En el Tribunal Supremo de Puerto Rico
El Pueblo de Puerto Rico Recurrido Certiorari V. 99TSPR21 Víctor González Vega
Peticionario
Número del Caso: CC-97-126
Abogados de la Parte Peticionaria: Lic. Luis A. Pérez Bonilla Lic. James Reyes Figueroa (Sociedad Para Asistencia Legal)
Abogados de la Parte Recurrida: Hon. Carlos Lugo Fiol Procurador General
Lic. Eunice Amaro Garay Procuradora General Auxiliar
Abogados de la Parte Interventora:
Tribunal de Instancia: Superior, Sala de Caguas
Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. Carmen Vargas Medina
Tribunal de circuito de Apelaciones: Circuito Regional VI
Panel Integrado por: Pres. Juez Brau Ramírez, la Juez Pesante Martínez y el Juez Rivera Pérez
Juez Ponente: Hon. Brau Ramírez
Fecha: 3/16/1999
Materia:
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
Víctor González Vega CC-97-126 Certiorari
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Presidente señor ANDRÉU GARCÍA
San Juan, Puerto Rico, a 16 de marzo de 1999
Se impugna en el presente recurso una
sentencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones
mediante la cual ese foro revocó una resolución
dictada por el Tribunal de Primera Instancia que
desestimó una acusación por el delito de fuga.
Revocamos.
I
El 19 de octubre de 1994, el peticionario,
Víctor González Vega, fue sentenciado por dos (2)
cargos del delito de posesión de una sustancia
controlada, tipificado en el inciso (a) del CC-97-126 3
artículo 404 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24
L.P.R.A. § 2404 (Supl. 1997). El tribunal le impuso una pena de
reclusión de tres (3) años por cada uno de los cargos y determinó que
debía cumplirlas concurrentemente entre sí y consecutivamente con
cualesquiera otras sentencias que estuviera cumpliendo.
Posteriormente, el peticionario fue excarcelado y referido al
Programa de Supervisión Electrónica de la Administración de Corrección,
permitiéndosele así continuar extinguiendo su condena desde su
residencia, sujeto al uso de un brazalete electrónico1. Mientras
disfrutaba de este privilegio fue evaluado por la Administración de
Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA). Esta agencia
recomendó que se le internara en una institución para recibir
tratamiento. El peticionario fue ingresado en una de las facilidades
de Hogares CREA.
El 20 de marzo de 1996, el peticionario abandonó la facilidad,
pero fue arrestado poco después. Por estos hechos fue acusado del
delito de fuga. Véase, Cód. Penal de P.R., art. 232, 33 L.P.R.A. §
4428 (1983 y Supl. 1997). El peticionario solicitó la desestimación
del pliego acusatorio bajo el inciso (a) de la Regla 64 de
Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R.64(a) (1991), alegando
que los hechos que se le imputaban no eran constitutivos del delito de
fuga. En una escueta resolución, el tribunal de instancia declaró con
lugar la solicitud y desestimó la acusación. Concluyó que:
Según la prueba estipulada por las partes entendemos que el acusado no estaba sometido a reclusión según lo tipifica el Artículo 232[,] ya que no estaba bajo "custodia legal" al momento de abandonar el Hogar Crea al cual fue referido por recomendación de la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción. El acusado ... fue puesto en libertad por la Administración de Corrección mediante el Programa de Supervisión Electrónica para que continuara extinguiendo su condena. El hecho de que [...] haya sido referido a recibir tratamiento interno no significa que está bajo custodia legal; máxim[e] cuando la referida condición, o
Hay que advertir que el peticionario fue referido a este programa 1
en virtud de una determinación administrativa de la Administración de Corrección. CC-97-126 4
sea[,] el tratamiento interno, se cumplirá en una institución privada[2].
Pueblo v. González Vega, Criminal Núm. EFJ96G0007, resolución de 28 de
octubre de 1996, en las págs. 2-3.
De este dictamen recurrió el ministerio público ante el Tribunal
de Circuito de Apelaciones. Ese foro revocó la resolución recurrida al
concluir, luego de analizar las disposiciones del artículo 232 del
Código Penal, según enmendado3, 33 L.P.R.A. § 4428 (Supl. 1997), que:
[S]i se considera constitutiva del delito de fuga la evasión de una persona sometida a tratamiento en los Hogares CREA mediante un programa de desvío bajo la Regla 247.1 de Procedimiento Criminal o el art. 404(b) de la Ley de Sustancias Controladas, donde no ha mediado sentencia, a fortiori ha de llegarse al mismo resultado, en cuanto a una persona, ya condenada a pena de cárcel, que ha sido referida a dicho Programa mediante una determinación administrativa de la Administración de Corrección, bajo el Programa de Supervisión Electrónica.
Pueblo v. González Vega, Núm. KLCE9601186, sentencia de 30 de enero de
1997, en la pág. 10.
Inconforme, González Vega acudió ante esta Corte. El 20 de marzo
de 1997, dictamos una resolución ordenándole al Pueblo mostrar causa
por la cual no debíamos expedir el auto solicitado y revocar el
dictamen recurrido. Así lo hizo. Con el beneficio de la comparecencia
de todas las partes, procedemos a resolver según lo intimado.
II
Mediante el Memorando Normativo Núm. OA-PC-89-08 de 15 de abril de
1992, la Administración de Corrección (en lo sucesivo, la
"Administración") estableció un programa voluntario para permitirles a
ciertos confinados cumplir sus sentencias fuera de una institución
penal, en sus residencias, bajo supervisión electrónica. La
El tribunal de instancia apoyó su determinación en nuestras 2
decisiones en Pueblo v. Figueroa Garriga, op. de 8 de marzo de 1996, 96 J.T.S. 31, y Rivera v. Delgado, 82 D.P.R. 692 (1961).
El artículo 232 fue enmendado por la Ley Núm. 7 de 17 de abril de 3
1995, con el propósito de tipificar como fuga la evasión de la persona "sometida a tratamiento y rehabilitación en un programa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o privado, supervisado y licenciado por una agencia del mismo conforme a un procedimiento especial de desvío bajo la Regla 247.1 de Procedimiento Criminal... o... [el inciso (b) del artículo 404 de la Ley de Sustancias Controladas]...". 33 L.P.R.A. § 4428 (Supl. 1997). CC-97-126 5
implantación de este programa formó parte de los esfuerzos del Gobierno
de Puerto Rico por diseñar alternativas de tratamiento que ayuden a
descongestionar las instituciones penales del país y, a la vez,
contribuir a la rehabilitación de las personas convictas de delito.
Véase, Memorando Normativo Núm. OA-PC-89-08, introducción, en las págs.
1-2. El programa se rige actualmente por el Reglamento para Establecer
el Procedimiento para el Programa de Supervisión Electrónica,
Reglamento Núm. 5065 de 4 de mayo de 1994 (en lo sucesivo, "REPPSE"),
el cual derogó el Memorando Normativo Núm. OA-PC-89-08. Véase, REPPSE,
art. XIII. La supervisión electrónica de los participantes se realiza
a través de un brazalete electrónico. Véase, REPPSE, art. V (monitoría
electrónica).
El REPPSE establece, entre otras cosas, los criterios de selección
(art. VI), las funciones del director del programa (art. VII) y los
procedimientos para la selección de los candidatos, la orientación e
integración de los participantes y la revocación del privilegio (art.
VIII). Entre las disposiciones generales se establece que "[e]l
Participante del Programa no podrá abandonar su hogar ni remover el
Brazalete Electrónico bajo ninguna circunstancia, de así hacerlo será
procesado por fuga e interrumpirá el término para continuar cumpliendo
sentencia". REPPSE, art. X(A) (énfasis suplido). Al consignar que el
participante será "procesado" por fuga, no obstante, esta disposición
no tipifica delito alguno, sino que reitera lo establecido en el
artículo VIII respecto al procedimiento a seguir cuando el participante
abandona el programa. El artículo VIII establece que cuando un
participante desaparezca, el superintendente de la institución penal de
origen deberá radicar una acusación por el delito de fuga tipificado en
el artículo 232 del Código Penal. Véase, REPPSE, art. V(D)(5). Nos
corresponde determinar, por lo tanto, si el peticionario incurrió en el
delito de fuga según establecido en el Código Penal.
III CC-97-126 6
De acuerdo con el artículo 232 del Código Penal, comete el delito
de fuga "[t]oda persona sometida legalmente a detención preventiva,
sometida a tratamiento y rehabilitación en un programa del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, o privado, supervisado y licenciado por una
agencia del mismo conforme a un procedimiento especial de desvío bajo
la Regla 247.1 de Procedimiento Criminal... o ... [el inciso (b) del
artículo 404 de la Ley de Sustancias Controladas], sometida legalmente
a reclusión o a medida de seguridad de internación, que se fugare...".
33 L.P.R.A. § 4428 (Supl. 1997).
En Rivera v. Delgado, 82 D.P.R. 692, 695 (1961), resolvimos, al
interpretar el artículo 152 del Código Penal de 1937, vigente entonces,
que "[l]a fuga de la custodia legal, mas bien que la fuga de un sitio
de confinamiento, es lo que constituye la esencia del delito". Esta
interpretación la reiteramos posteriormente en nuestras decisiones en
Pueblo v. Ríos Dávila, op. de 30 de junio de 1997, 97 J.T.S. 108, en la
pág. 1315, y Pueblo v. Figueroa Garriga, op. de 8 de marzo de 1996, 96
J.T.S. 31, en la pág. 772.
El alcance de nuestros pronunciamientos en Rivera v. Delgado,
supra, sin embargo, se debe entender limitado por la figura del delito
de fuga prevista en el artículo 232 del Código Penal vigente. La
declaración en Rivera v. Delgado, supra, en la pág. 695, antes
transcrita, estuvo basada en el texto del artículo 152 del Código Penal
de 1937: "Toda persona bajo custodia legal que se fugare mientras
estuviere en prisión preventiva, o en trámite de apelación, o
cumpliendo sentencia será castigada por orden sumaria del Tribunal
Superior de Puerto Rico..."4.
Sin embargo, el texto del artículo 232 del Código Penal vigente no
justifica la interpretación de que "[l]a fuga de la custodia legal, mas
bien que la fuga de un sitio de confinamiento, es lo que constituye la
esencia del delito". Presumiendo la corrección del uso del término
Transcribimos esta disposición según citada en Rivera v. Delgado, 4
supra, en la pág. 694. CC-97-126 7
"custodia legal" al hacer referencia al artículo 232, el injusto penal
no ocurre con la evasión de cualquier custodia legal, sino, conforme
con el principio de legalidad5, con la evasión de la custodia legal
prevista específicamente en la descripción literal del tipo establecido
en el artículo 232.
Así pues, para que una conducta sea punible como fuga, se requiere
que el sujeto activo se evada mientras se halla sometido legalmente (1)
a detención preventiva, (2) a reclusión - cumpliendo sentencia firme o
en trámite de apelación6 -, o (3) a medida de seguridad de internación,
o sometido (4) a tratamiento y rehabilitación en un programa del Estado
Libre Asociado, conforme a un procedimiento especial de desvío bajo la
Regla 247.1 de Procedimiento Criminal, (5) a tratamiento y
rehabilitación en un programa privado, supervisado y licenciado por una
agencia del Estado Libre Asociado, conforme a un procedimiento especial
de desvío bajo la Regla 247.1 de Procedimiento Criminal, (6) a
tratamiento y rehabilitación en un programa del Estado Libre Asociado,
conforme a un procedimiento especial de desvío bajo el inciso (b) del
artículo 404 de la Ley de Sustancias Controladas, o (7) a tratamiento y
rehabilitación en un programa privado, supervisado y licenciado por una
agencia del Estado Libre Asociado, conforme a un procedimiento especial
de desvío bajo el inciso (b) del artículo 404 de la Ley de Sustancias
Controladas.
De acuerdo con los hechos estipulados en este caso, el
peticionario se encontraba cumpliendo una sentencia de reclusión en su
residencia bajo el Programa de Supervisión Electrónica de la
Administración de Corrección. Fue internado posteriormente -
El principio de legalidad, como se sabe, se basa en el aforismo 5
"nullum crimen, nulla poena sine lege", y está recogido en los artículos 8 y 9 de nuestro Código Penal, 33 L.P.R.A. §§ 3031, 3041 (1983), respectivamente, particularmente en el artículo 8. Véanse además, Pueblo v. Figueroa Garriga, supra, en la pág. 771; Pueblo v. Ríos Nogueras, 114 D.P.R. 256, 260 (1983). Véase al respecto los incisos (d) y (e) del artículo 232 del 6
Código Penal, 33 L.P.R.A. § 4428(d),(e) (Supl. 1997). CC-97-126 8
presumiblemente mientras durara el tratamiento de rehabilitación - en
una facilidad de Hogares CREA.
El peticionario no se encontraba sometido legalmente a detención
preventiva. Como se sabe, el término "detención preventiva" se refiere
al período anterior al juicio, "en el cual el acusado se encuentra, por
razón de no haber podido prestar la fianza impuesta, 'sumariado' en
espera de que se le celebre el correspondiente proceso criminal".
Pueblo v. Figueroa Garriga, supra, en la pág. 772. No se encontraba
sometido legalmente a una medida de seguridad de internación, ya que
este término se refiere a las medidas de seguridad impuestas a los
incapacitados mentalmente, a los alcohólicos y toxicómanos y a los
delincuentes sexuales peligrosos, compulsivos y habituales. Véanse,
Cód. Penal de P.R., arts. 70-74, respectivamente, 33 L.P.R.A. §§ 3371-
3375 (1983); Pueblo v. Figueroa Garriga, supra, en la pág. 772.
El peticionario tampoco se encontraba sometido a tratamiento y
rehabilitación bajo un procedimiento especial de desvío conforme a la
Regla 247.1 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R.247.1
(1983 y Supl. 1997), o bajo el inciso (b) del artículo 404 de la Ley de
Sustancias Controladas, 24 L.P.R.A. § 2404(b) (Supl. 1997). En este
sentido, el Tribunal de Circuito incidió al resolver que, "si se
considera constitutiva del delito de fuga la evasión de una persona
sometida a tratamiento en los Hogares CREA mediante un programa de
desvío bajo la Regla 247.1 de Procedimiento Criminal o el art. 404(b)
de la Ley de Sustancias Controladas, donde no ha mediado sentencia",
por analogía, "ha de llegarse al mismo resultado, en cuanto a una
persona, ya condenada a pena de cárcel, que ha sido referida a dicho
Programa mediante una determinación administrativa de la Administración
de Corrección, bajo el Programa de Supervisión Electrónica". Pueblo v.
González Vega, Núm. KLCE9601186, sentencia de 30 de enero de 1997, en
la pág. 10.
El principio de legalidad no sólo impide el inicio de una acción
penal contra una persona por un hecho que no está expresamente definido CC-97-126 9
por la ley como delito, sino también la creación de delitos por
analogía. Véase, Cód. Penal de P.R., art. 8, 33 L.P.R.A. § 3031
(1983). La determinación del Tribunal de Circuito no constituyó una
interpretación extensiva del artículo 232 del Código Penal, la cual es
permitida, sino una interpretación analógica de la ley penal, la cual
está prohibida si, como en este caso, perjudica al reo. Véase, Pueblo
v. Sierra Rodríguez, op. de 8 de febrero de 1995, 95 J.T.S. 11, en la
pág. 609. Es decir, la interpretación que hizo el Tribunal de Circuito
no significó la "búsqueda de un sentido del texto legal que se
ha[llara] dentro de su 'sentido literal posible'", sino que supuso "la
aplicación de la ley penal a un supuesto no comprendido en ninguno de
los sentidos posibles de su letra, sino análogo a otro sí comprendido[]
en el texto legal". Santiago Mir Puig, Derecho penal ¶ 40, en la pág.
86 (4a ed. 1996) (escolio omitido).
La determinación del Circuito de Apelaciones, por lo tanto,
violentó el principio de legalidad. Ello, sin embargo, no dispone del
presente recurso, ya que, según hemos sostenido reiteradamente, "la
revisión se da contra la sentencia y no sus fundamentos". Sánchez v.
Eastern Air Lines, Inc., 114 D.P.R. 691, 695 (1983) (citas omitidas).
Puesto que cuando abandonó el Hogar CREA donde recibía tratamiento el
peticionario no se hallaba ni sometido legalmente a detención
preventiva ni a medida de seguridad de internación, ni sometido a
tratamiento de rehabilitación en una institución pública o privada,
conforme a un procedimiento especial de desvío bajo la Regla 247.1 de
Procedimiento Criminal o el inciso (b) del artículo 404 de la Ley de
Sustancias Controladas, sólo resta determinar si cometió el delito de
fuga por haberse evadido mientras se encontraba sometido legalmente a
reclusión.
III
A. CC-97-126 10
El artículo 40 del Código Penal define "pena de reclusión" como
"la privación de libertad en la institución adecuada durante el tiempo
señalado en la sentencia". 33 L.P.R.A. § 3202 (1983).
Consecuentemente, para determinar si una persona se encuentra sometida
jurídicamente a reclusión, es preciso que su circunstancia reúna tres
elementos esenciales: (1) privación de libertad, (2) en una institución
adecuada, (3) en virtud de sentencia. Véase, Pueblo v. Ríos Dávila,
supra, en la pág. 1315.
En este caso, el peticionario se encontraba cumpliendo una pena de
reclusión impuesta mediante sentencia judicial. No debe haber duda,
por lo tanto, de que su libertad estaba restringida. El problema que
se plantea, no obstante, es si el peticionario se encontraba recluido
en una "institución adecuada" cuando se evadió.
En este caso, el peticionario fue sentenciado a cumplir una pena
de reclusión. Luego, sin embargo, la Administración de Corrección le
permitió egresar de la institución penal donde fue recluido, para que,
sujeto a supervisión electrónica, continuara extinguiendo la condena en
su hogar. Con la egresión de la institución penal, por lo tanto, cesó
la reclusión del peticionario7. El ingreso de éste en Hogares CREA, en
este caso, no cambia esta circunstancia. El legislador no previó como
un hecho penalmente antijurídico que una persona que se encuentra
extinguiendo una condena sujeta a supervisión electrónica abandone una
institución pública o privada en la que se encuentra recibiendo
tratamiento de rehabilitación. El legislador sólo previó como conducta
punible la evasión de una institución pública o privada que ofrece
tratamiento de rehabilitación, cuando el sujeto activo está sometido a
los mecanismos de desvío bajo la Regla 247.1 de Procedimiento Criminal,
o el inciso (b) del artículo 404 de la Ley de Sustancias Controladas.
De este modo, los hechos del presente caso no pueden enmarcarse dentro
Ciertamente el hogar del peticionario no es una institución, ni 7
en el contexto del artículo 40 del Código Penal ni "según el contexto y el significado sancionado por el uso común y corriente". Véase, 33 L.P.R.A. §§ 3202, 3021 (1983), respectivamente. CC-97-126 11
de las circunstancias contempladas por el legislador como
configuradoras del delito de fuga tipificado en el Art. 232 del Código
Penal de Puerto Rico.
B.
Por otro lado, tampoco hemos encontrado que alguna otra
disposición de ley haya tipificado como delito la conducta desplegada
por González Vega. La Ley Orgánica de la Administración de Corrección
tan sólo confirió a esta entidad la facultad de aprobar la
reglamentación necesaria para regular y administrar los programas de
supervisión electrónica. Véase, 4 L.P.R.A. sec. 1112 (e). De
conformidad con dicha delegación, la Administración de Corrección
aprobó el REPPSE, supra, el cual dispuso en el Art. X(a), lo siguiente:
El Participante del Programa no podrá abandonar su hogar ni remover el Brazalete Electrónico bajo ninguna circunstancia, de así hacerlo será procesado por fuga e interrumpirá el término para continuar cumpliendo la sentencia.
Además, el Art. VIII (D) del mismo reglamento regula el
procedimiento para la radicación de acusaciones por fuga cuando un
participante del programa lo abandona.
Ahora bien, ¿incorpora el Art. X(a) de dicho reglamento nuevos
elementos al delito de fuga? La respuesta a esta pregunta supone
resolver una interrogante de umbral: ¿puede la Administración de
Corrección crear un delito mediante reglamentación?
Algunos tribunales de otras jurisdicciones han reconocido como
válida cierta injerencia por parte de las agencias administrativas en
la formulación del derecho penal sustantivo. Por un lado, se ha
reconocido que las legislaturas pueden delegar a entidades
administrativas el poder de aprobar reglamentos sobre distintas
materias, cuya violación sea considerada como un delito. Sin embargo,
para que tal delegación sea ejercida válidamente y no entre en
conflicto con el principio de separación de poderes, los tribunales han
exigido que exista una autorización legislativa que faculte a la
agencia a promulgar reglamentos al respecto, que el estatuto que CC-97-126 12
confiere la facultad contenga estándares que guíen a la agencia al
formularlos, que el propio estatuto establezca que la violación del
reglamento que la agencia promulgue constituirá un delito y, que,
además, defina las penas aplicables. Yakus v. U.S., 321 U.S. 414
(1944); U.S. v. Grimaud, 220 U.S. 506 (1911). Véanse, 1 Wayne R.
LaFave y Austin W. Scott Jr. Substantive Criminal Law sec. 2.6 (1986);
1 Kenneth Culp Davis, Administrative Law Treatise Sec. 3.11 (1978).
Por otro lado, también se ha reconocido como válido delegar a la
Rama Ejecutiva la responsabilidad de cubrir ciertos aspectos de un
estatuto penal. Así por ejemplo, se ha señalado que el Congreso puede
delegar al Presidente de Estados Unidos la facultad de establecer
agravantes que permitan la imposición de cierto tipo de penalidades,
Loving v. U.S., 517 U.S. 748 (1996); y que las legislaturas pueden
declarar ilegal la posesión de sustancias controladas y, a su vez,
conferir a una agencia administrativa la facultad de establecer qué
sustancias estarán comprendidas en esa clasificación. State v. King,
257 N.W.2d 693 (Minn. 1977); 1 LaFave y Scott, supra, a la pág. 156.
Claro está, el ejercicio del poder delegado no puede apartarse de los
parámetros del estatuto.
En el caso de autos, estimamos que no es necesario resolver si en
nuestra jurisdicción la Legislatura puede delegar válidamente a una
agencia administrativa la facultad de aprobar reglamentos cuya
violación sea considerada como un delito. En primer lugar, aún si
asumiéramos que en Puerto Rico es válida una delegación de poderes de
esa naturaleza, cosa que hoy no resolvemos, nuestra evaluación de la
Ley Orgánica de la Administración de Corrección que, entre otras cosas,
autorizó a dicha agencia a elaborar programas de supervisión
electrónica, revela que no existe una autorización de la Legislatura al
respecto, y por tanto, tampoco existen estándares o guías que limiten
el ejercicio de esa facultad y que, conforme a jurisprudencia de otras
jurisdicciones, le impriman validez a esa gestión. CC-97-126 13
En este sentido, el Art. 5 de la Ley Orgánica, en lo pertinente
señala:
Asimismo, [la Administración] formulará [...] la reglamentación necesaria para establecer programas de supervisión electrónica, mediante los cuales la clientela del sistema que cualifique para ello y voluntariamente acepte participar, pueda cumplir la sentencia fuera de la institución penal. El reglamento establecerá los criterios, condiciones y requisitos de elegibilidad para dichos programas y para revocar la participación en los mismos, cumpliendo con el debido proceso de ley. [...]. 4 L.P.R.A. sec. 1112 (e).8
Como puede apreciarse, este artículo no contiene disposición
alguna de la cual pueda inferirse la intención expresa de la Asamblea
Legislativa de que la Administración de Corrección participe en la
formulación de derecho penal substantivo. En este sentido, no expresa
que la violación de la reglamentación que apruebe la Administración de
Corrección para regular el programa de supervisión electrónica
constituirá delito. De este modo, forzoso es concluir que la
disposición del Art. X(a) del REPPSE de la Administración de Corrección
no constituye fuente de derecho que permita concluir que en el caso de
autos González Vega cometió el delito de fuga.
En segundo lugar, y en armonía con lo anterior, nuestra lectura de
la disposición reglamentaria citada nos convence de que la misma tan
sólo advierte a los participantes del programa que ante su
incumplimiento con las condiciones del programa --abandonar su hogar o
remover el brazalete electrónico-- la Administración de Corrección
iniciará un procedimiento judicial por el delito de fuga. No se trata
de una disposición reglamentaria que añade nuevos elementos al delito
que está tipificado en el Art. 232 del Código Penal. En vista de ello,
Véase además, 4 L.P.R.A. sec. 1112(m), que dispone como una de 8
las facultades de la Administración de Corrección:
Administrar los servicios que requieren los clientes en los programas de supervisión electrónica, en libertad a prueba o bajo las medidas de seguridad y estén en libertad bajo palabra que estén bajo la custodia y supervisión de la Administración, tomando en consideración, además, las condiciones impuestas por la Junta de Libertad Bajo Palabra o los términos de la sentencia o medidas de seguridad impuestas por el tribunal según sea el caso. [...]. CC-97-126 14
la referencia al posible encausamiento de las personas por violar las
condiciones impuestas como parte del programa de supervisión
electrónica sólo puede darse en el contexto de los elementos del delito
de fuga del Art. 232 del Código Penal, que, como señalamos
anteriormente, no contempla los hechos específicos en el caso de autos
como una de sus modalidades.
IV.
No albergamos duda, sin embargo, de que la conducta desplegada por
González Vega constituye un incumplimiento con las condiciones del
programa al cual fue referido por la Administración de Corrección. Sin
embargo, constituye una situación no contemplada por el Código Penal
como constitutiva del delito de fuga.
El principio de legalidad nos impide iniciar un ejercicio de
hermenéutica que tenga el efecto de forzar una interpretación en busca
de similitudes entre la conducta de González Vega y las conductas
expresamente prohibidas en el Código Penal. No es posible, por lo
tanto, acudir a un "análisis comparativo" o "analógico" para establecer
semejanzas entre conductas o circunstancias contempladas en el Código
Penal, y hechos específicos y concretos, sin el cual difícilmente
pueden satisfacerse los elementos de un delito. Realizar tal ejercicio
aduciendo que al hacerlo no se viola el principio de legalidad, sería
en efecto dotar a dicho principio de una elasticidad que para todos los
propósitos frustra su finalidad.
Se emitirá la correspondiente sentencia revocatoria.
José A. Andréu García Juez Presidente CC-97-126 15
v. CC-97-126 Certiorari
Víctor González Vega
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico a 16 de marzo de 1999
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte integra de la presente, se expide el auto de certiorari solicitado y se revoca la Sentencia emitida por el Tribunal de Circuito de Apelaciones, Circuito Regional VI de Caguas- Humacao-Guayama, en el caso KLCE-96-01186.
Se ordena la desestimación de la acusación por violación al artículo 232 del Código Penal de Puerto Rico, presentada contra el peticionario.
Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Naveira de Rodón emitió opinión de conformidad. El Juez Asociado señor Negrón García disintió con opinión escrita a la cual se unió el Juez Asociado señor Corrada del Río.
Isabel Llompart Zeno Secretaria del Tribunal Supremo CC-97-126 16
v. CC-97-126 Víctor González Vega
Opinión de Conformidad emitida por la Juez Asociada señora Naveira de Rodón.
Aunque estamos conformes con la Opinión del Tribunal,
consideramos conveniente ampliar brevemente lo resuelto en
ésta. En particular, lo relacionado al principio de
legalidad y al alcance de la facultad de reglamentación de
la Administración de Corrección.
El peticionario Víctor González Vega resultó convicto
de dos (2) cargos por infracción al Art. 404 de la Ley de
Sustancias Controladas de Puerto Rico (posesión de
sustancias controladas). Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971,
según enmendada; 24 L.P.R.A. sec. 2404. El 19 de octubre de
1994, el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de
Caguas, dictó una CC-97-126 17
sentencia mediante la cual lo condenó a tres (3) años de reclusión por
cada uno de los cargos a ser cumplidos de forma concurrente y
consecutivamente con cualquier sentencia que estuviera cumpliendo.
Así las cosas, y en virtud de una determinación administrativa, el
peticionario fue excarcelado y referido al Programa de Supervisión
Electrónica de la Administración de Corrección. Allí se le permitió
cumplir su condena desde su residencia, sujeto al uso de un brazalete
electrónico. Mientras gozaba de este privilegio, la Administración de
Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (en adelante ASSMCA),
recomendó, como medida administrativa, internarlo en una institución para
que recibiera tratamiento. En consecuencia, el peticionario fue ingresado
a una de las facilidades de los Hogares CREA.
Posteriormente, González Vega abandonó la institución, lo que
conllevó que fuera arrestado y acusado por el delito de fuga. El tribunal
de instancia desestimó la acusación. Sin embargo, el Tribunal de Circuito
de Apelaciones, revocó a instancia ya que entendió que la conducta del
peticionario sí configuró el delito de fuga.
El Art. 8 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 3044, el cual consagra
en nuestra jurisdicción el principio de legalidad, garantiza tres (3)
axiomas básicos: (i) el que una persona no pueda ser castigada por un
hecho que no esté previamente definido por la ley como un delito; (ii)
prohibe la imposición de penas o medidas de seguridad que no hayan sido
establecidas previamente por ley; y (iii) la prohibición de los estatutos
vagos.9
9 Dicho artículo dispone que, “[n]o se instará acción penal contra persona alguna por un hecho que no esté expresamente definido por la ley como delito, ni se impondrán penas o medidas de seguridad que la ley no hubiere previamente establecido. CC-97-126 18
En virtud de este principio, es que analizamos si al amparo del Art.
232 de Código Penal, supra, el peticionario era una persona sometida
legalmente a reclusión, al momento en que evadió las facilidades del Hogar
CREA.
Para la fecha de los hechos,10 alegadamente delictivos, el Art. 232
del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4428, disponía que cometía el delito de
fuga:
[t]oda persona sometida legalmente a detención preventiva, sometida a tratamiento y rehabilitación en un programa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o privado, supervisado y licenciado por una agencia del mismo conforme a un procedimiento especial de desvío bajo la Regla 247.1 de Procedimiento Criminal, Ap. II del Título 34 o la sec. 2404(b) del Título 24, sometida legalmente a reclusión o medida de seguridad de internación, que se fugare,… .
En Pueblo v. Figueroa Garriga, supra, Op. de 8 de marzo de 1996, 140
D.P.R.____ (1996), 96 JTS 31, pág. 772, tuvimos la oportunidad de analizar
la disposición legal transcrita. Allí dijimos que ésta contempla sólo
tres (3) situaciones en las cuales una persona puede cometer el delito de
fuga, mientras está sometida legalmente a: (1) detención preventiva, (se
refiere al período de tiempo en el cual el acusado se encuentra, por razón
de no haber podido prestar la fianza impuesta, “sumariado” es decir, en
espera de que se le celebre el correspondiente proceso criminal); (2)
medida de internación (agrupa aquellos delincuentes habituales,
compulsivos, sexuales peligrosos o con incapacidad mental, entre otros); y
(3) reclusión, (consiste en la privación de la libertad en la institución
adecuada durante el tiempo señalado en la sentencia. Art. 4 del Código
Penal, 33 L.P.R.A. sec. 3202).
No se podrán crear por analogía delitos, penas, ni medidas de seguridad.”
10 Los alegados hechos fueron cometidos el 20 de marzo de 1996. CC-97-126 19
Señalamos, además, que la ley, al utilizar el término “institución”
se refiere a una de tipo carcelaria o penal de la Administración de
Corrección de Puerto Rico y no a una de las localidades en las que operan
y llevan a cabo su trabajo de rehabilitación, instituciones tales como los
Hogares CREA.
La esencia del delito de fuga lo constituye la evasión o fuga, por
parte de la persona que estaba sometido a la custodia legal. Pueblo v.
Figueroa Garriga, supra. Véase, además, Rivera v. Delgado, 82 D.P.R. 693,
695 (1961).
En nuestro caso, para que se configure el delito de fuga, tendríamos
que concluir que, mientras el peticionario se encontraba excarcelado, en
efecto estaba en reclusión, porque, a recomendación de la ASSMCCA fue
ingresado a un centro de tratamiento. Obviamente, lo anterior conllevaría
a que por fiat judicial enmendarámos el Código Penal para considerar como
elementos constitutivos de delito de fuga unos hechos que no fueron
originalmente cubiertos por el estatuto. No debemos perder de vista que
González Vega fue excarcelado bajo la condición de que utilizara un
brazalete electrónico. Su ingreso a las facilidades de los Hogares CREA
fue recomendada con el único fin de lograr su rehabilitación. No era una
condición per se para concederle el privilegio de cumplir su sentencia
fuera de una institución carcelaria.
Así pues, al no estar González Vega, al momento de abandonar las
facilidades del Hogar CREA bajo detención preventiva, ni sujeto a medida
de seguridad ni sometido legalmente a reclusión, no se configuró el delito
de fuga. Este sí incurrió en violación a una de las condiciones
especiales que le impusiera la Administración de Corrección, lo cual
podría acarrear la revocación del privilegio de cumplir su sentencia fuera
de una institución penal, pero no una acusación por el delito de fuga. CC-97-126 20
A tenor con el principio de legalidad, la decisión resuelve
correctamente que el peticionario no cometió el delito de fuga cuando,
después de su excarcelación, evadió las facilidades de los Hogares CREA
para recibir tratamiento para su adicción.
Cabe entonces preguntarnos, la Administración de Corrección, tiene
facultad para crear un delito mediante reglamentación. La respuesta es
no.
La Administración de Corrección creó un programa en el cual se le
permite a aquellos confinados que cualifiquen, extinguir su pena fuera de
una institución carcelaria, en sus residencias, bajo supervisión
electrónica. En virtud de la facultad conferida por el Art. 5 de la Ley
Orgánica de la Administración, 4 L.P.R.A. sec. 1112, la Administración
aprobó el Reglamento para Establecer el Procedimiento para el Programa de
Supervisión Electrónica, Reglamento Núm. 5065 de 4 de mayo de 1994. Como
parte de dicho Reglamento, específicamente, en su Art. X(a) dispuso, en lo
pertinente, que si un participante en el programa abandona la institución
en la cual se encuentra recluido, será procesado por el delito de fuga.11
Sabido es que en nuestro ordenamiento jurídico, la Asamblea
Legislativa es la única que tiene la facultad exclusiva de tipificar los
delitos e imponer castigos. Rodríguez Ródríguez v. E.L.A., 130 D.P.R.
562, 569 (1992). Véanse, además, Pueblo v. Martínez Torres, 116 D.P.R.
793, 796 (1986); y Pueblo v. Lucret Quiñones, 111 D.P.R. 716, 738 (1981).
Dicha facultad está limitada solamente por los preceptos constitucionales.
Rodríguez Rodríguez v. E.L.A., supra. Véanse, además, Pueblo v. Reyes
Véase, además, el Art. VIII(D) del citado reglamento, el cual regula 11
el procedimiento para la radicación de acusaciones por fuga cuando un participante del programa lo abandona. CC-97-126 21
Morán, 123 D.P.R. 786, 797 (1989); Pueblo v. Pérez Zayas, 116 D.P.R. 197
(1985).
Al evaluar la validez de una reglamentación de una agencia
administrativa, la función de los tribunales debe ser encaminada a
determinar si: (1) la actuación administrativa está autorizada por la ley;
(2) se delegó poder de reglamentación; (3) la reglamentación promulgada
está dentro de los amplios poderes delegados, (4) al aprobarse el
reglamento se cumplió con las normas procesales de la ley orgánica y de
las leyes especiales; y (5) la reglamentación es arbitraria o caprichosa.
Carrero v. Depto. de Educación, Op. 30 de octubre de 1996, 141 D.P.R. ____
(1996), 96 JTS 141, pág. 273. Véanse, además, casos allí citados. Más
importante aún, "un reglamento para implantar la ejecución de un ley puede
complementarla pero no estar en conflicto con ésta." (Énfasis nuestro.)
P.S.P. v. Comisión Estatal de Elecciones, 110 D.P.R. 400, 409 (1980). El
interés protegido detrás de esta norma es velar porque la regla esté de
acuerdo con las disposiciones estatutarias bajo las cuales se promulgó.
Carrero v. Depto. de Educación, supra. De lo contrario, la disposición
reglamentaria tiene que ceder ante el mandato legislativo. Díaz v. Srio.
De Hacienda, 114 D.P.R. 850, 874, (1983). Véanse, además, A.P.I.A.U.,
Inc. v. Srio de Hacienda, 100 D.P.R. 173, 179 (1971); Rosario Mercado v.
San Juan Racing Assn., 94 D.P.R. 634, 642 (1967).
A la luz de los principios antes esbozados, hemos analizado cuidadosa
y desapasionadamente la Ley Orgánica de la Administración de Corrección.
Dicho análisis nos lleva a la ineludible conclusión de que no existe
autorización expresa por parte de la Asamblea Legislativa que le delegue
válidamente la facultad de aprobar reglamentos cuya violación constituya
un delito.
Es por ello que, con gran acierto, la opinión mayoritaria afirma, que
la Asamblea legislativa no le confirió autoridad a la Administración de CC-97-126 22
Corrección para crear delitos mediante reglamento. Más aún, y como ya
hemos visto, sin haber una base estatutaria legítima, el principio de
legalidad impide que la agencia, mediante reglamentación, pretenda hacer
delito la violaciones de sus disposiciones reglamentarias. Art. 8 del
Código Penal, supra. Véanse, además: Carrero v. Depto. de Educación,
supra; A.P.I.A.U., Inc. v. Srio. de Hacienda, supra; Díaz v. Srio. de
Hacienda, supra.
Como bien suscribe la opinión del Tribunal, la conducta imputada a
González Vega constituye un incumplimiento con las condiciones del
programa al cual fue referido por la Administración. Tal conducta no
configura el delito de fuga, sino que constituye una violación a una norma
administrativa que a su vez podría conllevar, entre otras medidas
administrativas, la revocación del privilegio. Véase, Art. 8C del
Reglamento para Establecer el Procedimiento para el Programa de
Supervisión Electrónica, supra. Ciertamente, cualquier otra
interpretación, sería contraria al principio de legalidad.
Miriam Naveira de Rodón Juez Asociada CC-97-126 23
CC-97-126 Certiorari v.
Opinión disidente del Juez Asociado señor Negrón García a la cual se une el Juez Asociado señor Corrada del Río
Una prolija interpretación restrictiva del principio de
legalidad (“nulum crimen, sine lege”) –cimentada en una
literalidad que mata el espíritu que impregna toda ley y
en la visión arcaica de que la reclusión sólo se da en una
prisión o cárcel rodeada de muros, verjas y vigilada por
guardias-, ha llevado a la mayoría a erróneamente concluir
que no comete el delito de fuga12 el convicto que se
12 En lo pertinente, el Art. 232 del Código Penal reza:
“Toda persona sometida legalmente a detención preventiva, sometida a tratamiento y rehabilitación en un programa del Estado Libre Asociado de CC-97-126 24
evade del área específica y vigilancia a la cual la Administración de
Corrección restringió efectivamente su libertad, en ocasión de
autorizarle cumplir condena recluido en su residencia, sujeto a un
brazalete electrónico, bajo el Programa de Supervisión Electrónica.13
Sabido es, que el importante principio de legalidad en la
modalidad que nos ocupa, prohibe que alguien pueda ser castigado por un
hecho realizado no descrito en la ley. Atado a la arquitectura
constitucional clásica de poderes divididos –Ejecutivo, Legislativo y
Judicial-, presupone que sólo la Asamblea Legislativa tiene esa
prerrogativa, que a su vez representa una salvaguarda ciudadana contra
posibles excesos y abusos del Estado y una garantía de seguridad
jurídica.14
Puerto Rico, o privado, supervisado y licenciado por una agencia del mismo conforme a un procedimiento especial de desvío bajo la Regla 247.1 de Procedimiento Criminal, Ap. II del Título 34 o la sec. 2404(b) del Título 24, sometida legalmente a reclusión o a medida de seguridad de internación, que se fugare será sancionada conforme a las siguientes penas...”
Víctor González Vega –convicto cumpliendo sentencia suspendida-, 13
subsiguientemente se declaró culpable de violar el Art. 404(a) de la Ley de Sustancias Controladas. Fue condenado a tres (3) años de reclusión consecutiva con la condena previa. Perdió el beneficio de sentencia suspendida. La Administración de Corrección, quien tenía su custodia legal, le autorizó cumplir la pena en su residencia, sujeto a un brazalete bajo el Programa de Supervisión Electrónica.
Así las cosas, tras arrojar positivo a un examen rutinario de dopaje, la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción ordenó su ingreso al Hogar Crea. El 20 de marzo de 1996, rehusó entrar al edificio de dicha institución, alejándose de las facilidades. La Policía lo arrestó 15 minutos más tarde.
Acusado del delito de fuga González Vega logró que el ilustrado Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas (Hon. Carmen Vargas Medina), desestimara, al entender que los hechos imputádoles no configuraban dicho delito pues disfrutaba de “libertad condicionada” y su internado al Hogar Crea no constituía custodia legal. El reputado Tribunal de Circuito de Apelaciones (Hons. Brau Ramírez, Pesante Martínez y Rivera Pérez), revocó.
Para un estudio más a fondo del principio de legalidad, véase: F. 14
Madrid Conesa, La Legalidad del Delito, Valencia, 1983, págs. 33 y ss.; R. Carranca y Trujillo, Derecho Penal Mexicano, Parte General, México, Editorial Porrua, S.A., 1976, págs. 163-178; C.E. Muñoz Pope, Lecciones de Derecho Penal, Parte General, 2da. ed., Panamá, 1987, Vol. I, págs. 158 y ss.; J. Cerezo Mir, Curso de Derecho Penal Español, Parte General, Madrid, Ed. Tecnos, 1976, págs. 154 y ss.; L.C. Pérez, Derecho CC-97-126 25
Sin embargo, no debemos confundir su alcance y
desproporcionadamente llevarlo a extremos imposibles de realizar. No
podemos “exigi[r] un casuismo excesivo de las figuras delictivas y la
utilización exclusiva de elementos descriptivos. Por grande que fuera
el casuismo, que haría a los Códigos Penales sumamente farragosos,
nunca podría el legislador comprender la rica variedad de los hechos
que ofrece la vida real. Las figuras delictivas se forman, por ello, en
virtud de un proceso de abstracción a partir de los hechos reales. No
puede renunciar tampoco el legislador a utilizar elementos normativos
(que implican la referencia a normas jurídicas, éticas, usos sociales,
etc., y cuya apreciación exige un juicio valorativo por parte del juez)
en la elaboración de las figuras delictivas... La descripción de las
conductas delictivas ha de ser, sin embargo, lo suficientemente
concreta para que queden satisfechas las exigencias de la seguridad
jurídica.” José Cerezo Mir, Curso de Derecho Penal Español, Ed. Tecnos,
Madrid, (1976), pág. 162.
Se acepta pues, que “[e]l principio de legalidad es un postulado,
la aspiración a una meta ideal e inalcanzable, la de la seguridad
jurídica absoluta. Una seguridad de esta clase no es posible con el
tosco instrumento de la ley, como veremos en seguida. Sirve de muy poco
si no anida en el corazón del intérprete y del juez en el momento de la
interpretación de la ley.” José M. Rodríguez Devesa, Derecho Penal
Español, (Parte General), Madrid, (1974), pág. 138.
Por esa razón, hemos resuelto:
“Las leyes, incluyendo las penales, no son ejercicios inútiles de composición literaria. Son instrumentos de gobierno, y al interpretarlas ‘el propósito general es una ayuda mucho más importante para el significado que cualquier regla que puedan prescribir la gramática o la lógica formal’.
Penal, Partes General y Especial, 2da. ed., Bogotá, Colombia, Ed. Temis, 1987, T. I, págs. 231 y ss.; J.M. Rodríguez Devesa, Derecho Penal Español, Parte General, 11ma. ed., Madrid, Dykinson, 1988, págs. 172 y ss.; F. Puig Peña, Derecho Penal, 5ta. ed., Barcelona, IBER-AMER, 1960, T. I, V. I, págs. 138 y ss.; J.M. Luzon Cuesta, Compendio de Derecho Penal, Parte General, 2da. ed., Madrid, Dykinson, 1986, págs. 39 y ss.; G. Landrove Díaz, Introducción al Derecho Penal Español, España, Tecnos, 1986, págs. 75 y ss.; A. Quintano Ripollés, Curso de Derecho Penal, Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, 1963, págs. 117 y ss. CC-97-126 26
Esto es así porque el propósito de una ley está sumergido en sus palabras, aunque no siempre se exprese de manera pedante en las palabras. El significado de la ley, debe recordarse, es más para sentirse que para demostrarse o, como en algún sitio ha expresado el Juez Learned Hand, el arte de la interpretación es ‘la proliferación del propósito’. Al buscar ese propósito conviene recordar que no importa la elasticidad que pueda concederse al término científico, éste no puede usarse para describir el proceso legislativo. Ese es un proceso imperfecto pero práctico, mediante el cual el ciudadano ordinario adapta los medios al propósito, excepto cuando se refiere a problemas técnicos fuera del saber del hombre promedio.” United States v. Shirey, 359 U.S. 255, 260 (1959) citado en Pueblo v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 763, 787 (1960).
La Ley Núm. 49 de mayo de 1995, autorizó expresamente a la
Administración de Corrección implantar los Programas de Supervisión
Electrónica a personas bajo su custodia y supervisión. 4 L.P.R.A. sec.
1112(m). Tomamos conocimiento judicial de que se trata de una
alternativa que permite a la persona bajo custodia y supervisión,
entrar en un proceso rehabilitativo, al transferirse la privación de su
libertad de una institución clásica carcelaria a su hogar, con una
programación diaria de sus actividades. El objetivo reconocido es que
el convicto, a la vez que trabaja y fortalece sus lazos familiares,
cumpla su sentencia.
Ciertamente, no se trata de una reclusión en una institución
clásica de confinamiento,15 esto es, una cárcel o prisión rodeada de
muros, cercada y vigilada con guardias u oficiales de custodia armados.
Sin embargo, sus características implican una reclusión
institucional, a
15 Confinamiento simplemente significa la “[p]ena aflictiva consistente en relegar al condenado a cierto lugar seguro para que viva en libertad, pero bajo la vigilancia de las autoridades.” Diccionario de la Lengua Española, Vigésimo Primera Ed., (1992), pág. 379.
Reclusión es “la privación de la libertad en la institución adecuada durante el tiempo señalado en la Sentencia.” Art. 40, Código Penal, (33 L.P.R.A. sec. 3202). CC-97-126 27
saber, restricción de la libertad del convicto a un área en particular
(residencia), continuando así sometido a la custodia y vigilancia
efectiva de la Administración de Corrección.
Físicamente se le coloca un transmisor electrónico (brazalete) que
ininterrumpidamente emite señales a una unidad receptora ubicada en el
teléfono de la residencia que sirve como institución o facilidad
adecuada de confinamiento. La unidad receptora detecta la proximidad
del brazalete dentro de un radio de acción de aproximadamente 100 a 200
pies cuadrados. A su vez, estas señales son objeto de vigilancia o
monitoreo constante por personal de Corrección. Reglamento para
Establecer el Procedimiento para el Programa de Inspección Electrónica,
aprobado el 28 de febrero de 1994.
Aún así, la mayoría afirma que González Vega “no estaba recluido
en una institución adecuada”. Como argumento principal, aduce que hogar
y domicilio no son sinónimos de institución por lo que no se cumple con
uno de los ingredientes definitorios de reclusión, elemento del delito
de fuga. Esta conclusión mayoritaria no resiste análisis.
Primero, desde sus orígenes, la Ley Orgánica de la Administración
de Corrección –Núm. 116 de 22 de julio de 1974, según enmendada-
visualizó y la facultó crear “instituciones de menor capacidad,
pudiendo ser éstas semicerradas, abiertas o de cualquier índole...”,
entre las cuales están los “hogares”. 4 L.P.R.A. sec. 1112(b) en
interacción, sec. 1136. En otras palabras, una lectura integral
demuestra que la propia Ley ha estimado el hogar o residencia como
sitio de confinamiento, esto es, institución adecuada.
Segundo, no es función de este Tribunal sustituir el criterio,
sabio o no, de la Asamblea Legislativa y convertirnos en Supremo
Secretario de la Administración de Correcciones dictando pautas de lo
que es o no institucionalmente adecuado. Tercero, no se ha presentado
evidencia, menos probado, que la residencia de González Vega –una vez
instalada la unidad receptora en su teléfono y colocara el transmisor CC-97-126 28
electrónico (brazalete), no constituyera para fines correccionales una
institución adecuada. Cuarto, para fines del delito de fuga, el
siguiente análisis comparativo ilustra claramente las semejanzas
legales-funcionales en el sistema correccional.
Método Custodia o Método Custodia o Restricción Restricción Libertad Clásica Libertad Electrónico Institución: Prisión o Cárcel Residencia Espacio Reclusión: Celda y predios Radio acción físi-cos residen-cial delimitados de preestablecido prisión Vigilancia: Oficiales de Brazalete custodia armados electrónico Restricción Determinado espacio 100 a 200 pies Movimiento: prisión según dis- cuadra-dos de puesto oficiales de unidad recep-tora custodia Supervisión: Adm. de Corrección Adm. de Corrección Custodia Legal: Adm. de Corrección Adm. de Corrección
Su lectura revela un resultado distinto a la hipótesis
mayoritaria.
IV
Interpretar restrictivamente los estatutos penales no significa
adherirnos a una literalidad que ignore la clara intención legislativa.
Pueblo v. Ríos Dávila, res. en 30 de junio de 1997; Pueblo v. Sierra
Rodríguez, res. en 8 de febrero de 1995; Pueblo v. Hernández Colón, 118
D.P.R. 891 (1987); Pacheco v. Vargas, 120 D.P.R. 404 (1988); Pueblo v.
Mantilla, 71 D.P.R. 36 (1950).
“Como señala el maestro Jiménez de Asúa, todas las leyes, aun las ‘clarísimas’, requieren interpretación. ‘Toda la ley, por el hecho de aplicarse es interpretada, ya que al cotejar su contenido con el hecho real se produce un proceso de subsunción, al que contribuyen los órganos interpretativos (a veces el legislador y el científico y siempre el juez), por procedimientos gramaticales y teleológicos, y con resultados declarativos, restrictivos, extensivos o progresivos.’ En cuanto a las leyes penales ‘hay que armonizar la estricta legalidad del Derecho punitivo, con la imprescindible interpretación teleológica de las normas jurídicas. Reconociendo que el Derecho penal tiene caracteres de mayor certidumbre y estabilidad que las otras ramas, es imposible creer que la ley penal, sensu strictu, se basta del todo a sí misma y que sea suficiente interpretarla a la letra. No es un sistema completo y sin lagunas, de modo que CC-97-126 29
con el simple procedimiento lógico, basado en los preceptos legales escritos, se puedan resolver todas las cuestiones’.” (Escolios omitidos). Pueblo v. Tribunal Superior, supra, 788.
Lamentablemente la mayoría también ignora esta norma de
hermenéutica estatutaria. Además, pasa por alto el principio rector que
late en la Ley Orgánica de la Administración de Corrección, a los
efectos de que ella “[a]dquiere la custodia legal de todos sumariado y
sentenciado a confinamiento por orden de un tribunal competente. 4
L.P.R.A. sec. 1112ñ. Mediante este lenguaje la Asamblea Legislativa
expresamente incorporó la doctrina jurisprudencial vigente a los
efectos de que “[l]a fuga de la custodia legal más bien que de un sitio
de confinamiento es lo que constituye la esencia del delito”. Rivera v.
Delgado, 82 D.P.R. 692, 695 (1961), seguido en Pueblo v. Ríos Dávila,
supra; y Pueblo v. Figueroa Garriga, res. en 8 de marzo de 1996.
De igual modo, la opinión mayoritaria desatiende que la adecuación
típica, esto es, la conducta delictiva de fuga, se expresa generalmente
por un verbo descriptivo, a saber, “aquellos susceptibles de ser
apreciados con el simple conocimiento y cuya función es describir la
conducta o el hecho que puede ser materia de imputación y de
responsabilidad penal. La referencia se hace entonces a la forma
constitutiva de la parte más destacada de la conducta: apoderarse de
una cosa mueble en el hurto; arrebatar, sustraer, retener u ocultar a
una persona en el secuestro; fugarse, estando privado de libertad;
matar, en el homicidio, entre otros ejemplos.” Luis Carlos Pérez,
Derecho Penal, T. I, 2da. Ed., Editorial Temis, Colombia, (1987), pág.
367.
V
En resumen, jurídicamente hablando, el Programa de Supervisión
Electrónica es un mecanismo más de confinamiento institucional y de
sumisión legal de reclusión de la Administración de Corrección.16
El estado de la Florida fue el primero en implantar en el año 1983 16
el programa de supervisión electrónica. Después, otros estados, al igual que el sistema correccional federal, lo incorporaron. Thomas G. Blomberg, CC-97-126 30
A su amparo, aunque el convicto es trasladado fuera de las
facilidades físicas clásicas de la institución penal, indudablemente
permanece bajo la custodia legal y supervisión de la Administración de
Corrección, confinado en su hogar, monitoreado y vigilado
electrónicamente con un brazalete. Se limita y restringe así su
libertad de movimiento a un “radio de acción” preestablecido. Bajo
ninguna circunstancia puede abandonar su hogar o remover el brazalete
electrónico.
La Administración de Corrección lo somete a este tipo de
reclusión, que aunque novel, no afecta en modo alguno su custodia
legal, supervisión y vigilancia.17 Quien lo evade, comete el delito de
fuga. Desafortunadamente, la visión mayoritaria rezagada de la del
Legislador, aparentemente no va más allá de la prisión o cárcel clásica
cerrada.
ANTONIO S. NEGRON GARCIA Juez Asociado
Home Confinement and Electronic Surveillance, Intermediate Punishments, McCarthy, New York, 1987, pág. 169.
La casuística, aunque limitada, es muy reveladora a los fines de la solución del caso ante nos. En People v. Granquist, 454 N.W. 2d. 207, el Tribunal Apelativo de Michigan confirmó una condena por fuga contra un convicto que gozaba del aludido privilegio. Al igual que González Vega, el Departamento de Corrección de Michigan trasladó a Granquist a su residencia, supervisado por un monitor electrónico. Luego de transgredir los parámetros impuestos por el programa, fue acusado y convicto por fuga. En apelación alegó que no había cometido fuga puesto que el programa de supervisión electrónica no constituía reclusión (“prison”), según definido por el estatuto penal. Aunque el estatuto expresamente no mencionaba el hogar como posible sitio de confinamiento, el Tribunal concluyó que la violación de los parámetros impuestos por el programa constituía fuga. Posteriormente, reafirmó ese dictamen en People v. Sheets, 567 N.W. 2d. 478 (1997). En California prevalece igual interpretación a su estatuto. Mosbarger v. Rupf, 1998 WL 514022 (N.D. Cal.).
Así implantado, es inmeritorio el argumento de González Vega de que 17
disfrutaba “libertad condicionada”. Menos arguir sentencia suspendida, la cual le había sido antes revocada.