EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Juan C. Negrón Miró y Mayra Nieves, la Sociedad Ganancial que ambos componen Certiorari
Peticionarios
v. 2011 TSPR 90
Roberto Vera Monroig y Jane Doe,
Sociedad Ganancial compuesta por 18 2 DPR ____ ambos, Compañía de Impresos XYZ, Inc. , Compañía de Rotulaciones XYZ, Inc. demandados desconocidos
Recurridos
Número del Caso: CC - 2009 - 871
Fecha: 16 de junio de 2011
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Utuado Panel XI
Juez Ponente: Hon. Carlos A. Cabán García
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Carlos Fernández Nadal
Abogados de la Parte Recurrida:
L cdo. Daniel A. Rivera Hernández Lcdo. Miguel J. Negrón Vives
Materia: Daños y Perjuicios
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Juan C. Negrón Miró y Mayra Nieves, la Sociedad Ganancial que ambos componen
v.
Roberto Vera Monroig y Jane Doe, Sociedad Ganancial CC-2009-871 compuesta por ambos, Compañía de Impresos XYZ, Inc., Compañía de Rotulaciones XYZ, Inc. demandados desconocidos
Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez.
San Juan, Puerto Rico, a 16 de junio de 2011
Esta vez debemos aclarar si un autor tiene que inscribir
su obra y sus derechos morales de autor en el Registro de la
Propiedad Intelectual de Puerto Rico para que dichos derechos
sean efectivos y el autor tenga a su haber los remedios
provistos en la referida legislación. Tras examinar la
naturaleza de los derechos morales de autor, así como el
historial y propósitos de la Ley de Propiedad Intelectual,
concluimos que actualmente la inscripción en el Registro de
la Propiedad Intelectual es un acto voluntario, pero
necesario para poder instar una acción judicial procurando
remediar la transgresión de los derechos morales.
I.
El 23 de enero de 2006, el señor Juan C. Negrón Miró, la
señora Mayra Nieves y la sociedad legal de gananciales
compuesta por ambos, presentaron una demanda de daños y CC-2009-871 2
perjuicios contra el señor Roberto Vera Monroig, entre otros.
En esencia, alegaban que el Sr. Negrón Miró es fotógrafo
profesional y creador de una foto aérea del Municipio de
Adjuntas, la cual había sido utilizada por el demandado
entonces Alcalde del referido Municipio en el año 2004 como
parte de su campaña política a la reelección. Se alegó que
el demandado utilizó y mutiló la obra del fotógrafo sin
obtener su autorización, violando así sus derechos morales de
autor.
Tras comenzar el descubrimiento de prueba, los
demandados presentaron una moción de desestimación en la cual
sostuvieron que el autor de la foto no tenía su obra y
derechos morales inscritos en el Registro de la Propiedad
Intelectual de Puerto Rico, lo cual impedía que instara la
presente reclamación. Oportunamente la parte demandante
presentó su réplica oponiéndose a la desestimación. Así las
cosas, luego de evaluar los argumentos de las partes, el
Tribunal de Primera Instancia desestimó con perjuicio la
acción mediante sentencia dictada el 8 de mayo de 2009,
notificada el 14 de mayo de 2009.
El 12 de junio del mismo año, los demandantes
presentaron un recurso de apelación ante el Tribunal de
Apelaciones. Allí expresaron que el foro primario había
errado al condicionar sus derechos y reclamaciones sobre
derechos morales de autor a la previa inscripción de la obra
en el Registro de la Propiedad Intelectual. No obstante, el
foro apelativo intermedio confirmó la sentencia recurrida. CC-2009-871 3
El tribunal razonó que la Ley de Propiedad Intelectual de
Puerto Rico, infra, requiere que la inscripción de la obra se
realice “con anterioridad a los hechos” que alegadamente
infringen los derechos morales del autor. Su determinación
se notificó el 14 de septiembre del 2009. Inconformes aún,
el 14 de octubre de 2009, los demandantes presentaron un
recurso de certiorari ante este Foro solicitando la
revocación de la sentencia emitida por el Tribunal de
Apelaciones. El 26 de marzo de 2010, expedimos el recurso
solicitado, tras lo cual ambas partes presentaron sus
respectivos alegatos.
Los peticionarios sostienen que nuestro ordenamiento no
exige la inscripción de la obra y el derecho moral del autor
para que éste tenga a su haber las prerrogativas reconocidas
en la Ley de Propiedad Intelectual, pues éstas le asisten al
autor desde el instante en que su obra es creada. Por su
parte, los recurridos replican que la Ley de Propiedad
Intelectual expresamente condiciona el disfrute del derecho
moral del autor, a la inscripción de la obra y el derecho
moral en el Registro de la Propiedad Intelectual. Visto el
trasfondo fáctico, así como la dialéctica de las partes,
pasamos a resolver.
II.
La controversia ante nosotros requiere interpretar el
texto del artículo 359ll de la Ley de Propiedad Intelectual
de Puerto Rico. 31 L.P.R.A. sec. 1402d. Específicamente, la
interrogante que atendemos surge por la oración final de
dicho artículo, la cual fue incluida como una enmienda, junto CC-2009-871 4
a otras, mediante la Ley Núm. 56 de 24 de junio de 1996.
Tras la aprobación de esta ley, el referido artículo dispone:
Podrán, a solicitud de su autor o sus derechohabientes, registrarse en el Registro de la Propiedad Intelectual [varios tipos de obras]. . . . Las inscripciones que autoriza esta sección tendrán el efecto de reservar a favor del autor de la obra inscrita o de sus derechohabientes, el correspondiente derecho de la propiedad intelectual. Para gozar de los 1 beneficios de esta Ley es necesario haber inscrito el derecho y las obras que lo sustentan en el Registro de la Propiedad Intelectual, con arreglo a lo establecido en las secciones anteriores. (Énfasis suplido).
31 L.P.R.A. sec. 1402d.
En vías de disponer del presente asunto, es necesario
repasar los principios que nutren la figura del derecho moral
y auscultar la evolución histórica sobre los requerimientos
de formalidades a los cuales se ha sujetado la efectividad de
los derechos de autor. Asimismo, al ejercer nuestra función
adjudicativa, hemos de seguir el mandato legislativo
dispuesto en la propia Ley de Propiedad Intelectual, el cual
ordena que ésta “deberá interpretarse y aplicarse por los
tribunales y organismos administrativos de Puerto Rico, de
forma que auxilie y haga efectivos en la práctica para los
autores puertorriqueños, los derechos que reconoce la Ley de
Derechos de Autor de los Estados Unidos y en lo dispuesto en
1 Existe una discrepancia entre el texto publicado en las Leyes de Puerto Rico, donde lee “beneficios de esta Ley”, 1996 Leyes de Puerto Rico 236, y las Leyes de Puerto Rico Anotadas, en la cual se expresa “beneficios de este capítulo”, 31 L.P.R.A. sec. 1402d (Supl. 2010) (Énfasis suplidos). Acogemos el texto aprobado por la Asamblea Legislativa en el P. del S. 1313 del 30 de enero de 1996, según publicado en las Leyes de Puerto Rico. CC-2009-871 5
ésa y en la [Ley de Propiedad Intelectual de Puerto Rico] . .
.”. 31 L.P.R.A. sec. 1402m.
A.
En repetidas ocasiones hemos expresado que los derechos
de autor en nuestra jurisdicción están cobijados por el
Federal Copyright Act, 17 U.S.C. sec. 101 et seq., y la Ley
de Propiedad Intelectual de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec.
1401 et seq. Harguindey Ferrer v. U.I., 148 D.P.R. 13, 27
(1999); Cotto Morales v. Ríos, 140 D.P.R. 604, 611 (1996).
De forma supletoria, las disposiciones del Código Civil
pueden aplicarse a controversias sobre derechos de autor en
tanto no sean incompatibles con estos estatutos. Reynal v.
Tribunal Superior, 102 D.P.R. 260 (1974). La combinación de
estas leyes provee a los autores una protección abarcadora,
fijando derechos patrimoniales y extra-patrimoniales; estos
últimos mejor conocidos como derechos morales.
Los derechos patrimoniales delimitan la facultad del
autor de explotar económicamente su obra, mientras los
derechos morales protegen el vínculo personal entre el autor
y su creación. Cotto Morales v. Ríos, supra, pág. 612. Si
bien los derechos patrimoniales están ampliamente regulados
por la legislación federal, en ésta los derechos morales
gozan de una protección muy limitada. Específicamente, desde
la promulgación de la Visual Artists Rights Act (“VARA”),
Pub. L. No. 101-650, 104 Stat. 5128 (1990), solo los autores
de ciertas obras de “arte visual” (“works of visual art”)
pueden disfrutar del derecho moral federal de atribución e
integridad. Por ello nuestra Ley de Propiedad Intelectual CC-2009-871 6
tiene un radio extenso de aplicación al establecer los
derechos morales de los autores, siempre y cuando, claro
está, no entre en conflicto con el estatuto federal. Cotto
Morales v. Ríos, supra; Pancorbo v. Wometco de P.R., Inc.,
115 D.P.R. 495 (1984).2
En cuanto al derecho moral del autor, nuestra Ley de
Propiedad Intelectual reconoce que el creador de la obra
tiene “las prerrogativas exclusivas de atribuirse o retractar
su autoría, disponer de su obra, autorizar su publicación y
proteger su integridad”. 31 L.P.R.A. sec. 1401. Estos
derechos le asisten al autor en virtud del acto creador de la
obra, sin más. 31 L.P.R.A. sec. 1401a. Véase, Harguindey
Ferrer v. U.I., supra, pág. 22 (“De un examen de nuestra Ley
de Propiedad Intelectual se desprende que la propiedad
intelectual de una obra corresponde al autor por el solo
hecho de su creación.”); Ossorio Ruiz v. Srio. de la
Vivienda, 106 D.P.R. 49, 55 (1977) (“El derecho moral nace
2 Advertimos que el caso ante nosotros trata sobre un alegado uso y mutilación de una fotografía. Aunque la Visual Artists Rights Act brinda a los autores el derecho moral de atribución e integridad sobre ciertas fotos, para que éstas estén cobijadas por el estatuto tienen que cumplir con varios requisitos que comprenden, tanto sus características físicas, como el propósito para el cual fueron creadas. 17 U.S.C.A. secs. 101, 106A. Si la fotografía en controversia satisficiera dichos requisitos, podría estar dentro del campo ocupado por la legislación federal, quedando los tribunales estatales privados de jurisdicción. Véanse, Cotto Morales v. Ríos, 140 D.P.R. 604 (1996); Melville B. Nimmer & Davis Nimmer, Nimmer on Copyright, Matthew Bender, Ed. Rev., Vol. 3, Sec. 8D.06; Robert J. Sherman, The Visual Artists Rights Act of 1990: American Artists Burned Again, 17 Cardozo L. Rev. 373, 410-12 (1995). No obstante, debido a que el expediente ante este Foro no provee información suficiente para evaluar este asunto, no nos es posible disponer del mismo. CC-2009-871 7
con la obra misma y subsiste . . . aun después de su
cesión.”) (Citas omitidas).
Lo que caracteriza al derecho moral, en contraposición a
los derechos patrimoniales, es la zona de intereses que
pretende proteger, a saber, la relación personalísima
existente entre el autor y su obra. Sus cimientos nos
refieren al medio por el cual tiene origen su labor. Durante
el proceso creativo, el autor puede imaginar cómo será su
proyecto culminado, lo puede diseñar y, una vez iniciado,
podría destruirlo por su insatisfacción para luego volver a
comenzar. O bien podría cometer un error y, por accidente,
producir su pieza. De todas formas, en cada etapa del
proceso, el carácter, las vivencias y la ideología del autor
se van plasmando en su obra. Por ello, el producto final no
es menos que el reflejo del ser humano responsable de su
creación; es decir, la obra del autor “es de hecho una
prolongación de su personalidad”. Ossorio Ruiz v. Srio. de
la Vivienda, supra, pág. 55. Una mirada a la obra es una
mirada al interior de su autor.3 Tan estrecha relación nos
3 Véase Susan P. Liemer, Understanding Artists’ Moral Rights: A Primer, 7 B.U. Int. L.J. 41, 43 (1998) (“The unique relationship between an artist, the creative process, and the resultant art makes an artist unusually vulnerable to certain personal harms. The art an artist produces is, in a sense, an extension of herself. The artists' connection to her art is much more personal and simply qualitatively different from the relationship of most other people to other objects and activities. . . . The artist stands uniquely open to attack upon her psyche because she is so closely connected to the creative process and the creative product. A blow to either the process or product may be a blow to her personally. Because the artist infuses her work with her own personality, a harm to the work or her relationship to the work may well harm the artist herself. The artists' reaction may even CC-2009-871 8
ha llevado a expresar que la afrenta sufrida por la obra,
lesiona a su vez la “personalidad y dignidad de su creador”.
Id. Véase, Cotto Morales v. Ríos, supra, pág. 623 (“Por
ello, la distorsión, mutilación o falsa representación,
maltrata una expresión de esa personalidad y el honor de su
creador.”).
No tratamos con un mero interés o privilegio, estamos
frente a un derecho de suma importancia reconocido por ley.
“En el derecho civil se ha clasificado el derecho moral de
autor como un derecho personalísimo, junto a otros derechos
tales como el derecho a la vida, a la libertad e integridad
física, derecho al honor, derecho a la imagen y otros.”
Cotto Morales v. Ríos, supra, pág. 621 (1996). Véase Gerard
Gavin, Le Droit Moral de l'Auteur dans la urispruden e et la
gislation ran aises, Paris, 1960, Sec. 255. Éste incluso
formó parte de los derechos humanos reconocidos en la
Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Art. 27.2
de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre (1948)
(“Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses
morales y materiales que le correspondan por razón de las
producciones científicas, literarias o artísticas de que sea
autora.”) (Énfasis suplido). Véanse Robert C. Bird, Moral
Rights: Diagnosis and Rehabilitation, 46 Am. Bus. L.J. 407,
410 (2009) (“These rights are often conceived as a
fundamental human right or a personal civil right, grounded
in the author's essential personhood and the projection of
_______________________ resemble her reaction to a physical injury to herself or someone very close to her.”) (Citas omitidas). CC-2009-871 9
that personhood on an artistic or creative work.”); Benjamin
Davidson, Lost in Translation: Distinguishing Between French
and Anglo-American Natural Rights in Literary Property, and
how Dastar Proves that the Difference Still Matters, 38
Cornell Int‟l L.J. 583, 585-86 (2005); Daniel J. Gervais, The
Internationalization of Intellectual Property: New Challenges
from the Very Old and the Very New, 12 Fordham Intell. Prop.
Media & Ent. L.J. 929, 934 (2002); Susan P. Liemer,
Understanding Artists’ Moral Rights: A Primer, 7 B.U. Int.
L.J. 41, 42 (1998).
Esas características que definen el derecho moral del
autor han llevado a algunos académicos a impulsar su
reconocimiento como derecho humano. Otros han señalado su
relevancia en la protección de algunos derechos
constitucionales. Por ejemplo, el Dr. Ulrich Uchtenhagen,
distinguido profesor y consultor de la Organización Mundial
de Propiedad Intelectual, comentó que:
El derecho de autor además se encuentra en las inmediaciones de la libertad de expresión. [É]sta sería inútil si la expresión personal pudiera ser falseada o incluso torcido su sentido hasta volverlo en su contrario. La protección de la opinión expresada contra su desfiguración y su mutilación y el derecho de constar con el nombre en relación con la expresión manifestada el “derecho moral” del autor por lo tanto constituyen el complemento en el derecho privado de la libertad de expresión.
Ulrich Uchtenhagen, El Derecho de Autor como Derecho Humano,
Revista de Derecho Privado, Núm. 3, pág. 8 (1998). Por
nuestra parte, incluso previo a la aprobación de la Ley de
Propiedad Intelectual, ya habíamos llamado la atención a la CC-2009-871 10
tangencia evidente entre el derecho moral del autor y la
cláusula constitucional que protege la dignidad del ser
humano, declarando que ésta es inviolable. Ossorio Ruiz v.
Srio. de la Vivienda, supra, pág. 55, n. 2; Art. II., Sec. 1,
Const. E.L.A., 1 L.P.R.A. También afirmamos que los derechos
morales son “uno de esos derechos que revisten carácter
universal y que implican, por lo tanto, un deber de todos los
demás sujetos jurídicos con respecto a su titular. De ahí la
obligación general que a todos incumbe de abstenerse y evitar
cualquier trastorno o perturbación a ese derecho.” Cotto
Morales v. Ríos, supra, pág. 623.
Visto lo anterior, es evidente que el derecho moral del
autor se revela trascendental en nuestro ordenamiento
jurídico. Ahora bien, ¿es necesario inscribir dicho derecho,
y la obra sobre la cual recae, para poder ejercerlo
plenamente? Antes de formular nuestra respuesta, es
meritorio explorar cuál ha sido el desarrollo de las
exigencias relativas a las formalidades en los derechos de
autor. Especialmente, echaremos una mirada al curso seguido
en España y Estados Unidos, por ser las tradiciones jurídicas
de mayor relevancia en el desarrollo de nuestro Derecho.
B.
En el ámbito internacional, mediante el Convenio de
Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas
(“Convención de Berna”), la mayor parte de las naciones han
acordado que el “goce y el ejercicio de [los derechos de
autor] no estarán subordinados a ninguna formalidad . . .”.
Art. 5(2) del Convenio de Berna para la Protección de las CC-2009-871 11
Obras Literarias y Artísticas (1971). Desde entonces, muchos
países han modificado sus legislaciones para establecer
registros nacionales, de carácter voluntario, donde se pueden
inscribir los derechos de autor. Éstos han seguido una
tendencia moderna en la que la inscripción se percibe como un
medio facilitador del ejercicio de los derechos, ya que
brinda a los autores una forma simple y efectiva de probar su
autoría y el derecho que les asiste. Véase Organización
Mundial de Propiedad Intelectual, Copyright Registration and
Documentation, http://www.wipo.int/copyright/en/activities/
copyright_registration/ (última visita el 15 de junio de
2011).
Por otro lado, en España los antecedentes históricos de
las formalidades a las que se sujetaba la propiedad
intelectual se remontan al año 1847. El 10 de junio de ese
año, se promulgó una ley que requería el depósito de la obra
en dos instituciones del Estado para poder garantizar el
derecho de propiedad del autor sobre su obra. Art. 13, Ley
de 10 de junio de 1847 (derogada) (“Ningún autor gozará de
los beneficios de esta Ley si no probase haber depositado un
ejemplar de la obra que publique en la Biblioteca Nacional, y
otro en el Ministerio de Instrucción Pública, antes de
anunciarse su venta.”). Posteriormente, mediante la Ley
Española de Propiedad Intelectual de 10 de enero de 1879 la
cual estuvo en vigor en Puerto Rico se creó un Registro
General de la Propiedad Intelectual. El artículo 36 de este
estatuto contenía un lenguaje casi idéntico al dispuesto en CC-2009-871 12
el artículo 359ll de nuestra Ley de Propiedad Intelectual que
provoca la controversia que atendemos. Aquél disponía: “Para
gozar de los beneficios de esta Ley es necesario haber
inscrito el derecho en el Registro de la Propiedad
Intelectual con arreglo a lo establecido en los artículos
anteriores.” Art. 36, Ley de 10 de enero de 1879 (derogada).
Dicha inscripción tenía que realizarse dentro de un año, a
partir de su publicación, y a falta de tal inscripción,
estaría en el dominio público4 por diez años, tras lo cual el
autor tendría nuevamente un año con la posibilidad de
inscribir su obra. De no hacerlo, la obra pasaría al dominio
público permanentemente. Id.
Los tratadistas de la época expresaban que “[p]ara la
legislación española, es condición sine qua non la
inscripción en el Registro del derecho de propiedad
intelectual si se quiere disfrutar de la protección legal”.
Juan Giménez Bayo & Lino Rodríguez-Arias Bustamante, La
Propiedad Intelectual: Compilación y Comentarios de las
Disposiciones Legales Vigentes en España con su
Jurisprudencia, Ed. Reus, Madrid, 1949, pág. 238. Véase
además José María Manresa y Navarro, Comentarios al Código
Civil Español, Ed. Reus, Madrid, Tomo III, 8va ed., 1976,
pág. 866. Inclusive, el principal autor de la Ley Española
de 1879, el jurisconsulto Danvila y Collado, comentaba que
4 El término “dominio público” se refiere a la extinción de los derechos exclusivos que provee a los autores la legislación sobre propiedad intelectual. En términos generales, una vez la obra pasa al “dominio público”, toda la sociedad puede hacer uso de aquellas facultadas que hasta entonces habían sido reservadas para el autor. CC-2009-871 13
“[l]a declaración que hace la Ley es terminante. Sus
beneficios no puede gozarlos sino aquel que ha inscrito su
derecho en el Registro . . . y de tal manera lo hace
obligatorio, que dice es necesario o, mejor dicho,
indispensable. No basta ser autor de una obra para tener
derecho a explotarla exclusivamente. Para adquirirle es
necesario inscribir, y el que no inscribe podrá tener la
gloria de la obra, pero no adquirirá sobre ella la propiedad
legal.” Giménez Bayo & Rodríguez-Arias Bustamante, op. cit.,
pág. 239, citando a Danvila y Collado.5
No obstante, con el pasar de los años y una fuerte
crítica al requerimiento de formalidades para garantizar la
protección de la propiedad intelectual se fue desarrollando
un mejor entendimiento del derecho de autor y del vínculo
entre la obra y su creador. Así, bajo la vigente Ley
Española de Propiedad Intelectual, quedó eliminada la
exigencia de inscribir el derecho sobre la obra en el
Registro. Véase José Castán Tobeñas, Derecho Civil Español:
Común y Foral, Ed. Reus, Madrid, Tomo II, Vol. I, 14ta ed.,
1992, pág. 613 (“la inscripción ya no es un requisito para el
5 Esta lectura de la Ley Española de Propiedad Intelectual de 1879, no es compartida por todos los académicos españoles. Véase José María Chico y Ortiz, La Seguridad Jurídica y el Registro de la Propiedad Intelectual, 96 Revista General de Legislación y Jurisprudencia 595, 605, Núm. 4 (1988) (“La Ley de 1879 nunca dijo que la inscripción de la propiedad intelectual fuese „constitutiva‟. La Ley partía de una inscripción „estimulada‟ y reconociendo que la „creación‟ daba vida a la propiedad intelectual y que desde la misma existía dicho derecho, señalaba un plazo para que el autor pudiese inscribir su obra, y si no lo hacía su obra podía pasar provisionalmente al dominio público, y si transcurrían diez años sin inscribirla, la obra pasaba definitivamente al dominio público.”). CC-2009-871 14
reconocimiento por el Estado del derecho de propiedad
intelectual, ni una conditio iuris para su protección
jurídica”.). El rechazo a las formalidades de la legislación
anterior fue tan rotundo que se ordenó la aplicación
retroactiva de la nueva ley, de manera que los autores cuyas
obras habían pasado al dominio público por no haber sido
inscritas en el Registro bajo la ley derogada, volverían a
estar protegidos por la ley vigente. Disposiciones
Transitorias, Segunda, Ley 22 de 11 de noviembre de 1987.
Hoy en día, los tratadistas españoles siguen mirando con
recelo la obligación de inscripción que establecía el
anterior estatuto.
Y destacaríamos sobre todos uno de sus desaciertos más graves: la imposición del depósito de la obra y más aún, de la inscripción del derecho en el Registro de la Propiedad Intelectual, como un requisito formal que condicionaba la protección jurídica, hasta el punto de que la obra publicada y no inscrita por su autor en el plazo de un año, podía ser publicada y reproducida por cualquiera durante un plazo de 10 años, después del cual podía ser registrada por el autor dentro de otro plazo de un año, cayendo definitivamente en el dominio público si no lo hiciere. Contra esta medida hay que tener en cuenta que en la propiedad intelectual no puede estimarse de ningún modo el registro de la obra como una condición de la tutela jurídica, sino que aquél debe quedar reducido a un medio de prueba de la paternidad del autor y de la identidad de la obra, que cabe sean suplidos por otros medios diferentes.
Hermenegildo Baylos Corroza, Tratado de Derecho Industrial,
Civitas, España, 3ra ed., 2009, pág. 719 (Citas omitidas).
Veamos ahora la experiencia en los Estados Unidos, donde
aun cuando las formalidades siempre han estado presentes en
la regulación sobre los derechos de autor, sin duda también
se puede apreciar una tendencia hacia su reducción. Véanse CC-2009-871 15
Roger E. Schechter & John R. Thomas, Intellectual Property:
The Law of Copyrights, Patents and Trademarks, Thomson West,
2003, págs. 75-93; Jane C. Ginsburg, The United States
Experience with Mandatory Copyright Formalities: A Love/Hate
Relationship, 33 Colum. J.L. & Arts 311 (2010); Shira
Perlmutter, Freeing Copyright from Formality, 13 Cardozo Arts
& Ent. L.J. 565 (1993); Arthur Levine, The End of
Formalities: No More Second-class Copyright Owners, 13
Cardozo Arts & Ent. L.J. 553 (1993).
En los Estados Unidos, desde el año 1790, un requisito
indispensable para gozar de la protección de los derechos de
autor bajo la legislación federal, era presentar la portada
de la obra en la Corte de Distrito donde residiera el autor.
Ley de 31 de mayo de 1790, 1 Stat. 124 (1790) (derogada).
Con la aprobación del Copyright Act de 1909, dicha
presentación o inscripción la cual se podía realizar en la
Oficina de Derechos del Autor (Copyright Office) ya no era
necesaria para tener la protección de la ley durante un
primer período de veintiocho (28) años desde que la obra
fuera publicada. Ley de 4 de marzo de 1909, 35 Stat. 1075
(1909) (derogada). Sin embargo, era necesario depositar e
inscribir la obra para gozar de un subsiguiente período de
protección de igual duración, así como para poder presentar
acciones por violación a los derechos de autor. Id. Otra
formalidad que estableció este estatuto fue el requerimiento
de plasmar el aviso del derecho de autor (“Copyright, Copr.,
©”). Los autores debían incluir en sus obras publicadas CC-2009-871 16
dicho aviso, en una forma y lugar específico según la obra de
la cual se tratara, y si no lo hacían, su obra pasaba al
dominio público.
Tras varios años de estudios y discusiones sobre una
posible reforma del derecho de autor, se promulgó el Federal
Copyright Act de 1976, supra. Aunque esta ley mantuvo las
formalidades ya descritas, minimizó las consecuencias de su
incumplimiento proveyendo, entre otros mecanismos, un período
de gracia de cinco (5) años a partir de la publicación para
inscribir la obra y realizar esfuerzos razonables para
subsanar la omisión del aviso de los derechos de autor. 17
U.S.C.A. sec. 405(a)(2). Ahora bien, en 1988, el Congreso de
los Estados Unidos aprobó la ley para implementar en su
territorio la Convención de Berna y así adherirse a los demás
países miembros de la Unión que allí se estableció con la
intención de proteger los derechos de autor bajo un marco
internacional homogéneo. Berne Convention Implementation Act
of 1988, Pub. L. No. 100-586, 102 Stat. 2853 (1988). Esta
legislación significó un gran paso hacia la flexibilización
de requisitos formales para la protección de los derechos de
En primer lugar, se suprimió la exigencia de incluir en
la obra publicada el aviso de derecho de autor como condición
para ostentar la protección legal. Desde entonces el
referido aviso es meramente voluntario, aunque se estimula su
inclusión permitiendo que el autor que lo incluya, y
posteriormente inicie un pleito por violación a sus derechos
de autor, se oponga a que el demandado alegue desconocer que CC-2009-871 17
la obra estaba protegida para no sufragar daños estatutarios.
17 U.S.C.A. secs. 401(d), 402(d). En segundo lugar, en lo
que respecta a obras originadas en otros países de la Unión
de Berna, quedó eliminado el requerimiento de inscribir el
derecho de autor antes de poder instar una acción ante los
tribunales por violación a dicho derecho. 17 U.S.C.A. sec.
411(a). No obstante, tal obligación sigue vigente para obras
originadas en los Estados Unidos, ello a pesar de que la
inscripción no es una condición para la protección de los
derechos de autor. 17 U.S.C.A. sec. 408(a). Cabe aclarar
que lo que se requiere es llevar a cabo el trámite
administrativo para lograr la inscripción, no la efectiva
inscripción del derecho, pues aun si ésta es denegada tras la
evaluación de la solicitud de inscripción, el autor está
autorizado a presentar su acción por violación a sus derechos
de autor. 17 U.S.C.A. sec. 411(a).
Finalmente, en 1990 el Congreso aprobó la Visual Artists
Rights Act (“VARA”) para incorporar aunque de una forma muy
limitada entre los derechos de autor reconocidos en la
jurisdicción federal, los derechos morales de atribución e
integridad sobre ciertas obras de artes visuales. Pub. L.
No. 101-650, 104 Stat. 5128 (1990); 17 U.S.C.A. sec. 106A.
Empero, es meritorio señalar que todos los autores que
presentan reclamaciones ante los foros judiciales federales
para hacer efectivos estos derechos morales, están exentos de
tener que inscribir previamente su derecho de autor en la
Oficina de Derechos del Autor. 17 U.S.C.A. sec. 411(a). CC-2009-871 18
Este breve recuento nos permite apreciar que los
sistemas de protección de derechos de autor en todo el mundo,
y en España y Estados Unidos en particular, se han modificado
para proveer garantías y salvaguardas efectivas, libres de
formalidades, para los autores. Todos tratan de alcanzar un
sistema justo, en el que la labor intelectual pueda ser
cosechada y promovida sin trabas técnicas ajenas al quehacer
creativo. Contando ahora con este bagaje, examinemos la
controversia de autos.
III.
La parte recurrida sostiene que el artículo 359ll de la
Ley de Propiedad Intelectual, 31 L.P.R.A. sec. 1402d, no
permite que se protejan judicialmente los derechos morales de
la parte peticionaria ya que dispone que para “gozar de los
beneficios de esta Ley es necesario haber inscrito el derecho
y las obras que lo sustentan en el Registro”, y el
peticionario no tenía inscrita su obra cuando presentó esta
acción. Le asiste la razón a los recurridos.
Es indispensable recordar que cuando se aprobó la Ley de
Propiedad Intelectual en el 1988, mediante la cual se creó el
Registro de la Propiedad Intelectual, la Asamblea Legislativa
consideraba que el registro que existía en España era
simplemente un mecanismo “que facilit[a] la labor de
determinar si en circunstancias determinadas se ha cometido
una violación”. Exposición de Motivos, Ley Núm. 96 de 15 de
julio de 1988. Con ello en mente, se aprobó la legislación
para lograr que la comunidad intelectual de nuestro país
gozara de la “mayor protección de sus derechos”. Id. Por CC-2009-871 19
eso se creó el Registro, para que “permita la más adecuada
defensa de los derechos de esta clase facilitando la
inscripción y protección de todos los derechos inherentes a
los integrantes de esta clase”. Id. (Énfasis suplidos).
Asimismo, las enmiendas hechas a la ley en el 1996 tuvieron
el propósito de facilitar su implantación “en protección de
los derechos de la comunidad intelectual del país”.
Exposición de Motivos, Ley Núm. 56 de 24 de junio de 1996.
Sin embargo, a través del artículo 359ll, dichas
enmiendas también introdujeron a nuestra Ley de Propiedad
Intelectual la inscripción en el Registro de la obra y el
derecho moral como requisito para el goce y disfrute de las
protecciones que brinda la ley. Véase Pedro G. Salazar, La
protección legal del autor puertorriqueño, Ed. UPR, San Juan,
2000, pág. 295. Cónsono con lo anterior, sólo hemos resuelto
que no es necesaria la inscripción de la obra en el Registro
en aquellas situaciones peculiares en las cuales se alega que
otra persona se atribuyó la autoría de la obra; es decir,
cuando se invoca el derecho moral de atribución. Harguindey
Ferrer v. U.I., supra.
De manera que, actualmente y como regla general, la
inscripción de la obra y el derecho moral en el Registro de
la Propiedad Intelectual, sí es requerida por nuestro
ordenamiento jurídico para poder disfrutar plenamente de los
derechos morales de autor. Ello, ya que no es posible
tramitar una acción judicial para sus reparos sin antes
contar con la referida inscripción, según ordena el artículo CC-2009-871 20
359ll. Aunque el reclamo del peticionario de que
reconozcamos el ejercicio y la protección de los derechos
morales de autor sin necesidad de inscribir la obra en el
Registro tiene eco en la tendencia libre de formalidades que
ha seguido la comunidad internacional, nuestra Asamblea
Legislativa ha optado por un esquema distinto. Es a dicha
Rama de Gobierno a quien corresponde seleccionar el modelo a
seguir y a quien deben dirigirse los reclamos de reforma.6
6 En caso que la Rama Legislativa tenga a bien reevaluar el desarrollo internacional de la protección de los derechos morales de autor, un asunto a considerar es si exigir a nuestros autores que inscriban sus obras para poder defender su personalidad y dignidad, según fue plasmada en el trabajo de su autoría, en efecto podría dejar sin derechos a la mayor parte de nuestra comunidad intelectual, que por razones diversas, no puedan acceder al Registro. Piénsese, por ejemplo, en nuestros artesanos; afanosos artistas que perpetúan nuestra cultura y tradiciones. Ellos componen un numeroso grupo que constantemente está creando nuevas obras. ¿Tendrían ellos que acudir al Registro cada vez que produzcan una nueva pieza? Podrían ser varias las limitaciones a las que se tengan que enfrentar para poder tan siquiera personarse al Registro, sin mencionar las dificultades económicas que tendrían que sobrevenir para satisfacer los costos de cada inscripción. Véase Roger E. Schechter & John R. Thomas, Intellectual Property: The Law of Copyrights, Patents and Trademarks, Thomson West, 2003, pág. 89 (Traducción nuestra):
“Las virtudes de un sistema de inscripción de derechos de autor son similares a las de cualquier otra forma de registro organizado. Establece un sistema de documentos públicos que ayuda a los potenciales usuarios del material protegido por los derechos de autor a localizar los propietarios del material, de manera que puedan obtener las autorizaciones necesarias. Una visión económica podría decir que el sistema reduce los costos de transacción. Por otro lado, para ciertos autores, el procedimiento de inscripción podría ser demasiado oneroso o costoso. A diferencia de las grandes casas publicadoras o disqueras que pueden emplear personal dedicado exclusivamente a cumplimentar solicitudes para la inscripción de los derechos de CC-2009-871 21
No obstante lo anterior, debemos señalar que el
razonamiento enunciado por el Tribunal de Apelaciones,
respecto a la necesidad de que el autor cuente con la
inscripción al momento en que sufre la alegada violación de
sus derechos morales, no es acertado. Todo lo que exige la
ley es la inscripción de la obra y el derecho, no dispone que
ésta deba llevarse a cabo con anterioridad a la transgresión.
La interpretación que propone el foro recurrido es una
similar a aquella que se le daba al artículo 36 de la antigua
Ley Española de 1879. Bajo dicha postura el Registro sería
un mecanismo constitutivo de derechos, pues al exigir la
inscripción antes de una posible violación en efecto se
estaría condicionando la existencia de los derechos morales
al acto previo de la inscripción. Ése no es el propósito de
nuestro Registro. Un derecho tan cercano a la personalidad
del sujeto, como el derecho moral, no puede quedar tronchado
por la omisión de una formalidad meramente optativa. Mucho
menos cuando ésta ha sido pensada y diseñada precisamente
para facilitar y promover la protección de ese derecho.
Exposición de Motivos, Ley Núm. 56 de 24 de junio de 1996. _______________________ autor, la banda local, el fotógrafo comercial independiente y el cineasta novato podrían no tener los recursos para dedicarlos a cumplir con el sistema de inscripción, pero aun así parece extremadamente injusto declarar perdidos los derechos de autor sobre estas obras meramente porque los autores encuentran difícil cumplir con el sistema de inscripción. Por lo tanto, la legislación puede ser vista como un acuerdo en punto medio alentando la inscripción al máximo posible, para así obtener sus beneficios, sin imponer consecuencias draconianas sobre aquéllos que no inscriban.” CC-2009-871 22
Como señaláramos, los derechos morales del autor nacen
con la mera creación de la obra. 31 L.P.R.A. sec. 1401a;
Harguindey Ferrer v. U.I., supra, pág. 22; Ossorio Ruiz v.
Srio. de la Vivienda, supra, pág. 55. Por ello se inscribe
en el Registro no sólo las obras, sino el derecho que nace
fuera del Registro. 31 L.P.R.A. secs. 1402d, 1402f. Véase
Art. 5, Reglamento para la Presentación, Inscripción y
Depósito de Obras en el Registro de la Propiedad Intelectual,
Reglamento Núm. 6157 del Departamento de Estado, 31 de mayo
de 2000 (“La inscripción de la obra en el Registro tendrá el
efecto de reservar a favor de su autor o titular los derechos
morales que su creación haya originado y dar fe pública de
ese hecho para su protección contra cualquier violación.”).
Resolvemos pues que es necesario inscribir las obras y
el derecho moral de autor en el Registro de la Propiedad
Intelectual para que se puedan presentar acciones judiciales
ante la violación de los derechos de autor reconocidos en
nuestra legislación; salvo cuando se alegue transgresión al
derecho de atribución. Aclaramos, sin embargo, que la
inscripción es necesaria al momento de procurar la
providencia judicial y no antes. Por lo tanto, el autor que
sufre la mutilación de su obra no inscrita, tiene a su haber
los derechos morales que reconoce la Ley de Propiedad
Intelectual, si bien no podrá ejercerlos en los tribunales
sin antes acudir al registro de la Propiedad Intelectual.
Otra interpretación de la ley daría al traste con el llamado
contenido en el propio estatuto, a los efectos de que sea
interpretado y aplicado “de forma que auxilie y haga CC-2009-871 23
efectivos en la práctica para los autores puertorriqueños”
sus derechos de autor. 31 L.P.R.A. sec. 1402m.
Finalmente, debemos subrayar otros aspectos importantes
del Registro de la Propiedad Intelectual. Por un lado, el
Registro permite que los autores que inscriban sus obras: 1)
puedan inscribir a su vez contratos que suscriban respecto a
la obra ya inscrita; 2) plasmen en ellas la marca
acreditativa de la inscripción (®); 3) obtengan
certificaciones de las constancias del registro, lo cual
constituye un documento oficial admisible en procedimientos
judiciales y administrativos; y 4) si se trata del autor de
un libro, goza de unas protecciones especiales ya que el
Registro impone ciertas obligaciones al editor, importador o
exportador de su libro. 31 L.P.R.A. secs. 1402d-02e, 1402h-
02j. De manera que aunque se trata de un acto voluntario, la
inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual provee
varios beneficios a los autores que decidan utilizarlo.
Sobre todo, aquel autor que inscriba su obra y su derecho
tendrá a su favor una presunción de autoría sustentada en la
fe pública que sólo puede otorgar el Registro. Ello
representa un medio probatorio valioso que estaría disponible
para promover una reclamación o establecer una defensa.
De otra parte, la sociedad también encuentra beneficios
en el Registro ya que le sirve como banco de información
cultural, en el cual se pueden perpetuar las maravillas del
ingenio puertorriqueño. Igualmente, sus constancias pueden
ayudar a contactar el autor de cierta obra o a determinar la CC-2009-871 24
duración de la protección que le brinda la ley. En fin,
dicha inscripción concede beneficios importantes que no
pueden obtenerse de otra forma.
IV.
En el presente caso, los foros recurridos desestimaron
la acción de violación a derechos morales de autor en la cual
se alega el uso y mutilación de la obra del demandante de
forma no autorizada. La razón para ello fue que el Sr.
Negrón Miró no tenía su obra y derechos inscritos en el
Registro de la Propiedad Intelectual. No erraron al así
actuar. Los derechos morales del autor nacen con la misma
creación de la obra pero, según hoy resolvemos, su ejercicio
en los tribunales depende de que sean inscritos en el
Registro de la Propiedad Intelectual. No empece a ello, ya
que hoy nos expresamos por primera vez respecto al momento en
el cual se hace necesaria la inscripción, ordenamos la
desestimación de la presente causa de acción sin perjuicio.
Así modificada, confirmamos la sentencia emitida por el
Tribunal de Apelaciones.
Se dictará sentencia de conformidad.
Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Juan C. Negrón Miró y Mayra Nieves, la Sociedad Ganancial que ambos componen
Roberto Vera Monroig y Jane Doe, Sociedad Ganancial CC-2009-871 compuesta por ambos, Compañía de Impresos XYZ, Inc., Compañía de Rotulaciones XYZ, Inc. demandados desconocidos
SENTENCIA
Por los fundamentos expresados en la Opinión que antecede los cuales se incorporan íntegramente a la presente, se dicta sentencia desestimando la presente causa de acción sin perjuicio. Así modificada, se confirma la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco y el Juez Asociado señor Rivera García concurren con el resultado sin opinión escrita.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo