Pueblo v. Garay López

2011 TSPR 66

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: May 3, 2011
• Docket: CC-2009-903
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido Certiorari

v. 2011 TSPR 66

José Garay López 181 DPR ____ Leonardo de Jesús Valentín Edgar Álvarez Pérez

Recurridos

Número del Caso: CC - 2009 - 903

Fecha: 3 de mayo de 2011

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Mayagüez Panel IX

Juez Ponente: Hon. Carlos Rivera Martínez

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Nelson Vincenty Cappas

Oficina de la Procuradora General:

Lcda. Daphne M. Cordero Guilloty Procuradora General Auxiliar

Materia: Criminal

Este documento constituye un documento oficial del Trib unal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico Recurrido Certiorari

v.

José Garay López, CC-2009-0903 Leonardo de Jesús Valentín, Edgar Álvarez Pérez Peticionarios

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Rivera García

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de mayo de 2011.

El presente recurso de certiorari nos brinda

la oportunidad de examinar la naturaleza y alcance

de las declaraciones juradas que autorizan los

fiscales dentro de sus funciones ministeriales.

Ello, a la luz de la incompatibilidad de funciones

establecida en la Ley Núm. 205 de 9 de agosto de

2004, según enmendada, conocida como Ley Orgánica

del Departamento de Justicia, 3 L.P.R.A. §§ 291

et. seq., y en la Ley Núm. 7 de 2 de julio de

1987, según enmendada, conocida como Ley Notarial

de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. §§ 2001 et. seq.

Específicamente, debemos resolver si tres CC-2009-0903 2

declaraciones juradas -prestadas por determinados agentes

encubiertos durante el curso de una investigación- son

admisibles en evidencia a pesar que dos de ellas no fueron

firmadas por el fiscal autorizante y en la restante no se

consignó la fecha y hora de autorización. A continuación

esbozamos los antecedentes fácticos de mayor relevancia a

la controversia que nos ocupa.

I

A raíz de una investigación realizada por el

Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento

de Justicia, el 31 de octubre de 2008 el Ministerio

Público presentó varias denuncias en contra del Sr. José

Garay López, el Sr. Leonardo de Jesús Valentín y el Sr.

Edgar Álvarez Pérez. En ellas les imputó la comisión del

delito de soborno, 33 L.P.R.A. § 4890; infracciones al

Artículo 3.2 (c) de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985,

según enmendada, conocida como Ley de Ética Gubernamental,

3 L.P.R.A. § 1822; violaciones a la Ley Núm. 4 de 23 de

junio de 1971, según enmendada, conocida como Ley de

Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24 L.P.R.A. § 2101

et seq.; y varias infracciones a la Ley Núm. 404 de 11 de

septiembre de 2000, según enmendada, conocida como Ley de

Armas de Puerto Rico. Las denuncias fueron sometidas ante

el Tribunal de Primera Instancia en ausencia de los

peticionarios.

Luego que el foro primario encontrara causa para el

arresto de los imputados, el 12 de junio de 2009 comenzó CC-2009-0903 3

la celebración de la Vista Preliminar. Durante esta vista

el Ministerio Público presentó como prueba las

declaraciones juradas de los agentes encubiertos José A.

Rivera Avilés, Gretchen Castro Parsons y Gabriel García

Guevara. En estas declaraciones, prestadas el 8 de abril

de 2008, se detallaron los hechos pertinentes sobre la

comisión de los delitos imputados.

Acto seguido los imputados objetaron la presentación

de las declaraciones juradas. Alegaron que éstas

incumplían con los requisitos establecidos en la Ley

Notarial de Puerto Rico, supra, y en su Reglamento, 4

L.P.R.A. § 2101 et. seq. En específico, adujeron que dos

de las tres declaraciones juradas no fueron firmadas por

el fiscal autorizante y, en cuanto a la declaración jurada

restante, señalaron que ésta –aunque fue firmada- no fue

fechada. Consecuentemente, arguyeron que las

declaraciones juradas eran nulas toda vez que los errores

de los cuales adolecían constituían defectos

insubsanables, conforme a lo establecido en la Ley

Notarial, supra, y su Reglamento, supra. Puntualizaron,

que las referidas declaraciones eran inadmisibles en

evidencia puesto que no habían sido prestadas válidamente

dentro del término de 120 horas dispuesto en el Artículo

523 de la Ley de Sustancias Controladas, supra. 24

L.P.R.A. § 2523.

El Ministerio Público, por su parte, replicó a lo

alegado por los imputados. A esos efectos, luego de CC-2009-0903 4

presentar como testigo al Fiscal Miguel A. López Birriel –

funcionario público que autorizó las declaraciones juradas

en controversia-, así como las copias certificadas de su

Registro e Informe Mensual de Declaraciones Juradas, el

Ministerio Público adujo que en horas de la mañana del 8

de abril de 2009 el fiscal López Birriel le tomó juramentó

a los agentes encubiertos involucrados en la investigación

criminal que dio origen al encausamiento criminal de

autos. Por ello, contrario a lo alegado por los

imputados, el Ministerio Público argumentó que los errores

señalados eran subsanables mediante la presentación de

prueba adicional y que las referidas declaraciones debían

ser admitidas en evidencia.

Luego de evaluar la prueba presentada y de analizar

los argumentos esgrimidos por ambas partes, el 23 de junio

de 2008 el Tribunal de Primera Instancia emitió una

resolución. En su dictamen, el foro primario indicó que

ninguna de las declaraciones juradas presentadas por el

Ministerio Público cumplió con las formalidades exigidas

por la Ley Notarial de Puerto Rico, supra, y su

Reglamento, supra, y que por ello adolecían de defectos

insubsanables. Consecuentemente, el foro de instancia

decretó su nulidad e indicó que eran inadmisibles en

evidencia a tenor con el Artículo 523 de la Ley de

Sustancias Controladas, supra.

Inconforme, el Ministerio Público presentó un recurso

de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. En en el CC-2009-0903 5

recurso señaló que el Tribunal de Primera Instancia

incidió al resolver que las declaraciones juradas eran

nulas por adolecer de defectos insubsanables y que ello

acarreaba su exclusión automática como evidencia

sustantiva en contra de los imputados. Ello, según lo

establecido en la Ley Notarial de Puerto Rico, supra, su

Reglamento, supra, y el Artículo 523 de la Ley de

Examinados los planteamientos de las partes, el 23 de

septiembre de 2009 el Tribunal de Apelaciones dictó

sentencia y revocó el dictamen recurrido. Al así hacerlo

acotó que las tres declaraciones juradas en controversia,

a pesar que adolecían de defectos, fueron autorizadas

dentro de los deberes ministeriales del fiscal y no bajo

sus deberes como notario. En atención a ello, el foro

apelativo intermedio razonó que los defectos señalados no

acarreaban la exclusión automática de las referidas

declaraciones y que éstas no eran nulas puesto que los

defectos de los cuales adolecían eran subsanables.

Cónsono con lo anterior, el Tribunal de Apelaciones

expresó que los defectos señalados por los imputados

fueron subsanados mediante la presentación del testimonio

del fiscal López Birriel, así como las copias certificadas

de su Registro e Informe Mensual de Declaraciones Juradas.

En vista de ello, el foro apelativo intermedio concluyó

que el Tribunal de Primera Instancia incidió al no admitir

en evidencia las referidas declaraciones, ya que éstas CC-2009-0903 6

fueron autorizadas dentro del término establecido en la

Ley de Sustancias Controladas, supra.

En desacuerdo con ese dictamen, el 26 de octubre de

2009 el señor Álvarez Pérez presentó un recurso de

certiorari ante este Tribunal y señala la comisión del

siguiente error:

Erró el Tribunal de Apelaciones al concluir que no procede la exclusión de las declaraciones juradas, ya que las omisiones de firmar y hacer constar la fecha de su otorgamiento se hicieron dentro de los deberes del cargo de fiscal y no en calidad de notario.

Posteriormente, el 9 de abril de 2010 emitimos una

resolución mediante la cual expedimos el auto de

certiorari presentado por el imputado. Ambas partes han

presentado sus respectivos alegatos. Por ello, contando

con su comparecencia, procedemos a resolver.

II

A. La Figura del Agente Encubierto

La ola de criminalidad que fustiga a Puerto Rico constituye una de las preocupaciones mayores de nuestra ciudadanía. Uno de los males que debemos de tratar de detectar tempranamente y, si fuera posible, erradicar, es aquél del negocio ilícito de la venta de narcóticos. El uso de los cuales no sólo está destruyendo, literalmente, a la juventud, sino que también propicia la comisión de otros delitos tales como robos, escalamientos, asesinatos, prostitución, violaciones, y otros. La población debe estar consciente que el adicto es capaz de cualquier cosa en su desesperación por conseguir dinero para comprar la droga.

La imperiosa necesidad que tiene Puerto Rico de tratar de eliminar este mal de la sociedad, y en vista de que dichas transacciones, por lo general, se llevan a cabo en la secretividad, es que surgió la práctica de la utilización por parte de los organismos gubernamentales a cargo CC-2009-0903 7

de hacer cumplir las leyes, de los agentes encubiertos. Estos, como es sabido, son agentes de la Policía de Puerto Rico que, haciéndose pasar por traficantes o adictos, se “infiltran en esta subcultura” que desafortunadamente existe en nuestra sociedad. El agente se gana la confianza de esos ciudadanos con el propósito de acumular evidencia en contra de éstos. “El agente encubierto es un arma de identificación que es necesario utilizar en ciertos delitos, que por su característica esencial de clandestinidad, permanecerían impunes si no se contara con este método”. (Citas omitidas). I. Pérez Vega, Las dos caras del agente encubierto, 43 Rev. Jur. U. Inter. P.R. 137 (2008).

El agente encubierto es un policía o funcionario

público que se infiltra en organizaciones o grupos de

personas que operan ilegalmente en el clandestinaje con el

propósito de poder llevar a éstos ante el sistema de

justicia de nuestro país para que respondan por sus

actividades ilegales. En otras palabras, el agente

encubierto se adentra en el corazón mismo de la

conspiración y penetra en los más oscuros recintos del

crimen organizado. Ello se logra cuando el agente se gana

la confianza de estas personas y les hace creer que es uno

de ellos, proceso que, de ordinario, toma un período de

tiempo considerable. Véanse, Valle v. E.L.A., 157 D.P.R.

1 (2002); Pueblo v. Cruz Calderón, 156 D.P.R. 61 (2002);

Pueblo v. Almodóvar, 109 D.P.R. 117 (1979); Pueblo v.

Seda, 82 D.P.R. 719 (1961).

En ocasiones, a los agentes encubiertos les resulta

fácil poder describir y precisar los nombres verdaderos y

direcciones donde pueden ser localizadas las personas que

llevan a cabo la conducta criminal clandestina. En otras CC-2009-0903 8

instancias, sin embargo, ello le resulta imposible; sólo

pueden identificar a éstas mediante una descripción física

certera o por sus apodos. Valle v. E.L.A., supra, pág.

22. Cuando ello ocurre los miembros de la agencia

investigadora tienen que asegurarse de tomar todos los

pasos necesarios para poder identificar, de forma certera

y correcta, al delincuente que llevó a cabo la transacción

delictiva con el agente encubierto. Para ello hay varias

formas. Así, por ejemplo, los agentes supervisores del

agente encubierto pueden: tomar fotos –a distancia- de la

persona involucrada en el acto criminal; seguir al

delincuente hasta su residencia y lugar de trabajo; lograr

que el agente encubierto identifique a la persona;

presentar como testigo al agente encubierto para que éste

identifique en sala al delincuente. Íd.

Es evidente que esta práctica de investigación

criminal ha resultado de gran beneficio para Puerto Rico.

Ha permitido acusar y encarcelar a miles de traficantes de

drogas durante los últimos años. Empero, la utilización

de los agentes encubiertos en la guerra contra el crimen

no deja de ser un tanto inquietante. Ello implica que un

ciudadano puede ser acusado, condenado y sentenciado a

prisión única y exclusivamente sobre la base del

testimonio del agente encubierto, la cual –en muchas

ocasiones- no ha sido corroborada en cuanto a los hechos

esenciales. Pueblo v. Estrada, 150 D.P.R. 84 (2000);

Pueblo v. Rivera Rodríguez, 123 D.P.R. 467 (1989); Pueblo CC-2009-0903 9

v. Sanabria Pérez, 113 D.P.R. 694 (1983). Por tal razón,

el testimonio de un agente encubierto debe ser examinado y

escudriñado minuciosamente. Pueblo v. Soto Zaragoza, 94

D.P.R. 350 (1967). De esta forma se evita que sea uno

estereotipado y que la libertad de personas inocentes sea

puesta en riesgo. Pueblo v. Almodóvar, supra. Véanse,

además, I.R. Valldejuli Pérez, El Agente Encubierto y el

Tribunal Supremo de Puerto Rico, 44 Rev. Jur. U.P.R. 143

(1975); R.C. Donnelly, Judicial Control of Informants,

Spies, Stool Pigeons and Agent Provocateurs, 60 Yale L.J.

1091 (1951); C. López-Baralt Negrón, Posición del Tribunal

Supremo frente al testimonio único del Agente Encubierto,

37 Rev. Jur. U.P.R. 583 (1968).

En fin, habida cuenta de la enorme influencia que

sobre el destino del encausado puede generar el testimonio

del agente encubierto, y en reverencia a la libertad de

los seres humanos con quienes interviene, se impone una

aumentada exigencia y un mayor rigor en la estimación por

las cortes de las actuaciones del agente encubierto.

Pueblo v. Rosario Torres, 101 D.P.R. 840 (1973).

B. Artículo 523 de la Ley de Sustancias Controladas

En consideración al marco jurídico antes enunciado, y

debido a que la memoria de los hechos delictivos

observados y presenciados se deteriora con el transcurso

del tiempo, el legislador adoptó el Artículo 523 de la Ley

de Sustancias Controladas, supra. Así, se estableció una

precaución temporal de confiabilidad para las CC-2009-0903 10

declaraciones hechas por los agentes encubiertos producto

de las investigaciones y operaciones realizadas. A esos

efectos, el referido artículo prescribe lo siguiente:

Todo personal de investigaciones que intervenga o participe como encubierto en una transacción de venta de drogas y sustancias controladas bajo las disposiciones de este capítulo, deberá prestar ante un Fiscal, dentro de un término no mayor de 120 horas siguientes a haberse consumado la transacción de venta, una declaración jurada sobre su participación en la misma y los hechos pertinentes a ésta, a menos que se demuestre justa causa para una demora en someterla dentro del término antes indicado.

Cuando el tribunal determinare en la vista preliminar que dicha declaración jurada no fue prestada, o que habiéndose prestado fuera del término de 120 horas no hubo justa causa para la dilación ni dicha declaración jurada ni el testimonio del agente encubierto podrán ser presentados en evidencia.

En la determinación de justa causa se tomará en consideración, entre otros factores, el que la investigación que se lleve a cabo no hubiere concluido dentro del término no mayor de 120 horas antes indicado. 24 L.P.R.A. § 2523.

Como podemos apreciar, la norma antes reseñada exige

que las declaraciones juradas prestadas por los agentes

encubiertos sobre la actividad criminal a ser encausada

bajo la Ley de Sustancias Controladas, supra, sean

autorizadas por el funcionario público correspondiente –

quien en la mayoría de las ocasiones es un fiscal- dentro

de las 120 horas siguientes a la consumación de la

transacción ilegal. De éstas no prestarse dentro del

tiempo antes mencionado, el testimonio del agente

encubierto no podrá ser presentado en evidencia. CC-2009-0903 11

Ahora bien, en las instancias en que el funcionario

público correspondiente autorice las declaraciones fuera

del término de 120 horas establecido por el Artículo 523

de la Ley de Sustancias Controladas, supra, el Ministerio

Público deberá probar justa causa para la demora como

condición para que sean admitidas en evidencia. Véanse,

Pueblo v. Colón Ramos, 115 D.P.R. 357 (1984); Pueblo v.

Rosario Torres, supra.

C. Incompatibilidad entre funciones: Ministerio Público y Notariado

Como es sabido, el notario es el profesional de

Derecho que ejerce una función pública, autorizado para

dar fe y autenticidad conforme a las leyes de los negocios

jurídicos y demás actos y hechos extrajudiciales que ante

él se realicen sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes

especiales. 4 L.P.R.A. § 2002. “Es su función recibir e

interpretar la voluntad de las partes, dándole forma

legal, redactar las escrituras y documentos notariales a

tal fin y conferirles autoridad a los mismos”. Íd. En

virtud de estas responsabilidades es que en la esfera de

los hechos el notario da fe de lo que ve, oye y percibe

por sus sentidos. Como jurista autentica y formula un

juicio de certeza que nutre de fuerza probatoria las

declaraciones de voluntad de las partes en instrumentos y

documentos públicos redactados conforme a las leyes. In

re: Maldonado, 103 D.P.R. 523 (1975); S. Torres Peralta,

El Derecho Notarial Puertorriqueño, Publicaciones STP,

Inc., 1995, pág. 1.4. CC-2009-0903 12

Además, el notario autorizado puede ejercer su

profesión dentro de toda la jurisdicción de Puerto Rico.

En esa función disfrutará de plena autonomía e

independencia, la ejercerá con imparcialidad, y estará

bajo la dirección administrativa de este Tribunal por

conducto de la Oficina de Inspección de Notarías. 4

L.P.R.A. § 2003.

Sin embargo, la Ley Notarial de Puerto Rico, supra,

establece que el ejercicio de la notaría es incompatible

con cualquier otro cargo público cuando media una

prohibición a tales fines. 4 L.P.R.A. § 2004. Véase,

además, In re: Corona Muñoz I, 141 D.P.R. 640, 646-647

(1996). A estos efectos, “[l]a doctrina reconoce que la

incompatibilidad para ocupar dos (2) cargos públicos

simultáneamente puede ser de derecho o de hecho. La

primera, la incompatibilidad legal, presupone `la

existencia de alguna norma legal que establezca la

prohibición del ejercicio de la abogacía y, a la vez, otra

actividad, función o cargo´”. En otras palabras, “[p]or

disposición expresa de ley se prohíbe el desempeño

simultáneo de dos (2) puestos”. In re: Corona Muñoz I,

supra, pág. 647, citando a R. Bielsa, La Abogacía, 3ra

ed., Buenos Aires, Ed. Abeledo-Perrot, 1960, pág. 181. La

segunda, la incompatibilidad fáctica, se manifiesta

“cuando ambos puestos tienen incompatibilidades o

conflictos más o menos permanentes en sus deberes, no

meramente casuales”. In re: Corona Muñoz I, supra, pág. CC-2009-0903 13

647; Pueblo ex rel. Arjona v. Landrón, 57 D.P.R. 67, 70

(1940).

Cónsono con lo anterior, el Artículo 27 de la Ley

Orgánica del Departamento de Justicia, supra, señala que

“[l]a práctica privada de la abogacía y la notaría es

incompatible con el puesto regular de abogado y fiscal del

Departamento…”. 3 L.P.R.A. § 293f. Esta incompatibilidad

legal es reiterada –de forma específica- en el Artículo 70

del referido estatuto. “Se prohíbe a los fiscales y

procuradores el ejercicio privado de la abogacía y notaría

mientras ocupen sus respectivos cargos”. 3 L.P.R.A. §

294v.

D. Autoridad limitada de los Fiscales para ejercer funciones notariales

Como mencionamos, existe una clara incompatibilidad

legal entre el cargo de fiscal y la profesión de notario.

Ahora bien, por disposición especial de ley, a los

funcionarios públicos y empleados del Departamento de

Justicia se les permite tomar declaraciones juradas en el

curso de sus investigaciones y trabajos ministeriales.

Así, el Artículo 27 de la Ley Orgánica del

Departamento de Justicia, supra, especifica que “un

abogado podrá ejercer la práctica notarial como parte de

las funciones de su cargo, siempre que medie la

autorización por escrito del Secretario”. 3 L.P.R.A. §

293f. De igual forma, el Artículo 11 del referido

estatuto autoriza a los funcionarios públicos del

Departamento de Justicia a entrevistar testigos y tomarles CC-2009-0903 14

juramentos y declaraciones. Al así hacerlo, indica que

“[e]l Secretario y los funcionarios y empleados en quienes

delegue, llevarán a cabo las investigaciones que sean

necesarias y adecuadas para el ejercicio de las facultades

que le concede esta Ley y quedan autorizados para

entrevistar a testigos y tomar juramentos y

declaraciones…”. 3 L.P.R.A. § 292h.

La autorización descrita en el párrafo anterior se

concretiza en la Ley para la Toma y Registro de

Declaraciones Juradas, Juramentos y Afirmaciones de 12 de

marzo de 1903, según enmendada, 4 L.P.R.A. §§ 881-899.

Este estatuto también autoriza a los fiscales a tomar

declaraciones y afidávits. 4 L.P.R.A. § 890. A esos

fines, la profesora Torres Peralta ha señalado que

Tanto los jueces como los fiscales ejercen funciones de naturaleza notarial, dentro del marco específico de la reglamentación particular que les aplica, pero no quedan dentro de la cubierta de la Ley Notarial. Nos explicamos.

El 25 de febrero de 1982, el Tribunal Supremo emitió [una] resolución reglamentando el alcance de la facultad de los jueces para autorizar declaraciones y testimonios de autenticidad. Posteriormente, la Legislatura aprobó la [Ley Núm. 77 de 6 de julio de 1985, 4 L.P.R.A. 890, 892a], en la que reitera lo previamente dispuesto en la resolución indicada. El mismo estatuto les reconoce la misma facultad para autorizar testimonios y declaraciones de autenticidad sujetas a los criterios ahí indicados a los miembros del ministerio público.

La [Ley Núm. 77, supra], vigente a esta fecha lee:

“Los notarios, los jueces del Tribunal Supremo, los jueces del Tribunal de Primera Instancia, los jueces municipales, los fiscales, los jefes de departamento, los CC-2009-0903 15

tesoreros municipales podrán autorizar afidávits o declaraciones de autenticidad; pero solamente los notarios podrán autorizarlos cuando se refieren a hechos, actos o contratos de mero interés particular”.

Conforme al estatuto indicado, plenamente vigente a esta fecha, los jueces pueden autorizar testimonios y declaraciones de autenticidad en el área de interés público, facultad que suelen ejercer vigorosamente. Por ejemplo, los magistrados toman juramentos en áreas tales como reconocimiento de hijos, celebración de matrimonios, diligenciamiento de órdenes de allanamiento, entre otros.

Los fiscales, por su parte, ejercen su autoridad para tomar juramentos en el ejercicio de su función investigativa.

Debe quedar claro, sin embargo, que los jueces y fiscales no son notarios públicos. Su función está limitada a tomar testimonios y declaraciones de autenticidad, dentro del ámbito de la reglamentación vigente. Tal función, en sí delicada, no les convierte en notarios públicos. (Énfasis nuestro). S. Torres Peralta, op. cit., págs. 5.8 - 5.9.

E. Declaraciones juradas bajo la Ley para la Toma y Registro de Declaraciones Juradas, Juramentos y Afirmaciones, supra

La Ley para la Toma y Registro de Declaraciones

Juradas, Juramentos y Afirmaciones, supra, aparte de

autorizar a los fiscales a ejercer ciertas funciones

notariales, establece los requisitos aplicables a los

documentos que se autorizan. Así, el Artículo 3 de la

referida disposición legal dispone que toda declaración

jurada autorizada conforme al referido estatuto se hará

por escrito y será firmada por el declarante. 4 L.P.R.A.

§ 883. CC-2009-0903 16

Aparte de los requisitos esbozados, la Ley para la

Toma y Registro de Declaraciones Juradas, Juramentos y

Afirmaciones, supra, también les impone a los fiscales la

obligación de remitirle a la oficina del Secretario de

Justicia información sobre las declaraciones juradas

prestadas ante ellos. 4 L.P.R.A. § 892a. En específico,

dicho estatuto señala que los fiscales tienen que remitir

un informe e índice mensual de los testimonios o

declaraciones de autenticidad que autorizan no más tarde

del décimo día calendario del mes siguiente al mes

informado. 4 L.P.R.A. § 892a. Este informe, además, debe

contener el número de orden de cada testimonio o

declaración de autenticidad, los nombres de los

otorgantes, los nombres de los testigos, la fecha de

autorización y el objeto del acto. Íd. El afidávit o

declaración que no esté inscrito en el Registro de

Declaraciones o incluido en el índice correspondiente será

nulo. 4 L.P.R.A. § 894.

Incluso, en consecución de las obligaciones impuestas

por la Ley para la Toma y Registro de Declaraciones

Juradas, Juramentos y Afirmaciones, supra, el 5 de agosto

de 1985 el otrora Secretario de Justicia emitió la Orden

Administrativa del Departamento de Justicia Núm. 85-06.1

1 La Orden Administrativa del Departamento de Justicia Núm. 85-06, de 5 de agosto de 1985, complementa la Orden Administrativa Núm. 85-05, de 18 de julio de 1985. En ésta se atendieron –inicialmente- las obligaciones nacidas de la Ley Núm. 77 de 6 de julio de 1985, la cual enmendó la Ley para la Toma y Registro de Declaraciones Juradas, Juramentos y Afirmaciones, supra. Por su pertinencia, la reproducimos en su totalidad. CC-2009-0903 17

Esta orden delimitó el procedimiento que los fiscales

deben seguir para la implementación adecuada de los

deberes impuestos por la Ley para la Toma y Registro de

Declaraciones Juradas, Juramentos y Afirmaciones, supra.

A esos fines, la referida orden apuntala lo siguiente:

Para que haya uniformidad en los procedimientos a seguirse para cumplir con la Ley Número 77, del 6 de julio de 1985, se instruye a los fiscales y procuradoras a observar las siguientes instrucciones:

1. En las declaraciones juradas el fiscal o procuradora deberá incluir, luego de la firma del declarante, lo siguiente:

“Declaración Número ___ Jurada y suscrita ante mí por ________, de las circunstancias personales arriba expresadas, hoy día ___ de _____ de 19__, a las ___ (a.m./p.m.)

“Con fecha de 6 de julio de 1985 entró en vigor la Ley Núm. 77 que enmienda las Secciones 4, 5, y 6a de la Ley de 12 de marzo de 1908, según enmendada, [conocida como Ley para la Toma y Registro de Declaraciones Juradas, Juramentos y Afirmaciones], para requerir de los fiscales, entre otros funcionarios, a llevar un registro de [afidávits] y declaraciones de autenticidad tomadas por los mismos y a rendir un informe. Hasta tanto el Departamento de Justicia realice los arreglos pertinentes para la adquisición de los tomos requeridos por la Ley y cualquier otra gestión necesaria para instrumentar sus disposiciones, cada uno de los fiscales deberá dar número correlativo a las declaraciones juradas que hayan tomado a partir de la vigencia de la Ley y a cualquier otra declaración de dicha naturaleza que en lo sucesivo tomen. Deberá, asimismo, llevar un registro particular de las declaraciones juradas, haciendo una anotación en el mismo de cada una de tales declaraciones, incluyendo el número, breve nota sobre el asunto donde se informe el nombre de los otorgantes y la naturaleza del acto autenticado, fecha en que se tomó la misma, su firma y el sello del Departamento de Justicia. Al finalizar cada mes deberá someter un informe de las declaraciones juradas tomadas durante el mismo, informe que deberá llegarme a través de la División de Investigaciones y Procesamiento Criminal. Para su mejor conocimiento de la ley, se le está incluyendo copia de la misma”. CC-2009-0903 18

Cuando se utilicen los formularios de declaraciones juradas ya impresos, bastará con incluir el número de la declaración antes de la nota que aparece en la parte inferior del formulario y llenar los blancos que aparecen en ésta, adicionando la hora en que se toma la declaración jurada.

2. Al abrirse el Registro de Declaraciones Juradas, el fiscal o procuradora lo comenzará con la siguiente nota:

“En cumplimiento de la Ley Número 77, de 6 de julio de 1985, comienza el primer Libro y Registro de Declaraciones Juradas, ante el fiscal que suscribe, en _____, Puerto Rico, hoy ___ de _____ de 19___”

(Estampar sello del Departamento de Justicia) __________________ Firma del Fiscal o Procuradora

3. Las notas en el Registro de Declaraciones seguirán una secuencia numérica y se llevarán en la siguiente forma:

Declaración Número ___ de fecha _______. “A las ______ (a.m./p.m.) de este día, don (doña) _______, de estado civil _______, de ___ años de edad, residente en ________, de ocupación _______, suscribe y jura ante mí declaración en relación con la investigación del caso (Nombre del imputado), por el delito de _______, hechos cometidos en (fecha)”

(Estampar sello del Departamento de Justicia) __________________ Firma del Fiscal o Procuradora

4. El libro debe abrirse en la fecha en que se juramentó la primera declaración, a partir del 6 de julio de 1985.

5. Las declaraciones juradas grabadas o tomadas en taquigrafía o estenotipia y luego transcritas a máquina, y certificadas por un taquígrafo o transcriptor, deberán también incluirse en el Registro de Declaraciones Juradas con su número correlativo a la fecha y hora en que se toman. CC-2009-0903 19

6. Terminado el libro se insertará una nota de cierre que diga:

“Concluye mi primer Registro de Declaraciones Juradas tomadas por mí, que consta de ___ folios y ___ declaraciones juradas. Este tomo corresponde al período comprendido entre (fecha de la 1ra. declaración) y (fecha de última declaración)”.

“En ______, Puerto Rico, a ___ de _______ de 19___”

(Estampar sello del Departamento de Justicia) __________________ Firma del Fiscal o Procuradora

7. No más tarde del quinto día laborable de cada mes, los fiscales y procuradoras someterán al Secretario de Justicia el informe mensual sobre las declaraciones tomadas el mes anterior. Este informe se preparará en el formulario diseñado, en original y copia. El original se enviará al Secretario de Justicia. El fiscal retendrá copia para sus archivos. En caso de no haberse tomado declaración alguna durante el mes, se enviarán informes negativos. Los fiscales de Distrito y Jefes de Unidades velarán por el fiel cumplimiento de este requisito, en cuanto a los fiscales asignados a sus fiscalías y unidades.

8. La Oficina del Jefe de la División de Investigaciones y Procesamiento Criminal llevará récord de los informes rendidos y los conservará en archivo confidencial. Cualquier solicitud u orden del Tribunal para el descubrimiento de este informe será referida por el Fiscal de Distrito al Secretario de Justicia, por conducto del Jefe de la División.

9. Mensualmente el Jefe de la División informará al Secretario de Justicia el nombre de los fiscales y procuradoras que no cumplan con el requisito de preparación y envío de los informes, para la acción administrativa que el Secretario de Justicia entienda procedente.

10. El Departamento de Justicia proveerá un libro encuadernado con folios numerados para cada fiscal. El libro Registro de Declaraciones Juradas permanecerá en posesión y custodia del CC-2009-0903 20

Fiscal o Procuradora mientras éste o ésta desempeñe el cargo. Al renunciar, retirarse o cesar en el cargo, hará entrega del libro al Jefe de la División Criminal para custodia permanente del mismo.

11. Se proveerán a las Fiscalías y Unidades varios sellos de goma con el sello oficial del Departamento de Justicia para uso de los fiscales y procuradoras en el cumplimiento de la Ley Núm. 77[, supra,] que exige declaraciones e informes sellados. Los sellos de goma serán controlados por el Fiscal de Distrito o Jefe de Unidad, de tal forma que siempre haya por lo menos un sello disponible para uso de los fiscales y procuradoras en y fuera de horas laborables.

A la luz de la normativa y órdenes administrativas

mencionadas, podemos colegir que las declaraciones juradas

autorizadas por los funcionarios públicos y empleados del

Departamento de Justicia bajo la Ley para la Toma y

Registro de Declaraciones Juradas, Juramentos y

Afirmaciones, supra, deben cumplir con determinados

requisitos. A saber, las referidas declaraciones deben

ser hechas por escrito2 y contener: (a) el número de

declaración asignado;3 (b) el nombre del declarante;4 (c)

la firma del declarante;5 y (d) la fecha y hora en que se

autorizaron.6 Además, so pena de nulidad,7 estas

declaraciones juradas deberán ser incluidas en el índice

mensual e inscritas en el Registro de Declaraciones

2 4 L.P.R.A. § 883. 3 Orden Administrativa del Departamento de Justicia, Núm. 85-06 de 5 de agosto de 1985, párrafo 1. 4 Íd. 5 4 L.P.R.A. § 883; Orden Administrativa del Departamento de Justicia, Núm. 85-06, supra. 6 Orden Administrativa del Departamento de Justicia, Núm. 85-06, supra. 7 4 L.P.R.A. § 894. CC-2009-0903 21

Juradas correspondiente; ambos preparados por el fiscal

autorizante en cumplimiento con el referido estatuto y con

las Órdenes Administrativas Número 85-05 y 85-06

reseñadas.

III

En su recurso de certiorari el peticionario aduce que

el Tribunal de Apelaciones erró al dictar sentencia,

revocar el dictamen emitido por el Tribunal de Primera

Instancia y concluir que no procede la exclusión de las

declaraciones juradas, ya que éstas fueron autorizadas

dentro de los deberes del cargo de fiscal y no en calidad

de notario. En específico, el peticionario alega que el

foro apelativo intermedio incidió al razonar que las

referidas declaraciones no eran nulas, que los defectos de

los cuales adolecen son subsanables mediante la

presentación de prueba y que la existencia de éstos no

acarrea la exclusión automática de las referidas

declaraciones. No le asiste la razón.

Un análisis detenido y minucioso de la doctrina

jurídica descrita revela, inicialmente, que la facultad de

los fiscales para ejercer funciones notariales no proviene

de la Ley Notarial de Puerto Rico, supra, ni de su

Reglamento, supra. Más bien, estas funciones son

autorizadas –de forma limitada- por la Ley Orgánica del

Departamento de Justicia, supra, y por la Ley para la Toma

y Registro de Declaraciones Juradas, Juramentos y

Afirmaciones, supra. CC-2009-0903 22

Incluso, al señalar que todo personal de

investigaciones que intervenga o participe como encubierto

en una transacción de venta de drogas y sustancias

controladas deberá prestar ante un Fiscal una declaración

jurada sobre su participación, puede colegirse que el

Artículo 523 de la Ley de Sustancias Controladas, supra,

también faculta a los fiscales a ejercer funciones

notariales. Como consecuencia de ello, y como bien razonó

el Tribunal de Apelaciones, los empleados y funcionarios

públicos del Departamento de Justicia entrevistan

testigos, toman juramentos y autorizan declaraciones

juradas como parte de sus deberes ministeriales y no en

calidad de notarios. Por ende, la Ley Notarial de Puerto

Rico, supra, y su Reglamento, supra, no son aplicables al

caso de autos.

Del mismo modo, aun cuando las declaraciones juradas

en controversia adolecen de defectos significativos –falta

de firma del fiscal autorizante y ausencia de fecha y hora

de autorización- entendemos que éstos constituyen defectos

subsanables que pueden ser rectificados. Así, contrario a

lo alegado por el peticionario, los defectos señalados en

el caso de autos no acarrean la exclusión automática de

las declaraciones juradas en controversia. En cambio,

éstas podrán ser admitidas en evidencia si se presenta

prueba –testifical, documental o científica- que

rectifique los defectos señalados y demuestre que el

evento o circunstancia en controversia, en efecto, CC-2009-0903 23

ocurrió. Véanse, además, Reglas 901 y 902 de Evidencia,

32 L.P.R.A. Ap. VI. Ello responde a que los únicos

defectos que causan la nulidad de las declaraciones

juradas que autorizan los funcionarios públicos y

empleados del Departamento de Justicia son los contenidos

en la Sección 8 de la Ley para la Toma y Registro de

Es decir, el no incluir en el índice correspondiente las

declaraciones juradas autorizadas; o no inscribirlas en el

Registro de Declaraciones Juradas.8 4 L.P.R.A. § 894.

Además, es menester aclarar que la obligación de los

Justicia de firmar las declaraciones juradas que autorizan

no está contemplada en la Ley Orgánica del Departamento de

Justicia, supra; en la Ley para la Toma y Registro de

Declaraciones Juradas, Juramentos y Afirmaciones, supra;

en la Ley de Sustancias Controladas, supra, ni en las

Órdenes Administrativas 85-05 y 85-06 antes mencionadas.

Este requisito emana, más bien, del propio acto jurídico;

de la naturaleza de tomar y autorizar declaraciones

juradas y de la importancia de mantener en alto la

integridad y transparencia de los procedimientos –en esta

ocasión investigativos- que realizan dichos funcionarios y

empleados. Precisamente, por esta razón es que deben

8 Por no estar en controversia si la nulidad contenida en la sección 8 de la Ley para la Toma y Registro de Declaraciones Juradas, Juramentos y Afirmaciones, supra, es radical y absoluta, o, en cambio, relativa, no entraremos a resolver si los defectos señalados en dicha sección acarrean la nulidad o anulabilidad de las declaraciones juradas. CC-2009-0903 24

observar un grado mayor de celo, cuidado y diligencia al

ejercen sus funciones ministeriales, y cumplir cabalmente

con los requisitos enunciados.

Por ello, colegimos que toda declaración jurada que

no sea firmada por el fiscal que la autorice –aunque

cumpla con todos los demás requisitos exigidos- adolecerá

de un defecto subsanable y no podrá ser admitida en

evidencia hasta que el defecto sea rectificado. En

efecto, entendemos que la norma aquí pautada constituye la

mejor práctica y es la que le otorga mayor grado de

confiabilidad a las funciones notariales limitadas que

ejercen los funcionarios públicos y empleados del

Departamento de Justicia a raíz de los estatutos

anteriormente señalados.9

Así, pues, surge del expediente de autos que las tres

declaraciones juradas en controversia fueron prestadas

ante el fiscal López Birriel el 8 de abril de 2008 a las

10:30 a.m., 10:40 a.m., y 11:00 a.m., respectivamente. En

todas ellas se declaró con lujo de detalles la

investigación y operación criminal realizada, la cual

comenzó en horas de la mañana del 3 de abril de 2008 y

9 Análogamente, existen otras instancias durante el procedimiento criminal –estatal y federal- que permiten la rectificación de defectos de forma. Así, por ejemplo, errores en las acusaciones sobre la fecha de ocurrencia del delito imputado o sobre el lugar en que el acto delictivo ocurrió se consideran defectos de forma, salvo que éstos constituyan un elemento esencial del delito imputado. Véanse, Reglas 38, 39, 40 y 42 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. III, R.38, R.39, R.40 y R.42. Véanse, además, State v. Knoeppel, 785 P.2d 1321 (1990); State v. Thompson, 543 So. 2d 1132 (1989); State v. Knight, 764 S.W.2d 656 (1988); Pueblo v. Cancel, 106 D.P.R. 28 (1977); Pueblo v. González, 97 D.P.R. 541 (1969); Pueblo v. López, 96 D.P.R. 132 (1968); State ex rel. McGreggor v. Rigg, 109 N.W.2d 310 (1961). CC-2009-0903 25

culminó en horas de la tarde del mismo día.10 Luego,

durante la celebración de la vista preliminar, el

Ministerio Público presentó como prueba las referidas

declaraciones con miras a que fueran admitidas en

evidencia. Oportunamente, los imputados impugnaron las

declaraciones juradas de los agentes encubiertos y

adujeron que éstas eran inadmisibles en evidencia debido a

que dos de ellas no estaban firmadas y la restante no

contenía la fecha de autorización, defectos que

catalogaron como insubsanables. El Ministerio Público,

por su parte, presentó el testimonio del fiscal López

Birriel -quien testificó respecto al acto de autorización-

y copias certificadas de su Registro de Declaraciones

Juradas y de su Informe Mensual.

Es preciso puntualizar que del Registro de

Declaraciones Juradas se desprende el número de

identificación de dichas declaraciones, un resumen de su

contenido, el nombre de los declarantes, la fecha y hora

en que se autorizaron, y la fecha y hora en que se consumó

la transacción de drogas que originó el presente

encausamiento criminal. Además, del Informe Mensual, el

cual fue remitido a la Oficina del Fiscal General del

Departamento de Justicia, surge una lista de las

declaraciones juradas que se autorizaron durante el mes de

10 Véase, Apéndice, págs. 43-52. En específico, el agente Rivera Avilés declaró que su participación en la operación criminal de autos culminó alrededor de las 11:50 a.m. Asimismo, los agentes García Guevarra y Castro Parsons señalaron que su participación en dicha operación culminó a eso de las 1:20 p.m. y 1:23 p.m., respectivamente. CC-2009-0903 26

abril de 2008. Esta lista contiene el número de

identificación de las declaraciones juradas aquí en

controversia, la fecha en que fueron autorizadas, el

nombre de los declarantes y un síntesis de la naturaleza

de las declaraciones.

En vista de lo anterior, y al igual que el Tribunal

de Apelaciones, colegimos que el Ministerio Público

presentó suficiente evidencia para subsanar los defectos

señalados. El testimonio del fiscal López Birriel sobre

las diligencias realizadas para juramentar las respectivas

declaraciones y las copias certificadas de su Registro de

Declaraciones Juradas y de su Informe Mensual constituyen

suficiente evidencia en derecho que prueba la ocurrencia

del acto impugnado, rectificando así los defectos

identificados por los imputados.

Al ser ello así, y razonar que las declaraciones

juradas en controversia fueron debidamente autorizadas, es

forzoso concluir que éstas fueron prestadas dentro del

término de 120 horas estatuido en el Artículo 523 de la

Ley de Sustancias Controladas, supra. En conclusión, el

Tribunal de Apelaciones no incidió al resolver como lo

hizo y decretar la admisibilidad de las referidas

declaraciones.

IV

Por los fundamentos enunciados, procede confirmar la

sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones. En

consecuencia, se devuelve el caso de autos al Tribunal de CC-2009-0903 27

Primera Instancia para la continuación de los

procedimientos de la Vista Preliminar conforme con los

pronunciamientos vertidos en esta Opinión.

Se dictará sentencia de conformidad.

Edgardo Rivera García Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico Recurrido

v. Certiorari José Garay López, CC-2009-0903 Leonardo de Jesús Valentín, Edgar Álvarez Pérez Peticionarios

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 3 de mayo de 2011.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, confirmamos la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones. Devolvemos los autos al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos de Vista Preliminar conforme con lo aquí resuelto.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez emitió una Opinión Concurrente.

Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Recurrido

José Garay López

Peticionario El Pueblo de Puerto Rico

Leonardo de Jesús Valentín CC-2009-903

Edgar Álvarez Pérez

Peticionario

Opinión concurrente emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez

San Juan, Puerto Rico, a 3 de mayo de 2011

El resultado al que arriba hoy el Tribunal es correcto,

pues las declaraciones juradas de los agentes encubiertos

que presenciaron las alegadas transacciones ilegales del

caso de autos, no debían ser excluidas de la evidencia que

pretendía presentar el Ministerio Público. No obstante,

debido a que el razonamiento expuesto por el Tribunal

contiene serias deficiencias, me veo forzada a emitir una

Opinión concurrente. CC-2009-903 2

I.

Los hechos que generan el presente recurso de certiorari

son sencillos. Durante la mañana del 3 de abril de 2008,

tres agentes encubiertos realizaron una investigación en la

que alegadamente participaron de una transacción de venta de

sustancias controladas con los señores José Garay López,

Leonardo de Jesús Valentín y Edgar Álvarez Pérez (en

adelante “los peticionarios”). Posteriormente, el 8 de

abril, los agentes encubiertos se reunieron con el fiscal

Miguel A. López Birriel para prestar declaraciones juradas

en las que relataron los hechos que podrían configurar

varios actos ilegales. Todo ello culminó con la

presentación de denuncias contra los peticionarios por la

comisión de varios delitos, incluyendo bajo la Ley de

Sustancias Controladas. 24 L.P.R.A. sec. 2101 et seq.

En la celebración de la vista preliminar, el Ministerio

Público presentó en evidencia las declaraciones prestadas

por los tres agentes encubiertos, sin embargo, la defensa

objetó. Su fundamento fue la inobservancia del artículo 523

de la Ley de Sustancias Controladas, 24 L.P.R.A. sec. 2523,

el cual requiere que en aquellas instancias en que agentes

encubiertos intervengan en transacciones de venta de

sustancias controladas, estos funcionarios presten una

declaración jurada ante un fiscal dentro de las próximas 120

horas. La defensa alegó que no se habían hecho

declaraciones juradas dentro del término exigido por el

artículo 523 porque las únicas que existían y que el CC-2009-903 3

Ministerio Público deseaba utilizar eran nulas debido a que

adolecían de defectos insubsanables al amparo de la Ley

Notarial. 4 L.P.R.A. sec. 2001 et seq. En dos de ellas los

supuestos defectos consistían en la omisión de la firma del

fiscal, mientras que la tercera no contenía la fecha en que

se preparó. Sostuvo la defensa que entonces procedía

excluir de la evidencia las referidas declaraciones juradas,

según ordena el propio artículo 523.

Por su parte, el Ministerio Público presentó el

testimonio del fiscal López Birriel, quien narró los

detalles de la toma de las declaraciones juradas a los tres

agentes encubiertos el día 8 de abril de 2008. Asimismo, se

presentó copia certificada del Registro de Declaraciones

Juradas y del Informe Mensual de Declaraciones Juradas del

fiscal López Birriel, los cuales corroboraban que éste había

tomado las referidas declaraciones dicho día.

Tras escuchar los argumentos de las partes, el Tribunal

de Primera Instancia acogió la postura de los peticionarios

y excluyó de la evidencia las declaraciones juradas. Mas

tras la interposición de un recurso de certiorari por el

Estado ante el Tribunal de Apelaciones, éste revoco la

determinación recurrida y concluyó que las declaraciones

juradas debían ser admitidas en evidencia. Inconformes, los

peticionarios presentaron el recurso de autos ante esta

Curia. Nuevamente, alegan que la Ley Notarial rige las

formalidades de las declaraciones juradas que toman los

fiscales del Departamento de Justicia. Por ello, estiman

que las declaraciones juradas que presentó el Estado en la CC-2009-903 4

vista preliminar sufren defectos insubsanables que las hacen

nulas, por lo cual no se cumplió el artículo 523 de la Ley

de Sustancias Controladas.

II.

La verdadera controversia ante nosotros gira en torno

al artículo 523 de la Ley de Sustancias Controladas. 24

L.P.R.A. sec. 2523. Como mencionamos anteriormente, esta

disposición ordena que los agentes encubiertos que

participen de transacciones de venta de sustancias

controladas, acudan ante un fiscal dentro de las siguientes

120 horas para prestar una declaración jurada sobre los

hechos pertinentes a la transacción. Con el fin de asegurar

el cumplimiento de este mandato y para proteger a los

individuos contra falsas acusaciones el artículo 523 impide

que el Ministerio Público presente como evidencia las

declaraciones juradas o testimonio de agentes encubiertos

durante el encausamiento criminal de los delitos bajo la

citada ley especial, cuando no se haya seguido el

requerimiento de dicho artículo 523. Id. Ese debe ser el

resultado, a menos que exista justa causa para prestar la

declaración jurada ante un fiscal pasadas las 120 horas

desde que ocurrió la transacción. Id.

Concretamente, el recurso ante nosotros requiere

determinemos si las declaraciones juradas que presentó el

Estado en la vista preliminar son admisibles en evidencia o

deben ser excluidas en virtud del artículo 523. Nótese que

no se cuestiona que, en efecto, los tres agentes encubiertos CC-2009-903 5

que intervinieron en la alegada transacción de sustancias

controladas se personaron ante el fiscal López Birriel,

dentro del término de 120 horas, con el propósito de prestar

sus declaraciones juradas. Tampoco se disputa que el fiscal

preparó los documentos de las declaraciones juradas dentro

del mismo tiempo. El núcleo de la controversia que

atendemos es simplemente si los documentos preparados por el

fiscal, y que fueran presentados como evidencia en la vista

preliminar, son válidos. Ello ante las alegaciones de los

peticionarios a los efectos de que las declaraciones juradas

son nulas en virtud de la Ley Notarial.

A.

Los señalamientos de los peticionarios, respecto a la

aplicación de la Ley Notarial al caso de autos, son

inmeritorios. En primer lugar, como parte de sus funciones

investigativas, la Ley Orgánica del Departamento de Justicia

autoriza a los fiscales del Estado a expedir citaciones y

tomar declaraciones juradas. Art. 11, Ley Núm. 205 de 9 de

agosto de 2004, 3 L.P.R.A. sec. 292h. A su vez, la Ley para

la Toma y Registro de Declaraciones Juradas y Afirmaciones

nombra a los fiscales como uno de los funcionarios que

pueden “autorizar” declaraciones juradas. Ley de 12 de

marzo de 1903, según enmendada, 4 L.P.R.A. sec. 890. Por

otra parte, en ausencia de una autorización por parte del

Secretario de Justicia, a los fiscales les está prohibido

ejercer la práctica de la notaría. 3 L.P.R.A. sec. 293f; 4

L.P.R.A. sec. 2004. CC-2009-903 6

De manera que cuando los fiscales toman declaraciones

juradas durante sus investigaciones, como ocurrió en el

presente caso, no están actuando bajo el poder que otorga la

Ley Notarial a los abogados admitidos a la profesión de la

notaría, sino al amparo de las facultades que poseen los

fiscales del Departamento de Justicia en virtud de la ley

orgánica de dicha agencia. Por lo tanto, no podemos colegir

que tales declaraciones están regidas por los postulados

contenidos en la Ley Notarial. El asunto no admite otra

conclusión.

Ahora bien, ante la ausencia de criterios en la Ley

Orgánica del Departamento de Justicia que establezcan

formalidades para la toma de declaraciones juradas por los

fiscales, es preciso consultar la Ley para la Toma y

Registro de Declaraciones Juradas y Afirmaciones.11 Este

estatuto requiere que las declaraciones juradas se hagan por

escrito y sean firmadas por la persona que afirma la

veracidad de su contenido. 4 L.P.R.A. sec. 883. Así

también, exige que los fiscales preparen un registro y un

informe mensual sobre las declaraciones juradas que tomen y

lo remitan al Secretario de Justicia. 4 L.P.R.A. secs. 892-

892a. En la citada ley sólo se concibe la nulidad de las

11 El asunto será discutido en respuesta al razonamiento emitido por el Tribunal. Sin embargo, advertimos que los peticionarios no presentaron ninguna alegación sobre posibles formalidades que debieran seguirse en virtud de la Ley para la Toma y Registro de Declaraciones Juradas y Afirmaciones. Ley de 12 de marzo de 1903, según enmendada, 4 L.P.R.A. sec. 890. Los peticionarios se limitaron a alegar que las declaraciones eran nulas bajo las disposiciones de la Ley Notarial. 4 L.P.R.A. sec. 2001 et seq. CC-2009-903 7

declaraciones juradas cuando éstas no se incluyen en el

registro o el informe mensual. 4 L.P.R.A. sec. 894. Sin

embargo, la ley no exige que la declaración contenga la

fecha en que se prestó, como tampoco ordena que se incluya

la firma del fiscal.

La necesidad de incluir en el documento la fecha en la

cual se toma la declaración jurada sólo nace de la Orden

Administrativa Núm. 85-02, aprobada por el Secretario de

Justicia a los fines de uniformar cómo los fiscales preparan

las declaraciones juradas mientras implementan la Ley para

la Toma y Registro de Declaraciones Juradas y Afirmaciones.

Si bien la omisión de dicha información no puede tener el

efecto de hacer nulo el documento, ya que no es ese el

propósito de la orden administrativa y, mucho menos, de la

ley, sigue siendo importante que la misma conste en el

cuerpo de la declaración jurada que toma el fiscal. Ello

responde a la necesidad de que el documento sea uno

fidedigno. Por lo mismo se requiere la firma del fiscal a

cargo de la preparación de la declaración jurada. Tanto la

nota del tiempo en que se prestó la declaración, como la

firma del fiscal, brindan mayor confiabilidad al escrito. A

su vez, aumentan su valor probatorio, por ejemplo, cuando

son requeridas por el artículo 523 de la Ley de Sustancias

Controladas. 24 L.P.R.A. sec. 2523; véase discusión infra.

Por lo tanto, resulta forzoso concluir que las

declaraciones juradas que el Ministerio Público presentó en

evidencia dos de las cuales no contenían la firma del CC-2009-903 8

fiscal y una tercera que no tenía fecha no son nulas como

resolvió el Tribunal de Primera Instancia. En vista de la

legislación aplicable al caso de autos, es evidente que no

estamos ante un supuesto de nulidad. Los datos omitidos en

las declaraciones juradas no acarreaban su exclusión

automática como evidencia.

B.

De otra parte, aunque en su Opinión el Tribunal

también concluye que las declaraciones juradas que presentó

el Estado en la vista preliminar no debieron ser excluidas,

allí se expone un razonamiento errado. La falla se hace

evidente cuando el Tribunal discute el efecto que

alegadamente tuvo la evidencia adicional que fuera

presentada por el Ministerio Público, sobre los defectos

identificados en las declaraciones juradas. Veamos.

En primer lugar, el Tribunal señala que aunque las

declaraciones juradas del caso de autos adolecen de

defectos, se trata de defectos subsanables que pueden ser

rectificados. Acto seguido dispone que las declaraciones

pueden ser admitidas en evidencia porque quedaron

“rectificadas” y “subsanadas” mediante la presentación del

testimonio del fiscal López Birriel y las copias

certificadas de su Registro e Informe Mensual de

Declaraciones Juradas. En otras palabras, el Tribunal

estima que la evidencia presentada por el Estado corrige las

omisiones de las declaraciones juradas. No estamos de

acuerdo. CC-2009-903 9

El testimonio y las copias certificadas ofrecidos por el

Ministerio Público no plasman la firma del fiscal en las

declaraciones juradas en las que se omitió. Tampoco pueden

colocar una fecha en un documento que no la tenía. Los

defectos señalados no se subsanan con el desfile de

evidencia en los tribunales, sino mediante la preparación de

documentos formales. Por eso se equivoca el Tribunal al

disponer que el Estado “presentó suficiente evidencia para

subsanar los defectos señalados”. No hay duda de que la

presentación de la evidencia que efectuó el Ministerio

Público era necesaria, mas no por las razones que expone el

Tribunal.

En el presente caso, el Estado venía obligado a

presentar el testimonio del fiscal López Birriel y las

copias certificadas del Registro e Informe Mensual porque

los defectos identificados en las declaraciones juradas que

se presentaron generaron incertidumbre sobre cuándo se

tomaron omisión de la fecha y quién las tomó omisión de

la firma del fiscal. Adviértase que ambos elementos, es

decir, el momento en que se tomaron las declaraciones y la

persona que las tomó, deben quedar claramente evidenciados

en el tribunal por la exigencia que impone el discutido

artículo 523 de la Ley de Sustancias Controladas. Este

ordena que las declaraciones se presten ante un fiscal y

dentro de un periodo de 120 horas. 24 L.P.R.A. sec. 2523.

De manera que la evidencia que presentó el Estado probó

que las declaraciones juradas objeto de controversia habían

sido tomadas por el fiscal López Birriel dentro de las 120 CC-2009-903 10

horas de haber ocurrido las supuestas transacciones de venta

de sustancias controladas. Así establecieron que las

declaraciones juradas cumplían con el artículo 523, y por lo

tanto debían ser admitidas en evidencia aunque tuvieran

defectos subsanables. No se trata de rectificar los

defectos de las declaraciones mediante la presentación de

evidencia adicional, como expone el Tribunal, sino de probar

que se satisfizo el mandato del artículo 523.

III.

Por lo antes expuesto, estimo que las declaraciones

juradas presentadas por el Ministerio Público son admisibles

en evidencia, ya que son válidas y se prestaron conforme

ordena el artículo 523 de la Ley de Sustancias Controladas.

En este extremo, coincido con el Tribunal que procede

entonces confirmar la determinación del Tribunal de

Apelaciones, mediante la cual revocó aquélla emitida por el

Tribunal de Primera Instancia. Empero, ante el razonamiento

errado que utiliza el Tribunal, concurro con su resultado.

Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada