RE-94-366 1
En el Tribunal Supremo de Puerto Rico
José Manuel Elías Vega y Otros Demandantes-Recurrentes Recurso de Revisión V. TSPR99-0013 Paul C. Chenet y Otros
Demandados-Recurridos
Número del Caso: RE-94-366
Abogados de la Parte Recurrente: Lcdo. Roberto de Jesús Cintrón
Abogados de la Parte Recurrida: Lcdo. José E. Otero Matos, Lcdo. José E. Soler Ochoa, Lcdo. Rafael A. Fuster Martínez, Lcdo. Nelson Rivera Cabrera, Lcdo. Rafael Mayoral Morales, Lcda. Elisa M. Figueroa Báez y Lcdo. Carlos A. Ramos
Abogados de la Parte Interventora:
Tribunal de Instancia: Superior San Juan
Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. Dora T. Peñagarícano
Tribunal de circuito de Apelaciones:
Juez Ponente:
Fecha: 2/16/1999
Materia: Daños y Perjuicios
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José Manuel Elías Vega y otros
Demandantes-recurrentes
v. RE-94-366 REVISIÓN
Paul C. Chenet y otros
OPINIÓN DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LÓPEZ
San Juan, Puerto Rico, a 16 de febrero de 1999
Acude ante nos la parte demandante, mediante
auto de revisión, solicitando la revocación de la
sentencia sumaria parcial dictada el 13 de junio de
1994 por el antiguo Tribunal Superior de Puerto
Rico, Sala de San Juan. Mediante dicha sentencia
sumaria se exoneró de responsabilidad, por alegada
impericia médica, al co-demandado Dr. Fernando
Montilla; ello al amparo de las disposiciones de la
Ley Núm. 139 de 3 de junio de 1976, 20 L.P.R.A. sec.
31, también conocida como la "Ley del Buen
Samaritano".
Como es sabido, esta medida legislativa exime
de responsabilidad civil extracontractual a ciertos RE-94-366 3
profesionales y servidores públicos quienes, por razón de su
adiestramiento especializado, prestan servicios o asistencia
a la ciudadanía en situaciones de emergencia. En el caso de
autos, el tribunal de instancia entendió que al Dr. Montilla
le cobijaban las disposiciones de esta Ley al determinar que
cumplía con todos los requisitos que establece dicho estatuto
para su aplicación, dictando sentencia sumaria parcial a
favor de éste.
I
La señora Gloria Meléndez de Elías, esposa, madre y
hermana de los demandantes, fue admitida al Hospital San
Jorge el 16 de noviembre de 1981, por orden de su médico, el
Dr. Paul C. Chenet, para someterse a una cirugía para remover
una hernia ublical-incisional. El Dr. Chenet comenzó a
realizar la intervención quirúrgica en la mañana del día
siguiente, 17 de noviembre, en la sala de operaciones "C" del
Hospital San Jorge.
El recurrido Fernando Montilla es doctor en medicina y
ha ejercido la profesión, continua e ininterrumpidamente, por
más de treinta años. El referido galeno es especialista en
obstetricia y ginecología y para la fecha de los hechos
pertenecía a la facultad activa del Hospital San Jorge.
El 17 de noviembre de 1981, día en que estaba programada
la operación de la Sra. Meléndez de Elías, el Dr. Montilla
estaba practicando una intervención quirúrgica, conocida como RE-94-366 4
cesárea, a otra paciente en la sala de operaciones "A" del
referido Hospital. Mientras practicaba dicha cesárea, una
enfermera entró al quirófano y solicitó del codemandado, Dr.
Montilla, que acudiera a la sala de operaciones "C" porque se
había suscitado una emergencia "bien grande" en el campo de
la obstetricia. El Dr. Montilla interrumpió la cesárea que
estaba llevando a cabo, dejando a su socio, el Dr. Randolph
J. McConnie, a cargo de la cesárea que estaba realizando y
pasó a la referida sala de operaciones "C".
Según surge de la deposición que le fuera tomada al Dr.
Montilla, al llegar a la sala de operaciones "C", él encontró
a la Sra. Meléndez de Elías con el vientre abierto,
completamente lleno de sangre el mismo y la paciente en
estado de "shock"1. El referido galeno afirma que introdujo
su mano en el bajo vientre de la mencionada paciente, levantó
su matriz y encontró un quiste en el ovario derecho que
estaba sangrando activamente. Inmediatamente, el Doctor
Montilla aplicó dos pinzas, una a cada lado del ovario
sangrante, y removió el mismo entre ambas pinzas y amarró los
1 El Attorneys' Dictionary of Medicine and Word Finder de J.E. Schmidt Md. define "shock" de la siguiente manera:
"A desperate physical and mental condition characterized by paleness, clammy respiration abnormally low blood pressure, weak but rapid pulse, fear, restlessness, confusion, fright, loss of blood, pain, burns, surgery, drug reaction, mycardial infarction, dehydration, etc. The exact mechanism or nature of shock is not understood but there is a breakdown and derangement of many important functions of the body. The outstanding change is the fall in blood pressure. The circulation of the blood in the superficial parts of the body is specially impaired. This may be due to a relaxation or dilation of the large blood channels, so there is not enough blood to fill the entire system, especially the smaller arteries and veins near the surface." RE-94-366 5
muñones ("stumps") doblemente con una sutura de CCG-1. Según
el Dr. Montilla, una vez se cercioró de que los muñones no
estaban sangrando, que el problema inmediato estaba resuelto
y que no había nada más que pudiese hacer por la paciente,
"entregó" nuevamente la paciente al Dr. Chenet para que éste
continuara con su operación2. Acto seguido, regresó a la sala
de operaciones "A", para continuar con la cesárea que había
estado llevando a cabo.
Luego de este incidente, el Dr. Montilla no tuvo ninguna
otra intervención con la paciente del Dr. Chenet. Ese mismo
día, murió la Sra. Meléndez de Elías a consecuencia de un
"shock" hipovolémico post operatorio3.
Así las cosas, los familiares de la fenecida presentaron
una demanda en daños y perjuicios contra el Dr. Chenet, el
Dr. Montilla y el Hospital San Jorge, entre otros. Los
demandantes alegaron, en lo pertinente, que el Dr. Montilla
es doctor en medicina, especializado en obstetricia y
ginecología, que para la fecha de los hechos era miembro de
la facultad médica del Hospital San Jorge, que era Jefe del
Departamento de Obstetricia y Ginecología de dicho Hospital
y, como tal, empleado y agente del mismo, y que practicaba
2 Entre los co-demandados, Dr. Paul C. Chenet y el Dr. Fernando J. Montilla, no existe ninguna relación profesional o económica. 3 El Attorneys' Dictionary of Medicine, op. cit., define el"shock" hipovolémico de la siguiente manera:
"Shock resulting from a sudden loss of a substantial amount of blood or the fluid constituent of the blood, as in diarrhea, vomiting, hemorrhage, etc." (A la pág. H-261.)(Enfasis suplido.) RE-94-366 6
servicios médicos para beneficio de dicho Hospital, en el que
se le había reconocido el privilegio para utilizar sus
instalaciones, así como atender a pacientes que allí fueren
hospitalizados.
Alegaron además que los dos médicos demandados --el Dr.
Chenet y el Dr. Montilla-- intervinieron quirúrgicamente con
la paciente, prestando sus servicios médicos en forma
negligente, descuidada y atolondrada y, que por su impericia,
fueron los únicos responsables por la muerte de la misma. Los
demandantes adujeron que, contrario al procedimiento
quirúrgico consentido por la paciente, el Dr.Chenet le
practicó una lipectomía, en cuyo procedimiento se le provocó
la ruptura de un alegado quiste-ovárico, razón por la cual se
produjo una hemorragia. Alegaron, además, los demandantes que
al Dr. Montilla extirpar y ligar la ruptura del quiste
ovárico, en forma negligente e inadecuada, se produjo la
severa hemorragia que causó la muerte de la Sra. Gloria
Meléndez de Elías.
El codemandado, Dr. Montilla, contestó la demanda
negando todas las alegaciones de la misma. Posteriormente,
presentó una moción de sentencia sumaria alegando, en
síntesis, que su intervención con la paciente no había sido
negligente. La referida moción originalmente fue declarada
sin lugar por el tribunal de instancia, Honorable Juez José
E. Brocco Oliveras, mediante resolución del día 26 de
noviembre de 1986, por éste entender que debía celebrarse una RE-94-366 7
vista plenaria para dirimir si hubo o no negligencia por
parte del Dr. Montilla.
Luego de un prolongado trámite judicial, el 2 de
noviembre de 1992 el Dr. Montilla radicó una segunda moción
de sentencia sumaria, ésta vez amparándose en la citada "Ley
del Buen Samaritano". Alegó que su intervención con la
fenecida estaba cobijada por la referida Ley, ya que cumplía
con todos los requisitos para su aplicación, razón por la
cual debía exonerársele de responsabilidad civil.
Los demandantes se opusieron, alegando que el galeno no
cumplía con los requisitos que la "Ley del Buen Samaritano"
exige para eximirlo de responsabilidad. En específico,
alegaron que el Dr. Montilla estaba trabajando en su sitio de
empleo, por ser miembro de la facultad del Hospital San Jorge
y por, alegadamente, ser el jefe de la Sección de Obstetricia
y Ginecología del mismo y que, como tal, tenía la obligación
de intervenir en este caso4. Alegaron, además, que el Dr.
Montilla incurrió en negligencia crasa durante su
intervención con la paciente por no haber detenido la
hemorragia, como alega el galeno haber hecho.5
4 En apoyo de esta alegación, sometieron copia de la deposición que se le tomó al Dr. Montilla el día 18 de julio de 1990, en donde el doctor dice ser parte de la facultad activa del Hospital San Jorge. 5 En apoyo a la contención de que medió negligencia crasa, los demandantes sometieron la declaración jurada del Dr. Montilla tomada el 20 de febrero de 1986, copia de las notas de enfermería tomadas durante la operación y copia del protocolo de autopsia; todo esto con el propósito de demostrar que existe controversia en cuanto a si el Dr. Montilla detuvo la hemorragia, fundamento en el cual se basan para alegar que medió negligencia crasa en la intervención quirúrgica del doctor con la paciente. RE-94-366 8
El 13 de junio de 1994 el tribunal de instancia,
Honorable Juez Dora T. Peñagarícano Soler, dictó sentencia
sumaria parcial a favor del Dr. Montilla. Entendió la
mencionada Juez que el Doctor Montilla era acreedor de la
exoneración legal que provee dicha Ley, por cumplir con todos
los requisitos que la misma exige.
Inconformes, los demandantes acudieron ante este
Tribunal en revisión de la referida sentencia, imputando al
tribunal de instancia la comisión de los siguientes errores:
"(1) Erró el Tribunal de Instancia al declarar Con Lugar la Segunda Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial cuando existe una controversia bona fide de hechos.
(2) Erró el Tribunal Sentenciador en su interpretación de la Ley 139, supra y de la doctrina del Buen Samaritano debido a que la misma viola el derecho fundamental de llevar una causa de acción civil según ha sido reconocido por este tribunal en el caso de Alicea v. Córdova, 117 D.P.R. 676 (690) (sic)."6
6 Debemos aclarar que ante este Tribunal la parte recurrente hace, en su segundo señalamiento de error, dos planteamientos. Impugna la interpretación que dio el tribunal de instancia a la Ley Núm. 139, ante; y, además, impugna la validez constitucional de dicha Ley. No consideraremos este segundo planteamiento por no haberlo planteado ante el tribunal de instancia. En reiteradas ocasiones hemos sostenido que si un señalamiento de error no es expuesto inicialmente ante los tribunales inferiores, no lo consideraremos. Murcelo v. H.I. Hettinger, 92 D.P.R. 411, 426 (1965). Conforme a dicha norma, en Trabal v. Ruiz, 125 D.P.R. 34 (1990), nos negamos a adjudicar cuestiones no planteadas por las partes ante el foro de instancia. Además, su escueta argumentación sobre la posible inconstitucionalidad del estatuto en controversia, consistente de dos pequeños párrafos, no nos mueve ni nos convence para considerar su planteamiento. Correa Canales v. Marcano García, Opinión y Sentencia de 12 de enero de 1996; Dávila v. Hospital San Miguel, 117 D.P.R. 807 (1986); Díaz v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 79 (1966). RE-94-366 9
Expedimos el auto radicado. Estando en posición de
resolver el mismo, procedemos a así hacerlo.
II
Antes de pasar juicio sobre la aplicabilidad al caso de
autos de la Ley Núm. 139, ante, examinamos el origen y el
propósito de este tipo de estatuto.
La Sección 5 de los Principios Eticos de la Asociación
Americana de Médicos impone a éstos la obligación profesional
de proveer sus servicios cuando estén ante una emergencia
médica. No obstante esta obligación profesional, no existe
ninguna obligación legal que los obligue a así actuar. Los
médicos han estado reacios a proveer su asistencia por miedo
a ser demandados por impericia profesional.7
Con miras a remediar este asunto, en el año 1959 el
estado de California aprobó una "Ley del Buen Samaritano",
convirtiéndose en el primer estado de la Unión en aprobar una
legislación de este tipo. Desde entonces, todos los estados
de la Unión, y el Distrito de Columbia han aprobado estatutos
de este tipo con marcadas diferencias en cuanto a las
personas cobijadas, el nivel de cuidado requerido y las
circunstancias bajo las cuales aplica la inmunidad. Aunque
varían considerablemente, todos comparten dos requisitos
esenciales, a saber: (1) no debe existir una relación médico-
paciente antes de suscitarse la emergencia, y (2) la
7 39 A.L.R. 3d 222. RE-94-366 10
asistencia del médico se debe prestar en el lugar donde
ocurre la emergencia8.
El lenguaje de la mayoría de estos estatutos es ambiguo
e impreciso y, muchas veces, carente de historial legislativo
al igual que de interpretación judicial que aclare su
significado. Es por esta razón que dichas piezas legislativas
han sido fuertemente criticadas9. Algunos han dicho que las
mismas son inefectivas, otros que son innecesarias10 e
injustas11. Por consiguiente, la inmunidad que ofrecen estos
estatutos continúa siendo un enigma tanto para los médicos
como para los abogados y un incentivo ambiguo para promover
asistencia en situaciones de emergencia.12
Nuestra "Ley del Buen Samaritano" dispone, en lo
pertinente, que:
"Sección 1.- Las personas legalmente autorizadas para ejercer la profesión médica en Puerto Rico, en virtud de la Ley Núm. 22 de 22 de abril de 1931,.. que fuera del curso y del sitio de su empleo o práctica profesional, voluntaria y gratuitamente presten servicios o asistencia de emergencia a cualquier persona,... en el ejercicio de sus funciones voluntarias, quedan exentos de
8 H. R. Steipel, Good Samaritans and Hospital Emergencies, 54 Southern California Law Review 417, 422 (1980-1981). 9 Editorial, Negligent Samaritans Are No Good, Medicolegal News, Spring 1979, a la pág. 4; Zaremski, "Good Samaritan" Statutes: Do They Protect the Emergency Care Provider? Medicolegal News, Spring 1979, a la pág. 5; Stalking the Good Samaritan: Communists, Capitalists and the Duty to Rescue, 1976 Utah Law Review 529. 10 Jeffers, Those Good Samaritan Laws: Are They Really Necessary?, Med. Econ., July 27, 1964, a la pág. 106. 11 Good Samaritan Statutes: Adrenalin for the "Good Samaritan", 13 DePaul Law Review 297 (1963-64). 12 Note, Good Samaritans and Liability for Medical Malpractice, 64 Columbia Law Review 1301 (1964). RE-94-366 11
responsabilidad civil cuando ocasionen perjuicios a las personas asistidas.
Sección 2.- ...
Sección 3.- Esta exoneración sólo será aplicable cuando los actos u omisiones realizados por las personas referidas en esta ley no sean constitutivos de negligencia crasa, o con el propósito de causar daño." (Enfasis suplido.)
Al aprobar la citada Ley Núm. 139, el legislador excluyó
de responsabilidad civil por daños y perjuicios a los
médicos, entre otros profesionales13, si se cumplen los
requisitos establecidos por la misma, a saber:
(A) Estar legalmente autorizado a ejercer la profesión médica en Puerto Rico;
(B) Actuar fuera del curso y del sitio regular de su empleo o práctica profesional;
(C) Actuar voluntariamente;
(D) Actuar gratuitamente;
(E) Que se trate de una emergencia médica; y que
(F) La acción u omisión no sea constitutiva de
negligencia crasa ni con el propósito de causar daño.
III No hay duda alguna de que en el presente caso se
cumple con el primero de los requisitos que exige nuestra
“Ley del Buen Samaritano”; esto es, el recurrido Dr. Montilla
es un facultativo médico autorizado a ejercer la profesión
13 La Sección 1 de la referida Ley también excluye de responsabilidad a las enfermeras, a los técnicos de emergencias médicas, al igual que a los voluntarios de la Cruz Roja Americana, Defensa Civil y Cuerpo de Voluntarios en Acción que estén debidamente acreditados, por tales cuerpos. La Sección 2, también excluye de responsabilidad a los policías, bomberos, o personal de ambulancia que se desempeñen como tales y que hayan aprobado algún curso de primeros auxilios por la Cruz Roja Americana, por la Sociedad Americana del Corazón o por cualquier otra institución debidamente acreditada. RE-94-366 12
médica en Puerto Rico. Así surge de la deposición que fuera
tomada el día 18 de julio de 1990. Ese hecho no ha sido
negado ni refutado por la parte demandante en ninguna etapa
de los procedimientos.
De la misma manera, el requisito de que se trate de una
emergencia médica no está en controversia. Ninguna de las
partes sostiene que lo acontecido en la sala de operaciones
“C” del Hospital San Jorge no fuera una emergencia médica, e
incluso, según la transcripción de la deposición tomada el
día 22 de junio de 1992 al perito de la parte demandante, Dr.
Hernández Cibes, así se acepta.
Ahora bien, un análisis cuidadoso del expediente revela
que en el presente caso es necesario recibir evidencia, en
vista plenaria, respecto a los cuatro restantes requisitos
que impone dicha Ley, a saber: que el Dr. Montilla haya
actuado "fuera del curso y del sitio regular de su empleo o
práctica profesional"; que haya actuado voluntariamente; que
haya actuado gratuitamente; y que la acción u omisión no
fuera constitutiva de negligencia crasa ni con el propósito
de causar daño. Veamos.
Consideramos, en primer término, el requisito de "actuar
fuera del curso y del sitio regular de su empleo o práctica
profesional". Una interpretación razonable de nuestro
estatuto, en específico, de la intención legislativa y de la
razón de ser del mismo, nos lleva a concluir que el sitio
preciso, o lugar, donde se presta la ayuda de emergencia no RE-94-366 13
tiene un peso, ni constituye un factor, determinante en la
decisión de si la Ley Núm. 139 cobija, o no, al facultativo
médico. Lo verdaderamente importante es que se trate de una
emergencia médica y que el médico que presta la ayuda no
tenga un deber preexistente de actuar hacia la persona que
recibe la misma. En otras palabras, somos del criterio que el
facultativo médico puede cumplir con el requisito en cuestión
si demuestra que no existía una relación preexistente que le
imponía la obligación de intervenir, ya sea en el caso de ser
un médico empleado, en virtud de su contrato de trabajo, o si
se desenvuelve en la práctica privada, por no existir una
relación médico paciente con la persona intervenida.14 Esto
último es, que la persona intervenida no era parte de su
práctica profesional.
Esta interpretación que hacemos de nuestro estatuto
adelanta el propósito perseguido por el legislador al aprobar
el mismo, puesto que las personas cubiertas por el estatuto
no tendrán el temor de ser demandados civilmente por los
servicios de emergencias que presten, independientemente del
14 En términos generales, existe una relación médico- paciente cuando éste último, con el único fin de obtener tratamiento médico, o un diagnóstico preliminar a dicho tratamiento, consulta a un médico o se somete a un examen por este. Claro está, es necesario que el médico realice diagnóstico o provea tratamiento a ese paciente; esto es, que lo haya aceptado como su paciente. [L]a relación médico-- paciente constituye "un acto de confianza para las dos partes; principalmente, desde el ángulo del paciente que elige al médico". Colón Prieto v. Geigel, 115 D.P.R. 232 (1984) (Citas omitidas). Como tal, el paciente debe entregar el cuidado de su salud--diagnóstico, intervención quirúrgica o tratamiento posterior--al médico descansando en su buena RE-94-366 14
lugar o sitio en que presten los mismos; ello con el
consiguiente beneficio para nuestra ciudadanía en general. Al
así actuar, no hacemos otra cosa que acoger la interpretación
generalizada en las jurisdicciones estatales norteamericanas.
Con ello en mente, examinamos el presente caso con el
propósito de poder concluir si existe, en esta etapa de los
procedimientos, prueba que sostenga la determinación de que
el Dr. Montilla cumple con el requisito antes mencionado. El
Dr. Montilla, a nuestro juicio, cumpliría con el mismo si se
demuestra que, a la fecha de la intervención con la paciente,
él no tenía una relación médico-paciente con la Sra. Meléndez
de Elías, o, si no existía una relación contractual, o de
otra índole, entre el doctor y el Hospital San Jorge en
virtud de la cual él viniera obligado a prestar ayuda a la
paciente.
Parece ser un hecho incontrovertido que, previo a la
intervención con la Sra. Meléndez de Elías, no existía
relación alguna médico-paciente entre la referida dama y el
Dr. Montilla.15 Ahora bien, en la demanda que radicaron los
demandantes, éstos alegaron que el Dr. Montilla, además de
ser miembro de la facultad activa del Hospital San Jorge, era
el jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia del
referido hospital y, por lo tanto, empleado del mismo. Con
relación a ello, el tribunal de instancia se limitó a
fe, capacidad y opinión. 15 Esto es un hecho que ha sido aceptado por la parte demandante a través de todo el proceso judicial. RE-94-366 15
determinar, en la sentencia sumaria que emitiera, que para la
fecha del 18 de julio de 1990 -–fecha de la deposición del
Dr. Montilla-- el referido galeno formaba parte de la
facultad activa del Hospital San Jorge.
En cuanto a la responsabilidad civil que pueda tener el
Dr. Montilla, no consideramos determinante si la relación del
doctor con el Hospital San Jorge era en calidad de jefe de
algún departamento o como miembro de la facultad activa del
Hospital, sino el contenido y significado de dicha
relación.16
Si el Dr. Montilla, en efecto, era el jefe de algún
departamento del Hospital, el tribunal de instancia debe
analizar el contrato que mediaba entre las partes a la fecha
de la intervención para analizar los términos del mismo. ¿Qué
deberes y obligaciones legales tenía el Dr. Montilla para con
16 Veáse, a modo de derecho comparado, McKenna v. Cedars of Lebanon Hospital, Inc., 93 Cal App. 282 (1979), en donde el tribunal aplicó el estatuto del Buen Samaritano y concedió inmunidad civil a un jefe de residentes que estaba de turno y fue llamado para atender una emergencia. El tribunal le concedió la inmunidad porque el doctor no estaba de guardia para atender emergencias sino que estaba de guardia como jefe de residencia, no era miembro del equipo encargado de atender emergencias en el hospital y no tenía una relación médico- paciente con el enfermo. Concluyó el tribunal que el médico era un voluntario que atendió el llamado de un compañero médico para ayudarlo con un paciente. Es decir, concluyó que se encontraba fuera del curso regular de sus obligaciones.
El estatuto en cuestión rezaba de la siguiente manera:
“No person licensed under this chapter, who in good faith renders emergency care at the scene of an emergency, shall be liable for any civil damages as a result of any acts or omissions by such person in rendering such emergency care.” (Business and RE-94-366 16
el Hospital? ¿Venía obligado el doctor a atender los
pacientes del Hospital en situaciones de emergencia, o se
limitaba dicho contrato a labores administrativas? ¿Recibía
el Dr. Montilla remuneración por dicha labor? Este es el tipo
de interrogantes que deben ser dilucidadas en una vista
plenaria.
Por otro lado, pero de la misma manera, si el Dr.
Montilla era solamente parte de la facultad activa del
Hospital San Jorge se tienen que contestar varias
interrogantes. ¿Qué conllevaba ser parte de la facultad
activa de dicho Hospital? ¿Qué tipo de servicios proveen los
médicos de la facultad activa a cambio del privilegio que le
concede el Hospital de utilizar sus facilidades? ¿Requiere el
hospital que su facultad atienda las emergencias de sus
pacientes? ¿De dónde surgen estas obligaciones? ¿Hay algún
contrato o reglamento del Hospital que les imponga dicha
obligación?
Como vemos, la determinación de si el Dr. Montilla
actuaba "fuera del curso [...] regular de su empleo" depende,
en gran medida, de la contestación a estas interrogantes.
Como no sabemos si, en efecto, hay un contrato de empleo o
alguna obligación contractual que convirtiera la intervención
quirúrgica que realizó en parte de su trabajo, no tenemos los
elementos de juicio necesarios para determinar en definitiva
Professional Code § 2144). RE-94-366 17
si el Dr. Montilla actuaba "fuera del curso y del sitio de su
empleo".
En cuanto al tercer y cuarto requisito de Ley, esto
es, actuar de forma "voluntaria y gratuitamente", el análisis
es idéntico, por lo tanto, igual conclusión resulta
procedente. Nadie actúa, desde el punto de vista de la "Ley
del Buen Samaritano”, de manera voluntaria cuando el
facultativo médico viene obligado contractualmente a atender
las emergencias médicas que se susciten en los predios de un
hospital. Por otro lado, y en cuanto al requisito de actuar
gratuitamente, ambas partes están contestes en que el Dr.
Montilla no cobró honorarios a la parte demandante por su
intervención. Ahora bien, esto no necesariamente significa
que haya actuado gratuitamente, ya que si mediara algún
contrato entre el hospital y el médico, y éste recibía
remuneración en virtud del mismo, no habría actuado
gratuitamente.
En resumen, en esta etapa de los procedimientos este
foro judicial no tiene los elementos de juicio necesarios
para decidir qué tipo de relación profesional existía entre
el Dr. Montilla y el Hospital San Jorge para la fecha de la
intervención quirúrgica de la Sra. Meléndez de Elías, lo cual
es materia de evidencia a ser presentada en una vista
plenaria. Ello impide que se pueda decidir, en esta etapa de
los procedimientos, si la "Ley del Buen Samaritano" es
aplicable o no al presente caso. RE-94-366 18
IV
Existe un fundamento adicional para devolver el caso al
foro de instancia para la celebración de vista plenaria. Nos
referimos a la determinación respecto al requisito de que la
acción u omisión del médico "no sea constitutiva de
negligencia crasa ni con el propósito de causar daño". Este
Tribunal ha definido el concepto de negligencia crasa como la
falta completa de cuidado, o ejercicio de un grado tan
pequeño de diligencia que justifique la creencia de que hay
una completa indiferencia respecto del interés y bienestar de
los demás.17 La parte demandante alegó que el Dr. Montilla
fue crasamente negligente al extirpar y/o ligar la ruptura
del quiste ovárico.18 El tribunal de instancia determinó,
mediante sentencia sumaria parcial, que en la intervención
del Dr. Montilla con la paciente no medió negligencia crasa,
como tampoco ánimo de causar daño. El foro de instancia llegó
a dicha conclusión sin celebrar vista en su fondo, en la cual
la parte demandante tuviera la oportunidad de presentar
prueba acreditativa de la alegada negligencia crasa.
Reiteradamente hemos indicado que el mecanismo de
sentencia sumaria no es el apropiado para resolver casos en
17 Pueblo v. Telmaín Escalera, 45 D.P.R. 447,453 (1933). 18 El área de especialización del médico debe ser uno de los elementos a considerarse al determinar si existió o no negligencia crasa. No hay duda de que a un médico que interviene con un paciente en un área de su especialidad puede y debe exigírsele un nivel de conocimiento y destreza mayor que a un médico que interviene en una emergencia que RE-94-366 19
donde hay elementos subjetivos, de intención, propósitos
mentales o negligencia o cuando el factor de credibilidad sea
esencial. Soto v. Hotel Caribe Hilton, Opinión y Sentencia de
17 de octubre de 1994. De la misma manera, también hemos
dicho que "hay litigios y controversias que por la naturaleza
de los mismos no hacen deseable o aconsejable el resolverlos
mediante una sentencia sumariamente dictada, porque
difícilmente en tales casos el Tribunal puede reunir ante sí
toda la verdad de los hechos a través de declaraciones de
autenticidad o deposiciones." García López v. Méndez García,
88 D.P.R. 363,379 (1963).
V
En este caso debemos dar su día en corte a la parte
demandante para que así ésta tenga la oportunidad de
demostrar, si es que puede hacerlo mediante preponderancia de
la prueba, que el Dr. Montilla tenía el deber preexistente de
actuar y/o incurrió en negligencia crasa.
En vista de todo lo anterior, concluimos que el tribunal
de instancia erró al determinar, mediante sentencia sumaria
parcial, que el Dr. Montilla es acreedor a la inmunidad
estatutaria concedídale por la Ley Núm. 139 de 3 de junio de
1976; ello en vista de que existe controversia en cuanto a
aspectos esenciales del caso. Cuadrado Lugo v. Santiago
Rodríguez, 126 D.P.R. 272 (1990). En consecuencia, se dictará
está fuera del ámbito de su especialidad. RE-94-366 20
Sentencia revocatoria, devolviéndose el caso al foro de
instancia para procedimientos ulteriores consistentes con lo
aquí expresado y resuelto.
FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ Juez Asociado RE-94-366 21
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se dicta Sentencia revocatoria de la emitida por el tribunal de instancia y se devuelve el caso a dicho foro para procedimientos ulteriores consistentes con lo aquí expresado y resuelto.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Naveira de Rodón no interviene. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri inhibido. El Juez Asociado señor Corrada del Río no intervino.
Isabel Llomapart Zeno Secretaria del Tribunal Supremo