Irizarry Méndez v. Roldán Concepción Y Otros

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: February 26, 2021
• Docket: CC-2021-130
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Yanitsia Irizarry Méndez, como candidata a la alcaldía del Municipio de Aguadilla por el Partido Nuevo Progresista

Recurrida

v.

Julio Roldán Concepción, alcalde electo del Municipio de Aguadilla por el Partido Popular Democrático, Eliezer Ríos Santiago, candidato a la alcaldía de Aguadilla por el Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Carlos Rosario Soto, candidato independiente a la alcaldía de Aguadilla; Comisión Estatal de Elecciones a través de su Presidente, Hon. Francisco Rosado Colomer; Roberto Iván Aponte Berríos, como Comisionado Electoral del Partido Certiorari Independentista Puertorriqueño; Olvin A. Valentín, como 2021 TSPR 23 Comisionado Electoral del Movimiento Victoria Ciudadana; Gerardo A. Cruz Maldonado, como 206 DPR ____ Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático; Juan Frontera Suau, como Comisionado Electoral del Proyecto Dignidad; Héctor J. Sánchez Álvarez, como Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista.

Legisladores municipales Partido Nuevo Progresista: Mery Merci Ramos Arce, Ramses (Chay) Martir Emmanuelli, Damaris Salcedo Peña, Davis González Pumarejo, Ángel Luis Rodríguez Rosa, Ernesto Robledo Arce, Héctor Rosa Martínez, Aurea Meaux Rivera, Ángel Manuel Montero Pellot, Alberto Luis Torres Torres, David Morales Feliciano, Lenitzia Lugo Sein

Legisladores Municipales Partido Popular Democrático: Kenneth Sanabria Domenech; Mayra M. Rosa Sifre, Edwin Lemuel Orfila Soto, Lisandra Badillo Sosa, Julissa Gerena Medina, Wilfred Yasel Torres Rosado, Ángel Pérez (Mr. Pérez), Héctor Alberto Villanueva Ruiz, CC-2021-0130 2

Joselito Jiménez Rodríguez, Ángel Luis Nieves Vargas, Ana Chely Almeyda Álvarez, Jorge Luis Pérez Salas, Ivette D. Fantauzzi Feliu

Legislador Movimiento Victoria Ciudadana: Edwin J. Cornier Colón

Legisladores Municipales Partido Independentista Puertorriqueño: Deyhaneira Nieves Chaves, Elizabeth Águila Díaz, Héctor Manuel Rivera Viera, Diego Alejandro Marcial Águila, Luis Fernando Martínez Torres, Barry Elbert Babilonia, Michelle Alers Méndez, Osvaldo Nieves Vélez, Héctor E. Águila García, Lilia M. Otero Rodríguez, Ariel Morell Echevarría, Miguel Esteban Nieves Chaves, Ana Lydia Blas Rosado

John Doe, elector del Precinto 035 que pudiera verse adversamente afectado

Peticionarios

Número del Caso: CC-2021-130

Fecha: 26 de febrero de 2021

Tribunal de Apelaciones:

Panel VII

Abogados de la parte peticionaria:

Lcdo. Pedro E. Ortiz Álvarez Lcdo. Humberto Xavier Berríos Ortiz Lcdo. Hilton García Aguirre

Abogada de la parte recurrida:

Lcda. Raquel E. Torres Reyes CC-2021-0130 3

Materia: Resolución del Tribunal con Votos Particulares Disidentes.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Yanitsia Irizarry Méndez, como candidata a la alcaldía del Municipio de Aguadilla por el Partido Nuevo Progresista

Julio Roldán Concepción, alcalde electo del Municipio de Aguadilla por el Partido Popular Democrático, Eliezer Ríos Santiago, candidato a la alcaldía de Aguadilla por el Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Carlos Rosario Soto, candidato independiente a la alcaldía de Aguadilla; Comisión Estatal de Elecciones a través de su Presidente, Hon. Francisco Rosado Colomer; Roberto Iván Aponte Berríos, como Comisionado Electoral del Partido Independentista Puertorriqueño; CC-2021-130 Certiorari Olvin A. Valentín, como Comisionado Electoral del Movimiento Victoria Ciudadana; Gerardo A. Cruz Maldonado, como Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático; Juan Frontera Suau, como Comisionado Electoral del Proyecto Dignidad; Héctor J. Sánchez Álvarez, como Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista.

Legisladores municipales Partido Nuevo Progresista: Mery Merci Ramos Arce, Ramses (Chay) Martir Emmanuelli, Damaris Salcedo Peña, Davis González Pumarejo, Ángel Luis Rodríguez Rosa, Ernesto Robledo Arce, Héctor Rosa Martínez, Aurea Meaux Rivera, Ángel Manuel Montero Pellot, Alberto Luis Torres Torres, David Morales Feliciano, Lenitzia Lugo Sein

Legisladores Municipales Partido Popular Democrático: Kenneth Sanabria Domenech; Mayra CC-2021-0130 2

M. Rosa Sifre, Edwin Lemuel Orfila Soto, Lisandra Badillo Sosa, Julissa Gerena Medina, Wilfred Yasel Torres Rosado, Ángel Pérez (Mr. Pérez), Héctor Alberto Villanueva Ruiz, Joselito Jiménez Rodríguez, Ángel Luis Nieves Vargas, Ana Chely Almeyda Álvarez, Jorge Luis Pérez Salas, Ivette D. Fantauzzi Feliu

Legislador Movimiento Victoria Ciudadana: Edwin J. Cornier Colón

Legisladores Municipales Partido Independentista Puertorriqueño: Deyhaneira Nieves Chaves, Elizabeth Águila Díaz, Héctor Manuel Rivera Viera, Diego Alejandro Marcial Águila, Luis Fernando Martínez Torres, Barry Elbert Babilonia, Michelle Alers Méndez, Osvaldo Nieves Vélez, Héctor E. Águila García, Lilia M. Otero Rodríguez, Ariel Morell Echevarría, Miguel Esteban Nieves Chaves, Ana Lydia Blas Rosado

John Doe, elector del Precinto 035 que pudiera verse adversamente afectado

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de febrero de 2021.

Examinado el recurso de certiorari y la Moción en Auxilio de Jurisdicción al Amparo de la Regla 28 del Reglamento, presentadas por la parte peticionaria, así como la Oposición a moción en auxilio de jurisdicción, presentada por la parte recurrida, se provee no ha lugar al recurso de certiorari y a la Moción en Auxilio de Jurisdicción al Amparo de la Regla 28 del Reglamento.

Notifíquese de inmediato telefónicamente y por correo electrónico.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emite un Voto particular disidente. El Juez Asociado señor Estrella Martínez disiente y emite la expresión siguiente:

Desde el pasado año, mediante una expresión disidente plasmada en la CC-2021-0130 3

resolución del caso Yanitsia Irrizarry Méndez v. Comisión Estatal de Elecciones y otros, CC-2020-0682 resuelto el 31 de diciembre de 2020, advertí en cuanto a la necesidad de determinar la validez de los votos en controversia en la candidatura a la alcaldía del Municipio de Aguadilla. Particularmente, porque le imprimía certeza y mayor agilidad al proceso. No obstante, en aquel entonces, este Tribunal declinó ejercer su rol de pautar el derecho aplicable y, hoy, casi cuatro (4) meses más tarde de haberse celebrado las elecciones generales, aún nos encontramos ante la misma encrucijada.

En esta ocasión, debimos paralizar el recuento y expedir el recurso para pautar de forma definitiva una guía que ilustre al foro administrativo y, eventualmente, a los foros inferiores, cosa que no ocurrió en el pasado. Sin embargo, hoy este Tribunal comete el mismo error dado que mañana se celebrará un recuento que carecerá de certeza jurídica debido a la ausencia de un dictamen final y firme por parte de este Foro.

Por el contrario, ese recuento dará base a que la parte perdidosa tenga que comenzar el calvario procesal de impugnar una nueva certificación. Lo anterior, a la luz del lamentable precedente ocurrido en el caso de la impugnación de la alcaldía de Guánica, en el cual tampoco hay una adjudicación final y firme en torno al ganador de la elección.

En ese sentido, no puedo avalar el curso de acción tomado por una Mayoría de este Tribunal. En su lugar, paralizaría el recuento y expediría el recurso para adjudicar la controversia de la validez de los votos. De este modo, conoceríamos de antemano la necesidad o no de la realización del recuento que hoy tácitamente se avala.

En torno a los méritos del recurso que hoy se deniega, considero que la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones va a producir un alto grado de confusión y falta de claridad en el recuento que se celebrará mañana, máxime ante las deficiencias administrativas, la improvisación y las circunstancias que han rodeado esta elección general. Adelanto, CC-2021-0130 4

que durante el recuento aflorarán legítimas interrogantes ante la posible anulación de votos mixtos válidos. Esa necesidad de contextualización y varios hechos de conocimiento público, requieren que no se aplique en el vacío una norma aislada del Código Electoral. Esta controversia no es tan sencilla ni se reduce a que en el pasado el llamado popularmente voto “pivazo” fue validado y que en el presente el Código Electoral lo prohíbe. En lo que atañe a este ciclo electoral 2020, tenemos que contextualizar las circunstancias que enmarcaron el ejercicio del derecho de los votos emitidos y aquí cuestionados.

Entre las múltiples deficiencias de la institucionalidad de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), resalta que las máquinas de escrutinio electrónico no fueron programadas conforme al Código Electoral vigente, en lo que atañe al rechazo del voto popularmente llamado “pivazo”. No menos importante, existió un acuerdo unánime de administrar el proceso electoral bajo ese entendido. En ese sentido, la verdadera y difícil controversia en este caso realmente consiste en aquilatar si debe aplicarse aisladamente el articulado que prohíbe determinado tipo de voto, a pesar de que las máquinas de escrutinio electrónico se mantuvieron programadas para reconocer el tipo de voto prohibido por el Tribunal de Apelaciones y de que la CEE administró el proceso de una forma en la que le representó al elector que esa modalidad de voto mixto iba a ser contabilizada. Ciertamente, deben producirse consecuencias jurídicas, pero ¿a costa del derecho de los electores que emitieron un voto bajo el entendido de que era válido? A mi juicio, no y mucho menos posponiendo la contestación a esa importante interrogante en una etapa ulterior al recuento que se celebrará mañana. Ante ese cuadro, respetuosamente disiento.

El Juez Asociado señor Colón Pérez emite un Voto Particular Disidente. El Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo está inhibido.

José Ignacio Campos Pérez Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Yanitsia Irizarry Méndez como candidata a la alcaldía del Municipio de Aguadilla por el Partido Nuevo Progresista

Peticionaria

v. CC-2021-0130 Certiorari

Julio Roldán Concepción, alcalde electo del Municipio de Aguadilla por el Partido Popular Democrático, Eliezer Ríos Santiago, candidato a la alcaldía de Aguadilla por el Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Carlos Rosario Soto candidato independiente a la alcaldía de Aguadilla, Comisión Estatal de Elecciones a través de su Presidente, Hon. Francisco Rosado Colomer; Roberto Iván Aponte Berríos, como Comisionado Electoral del Partido Independentista Puertorriqueño; Olvin A. Valentín, como Comisionado Electoral del Movimiento Victoria Ciudadana; Gerardo A. Cruz Maldonado, como Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático; Juan Frontera Suau, como CC-2021-0130 2

Comisionado Electoral del Proyecto Dignidad; Héctor J. Sánchez Álvarez, Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista; Legisladores Municipales Partido Nuevo Progresista: Mery Merci Ramos Arce, Ramses (Chay) Martir Emanuelli, Damaris Salcedo Peña, Davis González Pumarejo, Ángel Luis Rodríguez Rosa, Ernesto Robledo Arce, Héctor Rosa Martínez, Aurea Meaux Rivera, Ángel Manuel Montero Pellot, Alberto Luis Torres Torres, David Morales Feliciano, Lenitzia Lugo Sein

Legisladores Municipales

Partido Popular Democrático: Kenneth Sanabria Domenech, Mayra M. Rosa Sifre, Edwin Lemuel Orfila Soto, Lisandra Badillo Sosa, Julissa Gerena Medina, Wilfred Yasel Torres Rosado, Ángel Pérez (Mr. Pérez), Héctor Alberto Villanueva Ruiz, Joselito Jiménez Rodríguez, Ángel Luis Nieves Vargas, Ana Chely Almeyda Álvarez, Jorge Luis Pérez Salas, Ivete D. Fantauzzi Feliu, Legislador Movimiento Victoria Ciudadana: Edwin J. CC-2021-0130 3

Cornier Colón, Legisladores Municipales Partido Independentista Puertorriqueño: Deyhaneira Nieves Cíaves, Elizabeth Águila Díaz, Héctor Manuel Rivera Viera, Diego Alejandro Marcial Águila, Luis Fernando Martínez Torres, Barry Elbert Babilonia, Michelle Alers Méndez, Osvaldo Nieves Vélez, Héctor E. Águila García, Lilia M. Otero Rodríguez, Ariel Morell Echevarría, Miguel Esteban Nieves Chaves, Ana Lydia Blas Rosado, John Doe, Elector del Precinto 035 que pudiera verse adversamente afectado

Recurridos

La Jueza Presidenta ORONOZ RODRIGUEZ emitió un Voto particular disidente.

Disiento del proceder de una Mayoría de este Tribunal.

Este foro debió proteger la intención de todos los electores

que emitieron válidamente su voto en las elecciones

generales del 3 de noviembre de 2020. Al no hacerlo, ha dado

paso a la invalidación de miles de votos de electores que

confiaron en que su prerrogativa electoral -de rango

constitucional- se respetaría en línea con su intención

inequívoca. Tal proceder avala que un panel del Tribunal de CC-2021-0130 4

Apelaciones cambie las reglas del juego después de

celebrados los comicios. Ello tiene un efecto nefasto dual.

Primero, se crean reglas a la medida para adjudicar el voto

en la contienda electoral del municipio de Aguadilla.

Segundo, se adjudican votos de manera desigual a la que se

hizo en los demás municipios y a la que se hizo en la

papeleta de la gobernación y la legislativa. Es decir, al

validar la interpretación del Tribunal de Apelaciones se

pone un gran signo de interrogación sobre la manera en que

se adjudicaron los votos de todas las contiendas en todo

Puerto Rico.

El Tribunal de Apelaciones erró al anular una

Certificación del Resultado Electoral que se presume válida

conforme a las disposiciones pertinentes en el Código

Electoral de 2020 y la normativa que adoptó la Comisión

Estatal de Elecciones (CEE). Se equivocó, también, al

ordenar un recuento en donde precisamente no se tomen en

cuenta esos votos que se presumen válidamente emitidos

conforme a las propias directrices de la CEE. Esto sin que,

hasta el momento, la Sra. Yanitsia Irizarry Méndez haya

presentado evidencia alguna de la existencia de las

papeletas votadas en la forma en que pretende controvertir.

Conforme al Reglamento de Elecciones Generales y

Escrutinio General 2020 -aprobado por la Comisión Estatal de

Elecciones el 11 de septiembre de 2020 con el aval unánime

de todos los comisionados electorales- se le representó a

los electores que podían votar en dicha papeleta de diversas

maneras, incluyendo hacer una marca bajo la insignia de un CC-2021-0130 5

partido político y marcas al lado de los candidatos de otros

partidos, lo cual reglamentariamente se denominó “voto

mixto”. Véase Regla 50 del Reglamento de Elecciones

Generales y Escrutinio General 2020.

Ahora, tras finalizar la elección, después de

efectuarse un primer recuento y conocerse sus resultados,

con un alcalde en propiedad al mando de la gestión

administrativa del Municipio de Aguadilla, la candidata que

perdió solicita que se descarten las papeletas de quienes

descansaron en las representaciones de la CEE sobre la

validez de ejercer su voto de esta manera. A juicio de la

candidata, las alternativas que la CEE ofreció para

completar la papeleta deben alterarse luego de concluida la

elección, y contabilizados los resultados, para que ese

“voto mixto” -ya emitido- no sea una opción. Se reitera,

ello implicaría anular miles de papeletas que fueron

emitidas conforme a las representaciones reglamentarias

previas de la CEE. Tal curso de acción es improcedente por

razones estatutarias y constitucionales.

La anulación de votos (“disenfranchisement”) producto

de un cambio ex post facto en las reglas de una elección ya

celebrada, donde se induce a error al elector, plantea

serios problemas constitucionales. Véase Griffin v. Burns,

570 F.2d 1065 (1er Circ. 1978). Conforme se ha notado,

“changing the rules of the game after it has been played and

the score is known, violates fundamental rules of fair play.

Such action gives the appearance of, as well as is, actual

unfairness and consequently violates due process of law.” CC-2021-0130 6

PNP v. Barreto Pérez, 639 F.2d 825, 827 (1er Circ. 1980)

citando a PNP v. Barreto Pérez, 507 F. Supp. 1164, 1174

(D.P.R. 1980). Véase además Bonas v. Town of N. Smithfield,

265 F.3d 69 (1er Cir. 2001).

Por ello, debimos ordenar la paralización del recuento

de votos pautado para mañana, sábado, 27 de febrero de 2021.

Hubiese expedido el recurso de certiorari que el Hon. Julio

Roldán Concepción (señor Roldán) presentó, y concedido su

petición de paralizar los efectos de la Sentencia del foro

apelativo intermedio hasta que atendiéramos la controversia

en los méritos. Por entender que sus reclamos son

meritorios, correspondía que revocáramos el dictamen que

emitió el Tribunal de Apelaciones y reinstaláramos la

Sentencia que dictó el Tribunal de Primera Instancia.

I

El 3 de noviembre de 2020, al igual que en el resto del

país, se llevaron a cabo las elecciones para la Alcaldía del

Municipio de Aguadilla. Esa noche la CEE emitió un resultado

parcial de la contienda a favor del Hon. Julio Roldán

Concepción (peticionario) por una diferencia de menos de 100

votos. Ante ese resultado parcial, bajo lo dispuesto en el

Artículo 10.8 del Código Electoral de Puerto Rico de 2020

(Código Electoral de 2020), la CEE ordenó realizar un

recuento de los votos antes de hacer el procedimiento de

escrutinio. La CEE dispuso que “[l]a adjudicación de votos

manual se llevar[ía] a cabo conforme lo establecido en los

reglamentos y manuales aprobados, de forma unánime, por la

Comisión en pleno y según se adjudica por la máquina de CC-2021-0130 7

escrutinio. Prevaleciendo así el principio de que cada voto

tiene el mismo peso y valor”. Resolución CEE-AC-20-508.

En desacuerdo la señora Irizarry Méndez presentó por

primera vez en el foro judicial la controversia que hoy

atendemos nuevamente. Recurso de revisión judicial, Caso

Núm. SJ2020CV6543. Allí alegó que las máquinas de recuento y

escrutinio estaban programadas incorrectamente para

contabilizar y adjudicar papeletas que, a su juicio, eran

inválidas por no cumplir con la definición de voto mixto del

Código Electoral de 2020. Luego de evaluar la controversia,

el Tribunal de Primera Instancia desestimó el recurso por

falta de jurisdicción. Posteriormente, el Tribunal de

Apelaciones confirmó la determinación y, traído ante nuestra

consideración, este Tribunal denegó el recurso. En

consecuencia, procedía que la CEE realizara el recuento de

las papeletas municipales del precinto de Aguadilla

utilizando las máquinas programadas conforme al reglamento

de elecciones. Estas son las mismas máquinas que se usaron

para el escrutinio del resto de las contiendas del país.

El recuento concluyó y el 31 de diciembre de 2020 la

CEE certificó al señor Roldán Concepción como el Alcalde

Electo del Municipio de Aguadilla al obtener 8,845 votos a

su favor. Estos son 50 votos más que su contrincante, la

señora Irizarry Méndez, quien obtuvo el segundo lugar de la

contienda con 8,805 votos a favor. Al amparo de esa

certificación, el señor Roldán Concepción prestó juramento

al cargo y desde entonces ejerce como alcalde del Municipio

de Aguadilla. CC-2021-0130 8

El 4 de enero de 2021 la señora Irizarry Méndez presentó

en el Tribunal de Primera Instancia un Recurso de Impugnación

de Elección al amparo del Art. 10.15 del Código Electoral de

2020. En su recurso, alegó que la certificación del señor

Roldán Concepción como alcalde del Municipio de Aguadilla era

cuestionable toda vez que en el proceso de recuento que se

realizó para ese cargo se contabilizaron y adjudicaron varias

papeletas inválidas. Argumentó que las papeletas en

controversia no constituían un voto mixto según definido por

los Arts. 2.3(76) y 9.10 del Código Electoral de 2020. En

apoyo a su contención sostuvo que durante el escrutinio

general varios funcionarios observaron que más de cincuenta

(50) papeletas municipales que no cumplían con la definición

de voto mixto del Código Electoral fueron adjudicadas como

tal. Así, la señora Irizarry Méndez regresó al foro judicial

para cuestionar la validez de las papeletas en las que el

elector hizo una marca bajo la insignia de un partido y una

marca en el recuadro de un candidato de otro partido, pero no

hizo marca alguna en la columna de la insignia que marcó.

Por su parte, la CEE presentó una Urgente Solicitud de

Desestimación y Oposición a Impugnación de Certificación en

la que adujo que la reclamación de la señora Irizarry Méndez

no solo era contraria a los postulados del Código Electoral,

sino que ignora el principio de que se debe respetar la

intención del elector. Además, señaló que la recurrida no

precisó ni probó que la descalificación de las papeletas

mixtas que alegó ilegales cambiaría el resultado de la CC-2021-0130 9

elección en su favor. Por ello, solicitó la desestimación del

recurso que la recurrida instó.

El Tribunal de Primera Instancia notificó una Sentencia

el 2 de febrero de 2021 en la que desestimó la acción de

impugnación ante su consideración. Analizó que, aplicar de

forma rígida y textualista la letra del Código Electoral en

esta controversia constituiría una intervención indebida con

el derecho constitucional al voto de los electores que ya

votaron. En consecuencia, validó la adjudicación de los

votos mixtos emitidos y procesados por las máquinas de

escrutinio programadas conforme al reglamento de elecciones,

según enmendado el 11 de septiembre de 2020. Inconforme con

esa decisión, la señora Irizarry Méndez recurrió al Tribunal

de Apelaciones. Luego de evaluar los argumentos, el foro

intermedio revocó la Sentencia del foro primario y declaró

nula la certificación electoral del señor Roldán Concepción

como Alcalde del Municipio de Aguadilla. Expresó que las

papeletas se deben adjudicar conforme al Código Electoral de

2020. Analizó que el acuerdo del Presidente y los

Comisionados Electorales de la CEE de enmendar la Regla 50

del Reglamento de Elecciones es ilegal al establecer una

definición de voto mixto que no se ajusta a la definición

del Código Electoral. A tono con ello, ordenó a la CEE a

comenzar --dentro de un término de cinco (5) días-- un

recuento manual de las papeletas de esa contienda excluyendo

las papeletas de voto mixto en controversia.

II

A. CC-2021-0130 10

Nuestra Constitución reconoce expresamente el derecho

al sufragio universal, igual, directo y secreto. Sec. 2,

Art. II, Const. ELA, LPRA, Tomo I. Este derecho se ha

distinguido como uno de los mayores postulados de nuestra

Carta Magna porque enfatiza “el carácter democrático de

nuestra sociedad donde el poder político emana del Pueblo y

se ejerce con arreglo a la voluntad manifiesta en las

urnas”. PSP v. Comisión Estatal de Elecciones, 110 DPR 538,

405 (1980).

Vale recalcar que nuestra Constitución también dispone

que “[n]adie será privado del derecho al voto por no saber

leer y escribir […]”. Sec. 4, Art. VI, Const. ELA, LPRA,

Tomo I. Lo anterior consagra la centralidad del Derecho

Electoral como garante del derecho de cada persona a ejercer

su prerrogativa electoral —en especial, a las poblaciones

más vulnerables— y no como un medio para diluirla o

suprimirla.

En atención a la importancia que consagra este derecho

para la democracia, hemos reiterado que nuestro análisis

debe partir de dos premisas ineludibles. Por un lado, “el

sufragio como expresión individual y colectiva” ocupa en

nuestro ordenamiento jurídico “un sitial de primerísimo

orden que obliga a los tribunales a conferirle la máxima

protección”. (Énfasis suplido). Suarez Jiménez v. CEE I, 163

DPR 347, 355 (2004). Por otro lado, presente el mínimo

indicio de vaguedad o laguna en las disposiciones normativas

que regulan el ejercicio al voto, “la interpretación

adoptada debe dar primacía a la máxima protección de la CC-2021-0130 11

expresión electoral”. (Énfasis suplido). Íd.; Santos v. CEE,

111 DPR 351 (1981).

Basado en la primacía del derecho constitucional al

voto, hemos reafirmado que, como principio rector de

interpretación estatutaria en materia electoral, al evaluar

la validez de un voto emitido:

[D]ebe ser norma irreducible la de evaluarlo con el mayor respeto a la voluntad del elector y con el óptimo esfuerzo por salvar su intención si ésta encuentra apoyo en la inteligencia aplicada al examen de la papeleta, obviando inobservancias de índole formal que en el ejercicio de entendimiento razonable no ocultan ni enredan en confusión la verdadera intención del votante. (Énfasis suplido). Suárez Jiménez v. CEE I, supra, pág. 356 (citando a PSP v. Comisión Estatal de Elecciones, supra, pág. 460).

Cónsono con lo anterior, el Art. 5.1 del Código

Electoral de 2020, 16 LPRA sec. 4561, recoge ese principio

de rango constitucional cuando dispone:

Reafirmando el derecho fundamental al voto universal, igual, directo, secreto y protegido contra toda coacción y la garantía de la más clara expresión e intención de la voluntad democrática del pueblo, también reconocemos los siguientes derechos y prerrogativas de los Electores:

(1) El derecho a la libre emisión del voto y a que este se cuente y se adjudique conforme a la intención del Elector al emitirlo, y según se dispone en este subtitulo.

(2) La supremacía de los derechos electorales individuales del ciudadano sobre los derechos y las prerrogativas de todos los Partidos, Candidatos Independientes y agrupaciones políticas.

[…]

(5) El derecho del Elector a que el sistema y los procedimientos electorales estén fundamentados en su más amplia participación y accesibilidad, tomando en consideración su dignidad y su CC-2021-0130 12

credibilidad personal, y no en la desconfianza de los Partidos Políticos u otros electores.

Igualmente, el Art. 10.10 del Código Electoral de

2020, 16 LPRA sec. 4760, recalca lo siguiente:

En la adjudicación de una papeleta, el criterio rector que debe prevalecer es respetar la intención del Elector al emitir su voto con marcas válidas que se evaluarán conforme a reglas de adjudicación objetivas y uniformes utilizadas por los sistemas electrónicos de votación o escrutinio utilizados por la Comisión.

Nótese que nuestro ordenamiento jurídico consagra un

principio que hemos reiterado sin ambages en nuestra

historia democrática: la validez del voto conforme a la

intención clara e inequívoca del elector.

En PSP v. Comisión Estatal de Elecciones, supra,

ordenamos que se validaran todas las papeletas cuya

intención del elector fuera manifiestamente inequívoca a

favor de unos candidatos, así como las que tenían una marca

sobre la insignia de un partido en particular,

independientemente de si estas se hicieron dentro de los

límites del cuadrante provisto para ello. Esto aun cuando el

Manual de Procedimientos para Funcionarios de Colegios y

Coordinadores de Unidad Electoral que se aprobó para esos

comicios dispuso que esas marcas se tomarían por no puestas.

Sobre el particular, este Tribunal expresó con notable

contundencia:

En esas instancias, nuestra misión suprema es salvar —por la preeminencia del derecho envuelto— aquellas situaciones en las cuales una interpretación literal y rigurosa plantearía graves interrogantes y objeciones de carácter constitucional. Así, cuando el texto legal habla CC-2021-0130 13

y se configura en términos absolutos, requiere que hagamos un esfuerzo por evitar el choque constitucional, si bien validándolo, pero atemperándolo si posible, y se logra satisfactoriamente la armonía entre el interés gubernamental envuelto y el valor primario del sufragio. Íd., pág. 429.

En ese entonces, defendimos a capa y espada el voto

que emitió el elector y concluimos que “la medida

determinante es si la marca refleja claramente la intención

del elector y no el evento fortuito de que la marca fue

incorrectamente ubicada”. Íd., pág. 432.

Posteriormente, en Santos v. Comisión Estatal de

Elecciones, 111 DPR 351 (1981), acatamos los principios que

esbozamos en PSP v. Comisión Estatal de Elecciones, supra,

para determinar la validez de unos votos adjudicados a un

candidato cuando no se marcó conforme a la normativa

vigente, pero sí se desprendía con inequívoca claridad el

candidato preferido por el elector y el cargo para el cual

solicitaba se adjudicara el voto. Esto a pesar de que el

elector no siguiera las instrucciones vertidas. Allí

dijimos:

El evento comicial envuelve a una población que excede el millón y medio de todo tipo de personas, de las más diversas posiciones sociales y condiciones intelectuales y académicas. Bajo esa óptica, hemos de recordar la admonición constitucional de que ”[n]adie será privado del derecho al voto por no saber leer o escribir […]”. En su correcta dimensión este postulado puede conllevar, en sus variadas manifestaciones, una prohibición a que se anule el voto por que el elector no siga instrucciones que sólo afectan de manera mínima el interés legislativo que persigue reconocer la verdadera voluntad del elector. (Citas omitidas). Íd., pág. 357.

Luego, en Suárez Jiménez v. CEE, supra, atendimos una

controversia con hechos muy similares a los que tenemos hoy CC-2021-0130 14

ante nuestra consideración. Allí se solicitó que se

emitiera una sentencia declaratoria en la que se validaran

los votos emitidos en la papeleta estatal cuya marca estaba

bajo una de las insignias de los partidos y, a su vez,

contenían una marca en cada uno de los encasillados

correspondientes a los candidatos a los cargos de

gobernador y comisionado residente de partidos políticos

distintos a la insignia que marcó. Determinamos a favor de

su validez. Aunque en ese caso el texto diáfano del

Reglamento aprobado por la CEE y su Manual de

Procedimientos para las Elecciones Generales de 2004 fue

suficiente para resolver la controversia,1 enunciamos que

el esquema descrito en esas fuentes legales:

[H]an establecido un mecanismo uniforme para adjudicar los votos en el escrutinio como en el recuento y cómo tratar las papeletas íntegras, recusadas, mixtas y mixtas recusadas o protestadas. Este mecanismo está predicado en el principio de que todas las papeletas que estén igualmente situadas habrán de recibir el mismo trato y se adjudicarán de la misma manera. De esta forma se evita toda posibilidad de arbitrariedad y de la existencia de estándares divergentes al momento del escrutinio o del recuento, y se garantiza así el derecho al voto del elector. Íd., en la pág. 362.

En otras palabras, al validarse la intención del elector en

este tipo de voto mixto, se garantiza el derecho al voto

1 La Regla 50 del Reglamento para las Elecciones Generales y el Escrutinio General de 2004 disponía:

Voto Mixto: — Cuando el (la) elector(a) ennegrece el óvalo, hace una marca o cruz de cualquier dimensión o forma dentro del cuadrante de la insignia del Partido político de su preferencia, y hace, además, una cruz o marca individual dentro del cuadrante donde aparece el nombre de una o más candidatas en las columnas de otros partidos políticos, o candidatas independientes, o escribe nombres de personas que no figuren como candidatas en la columna de Nominación Directa. CC-2021-0130 15

del elector y se mantiene la uniformidad del mecanismo de

conteo de votos de forma que se evite la arbitrariedad del

proceso.

Es importante señalar que la Corte de Apelaciones

para el Primer Circuito de Boston expresó —en un recurso

que se instó paralelamente en el foro federal sobre ese

caso— que la posición contraria avalaría la privación del

voto de miles de electores. (Énfasis suplido). Rossello-

Gonzalez v. Calderon-Serra, 398 F.3d 1, 17 (2004).2 Ante

ello, revocó una determinación del Tribunal de Distrito

federal de San Juan e indicó que los tribunales federales

no debían intervenir para excluir votos, salvo en

circunstancias excepcionales. Íd.

Finalmente, tan reciente como hace poco más de un

mes, en Rodríguez Ramos v. CEE y otros, 2021 TSPR 3, este

Tribunal —de forma unánime— se amparó en nuestros

dictámenes anteriores sobre la supremacía de la intención

clara del elector para resolver que esta impera sobre toda

papeleta en el que el voto del elector sea claro, aún

cuando este no siga alguna instrucción de forma. Lo

anterior para validar los votos emitidos a favor de un

candidato por nominación directa (“write-in”) en papeletas

en las cuales no se había marcado con exactitud lo

2 “Here, the final decision under Puerto Rico law to adjudicate all three-mark ballots under one consistent standard does not disenfranchise any Puerto Rico voters— indeed, it is the position espoused by the Rosselló Plaintiffs that stands to disenfranchise an estimated 28,000 voters”. Rossello-Gonzalez v. Calderon-Serra, 398 F.3d 1, 17 (2004). CC-2021-0130 16

dispuesto expresamente en la normativa aplicable. Allí

reafirmamos:

Al evaluar la trayectoria jurisprudencial de este Tribunal sobre la intención del elector, [la doctrina de la intención del elector] es una regla de interpretación para situaciones no anticipadas o imprevistas por el Legislador o donde haya ambigüedad en el ordenamiento jurídico aplicable. Circunstancias donde la aplicación literal de una norma de adjudicación pueda frustrar el derecho al voto y para no anular el sufragio emitido en caso de que el elector no siga alguna instrucción de forma. (Énfasis suplido), Rodríguez Ramos v. CEE y otros, supra, pág. 14. En ese dictamen recalcamos “la supremacía de la clara

intención del elector al marcar su papeleta de votación

sobre cualquier interpretación literal de un estatuto que

pueda frustrar el valor de un voto emitido”. (Énfasis en el

original). Íd., pág. 15. Asimismo, reafirmamos lo que

expusimos en PSP v. Comisión Estatal de Elecciones, supra,

sobre que cuando la intención del elector es clara, “la

sustancia debe prevalecer sobre la forma”. (Énfasis en el

original). Íd., pág. 16. Reiteramos que “[l]a medida

incorrectamente ubicada”. Íd. (citando a PSP v. Comisión

Estatal de Elecciones, supra, pág. 432). Allí también

enfatizamos que la aplicación de esta norma “cumple con el

mandato constitucional de garantizar el derecho al voto

[…], [pues] la intención del elector debe respetarse cuando

ésta sea clara”. (Énfasis en el original). Íd., pág. 16. De

igual forma, reiteramos que “lo realmente trascendental es CC-2021-0130 17

lo que finalmente [el elector] expresó en la papeleta”.

(Énfasis en el original). Íd., pág. 37. Así, concluimos:

Así, nos reiteramos en lo ya expresado en múltiples decisiones de que al evaluar un voto debemos hacerlo con el mayor respeto a la voluntad del elector y con el óptimo esfuerzo por salvar su intención, si ésta encuentra apoyo en la inteligencia aplicada al examen de la papeleta. (Énfasis suplido). Íd., pág. 33.

Los pronunciamientos anteriores subrayan la

esencialidad del respeto a la intención del elector como

piedra angular del derecho fundamental al voto. Más

importante aún, demuestran el mandato inequívoco que

tenemos como garantes de ese derecho a prevenir, a toda

costa, su dilución o privación. Esto, sobretodo, contra

tecnicismos y tácticas frívolas y acomodaticias —

posteriores al evento— que utilizan aquellos que se

aferran a un escaño y que no comprenden que este le

pertenece a la voluntad del Pueblo.

Hoy, con su denegatoria, una Mayoría de este Tribunal

deja en vigor una sentencia que pretende soslayar esos

principios básicos amparándose en un análisis textualista y

limitado de la definición de “papeleta mixta” según aparece

en el Código Electoral de 2020. Según vimos, lo anterior

ignora un postulado reiterado en nuestro ordenamiento: el

voto donde el elector hace una marca bajo la insignia de un

partido y también hace una marca en el recuadro en blanco al

lado de un candidato en la columna de otro partido siempre

ha constituido en Puerto Rico una forma legítima de votar.

Esto aun si no está expresamente incluído bajo la definición CC-2021-0130 18

textual de “papelata mixta” que aparece en el Código

Electoral de 2020. Como veremos a continuación, nada en ese

cuerpo normativo lo prohíbe categóricamente. Ante ese vacío,

y en virtud de nuestros pronunciamientos anteriores, existe

un Reglamento que lo viabiliza expresamente a tenor de la

facultad que le confiere el Código Electoral a la Comsión

Estatal de Elecciones.

B.

La controversia ante nosotros surge a raíz de la

aprobación apresurada de un nuevo Código Electoral, a

apenas cuatro meses de que se celebraran los comicios

generales. La nueva legislación incorporó cambios

significativos al proceso electoral. Así, se cambió la

manera en que se ejecutarían varios actos electorales y se

redefinieron algunos conceptos. Entre ellos, se redefinió

lo que se conoce como el voto mixto.

A pesar del reconocimiento que ha tenido el voto

mixto a través de la historia puertorriqueña, el Art. 2.3

(76) del Código Electoral define “papeleta mixta” como:

[A]quella en la que el Elector hace una Marca Válida dentro del rectángulo en blanco bajo la insignia del partido político de su preferencia, debiendo votar por al menos un candidato dentro de la columna de esa insignia, y hace una Marca Válida dentro del rectángulo en blanco al lado de cualquier candidato de ese mismo partido político en la columna de otro partido o candidato independiente; o escribiendo el nombre completo de otra persona en el encasillado de la columna de nominación directa que corresponda a la candidatura y debiendo hacer una Marca Válida dentro del rectángulo en blanco al lado de cada nombre escrito. CC-2021-0130 19

Más adelante, el Art. 9.10 del mismo cuerpo legal

dispone las instrucciones al elector que deben constar

escritas en la papeleta. Similarmente, la instrucción sobre

cómo votar mixto lee como sigue:

Para votar mixto, haga una Marca Válida dentro del rectángulo en blanco bajo la insignia del partido político de su preferencia, votando al menos por un candidato dentro de la columna de esa insignia, y haga una Marca Válida dentro del rectángulo en blanco al lado de cualquier candidato en la columna de otro partido o candidato independiente; o escriba el nombre completo de otra persona en el encasillado de la columna de nominación directa que corresponda a la candidatura y también debe hacer una Marca Válida dentro del rectángulo en blanco al lado de cada nombre escrito.

De otra parte, el Código Electoral hace referencia a

varias causas que invalidan una papeleta. Algunas de estas

son la “papeleta mal votada o cargo mal votado”, la

“papeleta nula” y la “papeleta sin valor de adjudicación”.

Se considera una papeleta mal votada aquella en la que el

elector marcó más candidatos o nominados de los que tiene

derecho a votar. Art. 2.3 (75) del Código Electoral.3 De

otra parte, una papeleta es nula cuando aparece: (1)

arrancada la insignia de algún partido político, (2)

escrito un nombre salvo que sea en la columna de nominación

directa, o (3) tachado un nombre de un candidato. Art. 2.3

(78) del Código Electoral.4 También son nulas las papeletas

3 El Art. 2.3 (75) define “Papeleta Mal Votada o Cargo Mal Votado” como sigue: Se refiere a cuando el Elector marcó en la Papeleta de votación más Candidatos o nominados de los que tiene derecho a votar. En este caso ninguno de los Candidatos o nominados acumulará votos. Cuando se trate de votaciones de cargos o nominados solo las Papeletas votadas por candidatura o Papeletas Mixtas podrán tener cargos mal votados. Cuando se trate de Referéndums o Plebiscitos, votar por más de una alternativa sobre un mismo asunto se considerará como Papeleta Mal Votada. 4 El Art. 2.3 (78) define “Papeleta Nula” como sigue: CC-2021-0130 20

que contengan “iniciales, palabras, marcas o figuras de

cualquier clase que no sean de las permitidas para expresar

el voto y que pueda hacerla incompatible para ser

interpretada por el sistema de escrutinio electrónico”. Íd.

Por último, son papeletas sin valor de adjudicación las

papeletas en blanco, Over Voted, Under Voted y las nulas.

Art. 2.3 (83) del Código Electoral.5 Como carecen de valor

de adjudicación, estas papeletas no forman parte del

cómputo de los porcientos del resultado de la votación. Íd.

Por otro lado, el 11 de septiembre de 2020, dos meses

después de que se aprobó el Código Electoral, se revisó el

Reglamento Elecciones Generales y Escrutinio General 2020

(Reglamento). Este fue aprobado por todos los Comisionados

Electorales, incluyendo el Comisionado Electoral del

partido político de la aquí recurrida.6 En lo pertinente,

Papeleta votada por un Elector en donde aparece arrancada la insignia de algún Partido Político; escrito un nombre, salvo que sea en la columna de nominación directa; o tachado el nombre de un Candidato o que contenga iniciales, palabras, marcas o figuras de cualquier clase que no sean de las permitidas para expresar el voto y que pueda hacerla incompatible para ser interpretada por el sistema de escrutinio electrónico. No se considerará como Papeleta Adjudicada. 5 El Art. 2.3 (83) dispone que son “Papeleta Sin Valor de Adjudicación”

aquellas:

Papeletas en blanco, Over Voted, Under Vote[d] y las nulas. Dichas Papeletas no formarán parte del cómputo de los porcientos del resultado de la Votación. Solo podrán ser contabilizadas de manera agrupada en sus respectivos encasillados impresos en las Actas de Escrutinio para los efectos de cuadre contable en los Colegios de Votación y no como parte de las certificaciones de los resultados de cada votación. Dichas Papeletas sin Valor de Adjudicación, sin expresión válida de intención del Elector, “de ninguna manera puede ser contado para efectos de influir o afectar el resultado de una elección, referéndum o plebiscito, entre otros eventos electorales.” (Cita omitida). Art 2.3(83), Código Electoral, supra.

6 Cabe resaltar que, al igual que lo hicimos en Suárez Jiménez v. Comisión Estatal de Elecciones, 163 DPR 541, 543 (2004), ningún candidato a puesto electivo, partido político o sus Comisionados Electorales impugnaron la validez de las disposiciones relativas a la adjudicación del voto mixto del Reglamento Elecciones Generales y CC-2021-0130 21

la Regla 50 del referido Reglamento establece que un voto

mixto es:

[C]uando el elector hace una marca válida bajo la insignia del partido político de su preferencia, y hace, además, una o más marcas válidas al lado de los nombres de los candidatos en columnas de otros partidos políticos o candidatos independientes o nomine personas que no figuren como candidatos en la columna de Nominación Directa escribiendo el nombre o nombres y haciendo una marca válida en el área de reconocimiento de marcas.

Como se puede apreciar, conociendo las definiciones

confusas del voto mixto que surgen del Código Electoral,

los Comisionados Electorales mantuvieron la definición de

voto mixto que se ha reconocido por años en Puerto Rico sin

añadir requisitos adicionales.

¿Cómo cinco Comisionados Electorales aprobaron

unánimemente un Reglamento que valida la forma de votar que

está aquí en controversia? La respuesta es sencilla. Al

amparo de décadas de pronunciamientos inequívocos que

reiteran un principio cardinal en las sociedades

democráticas y que está muy presente en la consciencia

colectiva de nuestro Pueblo: en el ejercicio del derecho de

cada persona a elegir a sus representantes conforme a su

voluntad, cada voto cuenta.

Erradamente, el Tribunal de Apelaciones entendió que

el Código Electoral de 2020 prohibe el tipo de voto mixto

que está en controversia. No solo no lo hace

Escrutinio General 2020. Por el contrario, los partidos políticos a través de sus Comisionados Electorales y, por ende, los candidatos de los partidos, participaron del proceso de aprobación del Reglamento y lo validaron de forma unánime. Así lo reconoce, incluso, el Presidente de la Comisión Estatal de elecciones en la certificación CEE-AC-20- 508. Cualquier intento de impugnar el Reglamento en estos momentos es tardío. CC-2021-0130 22

categóricamente sino que principios de rango constitucional

impiden que se dé otra interpretación. Cónsono con nuestros

pronunciamientos anteriores, así como con la democracia que

juramos defender, la única interpretación plausible es

determinar que ese modo de votar está permitido y debe

validarse conforme a la intención indudable del elector.

IV

En el recurso que el peticionario nos presentó, este

planteó, entre otros señalamientos, que el Tribunal de

Apelaciones erró al determinar que un voto mixto válido es

únicamente aquel que, además de tener una marca bajo la

insignia de un partido y a favor de un candidato fuera de

esa columna, contiene otra marca en al menos un candidato en

la columna del partido por el que votó. Asimismo, planteó

que la interpretación del foro apelativo intermedio tiene el

efecto de invalidar el voto que emitió el elector conforme a

su intención inequívoca. Tiene razón.

Conforme al análisis que antecede, el Tribunal de

Apelaciones resolvió incorrectamente al ordenar un recuento

en donde precisamente no se tomen en cuenta esos votos que se

presumen válidamente emitidos. Esto a tenor del análisis

discutido aquí, así como de las propias directrices de la

CEE.

Nótese, además, que según se dispuso en el Reglamento

de Elecciones Generales y Escrutinio General 2020 —aprobado

con el aval unánime de todos los comisionados electorales—

se le representó a los electores que podrían votar en la CC-2021-0130 23

papeleta de diversas maneras, incluyendo hacer una marca

bajo la insignia de un partido político y marcas al lado de

los candidatos de otros partidos, lo cual reglamentariamente

se denominó “voto mixto”. Es insostenible que, ahora,

finalizada la elección, la recurrida solicite que se

descarten las papeletas de quienes confiaron en las

representaciones expresas que le hizo la CEE que, a su vez,

tampoco están prohíbidas por el ordenamiento vigente. Tal

razonamiento podría implicar la anulación de miles de

papeletas que fueron emitidas conforme a las

representaciones reglamentarias previas de la CEE. De igual

forma, este Tribunal valida que se permita cambiar las

reglas del juego —después de celebrados los comicios

electorales— con el efecto de crear reglas particulares para

adjudicar el voto en la contienda electoral de un solo

municipio. Tal curso de acción no debió permitirse por este

Tribunal por las diversas razones que expuse anteriormente.

Como indiqué en mi Opinión de conformidad en Rodríguez

Ramos v. CEE y otros, supra, “consideraciones

constitucionales limiatan la facultad del Estado para

cambiar las reglas del juego en una elección ya celebrada”.

Íd., pág. 4. En otras palabras, “si el Estado ha aprobado

unas reglas para una elección no podría luego pretender

anular los votos que se han emitido conforme a estas,

promoviendo un cambio ex post facto en las reglas de la

elección”. (Citas omitidas). Íd. CC-2021-0130 24

El cambio de las reglas posterior a la celebración

plantea dudas sobre el debido proceso de ley, así como pone

en entredicho el principio fundamental de que el derecho al

voto incluye el derecho a que sea contado en su día. Wesbery

v. Sanders, 376 US 1, 17 (1964). Consideraciones basadas en

lo anterior nos deben mover a rechazar todo intento de

supresión retroactiva de los votos que se emitieron conforme

a la intención inequívoca del elector y en armonía con las

disposiciones de nuestro ordenamiento electoral.

Por todo lo anterior, hubiese expedido el recurso de

certiorari que el Hon. Julio Roldán Concepción presentó, así

como hubiese concedido su petición de paralizar los efectos

de la Sentencia del foro apelativo intermedio hasta que

atendiéramos la controversia en los méritos. Por entender

que sus reclamos son meritorios, correspondía que

revocáramos el dictamen que emitió el Tribunal de

Apelaciones y reinstaláramos la Sentencia que dictó el

Tribunal de Primera Instancia.

Maite D. Oronoz Rodríguez Jueza Presidenta EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Yanitsia Irizarry Méndez, como candidata a la alcaldía del Municipio de Aguadilla por el Partido Nuevo Progresista

Recurrida CC-2021-0130 v.

Julio Roldán Concepción, Alcalde electo del Municipio de Aguadilla por el Partido Popular Democrático; et als.

Peticionario

Voto Particular Disidente emitido por el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ

En San Juan, Puerto Rico a 26 de febrero de 2021.

Hoy este Tribunal, en un acto sin precedente,

-- y contrario a los postulados más básicos que

rigen nuestro ordenamiento jurídico en materia de

derecho al voto -- sub silentio, permite el inicio

de una “expedición de pesca”, que busca variar el

resultado al que se llegó el pasado 3 de noviembre

de 2020, en lo relacionado a la contienda electoral

por la Alcaldía del Municipio de Aguadilla. Ello,

fundamentado en meras alegaciones de la parte

recurrida, la señora Yanitsia Irizarry Méndez (en

adelante, “señora Irizarry Méndez”), sobre la

existencia de determinados votos que ella considera

nulos; planteamientos que -- en ningún momento -- CC-2021-0130 2

fueron probados ante un tribunal de justicia.7

Como si lo anterior fuese poco, para viabilizar tal

asalto a la democracia puertorriqueña, la señora Irizarry

Méndez solicitó al Tribunal de Apelaciones, -- y dicho

foro, en un escueto escrito, accedió a tal pedido -- que

se invalidara uno de los pocos actos acertados de la

Comisión Estatal de Elecciones (en adelante, “C.E.E.”),

en relación con el proceso electoral celebrado en el País

hace más de cuatro (4) meses, y mediante el cual la

referida entidad gubernamental buscó garantizar que la

intención de todo elector y electora fuese respetada.8

7 Recordemos que, según las exigencias de la Regla 110 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 110, y conforme a las reiteradas expresiones de esta Curia, los hechos no se prueban con meras alegaciones. Véase, U.P.R Aguadilla v. Lorenzo Hernández, 184 DPR 1001, 1013 (2012); Pereira Suarez v. Jta. Dir. Cond., 182 DPR 485, 509 (2011); Asoc. Autentica Empl. v. Municipio de Bayamón, 111 DPR 527, 531 (1981). Como bien nos dice el profesor Ernesto L. Chiesa Aponte, “[e]l lenguaje de la regla resulta filosóficamente correcto, pues quien afirma la existencia de algo, tiene la obligación de presentar evidencia para demostrarlo”. E.L. Chiesa Aponte, Reglas de evidencia comentadas, San Juan, Ed. Situm, 2016, pág. 49.

8 Esta no es la primera vez que nos expresamos contundentemente sobre los accidentados comicios del 2020.

Así, por ejemplo, disentimos en el caso Gautier Vega et al v. Com. Electoral PNP, 2020 TSPR 124, 205 DPR ___ (2020), en donde este Tribunal validó un acuerdo de los comisionados electorales que enmendaba el Art. 5.17 del Código Electoral de Puerto Rico de 2020, 16 LPRA sec. 4577 (en adelante, “Código Electoral de 2020”), causando así que se extendiera el término para presentar recusaciones.

Una semana después, en Suárez Molina v. Comisión Local de Elecciones de Cataño, et al., 2020 TSPR 129, 205 DPR _____(2020), mi compañera y compañeros de estrado resolvieron que el trámite para revisar una determinación adversa emitida por el presidente de una Comisión Local de Elecciones, en un proceso de recusación por domicilio, se llevaría a cabo conforme al procedimiento establecido para impugnar los demás tipos de recusaciones -- es decir, ante la Comisión Estatal de Elecciones --, lo cual es contrario a la excepción dispuesta en el Art. 5.16 del Código Electoral de 2020, 16 LPRA sec. 4576.

Posteriormente, el 28 de octubre de 2020 para ser específicos, en Gautier Vega v. Comisión Estatal de Elecciones, 2020 TSPR 131, 205 DPR ____ (2020), este Tribunal resolvió que la ausencia de la identificación del elector o electora al momento de enviar su voto adelantado por correo, no invalidaba el mismo sino que dicha CC-2021-0130 3

Nos referimos a la adjudicación de los votos mixtos,

según los lee la máquina de escrutinio, y de conformidad

a lo dispuesto en la Resolución CEE-AC-20-508, infra, y

el Reglamento [de] Elecciones Generales y Escrutinio

General 2020, infra.

Así pues, en un lamentable proceder, -- que quedará

para la historia, por ser la única ocasión en que este

Tribunal, con su silencio, opta por invalidar la

intención del elector o electora al momento de emitir su

voto --, una mayoría de mis compañeros y compañera

ignoran la meritoria petición que hoy nos hace el Alcalde

Electo del Municipio de Aguadilla, Hon. Julio Roldán

Concepción. Como consecuencia, se podrían invalidar

determinados votos mixtos contemplados por el precitado

Reglamento [de] Elecciones Generales y Escrutinio General

deficiencia podía ser subsanada con posterioridad a ello; una vez la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado (JAVAA) así le notificara al respecto. Lo anterior, en clara contravención del Código Electoral de 2020, 16 LPRA sec. 4502, así como el Manual de Procedimientos para el Voto Adelantado por Correo de 20 de octubre de 2020, cuerpos reglamentarios que requerían que la identificación fuera enviada junto con la papeleta.

No siendo ello suficiente, el 23 de noviembre de 2020, en Valentín Rivera v. Rosado Colomer, 2020 TSPR 142, 205 DPR ___ (2020), una mayoría de este Tribunal optó por imponer serias limitaciones, -- no contempladas en el Código Electoral de 2020, supra, ni en los reglamentos correspondientes -- al acceso a las listas de voto adelantado y voto ausente.

Dichos procederes -- tal como la presente determinación -- fueron, a todas luces, incorrectos, por lo que nos vimos en la obligación de disentir.

Cabe mencionar que, al presente, se encuentra ante la consideración de este Tribunal cierto recurso de apelación presentado por el Hon. Miguel Romero Lugo, alcalde electo de San Juan, también relacionado a los comicios de este pasado año. De igual forma, está bajo evaluación determinado recurso de apelación, relacionado a los mismos hechos, presentado por la licenciada Vanessa Santo Domingo, Comisionada Electoral del PNP. CC-2021-0130 4

2020, infra. Votos que históricamente han sido

considerados válidos.

Por entender que -- al no presentarse prueba en

contrario -- la certificación que se impugna es válida en

toda su extensión, somos del criterio que procedía

paralizar el recuento pautado para mañana en lo que este

Tribunal tenía la oportunidad de evaluar el presente caso

en los méritos. No siendo ello así, nuevamente nos vemos

en la obligación de disentir. Veamos.

I.

Los hechos medulares que dieron margen al presente

litigio no se encuentran en controversia. En esencia, nos

corresponde dirimir la procedencia de la impugnación de

la elección por la Alcaldía del Municipio de Aguadilla,

presentada por la candidata del Partido Nuevo Progresista

a dicho escaño, la señora Irizarry Méndez.

El referido petitorio refuta la Resolución CEE- AC-

20-508 (en adelante, “Resolución”), emitida por el

Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Hon.

Francisco Rosado Colomer (en adelante, “Presidente de la

C.E.E.”), mediante la cual se autorizó la adjudicación de

determinados votos mixtos, de conformidad con lo

dispuesto en los reglamentos y manuales aprobados, -- lo

cual incluye el Reglamento [de] Elecciones Generales y

Escrutinio General de 2020, infra, (en adelante CC-2021-0130 5

“Reglamento de Elecciones”) --, y de acuerdo a lo

adjudicado por la máquina de escrutinio.9

Bajo estos parámetros, el pasado 3 de noviembre de

2020 fueron adjudicados todos los votos en el País,

incluyendo los del Municipio de Aguadilla. Ello le dio la

victoria en el referido Municipio a la parte

peticionaria, el ahora alcalde electo, Hon. Julio Roldán

Concepción.

Inconforme con dicho resultado, la señora Irizarry

Méndez, -- luego de un proceso azaroso y tras varios

cuestionamientos a destiempo ante los tribunales --,

acudió ante el foro primario mediante un Recurso de

revisión judicial. A través de éste, impugnó los

resultados de la referida elección bajo el palio del Art.

10.15 del Código Electoral de 2020, infra, por entender

que la certificación emitida por la C.E.E. en la

contiende electoral por la Alcaldía de Aguadilla fue

consecuencia de una acción ultra vires de parte de dicha

entidad gubernamental.

En específico, ésta adujo que la C.E.E. erró al

contar como voto mixto válido aquel voto ejercido

haciendo una marca bajo la insignia de un partido

político y realizando otras marcas fuera de dicha columna

por uno o más candidatos, sin hacer al menos una marca

por algún candidato en la columna correspondiente a la

insignia política originalmente marcada. La señora

9 Cabe mencionar que las máquinas de escrutinio electrónico estaban programadas según lo dispuesto en el Reglamento de Elecciones, infra, mas no conforme las disposiciones pertinentes del Código Electoral de 2020, supra. CC-2021-0130 6

Irizarry Méndez razonó que dicho proceder era contrario a

los Arts. 9.10 y 2.3(76) del Código Electoral de 2020,

infra.

Tras evaluar los planteamientos de las partes, el

foro primario emitió la correspondiente Sentencia. Allí,

entre otras cosas, concluyó que no podía efectuar una

lectura literal del Código Electoral de 2020, infra, ya

que “da[ría] al traste con la doctrina prevaleciente en

materia electoral que rechaza la aplicación textual e

inflexible de la norma de adjudicación de votos y nos

obliga a respetar la intención del elector”. Véase,

Certiorari, pág. 99.

A la luz de lo anterior, y tras dar una

interpretación concienzuda de las leyes y reglamentos

pertinentes, el Tribunal de Primera Instancia resolvió

que es válido un voto mixto emitido en determinada

papeleta municipal, cuando tenga una marca bajo la

insignia de un partido y una marca por un candidato fuera

de la columna de dicho partido, aunque el votante no haya

incluido una marca a favor de algún candidato mencionado

en la columna de la insignia seleccionada. En

consecuencia, el foro primario decretó la validez de las

papeletas impugnadas y confirmó la certificación emitida

por la C.E.E.

Insatisfecha, la señora Irizarry Méndez recurrió

ante el Tribunal de Apelaciones mediante un Recurso de

revisión electoral. Así pues, tras hacer un análisis del

recurso ante su consideración, el foro apelativo CC-2021-0130 7

intermedio dictó Sentencia. Mediante ésta, revocó el

dictamen del Tribunal de Primera Instancia. Ello, tras

razonar que “la definición de Voto Mixto que se incluyó

en la Regla 50 enmendada el 11 de septiembre de 2020, por

dicho Acuerdo unánime no incorpora el mandato legislativo

de que en un voto mixto el elector tiene que votar al

menos por un candidato bajo la columna del partido

político que marcó; es decir, no es conforme a lo

dispuesto en el Código Electoral”. Véase, Certiorari,

pág. 11. De conformidad, declaró nula la Certificación

del Resultado Electoral emitida por la C.E.E. para la

contienda de la Alcaldía de Aguadilla y ordenó que -- en

un término no mayor de cinco (5) días -- la C.E.E.

comenzara un recuento manual de las papeletas emitidas

para la elección de referencia.

En desacuerdo con el proceder del Tribunal de

Apelaciones, el Hon. Julio Roldán Concepción comparece

ante nos mediante moción en auxilio de jurisdicción y

petición de certiorari. Como ya mencionamos, una mayoría

de este Tribunal optó por declarar no ha lugar ambas

solicitudes. De ese lamentable proceder, enérgicamente

disentimos. Nos explicamos.

II.

A.

Como es sabido, la Constitución del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico instaura el derecho al voto de

todo ciudadano y ciudadana puertorriqueño y

puertorriqueña, siendo ello un elemento medular de CC-2021-0130 8

nuestro sistema democrático. Const. ELA, Art. II, Sec. 2,

LPRA, Tomo 1. En particular, el texto de la mencionada

cláusula constitucional establece que las leyes adoptadas

por la Asamblea Legislativa “garantizarán la expresión de

la voluntad del pueblo mediante el sufragio universal,

igual, directo y secreto, y protegerán al ciudadano

contra toda coacción en el ejercicio de la prerrogativa

electoral”. Íd.

De forma complementaria, el Art. VI, Sec. 4, de

nuestra Carta Magna, indica que se dispondrá por ley todo

lo referente a los procesos electorales y de inscripción

de electores, así como lo concerniente a los partidos

políticos y las candidaturas. Const. ELA, Art. VI, Sec.

4, LPRA, Tomo 1. Cónsono con lo anterior, “la Asamblea

Legislativa tiene la facultad y la obligación de aprobar

aquella reglamentación que, sin obstaculizar

innecesariamente el derecho al voto en todas sus

dimensiones, propenda a la realización de un proceso

electoral justo, ordenado, libre de fraude, honesto e

íntegro”. P.A.C. v. ELA, 150 DPR 359, 373 (2000). Véase,

también, P.S.P v. Com. Estatal de Elecciones, 110 DPR 400

(1980); P.S.P., P.P.D., P.I.P. v. Romero Barceló, 110 DPR

248 (1980); P.N.P v. Tribunal Electoral, 104 DPR 741

(1976).

En virtud de la potestad que tienen los miembros de

la Asamblea Legislativa para reglamentar el proceso

electoral, se aprobó la Ley Núm. 58-2020, 16 LPRA sec.

4501 et. seq., conocida como el Código Electoral de CC-2021-0130 9

Puerto Rico de 2020. De modo que, conforme con dicho

propósito, el Artículo 5.1 (8), 16 LPRA sec. 4561(8), del

precitado cuerpo de ley, reconoce que los electores y

electoras de Puerto Rico podrán ejercer su derecho al

voto de varias maneras, a saber: el voto íntegro, el voto

mixto, el voto por candidatura o el voto por nominación

directa de personas a cargos públicos electivos.

Al respecto, y en lo relacionado a la controversia

que nos ocupa, el Código de referencia instruye que el

voto mixto se efectuará mediante:

[U]na Marca Válida dentro del rectángulo en blanco bajo la insignia del partido político de su preferencia, votando al menos por un candidato dentro de la columna de esa insignia, y haga una Marca Válida dentro del rectángulo en blanco al lado de cualquier candidato en la columna de otro partido o candidato independiente; o escriba el nombre completo de otra persona en el encasillado de la columna de nominación directa que corresponda a la candidatura y también debe hacer una Marca Válida dentro del rectángulo en blanco al lado de cada nombre escrito. Art. 9.10, Código Electoral de 2020, 16 LPRA sec. 4710.

De forma similar, el precitado cuerpo estatutario

define la papeleta mixta como:

Aquella en la que el Elector hace una Marca Válida dentro del rectángulo en blanco bajo la insignia del partido político de su preferencia, debiendo votar por al menos un candidato dentro de la columna de esa insignia, y hace una Marca Válida dentro del rectángulo en blanco al lado de cualquier candidato de ese mismo partido político en la columna de otro partido o candidato independiente; o escribiendo el nombre completo de otra persona en el encasillado de la columna de nominación directa que corresponda a la candidatura CC-2021-0130 10

y debiendo hacer una Marca Válida dentro del rectángulo en blanco al lado de cada nombre escrito. Art. 2.3(76), Código Electoral de 2020, 16 LPRA sec. 4503.

Empero, es menester apuntar aquí que, en aras de

particularizar, -- entre otras cosas --, el alcance de lo

dispuesto en Artículo 5.1 (8) del Código Electoral de

2020, supra, la C.E.E. aprobó por votación unánime, el

2020 de 28 de mayo de 2020, revisado 11 de septiembre de

2020. En lo pertinente, en cuanto a la papeleta

municipal, la Regla 50 del precitado Reglamento de

Elecciones Generales sostiene que se constituye un voto

mixto cuando:

[E]l elector hace una marca válida bajo la insignia del partido político de su preferencia, y hace, además, una o más marcas válidas al lado de los nombres de los candidatos en las columnas de otros partidos políticos o candidatos independientes o nomine personas que no figuren como candidatos en la columna de Nominación Directa escribiendo el nombre o nombres y haciendo una marca válida en el área de reconocimiento de marcas. Íd., pág. 43.10

La anterior descripción, acertada y correctamente

incorporada en el Reglamento de Elecciones Generales,

supra, coincide con el tratamiento que históricamente se

le ha dado a ese tipo de voto y, más en específico, con

lo dispuesto en el antiguo Código Electoral de Puerto

10A nuestro juicio, dicha definición es cónsona con el Art. 9.27 del Código Electoral de 2020, 16 LPRA sec. 4727, el cual expresa que “[l]a Comisión reglamentará las maneras en que los electores marcarán sus papeletas de votación. En todo caso, sea en papeleta impresa, en papel o contenida en algún medio electrónico, la manera para marcar la papeleta que se reglamentará será la más sencilla posible y permitirá que se pueda emitir el voto íntegro, mixto, por candidatura o nominación directa”. CC-2021-0130 11

Rico para el Siglo XXI, Ley Núm. 78-2011, 16 LPRA sec.

4001, et seq. (derogado) (en adelante, “Código Electoral

para el Siglo XXI”), el cual rezaba:

Para clasificar mixta una papeleta deberá tener una marca válida bajo la insignia de un partido político y además marcas válidas fuera de dicha columna por uno o más candidatos por los cuales el elector tiene derecho a votar de otro partido político, candidato independiente o escribiendo el nombre o nombres de otros bajo la columna de nominación directa. En todo caso que exista una controversia sobre la validez del voto bajo la insignia en una papeleta estatal, se tendrá por no puesta la marca bajo la insignia y se adjudicará el voto para los candidatos y se contará como una papeleta por candidatura. Si en una papeleta aparecen marcados para un mismo cargo electivo más candidatos que los autorizados al elector, no se contará el voto para ese cargo, pero se contará el voto a favor de los candidatos correctamente seleccionados para los demás cargos en la papeleta. Art. 10.005, Código Electoral para el Siglo XXI, 16 LPRA sec. 4195.

Sobre el particular, también es útil señalar lo

decidido por esta Curia en Suárez v. C.E.E. I, 163 DPR

347 (2004). En el caso de referencia, este Foro validó

ciertos votos emitidos en la papeleta estatal durante las

elecciones generales celebradas en el año 2004.

Específicamente, aquellos votos que contenían una cruz en

la insignia de determinado partido político y una cruz en

cada uno de los encasillados correspondientes a los

candidatos a los puestos de gobernador y de comisionado

residente correspondientes a otros partidos políticos. En

aquella instancia, este Tribunal sentenció que: CC-2021-0130 12

[D]ebe ser norma irreducible la de evaluar [sic] [el voto] con el mayor respeto a la voluntad del elector y con el óptimo esfuerzo por salvar su intención si ésta encuentra apoyo en la inteligencia aplicada al examen de la papeleta, obviando inobservancias de índole formal que en el ejercicio de entendimiento razonable no ocultan ni enredan en confusión la verdadera intención del votante. (Énfasis suplido y suprimido) (cita omitida) Íd., pág. 356.11

En fin, de una lectura liberal y en conjunto con la

normativa antes expuesta, podemos colegir que el

Reglamento de Elecciones Generales, supra, reafirma los

principios que han imperado históricamente en los

comicios de nuestro País, entiéndase, el respeto a la

voluntad de los electores y electoras.12 Véase, H.L.

Acevedo, La democracia puertorriqueña y su sistema

electoral, en Puerto Rico y su gobierno: estructura,

retos y dinámicas, Puerto Rico, Ed. SM, 2016, pág. 309

(“Uno de los principios claves del proceso democrático es

que se respete la voluntad de los electores”).

11 Es, precisamente, en defensa de dicho principio que, mediante Opinión Concurrente, en el reciente caso Rodríguez Ramos v. Comisión Estatal de Elecciones, 2021 TSPR 03, 205 DPR ____ (2021), nos expresamos. Allí, enfatizamos la importancia de vigorosamente resguardar la intención del elector y electora al momento de emitir su voto.

12 Tan es así que, en el mismo Código Electoral de 2020, se reconoció la importancia de dar primacía a la intención del elector. Al respecto, el Art. 10.10, 16 LPRA sec. 4760, del precitado estatuto indica que “[e]n la adjudicación de una papeleta, el criterio rector que debe prevalecer es respetar la intención del Elector al emitir su voto con marcas válidas que se evaluarán conforme a reglas de adjudicación objetivas y uniformes utilizadas por los sistemas electrónicos de votación o escrutinio utilizados por la Comisión”. Véase, también, Rodríguez Ramos y otros v. Comisión Estatal de Elecciones y otros, 2021 TSPR 03, 205 DPR____ (2021) (Colón Pérez, opinión concurrente). CC-2021-0130 13

En esa dirección, precisa señalar que igual

tratamiento -- entiéndase, el procurar respetar la

voluntad del electorado -- ha dado el Tribunal Supremo de

los Estados Unidos a controversias similares a las que

hoy nos ocupan. Así, en Bush v. Gore, 531 US 98, 104-105

(2000), la Corte Suprema Federal sentenció, -- en cuanto

al ejercicio del derecho al voto --, que “[e]qual

protection applies as well to the manner of its exercise.

Having once granted the right to vote on equal terms, the

State may not, by later arbitrary and disparate

treatment, value one person's vote over that of another”.

Por último, y por ser en extremo relevante para la

correcta disposición del presente caso, precisa reseñar

aquí que, conforme al actual Código Electoral de 2020,

supra, para que un candidato impugne la elección de otro:

[D]eberá presentar ante el Juez en la Sala de la Región Judicial de San Juan designada de conformidad con el Capítulo XIII de esta Ley, y dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de notificación de la certificación de elección para cada cargo público electivo en el escrutinio general, un escrito, exponiendo bajo juramento las razones en que fundamenta su impugnación, las que deberán ser de tal naturaleza que, de probarse, bastarían para cambiar el resultado de la elección. Art. 10.15, Código Electoral de 2020, 16 LPRA sec. 4765.

Tras analizar la disposición antes mencionada, junto con

previas expresiones de este Tribunal, podemos concluir

que lo expuesto es cónsono con lo que esta Curia ha

sentenciado. CC-2021-0130 14

De modo que, al evaluar una disposición de ley

electoral similar a la antes esbozada, este Tribunal

sostuvo que las impugnaciones post electorales se miden

en base de la probabilidad del resultado. Esteves v.

Srio. Cam. de Representantes, 110 DPR 585 (1981). Siendo

ello así, recalcamos que “[n]o puede fundamentarse una

impugnación en meras conjeturas, generalidades,

especulaciones o posibilidades remotas sobre su éxito

eventual”. Esteves v. Srio. Cam. de Representantes,

supra, págs. 590-591. Véase, Granados v. Rodríguez

Estrada V, 127 DPR 1, 20 (1990).

Es, pues, a la luz de la normativa antes expuesta, y

no de otra, que procedía disponer de la controversia ante

nuestra consideración. Como una mayoría de este Tribunal

así no lo hizo, procedemos -- desde el disenso -- a

disponer del caso que nos ocupa.

III.

Como mencionamos anteriormente, la señora Irizarry

Méndez, candidata para la alcaldía de Aguadilla por el

Partido Nuevo Progresista, solicitó ante los tribunales,

-- y el Tribunal de Apelaciones acogió tal teoría -– el

que se revocase la certificación de dicho escaño, emitida

por la C.E.E. a favor del Alcalde Electo, Hon. Julio

Roldán Concepción. Ello, ya que -- a juicio de la

recurrida -- era improcedente adjudicar un sinnúmero de

votos mixtos depositados en las urnas de los comicios

celebrados en nuestro País el pasado 3 de noviembre de

2020, pues alega que éstos fueron emitidos de conformidad CC-2021-0130 15

con lo dispuesto en el Reglamento de Elecciones

Generales, supra, pero de forma contraria a lo

establecido en el Código Electoral de 2020, supra. A la

luz de este razonamiento, sostiene que el presente caso

es consecuencia directa de las actuaciones ultra vires de

la C.E.E., al permitir que se contabilicen los votos de

la forma antes descrita. No le asiste la razón. Mucho

menos cuando no tenemos prueba de ello ante nuestra

consideración.

Como ha quedado claramente demostrado, la

disposición reglamentaria aquí en controversia, -- así

como la Resolución del Presidente de la C.E.E. que adoptó

lo dispuesto en la misma --, se aprobó unánimemente por

los miembros de la referida dependencia gubernamental con

el propósito de aclarar, entre otras cosas, el alcance de

lo dispuesto en el Artículo 5.1 (8) del Código Electoral

de 2020, supra. El Presidente de la C.E.E., así como los

Comisionados Electorales de los distintos partidos

políticos, estaban facultados para ello.

Así pues, en cuanto a la papeleta municipal, --

objeto del presente litigio --, la Regla 50 del

Reglamento de Elecciones Generales, supra, sostiene que

se constituye un voto mixto cuando:

[E]l elector hace una marca válida bajo la insignia del partido político de su preferencia, y hace, además, una o más marcas válidas al lado de los nombres de los candidatos en las columnas de otros partidos políticos o candidatos independientes o nomine personas que no figuren como candidatos en la columna de Nominación Directa escribiendo el nombre CC-2021-0130 16

o nombres y haciendo una marca válida en el área de reconocimiento de marcas.

Como ya mencionamos, esta descripción, correcta y

adecuadamente incluida en el Reglamento de Elecciones

Generales, supra, es cónsona con la forma en que

habitualmente se han adjudicado estos votos. Invalidar

éstos, implicaría socavar un voto que históricamente ha

sido contado, lo cual a su vez equivaldría a operar al

margen de la Constitución.13 A ese pedido no podemos

acceder, no al menos el juez que suscribe.

IV.

En fin, a modo de epílogo, y conforme hemos expresado

en nuestras previas opiniones disidentes en asuntos de

similar naturaleza, el Código Electoral de 2020, supra,

ha causado un torbellino de controversias electorales

que, como últimos intérpretes de la Constitución, nos

compete remediar. Ante ello, tenemos dos opciones: (1)

adjudicar las papeletas mixtas como no votadas, mal

votadas o sin valor de adjudicación, afectando así una

cantidad numerosa de votos y agravando el proceso

electoral o; (2) conferirle primacía a la voluntad de

todas y todos los que acudieron a las urnas a luchar con

el propósito de cambiar la realidad sociopolítica del

País. Ante el escenario que vivimos, es deber ineludible

de este Tribunal elegir la segunda ruta, para así

asegurar que una ley -- cuya redacción y aprobación fue

igual de tumultuosa que los comicios -- no despoje al

13 Esto por entender que cualquier legislación dirigida a anular la intención del elector es, sin duda, inconstitucional. CC-2021-0130 17

País de la poca confianza que mantiene en los procesos

democráticos.14

Es, pues, por los fundamentos antes expuestos que

enérgicamente disentimos de este erróneo e injusto

proceder de una mayoría de este Tribunal que, como bien

establecimos al principio de este escrito, solo pretende

acceder a los caprichos de quienes buscan lesionar

nuestro sistema democrático.

Ángel Colón Pérez Juez Asociado

14 La falta de confianza a la que hacemos referencia, no se fundamenta en meras alegaciones, sino que encuentra base en datos empíricos. Así lo evidencia la Encuesta Mundial de Valores para Puerto Rico, donde se determinó que las “instituciones con el menor nivel de confianza por parte de los ciudadanos fueron los partidos políticos (9.7%), los entes legislativos (14.2%), el gobierno (15.1%) y los funcionarios (19.3%)”. De forma similar, al ser preguntados sobre las elecciones, el 46.1% de las personas indicaron que no tenían ninguna confianza en ellas. Véase, Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, Encuesta mundial de valores para Puerto Rico, https://estadisticas.pr/files/Comunicados/Encuesta_Mundial_de_Valore s_para_Puerto%20Rico_20190617.pdf (última visita, 26 de febrero de 2021); Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, Revelan datos de la Encuesta Mundial de Valores para Puerto Rico, https://estadisticas.pr/en/media/3287 (última visita, 26 de febrero de 2021).