EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re: 2017 TSPR 124
Jaime L. Vázquez Bernier 198 DPR ____ (TS-10,063)
Número del Caso: AB-2015-457
Fecha: 26 de junio de 2017
Abogado del promovido:
Por derecho propio
Oficina del Procurador General:
Lcdo. Isaías Sánchez Báez Subprocurador General
Lcda. María Ortiz Toral Procuradora General Auxiliar
Materia: La suspensión será efectiva el 6 de julio de 2017, fecha en que se le notificó al abogado de su suspensión inmediata.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Jaime L. Vázquez Bernier AB-2015-457 (TS-10,063)
Voto particular disidente emitido por la Jueza Presidenta ORONOZ RODRÍGUEZ
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 26 de junio de 2017.
Hoy nos vemos obligados a suspender a un miembro
de la profesión legal por infringir los Cánones 9,
12, 18, 19, 20 y 38 del Código de Ética Profesional,
infra, durante la tramitación de un pleito ante el
Tribunal de Primera Instancia, y por desatender los
requerimientos de este Tribunal y de la Oficina del
Procurador General. Estos son los hechos que dieron
inicio a este procedimiento disciplinario.
I
El 29 de diciembre de 2015, el Dr. José R.
Rodríguez Santiago (doctor Rodríguez Santiago o
quejoso) presentó una queja contra el Lcdo. Jaime L. AB-2015-0457 2
Vázquez Bernier.1 Explicó que contrató al licenciado para que
lo representase en una demanda de cobro de dinero e
incumplimiento de contrato. Relató que la demanda se
presentó el 14 de junio de 2012 y planteó que el licenciado
no realizó ninguna gestión en la tramitación de su causa de
acción a partir de dicho momento. Además, alegó que
desconoce cuál es el estado de su reclamación porque no ha
logrado comunicarse con el letrado, a pesar de que intentó
contactarlo en múltiples ocasiones mediante cartas, correos
electrónicos y llamadas telefónicas. En ese contexto,
explicó que contrató al Lcdo. Ángel L. Tapia Flores para que
asumiese su representación legal e indicó que éste tampoco
consiguió comunicarse con el licenciado. Finalmente, afirmó
que se siente desatendido por el letrado y que sospecha que
no recuperará el dinero que reclamó en su demanda, a saber,
la cantidad de $424,187.50.
La Secretaría de este Tribunal le cursó dos (2)
comunicaciones al licenciado Vázquez Bernier requiriéndole
que presentase su contestación a la queja en un término de
diez (10) días.2 El letrado incumplió con los plazos
provistos, por lo que, el 21 de septiembre de 2016, emitimos
una Resolución concediéndole un término final e
improrrogable de cinco (5) días para que cumpliese con lo
ordenado.3
1 El Lcdo. Jaime L. Vázquez Bernier fue admitido al ejercicio de la abogacía el 13 de enero de 1992 y prestó juramento como notario el 8 de junio de 1993. 2 Según surge del expediente, las comunicaciones se cursaron el 4 de enero y el 8 de abril de 2016. 3 La Resolución se notificó personalmente al licenciado el 23 de septiembre de 2016. AB-2015-0457 3
El 30 de septiembre de 2016, el licenciado Vázquez
Bernier presentó su contestación a la queja. Explicó que
conoció al quejoso en el 2005 y que entre ellos se
desarrolló una relación de amistad. Relató que, a mediados
del 2012, el doctor Rodríguez Santiago le comentó que tenía
un problema con un suplidor, pues adquirió $24,187.50 en
losas de mármol que no le fueron entregadas. Afirmó que le
recomendó al quejoso que presentase una querella en la
Policía, pero que también le indicó que entendía que la
acción criminal estaría prescrita debido a que la
transacción se consumó en el 2003. Explicó que inquirió
sobre los pormenores del negocio jurídico, a lo cual éste le
respondió que el comercio se comprometió a almacenar
gratuitamente su mercancía. De igual forma, relató que le
solicitó al quejoso copia del contrato de compraventa y que
éste le manifestó que sólo contaba con una factura. Así,
afirmó que le especificó al quejoso la prueba que
necesitaría para instar su reclamación judicial.
Por otro lado, aclaró que las gestiones que realizó en
representación del doctor Rodríguez Santiago se dieron en el
contexto de ayudar a un amigo, por lo que no suscribió un
contrato de servicios profesionales. Explicó que, por tal
razón, las comunicaciones con el quejoso siempre fueron
mediante llamada telefónica o visita y negó que existiesen
comunicaciones escritas.
En cuanto a la tramitación del pleito, relató que el
procedimiento se retrasó por los problemas de salud que
sufrió la representación legal de la parte demandada. Expuso AB-2015-0457 4
que intentó reunirse en más de una ocasión con dicho abogado
para preparar el Informe del Manejo del Caso, pero afirmó
que sus gestiones resultaron infructuosas. Por tanto, señaló
que la no presentación del Informe estuvo justificada y que
la representación legal de la parte demandada le indicó que
presentaría una moción de reconsideración para que se dejase
sin efecto la sanción económica que le fue impuesta.
De otra parte, afirmó que no compareció a la vista que
se celebró el 25 de noviembre de 2013 por motivos de salud,
de lo cual informó al tribunal oportunamente. Asimismo,
relató que tampoco compareció a una vista que el tribunal
señaló para el 28 de enero de 2014 –que anotó en su
calendario para el 28 de enero de 2015-, de la cual también
fue excusado.
Por otro lado, advirtió que la parte demandada presentó
una solicitud de desestimación, por lo que, en febrero
de 2014, sometió una moción explicando que dialogó con la
representación legal de dicha parte sobre los documentos que
necesitaba para replicar a la petición de desestimación. En
ese contexto, expresó que se comprometió a desistir de la
reclamación si los documentos provistos acreditaban que la
demanda era inmeritoria y señaló que nunca recibió la
información solicitada.
De igual forma, planteó que su cliente tampoco le
entregó la prueba que necesitaba para tramitar el litigio.
Explicó que, seis meses después de haber presentado la
demanda, el quejoso le entregó un listado de las llamadas
que efectuó siete años después de haberse perfeccionado la AB-2015-0457 5
transacción, “sin detalle de qui[é]n realizó las llamadas,
con qui[é]n se sostuvo la conversación y en qu[é] consistió
la conversación”.4 Además, explicó que recibió una nota
Post-it con varios nombres –algunos sin apellido- sin
identificar quiénes eran y cuál era su relevancia en el
caso, y sin sus datos personales e información de contacto.
Por último, indicó que el quejoso le entregó un borrador de
una declaración jurada suscrita por una de sus empleadas
sobre las gestiones que realizó para obtener la entrega de
la mercancía.
El licenciado Vázquez Bernier alegó que le advirtió al
quejoso que “quizás se debería desistir de la demanda” si la
evidencia no estaba disponible, por lo que lo responsabilizó
por la desestimación del pleito.5 En ese contexto, reconoció
que debió haber renunciado a la representación legal del
quejoso o no haber instado la demanda hasta que se le
suministrase la información requerida.
Finalmente, explicó que comenzó a reducir sus labores
profesionales desde el 2014 y que, a partir de noviembre
de 2015, sólo atendió asuntos que podía despachar por medios
electrónicos. Ello, pues la salud de su progenitora se
deterioró al punto que tuvo que encargarse de su cuidado.
Admitió que no atendía la correspondencia, por lo que no se
enteró de los requerimientos de este Tribunal hasta que se
le notificó personalmente la Resolución concediéndole un
término de cinco (5) días para contestar la queja.
4 Contestación a queja, pág. 5. 5 Íd., pág. 7. AB-2015-0457 6
Posteriormente, referimos la queja a la Oficina del
Procurador General para investigación conforme a lo
dispuesto en la Regla 14(d) del Reglamento de este Tribunal,
4 LPRA Ap. XXI-B. El 13 de marzo de 2017, el Procurador
General presentó su informe, en el cual concluyó que el
licenciado Vázquez Bernier infringió los Cánones 9, 12, 18,
19, 20 y 38 del Código de Ética Profesional, infra, al:
(1) incumplir con las órdenes y requerimientos del tribunal
durante la tramitación del pleito; (2) no renunciar
oportunamente a la representación legal del quejoso cuando
éste no le proveyó la información solicitada; (3) permitir
que se desestimase con perjuicio una de las causas de acción
de su cliente; (4) no informar a su cliente sobre las
incidencias procesales del pleito; (5) no devolver el
expediente cuando le fue requerido, y (6) desatender los
requerimientos de su Oficina durante el procedimiento
disciplinario.6
El 31 de marzo de 2017, emitimos una Resolución
concediéndole al licenciado Vázquez Bernier un término de
veinte (20) días para reaccionar al Informe del Procurador
General. Le apercibimos que, de no comparecer, tomaríamos
nuestra determinación sin el beneficio de su postura. El
licenciado no compareció en el término provisto.
Por otro lado, el 2 de febrero de 2017, el Director de
la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN), Lcdo. Manuel E.
6 En específico, el 2 de marzo de 2017, la Oficina del Procurador General le cursó un requerimiento de información al licenciado Vázquez Bernier, en el cual le solicitó que informase si devolvió el expediente del caso y si notificó la sentencia al quejoso. Informe de la Oficina del Procurador General, págs. 19-20. AB-2015-0457 7
Ávila De Jesús, presentó una Moción notificando
incumplimiento de orden y en solicitud de remedios. En
esencia, explicó que el licenciado Vázquez Bernier incumplió
con nuestra Resolución del 1 de diciembre de 2016, en la
cual le concedimos un término de veinte (20) días para que
entregase los Protocolos para los años naturales 1993
y 1994, y un término de sesenta (60) días para subsanar las
deficiencias identificadas en su obra notarial.7 Por
consiguiente, nos solicitó que suspendamos inmediata e
indefinidamente al licenciado del ejercicio de la notaría y
que le confiramos un término final e improrrogable de
treinta (30) días para cumplir con lo ordenado, so pena de
ser referido a un procedimiento de desacato.
II
El Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX,
establece las normas mínimas de conducta que deben seguir
los miembros de la profesión legal en el ejercicio de sus
funciones. In re Armenteros Chervoni, 195 DPR 693,
699 (2016); In re Nazario Díaz, 195 DPR 623, 634 (2016).
Ello, en aras de promover un comportamiento ejemplar por
parte de los letrados que beneficie a la ciudadanía, a la
profesión y a las instituciones de justicia. In re Ortiz,
Rivera, 195 DPR 122, 131 (2016); In re Mulero Fernández,
174 DPR 18, 29 (2008).
El Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA
Ap. IX, le impone a los abogados el deber de observar una
7 Ello pues, el 6 de septiembre de 2016, ordenamos la incautación preventiva de la obra notarial del licenciado por su falta de cooperación con el proceso de inspección. AB-2015-0457 8
conducta hacia los tribunales que se caracterice por el
mayor respeto. In re De León Rodríguez, 190 DPR 378,
390 (2014). Entre otras cosas, este deber incluye la
obligación de atender con prontitud las órdenes y
requerimientos del foro judicial. In re Irizarry Rodríguez,
193 DPR 633, 660 (2015); In re Fontánez Fontánez, 181 DPR
407, 416 (2011). Por lo tanto, un abogado quebranta este
Canon cuando incumple con las órdenes del tribunal, ya que
dicho proceder constituye una afronta al poder judicial.
In re Rodríguez Quesada, 195 DPR 967, 969 (2016). De igual
forma, se infringe este Canon cuando se ignoran los
requerimientos de la Oficina del Procurador General.
In re Irizarry Irizarry, 190 DPR 368, 375 (2014).
Por otro lado, el Canon 12 de Ética Profesional, 4 LPRA
Ap. IX, exige que los miembros de la profesión tramiten “las
causas que le son encomendadas con puntualidad y diligencia,
lo cual conlleva desplegar todas las diligencias necesarias
para asegurar que no se causen dilaciones indebidas”. In re
Prado Galarza, 195 DPR 894, 904 (2016). La obligación de ser
puntual en la tramitación del pleito se extiende a todas las
etapas del litigio. Íd. En particular, hemos expresado que
“la incomparecencia injustificada a las vistas señaladas por
el tribunal y las actuaciones que coloquen en riesgo la
causa de acción de los clientes” configuran violaciones a
este Canon. In re Miranda Daleccio, 193 DPR 753, 761 (2015).
Por su parte, el Canon 18 del Código de Ética
Profesional, 4 LPRA Ap. IX, requiere que los letrados
defiendan los intereses de su cliente de forma competente. AB-2015-0457 9
In re Roldán González, 195 DPR 414, 422 (2016); In re Rivera
Nazario, 193 DPR 573, 582 (2015). En lo pertinente, este
Canon dispone lo siguiente:
Será impropio de un abogado asumir una representación profesional cuando está consciente de que no puede rendir una labor idónea competente y que no puede prepararse adecuadamente sin que ello apareje gastos o demoras irrazonables a su cliente o a la administración de la justicia.
Es deber del abobado defender los intereses del cliente diligentemente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurídica en general estima adecuada y responsable. 4 LPRA Ap. IX, C. 18.
Por consiguiente, cualquier actuación que pueda
conllevar, o en efecto conlleve, la desestimación o el
archivo de un caso constituye una infracción a este Canon.
In re Pietri Torres, 191 DPR 482, 488 (2014); In re Nieves
Nieves, 181 DPR 25, 37 (2011).
El Canon 19 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA
Ap. IX, exige que el abogado sostenga una comunicación
efectiva con su cliente, por lo que éste debe mantenerlo
informado de todo asunto importante que surja en el
desarrollo del caso que le ha sido encomendado.
In re Nazario Díaz, supra, pág. 638; In re Cuevas Borrero,
185 DPR 189, 200 (2012). Así, se infringe este Canon cuando
“no se atienden los reclamos de información que el cliente
solicita; no se le informa del resultado adverso de la
gestión encargada; la acción se desestima o se archiva; no
se mantiene al cliente al tanto del estado o la situación
procesal del caso, o, simplemente, se le niega información
del caso”. In re Reyes Coreano, 190 DPR 739, 752-753 (2014). AB-2015-0457 10
Por otro lado, el Canon 20 de Ética Profesional, 4 LPRA
Ap. IX, regula lo relacionado al relevo de representación
legal. Este Canon exige que un abogado renuncie a la
representación de su cliente cuando éste es negligente y no
coopera con la tramitación del pleito. In re Rivera Nazario,
supra, págs. 585-586; In re Cruz Tollinche, 112 DPR 699,
699-700 (1982). Ello, pues “[n]o renunciar le impide al
letrado representar adecuadamente a su cliente”, por lo que
continuar llevando el caso constituye un error de juicio y
configura una violación a este Canon. In re Ramos Hernández,
183 DPR 647, 655 (2011).
Finalmente, el Canon 38 del Código de Ética
Profesional, 4 LPRA Ap. IX, requiere que los letrados se
esfuercen al máximo de sus capacidades para exaltar el honor
y la dignidad de la profesión. In re Ortiz, Rivera, supra,
págs. 133-134; In re Villalba Ojeda, 193 DPR 966,
975 (2015). Así, en reiteradas ocasiones hemos expresado que
“los abogados son el espejo donde se refleja la imagen de la
profesión”, por lo que éstos “deben actuar conforme al
puntual sentido de responsabilidad que impone la función
social que ejercen”. In re Prado Galarza, supra, pág. 906
(citando a In re Rodríguez Vázquez, 176 DPR 168,
177 (2009)). Véase también In re Gordon Menéndez, 183 DPR
628, 642 (2011).
III
Según se desprende del expediente, el 21 de junio de
2012, el licenciado Vázquez Bernier presentó, en
representación del quejoso, una demanda de cobro de dinero e AB-2015-0457 11
incumplimiento de contrato. En esta, alegó que, el 10 de
febrero de 2003, su representado adquirió $24,187.50 en
losas de mármol de la parte demandada, las cuales no le
fueron entregadas. En la demanda, solicitó la devolución de
la suma satisfecha y una compensación de $50,000 en concepto
de daños y perjuicios, así como $7,981.88 en honorarios de
abogado.
El 27 de agosto de 2012, la parte demandada presentó su
alegación responsiva, en la cual planteó que la causa de
acción del quejoso era inmeritoria. Aceptó que el doctor
Rodríguez Santiago adquirió las losas de mármol en
controversia, pero alegó que éste no intentó recogerlas
hasta el 2009, por lo que acumuló gastos de almacenaje que
excedían el costo del producto. Así, afirmó que, entre el
2009 y 2010, le informó al doctor Rodríguez Santiago que
había dispuesto de la mercancía. Por otro lado, argumentó
que no procedía la demanda instada contra el Sr. Erick
Halais en su carácter personal, ya que el quejoso contrató
con Travertino Romano, Inc., una corporación con
personalidad jurídica propia. Por tanto, solicitó que se
declarase sin lugar la demanda y que se le concediesen
$7,500 en concepto de honorarios de abogado.
El 5 de septiembre de 2012, el Tribunal de Primera
Instancia emitió una orden concediéndole a las partes hasta
el 15 de noviembre de 2012 para someter el Informe para el
Manejo del Caso. Las partes incumplieron con el término
provisto por lo que, el 26 de diciembre de 2012, el tribunal AB-2015-0457 12
les impuso una sanción de $50 y les concedió hasta el 31 de
enero de 2013 para presentar el Informe.
El 25 de enero de 2013, la representación legal de la
parte demandada presentó una Moción en Solicitud de
Reconsideración, en la cual solicitó que se relevara a ambos
abogados de las sanciones impuestas, ya que el
incumplimiento se debió a los problemas de salud que
enfrentó durante septiembre y octubre de 2012. El 5 de
febrero de 2013, el Tribunal de Primera Instancia dejó sin
efecto las sanciones y le concedió a las partes un término
de veinte (20) días para que presentasen el Informe para el
Manejo del Caso.
El 6 de marzo de 2013, las partes, por conducto de sus
respectivas representaciones legales, presentaron una Moción
Informativa en Cumplimiento de Orden, en la cual expresaron
que presentarían el Informe en o antes del 29 de marzo de
2013. A pesar de lo anterior, las partes no presentaron el
Informe dentro del término provisto.
El 9 de mayo de 2013, el Tribunal de Primera Instancia
señaló la Conferencia con Antelación al Juicio para el 25 de
noviembre de 2013 y le apercibió a las partes que, de no
presentar el Informe, les impondría sanciones económicas.
El 13 de agosto de 2013, la parte demandada presentó
una Moción Solicitando Desestimación, en la que planteó que
procedía la desestimación del pleito debido a que la parte
demandante no efectuó trámite alguno durante los últimos
seis (6) meses. Posteriormente, la parte demandada presentó
una segunda moción de desestimación. En esta, solicitó la AB-2015-0457 13
desestimación de la reclamación instada contra el señor
Halais en su carácter personal debido a que el quejoso
adquirió el producto de una corporación con personalidad
jurídica propia.8
El 20 de septiembre de 2013, tras evaluar las
solicitudes de desestimación ante su consideración, el
Tribunal de Primera Instancia notificó una orden
concediéndole a la representación legal del doctor Rodríguez
Santiago un término de veinte (20) días para que expusiese
su posición al respecto. En el ínterin, el 13 de septiembre
de 2013, el licenciado Vázquez Bernier presentó una Moción
Informativa y Solicitud de Término, en la cual expresó que
confrontó problemas de salud que culminaron con una
intervención quirúrgica que se celebró el 9 de septiembre
de 2013, por lo que requirió un término adicional de treinta
(30) días para replicar a las mociones de desestimación
presentadas por la parte demandada. El 24 de septiembre
de 2013, el foro primario declaró ha lugar la solicitud del
licenciado.
El 25 de noviembre de 2013, se celebró la Conferencia
con Antelación a Juicio. El licenciado Vázquez Bernier no
compareció, pero se excusó oportunamente. Así, la vista se
recalendarizó para el 28 de enero de 2014. Sin embargo,
ninguna de las partes compareció a este señalamiento, por lo
que, el 28 de enero de 2014, el Tribunal de Primera
Instancia le concedió un término de diez (10) días a los
8 Según surge del expediente, la segunda moción de desestimación se presentó el 28 de agosto de 2013. Informe de la Oficina del Procurador General, pág. 13. AB-2015-0457 14
abogados de las partes para que mostrasen causa por la cual
no debía imponérseles una sanción de $500 por su
incomparecencia.
El 10 de febrero de 2014, el licenciado Vázquez Bernier
presentó una Moción Informativa en Cumplimiento de Orden.
Explicó que le cursó un requerimiento de documentos a la
parte demandada con el propósito de acreditar que Travertino
Romano, Inc. no era un alter ego del señor Halais. Por lo
anterior, solicitó que se le ordenase a la parte demandada a
cumplir con la producción de documentos en un término de
treinta (30) días y que se le concediese un término de
quince (15) días para oponerse a las solicitudes de
desestimación. Ese mismo día, el licenciado también presentó
una demanda enmendada, en la cual reiteró que la corporación
era un alter ego de los demandados, por lo que éstos
respondían solidariamente.
El 14 de febrero de 2014, el Tribunal de Primera
Instancia emitió una orden mediante la cual denegó la
enmienda a la demanda. Además, le concedió un término de
diez (10) días a la parte demandante para que expusiese su
posición en cuanto a los documentos solicitados.
El 5 de marzo de 2014, el licenciado Vázquez Bernier
presentó una Moción Informativa Sobre Fechas Ofrecidas para
Conferencia sobre el Estado de los Procedimientos, en la
cual identificó varias fechas hábiles para pautar la
conferencia sobre el estado de los procedimientos. El
tribunal calendarizó el señalamiento para el 27 de mayo
de 2014. Sin embargo, el licenciado Vázquez Bernier se AB-2015-0457 15
ausentó de la vista, por lo que el foro primario notificó
una Minuta mediante la cual le impuso una sanción de $400
por su incomparecencia y por su incumplimiento con las
órdenes del tribunal. Además, según surge de la Minuta,
dictó sentencia desestimando la reclamación instada contra
el señor Halais en su carácter personal.
Así las cosas, el 23 de octubre de 2014, el Tribunal de
Primera Instancia emitió una sentencia declarando ha lugar
la moción de desestimación de la parte demandada y
desestimando con perjuicio la misma reclamación al amparo de
la Regla 39.2(b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. En
su sentencia, resaltó el incumplimiento reiterado del
licenciado Vázquez Bernier con las órdenes del tribunal y
destacó que éste nunca presentó su posición en torno a las
mociones de desestimación que obraban en el expediente.
Luego de evaluar la conducta del licenciado Vázquez
Bernier a la luz de los hechos reseñados, concluimos que el
licenciado infringió los Cánones 9, 12, 18, 19, 20 y 38 del
Código de Ética Profesional, supra.
En primer lugar, el letrado desatendió las múltiples
órdenes que emitió el foro primario requiriéndole que se
expresase sobre las mociones de desestimación que presentó
la parte demandada y se ausentó de varias vistas señaladas
durante la tramitación del procedimiento. Dicho proceder
configuró una violación a los Cánones 9 y 12 de Ética
Profesional, supra. Como previamente mencionamos, el
Canon 9, supra, impone a los abogados el deber de observar
una conducta hacia los tribunales que se caracterice por el AB-2015-0457 16
mayor respeto, por lo que ignorar los requerimientos del
foro judicial configura una infracción a este Canon.
In re Rodríguez Quesada, supra, pág. 969. De igual forma, la
desatención a las órdenes y señalamientos del tribunal
constituye una violación al Canon 12, supra, toda vez que
este exige que los letrados tramiten las causas que le son
encomendadas con puntualidad y diligencia, de modo que no se
ocasionen dilaciones indebidas en la adjudicación del
pleito. In re Prado Galarza, supra, pág. 904.
Por otro lado, el Canon 18 del Código de Ética
Profesional requiere que los abogados defiendan los
intereses de su cliente de forma competente. In re Roldán
González, supra, pág. 422; In re Rivera Nazario, supra,
pág. 582. Por lo tanto, cualquier actuación que pueda
In re Pietri Torres, supra, pág. 488. En el caso de autos,
la desidia del licenciado Vázquez Bernier ocasionó que se
desestimase con perjuicio una de las causas de acción de su
cliente, por lo que su conducta también infringió este
Canon.
De otra parte, el Canon 19, supra, exige que el abogado
mantenga a su cliente informado de todo asunto importante
que surja en el desarrollo del caso que le fue encomendado.
In re Nazario Díaz, supra, pág. 638. En el caso que nos
ocupa, el licenciado Vázquez Bernier no informó a su cliente
tan siquiera de la desestimación que realizó el foro AB-2015-0457 17
primario, por lo que su proceder quebrantó la obligación
impuesta por este Canon.9
Por otro lado, el licenciado infringió el Canon 20 de
Ética Profesional, supra. Ello, pues de los documentos que
obran en los autos del caso no surge que el letrado le haya
devuelto el expediente al quejoso, a pesar de los múltiples
requerimientos que éste le hizo a tales efectos. De igual
forma, el licenciado transgredió este Canon al no renunciar
oportunamente a la representación del quejoso cuando se
percató de que éste, según él, no estaba cooperando con la
tramitación del pleito. Véase In re Rivera Nazario, supra,
págs. 585-586; In re Cruz Tollinche, supra, págs. 699-700.
En vista de lo anterior, resulta forzoso concluir que
el licenciado Vázquez Bernier no exaltó el honor y la
dignidad de la profesión, por lo que su conducta también
infringió el Canon 38 del Código de Ética Profesional,
supra. In re Ortiz, Rivera, supra, págs. 133-134;
In re Villalba Ojeda, supra, pág. 975.
Finalmente, cabe resaltar que el licenciado desatendió
los requerimientos de la Oficina del Procurador General
durante el procedimiento disciplinario. Además, según se
desprende de la Moción notificando incumplimiento de orden y
en solicitud de remedios presentada por el Director de la
ODIN, el letrado también incumplió con los términos que le
fueron provistos para que subsanase las deficiencias
identificadas en su obra notarial y para que entregase los
9 De hecho, el licenciado Vázquez Bernier admitió en su contestación a la queja que no atendía la correspondencia “por no hacer uso de dicho método” de comunicación. Contestación a queja, pág. 8. AB-2015-0457 18
protocolos que formó para los años naturales 1993 y 1994.
Ambas actuaciones configuran una violación a los Cánones 9
y 12 del Código de Ética Profesional, supra. Véase In re
Irizarry Irizarry, supra, pág. 375.
El trámite procesal antes descrito, así como la
desatención del licenciado a nuestras órdenes y a los
requerimientos de la Oficina del Procurador General, denotan
un patrón de irresponsabilidad que, a nuestro juicio, lo
inhabilita para continuar ejerciendo la profesión. Tal y
como surge del expediente, el licenciado incumplió en
reiteradas ocasiones con las órdenes del Tribunal de Primera
Instancia y se ausentó de tres vistas que fueron debidamente
señaladas. De igual forma, no presentó el Informe para el
Manejo del Caso, ni se opuso a las dos mociones de
desestimación que presentó la parte demandada, entre otras
omisiones durante el proceso judicial. No podemos permitir
que los miembros de la profesión se comporten con tal
desidia en perjuicio a los derechos de sus clientes.
IV
Luego de concluir que el licenciado Vázquez Bernier
infringió los Cánones 9, 12, 18, 19, 20 y 38 del Código de
Ética Profesional, supra, nos resta determinar cuál es la
sanción correspondiente. Según hemos explicado, al momento
de imponer una sanción disciplinaria debemos considerar: el
historial previo del abogado; su reputación en la comunidad;
si esta constituye su primera falta y si alguna parte
resultó perjudicada; la aceptación de la falta y su sincero
arrepentimiento; si la conducta se realizó con ánimo de AB-2015-0457 19
lucro; si se trata de un comportamiento aislado; el
resarcimiento al cliente, así como cualquier otra
consideración pertinente a los hechos. In re Morell
Bergantiños, 195 DPR 759, 765 (2016); In re Peña, Santiago,
185 DPR 764, 787 (2012).
En el caso de autos, las actuaciones del licenciado
perjudicaron directamente los intereses de su cliente, pues
sus acciones provocaron la desestimación con perjuicio de la
causa de acción que le fue encomendada. En ocasiones
anteriores, hemos sancionado conducta similar con una
suspensión de tres meses. Véase In re Morell Bergantiños,
supra; In re Ramos Hernández, supra. No obstante, en el caso
de autos el letrado también infringió otros preceptos
éticos, por lo que debemos atemperar su sanción para que
refleje la gravedad de su conducta.
Por consiguiente, suspendemos inmediatamente al
Lcdo. Jaime L. Vázquez Bernier por un término de seis (6)
meses del ejercicio de la abogacía e indefinidamente del
ejercicio de la notaría. En consecuencia, la fianza notarial
queda automáticamente cancelada.
El señor Vázquez Bernier deberá notificar a todos sus
clientes de su inhabilidad para continuar representándolos
y, de proceder, devolver los honorarios que haya recibido
para servicios profesionales que no podrá realizar. De igual
forma, deberá informar inmediatamente de su suspensión a
cualquier foro judicial o administrativo ante el cual tenga
algún asunto pendiente. Además, deberá acreditar y
certificar ante este Tribunal el cumplimiento con lo AB-2015-0457 20
anterior dentro del término de treinta (30) días contados a
partir de la notificación de esta Opinión Per Curiam y
Sentencia. No hacerlo pudiere acarrear que no se le
reinstale cuando lo solicite.
Por otro lado, ordenamos al señor Vázquez Bernier a que
subsane las deficiencias identificadas en su obra notarial y
entregue los protocolos que formó para los años naturales
1993 y 1994 en un término de treinta (30) días, so pena de
Notifíquese personalmente al Sr. Jaime L. Vázquez
Bernier esta Opinión Per Curiam y Sentencia.
Se dictará sentencia de conformidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Jaime L. Vázquez Bernier AB-2015-0457 (TS-10,063)
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam que antecede, la cual se hace formar parte de la presente Sentencia, se suspende inmediatamente al Lcdo. Jaime L. Vázquez Bernier por un término de seis (6) meses del ejercicio de la abogacía e indefinidamente del ejercicio de la notaría. En consecuencia, la fianza notarial queda automáticamente cancelada.
Se le impone el deber de notificar a todos sus clientes sobre su inhabilidad para continuar representándolos y devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados. Deberá además informar inmediatamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos en que tenga asuntos pendientes. Por último, deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término de 30 días a partir de la notificación de esta Opinión Per Curiam y Sentencia. No hacerlo pudiere acarrear que no se le reinstale cuando lo solicite.
Se le ordena al señor Vázquez Bernier a que subsane las deficiencias identificadas en su obra notarial y entregue los protocolos que formó para los años naturales 1993 y 1994 en un término de treinta AB-2015-0457 2
(30) días, so pena de ser referido a un procedimiento de desacato.
Notifíquese personalmente.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez y el Juez Asociado señor Feliberti Cintrón no intervienen.
Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo