Estado Libre Asociado de Puerto Rico TRIBUNAL DE APELACIONES Panel Especial
LUNA RESIDENTIAL II LLC Certiorari Peticionarios procedente del Tribunal de Primera Instancia v. KLCE202500219 Sala Superior de San Juan
Civil Núm. ANDRÉS CÓRDOVA PHELPS, K CD2015-2571 NOEMÍ ROSADO FIGUEROA y K CD2015-2640 LA SOCIEDAD LEGAL DE BIENES GANANCIALES Sobre: COMPUESTA POR AMBOS Cobro de Dinero; Recurridos Ejecución de Hipoteca por la vía ordinaria
Panel integrado por su presidente, el Juez Bonilla Ortiz, la Jueza Lebrón Nieves y el Juez Adames Soto
Adames Soto, Juez Ponente
RESOLUCIÓN
En San Juan, Puerto Rico, a 18 de junio de 2025.
a.
Comparece ante nosotros Luna Residential II LLC., (Luna
Residential o la parte peticionaria), mediante recurso de certiorari,
solicitando que revoquemos la Resolución emitida por el Tribunal de
Primera Instancia, (TPI), de 20 de septiembre de 2024.
Mediante dicho dictamen interlocutorio el foro primario declaró No
Ha Lugar una Solicitud de desestimación presentada por la Luna
Residential, en la que solicitó la desestimación de la Demanda de tercero
presentada por los recurridos de epígrafe, esposos Córdova-Rosado, contra
Firstbank Puerto Rico (Firstbank). Luna Residential adujo en la referida
moción dispositiva que los esposos Córdova-Rosado no habían emplazado
al tercero demandado Firstbank dentro del término reglamentario de
NÚMERO IDENTIFICADOR RES2025______________ KLCE202500219 2
ciento veinte días dispuesto por la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil, 32
LPRA Ap. V, R. 4.3(c).
Sin embargo, contrario a lo esgrimido por Luna Residential, en su
fundamentada Resolución denegatoria de moción de desestimación el TPI
concluyó que Firstbank sí había sido debidamente emplazado de manera
oportuna, el 2 de diciembre de 2016, y siempre se había mantenido como
parte en el pleito, por lo que no correspondía acceder al remedio solicitado
por la parte peticionaria.
A contrario sensu, en el recurso de certiorari ante nuestra
consideración, Luna Residential persiste en su argumento sobre la falta de
jurisdicción sobre la persona de Firstbank, al presuntamente no
diligenciarse el emplazamiento correspondiente a la Demanda contra
tercero presentada contra este último, el 2 de mayo de 2022. En lo
específico, la parte peticionaria sostiene que, aunque Firstbank fuera
emplazado inicialmente el 2 de diciembre de 2016 por los esposos
Córdova-Rosado, operada la sustitución de los acreedores por Luna
Residential, e instada nueva Demanda contra tercero contra Firstbank,
correspondía emplazar a esta última nuevamente.
Examinado el extenso trayecto procesal del caso ante nosotros,
decidimos no intervenir con el dictamen cuya revocación se nos solicita,
permitiendo la continuación de los procesos sin interrupción.
b.
El auto de certiorari permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar
las determinaciones de un tribunal inferior. Rivera et al. v. Arcos Dorado et
al., 212 DPR 194 (2023); Torres González v. Zaragoza Meléndez, 211 DPR
821 (2023); Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC., 194 DPR 723
(2016). Es, en esencia, un recurso extraordinario mediante el cual se
solicita al tribunal de superior jerarquía la corrección de un error cometido
por el tribunal inferior. García v. Padró, 165 DPR 324 (2005). La
expedición del auto descansa en la sana discreción del tribunal, y KLCE202500219 3
encuentra su característica distintiva, precisamente, en la discreción
encomendada al tribunal revisor para autorizar su expedición y adjudicar
sus méritos. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307 (2012). Claro, la
discreción judicial no es irrestricta y ha sido definida como una forma de
razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una
conclusión justiciera. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79 (2001).
Por su parte, es a través de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32
LPRA Ap. V, R. 52.1, que se instrumentaliza tal recurso, disponiendo que
servirá para revisar resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por el
Tribunal de Primera Instancia, y será expedido por el Tribunal de
Apelaciones cuando se recurre, en lo pertinente, de una resolución u
orden denegatoria de una moción de carácter dispositivo.
Entonces, determinado que el asunto del cual se recurre se
encuentra previsto dentro de alguna de las materias contempladas en la
Regla 52.1, supra, procede evaluar si a la luz de los criterios enumerados
en la Regla 401 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, se justifica
nuestra intervención. Con todo, se ha de considerar que ninguno de los
criterios contenidos en la Regla 40 citada, es determinante por sí solo para
el ejercicio de nuestra jurisdicción. García v. Padró, supra.
En este ejercicio, nuestro máximo foro ha expresado que un tribunal
apelativo no intervendrá con las determinaciones interlocutorias
discrecionales procesales de un tribunal sentenciador en ausencia de
1 A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho. B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el análisis del problema. C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia. D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la luz de los autos originales, los cuales deberá ser elevados, o de alegatos más elaborados. E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la más propicia para su consideración. F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación indeseable en la solución final del litigio. G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita un fracaso de la justicia. KLCE202500219 4
pasión, perjuicio, parcialidad o error manifiesto. Argüello v. Argüello, 155
DPR 62, 78-79 (2001). Es decir, “de ordinario, el tribunal apelativo no
intervendrá con el ejercicio de la discreción de los tribunales de instancia,
salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de discreción, o que el
tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la
interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho
sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio
sustancial”. Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000);
Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992).
Finalmente, nuestro ordenamiento desfavorece la revisión de las
determinaciones interlocutorias, por cuanto suelen interrumpir la marcha
ordenada de la litis. Medina Nazario v. Mcneil Healthcare, LLC., supra.
c.
Según ya lo hemos reconocido, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil,
supra, nos habilita para revisar resoluciones interlocutorias denegatorias
de mociones dispositivas. En el caso ante nuestra consideración Luna
Residential precisamente nos solicita la revocación de una denegatoria de
Moción de desestimación, ergo, una moción dispositiva. Por tanto, nos
encontramos ante una de las situaciones excepcionales en las que el
ordenamiento nos permite intervenir con determinaciones interlocutorias
del TPI.
Sin embargo, lo dicho en modo alguno obliga a este foro revisor a
expedir los recursos de certiorari, por cuanto sigue siendo la característica
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico TRIBUNAL DE APELACIONES Panel Especial
LUNA RESIDENTIAL II LLC Certiorari Peticionarios procedente del Tribunal de Primera Instancia v. KLCE202500219 Sala Superior de San Juan
Civil Núm. ANDRÉS CÓRDOVA PHELPS, K CD2015-2571 NOEMÍ ROSADO FIGUEROA y K CD2015-2640 LA SOCIEDAD LEGAL DE BIENES GANANCIALES Sobre: COMPUESTA POR AMBOS Cobro de Dinero; Recurridos Ejecución de Hipoteca por la vía ordinaria
Panel integrado por su presidente, el Juez Bonilla Ortiz, la Jueza Lebrón Nieves y el Juez Adames Soto
Adames Soto, Juez Ponente
RESOLUCIÓN
En San Juan, Puerto Rico, a 18 de junio de 2025.
a.
Comparece ante nosotros Luna Residential II LLC., (Luna
Residential o la parte peticionaria), mediante recurso de certiorari,
solicitando que revoquemos la Resolución emitida por el Tribunal de
Primera Instancia, (TPI), de 20 de septiembre de 2024.
Mediante dicho dictamen interlocutorio el foro primario declaró No
Ha Lugar una Solicitud de desestimación presentada por la Luna
Residential, en la que solicitó la desestimación de la Demanda de tercero
presentada por los recurridos de epígrafe, esposos Córdova-Rosado, contra
Firstbank Puerto Rico (Firstbank). Luna Residential adujo en la referida
moción dispositiva que los esposos Córdova-Rosado no habían emplazado
al tercero demandado Firstbank dentro del término reglamentario de
NÚMERO IDENTIFICADOR RES2025______________ KLCE202500219 2
ciento veinte días dispuesto por la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil, 32
LPRA Ap. V, R. 4.3(c).
Sin embargo, contrario a lo esgrimido por Luna Residential, en su
fundamentada Resolución denegatoria de moción de desestimación el TPI
concluyó que Firstbank sí había sido debidamente emplazado de manera
oportuna, el 2 de diciembre de 2016, y siempre se había mantenido como
parte en el pleito, por lo que no correspondía acceder al remedio solicitado
por la parte peticionaria.
A contrario sensu, en el recurso de certiorari ante nuestra
consideración, Luna Residential persiste en su argumento sobre la falta de
jurisdicción sobre la persona de Firstbank, al presuntamente no
diligenciarse el emplazamiento correspondiente a la Demanda contra
tercero presentada contra este último, el 2 de mayo de 2022. En lo
específico, la parte peticionaria sostiene que, aunque Firstbank fuera
emplazado inicialmente el 2 de diciembre de 2016 por los esposos
Córdova-Rosado, operada la sustitución de los acreedores por Luna
Residential, e instada nueva Demanda contra tercero contra Firstbank,
correspondía emplazar a esta última nuevamente.
Examinado el extenso trayecto procesal del caso ante nosotros,
decidimos no intervenir con el dictamen cuya revocación se nos solicita,
permitiendo la continuación de los procesos sin interrupción.
b.
El auto de certiorari permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar
las determinaciones de un tribunal inferior. Rivera et al. v. Arcos Dorado et
al., 212 DPR 194 (2023); Torres González v. Zaragoza Meléndez, 211 DPR
821 (2023); Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC., 194 DPR 723
(2016). Es, en esencia, un recurso extraordinario mediante el cual se
solicita al tribunal de superior jerarquía la corrección de un error cometido
por el tribunal inferior. García v. Padró, 165 DPR 324 (2005). La
expedición del auto descansa en la sana discreción del tribunal, y KLCE202500219 3
encuentra su característica distintiva, precisamente, en la discreción
encomendada al tribunal revisor para autorizar su expedición y adjudicar
sus méritos. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307 (2012). Claro, la
discreción judicial no es irrestricta y ha sido definida como una forma de
razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una
conclusión justiciera. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79 (2001).
Por su parte, es a través de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32
LPRA Ap. V, R. 52.1, que se instrumentaliza tal recurso, disponiendo que
servirá para revisar resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por el
Tribunal de Primera Instancia, y será expedido por el Tribunal de
Apelaciones cuando se recurre, en lo pertinente, de una resolución u
orden denegatoria de una moción de carácter dispositivo.
Entonces, determinado que el asunto del cual se recurre se
encuentra previsto dentro de alguna de las materias contempladas en la
Regla 52.1, supra, procede evaluar si a la luz de los criterios enumerados
en la Regla 401 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, se justifica
nuestra intervención. Con todo, se ha de considerar que ninguno de los
criterios contenidos en la Regla 40 citada, es determinante por sí solo para
el ejercicio de nuestra jurisdicción. García v. Padró, supra.
En este ejercicio, nuestro máximo foro ha expresado que un tribunal
apelativo no intervendrá con las determinaciones interlocutorias
discrecionales procesales de un tribunal sentenciador en ausencia de
1 A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho. B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el análisis del problema. C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia. D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la luz de los autos originales, los cuales deberá ser elevados, o de alegatos más elaborados. E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la más propicia para su consideración. F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación indeseable en la solución final del litigio. G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita un fracaso de la justicia. KLCE202500219 4
pasión, perjuicio, parcialidad o error manifiesto. Argüello v. Argüello, 155
DPR 62, 78-79 (2001). Es decir, “de ordinario, el tribunal apelativo no
intervendrá con el ejercicio de la discreción de los tribunales de instancia,
salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de discreción, o que el
tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la
interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho
sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio
sustancial”. Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000);
Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992).
Finalmente, nuestro ordenamiento desfavorece la revisión de las
determinaciones interlocutorias, por cuanto suelen interrumpir la marcha
ordenada de la litis. Medina Nazario v. Mcneil Healthcare, LLC., supra.
c.
Según ya lo hemos reconocido, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil,
supra, nos habilita para revisar resoluciones interlocutorias denegatorias
de mociones dispositivas. En el caso ante nuestra consideración Luna
Residential precisamente nos solicita la revocación de una denegatoria de
Moción de desestimación, ergo, una moción dispositiva. Por tanto, nos
encontramos ante una de las situaciones excepcionales en las que el
ordenamiento nos permite intervenir con determinaciones interlocutorias
del TPI.
Sin embargo, lo dicho en modo alguno obliga a este foro revisor a
expedir los recursos de certiorari, por cuanto sigue siendo la característica
fundamental de tal recurso la discrecionalidad que se le reconoce al
Tribunal de Apelaciones para expedirlo o no. Por ello nuestro Tribunal
Supremo se ha pronunciado en contra de nuestra intervención con las
determinaciones interlocutorias del foro recurrido, salvo que se demuestre
que hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio
o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación de KLCE202500219 5
cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra
intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial”. Zorniak Air Servs.
v. Cessna Aircraft Co., supra.
Examinado el tracto procesal del dictamen cuya revocación nos
solicita la parte peticionaria, no advertimos que acontezcan ninguno de los
presupuestos que justificarían nuestra intervención con la denegatoria de
la Moción de desestimación instada por Luna Residential. Sin necesidad de
mayor elaboración sobre el asunto, planteada la presunta falta de
jurisdicción sobre Firstbank por la alegada falta de emplazamiento, no
apreciamos abuso de discreción, prejuicio o parcialidad algunos en la
decisión del TPI al reconocer que esta fue debidamente emplazada muy
temprano en el pleito, y se ha mantenido como parte durante todo el
proceso, cumpliéndose así el propósito esencial del emplazamiento, que es
el de notificarle que existe una causa de acción en su contra de la cual se
puede defender.
En consonancia, cabe denegar expedir el recurso de certiorari
solicitado y, en cambio, permitir la continuación de los procesos sin
dilación.
d.
Por lo expuesto, denegamos expedir el recurso de certiorari
solicitado.
Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria.
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís Secretaria del Tribunal de Apelaciones