EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Luis F. Cosme, etc.
Demandantes-Recurridos Certiorari
v. 2003 TSPR 38
Hogar Crea, Cooperativa de Seguros 158 DPR ____ Múltiples de PR y Raúl Torres Morales
Demandados-Peticionarios
Número del Caso: CC-2001-222
Fecha: 11 de marzo de 2003
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional VI
Juez Ponente: Hon. Rafael Martínez Torres
Abogado de la Parte Peticionaria: Lcdo. Pedro R. Cintrón Rivera
Abogados de la Parte Recurrida: Lcdo. Israel Delgado Ramos Lcda. Waleska Delgado Marrero
Materia: Daños y Perjuicios
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Demandantes-Recurridos
vs. CC-2001-222 Certiorari
Hogar Crea, Cooperativa de Seguros Múltiples de PR y Raúl Torres Morales
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR FUSTER BERLINGERI.
San Juan, Puerto Rico a 11 de marzo de 2003.
Tenemos la ocasión para resolver si un
juez del Tribunal de Circuito de Apelaciones
puede intervenir en un caso pendiente ante el
foro de instancia sólo porque fue el juez
sentenciador antes, cuando era parte del
Tribunal de Primera Instancia.
I.
El 1 de agosto de 1997 el Tribunal de
Primera Instancia, Sala Superior de Humacao,
dictó una sentencia mediante la cual declaró con
lugar la demanda por daños y perjuicios instada
por la familia Cosme Rivera (los demandantes)
contra el Hogar Crea, la Cooperativa de Seguros
Múltiples y otros (los CC-2001-222 3
peticionarios). En la referida sentencia el tribunal le
impuso a los peticionarios la responsabilidad solidaria por
los daños causados durante un accidente de automóviles.1 De
dicha determinación acudieron ambas partes al Tribunal de
Circuito de Apelaciones. Luego de consolidar los recursos,
el foro apelativo dictó una sentencia el 28 de junio de 1999
y resolvió devolver el caso al tribunal de instancia para
que: (1) determinara y concediera las deducciones
correspondientes bajo la Ley de Protección Social por
Accidentes de Automóviles; (2) le impusiera a los
peticionarios el pago de honorarios de abogados por
temeridad, y (3) celebrara una vista evidenciaria para
determinar una suma a serle concedida al menor perjudicado
en el accidente por concepto del menoscabo en su potencial
para generar ingresos. Ambas partes solicitaron la
reconsideración de dicho dictamen, por lo que el foro
apelativo modificó su sentencia, a los únicos fines de que
se determinara en el tribunal inferior la cuantía por el
referido menoscabo para generar ingresos sin que se
celebrase una vista evidenciaria, y para deducir el propio
foro apelativo las cuantías correspondientes a lo dispuesto
en la Ley de Protección Social por Accidentes de
Automóviles. En la referida sentencia el Tribunal de
Circuito de Apelaciones también señaló motu proprio en
1 En dicho accidente él más afectado resultó ser el hijo menor de edad de la familia Cosme Rivera quien sufrió una desfiguración permanente en un lado de la cara y recibió daños en uno de sus hombros. CC-2001-222 4
cuanto a la designación de un juez en el tribunal de
instancia que:
Sin lugar a dudas, nadie posee conocimiento del expediente del presente caso ante instancia, sus pormenores y circunstancias como el Juez Soler Aquino. Esto lo hace la persona idónea para atender los diferentes asuntos que hemos expresado en la parte dispositiva de nuestra sentencia por lo que preferiblemente, debe ser él quien los atienda, salvo criterio en contrario. Quedará a discreción del Juez Administrador del referido foro designar a quien entienda para atender nuestra sentencia.
De dicha determinación las partes no acudieron en revisión
ante este Tribunal.
Para aquel entonces el Juez Soler Aquino, quien había
atendido originalmente el caso de autos en el foro de
instancia, había sido nombrado juez del Tribunal de
Circuito de Apelaciones. No obstante, otro juez de la
región judicial de Humacao refirió la aludida sentencia
del foro apelativo en este caso al Juez Soler Aquino para
que atendiese lo dispuesto allí. Ello, a pesar de que éste
no se desempeñaba ya como juez del foro de instancia. Los
demandantes se opusieron y solicitaron la reconsideración
de tal decisión. El juez que había referido el caso a
Soler Aquino señaló entonces una vista para dilucidar la
referida controversia. Sin embargo, antes de que se
celebrara tal vista en reconsideración, el Juez Soler
Aquino, haciendo las funciones de un juez del tribunal de
instancia, atendió el mandato del foro apelativo y
procedió a dictar el 25 de enero de 2000 una resolución
que modificaba su sentencia anterior conforme a lo CC-2001-222 5
dispuesto por el Tribunal de Circuito de Apelaciones en su
dictamen del 28 de junio de 1999.
Inconforme con la resolución de Soler Aquino, los
peticionarios acudieron nuevamente al Tribunal de Circuito
de Apelaciones. Alegaron allí, inter alia, que el Juez Soler
Aquino no podía atender el mandato anterior del foro
apelativo hasta tanto se resolviera la moción de
reconsideración sobre el particular que estaba pendiente en
el Tribunal de Primera Instancia.
Mediante una sentencia de 14 de febrero de 2001, el
Tribunal de Circuito de Apelaciones confirmó el referido
dictamen de Soler Aquino. Resolvió que el Tribunal de
Primera Instancia retuvo siempre la facultad de dejar sin
efecto la vista para discutir la moción de reconsideración
aludida y para resolver definitivamente el asunto como se
hizo. Determinó que el hecho de que hubiese sido otro juez
del foro de instancia quien acogió la moción de
reconsideración no había privado al Juez Soler Aquino de
su facultad como juez sentenciador en el caso para atender
lo ordenado por el foro apelativo y dictar el dictamen
correspondiente. Determinó así mismo que el nuevo dictamen
de Soler Aquino había hecho académica la pendiente moción
de reconsideración presentada por los demandantes. También
resolvió que no procedía intervenir con las
determinaciones sobre si procedía una compensación por el
menoscabo para generar ingresos y una partida por
honorarios de abogado ya que éstas habían sido resueltas CC-2001-222 6
anteriormente por otro panel del Tribunal de Circuito de
Apelaciones, por lo que eran finales y firmes.
No conformes con el anterior dictamen del foro
apelativo los peticionarios acudieron oportunamente ante
nos el 23 de marzo de 2001 y formularon los siguientes
señalamientos de error:
1. Erró el Tribunal de Apelaciones al confirmar la sentencia emitida por el Hon. Carlos Soler Aquino, éste juez de apelaciones al emitir dicha sentencia sin tener jurisdicción ni competencia para ello pues el tribunal de instancia había considerado y señalado para vista una moción de reconsideración dirigida a impugnar la participación de dicho juez en el caso.
2. Incidió el Tribunal de Apelaciones al avalar basándose en la doctrina de la ley del caso, la sentencia emitida por el Hon. Carlos Soler Aquino que concede una indemnización de $150,000 por supuesto menoscabo para generar ingresos, habiendo ausencia de pruebas sobre grado de incapacidad permanente alguna y, asimismo, al condenar a la parte demandada al pago de $12,000 por concepto de honorarios de abogados cuya suma es excesiva dado que la aquí peticionaria admitió su negligencia aunque la negó en su contestación a la demanda.
El 20 de abril de 2001 expedimos el auto de certiorari
para revisar la sentencia dictada por el foro apelativo el
14 de febrero de 2001. El 4 de septiembre de 2001, luego de
concedérsele una prórroga para ello, los peticionarios
presentaron su alegato. El 4 de diciembre de 2001 los
peticionarios presentaron el suyo, luego de habérseles
concedido una prórroga a ellos también. Con la comparecencia
de ambas partes, procedemos a resolver. CC-2001-222 7
II
Como se sabe, nuestro sistema judicial consiste de un
Tribunal General de Justicia al cual la Constitución y la
Ley de la Judicatura de 1994 le confieren el poder judicial
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El Tribunal
General de Justicia a su vez está integrado por el Tribunal
Supremo de Puerto Rico, como máximo foro judicial del país,
el Tribunal de Circuito de Apelaciones, como tribunal
apelativo intermedio, y por el Tribunal de Primera
Instancia. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico está
constituido en un solo distrito judicial, sobre el cual el
Tribunal General de Justicia ejerce su autoridad
jurisdiccional. Véase Hernández Colón, Práctica Jurídica de
Puerto Rico-Derecho Procesal Civil, § 504 Michie de Puerto
Rico, (1997); Ley de la Judicatura de 1994, según enmendada,
4 L.P.R.A. sec. 22c. Nuestra propia Constitución establece
que los tribunales de Puerto Rico constituirán un sistema
judicial unificado en lo concerniente a jurisdicción,
funcionamiento y administración. Artículo V Sección 2 de la
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Aunque nuestro sistema judicial es unificado, la
jurisdicción se ejerce concretamente distribuyendo el
trabajo judicial entre los distintos tribunales y salas que
integran el Tribunal General de Justicia, de acuerdo con los
principios normativos de competencia. Véase, Hernández
Colón, supra §505. La Ley de la Judicatura de 1994 según
enmendada, supra, establece la competencia de cada tribunal, CC-2001-222 8
a saber la del Tribunal de Primera Instancia, la del
Tribunal de Circuito de Apelaciones y la de éste Tribunal.
En el caso del Tribunal de Circuito de Apelaciones, su
competencia aparece establecida de modo general en el
Artículo 4.002 de la Ley de la Judicatura de 1994 según
enmendada, supra. El artículo 4.001 de la referida Ley
establece que el Tribunal Apelativo estará constituido por
una sola sección con sede en la ciudad de San Juan que se
compondrá de treinta y tres jueces. Aunque se establece
claramente en la Ley de la Judicatura de 1994 según
enmendada, supra, la competencia de los paneles de jueces
que componen el Tribunal de Circuito de Apelaciones, el
Reglamento de dicho Tribunal señala que el Juez Presidente,
como parte de sus prerrogativas constitucionales, puede
asignar jueces apelativos a llevar a cabo funciones del
Tribunal de Primera Instancia. Véase, Regla 7 del Reglamento
del Tribunal de Circuito de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap.
XXII-A R.7.
A la luz de la normativa antes reseñada pasamos a
examinar los hechos del caso de autos.
III
En esencia, en el caso de autos, un juez del Tribunal
de Circuito de Apelaciones atendió un caso que le fue
referido por el Tribunal de Primera Instancia y procedió a
enmendar una sentencia que dicho juez había dictado antes,
cuando era miembro del foro de instancia. El juez referido CC-2001-222 9
actuó así a pesar de estar pendiente ante el Tribunal de
Primera Instancia una moción de reconsideración mediante la
cual se impugnaba precisamente la nueva intervención de
dicho juez en el caso. En su dictamen impugnado ante nos, el
Tribunal de Circuito de Apelaciones consideró que tal
proceder del juez referido había sido válido. El foro
apelativo hizo hincapié en una nota al calce de su sentencia
en que el juez del Tribunal de Circuito de Apelaciones en
cuestión no había intervenido “en un caso en el Tribunal de
Primera Instancia” sino que sólo había seguido “la práctica
establecida en esta jurisdicción unificada de participar
hasta el final en los casos en los que él presidió el juicio
en el Tribunal de Primera Instancia.” Erró el foro apelativo
al resolver así. Veamos.
Nótese, en primer lugar, que el mero hecho de que el
juez en cuestión hubiese sido el magistrado del foro de
instancia quien dictó la sentencia a ser modificada en el
caso de autos, de ningún modo lo autorizaba para llevar a
cabo la modificación referida cuando dicho juez ya no
pertenecía al Tribunal de Primera Instancia. El foro con
competencia para realizar la modificación de la sentencia
aludida era únicamente ese Tribunal de Primera Instancia del
cual el juez en cuestión no formaba parte ya. Ausente una
designación expresa para tal fin de parte del Juez
Presidente del Tribunal Supremo, el Juez Soler Aquino estaba
impedido de participar de nuevo en el caso como si aún fuese
un juez del foro de instancia. Sencillamente, ya no era juez CC-2001-222 10
de ese foro. Su segunda intervención en el caso de autos
fue, pues, totalmente carente de la autorización necesaria
para ello. Si bien es cierto que Puerto Rico constituye un
solo distrito judicial para fines jurisdiccionales, existen
también normas claras que delimitan las distintas
competencias que tienen los varios foros y salas judiciales
del país, sin las cuales el funcionamiento del Tribunal
General de Justicia sería caótico e incoherente. El hecho de
que constitucionalmente se hayan eliminado las diferencias
jurisdiccionales entre los distintos componentes del
Tribunal General de Justicia2, no significa de ningún modo
que cada juez de dicho Tribunal tiene carta blanca para
ejercer su ministerio en cualquier caso. El Tribunal General
de Justicia de Puerto Rico tiene un entramado propio,
conforme al cual unos foros ejercen una competencia general
en casos de primera instancia, Rodríguez v. Registrador,
supra, y otros tienen una competencia apelativa, Depto. de
la Familia v. Shrivers Otero, 145 D.P.R. (1998). Esta
división de funciones es esencial para el funcionamiento
expedito y congruente del Tribunal General de Justicia.
Véase, Colón v. Tribunal Superior, 97 D.P.R. 106, 118
(1969). Por ello, la competencia propia de cada estrato del
sistema judicial de Puerto Rico de ordinario debe observarse
rigurosamente como condición para que el sistema pueda
2 Véase, Polanco v. Tribunal Superior, 118 D.P.R. 350 (1987); Ramírez v. Registrador, 116 D.P.R. 541 (1985); Gómez Hmos. v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 625 (1972); Pueblo v. Tribunal Superior, 84 D.P.R. 140 (1961); Rodríguez v. Registrador, 75 D.P.R. 712 (1953). CC-2001-222 11
funcionar cabalmente. Los cambios en las tareas que de
ordinario le competen a cada juez sólo los puede ordenar el
Juez Presidente del Tribunal Supremo mediante designaciones
especiales cuando las necesidades y la buena marcha del
sistema lo requieran.3 En el caso de autos, el señor Juez
Presidente no le extendió designación alguna al Juez Soler
Aquino para actuar judicialmente como lo hizo.
Existe una segunda razón por la cual no procedía la
acción en cuestión del Juez Soler Aquino en el caso de
autos. Cuando éste intervino por segunda ocasión, estaba
pendiente ante el foro de instancia una moción de
reconsideración relativa precisamente al asunto de si era
procedente la nueva intervención de dicho juez en este
caso. Esa moción había sido acogida ya por el Tribunal de
Primera Instancia y se había señalado una vista para
dilucidarla. En esas circunstancias, el Juez Soler Aquino
debió esperar porque se resolviese la referida moción de
reconsideración antes de actuar.
Como se sabe, la moción que establece la Regla 47 de
Procedimiento Civil de Puerto Rico es el mecanismo que
provee nuestro ordenamiento procesal para que un tribunal de
instancia pueda modificar algún fallo suyo. El objetivo
principal de una moción de reconsideración es dar una
3 Claro está, en el Tribunal de Primera Instancia pueden obviarse los límites que establecen las normas sobre la competencia de las distintas salas y secciones de ese Tribunal si las partes y el juez correspondiente lo consienten. Véase, Polanco v. Tribunal Superior, supra; Ramírez v. Registrador, supra; Pueblo v. De Jesús Gómez, 100 D.P.R. 629 (1972); Ramírez v. Ramírez, 80 D.P.R. 518 (1958). CC-2001-222 12
oportunidad al tribunal que dictó la sentencia o la
resolución cuya reconsideración se pide, para que pueda
enmendar o corregir los errores en que hubiese incurrido al
dictarla. Castro v. Sergio Estrada Auto Sales, Inc. res. el
22 de septiembre de 1999, 149 D.P.R___, 99 TSPR 143, 99 JTS
147; Vega v. Alicea, 145 D.P.R. 236 (1998). Los tribunales
de instancia, pues, tienen la facultad de enmendar o dejar
sin efecto algún dictamen suyo cuando éste no es final y
firme, y lo hacen de ordinario movidos por alguna moción de
reconsideración presentada a tiempo por la parte perjudicada
por dicho dictamen. Dumont v. Inmobiliaria Estado, Inc., 113
D.P.R. 406 (1982). El mecanismo de reconsideración es de tal
envergadura en nuestro ordenamiento procesal que una vez el
foro de instancia acoge la moción de reconsideración, se
interrumpe el término para apelar o para procurar la
revisión del dictamen en cuestión. Soc. de Gananciales v.
Sánchez, 148 D.P.R. ___, 99 TSPR 76, 99 JTS 82; Rodríguez
Rivera v. Autoridad de Carreteras, 110 D.P.R. 184 (1980). Se
estima que no debe procederse a la apelación o revisión del
fallo bajo reconsideración hasta tanto esta se resuelva
definitivamente. Por razones análogas, no debió el Juez
Soler Aquino precipitarse a intervenir por segunda vez en el
caso de autos estando pendiente una moción de
reconsideración sobre tal intervención que había sido
acogida por el foro de instancia. Erró el foro apelativo al
resolver de otro modo. Aplica aquí lo que dijimos en otro
contexto al examinar una controversia relativa a la CC-2001-222 13
distribución de los asuntos litigiosos en los tribunales del
país:
“La norma generalmente aceptable de que cuando un tribunal asume jurisdicción primeramente sobre un asunto debe retenerla, norma ésta que se origina con la existencia de tribunales distintos y que no resulta ser enteramente aplicable a la organización judicial que nos rige de un solo tribunal unificado en jurisdicción, no debe prevalecer en una situación como la presente sobre la norma de mayor propiedad, ponderación y buen juicio del magistrado en el descargo de la función judicial.” Colón v. Tribunal Superior, supra, pág. 122.
En conclusión, el Juez Soler Aquino no debió atender lo
ordenado el 28 de junio de 1999 en el caso de autos por el
Tribunal de Circuito de Apelaciones, estando acogida y
pendiente una moción de reconsideración sobre el particular
en el foro de instancia. Más importante aun, como juez del
Tribunal de Circuito de Apelaciones al momento en que le fue
referido el caso, Soler Aquino no podía ejercer otras
funciones que no fuesen de la competencia del tribunal
apelativo a menos que el Juez Presidente, como parte de sus
prerrogativas constitucionales, se las hubiese asignado
según lo dispone el Reglamento de dicho foro. Por ende,
habiendo cesado en sus funciones como juez del foro de
instancia, no podía actuar como tal de nuevo en el caso de
autos aun cuando hubiese sido el juez que entendió en éste
en el foro de instancia originalmente.4
4 En vista de que resolvemos que el Juez Soler Aquino no podía volver a intervenir en el caso de autos como lo hizo, y a que ordenamos dejar sin efecto su resolución del 25 de enero de 2000, no procede considerar el segundo error CC-2001-222 14
Por los fundamentos antes expuestos, procede que se
dicte sentencia para revocar el dictamen de 14 de febrero de
2001 del Tribunal de Circuito de Apelaciones. Procede
también que se deje sin efecto el dictamen del Juez Soler
Aquino del 25 de enero de 2000 en el caso de autos, y que se
devuelva el caso al Tribunal de Primera Instancia para que
continúen los procedimientos a tenor con lo aquí resuelto.
Se dictará una sentencia de conformidad.
JAIME B. FUSTER BERLINGERI JUEZ ASOCIADO
señalado por los peticionarios, que va a los méritos de lo resuelto por Soler Aquino mediante dicha resolución. CC-2001-222 15
Hogar Crea, Cooperativa de Seguros Múltiples de PR y Raúl Torres Morales
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte de la presente Sentencia, se revoca el dictamen de 14 de febrero de 2001 del Tribunal de Circuito de Apelaciones, Circuito Regional VI de Humacao.
Se deja sin efecto el dictamen del Juez Carlos Soler Aquino del 25 de enero de 2000 en el caso de autos, y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Humacao, para que continúen los procedimientos a tenor con lo aquí resuelto.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Naveira de Rodón emitió Opinión de Conformidad, a la cual se une el Juez Asociado señor Corrada del Río. El Juez Asociado señor Rivera Pérez disiente sin opinión.
Patricia Otón Olivieri Secretaria del Tribunal Supremo CC-2001-222 16
Recurridos
v. CC-2001-222 Hogar Crea y otros
Peticionarios
Opinión de Conformidad emitida por la Jueza Asociada señora Naveira de Rodón a la cual se une el Juez Asociado señor Corrada del Río.
San Juan, Puerto Rico a 11 de marzo de 2003
Este caso nos permite analizar como se
entrelazan y funcionan los conceptos de
competencia, jurisdicción, funcionamiento y
administración en nuestro sistema judicial
unificado. Aunque estamos conformes con la
Opinión que hoy emite la mayoría, consideramos
conveniente explicar con mayor detalle la
aplicación de estos conceptos procesales.
A continuación resumiremos los hechos
pertinentes a la controversia que hoy se
encuentra ante nuestra atención. I. LOS HECHOS
El 20 de julio de 1994, Luis F. Cosme, Madeline Rivera
y la sociedad de bienes gananciales compuesta por éstos y en
representación de sus hijos menores de edad Jorge Andrés y
Luis Fernando Cosme Rivera5 (en adelante Cosme) presentaron
una demanda contra los Hogares Crea, la Cooperativa de
Seguros Múltiples de Puerto Rico y el Sr. Raúl Torres
Morales (en adelante Hogares Crea) por los daños y
perjuicios sufridos como consecuencia de un accidente
automovilístico. La demanda se presentó en el Tribunal de
Primera Instancia, Sala Superior de Humacao y el caso se vio
ante el entonces Juez Superior, Hon. Carlos Soler Aquino.
El 1 de agosto de 1997 el Juez Soler Aquino dictó
sentencia declarando con lugar la demanda. La sentencia
fue oportunamente apelada ante el Tribunal de Circuito de
Apelaciones (en adelante Tribunal de Circuito), tanto por
la parte demandante como por la parte demandada. El 28 de
junio de 1999 el Tribunal de Circuito dictó sentencia
mediante la cual remitió el caso al foro de instancia para
que éste determinase y concediese el monto correspondiente
a las deducciones que se exigen por la Ley de Protección
Social por Accidentes de Automóviles; le impusiese
honorarios de abogado por temeridad a los demandados; y
celebrase “una vista evidenciaria para determinar la suma a
serle concedida a Jorge Andrés por concepto de menoscabo en
su potencial de generar ingresos.” En cuanto a los demás
5 También se incluyó como demandante a Eugenia Santana Negrón, abuela paterna de los menores Jorge Andrés y Luis Fernando Cosme Rivera. aspectos confirmó la sentencia recurrida.6 Oportunamente,
tanto los demandantes como los demandados solicitaron
reconsideración. El 29 de octubre el Tribunal de Circuito
emitió una resolución mediante la cual reconsideró la
sentencia que había emitido, a los únicos fines de indicar
que el tribunal de instancia no tenía que celebrar vista
evidenciaria para determinar la suma a serle concedida al
demandante Jorge Andrés por concepto del menoscabo en su
potencial de generar ingresos. Además, redujo varias de
las cuantías concedidas por daños.
En la segunda página de esta Resolución el Tribunal de
Circuito hizo constar lo siguiente:
Sin lugar a dudas, nadie posee conocimiento del expediente del presente caso ante instancia, sus pormenores y circunstancias como el Juez Soler Aquino. Esto lo hace la persona idónea para atender los diferentes asuntos que hemos expresado en la parte dispositiva de nuestra sentencia por lo que, preferiblemente, debe ser él quien los atienda, salvo criterio en contrario. Quedará a discreción del Juez Administrador del referido foro designar a quien entienda para atender nuestra sentencia. (Énfasis suplido.)
Así las cosas, el caso fue devuelto al Tribunal de
Primera Instancia, Sala Superior de Humacao, donde se le
asignó al Juez Superior Luis A. Amorós Álvarez. El 30 de
noviembre de 1999, éste emitió la siguiente orden:
Se refiere a la atención del propio Juez Soler Aquino por considerarlo de su competencia ya que fue él el que entendió en el caso.
Copia de esta orden se le remitió al Juez Soler Aquino
quien para ese entonces había sido nombrado Juez del
6 Esta sentencia fue notificada el 1 de julio de 1999. Tribunal de Circuito y fungía como tal. Sin embargo, no se
le envió el expediente del caso ni hubo una designación por
parte del Juez Presidente, ya fuere directa o
indirectamente, del Juez Soler Aquino para entender
nuevamente en el caso. El expediente permaneció en la Sala
Superior de Humacao donde originalmente el Juez
Administrador le había asignado el caso al Juez Superior
Amorós Álvarez. El 29 de diciembre de 1999 la parte
demandante presentó una moción mediante la cual solicitó se
reconsiderase la orden de referir el caso al Juez Soler
Aquino y se determinase lo que se estimase apropiado en
justicia. A esta solicitud la parte demandada se opuso y a
su vez solicitó se remitiese el expediente del caso al Juez
Soler Aquino. Nada comentó sobre la falta de designación
oficial, por el Juez Presidente o un delegado suyo, del
Juez Soler Aquino para entender nuevamente en el caso a
nivel del foro de instancia.
El 13 de enero de 2000 el tribunal de instancia por
voz del Juez Amorós Álvarez señaló la moción de
reconsideración y la oposición a la misma para vista que se
celebraría el 23 de marzo de 2000. Esta resolución se
notificó el 27 de enero de 2000. Del expediente no surge
que las mociones antes mencionadas y la Resolución
señalando para vista se le hubiesen notificado al Juez
Soler Aquino. Dos días antes de la notificación de la
Resolución señalando para vista la moción de
reconsideración, o sea, el 25 de enero de 2000, el Juez
Soler Aquino, actuando como juez de instancia en el caso, emitió una resolución mediante la cual determinó que “el
menoscabo del potencial de Jorge Andrés de generar ingresos
[era] de $150,000.00” y condenó a la parte demandada a
pagar $12,000.00 en honorarios de abogado. Esta Resolución
se notificó el 9 de febrero de 2000. El 2 de marzo de 2000
la parte demandada recurrió ante el Tribunal de Circuito
planteando la comisión de dos errores:
1. Erró el Hon. Carlos Soler Aquino, Juez de apelaciones, al emitir, sin jurisdicción ni competencia, una resolución en el tribunal de instancia, estando sujeta aún de decisión, una moción de reconsideración por instancia y señalada para vista.
2. En la alternativa, incidió el Hon. Carlos Soler Aquino [al] evaluar en la suma de $150,000.00 el menoscabo para generar ingresos habiendo ausencia de pruebas sobre [el] grado de incapacidad permanente alguna y, asimismo condenar a la parte demandada al pago de $12,000.00 por concepto de honorarios de abogados, cuya suma es excesiva.
El 14 de febrero de 2001 el Tribunal de Circuito
emitió sentencia mediante la cual confirmó el dictamen
apelado. En cuanto a si el Juez Soler Aquino podía o no
actuar como juez de instancia bajo las circunstancias de
este caso, el Tribunal de Circuito determinó que no tenía
que entrar a resolver este planteamiento, pues este error
había sido renunciado. Entendió, entre otras cosas, que el
tribunal de instancia tenía facultad para resolver el
asunto que le fue referido al Juez Soler Aquino,
independientemente de que hubiese un previo señalamiento de
la moción de reconsideración, ya que se trataba de un solo
tribunal, el Tribunal de Primera Instancia, aunque fueran
jueces distintos los que emitieran cada una de las resoluciones en el mismo caso. Consideró el Tribunal de
Circuito que una vez el Juez Soler Aquino resolvió el caso
en los méritos convirtió en académica la moción de
reconsideración sobre la orden refiriéndole el caso que se
encontraba pendiente ante el Juez Amorós Álvarez.
Con relación al planteamiento en los méritos, el
tribunal apelativo confirmó en su totalidad el dictamen
emitido por el Juez Soler Aquino.
El 23 de marzo de 2001 la parte demandada presentó
ante nosotros recurso de certiorari planteando los mismos
errores que había traído ante la consideración del Tribunal
de Circuito. Decidimos revisar y expedimos el recurso.
II. EL PODER JUDICIAL Y LA ADMINISTRACIÓN DE LOS TRIBUNALES
La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico dispone en su Artículo V, Sección 1, que el Poder
Judicial de Puerto Rico se ejercerá por el Tribunal Supremo
y por aquellos otros tribunales que se creen por ley,
siendo el Tribunal Supremo el único tribunal
constitucional. Por ley se han creado, el Tribunal de
Circuito, un tribunal apelativo intermedio pluripersonal o
sea, colegiado, con competencia primordialmente apelativa,
Art. 4.002 Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994,
según enmendada, Plan de Reorganización de la Rama
Judicial, Núm. 1, 28 de julio de 1994, 4 L.P.R.A. sec. 22k,
y el Tribunal de Primera Instancia, un tribunal
unipersonal, con competencia general en casos en primera instancia.7 Arts. 5.001 y 5,003, Ley de la Judicatura de
Puerto Rico de 1994, supra. Dentro del Tribunal de Primera
Instancia operan los Jueces Superiores cuya competencia en
primera instancia es una general y los Jueces Municipales,
que tienen una competencia limitada. Ley de la Judicatura
de Puerto Rico de 1994, supra; Hernández Colón, Práctica
Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, Cap. 5,
Secs. 501 y 502, pág. 34, Michie, 1997.
En nuestro sistema judicial, el juez es “la persona
constituida con autoridad pública para administrar justicia
el que ejerce la jurisdicción con arreglo a las leyes,
conociendo y dirigiendo el procedimiento de causas civiles
y criminales y dictando sobre ellas las sentencias que
estime procedentes.” Hernández Colón, supra, Cap.7, Sec.
702, pág. 59. Claro está, la ordenada y eficiente
administración del sistema judicial requiere que un juez
actúe sólo en aquellos casos que le sean asignados o
sometidos a su consideración, directa o indirectamente, por
el Juez Presidente que es la persona en quien la
Constitución ha delegado la administración de los
tribunales. Art. V, Sec. 7, de la Constitución.
La Sección 2 del Artículo V de la Constitución dispone
que “[l]os tribunales de Puerto Rico constituirán un
sistema judicial unificado en lo concerniente a
jurisdicción, funcionamiento y administración.” En otras
7 La Sección 2 del Artículo V de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico dispone que “[l]a Asamblea Legislativa, en cuanto no resulte incompatible con esta Constitución, podrá crear y suprimir tribunales, con palabras, Puerto Rico constitucionalmente está constituido
en un solo distrito judicial. “La Asamblea Legislativa no
puede variar el principio de unidad jurisdiccional del
sistema.” Lausell Ducós v A.C.A.A., 111 D.P.R. 593, 595-
596 (1981). “[L]a Constitución restringió el poder de la
Asamblea Legislativa a determinar la competencia de los
tribunales, no su jurisdicción.” Ramírez v Registrador,
116 D.P.R. 541, 548 (1985). Con relación al concepto
tribunal unificado, el Ex-Juez Presidente del Tribunal
Supremo, Hon. José Trías Monge, expresó lo siguiente:
“Dentro de la teoría de un sistema unificado, cualquier
parte del sistema tiene jurisdicción para resolver una
causa. El volumen de trabajo, no obstante se distribuye
mediante reglas flexibles de competencia.” Trías Monge,
José, Sistema Judicial de Puerto Rico, Cap. XII, sec. 6,
pág. 136, Editorial Universitaria, P.R., 1978.
La Comisión de la Rama Judicial de la Convención
Constituyente en el Informe que rindió a la Convención,
expresó que recomendaba la creación de un tribunal
unificado para asegurar, entre otras cosas, que se
eliminarían los problemas técnicos jurisdiccionales que
plagaban al sistema y dificultaban la obtención de justicia
en los tribunales. Entendía la Comisión que la unificación
en la administración aseguraría el logro de los siguientes
objetivos: (1) mayor eficiencia en el ejercicio del poder
judicial; (2) una distribución equitativa del trabajo de
las cortes, lo que permitiría que hubiera una mayor rapidez
excepción del Tribunal Supremo, y determinará su en los procedimientos judiciales evitando así la congestión
de la resolución de las causas que se encuentran pendientes
en los tribunales: y (3) una mayor flexibilidad en la
administración de la justicia. Diario de Sesiones de la
Convención Constituyente de Puerto Rico, Tomo 4, 28 de
noviembre de 1951, pág. 2613, Edición 1961.
La jurisdicción de un tribunal es la facultad que éste
tiene para decidir un caso o incidente dentro de un caso.
Esta facultad la ejerce el tribunal a través de un juez.
De otra parte, la competencia son las normas
preestablecidas mediante ley o reglamento que regulan la
ordenada tramitación de los casos o asuntos a través de los
tribunales y/o de las diferentes Salas de un tribunal. La
Regla 3 de Procedimiento, establece las normas o criterios
generales para determinar la competencia de las diferentes
salas del tribunal de instancia. Por ejemplo, la
competencia territorial en los pleitos que afecten una
propiedad inmueble; sitio donde se originó la causa de
acción; la residencia de las partes; y la cuantía envuelta.
También hay otros estatutos y normas administrativas que
determinan la competencia de un tribunal a base de la
materia de que se trate el caso y pueden haber estatutos o
reglas especiales que designen una sala en particular para
atender un tipo particular de caso. La competencia es
pues, la forma en que se ejerce la jurisdicción de los
tribunales distribuyendo el trabajo judicial entre los
competencia y organización.” distintos tribunales y salas. Hernández Colón, supra,
Cap.5, Sec. 505, pág. 36.
En nuestro sistema unificado, hay un solo Tribunal de
Primera Instancia que a su vez está dividido
territorialmente en salas, las cuales también podrán estar
divididas por materia y/o cuantía. Si una parte presenta
un caso en una sala que no tiene competencia para verlo, el
tribunal motu proprio puede trasladarlo a la sala con
competencia, la otra parte también tiene derecho a
solicitar el traslado del caso a un foro competente. Salvo
las excepciones prescritas por ley o reglamento, si una
parte presenta su caso en una sala con competencia, tiene
derecho a que sea allí donde se vea el mismo. Ahora bien,
“no se desestimará ningún caso por razón de haberse
sometido a una sala sin competencia.” Regla 3.1 de
Procedimiento Civil.
Sin embargo, lo antes expuesto no significa que una
parte tienen derecho a que un juez en particular sea el que
vea su caso. Es el Juez Presidente o la persona o personas
en quien éste delegue, el que distribuye la carga judicial
entre los distintos jueces componentes del sistema,
asignando a cada juez una sala en particular y luego
asignando los casos que se verán en esa sala. También
puede optar por asignarle un caso o un incidente en
particular dentro de un caso a un juez determinado. Esto,
por ejemplo, ocurre usualmente en los caso de litigación
múltiple o litigación compleja. Vives Vázquez v E.L.A., 142
D.P.R. 117 (1996). Un juez, salvo delegación o autorización expresa del Juez Presidente, no tiene
autoridad o facultad para asignarle o referirle un caso o
un incidente dentro de un caso a otro juez. Un juez sólo
puede ejercer su autoridad judicial en los casos que le han
sido asignados, directa o indirectamente, por el Juez
Presidente.
La Sección 7, del Artículo V de la Constitución le
concede la facultad constitucional de dirigir la
administración de los tribunales al Juez Presidente del
Tribunal Supremo. También le da facultad para nombrar un
director o directora administrativo(a). Según expresáramos
anteriormente, el Juez Presidente puede delegar su facultad
de administrar en otros funcionarios, como por ejemplo, en
la Directora Administrativa de los Tribunales, los Jueces o
Juezas Administradores y Subadministradores, entre otros.
Dicha Sección a su vez le concede al Tribunal Supremo la
facultad de adoptar reglas para la administración de los
tribunales.
En el Informe de la Comisión de la Rama Judicial de la
Convención Constituyente con relación al término
“administración” se hizo constar que según éste se utiliza
en la Sección 7, “comprende, sin que se entiendan excluidas
otras similares y análogas, las siguientes funciones: “(6)
Asignar y trasladar jueces” y “(8) superentender
[supervisar] en los tribunales.” Diario de Sesiones de la
Convención Constituyente de Puerto Rico, supra, pág. 2613.
El juez es el que ejercerá el poder judicial y
resolverá los casos y asuntos que se presenten ante los tribunales, pero para poder ejercer este poder tiene que
haber una previa designación o asignación directa del Juez
Presidente o de la persona en quien éste delegue. Véase,
Regla 3 Reglas de Administración. Todo esto se hace en
cumplimiento del mandato constitucional que le concede al
Juez(a) Presidente(a) la autoridad para administrar el
sistema judicial.
El Juez Presidente asignará a un juez a atender una
Sala en el tribunal de instancia, y éste será el juez que
entienda y resuelva los casos y asuntos que sean asignados
a esa Sala. Cualquier cambio de sala o de juez tendrá que
ser autorizado por la persona designada por el Juez
Presidente para ejercer estas facultades y funciones
administrativas. No estamos ante un problema de
competencia, sino de administración. Se trata de la
distribución de la carga de trabajo entre los componentes
del sistema judicial. La Constitución le ha asignado la
facultad de administrar al Juez(a) Presidente(a), y salvo
delegación expresa por parte de éste, cualquier intento de
ejercerlo carece de validez.
III. LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE DERECHO A LOS HECHOS
En su opinión la mayoría expresa “que el mero hecho de
que el juez en cuestión hubiese sido el magistrado del foro
de instancia quien dictó la sentencia a ser modificada en
el caso de autos, de ningún modo lo autorizaba para llevar
a cabo la modificación referida cuando dicho juez ya no pertenecía al Tribunal de Primera Instancia.”8 Explicamos.
Realmente, la razón para que el Juez Soler Aquino no
pudiese intervenir en el caso en esta etapa de los
procedimientos, no era el hecho de que ya no pertenecía al
Tribunal de Primera Instancia, sino porque no se le había
asignado dicho caso por el Juez Presidente o alguna persona
designada por él. Aunque el Juez Soler Aquino hubiese
continuado siendo juez de instancia, no podía intervenir en
el caso nuevamente sin la antes mencionada asignación o
autorización. El Juez Amorós Álvarez no tenía la autoridad
para asignar y referir el caso a juez alguno. La autoridad
para asignar el caso a un juez de instancia había sido
delegada por el Juez Presidente al Juez Administrador
Regional de Humacao.
Continúa exponiendo la mayoría que “[e]l foro con
aludida era únicamente ese Tribunal de Primera Instancia
del cual el juez en cuestión [Soler Aquino] no formaba
parte ya. Ausente una designación expresa para tal fin del
Juez Presidente del Tribunal Supremo estaba impedido de
participar de nuevo en el caso como si aún fuese un juez
8 Sobre este particular, la Regla 64 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, dispone:
Si por razón de muerte, enfermedad, o por cualquier otra razón, un juez no pudiere continuar entendiendo en un asunto, otro juez podrá actuar en su lugar; pero si éste se convenciere de que no puede desempeñar dichos deberes, sin la celebración de un nuevo juicio sobre todos o parte de los hechos o sin oír nuevamente a algún testigo, podrá tomar las medidas del foro de instancia. Sencillamente, ya no era juez de
ese foro. Su segunda intervención en el caso de autos fue,
pues, totalmente carente de la autorización necesaria para
ello.” Aunque coincidimos con la conclusión de la mayoría
antes citada, consideramos prudente abundar un poco más
sobre la misma y así despejar cualquier duda al respecto.
Así pues, no se trata de una falta de competencia, ya que
el tribunal competente era precisamente el Tribunal de
Primera Instancia, Sala Superior de Humacao, el mismo que
resolvió finalmente el caso atendiendo el mandato del
Tribunal de Circuito. El problema era que el juez que
pretendió atender el mandato del Tribunal de Circuito de
modificación de la sentencia, el Juez Soler Aquino, no
tenía facultad para ello, pues ni el Juez Presidente ni una
persona delegada por éste le habían asignado el caso para
que atendiera este incidente. Cabe destacar que la mayoría
hace hincapié en el hecho procesal de que cuando el Juez
Soler Aquino resolvió el caso modificando la sentencia,
había pendiente una moción de reconsideración sobre la
orden dictada por el Juez Amorós Álvarez refiriendo el caso
al Juez Soler Aquino. La moción de reconsideración había
sido acogida (considerada) y señalada para vista. Ahora
bien, el que estuviera pendiente y acogida la moción de
reconsideración, no le impedía al tribunal de instancia, a
través de un juez debidamente designado para atender el
caso, reconsiderar motu proprio tácitamente sus actuaciones
anteriores y dejar sin efecto la vista señalada y atender
que fueren necesarias para resolver el el mandato de modificación en los méritos, según lo hizo el
Juez Soler Aquino.
Estamos de acuerdo con la mayoría en que “[e]l hecho de
Tribunal General de Justicia no significa que cada juez de
dicho Tribunal tiene carta blanca para ejercer su
ministerio en cualquier caso.”
En resumen el problema en el caso de autos es uno de
administración, no de competencia. La prerrogativa
constitucional de administrar los tribunales le corresponde
al Juez Presidente quien la puede ejercer directamente o
indirectamente delegando en otras personas. Parte
importante de esta facultad de administrar es la de asignar
los jueces a las distintas salas que han quedado
constituidas por demarcación territorial y/o materia o
cuantía; y luego asignar a estas salas los casos que serán
atendidos por estos jueces. Según indicamos anteriormente,
el Juez Presidente, puede además asignarle a cualquier juez
del sistema un caso en particular o algún incidente dentro
de un caso. El Juez designado puede ser un Juez o Jueza
del Tribunal de Circuito o del tribunal de instancia, ya
fuere Juez Superior o Municipal, dependiendo del criterio
administrativo del Juez Presidente sobre las necesidades
del servicio que presta la Rama Judicial.
Los jueces sólo pueden actuar en aquellos casos que le
fueren debidamente asignados. La norma citada por el
pleito. Tribunal de Circuito de que el juez que preside un juicio
en el foro unipersonal de instancia debe participar hasta
el final en el caso en el que presidió en el juicio,
resulta ser uno de los criterios que aquellos que
administran el sistema tomarán en consideración al asignar
los diferentes incidentes que se susciten en el mismo.
Por las razones antes expuestas entendemos que ni el
Juez Amorós Álvarez tenía facultad para referirle el caso
de autos al Juez Soler Aquino, ni este último tenía
facultad para resolver el incidente de la modificación. La
facultad constitucional de asignar el caso le correspondía
y sólo la podía ejercer el Juez Presidente. Esto lo podía
hacer directa o indirectamente. En el caso de autos la
ejerció indirectamente cuando el Juez Administrador
Regional, Centro Judicial de Humacao, asignó el incidente
de la modificación a la Sala Superior donde se desempeñaba,
previa designación oficial, el Juez Superior Amorós
Álvarez. Éste, sin embargo, sin autorización del Juez
Presidente pretendió ejercer las prerrogativas
constitucionales del Juez Presidente, refiriéndole el caso
al Juez Soler Aquino para que éste atendiera el incidente
de la modificación en los méritos. Esta actuación no tuvo
el efecto de facultar al Juez Soler Aquino a entender en el
caso nuevamente. Sin autorización previa de la persona que
tiene la prerrogativa constitucional de asignar casos a
jueces, a tenor con la facultad de administrar que le
otorga la Constitución, el Juez Soler Aquino no tenía ni
facultad ni poder judicial para resolver el mandato del Tribunal de Circuito sobre la modificación de la sentencia.
Cualquier determinación sobre este particular resultaba
nula.
Miriam Naveira de Rodón Jueza Asociada