su alegato solicita que apliquemos la norma de

Díaz v. Aguayo, supra, y resolvamos que el derecho a

recibir la renta surgió cuando el señor Rodríguez Amador

comenzó a utilizar la residencia para sí. No obstante, aun

en caso de aplicar lo expuesto en la Opinión de

Conformidad que se emitió en Meléndez v. Maldonado, supra,

la señora Rivera Lamberty entiende que “la reclamación

judicial constituye suficiente ‘requerimiento de pago’

pues está rechazando expresamente la posesión exclusiva de

12 Este Tribunal se encuentra en posición de revisar la determinación de los foros recurridos, ya que se trata de una determinación de derecho. Es decir, nos corresponde resolver si las rentas por uso ilícito nacen cuando el comunero se muda solo a la propiedad o si se requiere algún requerimiento o manifestación del otro comunero que no consiente ese uso. CC-2017-0006 23

los bienes por el otro ex cónyuge”. 13 De modo que el

crédito por renta debe computarse a partir de octubre de

2008, cuando presentó su reclamación judicial de división

de bienes.

En cambio, el señor Rodríguez Amador plantea que

residir en la propiedad para evitar su deterioro no

constituyó una exclusión de la señora Rivera Lamberty.

Además, sostiene que “se puede colegir que la peticionaria

tácitamente consintió [] a que la propiedad fuese ocupada

exclusivamente por el [recurrido]”. 14 Por lo tanto,

argumenta que el pago de la renta se debe computar desde

que esta revocó expresamente el consentimiento tácito

mediante el requerimiento específico del pago de renta por

el uso del bien inmueble en junio de 2015.

No hay duda de que si un comunero impide o excluye a

los otros comuneros en cuanto al uso de un bien común este

está haciendo un uso ilícito que debe compensarse. De la

Fuente v. Antonio Roig Sucrs., S. en C., supra. Ahora

bien, la controversia actual se da en casos donde no se

probó que el comunero impidió usar la propiedad, pero sí

fue el único en usarla. En esos casos la doctrina

civilista considera que el mero uso de la cosa común por

uno solo de los comuneros no supone un uso ilícito que

requiera un resarcimiento por privación de uso a los demás

copropietarios. Por lo tanto, en estos casos, para que un

comunero sea acreedor de un crédito será necesario que el

13 Alegato de la Parte Peticionaria, pág. 26. 14 Alegato en oposición, pág. 23. CC-2017-0006 24

otro comunero infrinja una reglamentación específica o que

el comunero afectado requiera usar la cosa o una

compensación económica por dicho uso. 15 Véase además Molina

González, supra, pág. 10.

Esta norma tiene su justificación valorativa en que,

según la doctrina de comunidad de bienes, todo comunero

puede usar la cosa común siempre y cuando no afecte el

interés de la comunidad y la use conforme con su destino.

Art. 328 del Código Civil, supra. Sería absurdo

interpretar que el mero uso de la cosa común está

afectando el interés de la comunidad o es en contra de su

destino. De ser así, los bienes de la comunidad

postganancial o de cualquier otra comunidad no podrían ser

usados por ninguno de los comuneros, lo cual contravendría

el Artículo 328 del Código Civil, el cual dispone que

“[c]ada partícipe podrá servirse de las cosas comunes”.

Íd. Por lo tanto, en ausencia de prueba en contrario, se

presumirá que el comunero consintió tácitamente a que el

otro comunero ocupara el bien común.

El Tribunal Supremo de España acogió esta norma al

interpretar el Artículo 394 del Código Civil español,

idéntico a nuestro Artículo 328. Un ejemplo es la

Sentencia de 19 de febrero de 2016. S. de 19 de febrero de

2016, Núm. 533/2016. En el contexto de un bien inmueble

que era usado por unas comuneras como oficinas para

15M. Miquel González, en M. Albaladejo, Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1985, T. V, Vol. 2, pág. 73. CC-2017-0006 25

ejercer la profesión de psicología, el Tribunal expresó

que si “un comunero usa la cosa común respetando los

límites del artículo 394 CC, […] los otros comuneros no

pueden impedírselo por el mero hecho de que aquél la use

él sólo, o de que -teniendo, por ejemplo, todos ellos

cuotas iguales-, aquél la use más que el otro u otros”.

Íd., pág. 8. El Tribunal Supremo de España abundó que

“[e]l mero hecho de que el referido uso de la cosa común

sea el único […], n[o] lo convierte en un uso ilícito que

justifique una acción de resarcimiento, ni en un uso sin

causa que permita fundar una acción de enriquecimiento

injusto”. Íd.

De ahí queda claro que el hecho de que solo un

comunero use la cosa común no convierte ese uso en

ilícito. Por lo tanto, según la jurisprudencia española,

“a falta de acuerdo válido de reglamentación específica

del uso de la cosa común, no incumbe al comunero imponerse

a sí mismo el límite del que su uso ‘no perjudique el

interés de la comunidad’”. Íd., pág. 9. Para que el uso

sea ilícito y exista una acción de resarcimiento “es

necesario infringir una reglamentación específica del uso,

o un requerimiento […] del comunero lesionado por uso

incompatible con su derecho”. Íd. (Énfasis suplido).16

16 Por otro lado, expertas en la materia en Puerto Rico también entienden que el uso de la cosa común por solamente uno de los comuneros no convierte ese uso en ilícito. Véase Érika Fontánez Torres & Mariana Muñiz Lara, Derechos Reales, 79 Rev. Jur. U.P.R. 471, 514 (2010). Al evaluar Meléndez v. Maldonado, supra, expresaron que coincidían en que “el hecho de que un comunero o una comunera se sirva de la cosa no implica, de por sí, que automáticamente tenga que compensar a otra u otras personas”. Íd. Así, mencionaron ciertas CC-2017-0006 26

Adoptar la postura contraria implicaría que en una

situación de hechos como la de Meléndez v. Maldonado,

supra, una mujer divorciada que tenga custodia de los

hijos usaría ilícitamente el bien común una vez estos

advengan mayores de edad. Esto, a pesar de que tiene un

derecho, como toda comunera, a usar el bien común y su ex

cónyuge nunca le manifestó que no podía hacer uso de la

propiedad. La Profesora Margarita E. García Cárdenas

advertía tal consecuencia cuando expuso, previo a

resolverse Meléndez v. Maldonado, supra, que —al

utilizarse prospectivamente el caso de Díaz v. Aguayo,

supra— era importante mantener en perspectiva “que en la

situación de hechos el señor Aguayo Leal estaba ocupando

la casa con su nueva esposa y no se trataba de una

comunidad pos ganancial en la cual él se hubiera quedado

en el uso de la residencia con unos hijos comunes menores

de edad”.17

Asimismo, dicha solución permitiría que un ex cónyuge

que abandone el bien perteneciente a la comunidad por un

tiempo indeterminado conserve un derecho a reclamar la

mitad de la renta, computada desde el momento en que su ex

cónyuge comenzó a residir en la propiedad común. No

podemos avalar una teoría jurídica cuyo efecto sea

distinciones que consideraron válidas e importantes entre dicha sentencia y lo resuelto en Díaz v. Aguayo, supra. Señalaron, entre otras cosas, que en Díaz v. Aguayo, supra, se puede entender que el señor Aguayo Leal al mudarse con su nueva pareja a la propiedad no utilizó la misma conforme al destino que fijó la comunidad, es decir, el uso de la residencia por la pareja disuelta. Íd. 17 Margarita E. García Cárdenas, La comunidad pos ganancial: Quo Vadis,

39 Rev. Jur. U.I.P.R. 717, 724 (2005). CC-2017-0006 27

desalentar el ejercicio diligente de derechos a expensas

del comunero que ejerce legítimamente su facultad de

utilizar el bien común, 18 sujeto a los límites que enumera

el Art. 328 del Código Civil, supra. Lo anterior, máxime

cuando lo único que se exige del comunero presuntamente

excluido para hacer valer su derecho es que sea diligente

en realizar requerimientos ante un uso que entiende es

incompatible con sus derechos como comunero.

Por todo lo anterior, resolvemos que, según reconoce

el Artículo 328 del Código Civil, los comuneros pueden

usar el bien común –incluso de manera exclusiva– siempre y

cuando no impidan su uso por parte de los demás comuneros.

Ahora bien, tal uso se considera ilícito y da paso a una

acción por resarcimiento si se infringe una reglamentación

específica del uso, si al comunero afectado se le impide

utilizar el bien o si hay un requerimiento de renta, por

ejemplo, del comunero lesionado por el uso incompatible

con su derecho. De esta forma se promueve que los

comuneros lleguen a un acuerdo, ya sea en cuanto al uso de

la propiedad o la división de la comunidad de bienes, y

además que sean diligentes en el reclamo de sus derechos.

En este caso, los foros recurridos coincidieron en

que el mero uso exclusivo no da derecho a un crédito.

Entendieron que el derecho de la señora Rivera Lamberty a

18 El resultado práctico de adoptar tal norma bien podría ser que un comunero diligente que en otro escenario se ocuparía de vivir y conservar la propiedad decida no hacerlo. Ello, en atención a la amenaza que le representaría tener que responder por la mitad de la renta ante un comunero que abandonó la propiedad y no cuestionó su uso. CC-2017-0006 28

2015, pues plantean que esta fue la fecha en que solicitó

por primera vez el crédito. Están en lo correcto en cuanto

a lo primero, mas no lo segundo.

En cuanto al uso de la propiedad, conviene destacar

que al foro primario le mereció credibilidad lo alegado

por el señor Rodríguez Amador en cuanto a las razones para

permanecer residiendo en la propiedad. Es decir, que se

vio forzado a utilizarla para proteger los haberes de la

comunidad post ganancial ante el abandono de la propiedad

por parte de la señora Rivera Lamberty. Por ello, no

procede determinar que la mudanza constituyó un

impedimento en lo que se refiere a la señora Rivera

Lamberty y su derecho a utilizar la propiedad.19

En vista de lo anterior, y de que tampoco estamos

ante la violación de un acuerdo entre las partes, la renta

procede desde que se realizó el requerimiento. A esos

efectos, precisamos que, para activar la responsabilidad

del ex cónyuge residente a pagar un crédito por privación

de uso, el requerimiento del otro ex cónyuge debe exhibir

un grado mínimo de especificidad. En particular, bastará

que el requerimiento de uso: (1) identifique el bien

comunal objeto del requerimiento y (2) sea dirigido a la

persona del otro ex cónyuge comunero. La efectividad de

tal requerimiento no depende de requisito de forma alguno;

19 Distinto sería si se hubiera determinado que el señor Rodríguez Amador le exigió a la señora Rivera Lamberty que se fuera de la propiedad, ya que ello constituiría un impedimento en cuanto al uso del bien. CC-2017-0006 29

cuándo y cómo ocurrió el primer requerimiento de uso es un

asunto de prueba a dirimirse por los tribunales de acorde

a las normas de derecho probatorio.

Surge del expediente que el 30 de noviembre de 2012

fue la primera vez que la señora Rivera Lamberty solicitó

expresamente el crédito mediante una Oposición a Solicitud

Urgente presentada por la Demandada y al Retiro de Fondos

Depositados en el Tribunal que presentó. 20 En particular,

expresó lo siguiente: “La [peticionaria], en este caso,

tiene un crédito en contra del [recurrido] por el tiempo

en que este ha utilizado exclusivamente la propiedad que

ubica en la Urbanización Andrea’s Court sin resarcir de

forma alguna a la [peticionaria] por este perjuicio”.21

Procede, pues, que el Tribunal de Primera Instancia

determine el pago de la renta a partir del 30 de noviembre

de 2012, pues desde ese momento la señora Rivera Lamberty

requirió ese pago. Molina González, supra.

IV

Por los fundamentos que anteceden, se revoca la

Sentencia del Tribunal de Apelaciones y se devuelve el

caso al Tribunal de Primera Instancia para que continúe

20 Apesar de que la señora Rivera Lamberty alega que el crédito por renta debe computarse a partir de octubre de 2008, cuando presentó su reclamación judicial de división de bienes, entendemos que no tiene razón. Lo anterior, debido a que cuando presentó la demanda ni siquiera tenía conocimiento de que el señor Rodríguez Amador estuviera residiendo en la propiedad. En particular, la señora Rivera Lamberty indicó que este residía en la calle Cruz 107, Apartamento 207, Viejo San Juan, PR 00901. Demanda, Apéndice, pág. 89. Por lo tanto, la demanda de liquidación de bienes no se puede considerar un requerimiento que conllevara el resarcimiento solicitado. 21 Oposición a Solicitud Urgente presentada por la Demandada y al Retiro de Fondos Depositados en el Tribunal, Apéndice, pág. 702. CC-2017-0006 30

con los procedimientos de forma compatible con lo aquí

resuelto.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Colón Pérez

emitió un Voto particular disidente. El Juez Asociado señor

Martínez Torres disiente y emite la siguiente expresión, a

la cual se unen los Jueces Asociados señores Kolthoff

Caraballo y Rivera García:

“Disentimos del curso de acción seguido por este Tribunal, pues es contrario a lo que recientemente resolvimos en Molina González v. Álvarez Gerena, 2019 TSPR 191, 203 DPR _ (2019). En aquella ocasión concluimos que para determinar si un comunero ha sido excluido del uso de un bien común hay que hacer un examen de los hechos particulares de cada caso. Íd., pág. 18. Asimismo, indicamos que en los casos en que se alegue la exclusión por parte de uno de los excónyuges del uso y disfrute del bien de la comunidad post ganancial “deberá identificarse un acto obstativo o un requerimiento afirmativo del comunero que suponga tal exclusión”. Íd., pág. 19. Es a partir de cualquiera de eso dos momentos que el cónyuge que queda excluido de usar la propiedad ganancial tiene derecho a recobrar un crédito por el uso exclusivo del bien que hace el otro cónyuge. En este caso, contrario a lo que indica la mayoría de esta Curia, el acto obstativo ocurrió desde el momento en que el Sr. José Alberto Rodríguez Amador, tras la separación, decidió quedarse a vivir en la propiedad ganancial en el 2008, pues por la naturaleza de la situación, la Sra. Karla Tatiana Rivera Lamberty estaba impedida de vivir en la propiedad ganancial mientras el señor Rodríguez Amador viva en ella. Véase, expresión disidente del Juez Asociado Martínez Torres en Meléndez Berríos v. Maldonado Dieppa, 175 DPR 1007, 1008 (2009). Ante esto, la señora Rivera Lamberty tiene derecho a que se le pague el crédito por el uso exclusivo del bien ganancial que ostenta el señor Rodríguez Amador desde el momento en que se separaron y él se quedó viviendo en la propiedad ganancial. Resolver lo contrario significaría ir contra lo que hemos CC-2017-0006 31

afirmado en controversias pasadas, tan reciente como hace apenas un año”.

José Ignacio Campos Pérez Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Peticionaria CC-2017-0006 Certiorari

v. C

José Alberto Rodríguez Amador

Voto Particular Disidente emitido por el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ.

En San Juan, Puerto Rico a 16 de septiembre de 2020.

Disentimos del curso de acción seguido por una

mayoría de este Tribunal en el presente caso, ello por

entender que -- contrario a lo que erróneamente se

concluye en la Sentencia que hoy emite esta Curia -- la

señora Karla Tatiana Rivera Lamberty, la aquí

peticionaria, tiene derecho a un crédito por el tiempo

que su excónyuge, el señor José Alberto Rodríguez Amador,

utilizó de manera exclusiva cierto inmueble perteneciente

a la comunidad postganancial, entiéndase desde que éste

ocupo la referida propiedad. Veamos.

I. Los hechos medulares que dan margen al presente

litigio se recogen con particular precisión en la CC-2017-0006 2

Sentencia que hoy emite este Tribunal, razón por la cual

hemos decidido adoptar los mismos por referencia. En

síntesis, el caso de marras versa sobre la comunidad de

bienes postganancial habida entre la señora Karla Tatiana

Rivera Lamberty (en adelante, “señora Rivera Lamberty”) y

el señor José Alberto Rodríguez Amador (en adelante,

“señor Rodríguez Amador”) la cual está compuesta, entre

otros, de cierto inmueble ubicado en la Urbanización

Andrea’s Court. El referido inmueble fue ocupado -- allá

para diciembre de 2008 -- por el señor Rodríguez Amador

luego de disolverse el vínculo matrimonial habido entre

éste y la señora Rivera Lamberty. Debido a lo anterior,

esta última reclama un crédito por el tiempo que su

excónyuge utilizó dicha propiedad ya que, a su juicio, se

le impidió el uso y disfrute del mismo. Le asiste la

razón. Nos explicamos

II.

Como es sabido, aunque el divorcio de dos personas

unidas en matrimonio implica la terminación del régimen de

la sociedad legal de bienes gananciales habido entre

ambos, la liquidación del capital común entre excónyuges

no siempre ocurre simultáneamente con la disolución del

matrimonio. Betancourt González v. Pastrana Santiago, 200

DPR 169, 178 (2018). En esas circunstancias en las que la

liquidación del capital común no ocurre de manera

simultánea con el divorcio, sobreviene un periodo de CC-2017-0006 3

tiempo en que se mezclan y confunden provisionalmente los

bienes de los excónyuges, hasta que se liquida finalmente

la comunidad de bienes postganancial que se crea entre

ellos una vez ocurra el divorcio. Betancourt González v.

Pastrana Santiago, supra; BL Investment Inc. v.

registrador, 181 DPR 5 (2011); Muñiz Noriega v. Muñoz

Bonet, 177 DPR 967 (2018).

Sobre el particular, esta Curia ha señalado que,

durante la vigencia de la comunidad de bienes

postganancial, ninguno de los excónyuges puede tener

control total sobre ella. Betancourt González v. Pastrana

Santiago, supra. Lo anterior, conforme a lo dispuesto en

el Art. 328 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1273, el cual

claramente establece que “[c]ada partícipe podrá servirse

de las cosas comunes, siempre que disponga de ellas

conforme a su destino y de manera que no perjudique el

interés de la comunidad, ni impida a los copartícipes

utilizarlas según su derecho”. Véase, Betancourt González

v. Pastrana Santiago, supra.

En esa dirección, hemos sentenciado que usar las

cosas comunes de manera que uno de los comuneros posea la

totalidad de ellas excluyendo a los demás, se considera un

perjuicio del interés de la comunidad. Díaz v. Aguayo, 162

DPR 801 (2004); Soto López v. Colón, 143 DPR 282 (1997).

Ello no debe ser permitido. CC-2017-0006 4

Así pues, si uno de los excónyuges mantiene el

control y uso de los bienes de la comunidad, el otro

excónyuge tiene un derecho superior como comunero a que,

entre otras cosas, se le pague una suma líquida

específica. Soto López v. Colón, supra, págs. 291-92.

Ello, pues, no resarcir al cónyuge que se ve impedido del

uso de determinado bien es contrario a principios

elementales de derecho -- fundamentados en la equidad --

que no permiten el enriquecimiento injusto. Díaz v.

Aguayo, supra, pág. 814.

En esa dirección, en el precitado caso Díaz v.

Aguayo, supra, luego del divorcio y previo a la

liquidación de la comunidad de bienes postganancial, el

señor Aguayo Leal ocupó cierta residencia perteneciente a

la comunidad, junto a su nueva esposa. En esa ocasión,

rechazamos el argumento del señor Aguayo Leal en cuanto a

que la señora Díaz Lizardi nunca mostró interés en vivir

en la casa ni en retener los bienes muebles adquiridos en

común, así como que esta última tenía que presentar un

interdicto para avalar su derecho a un crédito. De esa

manera, concluimos que el señor Aguayo Leal poseyó los

bienes comunales y los utilizó para su beneficio

exclusivo, sin el consentimiento de la señora Díaz

Lizardi, por lo cual procedía la compensación.

De otra parte, este Tribunal también ha expresado

que, para tener derecho al pago de una compensación, el CC-2017-0006 5

comunero que alega haber sido excluido de su participación

en la comunidad deberá identificar un acto obstativo que

suponga tal exclusión. En la alternativa, éste deberá

realizar un requerimiento afirmativo solicitando su

derecho a ser compensando. Molina González v. Álvarez

Gerena, 2019 TSPR 191, 203 DPR ___ (2019).

Es, pues, a la luz de la normativa antes expuesta, y

no de otra, que procedía disponer de la causa de epígrafe.

Como una mayoría del Tribunal no lo hizo de esta manera,

procedemos a así hacerlo.

III.

Como mencionamos anteriormente, en el presente caso

el señor Rodríguez Amador ocupó la propiedad aquí en

controversia en diciembre de 2008. Es a partir de dicha

fecha que se configuró el acto obstativo que exige nuestro

ordenamiento jurídico para dar paso a la compensación del

excónyuge excluido del uso y disfrute de determinado bien,

en este caso, perteneciente a la comunidad de bienes

postganancial.

El acto obstativo al que hemos hecho referencia

consistió en la decisión del señor Rodríguez Amador de

mudarse al inmueble ubicado en la Urbanización Andrea’s

Court. Decisión que provocó que -- una vez se ordenó la

disolución del vínculo matrimonial con la señora Rivera

Lamberty -– esta última estuviera impedida de utilizar el

inmueble, pues el mismo lo estaba ocupando el señor CC-2017-0006 6

Rodríguez Amador y ninguno de ellos tenía interés en la

mutua convivencia. Es desde esta fecha que procede

realizar el cómputo de la compensación a la cual la señora

Rivera Lamberty tiene derecho.

En fin, la señora Rivera Lamberty tiene derecho a que

se le pague un crédito desde diciembre de 2008, fecha en

que se le impidió el uso y disfrute de la mencionada

propiedad perteneciente a la comunidad de bienes

postganancial habida entre el señor Rodríguez Amador y

ésta. Ahora bien, ello es sin perjuicio del derecho que

pueda ostentar el señor Rodríguez Amador de obtener un

crédito por los pagos de hipoteca, así como por los gastos

de mantenimiento del referido inmueble que éste realizó

desde 2008 hasta 2016. Esto es lo justo.

IV.

Por no ser ese el resultado al que se llega en la

Sentencia que hoy emite este Tribunal, respetuosamente

disentimos.

Ángel Colón Pérez Juez Asociado