Jnmv Representada Por Sus Padres Y Herederos, Jessica Ventura Pérez, Luis E. Moreno Ortiz, Y La Sociedad Legal De Gananciales Compuesta Por Ambos, Darv, Y Lemv, Menores De Edad Representados Por Sus Padres Jessica Ventura Pérez Y Luis E. Moreno Ortiz; Héctor Ventura Meléndez, Myrta Pérez Román Y La Sociedad Legal De Gananciales Compuesta Por Ambos; Denisse Ventura Pérez, Por Sí Y en Rep. De La Menor De Edad, Afv v. Estado Libre Asociado De Puerto Rico, Rep. Por El Dr. Carlos Mellado López, Secretario Del Departamento De Salud; Rafael Rodríguez Mercado, en Su Capacidad Personal Y La Sociedad Legal De Gananciales Compuesta Con Wanda Santiago Pimentel; Sociedad Profesional A, Corporación A, Compañía De Responsabilidad A; Dora María Berenguer MacAya, en Su Capacidad Personal Y La Sociedad Legal De Gananciales Compuesta Por Ella Y Su Esposo John Doe I, Corporación B, Compañía De Seguros O De Responsabilidad B; Dr. David Heal, Y La Sociedad Legal De Gananciales Compuesta Con Aidita Colon, Corporación O Sociedad Profesional C, Compañía De Responsabilidad C; Dr. Mario E. Paulino Payano, Y La Sociedad Legal De Gananciales Compuesta Con Jane Doe III, Dr. Mario Paulino Serv. Med. Ped. Y Emergencias Psc, Compañía De Responsabilidad D; Corporaciones E-I, Compañía De Seguros E-I, Todos Individuos, Corporaciones, Aseguradoras Desconocidas Responsables Por La Muerte De Jaideliz Moreno Ventura Y Cualquier Otro Demandante Cuya Identidad Se Desconoce

• Court: Tribunal De Apelaciones De Puerto Rico/Court of Appeals of Puerto Rico
• Decided: April 17, 2026
• Docket: TA2026CE00263
• Status: Published

Opinion

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO TRIBUNAL DE APELACIONES PANEL X

JNMV REPRESENTADA POR SUS Certiorari procedente PADRES Y HEREDEROS, del Tribunal de JESSICA VENTURA PÉREZ, LUIS Primera Instancia E. MORENO ORTIZ, Y LA Sala Superior de SOCIEDAD LEGAL DE Fajardo GANANCIALES COMPUESTA POR AMBOS, DARV, Y LEMV, Caso Núm.: MENORES DE EDAD SJ2021CV00177 REPRESENTADOS POR SUS TA2026CE00263 PADRES JESSICA VENTURA PÉREZ Y LUIS E. MORENO Sobre: Violación de ORTIZ; HÉCTOR VENTURA derechos civiles, MELÉNDEZ, MYRTA PÉREZ impericia médica ROMÁN Y LA SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES COMPUESTA POR AMBOS; DENISSE VENTURA PÉREZ, POR SÍ Y EN REP. DE LA MENOR DE EDAD, AFV

RECURRIDOS

VS.

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO, REP. POR EL DR. CARLOS MELLADO LÓPEZ, SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD; RAFAEL RODRÍGUEZ MERCADO, EN SU CAPACIDAD PERSONAL Y LA SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES COMPUESTA CON WANDA SANTIAGO PIMENTEL; SOCIEDAD PROFESIONAL A, CORPORACIÓN A, COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD A; DORA MARÍA BERENGUER MACAYA, EN SU CAPACIDAD PERSONAL Y LA SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES COMPUESTA POR ELLA Y SU ESPOSO JOHN DOE I, CORPORACIÓN B, COMPAÑÍA DE SEGUROS O DE RESPONSABILIDAD B; DR. DAVID HEAL, Y LA SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES COMPUESTA CON AIDITA COLON, CORPORACIÓN O SOCIEDAD PROFESIONAL C, COMPAÑÍA DE TA2026CE00263 2

RESPONSABILIDAD C; DR. MARIO E. PAULINO PAYANO, Y LA SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES COMPUESTA CON JANE DOE III, DR. MARIO PAULINO SERV. MED. PED. Y EMERGENCIAS PSC, COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD D; CORPORACIONES E-I, COMPAÑÍA DE SEGUROS E-I, TODOS INDIVIDUOS, CORPORACIONES, ASEGURADORAS DESCONOCIDAS RESPONSABLES POR LA MUERTE DE JAIDELIZ MORENO VENTURA Y CUALQUIER OTRO DEMANDANTE CUYA IDENTIDAD SE DESCONOCE

PETICIONARIOS Panel integrado por su presidenta, la Jueza Grana Martínez, el Juez Ronda Del Toro y la Juez Lotti Rodríguez.

Lotti Rodríguez, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de abril de 2026.

Comparecen el señor David Heal Barbosa, la señora Aidita Colón y la

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos (en adelante, Dr. Heal

y en conjunto, los peticionarios) mediante una Petición de Certiorari

presentada el 3 de marzo de 2026 y nos solicitan que revisemos una Orden

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Vieques (en

adelante, TPI o foro primario) el 15 de julio de 2025 y notificada el 17 de julio

de 2025. Mediante esta, el foro primario denegó la solicitud de desestimación

presentada por los peticionarios.

El 1 de agosto de 2025, el Dr. Heal y su esposa presentaron una

oportuna moción de reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar

mediante Resolución Interlocutoria emitida por el TPI el 29 de enero de 2026,

notificada al día siguiente. TA2026CE00263 3

Por los fundamentos que exponemos a continuación, expedimos el auto

de certiorari y revocamos el dictamen recurrido.

I.

El 11 de enero de 2021, Jessica Ventura Pérez, Luis E. Moreno Ortiz y

la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, por sí y en

representación de la menor Jaideliz Ventura Moreno y otros familiares

demandantes (en adelante, los recurridos) presentaron una Demanda1 sobre

daños, impericia médica y violación de derechos civiles contra el Estado Libre

Asociado de Puerto Rico y varios codemandados, entre estos el Dr. Heal y su

esposa. Posteriormente, la parte recurrida presentó una Primera Demanda

Enmendada2 el 21 de enero de 2021 y una Segunda Demanda Enmendada3

el 21 de diciembre de 2023.

En lo pertinente, la parte recurrida alegó que el 12 de enero de 2020 la

menor Jaideliz Moreno Ventura fue llevada de emergencia al Centro de Salud

Familiar Susana Centeno en Vieques (en adelante, Centro de Salud o clínica),

tras presentar varios síntomas, incluyendo fuerte dolor de cabeza, vómitos y

movimientos involuntarios.

Según las alegaciones de la demanda, al llegar a la clínica, el Dr. Heal,

médico de guardia ese día, intervino inicialmente en la atención de la menor

y ordenó tratamiento. No obstante, optó por esperar la llegada de un pediatra.

Los recurridos sostienen que el Dr. Heal incumplió con las normas aceptadas

de su profesión al no realizar un historial detallado ni una evaluación clínica

completa conforme a los estándares aplicables, por lo que no identificó ni

manejó adecuadamente los signos de una posible emergencia neurológica.

Asimismo, alegan que el Dr. Heal obvió las normas y pautas para la

1 Entrada Núm. 1 del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) del

TPI. 2 Entrada Núm. 3 del SUMAC del TPI. 3 Entrada Núm. 161 del SUMAC del TPI. Véase, además, Orden del 7 de marzo de 2025 en la

Entrada Núm. 184 del SUMAC del TPI autorizando la Segunda Demanda Enmendada. TA2026CE00263 4

administración del medicamento Toradol, sin saber si la dosis administrada

era apta para la menor.

La parte recurrida plantea que las actuaciones del Dr. Heal provocaron

un retraso en la toma de decisiones críticas, incluyendo el traslado de la

menor, cuyo estado se deterioró progresivamente hasta requerir medidas de

resucitación en una facilidad con recursos limitados, lo que resultó en el

fallecimiento de la menor horas más tarde de ese mismo día.

A base de lo anterior, los recurridos alegan, en síntesis, que el Dr. Heal

incurrió en impericia médica en el manejo inicial, diagnóstico y toma de

decisiones relacionadas con la estabilización y traslado de la paciente.

El 6 de julio de 2021, la parte peticionaria presentó un escrito sobre

Comparecencia Especial solicitando desestimación con perjuicio a favor del Dr.

David Heal Barbosa, su esposa Aidita Colón Esteva y la Sociedad Legal de

Gananciales por ellos constituida4, en la cual alegó que para la fecha de los

hechos alegados en la Demanda el Dr. Heal prestaba servicios como

contratista de la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM)

y que, por ello, estaba cobijado por la inmunidad estatutaria provista por la

Ley Núm. 66 de 22 de junio de 1978, según enmendada, conocida como Ley

de la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico, 24 LPRA sec. 342

et seq. (en adelante, Ley Núm. 66). El peticionario acompañó su escrito con

una Certificación5 expedida el 6 de julio de 2021 por Michelle Agostini

Campos, Directora Interina de ASEM, en la cual se indica que para el 12 de

enero de 2020 el Dr. Heal era contratista de ASEM y laboraba como Médico

Generalista en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento del Municipio de

Vieques.

El 15 de julio de 2021, la parte recurrida presentó oposición a dicha

solicitud sosteniendo, en lo pertinente, que la Certificación presentada por el

4 Entrada Núm. 75 del SUMAC del TPI. 5 Id. TA2026CE00263 5

Dr. Heal en la moción era insuficiente para establecer con toda claridad que

el tribunal carecía de jurisdicción sobre su persona y la sociedad legal de

gananciales que forma parte. Añadió, además, que la Ley Núm. 66 no proveía

inmunidad para los médicos “contratistas” de ASEM y que, en su moción, el

Dr. Heal aceptaba que no era empleado, sino contratista.6

El 20 de julio de 2021, el TPI declaró sometida la referida moción de

desestimación.7

Estando pendiente de resolver dicha solicitud y tras varios incidentes

procesales, el 5 de agosto de 2022, el foro primario dictó una Sentencia8

mediante la cual ordenó la paralización del caso al amparo del proceso de

quiebra del Estado Libre Asociado de Puerto Rico bajo la Ley PROMESA.

El 26 de octubre de 2022, la parte peticionaria presentó una segunda

Comparecencia Especial reiterando desestimación con perjuicio Dr. David Heal

Barbosa, su esposa, Sra. Aidita Colón Esteva y la Sociedad Legal de

Gananciales compuesta por ambos9, nuevamente fundamentada en la alegada

inmunidad estatutaria. En la misma fecha, el TPI dictó una Orden10 mediante

la cual declaró que, ya que el caso estaba paralizado para todas las partes,

era improcedente atender cualquier moción de desestimación.

No obstante, el 29 de agosto de 2023, un panel hermano de este

Tribunal dictó Sentencia11 en el caso KLCE202300779, mediante la cual

revocó la Sentencia que decretó la paralización del pleito y ordenó la

continuación de los procedimientos.

Más adelante, el 24 de junio de 2025, la parte peticionaria presentó

una Tercera Moción Comparecencia Especial reiterando la solicitud de

desestimación con perjuicio del Dr. David Heal Barbosa, su esposa, Sra. Aidita

6 Entrada Núm. 77 del SUMAC del TPI. 7 Entrada Núm. 80 del SUMAC del TPI. 8 Entrada Núm. 111 del SUMAC del TPI. 9 Entrada Núm. 128 del SUMAC del TPI. 10 Entrada Núm. 129 del SUMAC del TPI. 11 Entrada Núm. 160 del SUMAC del TPI. TA2026CE00263 6

Colón Esteva y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos12,

insistiendo en que el Dr. Heal, al actuar como contratista de ASEM en

funciones institucionales, no podía ser demandado en su carácter personal.

El 1 de julio de 2025, la parte recurrida presentó una Oposición a la

moción en solicitud de desestimación a favor de los demandados Heal, Colón,

SLG Heal-Colón13, argumentando, entre otras cosas, que la moción no

procedía bajo la Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil y que no se había

realizado descubrimiento de prueba que permitiera adjudicar la controversia

sobre si en efecto el Dr. Heal era o no un contratista independiente cobijado

por la inmunidad estatutaria.

Así las cosas, el 15 de julio de 2025, notificada el 17 de julio de 2025,

el TPI emitió una Orden14 declarando No Ha Lugar a las mociones de

desestimación presentadas por la parte peticionaria.

El 1 de agosto de 2025, los peticionarios presentaron una Moción en

Solicitud de Reconsideración […]15, reiterando que la inmunidad bajo la Ley

Núm. 66 constituye una cuestión de derecho que elimina la causa de acción

sin necesidad de descubrimiento de prueba.

El 7 de agosto de 2025, la parte recurrida presentó oposición a dicha

solicitud, señalando que la inmunidad reclamada era una defensa afirmativa

y que debía probarse mediante evidencia.16

El 29 de enero de 2026, notificada al día siguiente, el foro primario

emitió una Resolución Interlocutoria17 declarando No Ha Lugar la solicitud de

reconsideración.

Inconforme, la parte peticionaria presentó el recurso de certiorari que

nos ocupa, mediante el cual señala que el TPI cometió los siguientes errores:

1. ERR[Ó] EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DECLARAR NO HA LUGAR, LA “TERCERA

12 Entrada Núm. 197 del SUMAC del TPI. 13 Entrada Núm. 198 del SUMAC del TPI. 14 Entrada Núm. 199 del SUMAC del TPI. 15 Entrada Núm. 200 del SUMAC del TPI. 16 Entrada Núm. 201 del SUMAC del TPI. 17 Entrada Núm. 215 del SUMAC del TPI. TA2026CE00263 7

COMPARECENCIA ESPECIAL REITERANDO DESESTIMACIÓN CON PERJUICIO A FAVOR DEL DR. DAVID HEAL BARBOSA, SU ESPOSA AIDITA COLÓN ESTEVA Y LA SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES POR ELLOS CONSTITUIDA”; LA “COMPARECENCIA ESPECIAL REITERANDO DESESTIMACIÓN CON PERJUICIO A FAVOR DEL DR. DAVID HEAL BARBOSA, SU ESPOSA AIDITA COLÓN ESTEVA Y LA SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES POR ELLOS CONSTITUIDA” Y FINALMENTE LA “COMPARECENCIA ESPECIAL SOLICITANDO DESESTIMACIÓN CON PERJUICIO A FAVOR DEL DR. DAVID HEAL BARBOSA, SU ESPOSA AIDITA COLÓN ESTEVA Y LA SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES POR ELLOS CONSTITUIDA”; LAS DECLARA NO HA LUGAR Y LA SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES POR ELLOS CONSTITUIDA”. [sic] EN LA MISMA SOLICITAMOS LA DESESTIMACI[Ó] DE LA DEMANDA POR GOZAR DE INMUNIDAD EN SU CAR[Á]CTER PERSONAL EN LA DEMANDA DE EPÍGRAFE DE CONFORMIDAD A LA LEY HABILITADORA DE LA CORPORACIÓN PÚBLICA ART. 8-A[,] 24 LPRA SEC. 342(G)(1), ET. CONFORME AL CASO.

2. ERR[Ó] EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DENEGAR, SIN FUNDAMENTO ALGUNO, LAS MOCIONES DE DESESTIMACI[Ó]N BASADAS EN INMUNIDAD ESTATUTARIA BAJO LA LEY N[Ú]M. 66 DE 22 DE JUNIO DE 1978, SEGÚN ENMENDADA, OTORGANDO AL M[É]DICO DEMANDADO, DR. DAVID HEAL BARBOSA, SU ESPOSA AIDITA COL[Ó]N ESTEVA Y LA SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES POR ELLOS CONSTITUIDA, EN SU CARÁCTER PERSONAL, A CONTINUAR LITIGANDO EN ABIERTA CONTROVERSIA DEL PROP[Ó]SITO DEL ESTATUTO Y CONSTITUYENDO ELLO UN ERROR DE DERECHO Y UN ABUSO DE DISCRECI[Ó]N QUE AMERITA EL AUTO DE CERTIORARI.

El 6 de abril de 2026, los recurridos presentaron su Oposición a Petición

de Certiorari.

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos a

resolver.

II.

A. Certiorari

El recurso de certiorari es un mecanismo procesal de carácter

discrecional que faculta a un tribunal de mayor jerarquía a revisar las

decisiones emitidas por un tribunal inferior. BPPR v. SLG Gómez-López, 213

DPR 314, 336 (2023); Rivera et al. v. Arcos Dorados et al., 212 DPR 194, 207

(2023); Torres González v. Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821, 846-847 TA2026CE00263 8

(2023); Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., 207 DPR 994, 1004 (2021).

“La característica distintiva de este recurso se asienta en la discreción

encomendada al tribunal revisor para autorizar su expedición y adjudicar sus

méritos”. BPPR v. SLG Gómez-López, supra, pág. 337; Rivera et al. v. Arcos

Dorados et al., supra, pág. 209; IG Builders et. al. v. BBVAPR, 185 DPR 307,

338 (2012). Esta discreción, se ha definido como una forma de razonabilidad

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera.

Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR 352, 373 (2020); Negrón v. Srio de

Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).

Sin embargo, la discreción para expedir el recurso no es irrestricta, ni

autoriza al tribunal a actuar de una forma u otra en abstracción del resto del

Derecho. Pueblo v. Rivera Montalvo, supra, pág. 372 (citando a Negrón v. Srio.

De Justicia, supra; Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723,

728-729 (2016)).

Por otra parte, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA

Ap. V, R. 52.1, delimita nuestra autoridad y prohíbe la intervención en las

determinaciones interlocutorias emitidas por el Tribunal de Primera

Instancia, salvo en contadas excepciones. Scotiabank de Puerto Rico v. Zaf

Corporation, 202 DPR 478, 486-487 (2019). Lo previamente señalado persigue

evitar dilaciones al revisar controversias que pueden esperar a ser planteadas

a través del recurso de apelación. Id. Así pues, la Regla 52.1 de Procedimiento

Civil, supra, dispone que podemos expedir el recurso de certiorari para

resolver resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por el foro primario

cuando:

[S]e recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 [Remedios Provisionales] y 57 [Injuction] o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias […] cuando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que revistan interés público o en cualquier otra TA2026CE00263 9

situación en la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. Asimismo, con el fin de que podamos ejercer de manera sabia y

prudente la facultad discrecional de entender o no en los méritos de los

asuntos que nos son planteados mediante el recurso de certiorari, la Regla 40

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, según enmendado, In re Aprob

Enmdas. Reglamento TA, 2025 TSPR 141, 216 DPR ___ (2025), R. 40, nos

señala los criterios que debemos considerar al atender una solicitud de

expedición de un auto de certiorari. En lo pertinente, la Regla 40 dispone lo

siguiente:

El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden de mostrar causa:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la más propicia para su consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita un fracaso de la justicia.

Ahora bien, ninguno de los criterios antes citados es determinante por

sí solo y no constituye una lista exhaustiva. García v. Padró, 165 DPR 324,

335 esc. 15 (2005), citando a H. Sánchez Martínez, Derecho Procesal

Apelativo, Hato Rey, Lexis-Nexis de Puerto Rico, 2001, pág. 560. TA2026CE00263 10

B. Inmunidad estatutaria

El Artículo 41.050 del Código de Seguros de Puerto Rico, Ley Núm. 77

de 19 de junio de 1957, según enmendada, 26 LPRA sec. 4105, establece el

marco legal que regula la inmunidad concedida a ciertos profesionales de la

salud que prestan servicios para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus

dependencias e instrumentalidades, en reclamaciones por impericia

profesional relacionadas con el desempeño de su labor. Rodríguez Ruiz v.

Hosp. San Jorge, 169 DPR 850, 857–858 (2007).

En lo pertinente, la citada disposición establece que:

Ningún profesional de la salud (empleado o contratista) podrá ser incluido como parte demandada en una acción civil de reclamación de daños por culpa o negligencia por impericia profesional (“malpractice”) causada en el desempeño de su profesión, mientras dicho profesional actúe en cumplimiento de sus deberes y funciones, incluidas las docentes, como empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus dependencias, instrumentalidades, el Centro Compre[n]sivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico y los municipios. 26 LPRA sec. 4105. (Énfasis nuestro).

Nuestro Tribunal Supremo ha explicado que esta “inmunidad” es

conferida por la Asamblea Legislativa en atención a consideraciones de

política pública que rebasan los límites de los actos u omisiones del individuo

que la disfruta. Rodríguez Figueroa et al. v. Centro de Salud, 197 DPR 876,

884 (2017); Romero Arroyo v. ELA, 127 DPR 724, 745 (1991). Asimismo, se

ha expresado en cuanto a que la figura de la inmunidad no constituye una

defensa personal del médico ante reclamaciones en su contra, sino de la

inexistencia de causa de acción. Rodríguez Figueroa et al. v. Centro de

Salud, supra; Rodríguez Ruiz v. Hosp. San Jorge, supra, pág. 861; Lind

Rodríguez v. ELA, 112 DPR 67, 69 (1982). Por ello, “un individuo que disfrute

de inmunidad no puede ser objeto de un litigio, independientemente de que

haya realizado un acto u omisión, culposo o negligente.” Rodríguez Figueroa

et al. v. Centro de Salud, supra.

En ese sentido, para poder estar cobijado por la inmunidad estatutaria,

el individuo “debe ser un profesional en el cuidado de la salud y que los daños TA2026CE00263 11

ocasionados por su impericia deben haber surgido mientras se actúa en

cumplimiento de sus deberes y funciones profesionales como empleado del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus dependencias, instrumentalidades

y municipios.” Rodríguez Ruiz v. Hosp. San Jorge, supra, pág. 860; Flores

Román v. Ramos González, 127 DPR 601, 606 (1990).

Por su parte, la Ley Núm. 66 de 22 de junio de 1978, según enmendada,

conocida como Ley de la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico,

24 LPRA sec. 342 et seq., creó la Administración de Servicios Médicos de

Puerto Rico (ASEM) como una instrumentalidad del Estado adscrita al

Departamento de Salud, con la facultad de contratar personal médico para

prestar servicios en sus instalaciones. 24 LPRA secs. 342b, 342g.

En lo que aquí concierne, el Artículo 8-A de dicha ley dispone que:

Ningún profesional de servicios de salud podrá ser incluido como parte demandada en una acción civil de reclamación de daños por culpa o negligencia por impericia profesional (malpractice) que cause en el desempeño de su profesión mientras dicho profesional de servicios de salud actúe en cumplimiento de sus deberes y funciones como empleado de la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico. En toda acción civil en que se le reclamen daños y perjuicios a la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico, en todo caso en que recaiga sentencia por actos constitutivos de impericia médico-hospitalaria (malpractice) que cometan los empleados o funcionarios de la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico, o médicos que presten servicios bajo contrato con la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico en el desempeño de sus tareas institucionales; o cuando recaiga sentencia por actos constitutivos de culpa o negligencia directamente relacionada con la operación por la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico de una institución de cuidado de la salud, se sujetará a la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico a los límites de responsabilidad y condiciones que la Ley Núm. 104 de 29 de Junio de 1955, según enmendada (32 L.P.R.A. § 3077 et seq.), imponen para exigirle responsabilidad al Estado Libre Asociado de Puerto Rico en similares circunstancias. 24 LPRA sec. 342g- 1. (Énfasis nuestro).

Es decir, un profesional de la salud no puede ser incluido como

demandado en una acción por impericia profesional cuando actúa en el

cumplimiento de sus funciones como empleado de ASEM. Id. A su vez, se

reconoce que, en los casos en que se reclamen daños por actos de impericia TA2026CE00263 12

cometidos por empleados o por médicos que prestan servicios bajo contrato

con ASEM en el desempeño de sus funciones institucionales, la

responsabilidad —de existir— recae sobre la propia entidad, sujeta a los

límites establecidos por ley. Id.

III.

En el recurso ante nos, los peticionarios sostienen que el TPI erró al

denegar sus mociones de desestimación. Alegan que el Dr. Heal no puede ser

incluido como parte demandada, por estar cobijado por la inmunidad

estatutaria dispuesta en la Ley Núm. 66. Plantean que dicha inmunidad

excluye su responsabilidad personal por actos realizados en el desempeño de

sus funciones profesionales y que, por tanto, no existe causa de acción en su

contra, por lo que procedía la desestimación del pleito en su contra.

Por su parte, los recurridos sostienen que no procede la intervención

de este Tribunal. Argumentan que las mociones de desestimación fueron

prematuras, que la Certificación presentada por los peticionarios es

insuficiente para demostrar la inmunidad reclamada y que existe una

controversia de hechos —particularmente en cuanto a la relación del Dr. Heal

con ASEM y el alcance de sus funciones— que requiere desarrollo probatorio

antes de poder adjudicar la aplicabilidad de dicha inmunidad. No obstante,

no les asiste la razón.

Del expediente surge que, al momento de los hechos, el Dr. Heal

prestaba servicios como médico en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento del

Municipio de Vieques, en virtud de un contrato con ASEM.18 Asimismo, las

alegaciones de la propia demanda se circunscriben a actuaciones realizadas

por este en el curso de la atención médica brindada a la menor en dicha

institución.

A esos efectos, tanto la Ley Núm. 66, supra, como el Artículo 41.050

del Código de Seguros, supra, reconocen que la inmunidad aplicable puede

18 Véase Certificación en la Entrada Núm. 75 del SUMAC del TPI. TA2026CE00263 13

extenderse a profesionales de la salud que presten servicios bajo contrato,

siempre que actúen en el cumplimiento de sus funciones. En el caso de la Ley

Núm. 66, ello surge expresamente al contemplar a médicos que prestan

servicios bajo contrato con ASEM en el desempeño de sus tareas, y al

disponer que, en tales circunstancias, la responsabilidad —de existir— recae

sobre la propia entidad, sujeta a los límites establecidos por ley. Es decir, la

ley reconoce que la entidad responde por los actos de los profesionales que

prestan servicios bajo contrato en el ejercicio de funciones institucionales,

dentro de los límites de responsabilidad aplicables al Estado.

De igual forma, el Artículo 41.050 del Código de Seguros incluye dentro

de su alcance a profesionales de la salud, sean empleados o contratistas,

cuando actúan en el marco de sus funciones en entidades cobijadas por dicho

estatuto.

En este caso, la reclamación en contra del Dr. Heal se basa

exclusivamente en su desempeño como profesional de la salud dentro de una

facilidad cobijada por la inmunidad antes discutida. No se alegan actuaciones

ajenas a ese contexto. Ante ello, la controversia puede resolverse como

cuestión de derecho.

La inmunidad estatutaria aplicable en estos casos implica que no existe

una causa de acción contra el profesional de la salud en su carácter personal

cuando este actúa dentro del ámbito de sus funciones institucionales. Por

ello, no es necesario un mayor desarrollo probatorio para determinar si

procede la inmunidad reclamada.

Aun tomando como ciertas las alegaciones de la demanda, lo que se

describe es conducta realizada por el Dr. Heal en el ejercicio de sus funciones

médicas dentro de una entidad cubierta por ley, de la cual este era un

contratista al momento de los hechos.

En consecuencia, no procede mantener la reclamación en contra del

Dr. Heal, su esposa ni la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por TA2026CE00263 14

ambos, ya que este está cubierto por la inmunidad estatutaria provista por

ambas disposiciones de ley. Cualquier reclamación —de ser viable— debía

dirigirse contra la entidad gubernamental correspondiente, y no contra el

profesional en su carácter personal.

Así las cosas, el foro primario erró al denegar las mociones de

desestimación, ya que, a la luz del derecho aplicable y de las alegaciones del

propio pleito, no existe causa de acción en contra de los peticionarios.

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de certiorari

solicitado y se revoca la determinación recurrida. En consecuencia,

se ordena la desestimación con perjuicio de la causa de acción presentada

en contra del Dr. David Heal Barbosa, la señora Aidita Colón Esteva y la

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos.

Notifíquese.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís Secretaria del Tribunal de Apelaciones