EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re: 2011 TSPR 63
181 DPR ____ Sigfredo Fontánez Fontánez
Número del Caso: CP - 2008 - 25
Fecha: 31 de marzo de 2011
Abogado del Querellado:
Por derecho Propio
Oficina del Procurador General
Lcda. Minnie H. Rodríguez López Procuradora General Auxiliar
Materia: Conducta Profesional - La suspensión será efectiva el 26 de abril de 2011 fecha en que se le notificó al abogado de su suspensió n inmediata.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Sigfredo Fontánez Fontánez CP-2008-25 Conducta Profesional
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2011.
El día de hoy, debemos separar de la
profesión a un abogado que, tras haber ejercido
deficientemente el notariado, hizo caso omiso de
nuestras órdenes para que subsanara las
deficiencias en su obra notarial y, peor aún,
practicó la notaría mientras estaba suspendido.
Por las razones que se precisan a continuación,
ordenamos la suspensión inmediata e indefinida
del Lcdo. Sigfredo Fontánez Fontánez del
ejercicio de la abogacía.
I.
El licenciado Fontánez Fontánez fue admitido
al ejercicio de la abogacía y la notaría en el CP-2008-25 2
1979.1 El 13 de junio de 2003, fue suspendido del ejercicio
de la profesión por desatender ciertos requerimientos del
Procurador General y de este Tribunal. Como consecuencia,
su obra notarial, incluido su sello notarial, fue incautada
y entregada a la Oficina de Inspección de Notarías
(O.D.I.N.) para el examen e informe correspondientes.
Varias semanas después, el 18 de julio de 2003, este
Tribunal ordenó la reinstalación del licenciado Fontánez al
ejercicio de la abogacía. Su reinstalación al notariado
quedó en suspenso, a la espera de que la O.D.I.N. emitiera
el informe correspondiente sobre la obra notarial
incautada. Mientras tanto, su obra notarial, al igual que
su sello, permaneció bajo la custodia de la O.D.I.N.
Al examinar la obra notarial del licenciado Fontánez
para los años 1999 al 2003, los Inspectores de la O.D.I.N.
descubrieron múltiples deficiencias de carácter grave,
incluidas deficiencias arancelarias ascendentes a
$15,378.50 en más del noventa por ciento de las escrituras.2
Asimismo, la mayoría de la obra notarial incautada adolecía
de nulidad por no tener las firmas de los otorgantes o
1 El 20 de abril de 1979 y el 18 de junio de 1979, respectivamente. 2 Entre las faltas de carácter grave señaladas por la O.D.I.N en la obra notarial del licenciado Fontánez, se encontraban: (1) falta de encuadernación de las escrituras; (2) omisión del sello, rúbrica y firma del notario; (3) omisión de las iniciales y firma de los otorgantes y testigos; (4) falta de numeración interna de cada instrumento; (5) folios en blanco con solamente las firmas de los otorgantes; (6) exceso de espacios en blanco; (7) falta de nota de saca, y (8) no dar fe de la unidad del acto cuando se requería. CP-2008-25 3
testigos instrumentales, así como la firma, rúbrica, signo
y sello del notario, entre otras razones.3
La Directora de la O.D.I.N. hizo constar todas estas
deficiencias en tres informes parciales, presentados ante
nos entre octubre de 2003 y marzo de 2004. Tras revisar el
primer informe parcial, este Tribunal emitió una Resolución
el 30 de enero de 2004, mediante la cual le concedimos
treinta días al licenciado Fontánez para que subsanara las
deficiencias señaladas por la O.D.I.N. y mostrara causa por
la cual, ante las numerosas deficiencias de carácter grave
identificadas por la O.D.I.N., no debía ser separado de la
profesión de abogado. El licenciado Fontánez nos solicitó
entonces una prórroga de treinta días, la cual concedimos.4
Luego que la Directora de la O.D.I.N. presentara su
tercer y último informe parcial sobre la obra notarial
incautada, este Tribunal emitió una segunda Resolución, con
fecha de 7 de junio de 2004, mediante la cual ordenamos al
licenciado Fontánez que, dentro de un término de veinte
días, subsanara las deficiencias arancelarias ascendentes a
$15,378.50; informara qué gestiones había realizado para
corregir las deficiencias señaladas por la O.D.I.N., y
3 Por ejemplo, en el 2001, el licenciado Fontánez autorizó ochenta y cinco escrituras. De éstas, setenta y siete estaban afectadas de nulidad porque faltaba ya sea la firma de los otorgantes o la firma, rúbrica y sello del notario. En el 2002, autorizó noventa y nueve escrituras. De éstas, alrededor de setenta, incluido seis testamentos abiertos, estaban afectadas de nulidad por las faltas ya señaladas, así como por no dar fe de la unidad del acto en aquellos casos en que comparecieron testigos instrumentos. 4 Resolución de 31 de marzo de 2004. CP-2008-25 4
mostrara causa por la que no debía ser separado de la
profesión. El abogado hizo caso omiso de nuestra orden.
Emitimos entonces una tercera Resolución en la que le
concedimos un término final de veinte días para cumplir con
lo ordenado en la Resolución del 7 de junio de 2004.5 El
abogado compareció y nos solicitó otra prórroga de treinta
días, la cual otorgamos.6
El 12 de enero de 2006, el licenciado Fontánez
presentó una moción informativa en la que nos informó que
se había reunido con el inspector de protocolos asignado a
su caso con el fin de preparar un plan de trabajo para
corregir las deficiencias señaladas. Indicó que ello debía
poder lograrse en un término “de por lo menos seis meses
como término máximo”. Sin embargo, el 8 de mayo de 2006, la
Directora de la O.D.I.N. presentó una moción informativa en
la que señaló que el licenciado Fontánez aún no había
corregido las deficiencias de su obra notarial. Destacó que
los esfuerzos del inspector de protocolos, dirigidos a
corregir las deficiencias, habían resultado infructuosos y
que las únicas gestiones realizadas por el abogado habían
sido encuadernar sus protocolos y adherir los sellos de
Asistencia Legal a dos tomos de su Registro de Testimonios.
Para esa fecha, la deuda por concepto de aranceles ascendía
a $10,824.50.
5 Resolución de 21 de octubre de 2005. 6 Resolución de 18 de noviembre de 2005. CP-2008-25 5
Examinado el escrito de la Directora de la O.D.I.N.,
concedimos al abogado un término final e improrrogable de
sesenta días para que corrigiera las deficiencias en su
obra notarial.7 Al cabo de los sesenta días, el licenciado
Fontánez presentó otra moción informativa en la que nos
informó que se personó a la O.D.I.N. para adherir los
sellos que faltaban, pero que no pudo hacerlo porque, según
alega, no había personal en dicha oficina para supervisar
la labor. En vista de lo anterior, otorgamos otro término
final e improrrogable, esta vez de veinte días, para que
corrigiera las deficiencias arancelarias.8
Según surge de una moción en cumplimiento de orden,
con fecha de 14 de diciembre de 2006, presentada por la
Directora de la O.D.I.N., el licenciado Fontánez corrigió
las deficiencias arancelarias. Sin embargo, transcurridos
más de tres años desde que su obra notarial fuera
incautada, éste todavía no había corregido las otras
deficiencias señaladas, incluida la falta de firmas e
iniciales de los otorgantes en numerosas escrituras.
En vista de lo anterior, le concedimos un término de
veinte días al licenciado Fontánez para que mostrara causa
por la cual no debía ser disciplinado. Luego, tras examinar
otra moción en cumplimiento de orden, en la que la
Directora de la O.D.I.N. nos informó que el licenciado
Fontánez aún no había subsanado las deficiencias en su obra
7 Resolución de 9 de junio de 2006. 8 Resolución de 6 de octubre de 2006. CP-2008-25 6
notarial, concedimos al abogado un término adicional de
veinte días para que mostrara causa por la cual no debía
ser disciplinado.9 Pasados los veinte días, el 27 de junio
de 2007, el licenciado Fontánez presentó una moción
informativa en la que expuso su plan de trabajo para
subsanar las faltas restantes. Asimismo, mediante carta del
3 de agosto de 2007, informó a la O.D.I.N. que, para
noviembre de ese año, planificaba tener completadas las
actas notariales pertinentes.
Así las cosas, el 5 de noviembre de 2007, la Directora
de O.D.I.N. presentó una solicitud de medidas urgentes en
la que nos comunicó que el abogado continuaba ejerciendo la
notaría a pesar de no tener autoridad para ello. Dicho
escrito hacía referencia a una carta suscrita por el
Archivero Notarial del Distrito de Caguas en la que éste
revelaba que a sus manos habían llegado documentos
notariales con la firma del licenciado Fontánez. Dichos
documentos habían sido recibidos en el Departamento de la
Vivienda del Municipio de Caguas. Asimismo, la Directora de
la O.D.I.N. aludió a una conversación telefónica entre ella
y el licenciado Fontánez, en la que éste reconoció haber
suscrito varias declaraciones juradas, a pesar de estar
suspendido del ejercicio de la notaría. Además, la
funcionaria llamó nuestra atención al hecho de que el
abogado todavía no había subsanado las deficiencias en su
obra notarial.
9 Resolución de 1 de junio de 2007. CP-2008-25 7
En vista de lo anterior, el 11 de enero de 2008
ordenamos a la Procuradora General presentar la querella
correspondiente contra el licenciado Fontánez. Conforme a
ello, el 2 de octubre de 2008, la Oficina de la Procuradora
General presentó una querella en la que se le imputaron al
abogado tres cargos por violaciones a los siguientes
cánones del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX:
(1) el Canon 9, al incumplir con las órdenes y términos
concedidos por este Tribunal para corregir las deficiencias
en su obra notarial; (2) el Canon 12, al incurrir en una
indebida, irrazonable, injustificada y excesiva tardanza
en corregir su obra notarial, a pesar de los múltiples
requerimientos y términos concedidos a tales fines por este
Tribunal, y (3) el Canon 38, al incurrir en conducta
impropia y no esforzarse al máximo de su capacidad en la
exaltación del honor y la dignidad de la profesión legal.
Además, se le imputó un cuarto cargo por violaciones a
varias disposiciones de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4
L.P.R.A. sec. 2001 et seq., en específico: el Art. 7 (sobre
la práctica ilícita de la profesión notarial); el Art. 29
(sobre la subsanación de defectos por el notario) y los
Arts. 16 y 29 (sobre la firma e iniciales en los documentos
notariales).
El 10 de febrero de 2009, le ordenamos al licenciado
Fontánez contestar la querella dentro de un término de
quince días. El abogado solicitó entonces una prórroga de
treinta días. Aunque su petición fue tardía, le concedimos CP-2008-25 8
un término adicional de veinte días para contestar la
querella. Posteriormente, le conferimos un término final de
quince días. Por último, y a petición suya, le otorgamos un
término final e improrrogable de diez días. Sin embargo, el
licenciado Fontánez nunca contestó la querella en su
contra.
El 28 de agosto de 2009, designamos al Hon. Hiram
Sánchez Martínez, ex juez del Tribunal de Apelaciones, como
Comisionado Especial para que, en presencia de las partes,
recibiera prueba y nos rindiera un informe con sus
determinaciones de hechos y las recomendaciones que
estimara pertinentes. El Comisionado Especial señaló
entonces una vista en su fondo para el 29 de septiembre de
2009. A petición del licenciado Fontánez, la vista fue
reseñalada para el 30 de noviembre de 2009. A esa vista
compareció la Lcda. Minnie H. Rodríguez López, en
representación de la Oficina de la Procuradora General,
pero no el querellado.
Según surge de la minuta de dicha vista, la
Procuradora General expresó su intención de someter el caso
con los documentos que constan en el expediente de la
querella y los documentos suplementarios que constan en el
expediente personal del licenciado Fontánez. El Comisionado
Especial entendió que no había prueba suficiente en el
expediente para establecer, como un hecho probado, que el
licenciado Fontánez ejerció la notaría sin autoridad para
ello. A petición de la Procuradora General, le concedió a CP-2008-25 9
ésta un término adicional para conseguir la prueba
necesaria. A tales efectos, señaló la continuación de la
vista para el 26 de enero de 2010. Aunque el licenciado
Fontánez fue declarado en rebeldía, éste fue notificado del
nuevo señalamiento. Sin embargo, no compareció. En dicha
vista, la Procuradora General presentó el testimonio de la
Directora de la O.D.I.N. Luego, el 12 de febrero de 2010,
la Procuradora presentó una moción con prueba documental
adicional.
Así las cosas, el 5 de abril de 2010, el licenciado
Fontánez presentó ante nos una moción con el fin de
renunciar permanentemente a la práctica de la notaría. En
dicho escrito, aceptó haber cometido varias imprudencias y
ofreció excusas por “la dejadez, inapropiada [sic] y la
actitud de ignorar los varios requerimientos” hechos por
este Tribunal. En vista de que el Comisionado Especial ya
había celebrado la vista en su fondo y que estábamos
próximos a recibir su informe, proveímos no ha lugar a la
moción de renuncia presentada por el abogado.
El 28 de octubre de 2010, el Comisionado Especial
presentó su Informe, en el que concluyó que la Procuradora
General probó todos los cargos imputados en la querella.
Por consiguiente, recomendó la suspensión inmediata e
indefinida del licenciado Fontánez del ejercicio de la
abogacía. Además, recomendó que se refiera el caso al
Secretario de Justicia para que éste determine si la
conducta del abogado constituyó delito. CP-2008-25 10
Con el beneficio del Informe presentado por el
Comisionado Especial, procedemos a resolver.
II.
A.
Como se sabe, este Tribunal tiene el poder inherente
para reglamentar la admisión a la profesión de abogado, así
como para tomar acción disciplinaria contra el miembro de
la profesión que viola las leyes y los Cánones de Ética
Profesional. In re: Rodríguez Vázquez, res. el 16 de junio
de 2009, 2009 T.S.P.R. 109; In re: Deynes Soto, 164 D.P.R.
327 (2005). Esta facultad disciplinaria, la cual es
exclusiva de este Tribunal, se extiende a todo lo relativo
al ejercicio de la profesión notarial en Puerto Rico. In
re: Amundaray Rivera, 163 D.P.R. 251 (2004); In re: Madera
Acosta, 144 D.P.R. 743, (1998); S. Torres Peralta, El
Derecho Notarial Puertorriqueño, ed. especial, San Juan,
Pubs. STP, 1995, págs. 2.2-2.3.
El Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra, le
impone a los miembros de la profesión legal el deber de
observar para con los tribunales una conducta que se
caracterice por el mayor respeto. In re: Grau Díaz, 154
D.P.R. 70, 75 (2001). Hemos dicho que “[l]a naturaleza de
la función del abogado requiere de éste una escrupulosa
atención y obediencia a las órdenes que emiten los
tribunales”. In re: Dávila Toro, res. 30 de agosto de 2010,
2010 T.S.P.R. 195. Desatender estas órdenes constituye una
grave ofensa a la autoridad del tribunal en clara violación CP-2008-25 11
al mandato expreso del Canon 9. In re: González
Carrasquillo, 164 D.P.R. 813 (2005); In re: Grau Díaz,
supra; In re: Otero Fernández, 145 D.P.R. 582 (1998).
Por su parte, el Canon 12 del Código de Ética
Profesional, supra, consigna el deber de cada abogado de
ejercer la máxima diligencia para con las partes, sus
compañeros y el tribunal. Conforme a ello, el abogado debe
evitar dilaciones innecesarias en el trámite y solución de
los casos. In re: Flores Ayffán I, 170 D.P.R. 126, 129-130
(2007). Cabe recordar que “los abogados son funcionarios
del tribunal y, como tales, están llamados a ayudarlos en
su misión de hacer justicia rápida y económica”. Neptune
Packing Corp. v. The Wackenhut Corp., 120 D.P.R. 283
(1988).
A su vez, el Canon 38 del Código de Ética Profesional,
supra, le exige a todo abogado conducirse en forma que
exalte la dignidad y el honor de su profesión. Este deber
responde a la confianza depositada en el abogado como
miembro de la ilustre profesión legal. In re: Sepúlveda,
Casiano, 155 D.P.R. 193 (2001). Reiteradamente, al
interpretar el referido precepto, hemos expresado que cada
abogado es un espejo en el cual se refleja la imagen de la
profesión, por lo que debe actuar, tanto en su vida
profesional como en su vida privada, con limpieza, lealtad
y el más escrupuloso sentido de responsabilidad. In re:
Currás Ortiz, res. el 31 de julio de 2008, 2008 T.S.P.R.
147; In re: Coll Pujols, 102 D.P.R. 313 (1974). CP-2008-25 12
Por otro lado, es norma establecida que el criterio
probatorio a utilizarse en procedimientos disciplinarios es
aquel de prueba clara, robusta y convincente, no afectada
por reglas de exclusión ni a base de conjeturas. In re:
Caratini Alvarado, 153 D.P.R. 575 (2001). Dicho criterio
requiere una carga probatoria más fuerte que la mera
preponderancia de la prueba, toda vez que en estos procesos
está en juego el título de un abogado y, por ende, su
derecho a ganarse su sustento. Íd. Aunque el referido
estándar de prueba no es susceptible de una definición
precisa, la prueba clara, robusta y convincente ha sido
descrita como aquella evidencia que produce en un juzgador
de hechos una convicción duradera de que las contenciones
fácticas son altamente probables. In re: Ruiz Rivera, res.
el 28 de junio de 2006, 2006 T.S.P.R. 106; In re:
Rodriguez Mercado, 165 D.P.R. 630 (2005).
Por último, según la Regla 14 del Reglamento del
Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, le corresponde al
Comisionado Especial designado celebrar una vista para
recibir la prueba. Al desempeñar una función similar al
juzgador de instancia, el Comisionado Especial está en
mejor posición para aquilatar la prueba testifical y
adjudicar credibilidad, por lo que sus determinaciones
fácticas merecen nuestra mayor deferencia. In re: Acevedo
Álvarez, res. el 20 de abril de 2010, 2010 T.S.P.R. 74; In
re: Gordon Menéndez I, 171 D.P.R. 210 (2007); In re:
Morales Soto, 134 D.P.R. 1012 (1994). Por lo tanto, aunque CP-2008-25 13
este Tribunal no está obligado a aceptar el informe de un
Comisionado Especial en un procedimiento disciplinario
contra un abogado, y podemos adoptar, modificar o rechazar
tal informe, de ordinario sostendremos las determinaciones
de hecho de un Comisionado Especial salvo que se demuestre
prejuicio, parcialidad o error manifiesto. In re: Pagán
Pagán, res. 8 de agosto de 2007, 2007 T.S.P.R. 151; In re:
Morell, Alcover, 158 D.P.R. 791 (2003); In re: Soto López,
135 D.P.R. 642 (1994).
B.
Por otra parte, como es sabido, la notaría es una
función de cuidado que debe ser ejercida con suma
diligencia y celo profesional. In re: Bringas Rechani, 128
D.P.R. 132, 134 (1991); In re: Alvarado Tizol, 122 D.P.R.
587 (1988); In re: Rodríguez Mena, 126 D.P.R. 205 (1990).
Los notarios están obligados a cumplir estrictamente con lo
dispuesto en la Ley Notarial de Puerto Rico, supra, y en
los Cánones del Código de Ética Profesional, supra. In re:
Bringas, supra, pág. 134. El incumplimiento con estas
fuentes de obligaciones y deberes los expone a la acción
disciplinaria correspondiente. Íd.; In re: Raya, 117 D.P.R.
797, 804 (1986); In re: Cruz Tollinche, 114 D.P.R. 205
(1983).
El Art. 7 de la Ley Notarial, 4 L.P.R.A. sec. 2011,
establece los requisitos para poder ejercer el notariado en
nuestra jurisdicción. En lo pertinente a este caso, dicho
artículo dispone que “[s]ólo podrán practicar la profesión CP-2008-25 14
notarial en el Estado Libre Asociado quienes estuvieren
autorizados para ejercerla actualmente y los abogados que
en el futuro fueren admitidos al ejercicio de la profesión,
y que en lo sucesivo sean autorizados por el Tribunal
Supremo de Puerto Rico para ejercer el notariado”.
Por su parte, el Art. 29 de la Ley Notarial, 4
L.P.R.A. sec. 2047, establece la forma en que se corregirán
los defectos que surjan en un instrumento publico y que
sean percibidos luego de su autorización. En síntesis,
dicho artículo dispone que los defectos de que adolezcan
los documentos notariales ínter vivos podrán ser subsanados
por los mismos otorgantes o por sus herederos o
causahabientes por medio de una escritura pública en que se
haga constar el defecto, su causa y la declaración que lo
subsana. Hemos dicho que esta disposición toma en
consideración la posibilidad de que se cometan errores al
otorgar un instrumento público. In re: Rivera Vázquez, 155
D.P.R. 267, 280 (2001). Para preservar la verdad y la fe
publica notarial, el notario debe seguir estrictamente este
procedimiento para la corrección de defectos en los
instrumentos públicos. Íd.
A su vez, el Art. 16 de la Ley Notarial, 4 L.P.R.A.
sec. 2034, establece el requisito de la firma e iniciales
en los instrumentos públicos. A tales efectos, dicho
artículo dispone:
Los otorgantes y los testigos firmarán la escritura y además estamparán las letras iniciales de su nombre y apellido o apellidos al margen de cada una CP-2008-25 15
de las hojas del instrumento, las cuales rubricará y sellará el notario.
Sobre este particular, hemos dicho que la firma es un
requisito fundamental en la escritura pública, demostrativo
de que el otorgante aprueba el texto escrito que antecede
la firma. In re: Nieves Nieves, 171 D.P.R. 843, 852 (2007);
In re: González Maldonado, 152 D.P.R. 871 (2000). La
omisión de la firma de uno o más de los otorgantes o
testigos no sólo es una falta notarial grave y una
violación a la fe pública, sino que además es causa de
nulidad del instrumento público. In re: Vargas Cintrón, 153
D.P.R. 520 (2001).
A lo anterior se suma lo establecido en el Art. 28 de
la Ley Notarial, 4 L.P.R.A. sec. 2046, que dispone:
Los que suscriban un instrumento público en cualquier concepto, lo harán formando al final y estampando las iniciales de su nombre y apellido o apellidos al margen de todos los folios, en la forma que habitualmente empleen y el notario lo hará a continuación de los mismos, rubricándolo, signándolo y sellándolo.
Si no hubiere testigos instrumentales, será innecesario que los comparecientes firmen el documento todos juntos en presencia del notario, sino que éste podrá recibir personalmente sus firmas en cualquier tiempo, dentro del mismo día natural del otorgamiento, con arreglo a lo expresado en la sec. 2042 de este título.
El notario tiene, pues, la responsabilidad de que, en
el acto de otorgamiento, se observen todas las solemnidades
requeridas y de que el documento cumpla con todos los
requisitos exigidos por la Ley Notarial. Incumplir con CP-2008-25 16
estas obligaciones podría conllevar serias sanciones
disciplinarias.
Con estos preceptos en mente, atendamos la
controversia ante nuestra consideración.
III.
En el primer cargo en su contra, se le imputa al
licenciado Fontánez haber violado el Canon 9 del Código de
Ética Profesional, supra, al incumplir con las órdenes y
los términos concedidos por este Tribunal para que
corrigiera las deficiencias en su obra notarial. A su vez,
en el segundo cargo, se le imputa haber infringido el Canon
12 del Código de Ética Profesional, supra, al incurrir en
una indebida, irrazonable, injustificada y excesiva
tardanza en corregir su obra notarial, a pesar de los
múltiples requerimientos y términos concedidos a esos fines
por este Tribunal. Entendemos que el licenciado Fontánez
violó ambos cánones de ética profesional. Veamos.
Este Tribunal le ha concedido múltiples oportunidades
al licenciado Fontánez para que subsane las deficiencias
con carácter grave señalados en su obra notarial. A tales
efectos, entre enero de 2004 y octubre de 2008, fecha en
que se presentó la querella, este Tribunal emitió al menos
seis Resoluciones ordenándole al querellado que subsanara
las referidas deficiencias o mostrara causa por la que no
debía ser suspendido del ejercicio de la abogacía por tal
incumplimiento, o ambas cosas. CP-2008-25 17
El licenciado Fontánez desatendió todas estas órdenes.
Al día de hoy, su gestión se ha limitado a encuadernar
ciertos protocolos y a subsanar las deficiencias
arancelarias. El abogado tampoco cumplió con su deber de
contestar la querella presentada contra él, aun cuando
solicitó una prórroga para ello. Lo mismo hizo cuando el
Comisionado Especial señaló una vista en su fondo: solicitó
una prórroga, pero luego no compareció. Vemos, pues, que su
conducta ha tenido el único efecto de dilatar los
procedimientos. En vista de lo anterior, estamos plenamente
convencidos de que el licenciado Fontánez violó, con su
conducta, tanto el Canon 9 como el Canon 12 del Código de
Ética Profesional, supra.
En el tercer cargo de la querella, se le imputa al
licenciado Fontánez haber violado el Canon 38 del Código de
Ética Profesional, supra, al incurrir en conducta impropia
y no esforzarse al máximo de su capacidad en la exaltación
del honor y la dignidad de la profesión legal.
Como señaláramos anteriormente, la mayoría de los
documentos públicos autorizados por el licenciado Fontánez
carecen de las firmas e iniciales de los otorgantes y, en
algunos casos, testigos instrumentales, así como de la
rúbrica y el sello del notario. Como se sabe, estas
deficiencias son de carácter grave y causan la nulidad de
los documentos afectados por éstas. Art. 34 de la Ley
Notarial, 4 L.P.R.A. sec. 2052. Véanse, además, In re:
Mesonero Hernández, res. el 30 de abril de 2008, 2008 CP-2008-25 18
T.S.P.R. 78; In re: Nieves Nieves, res. el 3 de julio de
2007, 2007 T.S.P.R. 139. Por lo general, tal efecto de
nulidad perjudica a los otorgantes de las escrituras,
quienes podrían sufrir las consecuencias jurídicas que
pretendieron evitar. En el caso de los testamentos, el
perjuicio es aún más notorio, pues, como se sabe, la
nulidad del documento afecta la institución de herederos en
sí misma.
Las deficiencias en la obra notarial del licenciado
Fontánez trascienden la falta de firmas. En su desempeño
como notario, el abogado ha infringido otras disposiciones
de la Ley Notarial, a saber: el Art. 32, 4 L.P.R.A. sec.
2050, por haber dejado espacios en blanco en diversas
escrituras; el Art. 49, 4 L.P.R.A. sec. 2073, por no haber
enumerado las páginas del protocolo; el Art. 50, 4 L.P.R.A.
sec. 2074, por no haber hecho todas las notas de apertura y
cierre en sus protocolos; el Art. 41, 4 L.P.R.A. sec. 2063,
por no haber hecho la nota de saca en la escritura matriz;
el Art. 10, 4 L.P.R.A. sec. 2021, por no haber adherido y
cancelado los aranceles dispuestos por ley en el original
de cada escritura, y el Art. 52, 4 L.P.R.A. sec. 2076, por
no haber encuadernado los protocolos. De todas estas
deficiencias, el querellado subsanó solamente las
deficiencias arancelarias y la encuadernación de sus
protocolos. Según surge del último informe de la O.D.I.N.,
las demás deficiencias aún no han sido subsanadas, para
desdicha de los otorgantes. CP-2008-25 19
Vemos, pues, que el licenciado Fontánez no ha ejercido
la labor notarial con el esmero, cuidado y celo profesional
que se espera de un notario en nuestro ordenamiento. Más
aún, su pobre desempeño podría tener consecuencias funestas
sobre las personas que confiaron en él. Asimismo, no ha
actuado con la limpieza, lealtad y escrupuloso sentido de
responsabilidad que exigimos de un abogado. En vista de lo
anterior, es forzoso concluir que el licenciado Fontánez ha
incurrido en conducta impropia que lo desmerece como
abogado, en incumplimiento con el deber de exaltar la
dignidad y el honor de la profesión, según lo exige el
Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra.
Por último, en el cuarto cargo de la querella, se le
imputa al licenciado Fontánez haber violado varias
disposiciones de la Ley Notarial, supra, a saber: el Art. 7
(sobre la práctica ilícita de la profesión), el Art. 29
(sobre la subsanación de defectos) y los Arts. 16 y 29
(sobre la falta de firmas e iniciales en los documentos
Sobre la imputación de que el licenciado Fontánez
ejerció el notariado sin estar autorizado para ello, el
Comisionado Especial hizo las siguientes determinaciones de
hechos.
El 3 de junio de 2003, diez días antes de que fuera
suspendido de la abogacía y la notaría, el licenciado
Fontánez otorgó una escritura de compraventa de un inmueble
que luego fue presentada para su inscripción en el Registro CP-2008-25 20
de la Propiedad. Tres años después, estando suspendido del
ejercicio de la notaría, expidió una segunda “copia simple
certificada” bajo su firma y sello notarial. De igual
forma, en 2005, otorgó otra escritura sobre “acta
aclaratoria” bajo su firma y sello.
Luego, en el 2007, el abogado autorizó una declaración
de “no propiedad” de un participante del Programa de
Vivienda de Sección 8 del Municipio de Caguas, la cual fue
jurada y suscrita ante él, mediante el afidávit 11,306.
Posteriormente, en octubre de ese mismo año, el licenciado
Fontánez admitió ante la Directora de la O.D.I.N. que había
autorizado un total de ocho declaraciones juradas de “no
propiedad” para el Departamento de la Vivienda del
Municipio de Caguas.
Todas estas escrituras y el referido afidávit
contienen la firma del licenciado Fontánez y la impresión
de un sello notarial idéntico al que un alguacil de este
Tribunal incautó en el 2003. Esto es evidencia indirecta de
que el abogado tenía dos sellos idénticos, de los cuales
retuvo uno, o, en la alternativa, de que mandó a hacer una
réplica del sello incautado. En cualquier caso, queda claro
que el licenciado Fontánez ejerció el notariado mientras se
hallaba suspendido de tal ejercicio, es decir, sin
autorización para ello. Asimismo, su conducta constituye un CP-2008-25 21
desacato a la autoridad de este Tribunal. Art. 284 del
Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4912.10
Se le imputa además al licenciado Fontánez haber
violado el Art. 29 de la Ley Notarial, supra, sobre la
subsanación de errores que surjan en un instrumento público
y sean percibidos luego de su autorización. Sobre este
particular, basta reiterar que en repetidas ocasiones hemos
ordenado al hoy querellado que subsane las deficiencias
graves en su obra notarial y no lo ha hecho. En los siete
años que han pasado desde que su obra notarial fuera
incautada, su gestión se ha limitado a subsanar las
deficiencias arancelarias y encuadernar sus protocolos. Es
evidente que el querellado no ha cumplido con su deber de
subsanar las deficiencias señaladas por la O.D.I.N.
Asimismo, se le imputa al licenciado Fontánez haber
infringido los Art. 16 y 29 de la Ley Notarial, supra,
sobre el requisito de que, por un lado, los otorgantes
firmen y estampen sus iniciales en la escritura y, por el
otro, el notario rubrique, signe y selle la escritura. Ya
hemos establecido que la mayoría de las escrituras
otorgadas por el abogado adolecen de esta deficiencia de
carácter gravísimo. No es necesario, pues, volver sobre
este asunto.
Estamos convencidos de que el licenciado Fontánez
incurrió en la conducta imputada en la querella en su
10 De igual forma, el abogado burló a los consumidores que procuraron tales servicios notariales y su conducta podría constituirse como un delito bajo el Código Penal. CP-2008-25 22
contra. Por consiguiente, procede tomar la acción
disciplinaria que estimemos apropiada. En vista de la
gravedad de las faltas cometidas por el licenciado
Fontánez, la sanción más adecuada es la suspensión
inmediata e indefinida del ejercicio de la profesión.
Además, acogemos la recomendación del Comisionado Especial
en el sentido de que se refiera el caso al Secretario de
Justicia para que éste determine si la conducta del abogado
constituye delito bajo el Código Penal y, de éste ser el
caso, si la acción penal está prescrita o no.
El licenciado Fontánez notificará a sus clientes que
por motivo de la suspensión no puede continuar con su
representación legal, y devolverá a éstos los expedientes
de cualquier caso pendiente y los honorarios recibidos por
trabajos no realizados. De igual forma, deberá informar de
su suspensión a cualquier sala del Tribunal General de
Justicia o foro administrativo en el que tenga algún caso
pendiente. Por último, se referirá el caso al Secretario de
Justicia para que determine si procede iniciar una acción
penal contra el abogado.
Se le apercibe al licenciado Fontánez que la presente
acción disciplinaria no lo exime de tener que subsanar, a
sus expensas, las deficiencias señaladas por la O.D.I.N. en
su obra notarial. Dicha obligación subsiste y su
desatención lo expone al correspondiente procedimiento de
desacato.
Se dictará sentencia de conformidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se suspende inmediata e indefinidamente del ejercicio de la abogacía al Lic. Sigfredo Fontánez Fontánez.
El licenciado Fontánez notificará a sus clientes que por motivo de la suspensión no puede continuar con su representación legal, y devolverá a éstos los expedientes de cualquier caso pendiente y los honorarios recibidos por trabajos no realizados. De igual forma, deberá informar de su suspensión a cualquier sala del Tribunal General de Justicia o foro administrativo en el que tenga algún caso pendiente.
Por último, se referirá el caso al Secretario de Justicia para que determine si procede iniciar una acción penal contra el abogado.
Se le apercibe al licenciado Fontánez que la presente acción disciplinaria no lo exime de tener que subsanar, a sus expensas, las deficiencias señaladas por la O.D.I.N. en su obra CP-2008-25 2
notarial. Dicha obligación subsiste y su desatención lo expone al correspondiente procedimiento de desacato. Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Rivera García no interviene.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo