EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Orlando José Aponte Rosario; Hon. Rafael Hernández Montañez; Hon. José Varela Fernández; Hon. Ángel R. Matos García; Hon. Carlos A. Bianchi Angleró; Hon. Jesús Manuel Ortiz; Hon. Ramón Luis Cruz Burgos; Carlos Rodolfo Colón Rosario; Leslie Ramos Rodríguez
Peticionarios
v.
Presidente Comisión Estatal de Elecciones; Estado Libre Asociado de Puerto Rico 2020 TSPR 111
Recurridos 205 DPR _____ ____________________________
Hon. Luis Ricardo Vega Ramos en su carácter personal y como representante a la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Peticionario
Presidente Comisión Estatal de Elecciones; Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Recurridos
Número del Caso: MD-2020-2 cons. con MD-2020-5
Fecha: 21 de septiembre de 2020
Abogados de la parte peticionaria:
Lcdo. Lucas Córdova Ayuso Lcdo. Alberto C. Rivera Ramos Lcdo. Orlando José Aponte Rosario
Abogado de la parte recurrida:
Lcdo. Félix R. Passalaqua Rivera MD-2020-0002 y MD-2020-0005 2
Abogado del Hon. Luis Vega Ramos:
Lcdo. Ricardo Arrillaga Armendáriz
Oficina del Procurador General:
Lcdo. Isaías Sánchez Báez Procurador General
Lcdo. Pedro A. Vázquez Montijo Subprocurador General
Lcdo. Carlos Lugo Fiol
Abogados del Partido Nuevo Progresista:
Lcdo. Carlos J. Sagardía Abreu Lcdo. Antonio A. Hernández Almodóvar
Materia: Resolución del Tribunal con Voto Particular Disidente.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Orlando José Aponte Rosario; Hon. Rafael Hernández Montañez; Hon. José Varela Fernández; Hon. Ángel R. Matos García; Hon. Carlos A. Bianchi Angleró; Hon. Jesús Manuel Ortiz; Hon. Ramón Luis Cruz Burgos; Carlos Rodolfo Colón Rosario; Leslie Ramos Rodríguez
v. MD-2020-002 Presidente Comisión Estatal cons. con de Elecciones; Estado Libre Asociado de Puerto Rico MD-2020-005
Recurridos ____________________________
Hon. Luis Ricardo Vega Ramos en su carácter personal y como representante a la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Presidente Comisión Estatal de Elecciones; Estado Libre Asociado de Puerto Rico
RESOLUCIÓN
En San Juan, Puerto Rico, a 21 de septiembre de 2020.
Evaluada la Moción en auxilio y solicitud de paralización de orden presentada por los peticionarios del MD-2020-002, se provee no ha lugar. MD-2020-0002 y MD-2020-0005 2
Adelántese por la vía telefónica y notifíquese inmediatamente.
Lo acordó el Tribunal y lo certifica el Secretario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Estrella Martínez esta conforme y hace constar la expresión siguiente:
Ante la experiencia de las primarias celebradas el pasado mes de agosto y por ser lo procedente en derecho, estoy conforme con avalar las determinaciones contenidas en la Resolución emitida por el nuevo Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, ante la falta de consenso de los Comisionados Electorales. Aunque este Tribunal tiene la facultad para emitir remedios oportunos en eventos electorales antes de que recaiga una sentencia final y firme, considero que en este caso particular no procede ejercerla porque la solicitud de los peticionarios tendría el efecto directo de retrasar el proceso de impresión de todas las papeletas para el próximo 3 de noviembre. No se trata de inconsistencia sino de improcedencia en derecho. El récord de votación de todos los jueces y juezas de este Tribunal es público. Afuera de este recinto conocen bien quién es consistente o inconsistente con sus decisiones, ya sea para restringir o reconocer garantías individuales. Adviértase que en este caso también se encuentran presentes importantes garantías, tales como el derecho al voto y la libertad de expresión. Esas garantías no deben ser paralizadas en el día de hoy, como pretenden los peticionarios y avala la disidencia. Por eso, consecuentemente estoy conforme con la determinación de este Tribunal de denegar una acción que sería totalmente contraria a la agilidad que requieren los trabajos de las próximas elecciones generales.
La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez hubiese provisto ha lugar y hace constar la expresión siguiente: La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez hubiese concedido la solicitud para paralizar la impresión de las papeletas del plebiscito pautado para el 3 de noviembre de 2020 hasta tanto este Tribunal se exprese sobre los recursos que una mayoría determinó expedir. MD-2020-0002 y MD-2020-0005 3
Este proceder cobra extrema relevancia ante una controversia que versa precisamente sobre el desembolso indebido de los fondos que le pertenecen al pueblo puertorriqueño, al amparo de la Sección 9, Art. VI, de nuestra Constitución. Art. VI, Sec. 9, Const. ELA, LPRA, Tomo 1. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez emitió un voto particular disidente, al cual se une el Juez Asociado señor Colón Pérez.
José Ignacio Campos Pérez Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Orlando José Aponte Rosario; Hon. Rafael Hernández Montañez; Hon. José Varela Fernández; Hon. Ángel R. Matos García; Hon. Carlos A. Bianchi Angleró; Hon. Jesús Manuel Ortiz; Hon. Ramón Luis Cruz Burgos; Carlos Rodolfo Colón Rosario; Leslie Ramos Rodríguez
Presidente Comisión Estatal de Elecciones; Estado Libre Asociado de Puerto Rico Núm.MD-2020-0002
Recurridos cons. con MD-2020-0005
Hon. Luis Ricardo Vega Ramos en su carácter personal y como representante a la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Presidente Comisión Estatal de Elecciones; Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Voto particular disidente emitido por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez a la que se une el Juez Asociado señor Colón Pérez
Disiento del curso de acción de la mayoría. Por el
contrario, paralizaría los procedimientos ante la Comisión
Estatal de Elecciones (CEE) conducentes a la digitalización MD-2020-0002 cons. con MD-2020-0005 2
e impresión final de las papeletas que se utilizarán en el
plebiscito. Ello, por estar convencida de que el
plebiscito que se habrá de celebrar el 3 de noviembre de
2020 contraviene la Sección 9 del Artículo VI de nuestra
Constitución y la jurisprudencia interpretativa de este
Tribunal. Así, al negarme a expedir el recurso de mandamus
presentado, advertí que -ostensiblemente- la intención de
una mayoría era dejar sin efecto esa jurisprudencia. Véase
Res. de 25 de agosto de 2020.
La mayoría se vale del texto de una ley a todas luces
contraria a una disposición constitucional y a un
precedente de gran arraigo en nuestro ordenamiento
electoral, para declinar actuar en auxilio de nuestra
jurisdicción y conceder la solicitud de los peticionarios.
Se arguye que la ley en cuestión nos priva de jurisdicción
para actuar en estos momentos.1 Con este proceder de la
1 La mayoría se aferra al texto del Artículo 8.3 de la Ley Núm. 51-2020, de nombre “Ley para la Definición Final del Estatus Político de Puerto Rico”, que dispone: (b) A los fines de evitar que, controversias o litigios relacionados con adquisiciones o contrataciones de bienes y servicios que sean necesarios para este plebiscito puedan menoscabar el cumplimiento de su planificación, coordinación, calendario y realización, la Comisión evaluará y decidirá directamente sobre la adjudicación a su mejor discreción.
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Orlando José Aponte Rosario; Hon. Rafael Hernández Montañez; Hon. José Varela Fernández; Hon. Ángel R. Matos García; Hon. Carlos A. Bianchi Angleró; Hon. Jesús Manuel Ortiz; Hon. Ramón Luis Cruz Burgos; Carlos Rodolfo Colón Rosario; Leslie Ramos Rodríguez
Peticionarios
v.
Presidente Comisión Estatal de Elecciones; Estado Libre Asociado de Puerto Rico 2020 TSPR 111
Recurridos 205 DPR _____ ____________________________
Hon. Luis Ricardo Vega Ramos en su carácter personal y como representante a la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Peticionario
Presidente Comisión Estatal de Elecciones; Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Recurridos
Número del Caso: MD-2020-2 cons. con MD-2020-5
Fecha: 21 de septiembre de 2020
Abogados de la parte peticionaria:
Lcdo. Lucas Córdova Ayuso Lcdo. Alberto C. Rivera Ramos Lcdo. Orlando José Aponte Rosario
Abogado de la parte recurrida:
Lcdo. Félix R. Passalaqua Rivera MD-2020-0002 y MD-2020-0005 2
Abogado del Hon. Luis Vega Ramos:
Lcdo. Ricardo Arrillaga Armendáriz
Oficina del Procurador General:
Lcdo. Isaías Sánchez Báez Procurador General
Lcdo. Pedro A. Vázquez Montijo Subprocurador General
Lcdo. Carlos Lugo Fiol
Abogados del Partido Nuevo Progresista:
Lcdo. Carlos J. Sagardía Abreu Lcdo. Antonio A. Hernández Almodóvar
Materia: Resolución del Tribunal con Voto Particular Disidente.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Orlando José Aponte Rosario; Hon. Rafael Hernández Montañez; Hon. José Varela Fernández; Hon. Ángel R. Matos García; Hon. Carlos A. Bianchi Angleró; Hon. Jesús Manuel Ortiz; Hon. Ramón Luis Cruz Burgos; Carlos Rodolfo Colón Rosario; Leslie Ramos Rodríguez
v. MD-2020-002 Presidente Comisión Estatal cons. con de Elecciones; Estado Libre Asociado de Puerto Rico MD-2020-005
Recurridos ____________________________
Hon. Luis Ricardo Vega Ramos en su carácter personal y como representante a la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Presidente Comisión Estatal de Elecciones; Estado Libre Asociado de Puerto Rico
RESOLUCIÓN
En San Juan, Puerto Rico, a 21 de septiembre de 2020.
Evaluada la Moción en auxilio y solicitud de paralización de orden presentada por los peticionarios del MD-2020-002, se provee no ha lugar. MD-2020-0002 y MD-2020-0005 2
Adelántese por la vía telefónica y notifíquese inmediatamente.
Lo acordó el Tribunal y lo certifica el Secretario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Estrella Martínez esta conforme y hace constar la expresión siguiente:
Ante la experiencia de las primarias celebradas el pasado mes de agosto y por ser lo procedente en derecho, estoy conforme con avalar las determinaciones contenidas en la Resolución emitida por el nuevo Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, ante la falta de consenso de los Comisionados Electorales. Aunque este Tribunal tiene la facultad para emitir remedios oportunos en eventos electorales antes de que recaiga una sentencia final y firme, considero que en este caso particular no procede ejercerla porque la solicitud de los peticionarios tendría el efecto directo de retrasar el proceso de impresión de todas las papeletas para el próximo 3 de noviembre. No se trata de inconsistencia sino de improcedencia en derecho. El récord de votación de todos los jueces y juezas de este Tribunal es público. Afuera de este recinto conocen bien quién es consistente o inconsistente con sus decisiones, ya sea para restringir o reconocer garantías individuales. Adviértase que en este caso también se encuentran presentes importantes garantías, tales como el derecho al voto y la libertad de expresión. Esas garantías no deben ser paralizadas en el día de hoy, como pretenden los peticionarios y avala la disidencia. Por eso, consecuentemente estoy conforme con la determinación de este Tribunal de denegar una acción que sería totalmente contraria a la agilidad que requieren los trabajos de las próximas elecciones generales.
La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez hubiese provisto ha lugar y hace constar la expresión siguiente: La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez hubiese concedido la solicitud para paralizar la impresión de las papeletas del plebiscito pautado para el 3 de noviembre de 2020 hasta tanto este Tribunal se exprese sobre los recursos que una mayoría determinó expedir. MD-2020-0002 y MD-2020-0005 3
Este proceder cobra extrema relevancia ante una controversia que versa precisamente sobre el desembolso indebido de los fondos que le pertenecen al pueblo puertorriqueño, al amparo de la Sección 9, Art. VI, de nuestra Constitución. Art. VI, Sec. 9, Const. ELA, LPRA, Tomo 1. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez emitió un voto particular disidente, al cual se une el Juez Asociado señor Colón Pérez.
José Ignacio Campos Pérez Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Orlando José Aponte Rosario; Hon. Rafael Hernández Montañez; Hon. José Varela Fernández; Hon. Ángel R. Matos García; Hon. Carlos A. Bianchi Angleró; Hon. Jesús Manuel Ortiz; Hon. Ramón Luis Cruz Burgos; Carlos Rodolfo Colón Rosario; Leslie Ramos Rodríguez
Presidente Comisión Estatal de Elecciones; Estado Libre Asociado de Puerto Rico Núm.MD-2020-0002
Recurridos cons. con MD-2020-0005
Hon. Luis Ricardo Vega Ramos en su carácter personal y como representante a la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Presidente Comisión Estatal de Elecciones; Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Voto particular disidente emitido por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez a la que se une el Juez Asociado señor Colón Pérez
Disiento del curso de acción de la mayoría. Por el
contrario, paralizaría los procedimientos ante la Comisión
Estatal de Elecciones (CEE) conducentes a la digitalización MD-2020-0002 cons. con MD-2020-0005 2
e impresión final de las papeletas que se utilizarán en el
plebiscito. Ello, por estar convencida de que el
plebiscito que se habrá de celebrar el 3 de noviembre de
2020 contraviene la Sección 9 del Artículo VI de nuestra
Constitución y la jurisprudencia interpretativa de este
Tribunal. Así, al negarme a expedir el recurso de mandamus
presentado, advertí que -ostensiblemente- la intención de
una mayoría era dejar sin efecto esa jurisprudencia. Véase
Res. de 25 de agosto de 2020.
La mayoría se vale del texto de una ley a todas luces
contraria a una disposición constitucional y a un
precedente de gran arraigo en nuestro ordenamiento
electoral, para declinar actuar en auxilio de nuestra
jurisdicción y conceder la solicitud de los peticionarios.
Se arguye que la ley en cuestión nos priva de jurisdicción
para actuar en estos momentos.1 Con este proceder de la
1 La mayoría se aferra al texto del Artículo 8.3 de la Ley Núm. 51-2020, de nombre “Ley para la Definición Final del Estatus Político de Puerto Rico”, que dispone: (b) A los fines de evitar que, controversias o litigios relacionados con adquisiciones o contrataciones de bienes y servicios que sean necesarios para este plebiscito puedan menoscabar el cumplimiento de su planificación, coordinación, calendario y realización, la Comisión evaluará y decidirá directamente sobre la adjudicación a su mejor discreción. No habiendo unanimidad entre los votos de la Comisión, será el Presidente quien deberá decidir la adjudicación. Ninguna demanda o recurso legal de este tipo presentado en un tribunal de justicia podrá paralizar la determinación o adjudicación administrativa de la Comisión a menos que la Orden, Decisión o Sentencia advenga final y firme. MD-2020-0002 cons. con MD-2020-0005 3
mayoría se revela aún más la patente intención de lo que va
a ocurrir en el recurso ante nuestra consideración.
Curiosamente, esa misma mayoría que ahora muestra
inusitada deferencia a la Legislatura de turno, en el
pasado, frente otra de distinta tonalidad, denunció
ofendida los intentos de ésta de controlar “a su antojo la
jurisdicción y competencia de este Tribunal”, calificando
tal proceder como “inaudito y claramente inconstitucional.”
Alvarado Pacheco v. ELA, 188 DPR 594, 612 (2013). Tal
parece, pues, que los báculos de Jacob que se utilizan para
medir la constitucionalidad de una actuación legislativa
recorren la paleta de colores, y lo que le está
constitucionalmente vedado a una, no le está a la de ahora.
Durante el día de hoy, como indiqué, la mayoría busca
cobijo en una disposición estatutaria que –presuntamente-
nos impide paralizar una actuación administrativa al
privarnos de jurisdicción en esta etapa de los
procedimientos. No logro descifrar por qué en este caso no
nos encontramos frente al tipo de control “inaudito y
altamente inconstitucional” que se denunció en el pasado.
Parece que nuestro canon de hermenéutica constitucional
tiene como valor primario “los caprichos momentáneos y
arbitrarios de la[…] mayoría[…].” Véase, Berríos Martínez
v. Gobernador II, 137 DPR 195, 210-211 (1994).
La actuación de la mayoría, pues, avala que la Comisión
Estatal de Elecciones continúe disponiendo de fondos
públicos para celebrar un evento electoral que adelanta una MD-2020-0002 cons. con MD-2020-0005 4
ideología política en particular, como lo ha reconocido
hasta el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Véase Carta de Jeffrey A. Rosen, Subsecretario de Justicia
del Departamento de Justicia de Estados Unidos, 29 de julio
de 2020, en la pág. 3 (“Yet multiple aspects of Act 51-2020
make clear that it approaches the question of Puerto Rico’s
future status from a decidedly pro-Statehood, and anti-
territorial, point of view.”). No hay duda de que la
búsqueda de una quimera, o de un mero espejismo, nos ha
colocado ante un plebiscito claramente inconstitucional.
La mera afinidad con una ideología en particular no
justifica una claudicación veleidosa de los integrantes de
este Tribunal a su rol como máximes intérpretes de nuestra
Constitución y garantes del estado de derecho que se
asienta en los precedentes judiciales.2 Por entender que
el precedente pautado en Báez Galib y otros v. Comisión
Estatal de Elecciones, 152 DPR 382 (2000) hace imperativa
la paralización de los procedimientos ante la CEE y en
protección de la independencia judicial, tengo la
obligación de disentir.
Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada
2 Véanse Cf., PIP v. ELA, 186 DPR 1 (2012); Com. PNP v. CEE et al. I, 196 DPR 651 (2016); Com. PNP v. CEE et al. III, 196 DPR 706 (2016).