Juan G. Rodriguez Y Otros v. Hector R. Rivera Y Otros

2001 TSPR 171

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: December 12, 2001
• Docket: CC-1998-0976
• Status: Published

Opinion

CC-98-251 - 1 –

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Juan G. Rodríguez y otros Querellantes-Recurridos Certiorari

v. 2001 TSPR 171

Héctor R. Rivera y otros 155 DPR ____ Querellados-Peticionarios

Número del Caso: CC-1998-976

Fecha: 12/diciembre/2001

Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional I

Juez Ponente: Hon. Angel González Román

Abogada de la Parte Peticionaria: Lcda. Claribel Ortiz Rodríguez

Abogado de la Parte Recurrida: Lcdo. Javier Rodríguez Velázquez

Materia: Reclamación de Salarios

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TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Juan G. Rodríguez y otros

Querellantes-Recurridos

v. CC-1998-976 Certiorari

Héctor R. Rivera y otros

Querellados-Peticionarios

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 12 de diciembre de 2001.

Nos corresponde determinar si erró el Tribunal de

Circuito de Apelaciones al resolver que procedía

separar varias causas de acción instadas en una

querella laboral para que unas fueran consideradas de

forma sumaria al amparo de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre

de 1961, 32 L.P.R.A. secs. 3118 et seq., [en adelante,

Ley Núm. 2], y otras de forma ordinaria. Asimismo,

debemos resolver si incidió dicho foro apelativo al

determinar que procedía anotar la rebeldía a los

querellados en relación a la causa de acción que ordenó

fuese tramitada de forma sumaria. CC-98-251 - 3 –

Resolvemos que procede tramitar todas las causas de acción instadas

en la querella laboral de forma ordinaria y que, conforme a los hechos

del presente caso, procede dejar sin efecto la anotación de rebeldía

efectuada contra los querellados.

I

En 1998, Juan G. Rodríguez, Ramón Pimentel y Samuel Carrión,

empleados gerenciales de la Autoridad Metropolitana de Autobuses [en

adelante, A.M.A.], presentaron una querella contra ésta y contra Héctor

R. Rivera, Fernando Pérez, Santos M. Delgado y Alfredo Lugo, oficiales

de la A.M.A. Los querellantes reclamaron el pago de salarios a los que

alegaron tener derecho y reclamaron indemnización por daños ocasionados

por actos que, a su juicio, eran constitutivos de discrimen político.

Todos los oficiales querellados fueron demandados tanto en su carácter

personal como en su carácter oficial. Además, fueron demandadas sus

respectivas sociedades legales de gananciales. Finalmente, los

querellantes solicitaron tramitar el proceso al amparo del cauce sumario

que provee la Ley Núm. 2.

Luego de emplazados, los querellados A.M.A., Héctor R. Rivera,

Santos M. Delgado y Alfredo Lugo, comparecieron oportunamente al tribunal

de instancia y solicitaron una prórroga para contestar la querella. Según

surge del documento que presentaron con ese propósito en el tribunal de

instancia, su comparecencia a dicho foro fue realizada en su carácter

oficial. 1 Además, informaron al tribunal que habían solicitado

representación legal al Secretario de Justicia, según lo contempla el

Art. 12 de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, (conocida como la "Ley

1 El co-querellado Fernando Pérez solicitó una prórroga para contestar al tribunal en una solicitud independiente formulada por derecho propio. CC-98-251 - 4 –

de Reclamaciones y Demandas contra el Estado"), según fue incorporado

por la Ley Núm. 9 de 26 de noviembre de 1975, 32 L.P.R.A. sec. 3085, [en

adelante Ley Núm. 9], para propósitos del trámite judicial que se seguiría

contra ellos en su carácter personal. El foro de instancia concedió la

prórroga.

Eventualmente, los querellados --A.M.A., Rivera, Delgado y Lugo--,

contestaron la reclamación en su carácter oficial dentro del término de

prórroga concedido por el foro de instancia. En esa ocasión, solicitaron

que la reclamación fuese tramitada de forma ordinaria, toda vez que,

a su juicio, comprendía controversias de naturaleza compleja que sólo

podrían ser adjudicadas cabalmente en un juicio ordinario.

Varios días después de formulada esta solicitud, los empleados

querellantes solicitaron al foro de instancia que declarara y anotara

la rebeldía a los querellados. Como fundamento para ello, adujeron que

la prórroga fue concedida contra los querellados en su carácter oficial

y no en su carácter personal y que por ello, debieron responder la querella

en su carácter personal dentro del término original que establece la Ley

Núm. 2.2 En la alternativa, indicaron, además, que procedía anotarles la

rebeldía en su carácter personal bajo los términos ordinarios.

Luego de varios trámites procesales, el tribunal de instancia denegó

la solicitud de anotación de rebeldía. Decidió tramitar la querella por

la vía ordinaria y concedió a los querellados un término adicional de

10 días para que contestaran la demanda en su carácter personal. Al

respecto, el foro de instancia expresó lo siguiente:

2 Asimismo, adujeron que el querellante Fernando Pérez solicitó y se le concedió una prórroga para contestar de veinte días y dicho término había vencido sin que compareciera al foro de instancia. No obstante, el señor Pérez no ha comparecido ante este Foro. CC-98-251 - 5 –

[...] la complejidad del caso amerita un amplio descubrimiento de prueba, máxime cuando existen alegaciones de discrimen por razones políticas alegadamente [sic] reflejadas en aumento de sueldo para algunos empleados militantes de cierto partido y denegados para los militantes del otro, así como las restantes prácticas discriminatorias alegadas en la demanda.

3. Denegamos la solicitud de anotación de rebeldía de los funcionarios en su carácter personal. Ante nuestro deber de armonizar los intereses de las partes y los diferentes estatutos en vigor, resulta imposible exigirle al Secretario de Justicia que realice una investigación responsable en el término provisto en la Ley [Núm.] 2 [...]. Apéndice de la Petición de certiorari, en las págs. 120-121.

No conformes con esta decisión, los querellantes acudieron al

Tribunal de Circuito de Apelaciones, el cual revocó al tribunal de

instancia. En síntesis, el foro apelativo resolvió que la reclamación

salarial debía ser tramitada de forma sumaria y la reclamación por alegado

discrimen político debía ser considerada en un proceso ordinario.

Finalmente, dejó sin efecto la prórroga para contestar la querella que

concedió el foro de instancia y ordenó la anotación de rebeldía contra

los querellados en su carácter personal en relación a las reclamaciones

salariales. En este sentido, el foro apelativo separó las reclamaciones

para que fuesen tramitadas en dos procesos distintos, uno sumario y otro

ordinario, y anotó la rebeldía de los querellados con relación al proceso

que resolvió, debía ser resuelto de forma sumaria.

Una moción de reconsideración fue declarada No Ha Lugar. De esta

determinación, los querellados A.M.A., Héctor R. Rivera, Santos M.

Delgado y Alfredo Lugo acudieron ante esta Curia mediante recurso de

certiorari en el que solicitaron que revocáramos al Tribunal de Circuito

de Apelaciones y reinstaláramos la decisión del tribunal de instancia.

Luego de evaluar sus planteamientos, emitimos una resolución en la

que instruimos a los querellantes a que en un término no mayor de veinte

días mostraran causa por la cual no debíamos revocar la sentencia emitida CC-98-251 - 6 –

por el Tribunal de Circuito de Apelaciones "con excepción de la

modificación hecha en dicha sentencia respecto a la causa de acción por

discrimen".

Con la comparecencia de los querellados mediante el vehículo

procesal de mostración de causa, resolvemos según lo intimado.

II

De entrada, es preciso aclarar que no nos encontramos ante una

situación procesal cobijada por la norma de autolimitación judicial que

establecimos en Dávila v. Antilles Shipping, Inc., res. 12 de febrero

de 1999, 99 T.S.P.R. 12, 147 D.P.R.___ (1999), en términos de que las

decisiones interlocutorias del Tribunal de Primera Instancia emitidas

en procesos tramitados al amparo de la Ley Núm. 2, no son revisables,

excepto cuando sean emitidas sin jurisdicción o cuando los fines de la

justicia requieran la intervención del foro apelativo. Id.; Ruiz Rivas

v. Colegio San Agustín, res. 5 de octubre de 2000; 2000 TSPR 147; 152

D.P.R___ (2000).

En primer lugar, la norma allí establecida tuvo efecto prospectivo

en relación a todos los recursos presentados en el Tribunal de Circuito

de Apelaciones o ante este Tribunal, a partir del 12 de febrero de 1999.

El caso de autos fue presentado ante esta Curia el 3 de diciembre de 1998,

y en el Tribunal de Circuito de Apelaciones en una fecha anterior a ésta,

lo que excluye la aplicación de dicha norma. Ruiz Rivas v. Colegio San

Agustín, supra.

En segundo lugar, aunque el presente caso haya sido tramitado

inicialmente de forma sumaria, la decisión objeto de revisión consiste

precisamente en continuar el trámite judicial de forma ordinaria. En este

sentido, con dicha decisión cesó la aplicación de las disposiciones CC-98-251 - 7 –

procesales de la Ley Núm. 2 y, en consecuencia, la norma de autolimitación

judicial establecida en Dávila v. Antilles Shipping, Inc., supra, se

tornó, a su vez, inaplicable. Nótese que esta norma tiene como finalidad

evitar que el trámite que establece la Ley Núm. 2 pierda su esencia

sumaria. Resulta lógico, por lo tanto, que ante una decisión

interlocutoria de los foros de instancia de encauzar una reclamación de

índole laboral de forma ordinaria, la parte querellante tenga a su

disposición los mecanismos de revisión que, en los casos apropiados,

permitirían revertir el trámite judicial al proceso sumario.

Aclarado lo anterior, examinemos las controversias que tenemos ante

nuestra consideración.

III

La correcta adjudicación de las controversias que plantea este caso,

requiere que repasemos las normas establecidas por este Tribunal con

relación al proceso sumario que establece la Ley Núm. 2, particularmente

en el contexto de reclamaciones laborales complejas o que involucran

varias causas de acción.

En Rivera Rivera v. Insular Wire Products, Corp., 140 D.P.R.912

(1996), nos expresamos en torno a la aplicabilidad y alcance del proceso

sumario que establece la Ley Núm. 2 en el contexto de reclamaciones de

índole laboral en las cuales existen causas de acción cuya resolución

resulta compleja. Allí, en específico, reconocimos discreción a los

tribunales de instancia para determinar si una querella presentada por

un obrero debía ser tramitada por la vía ordinaria, aún cuando el obrero

reclamante considerara conveniente tramitarla de forma sumaria.

Destacamos que, para hacer esta determinación, los tribunales debían

hacer “un justo balance entre los intereses del patrono y los del obrero

querellante, a la luz de las circunstancias específicas de las CC-98-251 - 8 –

reclamaciones en la querella.” Rivera Rivera v. Insular Wire Products,

Corp., supra.

Al disponer de las controversias que presentaba el caso, resolvimos

que:

[e]l tribunal de instancia podrá, a la luz de los hechos que se le presenten y el desarrollo procesal del caso, dentro de su discreción, entre otras cosas, continuar ventilando la querella en su totalidad mediante el procedimiento sumario de la Ley Núm. 2; o, separar la causa de acción bajo la Ley Núm. 80 y ventilarla prioritariamente mediante el procedimiento sumario, posponiendo la consideración de las otras dos (2) causas de acción, bajo la Ley Núm. 100 y la Ley Núm. 45, y la determinación de si éstas se deben tramitar por la vía ordinaria o por el procedimiento sumario; o, establecer cualquier otro manejo del caso que sea consistente con lo aquí resuelto y propicie el cumplimiento de los propósitos de la legislación laboral y la norma cardinal procesal judicial de dispensar justicia de forma rápida y económica. Rivera Rivera v. Insular Wire, supra.

Tiempo después, en Marín Kuilán v. Teddy Díaz Fastening Systems,

Inc., 142 D.P.R. 499 (1997), al interpretar la Ley Núm. 115 de 20 de

diciembre de 1991, 29 L.P.R.A. secs. 194 et seq., en el contexto del

procedimiento sumario bajo la Ley Núm. 2, reafirmamos lo resuelto en

Rivera Rivera v. Insular Wire Products, Corp., supra. Ratificando

nuestras expresiones en Rivera Rivera, destacamos que "el procedimiento

sumario establecido por la Ley Núm. 2, supra, no es ni puede ser una carta

en blanco para la concesión de remedios a obreros que no han justificado

adecuadamente, mediante alegaciones o prueba, hechos que avalen su

derecho a lo reclamado". Id.

Finalmente, instruimos al foro de instancia a que determinara si,

conforme a lo resuelto en Rivera Rivera v. Insular Wire, supra, ciertas

reclamaciones formuladas por la allí querellante al amparo de la Ley Núm.

115, debían ser dilucidadas bajo el proceso sumario que establece la Ley

Núm. 2, o si debían ser resueltas bajo el proceso ordinario. CC-98-251 - 9 –

Por último, recientemente en Berríos Heredia v. González, res. 15

de junio de 2000; 2000 T.S.P.R. 87; 151 D.P.R.___ (2000), tuvimos la

oportunidad de considerar si una reclamación por concepto de angustias

mentales podía ser tramitada de forma sumaria. En esa ocasión reconocimos

las dificultades procesales que pudiera originar la bifurcación de las

reclamaciones laborales en un proceso sumario y otro ordinario. Siendo

conscientes de ello, resolvimos que cuando una reclamación laboral

instada bajo el proceso sumario que establece la Ley Núm. 2, planteara

varias causas de acción, una o algunas de las cuales, según el criterio

del juzgador, planteara controversias cuya resolución resultara

particularmente compleja, todas las causas de acción incluidas en la

querella debían ser tramitadas en un juicio ordinario. En esa ocasión

nos expresamos en los siguientes términos:

en aquellos procedimientos judiciales instados bajo leyes de índole laboral que, por su naturaleza particularmente compleja, como por ejemplo, cuando se reclama compensación por angustias mentales, y que, a la luz de los criterios enumerados previamente, su correcta adjudicación requiera que alguna de las reclamaciones sea adjudicada de forma ordinaria, todas las reclamaciones incluidas con ella pueden ser sustraídas del proceso sumario y ser resueltas de forma ordinaria. No obstante, cuando el tribunal opte por este curso de acción, deberá simultáneamente tomar las medidas correspondientes para que la acción o acciones incoadas se incluyan en un calendario especial para que sean atendidas con carácter prioritario. Así evitamos que la conversión del proceso perjudique el interés del obrero de que se haga una adjudicación rápida de su reclamación.

Conforme a la discusión precedente, examinemos los hechos del caso.

IV

A la luz de la orden de mostrar causa que emitimos en el caso de

autos, nuestra jurisdicción apelativa la ejercemos con el único propósito

de examinar si las causas de acción relacionadas con las reclamaciones

salariales formuladas por lo querellantes deben ser tramitadas de forma

sumaria, según lo resuelto por el foro apelativo. En este sentido, CC-98-251 - 10 –

resolvimos no intervenir con lo resuelto por el Tribunal de Circuito de

Apelaciones en torno a que la reclamación por alegado discrimen político

debía ser encauzada de forma ordinaria.

Al declinar intervenir con lo resuelto sobre este aspecto por el

foro apelativo, lo hicimos conscientes de que tal proceder era

consecuente con nuestros pronunciamientos en torno a la deseabilidad de

tramitar de forma ordinaria aquellas reclamaciones de índole laboral que

presentan controversias particularmente complejas, para las cuales el

trámite sumario que establece la Ley Núm. 2 pudiera originar perjuicio

para alguna de las partes, y más aún, para la consecución de los fines

de la justicia. Rivera v. Insular Wire, supra. A la luz de las alegaciones

de la querella que origina el presente caso, la tramitación de la

reclamación por alegado discrimen político de forma ordinaria

representaba el mejor curso de acción. Por lo tanto, al emitir la orden

de mostrar causa coincidimos con el criterio del Tribunal de Primera

Instancia y del Tribunal de Circuito de Apelaciones al respecto.

A tenor con lo anterior, nuestra jurisdicción apelativa la ejercemos

exclusivamente para revisar la sentencia emitida por el Tribunal de

Circuito de Apelaciones en aquella parte que resolvió que las

reclamaciones salariales fueran tramitadas de forma sumaria y que

resolvió dejar sin efecto la prórroga concedida a los querellados para

contestar la querella en su carácter personal, y por ende, anotarles la

rebeldía.

Una vez aclarado el alcance de nuestra intervención en el caso de

autos, resulta forzoso concluir que lo resuelto recientemente por este

Tribunal en el caso Berríos Heredia v. González, supra, dispone de la

controversia respecto a si procede tramitar las reclamaciones salariales CC-98-251 - 11 –

de forma sumaria y de forma independiente a la reclamación por discrimen

político.

Como expresamos antes, en Berríos Heredia resolvimos que cuando

alguna reclamación contenida en una querella de índole laboral que

contiene múltiples causas de acción deba ser tramitada de forma ordinaria

a la luz de los parámetros allí establecidos, las demás reclamaciones

formuladas en dicha querella debían ser sustraídas del trámite sumario,

de forma tal que todas sean adjudicadas en un proceso ordinario.

En el presente caso, conforme a la norma expuesta, la determinación

de los tribunales de instancia y apelativo, sostenida por nosotros en

ocasión de nuestra orden de mostrar causa, en torno a que la reclamación

por discrimen político debía ser tramitada de forma ordinaria, tiene como

efecto que las reclamaciones salariales del caso de autos también sean

sustraídas del proceso sumario y adjudicadas en un juicio ordinario. En

consecuencia, procede revocar la sentencia del foro apelativo en aquella

parte que resolvió lo contrario.

Resta, sin embargo, examinar la corrección de la sentencia del

Tribunal de Circuito de Apelaciones en torno a si procedía anotar la

rebeldía contra los funcionarios querellados en su carácter personal.

V

A

La querella de autos fue instada contra la A.M.A., y sus oficiales

Héctor R. Rivera, Santos M. Delgado y Alfredo Lugo, quienes fueron

demandados tanto en su carácter personal como oficial. Tanto la A.M.A.

como los coquerellados Rivera, Delgado y Lugo solicitaron oportunamente

una prórroga para contestar la querella.

El tribunal de instancia concedió la prórroga y eventualmente los

coquerellados A.M.A., Rivera, Delgado y Lugo contestaron la querella. CC-98-251 - 12 –

Su comparecencia con ese propósito fue hecha en su carácter oficial. En

esa ocasión, además, los querellados informaron al foro de instancia que

estaban realizando las gestiones para solicitar la representación del

Secretario de Justicia para propósitos de la reclamación formulada contra

ellos en su carácter personal, conforme lo establecido en la Ley Núm.

9, y solicitaron que el proceso fuese tramitado de forma ordinaria.

Apéndice de la Petición de Certiorari, en la pág. 100.

Posterior a ello, los querellantes solicitaron se anotara la

rebeldía a los coquerellados bajo el fundamento de que no habían

contestado la querella en su carácter personal dentro del término que

establecía la Ley Núm. 2. Sostuvieron que la prórroga concedida por el

tribunal de instancia lo fue exclusivamente para la comparecencia de

los querellados en su carácter oficial y no en su carácter personal.

Apéndice de la Petición de Certiorari, en la pág. 108. Días más tarde,

el Secretario de Justicia concede a los querellados la representación

legal solicitada.

B

En los procesos ordinarios, la figura de la rebeldía está regulada

en la Regla 45 de las de Procedimiento Civil. 32 L.P.R.A. R. 45, Ap. III.

Ha sido definida como "la posición procesal en que se coloca la parte

que ha dejado de cumplir un deber procesal o de ejercitar su derecho de

defenderse". Rafael Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico

215 (1999).

En el contexto específico de querellas de índole laboral tramitadas

sumariamente, la sección 4 de la Ley Núm. 2 dispone:

Si el querellado no radicara su contestación a la querella en la forma y el término dispuesto en la sec. 3120 de este título, el juez dictará sentencia contra el querellado, a instancias del querellante, concediendo el remedio solicitado. CC-98-251 - 13 –

Como puede apreciarse, la propia Ley Núm. 2 dispone el efecto que

tendrá el incumplimiento con los términos para contestar una querella.

En específico, "exige que el tribunal conceda el remedio solicitado por

la parte querellante, a menos que dentro de dicho término la parte

querellada presente una solicitud de prórroga juramentada en la que

exponga los hechos que la justifican". Ruiz Rivas v. Colegio San Agustín,

supra; Valentín v. Housing, res. el 9 de octubre de 1998, 98 TSPR 129;

146 D.P.R___ (1998); véase, Mercado Cintrón v. Zeta Communications, Inc.,

res. el 7 de abril de 1994, 135 D.P.R. 737 (1994).

Nuestro examen de los hechos del caso nos convence de que la

anotación de rebeldía contra los querellados en el caso de autos es

improcedente.

El hecho de que todas las causas de acción incluidas en la querella

laboral deban ser tramitadas de forma ordinaria, como acabamos de

resolver, implica que los términos aplicables al proceso judicial de

autos son los establecidos en las Reglas de Procedimiento Civil. Los

términos más cortos que establece la Ley Núm. 2, en los cuales el foro

apelativo basó su decisión, resultan, en consecuencia, inaplicables para

hacer una determinación en torno a si se les debe anotar la rebeldía a

los querellados, al menos en las etapas posteriores a la conversión del

proceso al trámite ordinario. Dicho lo anterior, resolvemos que no existe

razón por lo cual deba ser anotada la rebeldía a los querellados, ni bajo

una evaluación procesal a la luz de los términos de naturaleza ordinaria,

ni bajo los términos de carácter sumario.

En primer lugar, hubo una oportuna comparecencia inicial de los

querellados para solicitar una prórroga para contestar la querella. Esta

solicitud fue hecha conforme a los términos de la Ley Núm. 2. La prórroga

fue concedida y eventualmente, los querellados contestaron la querella CC-98-251 - 14 –

en su carácter oficial dentro del término de la prórroga. Su comparencia

en su carácter oficial, pues, no fue tardía o a destiempo. El propio

querellante lo reconoce, toda vez que solicita la anotación de rebeldía

exclusivamente para propósitos de la comparecencia personal. Nada

expresa con relación a la comparecencia de los querellados en su carácter

oficial.3

En segundo lugar, no podemos soslayar el hecho de que en su

comparecencia oficial los querellados notificaron al foro de instancia

que habían solicitado la representación legal del Secretario de Justicia

para propósitos de la reclamación instada contra ellos en su carácter

personal y específicamente advirtieron al tribunal que completar dicho

trámite "requiere un término en exceso de lo dispuesto en la Ley Núm.

2 [...]". Apéndice de la Petición de Certiorari, en la pág. 91.

Como se sabe, la obtención de la representación legal del Secretario

de Justicia requiere cumplir con las disposiciones estatutarias y

reglamentarias aplicables. Véase, García v. E.L.A., res 13 de octubre

de 1998, 98 T.S.P.R. 131, 146 D.P.R.___ (1998). El tiempo requerido para

ello pudiera muy bien exceder los términos existentes para contestar una

querella, tanto bajo las Reglas de Procedimiento Civil como al amparo

de la Ley Núm. 2. De hecho, conforme a la Ley Núm. 9, supra, el Secretario

de Justicia tiene hasta treinta (30) días para notificar una decisión

respecto a una solicitud de representación legal por parte de una persona

demandada. 32 L.P.R.A. sec. 3087. Ante ello, la aplicación estricta de

los términos ordinarios o los sumarios de la Ley Núm. 2, para propósitos

de la anotación de rebeldía de un funcionario público que ha decidido

3 Nuestros pronunciamientos toman en consideración exclusivamente el trámite procesal seguido por los coquerellados A.M.A., Rivera, Delgado y Lugo. Como señalamos antes, el coquerellado Fernando Pérez, no fue parte en el presente recurso de certiorari. CC-98-251 - 15 –

acogerse a los beneficios que provee la Ley Núm. 9, luego de que ha

comparecido al tribunal oportunamente en su carácter oficial, no puede

ser refrendada por este Tribunal. La posibilidad que el ordenamiento

jurídico reconoce a un funcionario público de obtener representación

legal del Secretario de Justicia y de que el Estado satisfaga la

indemnización que en su día una parte demandada deba pagar no puede ser

menoscabada por una interpretación rígida de los trámites procesales

ordinarios o los sumarios de la Ley Núm. 2. Corresponde a los tribunales

atemperar los intereses involucrados en ambos estatutos de forma tal que

se salvaguarden los derechos de las partes.

A la luz de todo lo anterior, se expide el auto solicitado y se dicta

Sentencia dejando sin efecto la anotación de rebeldía ordenada por el

Tribunal de Circuito de Apelaciones en el caso Juan G. Rodríguez y otros

v. Héctor R. Rivera y otros, Civil Núm. KLCE9800852.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del

Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Naveira de Rodón emitió Opinión

Disidente. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri disiente sin opinión

escrita.

Isabel Llompart Zeno Secretaria del Tribunal Supremo CC-98-251 - 16 –

Juan. G. Rodríguez y otros

Recurridos

v. CC-1998-976 Héctor R. Rivera y otros Peticionarios

Opinión disidente emitida por la Juez Asociada señora NAVEIRA DE RODÓN

San Juan, Puerto Rico, a 12 de diciembre de 2001

El recurso de epígrafe plantea la delicada cuestión sobre

si, una vez un tribunal determina que una acción laboral en daños

y perjuicios por discrimen político planteada dentro de un

pleito de reclamación de salarios debe ser tramitada por la vía

ordinaria, es compulsorio que las demás reclamaciones de índole

propiamente laboral incluidas en la acción también se ventilen

por la vía ordinaria, o si éstas pueden tramitarse por el

procedimiento sumario establecido en la Ley Núm. 2 de 17 de

octubre de 1961, 32 L.P.R.A. § 3118 et seq (en adelante Ley 2). Por entender que los tribunales tienen discreción para separar la

acción laboral de daños y perjuicios de la reclamación laboral

propiamente, de manera que la primera se ventile por la vía ordinaria y

la segunda se tramite sumariamente al amparo de la Ley 2, y entender además

que la mayoría de este Tribunal ha aplicado e interpretado incorrectamente

el alcance de nuestros pronunciamientos en Berríos v. González et al, res.

el 15 de junio de 2000, 151 D.P.R. (2000), 2000 T.S.P.R. 87, 2000 JTS

102, disentimos.

Este caso comenzó con una querella radicada por los señores Juan G.

Rodríguez, Ramón Pimentel y Samuel Carrión (en adelante querellantes o

recurridos), todos ellos empleados gerenciales de la Autoridad

Metropolitana de Autobuses (en adelante AMA), contra la AMA, y los señores

Héctor R. Rivera,4 Santos M. Delgado5, Alfredo Lugo6 y Fernando Pérez7 (en

adelante querellados o peticionarios). Éstos fueron demandados en su

carácter oficial y en su carácter personal.

La querella se presentó el 22 de abril de 1998 al amparo del

procedimiento sumario establecido en la Ley 2. Los querellantes alegaron

no haber recibido aumento de sueldo durante los siete (7) años anteriores

a la presentación de la querella, en violación a la Ley de Retribución

Uniforme, Ley Núm. 89 de 12 de julio de 1979, 3 L.P.R.A. § 760(a) et seq,

(en adelante Ley 89 o Ley de Retribución Uniforme), y que no habían recibido

paga por trabajo realizado durante el periodo de tomar alimentos, en

violación a la Ley sobre la Jornada de Trabajo en Puerto Rico, Ley Núm.

379 de 15 de mayo de 1948, según enmendada, 29 L.P.R.A. § 271 et seq (en

adelante Ley 379).

4 Presidente y gerente general de la AMA 5 Vice-presidente de Área, Programación y Servicio de la AMA 6 Director de Relaciones Industriales 7 Ayudante del Presidente Los querellantes también adujeron que no se les había aumentado el

sueldo ni se les había ascendido de puesto en la AMA debido a que su

afiliación política era distinta a la de los querellados, mientras que

otros empleados gerenciales, identificados con la afiliación política de

la autoridad nominadora, sí habían recibido ascensos y aumentos de sueldo

durante ese periodo. Alegaron que estas acciones constituyeron discrimen

por ideas políticas, en violación a la Constitución del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico y la Ley Anti-Discrimen, Ley Núm 100 de 30 de junio

de 1959, 29 L.P.R.A. § 146 et seq, y les causaron a los querellantes daños,

sufrimientos y angustias mentales por la cantidad de $100,000.

Todos los querellados, con excepción del Sr. Fernando Pérez,

solicitaron bajo juramento al tribunal, el 28 de abril de 1998, una

prórroga de 30 días para contestar la querella. En la solicitud hicieron

constar que estaban compareciendo en su carácter oficial, y que, en cuanto

a la reclamación en su carácter personal, habían solicitado la

representación legal del Secretario de Justicia, de acuerdo con la Ley

Núm. 9 de 26 de noviembre de 1975, 32 L.P.R.A. § 3085 et seq (en adelante

Ley 9). La prórroga les fue concedida el 5 de mayo de 1998.

Por su parte, el Sr. Fernando Pérez compareció, por derecho propio,

el 8 de mayo de 1998, mediante escrito titulado “Comparecencia especial

y solicitud de prórroga”. En dicho escrito solicitó bajo juramento una

prórroga de 20 días para contestar la querella. Señaló además que había

solicitado representación del Secretario de Justicia al amparo de la Ley

9 y que, a la fecha de su comparecencia ante el tribunal, no había recibido

contestación del Departamento de Justicia. El 13 de mayo de 1998, el

tribunal le concedió la prórroga solicitada, advirtiéndole que antes de

vencerse la misma, debía informar al tribunal y si fuese necesario,

solicitar otra prórroga bajo juramento.

Así las cosas, el 2 de junio de 1998 la AMA y los demás querellados,

con excepción del Sr. Fernando Pérez, contestaron la querella. En su

contestación negaron la mayor parte de las alegaciones de los

querellantes, incluyendo los daños alegados. Señalaron además que la Ley 2 no era de aplicación al caso, y que por tratarse de una reclamación

compleja, ésta debía tramitarse bajo las normas del procedimiento civil

ordinario, y no bajo el trámite sumario establecido en la Ley 2. En

consecuencia, solicitaron al tribunal que declarase no ha lugar la

querella y ordenase la tramitación del caso por la vía ordinaria.

Por su parte, el 8 de junio de 1998, los querellantes solicitaron

que se anotara la rebeldía contra el Sr. Fernando Pérez, por éste haber

solicitado prórroga fuera del término de 10 días que establece la Ley 2

para contestar la querella o solicitar una prórroga, y por no haber

comparecido ante el tribunal dentro de la prórroga de 20 días que el

Tribunal le concedió. Los querellantes también solicitaron que se

anotara la rebeldía a los demás querellados en su carácter personal, por

éstos no haber contestado la querella en dicho carácter dentro del término

de 10 días establecido en la Ley 2.

Luego de varios trámites procesales, el 2 de julio de 1998, el

tribunal de instancia emitió una resolución en la cual declaró con lugar

la solicitud de los querellados de tramitar el caso por la vía ordinaria,

debido a que “la complejidad del caso amerita un amplio descubrimiento

de prueba, máxime cuando existen alegaciones de discrimen por razones

políticas”. 8 Además, el tribunal se negó a anotar la rebeldía a los

querellados en su carácter personal, y les concedió a éstos un término

adicional de 10 días para contestar la demanda.9

De esta determinación, los querellantes presentaron recurso de

certiorari ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones (en adelante

Tribunal de Circuito). Dicho foro determinó que la reclamación laboral

en daños por discrimen político debía ser tramitada por la vía ordinaria.

No obstante, con respecto a las reclamaciones de salarios bajos las Leyes

89 y 379, concluyó que éstas debían tramitarse mediante el procedimiento

8 Resolución y orden, pág. 1, inciso 2. 9 Todos los querellados, incluyendo al Sr. Fernando Pérez, contestaron la demanda en su carácter personal el 6 de julio de 1998. sumario de la Ley 2. Por último, determinó que procedía anotar la rebeldía

a todos los querellados en su carácter personal.

Los querellados radicaron moción de reconsideración, la cual fue

denegada. Inconformes, la AMA y los señores Héctor R. Rivera, Santos M.

Delgado y Alfredo Lugo recurrieron ante nos mediante recurso de

certiorari.10 Alegaron, en síntesis, que el Tribunal de Circuito erró al

determinar que la reclamación laboral debía tramitarse bajo la Ley 2, y

al ordenar la anotación de rebeldía a los querellados en su carácter

personal.

El 12 de febrero de 1999, dictamos una orden dirigida a los

querellantes-recurridos, para que mostraran causa por la cual no debía

revocarse la sentencia recurrida con excepción de la determinación hecha

en dicha sentencia respecto a que la causa de acción por discrimen se

tramitara por la vía ordinaria. Oportunamente éstos comparecieron, y

estando en posición de resolver, el Tribunal procedió a así hacerlo. La

mayoría determinó que todas las reclamaciones de la querella debían

tramitarse por la vía ordinaria, incluyendo aquéllas que son de carácter

exclusivamente laboral por concepto de salarios dejados de percibir.

Consideramos que este curso de acción está en contra de las disposiciones

de la Ley 2 y su jurisprudencia interpretativa, por lo cual disentimos.

La Ley 2 establece un procedimiento de carácter sumario para los casos

en que “un obrero o empleado tuviere que reclamar de su patrono cualquier

derecho o beneficio, o cualquier suma por concepto de compensación por

trabajo o labor realizados para dicho patrono, o por compensación en caso

de que dicho obrero o empleado hubiere sido despedido de su empleo sin justa

causa...”. 32 L.P.R.A. § 3118. Esta ley “provee un mecanismo procesal

sumario mediante el cual se persigue lograr la rápida consideración y

adjudicación de querellas presentadas por empleados u obreros contra sus

10 El Sr. Fernando Pérez no fue parte del recurso presentado ante este Tribunal. patronos.” Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 D.P.R. 912, 921

(1996); Rodríguez v. Syntex P.R., Inc., res. el 21 de junio de 1999, 148

D.P.R. (1999), 99 T.S.P.R. 97, 99 JTS 99, 1197.

Al resolver controversias en relación con la Ley 2, siempre hemos tomado

en consideración los objetivos del procedimiento sumario en ella dispuesto.

Hemos indicado que “la naturaleza de este tipo de reclamación exige celeridad

en su trámite para así alcanzar los propósitos legislativos de proteger el

empleo, desalentar el despido sin justa causa y proveer al obrero así

despedido recursos económicos entre un empleo y otro.” Rodríguez v. Syntex

P.R., Inc., supra, 1197. Reiteradamente hemos expresado que "[l]a esencia

y médula del trámite fijado para casos sobre reclamaciones de salarios

consagrado en la Ley Núm. 2 constituye el procesamiento sumario y su rápida

disposición. Desprovisto de esta característica, resulta un procedimiento

ordinario más...". Díaz v. Hotel Miramar Corp., 103 D.P.R. 314, 316 (1975);

Mercado Cintrón v. Zeta Com., Inc., 135 D.P.R. 737, 742 (1994); Srio. del

Trabajo v. J.C. Penney Co., Inc., 119 D.P.R. 660, 665 (1987); Rodríguez v.

Syntex P.R., Inc., supra, 1197.

Como vemos, este Tribunal ha sido enfático respecto a la importancia

de fortalecer el carácter sumario de las reclamaciones laborales al amparo

de la Ley 2, de manera que el obrero o empleado pueda tramitar con celeridad

su reclamación de salarios y ver así vindicados sus derechos. Es por esta

razón que, de acuerdo con la ley, hemos sido estrictos al exigir el

cumplimiento específico con los términos expeditos establecidos en ésta.

Así, resolvimos en Díaz v. Hotel Miramar Corp., supra, que los tribunales

no tienen jurisdicción para considerar una solicitud de prórroga radicada

tardíamente, y que no es necesario el requisito de notificación previa para

dictar sentencia en rebeldía cuando una parte no ha contestado la querella

dentro de los términos establecidos en la Ley 2. También hemos validado

la exigencia de que el patrono presente todas las defensas afirmativas que

tenga en una sola alegación responsiva, para así evitar “que el patrono

dilate innecesaria y viciosamente los procedimientos”. Srio. del Trabajo

v. JCPeneny Co., Inc., supra, pág. 670. Además determinamos que las decisiones interlocutorias de los tribunales de instancia en casos que se

ventilan bajo la Ley 2 no son revisables excepto cuando éstas sean dictadas

sin jurisdicción o cuando los fines de la justicia lo requieran. Dávila

v. Antilles Shipping, Inc., res. el 12 de febrero de 1999, 147 D.P.R. (1999),

99 T.S.P.R. 12, 99 JTS 10.11

Sin embargo, el patrono no está desprovisto de remedios bajo la Ley

2. Una vez más reiteramos que el procedimiento sumario, "no es, ni puede

ser, una carta en blanco para la concesión de remedios a obreros que no han

justificado adecuadamente, mediante alegaciones o prueba, hechos que avalen

su derecho a lo reclamado". Díaz v. Hotel Miramar Corp., supra, pág, 324;

Rivera v. Insular Wire Corp., supra, pág. 928. Lo verdaderamente

fundamental en estos casos es salvaguardar, en la medida de lo posible, el

carácter sumario del procedimiento de reclamación laboral, sin perder de

vista que el trámite sumario fue diseñado para favorecer más al obrero que

al patrono, en razón de la inequidad económica entre éstos, pero sin privar

al patrono de su derecho a defenderse adecuadamente. Véase Rivera v.

Insular Wire Corp.,supra, págs. 922-923.

Por otra parte, también hemos resuelto que existen ciertas

reclamaciones laborales que, por su naturaleza compleja, deben tramitarse

por la vía ordinaria. En Hernández v. Espinosa, res. el 3 de abril de 1998,

145 D.P.R. (1998), 98 T.S.P.R. 40, 98 JTS 41, nota 23, resolvimos que

el tribunal “al confrontarse con una demanda en la que se han incluido varias

reclamaciones al amparo de distintas leyes laborales, [puede] separarlas,

y resolver algunas por el procedimiento sumario de la Ley Núm. 2, supra,

como por ejemplo, la reclamación bajo la Ley Núm. 80, mientras continúa con

las otras, que pueden ser más complicadas, por la vía ordinaria”. En este

sentido, expresamos que:

[L]os tribunales, al confrontarse con querellas o demandas con causas de acción y partes múltiples, tienen amplia discreción sobre el manejo del caso con el propósito de lograr la resolución de éste

11 Como bien señala la opinión mayoritaria, esta norma no es aplicable al caso de autos, ya que el recurso de certiorari que nos ocupa fue presentado el 3 de diciembre de 1998, y la norma de Dávila, adoptada con carácter prospectivo, es aplicable a recursos de certiorari radicados a partir del 12 de febrero de 1999. de la forma más justa, rápida y económica posible. Pueden separar causas de acción o controversias, consolidar trámites, determinar a la luz de las circunstancias de cada caso, si se trata de controversias sencillas que cualifican para verse por un trámite sumario especial o si se trata de casos complicados o complejos que deben proceder por la vía ordinaria y hasta de ser objeto de un manejo especial. Rivera v. Insular Wire Products Corp., supra, pág. 929; Piñero v. A.A.A., res. el 23 de octubre de 1998, 146 D.P.R. (1998), 98 T.S.P.R. 141, 98 JTS 140, a la pág. 215.

Como vemos, en el ejercicio de su discreción, el tribunal tiene facultad

para separar reclamaciones hechas bajo varias leyes laborales, de acuerdo

a su complejidad, de manera que unas se tramiten mediante la vía ordinaria

y otras, bajo el procedimiento sumario.

Ahora bien, en Berríos v. González et al, supra, por primera vez tuvimos

la oportunidad de examinar si procedía o no excluir del trámite sumario una

reclamación de daños y perjuicios por angustias mentales que formaba parte

de un pleito de reclamación de salarios instado bajo la Ley 2. Allí

resolvimos que, como de ordinario, una reclamación por angustias mentales

requiere un amplio descubrimiento prueba, tanto para establecer los méritos

de la reclamación como para poder defenderse adecuadamente de ésta, los

tribunales tenían discreción para decidir si dicha reclamación se tramitaba

bajo la Ley 2 o si por el contrario, debía verse por la vía ordinaria.

En ese caso expresamos que “una determinación de que una querella

laboral que contiene una reclamación por concepto de angustias mentales no

puede ser adjudicada por la vía sumaria, de ordinario, hace necesario que

las demás reclamaciones formuladas en la querella también sean sustraídas

del procedimiento sumario....” Berríos v. González et al, supra, pág 1301

Este lenguaje parece indicar que una vez se hace la determinación de que

la reclamación en daños por angustias mentales se tramitará por la vía

ordinaria, las reclamaciones laborales también deben ser sustraídas del

trámite sumario.

No obstante, nuestra conclusión específica en ese caso fue que:

[E]n aquellos procedimientos judiciales instados bajo leyes de índole laboral que, por su naturaleza particularmente compleja, como por ejemplo, cuando se reclama compensación por angustias mentales, y que... su correcta adjudicación requiera que alguna de las reclamaciones sea adjudicada de forma ordinaria, todas las reclamaciones incluidas con ella pueden ser sustraídas del proceso sumario y ser resueltas de forma ordinaria. Berríos v. González et al, supra, pág 1301.

Nuestros pronunciamientos en Berríos no tienen el alcance que la

mayoría pretende darles. A la luz de este caso, el tribunal tiene discreción

para separar la causa de acción por angustias mentales de la reclamación

salarial, y tramitarla por la vía ordinaria. Esto no significa que sea

obligatorio que al separar la acción laboral en daños para tramitarla por

la vía ordinaria, automáticamente la reclamación laboral propiamente tenga

que verse bajo las normas del procedimiento civil ordinario. El tribunal

puede separar la causa de acción laboral en daños de la reclamación laboral

propiamente, sin que venga obligado a remover la reclamación laboral

propiamente de un procedimiento a otro.

El efecto práctico de la interpretación de la mayoría, a los efectos

de que Berríos hace obligatorio que la reclamación laboral se tramite por

la vía ordinaria una vez se determina que la acción en daños y perjuicios

incluida en la reclamación debe verse mediante el trámite ordinario, será

que cuando el obrero tenga una reclamación laboral bona fide, y además, una

causa de acción en daños por angustias mentales, la reclamación laboral no

podrá tramitarse bajo el procedimiento sumario, a pesar de las graves

necesidades económicas que pueda tener el obrero, ya que, como regla general,

las acciones en daños son complejas, requieren un amplio descubrimiento de

prueba y por ende, tardan más. Este resultado no es compatible con el

propósito de la Ley 2 y la interpretación que este Tribunal consistentemente

ha hecho de la misma.

Nada impide que los tribunales, en el ejercicio de su discreción,

tramiten las reclamaciones de laborales propiamente bajo la Ley 2, y la

acción laboral en daños bajo las reglas del procedimiento civil ordinario.

No podemos perder de vista que la reclamación laboral propiamente no deja

de serlo porque la querella incluya una acción en daños y perjuicios que

surja bajo alguna ley laboral. Si bien es cierto que, como muy bien

indicamos en Berríos, tramitar una reclamación por la vía ordinaria y otra

por la vía sumaria podría implicar una duplicación de procedimientos, y además ser desventajoso para el patrono por éste tener que comparecer y

defenderse en dos procedimientos distintos, no es menos cierto que estas

desventajas son considerablemente menores en relación con las implicaciones

que tiene para el obrero la interpretación que hace la mayoría en este caso.

Para todos los efectos, si el obrero tiene contra su patrono una

reclamación laboral propiamente, como por ejemplo, una en concepto de

salarios dejados de percibir, y además una reclamación en daños y perjuicios

por angustias mentales que surja bajo una ley laboral, y decide presentar

ambas acciones, esto implicaría una renuncia tácita del obrero a que su

reclamación laboral propiamente se tramite bajo la Ley 2. En definitiva,

si el obrero interesa acogerse al procedimiento sumario, tendrá que optar

por no presentar su acción laboral en daños y perjuicios, ante la posibilidad

de ver postergado el pago de los salarios o beneficios a los que pueda tener

derecho en virtud del trámite ordinario por el cual se encausará la acción

en daños.

La interpretación que hace la mayoría del alcance de Berríos limita

sustancialmente los derechos del obrero, sobretodo tomando en consideración

que, por lo general, los hechos en los cuales se fundamentan las acciones

en reclamación de salarios son de fácil comprobación por parte del patrono,

razón por la cual no se justifica que dichas reclamaciones se tramiten por

la vía ordinaria. Véase Sierra v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 554 (1959).12

Promover la economía procesal es encomiable y necesario, pero en aras de

ésta no debemos lesionar los derechos legítimos de las partes en el litigio.

Esto es especialmente importante en casos bajo la Ley 2, cuyo trámite sumario

persigue proveer al obrero “unos medios económicos para la subsistencia de

éste y su familia en la etapa de transición entre empleos.” Rivera v.

Insular Wire Products Corp., supra, pág. 923.

12 En este caso, al considerar la procedencia del uso de interrogatorios por parte del patrono para descubrir prueba, tomamos en consideración el hecho de que “los demandados en esos casos tenían en sus propios récords toda la información requerida de los obreros, o podían adquirirla fácilmente mediante una investigación adecuada de un pequeño número de empleados.” Sierra v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 554, 563. Particularmente en casos como el de autos, no tiene justificación de

clase alguna el que se tramite la reclamación laboral propiamente por la

vía ordinaria. Aquí, los hechos en que se fundamenta la acción de discrimen

son independientes de las reclamaciones de índole laboral propiamente hechas

por los empleados querellantes. En este caso, si se prueba que los empleados

querellantes efectivamente trabajaron durante el periodo de tomar

alimentos, y que cumplían con los requisitos para aumentos de sueldo de

acuerdo al principio de retribución uniforme, éstos tendrán derecho a

recibir las sumas adeudadas, independientemente de que se pruebe o no que

existió el discrimen por ideas políticas que ellos alegan les causó

sufrimientos y angustias compensables.13

Además, nada impide que en estos casos, luego de una determinación

inicial de separar las causas de acción, unas bajo la Ley 2 y otras por la

vía ordinaria, el tribunal se convenza durante el trámite, y de acuerdo a

las alegaciones de las partes, que los mejores intereses de la justicia

justifican que la totalidad de la acción se lleve por la vía ordinaria o

por la vía sumaria, y emita una orden a estos efectos. Lo que no debe ocurrir

es que el tribunal haga una determinación automática de que la reclamación

laboral propiamente deberá tramitarse por la vía ordinaria porque una acción

laboral en daños y perjuicios al amparo de otras leyes laborales sea parte

de dicha reclamación.

El procedimiento que sigan los tribunales al tramitar este tipo de

acciones debe ser flexible, tomando en consideración tanto los propósitos

de la legislación laboral como la necesidad de que ambas partes tengan un

juicio justo con la debida protección a sus intereses. Para determinar si

13 Es necesario señalar aquí que a la luz de lo recientemente resuelto por este Tribunal en Díaz Fontánez v. Wyndham Hotel Corporation, res. el 23 de octubre de 2001, en acciones por despido injustificado y discriminatorio bajo la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 29 L.P.R.A. § 185 et seq, y la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, 29 L.P.R.A. § 146 et seq, en razón del orden en que se presenta la prueba, es conveniente que al menos en principio, toda la reclamación se tramite mediante un solo procedimiento. Este procedimiento ha de ser necesariamente el de la Ley 2, ya que para las acciones bajo la Ley 80 sólo está disponible el procedimiento sumario. Rivera v. Insular Wire Products, supra, pág. 927. Sin embargo, no existe impedimento alguno para que el tribunal, si es que una reclamación laboral que incluya un acción de daños y perjuicios debe

o no tramitarse por la vía ordinaria, los tribunales deberán considerar si

de las alegaciones surge que la acción laboral en daños es una de naturaleza

compleja; si las reclamaciones (de índole laboral propiamente y la de daños)

se basan en hechos o prueba distintos; o si los hechos en que se basa cada

reclamación, aunque relacionados, no necesariamente dependen unos de otros

para la correcta adjudicación de las respectivas controversias.

Los tribunales pueden tomar en consideración éstos y otros factores,

dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso, y siempre

teniendo en cuenta los mejores intereses de la justicia, con especial énfasis

en el interés público de proteger al obrero y de que se cumpla con la norma

procesal de que los trámites judiciales deben realizarse de forma justa,

rápida y económica.14

De acuerdo a la exposición que antecede, consideramos que la decisión

del Tribunal de Circuito, ordenando la tramitación de la reclamación de

salarios mediante el trámite sumario contemplado en la Ley 2, y la acción

laboral en daños por discrimen político mediante la vía ordinaria, es

jurídica y procesalmente correcta. Las causas de acción en este caso deben

separarse tal y como concluyó el foro recurrido.

La conclusión de que la reclamación laboral propiamente debe tramitarse

mediante el procedimiento sumario hace necesario atender varias

controversias subyacentes en el caso, es decir, las alegaciones de que a

los empleados querellantes no les aplica la Ley 2, ni la Ley 379, y si, tal

como alegan los peticionarios, la Ley de Retribución Uniforme no le es de

aplicación a la AMA. Estas determinaciones son decisivas en el caso, toda

vez que si el procedimiento de la Ley 2 no es oponible a los querellados,

o las reclamaciones de índole laboral propiamente no proceden, no hay razón

por la cual ordenar el trámite sumario. Además, es principio rector de

nuestro ordenamiento que “los tribunales concederán lo que proceda en

determina que efectivamente hubo un despido injustificado bajo la Ley 80, decida tramitar la acción de discrimen por la vía ordinaria. 14 Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. derecho, no lo que se les solicita”. Marín v. Fastening Systems, Inc., 142

D.P.R. 499, 513 (1997).

III Disponibilidad de los beneficios de la Ley 2 para los empleados querellantes

A.

Los querellados alegaron que los empleados querellantes no podían

acogerse al procedimiento sumario establecido en la Ley 2, por ser éstos

“ejecutivos y/o administradores”. No les asiste la razón.

La sección 2 de la Ley 2 define los términos “obrero” y “empleado” de

la manera siguiente:

La palabra “obrero” comprenderá todo trabajador manual, de cualquier sexo y a aquellas personas naturales que estuvieren empleados en servicios u ocupaciones domésticas, y la palabra “empleado”, que se usa en su acepción más amplia, comprenderá, entre otros, a toda clase de artesano, empleado o dependiente de comercio o industria. 32 L.P.R.A. § 3119.

Este Tribunal interpretó la disposición citada de en Piñero v. A.A.A.,

supra, a la pág. 215 disponiendo que:

[Dado] que el alcance de la Ley Núm. 2 ha sido extendido estatutariamente para abarcar diversas reclamaciones de índole obrero patronal, no tan solo reclamaciones de salarios; que la definición de empleado provista en la misma no excluye expresamente de sus disposiciones a los administradores, ejecutivos ni a los profesionales y que dispone, además, que dicho término se utilizará en su acepción más amplia, concluimos que éste incluye a los ejecutivos. Abona a nuestra conclusión el hecho de que la Ley Núm. 2, supra, es una de carácter reparador y, por lo tanto, debe interpretarse liberalmente. (Énfasis en el original).

Como vemos, hemos interpretado el término “empleado” de manera

abarcadora para determinar precisamente cuáles empleados están cubiertos

bajo la Ley 2. Así, debemos concluir que, en este caso, los querellantes

sí pueden acogerse al procedimiento sumario establecido en la Ley 2, aunque

se determinase que, como gerenciales de la AMA, se pueden clasificar como

“ejecutivos”, “administradores” o “profesionales”, ya que dicha

clasificación no es incompatible de con los beneficios que ofrece la

referida ley. B.

Por otra parte, los querellados Héctor R. Rivera, Santos M. Delgado,

Alfredo Lugo y Fernando Pérez alegaron en la contestación a la querella que

no eran patrono de los querellantes, por lo cual no les era de aplicación

el procedimiento sumario de la Ley 2. Este planteamiento hay que examinarlo

cuidadosamente a la luz de las reclamaciones específicas de los empleados

querellantes.

La Ley 2 ofrece un procedimiento expedito para que los empleados

reclamen derechos y beneficios de su patrono, o cualquier compensación por

trabajo realizado para el patrono. 32 L.P.R.A. § 3118. Al examinar las

disposiciones de esta ley encontramos que, aunque la misma define los

conceptos “obrero” y “empleado”, no define el término “patrono”.

Sin embargo, la falta de dicha definición no es una deficiencia en la

Ley, sino más bien una precaución debido a la naturaleza y propósitos de

ésta. La Ley 2 es un estatuto “estrictamente de procedimiento... para

delimitar su ámbito de aplicación hay que recurrir a las leyes especiales

que establecen el derecho sustantivo de los empleados...” Piñero v. A.A.A.,

supra, pág. 214. Por consiguiente, una vez el empleado se acoge a los

beneficios de la Ley 2, el factor decisivo para determinar si dicho

procedimiento es oponible a un querellado en particular es la naturaleza

del derecho sustantivo reclamado mediante el trámite sumario, o sea, la

disposición legal en controversia. Así pues, y en lo que aquí nos ocupa,

bajo la Ley 2 “patrono” será aquella persona que está autorizada o llamada

en ley para conceder el remedio de índole laboral que el empleado querellante

está solicitando a través del procedimiento sumario.

Al examinar la Ley 379 y la Ley de Retribución Uniforme vemos que éstas

conceden remedios que conciernen estrictamente salarios alegadamente

dejados de percibir por los empleados reclamantes. Por tanto, en cuanto

a estas reclamaciones es la AMA, como autoridad nominadora, la única

querellada con autoridad para conceder los derechos reclamados por los

empleados. Los querellantes no pueden reclamar dichos beneficios de los

demás querellados personalmente, porque éstos simplemente no tienen autoridad en ley para concederlos. En consecuencia debemos concluir que

en lo que respecta a estas reclamaciones, los querellados Héctor R. Rivera,

Santos M. Delgado, Alfredo Lugo y Fernando Pérez no son patrono, y por tanto,

tampoco están sujetos al trámite bajo la Ley 2.

Ahora bien, la situación es distinta cuando se trata de estatutos

laborales que prohíben el discrimen en el empleo. En Rosario v. Dist.

Kikuet, Inc., res. el 29 de junio de 2000, 151 D.P.R.______(2000), 2000 TSPR

107, 2000 JTS 118, este Tribunal resolvió expresamente que la definición

de “patrono” en las leyes que prohíben el discrimen en el empleo15 incluye,

no solamente a la autoridad nominadora propiamente dicha, sino también a

los supervisores, oficiales, administradores y agentes del patrono que hayan

incurrido específicamente en la conducta discriminatoria prohibida por

estas leyes. Por consiguiente, en los casos en que la causa de acción por

discrimen se tramite bajo el procedimiento sumario de la Ley 2, todos los

querellados que se puedan clasificar bajo la amplia definición de patrono

aplicable a estos estatutos estarán sujetos al trámite sumario.

En el caso de marras, existe una reclamación por discrimen político

bajo la Ley 100. El remedio sustantivo que provee esta ley está disponible

contra cualquier querellado que se pueda clasificar dentro del concepto

“patrono” aplicable a las leyes laborales anti discrimen. Dada la

aparente naturaleza de las funciones de los aquí querellados en la AMA,

todos ellos son patrono bajo la Ley 100, y por consiguiente, de haberse

ventilado la causa de acción por discrimen bajo el procedimiento de la

Ley 2, todos los querellados hubiesen estado sujetos a cumplir con los

términos y condiciones del trámite sumario.

Atendidos estos extremos, es necesario determinar si las leyes bajo

las cuales los querellantes han reclamado derechos, o sea, la Ley 379 y la

Ley de Retribución Uniforme, son de aplicación a este caso.

IV Derechos de los empleados querellantes bajo la Ley 379

Según se desprende de las alegaciones de la querella, los querellantes

se desempeñaban como “empleados gerenciales de carrera” en la AMA, y

reclamaron el pago por trabajo realizado durante el periodo de tomar

alimentos, que según éstos, la AMA no les pagó, en violación al Art. 14 de

la Ley 379, supra, 29 L.P.R.A. § 283. También alegan que se les redujo el

periodo de tomar alimentos a sólo media hora. Por su parte, los querellados

alegaron que los empleados querellantes no pueden reclamar derechos bajo

la Ley 379, por ser éstos “ejecutivos y/o administradores”.

El Art. 19 de la Ley 379 indica que a los efectos de esta ley, el concepto

empleado “incluye a todo empleado, obrero, jornalero, artesano, trabajador,

oficinista, dependiente de comercio, y a toda persona empleada mediante

salario, sueldo, jornal, u otra forma de compensación en cualquier

ocupación, establecimiento, negocio o industria...”. 29 L.P.R.A § 288(1).

Dicha sección establece además que no se considerará empleado a “ejecutivos,

administradores ni profesionales, según éstos sean definidos por la Junta

de Salario Mínimo de Puerto Rico”.

El Reglamento Núm. 13 de la Junta de Salario Mínimo, en sus Artículos

III, IV y V, define lo que es un “ejecutivo”, “administrador” y “profesional”

respectivamente, pero no dispone específicamente si un gerencial de una

agencia se clasifica bajo alguna de estas categorías. Tampoco surge del

expediente de este caso qué funciones específicas realizaban los empleados

querellantes al momento de presentar la querella, de manera que se pueda

hacer una determinación sobre si sus funciones corresponden a las de un

empleado u obrero cubierto por la Ley 379, o si por el contrario, sus

funciones como gerenciales se acercan más a las funciones de un “ejecutivo”,

“administrador” o “profesional”, categorías exentas de la aplicación de la

Ley 379.

15 Entiéndase la Ley 100, supra, la Ley Número 17 de 22 de abril de 1988 (hostigamiento sexual en el empleo) y la Ley 69 de 6 de julio de 1985(discrimen por razón de género). Sin embargo, la experiencia ordinaria nos hace pensar que un gerencial

de una corporación pública no es un obrero común y corriente de ésta. Por

lo general, los gerenciales tienen funciones que suelen estar relacionadas

con la administración central de la corporación, de más envergadura que las

de un empleado regular. Esta realidad, nos hace, cuanto menos, albergar

dudas sobre si estos empleados gerenciales pueden efectivamente reclamar

derechos bajo las disposiciones de la Ley 379.

No obstante, el Art. 16 sec. 16.2 del Reglamento de Personal de la

Autoridad Metropolitana de Autobuses, (en adelante Reglamento de la AMA)16

indica que todo empleado tendrá una (1) hora para tomar alimentos durante

su jornada regular diaria, y cualquier empleado que, por una situación de

emergencia, preste servicios durante dicho periodo, será compensado “acorde

con la reglamentación establecida para la compensación de trabajo

extraordinario”. Dicho reglamento también establece que “se podrá reducir

a media (1/2) hora el período de tomar alimentos en los casos apropiados”.

Estas disposiciones del Reglamento de la AMA son análogas a las

disposiciones de la Ley 379 bajo las cuales los querellantes-recurridos

reclamaron derechos en este caso. Así, aun cuando los empleados

querellantes pudieran no estar cubiertos por la Ley 379, el Reglamento de

la AMA sí dispone para el disfrute del periodo de tomar alimentos y el pago

de tiempo extra si el empleado trabaja durante dicho periodo. Este derecho

surge del reglamento sin que parezca haber distinción alguna entre la

clasificación o categorías de empleados.

Aplicación de la Ley 89 a los empleados de la AMA

Por otra parte, los empleados querellantes alegaron que se les violaron

sus derechos bajo la Ley de Retribución Uniforme, supra, al no concedérseles

los aumentos de sueldo correspondientes a su puesto y escala salarial, en comparación con otros empleados gerenciales de la AMA que sí recibieron

aumentos de sueldo durante los siete (7) años anteriores a la presentación

de la querella. Los peticionarios, por su parte, sostienen que la Ley de

Retribución Uniforme no aplica a la AMA.

La Ley de Retribución Uniforme dispone que ésta: “proveerá a los

empleados del servicio público cubiertos por el Sistema de Personal..., un

tratamiento equitativo y justo en la fijación de sus sueldos y demás formas

de retribución.” 3 L.P.R.A. § 760a. (Énfasis nuestro). El sistema de

personal al cual se refiere la disposición citada es el sistema creado

mediante la Ley de Personal de Servicio Público.17 O sea, que la Ley de

Retribución Uniforme aplica a aquellos empleados que están cubiertos

específicamente bajo las disposiciones de la Ley de Personal de Servicio

Público.

Al examinar esta última Ley encontramos que están excluidos de su

aplicación “los empleados de agencias o instrumentalidades del Gobierno que

funcionen como empresas o negocios privados.” 3 L.P.R.A. § 1338(3). La

AMA funciona como una empresa o negocio privado, según lo establece la propia

Ley de la Autoridad Metropolitana de Autobuses18 (en adelante Ley de la AMA).

Dicha ley también dispone expresamente que: “[a] los efectos de la Ley de

Personal los funcionarios y empleados de la Autoridad estarán comprendidos

en el Servicio Exento.” 23 L.P.R.A. § 607.

Así pues, los empleados de la AMA no están cubiertos bajo la Ley de

Personal de Servicio Público, y por lo tanto tampoco les es de aplicación

la Ley de Retribución Uniforme, ya que ésta ley, por sus propios términos,

aplica solamente a los empleados cubiertos por la Ley de Personal de Servicio

B.

16 Reglamento 5427 de 15 de mayo de 1996 17 Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, 3 L.P.R.A § 1301 et seq. 18 Ley Núm. 5 de 11 de mayo de 1959, 23 L.P.R.A. § 601 et seq. No obstante, el Art. 8 del Reglamento de Personal de la AMA, secs. 8.1

a 8.8, dispone para la creación de un plan de retribución similar al

contemplado en la Ley de Retribución Uniforme para el personal de servicio

público. Las disposiciones del reglamento en cuanto a dicho plan de

retribución no hacen distinción entre categorías de empleados, por lo que

los querellantes pueden reclamar bajo dicho plan derechos comparables con

los que establece la Ley de Retribución Uniforme para el personal del

servicio público.19

Debemos aclarar que aunque los derechos de los empleados querellantes

parezcan surgir del Reglamento de la AMA en lugar de surgir de la Ley 379

y la Ley de Retribución Uniforme, esto no obsta para que éstos puedan acogerse

al procedimiento de la Ley 2.

En Piñero v. A.A.A., supra, págs. 214-215, establecimos lo siguiente:

El alcance de la Ley Núm. 2 se ha extendido mediante diferentes disposiciones estatutarias y enmiendas. Como resultado, el procedimiento sumario establecido en la misma es aplicable no tan solo a reclamaciones de salarios sino a reclamaciones de cualesquiera derechos o beneficios laborales y de cualesquiera compensaciones en caso de que un obrero o empleado hubiese sido despedido de su empleo sin justa causa. La Ley Núm. 2 está disponible, además, cuando el legislador lo haya reglamentado mediante leyes especiales. Entre las acciones que pueden ventilarse al amparo del procedimiento sumario por disposición de una ley especial se encuentran: (i) las reclamaciones por despido injustificado basadas en la Ley Núm. 80; (ii) las acciones que surgen al amparo del Art. 5a de la Ley de Compensaciones por Accidentes de Trabajo; (iii) las reclamaciones instadas al amparo de la Ley Antidiscrimen, Ley Núm. 100; (iv) las acciones que surgen en virtud de la Ley para la protección de madres obreras...

Lo anterior es demostrativo de que el ámbito de aplicación de la Ley Núm. 2 se ha extendido para abarcar diversas reclamaciones que emanan de la relación obrero patronal. (Énfasis suplido, citas omitidas).

Nuestros pronunciamientos en Piñero demuestran que el procedimiento

establecido en la Ley 2 se puede utilizar para reclamar una amplia gama de

derechos o beneficios de índole laboral. Forzoso es concluir que la Ley

2 es aplicable a reclamaciones laborales que surjan al amparo del reglamento

19 En este sentido, hemos resuelto que “[a] pesar de que la Ley de Personal no aplica a los empleados de agencias del Gobierno que funcionen como empresas privadas, nada impide que éstas adopten reglamentos con disposiciones similares a las contenidas en la Ley de Personal y que de una corporación o agencia pública o privada. Lo decisivo para invocar

los beneficios de la Ley 2 es que se trate de una reclamación de índole laboral

sobre cualesquiera derechos garantizados al empleado al amparo de una ley

o reglamento.

Por último, procede que atendamos la determinación del Tribunal de

Circuito de anotar la rebeldía a los querellados en su carácter personal.

En cuanto a este extremo, coincidimos con la mayoría en que no procede dicha

anotación de rebeldía.

La Ley 2 establece un término de diez (10) o quince (15) días para

que el patrono conteste la querella presentada por el empleado. 32

L.P.R.A. § 3120. Si la parte querellada no comparece dentro de este

término, el tribunal podrá dictar sentencia en rebeldía, concediendo el

remedio solicitado por la parte querellante. 32 L.P.R.A. § 3121. El

término para contestar la querella no podrá extenderse a menos que el

querellado solicite una prórroga dentro del plazo original para contestar

la querella. Díaz v. Hotel Miramar Corp., supra.

Al analizar estas normas hemos determinado que alegaciones

concluyentes y determinaciones de derecho, al igual que hechos alegados

incorrectamente, no son suficientes para sostener una determinación de

responsabilidad del patrono. Para poder dictar sentencia en rebeldía

bajo la Ley 2 es necesario que de las alegaciones surjan hechos suficientes

para justificar la concesión del remedio. Véase Hernández v. Espinosa,

supra, y los casos allí citados.

Por otra parte, los términos y condiciones aplicables para anotar

la rebeldía en el procedimiento civil ordinario son los establecidos en

las Reglas de Procedimiento Civil. 20 La Regla 10.1 indica que “un

demandado deberá notificar su contestación dentro de veinte (20) días de

garanticen los mismos derechos a sus empleados.” Piñero v. A.A.A, 98 JTS 140, pág. 217. 20 Véase también Continental Ins. Co., v Isleta Marina, 106 D.P.R. 809 (1978). habérsele entregado copia del emplazamiento y la demanda.” Este plazo

puede ser prorrogado. Procede una anotación de rebeldía cuando el

demandado no cumple con el requisito... de comparecer a contestar la

demanda y/o defenderse en otra forma según lo dispuesto en estas reglas.21

Al aplicar estas disposiciones a la AMA y a los demás querellados,

encontramos que todos ellos comparecieron ante el tribunal, solicitando

prórroga para contestar las alegaciones, seis (6) días después de radicada

la querella, o sea dentro del término para comparecer al tribunal que

establecen tanto las Reglas de Procedimiento Civil como la Ley 2.

Posteriormente, y dentro del término de la prórroga que el tribunal les

concedió, los querellados contestaron la querella. Así, no puede

considerarse que éstos incurrieron en rebeldía.

Cabe señalar además que aun cuando los querellados comparecieron

inicialmente ante el tribunal en su “carácter oficial”, esto no obsta para

estimar como oportuna y bien hecha su comparecencia en cuanto a las

reclamaciones personales. La mera alegación de un querellado (o

demandado) en el sentido de que está compareciendo en su carácter oficial

no significa que esa comparecencia no es válida en cuanto a cualesquiera

de las otras reclamaciones hechas en su contra en la demanda.

El carácter oficial y el carácter personal de una comparecencia ante

el tribunal sólo se refiere al remedio a concederse, y propiamente, a la

capacidad o autoridad del demandado para otorgarlo. Si al contestar una

demanda o querella, la parte expresa que está compareciendo en su carácter

oficial, pero hace alegaciones y opone defensas que pueden ser aplicables

tanto a la reclamación oficial como la personal, dicha comparecencia debe

estimarse bien hecha en cuanto a todas las reclamaciones hechas en la

querella o demanda contra dicha parte. Después de todo, es norma

ampliamente reconocida que no es el título o nombre del escrito o

reclamación lo que determina su naturaleza, sino su contenido. Ramos

21 José A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo II, pág. 749. González v. Félix Medina, 121 D.P.R. 312 (1988); Magriz v. Empresas

Nativas, 143 D.P.R. 63 (1997).

En este caso, los querellados, desde la primera vez que comparecieron

al tribunal, aunque indicaron que lo hacían en su carácter oficial,

hicieron alegaciones y levantaron defensas aplicables a las reclamaciones

personales. Es por eso que la comparecencia de los querellados debe

considerarse válida en cuanto a todas las reclamaciones hechas en la

querella. Como ya indicáramos, los querellados comparecieron dentro de

los términos que establecen tanto las Reglas de Procedimiento Civil como

la Ley 2. En estas circunstancias, es forzoso concluir que ninguno de

los aquí peticionarios incurrió en rebeldía. 22

VI

En conclusión, disentimos de la Opinión Mayoritaria en aquella parte

que ordena que las reclamaciones laborales bajo la Ley 89 y la Ley 379 se

tramiten por la vía ordinaria. En su lugar, confirmaríamos la sentencia

del Tribunal de Circuito que ordenó la separación de la acción de daños y

perjuicios de la acción en reclamación de salarios, de manera que la primera

se tramite por la vía ordinaria y la segunda se ventile mediante el

procedimiento sumario de la Ley 2. Entendemos que dicha solución es la más

justa y más acorde con las disposiciones de la Ley 2 y su jurisprudencia

interpretativa.

Por otra parte, coincidimos con la mayoría en que no procede la

anotación de rebeldía a los querellados, por lo que revocaríamos la sentencia

del tribunal recurrido en cuanto a este extremo. Así modificada,

22 La situación del Sr. Fernando Pérez merece atención especial. Éste compareció por primera vez al tribunal dentro de los 20 días que establece las Regla 10.1 de Procedimiento Civil para contestar la demanda. En dicha comparecencia, el Sr. Fernando Pérez indicó que había solicitado representación del Secretario de Justicia, por lo que el tribunal le concedió, el 13 de mayo de 1998 una prórroga de 20 días. No obstante, el Sr. Pérez no volvió a comparecer ante el tribunal hasta el 6 de julio de 1998, cuando todos los querellados contestaron la demanda en su carácter personal. Además, y como ya indicáramos, el Sr. Pérez no es parte en el recurso presentado ante nos. devolveríamos el caso al tribunal de instancia para que continúen los

procedimientos de forma compatible con lo aquí expuesto.

Miriam Naveira de Rodón Juez Asociada