EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re: 2018 TSPR 200
Armando F. Pietri Torres 201 DPR ____ (TS-11,646)
Número del Caso: CP-2016-8
Fecha: 11 de diciembre de 2018
Abogada del querellado:
Por derecho propio
Oficina del Procurador General:
Lcdo. Luis E. Román Negrón Procurador General
Lcdo. Joseph Feldstein del Valle Subprocurador General
Lcda. Karla Z. Pacheco Álvarez Subprocuradora General
Lcda. Susana I. Peñagarícano Brown Procuradora General Auxiliar
Lcda. Yaizamarie Lugo Fontánez Procuradora General Auxiliar
Comisionada Especial:
Hon. Georgina Candal Segurola
Materia: La suspensión será efectiva el 20 de diciembre de 2018, fecha en que se le notificó al abogado de su suspensión inmediata.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Armando F. Pietri Torres CP-2016-8 (TS-11,646)
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 11 de diciembre de 2018.
I
El 26 de junio de 1996 admitimos al
Lcdo. Armando F. Pietri Torres (licenciado Pietri
Torres o querellado) al ejercicio de la abogacía. En el
2014, este era vecino de la Sra. Carmen Lydia Hernández
Maldonado (quejosa o señora Hernández Maldonado) y de
su entonces esposo el Sr. Iván Rodríguez Morales. El 26
de noviembre de 2014 a las 5:00 p.m., el licenciado
Pietri Torres y la quejosa -quienes se conocían hacía 2
años- se encontraron en el estacionamiento del
condominio donde ambos residían. Estos dialogaron por
aproximadamente 45 minutos sobre la decisión del
señor Rodríguez Morales de divorciarse de la
quejosa, los problemas que atravesaba la relación CP-2016-8 2
matrimonial y las alternativas para manejar el proceso de
divorcio.1 Al licenciado Pietri Torres le sorprendió que el
señor Rodríguez Morales quisiera desalojar a la quejosa del
apartamento, por lo que le dijo que hablaría con su esposo
para que la dejara pasar allí la época festiva.2 El querellado
también le aconsejó que no se peleara con el señor Rodríguez
Morales para él poder atenderlos a los dos.
Además, acordaron que la señora Hernández Maldonado
visitaría la oficina del licenciado Pietri Torres el 1 de
diciembre de 2014, pero cuando la quejosa acudió al despacho
este no se encontraba. Sin embargo, durante ese día -1 de
diciembre de 2014- ambos sostuvieron el intercambio siguiente
1 Ese mismo día, se cursaron los siguientes mensajes de texto: • Lcdo. Armando F. Pietri Torres a las 8:14 p.m.: “Carmen perdona que te [haya] molestado cuando sal[í]as ok.” • Sra. Carmen Lydia Hernández Maldonado a las 8:43 p.m.: “No al contrario...gracias a ti por escucharme...Buenas noches”. • Licenciado Pietri Torres a las 8:44 p.m.: “Carmen Iván te da hasta 30 nov.” • Señora Hernández Maldonado a las 8:49 p.m.: “Lo lamento mucho de verdad...pero dile que salgo del aprt el mismo día del divorcio...créeme que si puedo solucionarlo antes lo voy a hacer.” • Licenciado Pietri Torres a las 8:50 p.m.: “Te puedo llamar” • Señora Hernández Maldonado a las 8:50 p.m.: “Sí”
Asimismo, el 30 de noviembre de 2014 ocurrió el siguiente intercambio: • Licenciado Pietri Torres a las 1:57 p.m.: “Buenas tardes es Lcdo. Pietri, me llamó Iván para saber la hora que tú ibas a desalojar apto. Cuídate y perdona la molestia”. • Señora Hernández Maldonado a las 2:30 p.m.: “Buenos días Pietri, disculpa mi atrevimiento de escribirte...Es que habl[é] con Iván hoy para pedirle tratar de llegar a unos acuerdos lo más civilizados posible...le pedí lo siguiente: 1) Que me diera hasta el día 5 para mudarme. 2) Que para poder mudarme c[o]mo es su deseo necesito me preste $5 mil dólares para cubrir los gastos más indispensables como agua, luz, nevera, estufa, renta, etc. 3) Qu[e] me permita usar la guagua para poder trabajar. No le pido nada más y simplemente se termina con esto. Espero su contestación...Nuevamente disculpas”. Mensajes de Texto Estipulados, Informe de la Comisionada Especial, págs. 17-18. 2 Determinaciones de Hechos, Informe de la Comisionada Especial, pág. 22. CP-2016-8 4
por mensaje de texto:
Señora Hernández Maldonado a las 4:58 p.m.: “Pietri...Buenas tardes...Como abogado que me dijiste[] que vas a hacer de Iván y mío que me propones que haga estoy desesperada y no puedo ni quiero seguir así”.
Licenciado Pietri Torres a las 10:45 p.m.: “Necesito cert matrimonio nada más los demás acuerdos no s[é] qu[é] van a hacer nada más y no quiero entrar en dimes y diretes, tomen sus decisiones y eviten meterse en problemas de ley 54 ok si no tengo cert matrimonio y capitulaciones nada puedo hacer. Me pesa mucho todo esto pero tienen que resolver entre ustedes yo no tengo opinión sobre nada, son mis vecinos y como abogado solo actuó ok, a ti Carmen o perdonas o te quedas calladita, buenas noches ok.”
Señora Hernández Maldonado a las 10:54 p.m.: “Tienes razón Gracias...Buenas noches”.3
El 4 de diciembre de 2014 la quejosa, representada por
la Lcda. Ivonne García Torres, presentó una acción de divorcio
por la causal de trato cruel contra el señor Rodríguez Morales
(Carmen Hernández Maldonado v. Iván J. Rodríguez Morales,
J DI-2014-0961). Entre otras cosas, reclamó el apartamento
donde vivían como su residencia mientras se dilucidaba el
pleito. El 11 de diciembre de 2014 el señor Rodríguez Morales,
siendo representado por el licenciado Pietri Torres, contestó
la demanda y presentó una reconvención por ruptura
irreparable.4
3 Mensajes de Texto Estipulados, Informe de la Comisionada Especial, págs. 17-18. 4 En su contestación a la demanda, el señor Rodríguez Morales aceptó que
le solicitó a la señora Hernández Maldonado que abandonara el apartamento, ya que existía un contrato de arrendamiento suscrito por él con un tercero y que aplicaba la separación absoluta de bienes como consecuencia de unas capitulaciones matrimoniales. Estipulaciones, Informe de la Comisionada Especial, pág. 13. CP-2016-8 5
Por otro lado, el 15 de diciembre de 2014 el señor
Rodríguez Morales presentó por derecho propio una acción al
amparo de la Ley de Controversias y Estados Provisionales de
Derecho, Ley Núm. 140 de 23 de julio de 1974 (Ley Núm. 140),
32 LPRA sec. 2871 et seq., para solicitar el desalojo de la
quejosa del apartamento (Caso Civil Núm. JAQ-2014-743). El
22 de diciembre de 2014 se celebró una vista en el caso sobre
Ley Núm. 140 a la cual compareció el señor Rodríguez Morales,
representado por el licenciado Pietri Torres, y la quejosa,
representada por el Lcdo. Pablo Colón Santiago.
A pesar de que el querellado sabía que la quejosa tenía
representación legal en ambos procedimientos, el 30 de
diciembre de 2014 se comunicó con esta por teléfono y
dialogaron sobre asuntos relacionados al divorcio, así como
el desalojo del apartamento.5 En particular, el licenciado
Pietri Torres intentó disuadir a la quejosa para que no se
5 Íd., pág. 14. Además, se cursaron, entre otros, los mensajes de texto siguientes: • Licenciado Pietri Torres a las 7:57 p.m.: “Carmen tengo tus emails y la interven[ción] del Lcdo. José Rivera. Esto no es juego vas a seguir con ese curso de acción diciendo en el trib una cosa y actuando de otra forma?” • Señora Hernández Maldonado a las 9:22 p.m.: “Acabo de ver este mensaje... Y no entiendo???” • Licenciado Pietri Torres a las 9:21 p.m.: “Llama” • Licenciado Pietri Torres a las 9:25 p.m.: “Es claro t[ú] lo que estás diciendo no es correcto y esto nunca se usará en un tribunal pero me da pena que en desesperación te pongas as[í] ok y yo bien claro soy ok”.
Posteriormente, el señor Rodríguez Morales le envió un mensaje al licenciado Pietri Torres y este lo reenvió a la señora Hernández Maldonado, lo cual comenzó la siguiente conversación: • (Mensaje reenviado a las 9:25 p.m.) Bdias. Pietri: José quiere ser redentor entre las partes, aparentemente ella regresó todo el mobiliario en el apt y quiere que José vaya a ver el apt y José dice que ella está (...) que le suba la oferta de dinero. Yo le envié el listado y le dije que Yo iba con [é]l al Apt y no quiere que [y]o vaya, todo lo que hay o deja de haber lo se Yo, pa que Jos[é] va a ir solo??” CP-2016-8 6
divorciara debido a que su cliente no quería.
Posteriormente, en el caso de divorcio, la señora
Hernández Maldonado solicitó la descalificación del
licenciado Pietri Torres. Alegó que este le indicó que la
representaría legalmente. No obstante, luego de que esta le
contara los pormenores del caso y de que el licenciado le
brindara consejo legal, este terminó asumiendo la
representación legal de la parte contraria.6 Además, señaló
que el licenciado Pietri Torres se comunicó con ella, a pesar
de conocer que tenía representación legal. Luego de celebrar
una vista evidenciaria, el foro primario emitió una
Resolución y Orden mediante la cual descalificó al
querellado. Indicó que:
Aun cuando el Lcdo. Pietri niega que se haya perfeccionado la relación abogado-cliente, el intercambio de los mensajes de texto, cuando menos, permite concluir que hubo algo más que un dialogo entre amigos. El Lcdo. Pietri no le aclaró a la parte demandante sobre su error al decir en el mensaje de texto: “…Como abogado que me dijiste[] que vas hacer de Iván y mío…”. Por el contrario, el Lcdo. Pietri le contestó requiriéndole el certificado de matrimonio y las capitulaciones matrimoniales.7
• Licenciado Pietri Torres: “Eso fue una parte de la conversación con José Rivera no compliques esto ok y siente que yo no soy una rata soy abogado ok”. • Licenciado Pietri Torres a las 9:30 p.m.: “Se prudente ok”. • Licenciado Pietri Torres a las 9:31 p.m.: “Llama” “O te puedo llamar yo a ti” [...] • Señora Hernández Maldonado a las 9:34 p.m.: “Llame” [...] • Licenciado Pietri Torres: “Que más quieres está evitando una ley 54 que m[á]s oye no le dije que eres una persona sin corazón”. Mensajes de Texto Estipulados, Informe de la Comisionada Especial, págs. 19-20. 6 También solicitó la descalificación en el procedimiento al amparo de la
Ley Núm. 140 y se declaró con lugar la petición. Véase, Contestación a la querella, Anejo 8, Resolución de 20 de enero de 2015. 7 Contestación a la querella, Anejo 7, Resolución y Orden, pág. 4.
Posteriormente, se declaró disuelto el vínculo matrimonial entre la CP-2016-8 7
La señora Hernández Maldonado presentó una queja contra
el licenciado Pietri Torres por estos hechos. Consideró que
el querellado violó el canon sobre intereses encontrados al
proveerle consejo legal e identificarse como su abogado, para
posteriormente representarlos a los dos y finalmente a su
ex esposo exclusivamente. Asimismo, indicó que el licenciado
incurrió en una violación ética al comunicarse con ella para
hablar sobre asuntos relacionados al caso de divorcio y
solicitarle que desistiera, a pesar de conocer que contaba
con representación legal.8
Así las cosas, referimos este asunto a la Oficina del
Procurador General para investigación e informe. En
cumplimiento con la encomienda, dicha oficina presentó un
informe en el cual concluyó que existía evidencia suficiente
para sostener las alegaciones de la quejosa en cuanto al
conflicto de intereses (representación simultánea adversa),
las comunicaciones directas con la parte contraria y el no
evitar la apariencia de conducta profesional impropia. Por
tanto, consideró que el querellado pudo haber infringido los
Cánones 21, 28 y 38 de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX.9
quejosa y el señor Rodríguez Morales por ruptura irreparable. Estipulaciones, Informe de la Comisionada Especial, pág. 16. 8 La señora Hernández Maldonado también alegó que el licenciado Pietri
Torres la insultaba y le gritaba cuando se la encontraba en lugares públicos. Sin embargo, estas alegaciones no se incluyeron en los cargos que presentó el Procurador General en la Querella. 9 El Procurador General también indicó que el querellado no mostró indicios
de aceptación o arrepentimiento en cuanto a las violaciones imputadas. Asimismo, señaló que este Tribunal lo amonestó previamente por violar el deber de diligencia que requiere el Canon 18 de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Véase In re Pietri Torres, 191 DPR 482 (2014). Por otro lado, destacó como atenuante que ninguna persona resultó perjudicada y no surge que el licenciado se haya lucrado. CP-2016-8 8
Examinado ese escrito, así como la réplica que presentó
el licenciado Pietri Torres, ordenamos al Procurador General
a presentar una querella. En esta, se incluyeron los cargos
siguientes:
A. PRIMER CARGO: El licenciado Pietri Torres incurrió en un conflicto de interés al representar al Sr. Rodríguez Morales en el caso de divorcio, Caso Civil Núm. J DI2014-0961, y querella, Civil Núm. JAQ2014-0743, sobre controversias y estados provisionales de derecho a tenor con la Ley 140-1974, aun cuando previamente la Sra. Hernández Maldonado le consultó, discutió y recibió orientación sobre asuntos relacionados a la relación matrimonial y el proceso de divorcio, lo cual constituye una relación sustancial entre ambas representaciones, en contravención a los preceptos del Canon 21 de Ética Profesional, el cual establece el deber de lealtad completa, incluyendo el no representar intereses encontrados.
B. SEGUNDO CARGO: El licenciado Pietri Torres violó los preceptos del Canon 28 de Ética Profesional al comunicarse directamente con la Sra. Hernández Maldonado durante el trámite de divorcio, en el que dicho abogado representaba a la parte contraria, para discutir particularidades del divorcio a pesar de saber que la Sra. Hernández Maldonado tenía representación legal.
C. TERCER CARGO: El licenciado Pietri Torres violó el Canon 38 de Ética Profesional al no exaltar el honor y la dignidad de la profesión, aunque al así hacerlo conlleve sacrificios personales, al asumir la representación legal del Sr. Rodríguez Morales en el caso de divorcio y de la Ley 140, cuando previamente había asesorado a la Sra. Hernández Maldonado sobre dicho asunto, y ante las comunicaciones incurridas por el Lcdo. Pietri Torres con la Sra. Hernández Maldonado con posterioridad al procedimiento judicial instado, faltando así a su lealtad como abogado y a su deber de evitar la apariencia de conducta impropia.10
El querellado replicó que la conversación que sostuvo
con la señora Hernández Maldonado no creó una relación
10 Querella, págs. 7-9. CP-2016-8 9
abogado-cliente, ya que “el encuentro (...) fue uno casual,
no premeditado, en el estacionamiento del complejo donde
tanto ella como yo vivíamos, no fue una situación planificada
con la intención de pedir explicaciones sobre la situación de
su matrimonio (...)”.11 Asimismo, destacó que no existe
información que él pudo haber utilizado en contra de la
quejosa. Por otro lado, mencionó que el Juez del Tribunal de
Primera Instancia que lo descalificó no elevó el asunto ante
este Foro, lo cual él considera que se debe a que el Juez
entendió que no ocurrió una violación ética. Señaló que la
queja es frívola y que se presentó con la intención de
causarle daño a su reputación y de obtener un beneficio.12
Posteriormente, nombramos a la Hon. Georgina Candal
Segurola, Ex Jueza Superior del Tribunal de Primera
Instancia, como Comisionada Especial para que recibiera la
prueba y nos rindiera un informe con las determinaciones de
hechos y las recomendaciones que estimara pertinente. En la
vista en su fondo, el querellado declaró, entre otras cosas,
lo siguiente:
(1) Se encontró con la señora Hernández en el estacionamiento donde reside y ella le contó que tenía problemas matrimoniales con su esposo, el Sr. Iván Rodríguez Morales. Sostuvieron una conversación de unos 45 minutos y hablaron del divorcio entre el señor Rodríguez Morales y la señora Hernández.
11Contestación a la querella, pág. 4. 12El querellado asevera que el interés de la señora Hernández Maldonado es uno económico. En particular, menciona que “cuando hubo conversaciones extrajudiciales ofreciéndole dinero a la señora Hernández, a través de la Lcda. Ivonne García, esta no reclamó ningún conflicto o violación ética, su interés en el dinero es evidente, si hay dinero no hay violación ética”. Íd. CP-2016-8 10
(2) El licenciado Pietri Torres le indicó a la señora Hernández que iba a hablar con el señor Rodríguez Morales porque él quería “botarla del apartamento” y tenían capitulaciones y era el señor Rodríguez Morales quien había alquilado el apartamento donde ambos residían.
(3) El licenciado Pietri le indicó a la señora Hernández que no se pelearan y que él podía atenderlos a los dos en el divorcio, porque era consentimiento mutuo.
(4) No pactó honorarios con la señora Hernández y le indicó a ella que él iba a mediar. Nunca le dijo a ella que iba a ser abogado de la señora Hernández. Tampoco le dijo que iba a ser abogado del señor Rodríguez Morales. La señora Hernández nunca le pagó honorarios de abogado.
(5) El señor Rodríguez Morales “cambió de parecer y quería sacarla antes de la Navidad”.
(6) La señora Hernández quería unos $3,000 para mudarse del apartamento y también le pidió al licenciado Pietri Torres dinero por retirar la queja.
(7) El licenciado Pietri Torres indicó que “él actuó como mediador” porque la señora Hernández no se podía quedar en la calle.
(8) El licenciado Pietri Torres insistió en que “no había ningún conflicto”, que solo había el propósito de ayudar y de evitar que dos vecinos se pelearan, pero que hubo divergencias de criterio. Igualmente negó que hubiera conflicto de intereses o de representación sucesiva.
(9) El licenciado Pietri Torres expresó que: “Tiene arrepentimiento sobre todo” y que no hubo lucro alguno. Indicó que el procedimiento disciplinario le había servido de aprendizaje.
(10) El licenciado Pietri Torres aseveró que podía representar a dos personas por consentimiento mutuo, pues creía que no era contencioso y no había desventaja. Aseguró que “había que terminar el matrimonio”.
(11) El licenciado Pietri aceptó la violación a los Cánones 21 y 28 de los Cánones de Ética Profesional. Aceptó estar consciente de que un abogado viola los CP-2016-8 11
cánones aunque el cliente acepte la conducta del abogado.13
En su Informe, la Comisionada señaló que los hechos
estipulados demuestran que el licenciado Pietri Torres
incurrió en la conducta prohibida por el Canon 21 de Ética
Profesional, supra, en su modalidad de intereses encontrados.
Indicó que, a pesar de que el encuentro entre la quejosa y el
licenciado Pietri Torres el 26 de noviembre de 2014 ocurrió
por casualidad, la conversación que sostuvieron trató sobre
las dificultades matrimoniales, las alternativas para atender
la situación del divorcio, que el señor Rodríguez Morales
quería que la quejosa desalojara la vivienda, entre otras
cosas. Detalló que el querellado aconsejó a la quejosa en
cuanto a la situación y se ofreció a hablar con el señor
Rodríguez Morales para que no la desalojara hasta pasar la
época festiva.
La Comisionada destacó que desde ese día surgía de los
mensajes de texto una discordia en cuanto al desalojo de la
señora Hernández Maldonado que hacía impropio que el
licenciado proveyera a ambos representación legal. No
obstante lo anterior, el querellado omitió informarle a la
quejosa que no la representaría y, en cambio, le solicitó los
documentos para el divorcio, es decir, el certificado de
matrimonio y las capitulaciones matrimoniales.
La Comisionada determinó además que el licenciado Pietri
13Informe de la Comisionada Especial, págs. 8-10. También aceptó que no existía una carta de la Lcda. Ivonne García Torres, representante legal de la quejosa en el caso de divorcio, autorizándolo a hablar con la señora Hernández Maldonado. Íd., pág. 9. CP-2016-8 12
Torres violó el Canon 28 de Ética Profesional, supra, al
comunicarse con la quejosa durante el trámite del divorcio,
a pesar de que esta contaba con representación legal. Incluyó
como una determinación de hecho en el Informe que los mensajes
de texto estipulados demostraron:
que el licenciado Pietri pretendía influir en la conducta de la señora Hernández en los procedimientos que se estaban llevando a cabo en el divorcio y en el procedimiento bajo la Ley 140 para el desalojo de la señora Hernández. Esto es, haciendo referencia a lo que la señora Hernández alegaba ante el tribunal y que el licenciado catalogaba como que no era correcto. Así como exhortando a la señora Hernández a que fuera prudente.14
Además, señaló que entre los mensajes a la señora Hernández
Maldonado se encontraba el reenvió de comunicaciones que el
propio cliente del querellado, el señor Rodríguez Morales, le
envió a este con relación a la controversia del desalojo del
apartamento.
Por último, concluyó que el querellado infringió el
Canon 38 de Ética Profesional, supra, al representar al señor
Rodríguez Morales en los trámites de divorcio y de Ley
Núm. 140, a pesar de haber asistido y aconsejado a la quejosa
en cuanto a los mismos procedimientos, en los cuales ambas
partes tenían intereses incompatibles. También entiende que
el licenciado mancilló la consecución de la mejor
administración de la justicia al negarse a renunciar a la
representación legal del señor Rodríguez Morales en ambos
pleitos, lo cual conllevó que se celebraran vistas para
14 Íd., pág. 25. CP-2016-8 13
evaluar su descalificación. La Comisionada resaltó, además,
que el licenciado declaró en una de las vistas que podía
representar a ambas partes en un caso de divorcio por
consentimiento mutuo si no hay objeción de ninguna
naturaleza, lo cual es contrario al Canon 21 de Ética
Profesional, supra, que prohíbe representar intereses
encontrados, aun con la anuencia de ambas partes.
En cuanto a la sanción, la Comisionada indicó que el
licenciado Pietri Torres, entre otras cosas: (1) expresó su
arrepentimiento, aunque fue inconsistente al justificar sus
actos e indicar que pretendía ayudar a sus vecinos; (2) negó
inicialmente las faltas a los Cánones 21, 28 y 38; y (3) fue
amonestado previamente por este Tribunal por incumplir con el
Canon 18 de Ética Profesional, supra, en In re Pietri Torres,
191 DPR 482 (2014). Por otro lado, señaló que el querellado
presta servicio pro bono hace años y su reputación en la
comunidad es buena. En consideración a estos factores,
recomendó que se le ordene al licenciado Pietri Torres tomar
un curso sobre los Cánones 21 y 28 de Ética Profesional y se
suspenda de la profesión legal por 3 meses.
El querellado compareció y se opuso a la recomendación
de la Comisionada Especial en cuanto a la suspensión por
3 meses.
II
El Canon 21 de Ética Profesional, supra, dispone que:
El abogado tiene para con su cliente un deber de lealtad completa. Este deber incluye la obligación de divulgar al cliente todas las circunstancias de sus relaciones con las partes y con terceras CP-2016-8 14
personas, y cualquier interés en la controversia que pudiera influir en el cliente al seleccionar su consejero. Ningún abogado debe aceptar una representación legal cuando su juicio profesional pueda ser afectado por sus intereses personales.
No es propio de un profesional el representar intereses encontrados. Dentro del significado de esta regla, un abogado representa intereses encontrados cuando, en beneficio de un cliente, es su deber abogar por aquello a que debe oponerse en cumplimiento de sus obligaciones para con otro cliente.
La obligación de representar al cliente con fidelidad incluye la de no divulgar sus secretos o confidencias y la de adoptar medidas adecuadas para evitar su divulgación. Un abogado no debe aceptar la representación de un cliente en asuntos que puedan afectar adversamente cualquier interés de otro cliente anterior ni servir como árbitro, especialmente cuando el cliente anterior le ha hecho confidencias que puedan afectar a uno u otro cliente, aún cuando ambos clientes así lo aprueban. Será altamente impropio de un abogado el utilizar las confidencias o secretos de un cliente en perjuicio de éste.
Este Canon le impone a los miembros de la profesión legal
el deber de ser leal a su cliente y de evitar incurrir en la
representación de intereses encontrados. In re Ortiz, Rivera,
195 DPR 122, 132-133 (2016); In re Reyes Coreano, 190 DPR 739,
753 (2014). Como parte de la lealtad requerida, el letrado
debe ejercer un criterio profesional independiente y no puede
revelar confidencias que el cliente le haya comunicado.
In re Reyes Coreano, supra, pág. 754; In re Pérez Marrero,
185 DPR 449, 457 (2012). En particular, debe abstenerse de
aceptar una representación legal, o continuar en esta,
cuando: (1) pueda verse afectada por sus intereses personales
o expectativas; (2) resulta en una representación simultánea
de dos clientes con intereses adversos; o (3) el asunto del CP-2016-8 15
cual trata puede afectar cualquier interés de un cliente
anterior. In re Ortiz, Rivera, supra, pág. 133; In re
González Hernández, 190 DPR 164, 172-174 (2014).
En cuanto a la representación simultánea adversa, hemos
indicado que “todo abogado debe evitar que, en beneficio de
un cliente, se abogue por aquello a lo que debe oponerse en
cumplimiento de sus obligaciones actuales con otro cliente,
puesto que abogaría así por causas contrarias”. In re González
Hernández, supra, pág. 174. Por lo tanto, para que esta
prohibición se active es necesario que exista una relación
abogado-cliente dual. Íd.; In re Báez Genoval, 175 DPR 28,
36 (2008).
Igualmente establecimos que, ante esta situación, el
abogado no puede justificar el conflicto de interés alegando
que no utilizará las confidencias de un cliente en perjuicio
del otro. Íd. Lo que procede ante un potencial o actual
conflicto de interés es la renuncia del letrado a ambas
representaciones. Íd. De esta forma, “se intenta preservar la
autonomía del juicio del abogado y prevenir que se diluya la
fidelidad que un abogado le debe a su cliente”. In re González
Hernández, supra, pág. 174.
Otro escenario que prohíbe el Canon 21 y que procede
discutir en este caso es la representación sucesiva adversa.
Esta se configura cuando un abogado representa a un cliente
en un asunto que está sustancialmente relacionado con otro
asunto en el cual representó a un cliente anterior y los
intereses de ambos son adversos. Íd., pág. 173. Debe existir CP-2016-8 16
una relación abogado-cliente para que aplique este conflicto
de interés y, al igual que en la representación simultánea
adversa, no se subsana solo porque el letrado alegue que no
utilizará las confidencias de sus clientes en perjuicio de
estos. In re Báez Genoval, supra, págs. 36-37. Es más, el
cliente no tiene que probar que en efecto hubo una violación
al principio de confidencialidad, basta con demostrar que “la
controversia legal en la que el abogado comparece en su contra
esta sustancialmente relacionada con la causa de acción en la
que el abogado previamente lo representó”. Íd., pág. 37.
En lo pertinente, en In re Orlando Roura, 119 DPR 1
(1987), señalamos que un abogado puede representar a unos
cónyuges en una acción de divorcio bajo la causal de
consentimiento mutuo, siempre que no surjan diferencias
irreconciliables de criterio entre estos. Véase
In re González Hernández, supra, pág. 180. En caso de que
estas existan y no se logre un acuerdo entre los cónyuges, el
letrado está impedido de representar subsiguientemente a
cualquiera de ellos. In re Orlando Roura, supra, pág. 7.
Señalamos que:
[e]n su mínima expresión, la naturaleza de las conversaciones y confidencias de los cónyuges que presupone [el trámite de divorcio por consentimiento mutuo] --de surgir después cualesquiera controversias adicionales entre ambos, e independientemente de que se haya culminado o no el divorcio-- obliga a que ese abogado se abstenga de representar a cualesquiera de ellos. In re Orlando Roura, supra, pág. 6. CP-2016-8 17
Asimismo, en In re Peña Clos, 135 DPR 590 (1994),
determinamos que se configuró una representación sucesiva
adversa porque el Lcdo. Sergio Peña Clos representó a la
Sra. Nilda Iris Rivera en un caso de divorcio contra el
Sr. Salvador Guzmán cuando anteriormente representó a este
último en una demanda de divorcio entre las mismas partes que
se archivó por inactividad. Expresamos que al ser los dos
casos entre las mismas partes y sobre la misma materia, el
licenciado “tenía, o debió tener conocimiento, de las
confidencias de ambas partes en relación a este asunto,
exponiendo a uno de ellos —en este caso al señor Guzmán— a
perjudicarse por la anterior relación profesional con este
abogado”. Íd., pág. 598.
En Náter v. Ramos, 162 DPR 616 (2004), también evaluamos
la conducta de un letrado en un trámite de divorcio.15 En
síntesis, el Sr. Israel Ramos Muñiz contrató al Lcdo. Ovidio
López Bocanegra para que redactara las estipulaciones en un
divorcio por consentimiento mutuo. Posteriormente, el
licenciado citó al otro cónyuge, la Sra. Dulce María Náter
Cardona, quien compareció sin representación legal, para
presentarle las estipulaciones y que las suscribiera. Sin
embargo, a la vista de divorcio el letrado compareció en
representación de uno solo de los cónyuges, el señor Ramos
Muñiz.
Evaluado el asunto, este Tribunal indicó que la
15Conviene señalar que la norma ética que se pautó en este caso fue con carácter prospectivo. Véase Náter v. Ramos, 162 DPR 616, 634-635 (2004). CP-2016-8 18
representación conjunta de los cónyuges en un caso de divorcio
por consentimiento mutuo es la excepción. Íd., pág. 632.
Explicamos que de esa forma se evitaba que el abogado
incurriera en un posible conflicto de intereses al negociar
las estipulaciones o si surgía un pleito entre los ex cónyuges
luego del divorcio. Íd. Igualmente se impedía que el cónyuge
con más control sobre los bienes ejerciera una influencia
mayor sobre el letrado por ser quien le paga los honorarios.
Íd.
Respecto al manejo del asunto por parte del abogado,
determinamos que mediante su conducta generó la posibilidad
de que efectivamente y en alguna medida representó a ambos
cónyuges al citar a la señora Náter Cardona e indicarle qué
estipulaciones debía suscribir. Íd., pág. 633. Por lo tanto,
contravino el Canon 21 al comparecer luego a la vista de
divorcio defendiendo solamente al señor Ramos Muñiz y dejando
al otro cónyuge en un estado de indefensión, soslayando así
el deber de lealtad que se requiere.
Por otro lado, el Canon 28 de Ética Profesional, supra,
establece que: “El abogado no debe, en forma alguna,
comunicarse, negociar ni transigir con una parte representada
por otro abogado en ausencia de éste. (...)”. Este canon evita
que los abogados hagan acercamientos inapropiados a una parte
en ausencia de la representación legal de esta con el
propósito de obtener una ventaja indebida. In re Planas
Merced, 180 DPR 179, 190 (2010); In re Axtmayer Balzac,
179 DPR 151, 156 (2010). La prohibición aplica CP-2016-8 19
independientemente de la intención del letrado que realice el
acercamiento antiético y del nivel de educación de las partes
involucradas. In re Planas Merced, supra, pág. 191;
In re Ríos Meléndez, 175 DPR 923, 928 (2009).
Por último, según lo dispuesto en el Canon 38 de Ética
Profesional, supra, los miembros de la profesión legal deben
“esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del
honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo
conlleve sacrificios personales y debe evitar hasta la
apariencia de conducta profesional impropia”. Es decir, tanto
en su vida privada como en su desempeño profesional, estos
deben conducirse de forma digna y honorable. In re Rodríguez
López, 196 DPR 199, 208 (2016). “Una conducta viola este canon
cuando es contraria a los valores principales de la profesión
—la dignidad y el honor— (...), de manera que lo hace indigno
de pertenecer al foro”. In re Pérez Soto, 2018 TSPR 69, 21,
200 DPR ____ (2018). Es decir, no procede determinar que se
violó este canon solo porque un abogado o abogada contraviene
lo dispuesto en otro canon. In re Lebrón González, 198 DPR
350, 356 (2017).
III
Evaluemos primero si el licenciado Pietri Torres violó
el Canon 21 de Ética Profesional. Para ello, debemos analizar
si existió una relación abogado-cliente dual. Hemos expresado
que “[l]a relación abogado-cliente es una relación sui
generis que responde en gran medida a las inexorables
exigencias éticas de esta profesión”. In re Santiago Ríos, CP-2016-8 20
172 DPR 802, 816 (2007). Véase In re Belén Trujillo, 126 DPR
743, 754 (1990). Un miembro de la profesión legal puede
desempeñarse como negociador, auditor, defensor,
intermediario y consejero, entre otros. In re Santiago Ríos,
supra, pág. 817. En particular:
‘[d]e estas funciones, las más comunes son las de defensor y consejero y a ellas responden los códigos de ética. De hecho, la función de consejero y defensor son la base del deber de lealtad en un sistema adversativo de la administración de la justicia y han delineado los contornos de la relación abogado-cliente. La función de consejero es la justificación del deber de confidencialidad, el cliente necesita estar seguro de que existe una relación confidencial para poder revelar aquella información necesaria para obtener un buen consejo legal. La función de defensor en la litigación es la justificación primordial al deber de evitar los conflictos de intereses.’ In re Belén Trujillo, supra, pág. 755 citando a L.R. Patterson, Legal Ethics: The Law of Professional Responsibility, Nueva York, Ed. Matthew Bender, 1984, pág. 413.
Igualmente señalamos que la relación abogado-cliente
“comienza cuando el cliente acude al abogado a requerir
sus servicios profesionales para que lo asesore o
le represente en algún asunto”. In re Santiago Ríos, supra,
pág. 817.
Examinado el Informe de la Comisionada Especial, así
como el expediente de esta querella, concluimos que existió
una relación abogado-cliente dual que provocó una violación
al Canon 21. A pesar de que el encuentro inicial entre la
quejosa y el querellado el 26 de noviembre de 2014 fue uno
casual, durante la conversación el licenciado Pietri Torres
le creó a la quejosa la expectativa de que los representaría
a ambos -a la quejosa y a su entonces esposo- en el divorcio. CP-2016-8 21
Le indicó que hablaría con el señor Rodríguez Morales para
llegar a un acuerdo en cuanto al apartamento y dialogaron
además sobre las alternativas disponibles para el proceso de
divorcio. Lo anterior bajo el entendido, por parte del
licenciado, de que el divorcio sería por consentimiento
mutuo.
Según expusimos, un abogado puede representar a ambas
partes en un divorcio por consentimiento mutuo mientras no
surjan diferencias irreconciliables que afecten el deber de
lealtad que merece cada cliente. En este caso, los
intercambios entre las partes ilustran cómo esta
representación simultánea permisible, en el contexto de un
divorcio por consentimiento mutuo, se tornó adversa,
impermisible y consecuentemente antiética.
Desde el inicio, la diferencia entre las partes respecto
a la ocupación del apartamento era patente. El licenciado
Pietri Torres trató de mediar entre las partes, pero esa
diferencia se siguió deteriorando hasta convertirse en
irreconciliable. En cuanto a este asunto, el licenciado
Pietri Torres abogó principalmente por los intereses del
señor Rodríguez Morales. Primero, le comunicó que el señor
Rodríguez Morales le dio 4 días, hasta el 30 de noviembre,
para desalojar el apartamento.16 Luego, a solicitud del señor
Rodríguez Morales, le requirió que le informara a qué hora
desalojaría el apartamento.17 Finalmente, consideramos que el
16 Mensajes de Texto Estipulados, Informe de la Comisionada Especial, págs. 17-18. 17 Íd. CP-2016-8 22
siguiente intercambio por mensaje de texto el 1 de diciembre
demuestra que la diferencia entre las partes se tornó en una
irreconciliable y que el licenciado no representó
adecuadamente los intereses de la señora Hernández Maldonado:
Señora Hernández Maldonado a las 4:58 p.m.: “Pietri...Buenas tardes...Como abogado que me dijiste[] que vas a hacer de Iván y mío que me propones que haga estoy desesperada y no puedo ni quiero seguir así”.
Licenciado Pietri Torres a las 10:45 p.m.: “Necesito cert matrimonio nada más los demás acuerdos no s[é] qu[é] van a hacer nada más y no quiero entrar en dimes y diretes, tomen sus decisiones y eviten meterse en problemas de ley 54 ok si no tengo cert matrimonio y capitulaciones nada puedo hacer. Me pesa mucho todo esto pero tienen que resolver entre ustedes yo no tengo opinión sobre nada, son mis vecinos y como abogado solo actuó ok, a ti Carmen o perdonas o te quedas calladita, buenas noches ok”.18
Es decir, ante un mensaje de la quejosa donde esta le
solicitó que la asesorara, como abogado de ambos, y le
manifestó que estaba desesperada, el licenciado se
desentendió del asunto, le indicó que tomara sus propias
decisiones, le requirió unos documentos y le sugirió la
posibilidad de una incidencia al amparo de la Ley para la
Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica. Le
indicó además que no tenía opinión sobre nada y que perdonara
o se quedara callada.
De lo anterior no se puede colegir que el licenciado
cumplió con el deber de lealtad completa con respecto a la
18 Mensajes de Texto Estipulados, Informe de la Comisionada Especial, págs. 17-18. CP-2016-8 23
señora Hernández Maldonado. Tampoco podemos concluir que el
licenciado Pietri Torres estaba ante una diferencia
reconciliable ni que estaba defendiendo intereses no
encontrados. Ante ese cuadro, consideramos que el letrado
debió renunciar a la representación legal de ambos. Tenía el
deber, ante la expectativa que le creó a la señora Hernández
Maldonado, de defender igualmente sus intereses en el trámite
de divorcio, si es que, como él menciona, era un divorcio por
consentimiento mutuo y él los estaba ayudando a ambos. De no
poder hacerlo, como en efecto no pudo, debió renunciar
inmediatamente ante el conflicto de interés entre las partes.
En consideración a lo anterior, el licenciado también
debió abstenerse de representar a alguna de las partes en el
pleito de divorcio o en cualquier asunto posterior
relacionado. Esto, por “la naturaleza de las conversaciones
y confidencias de los cónyuges que presupone [el trámite de
divorcio por consentimiento mutuo]”. In re Orlando Roura,
supra, pág. 6. En cambio, este decidió representar al señor
Rodríguez Morales en el procedimiento de divorcio que instó
la quejosa y en el caso al amparo de la Ley Núm. 140, por lo
que también se configuró una representación sucesiva adversa.
No está en controversia que la quejosa habló con el
licenciado Pietri Torres sobre los problemas que atravesaba
la relación matrimonial, así como las alternativas para
manejar el proceso de divorcio, y que este le indicó que
hablaría con el señor Rodríguez Morales para mediar y lograr
que llegaran a un acuerdo. Además, le señaló que no se CP-2016-8 24
pelearan, para poder representarlos a ambos en el divorcio
por consentimiento mutuo y le pidió documentos como el
certificado de matrimonio y las capitulaciones matrimoniales.
No obstante lo anterior, luego aceptó representar al señor
Rodríguez Morales, el cual claramente tenía intereses
contrarios a la quejosa, en el mismo asunto que atendió con
la quejosa, es decir, el divorcio. No cabe duda de que esta
conducta por parte del licenciado Pietri Torres es contraria
al Canon 21 al “poner en peligro el principio de
confidencialidad que caracteriza la relación fiduciaria de
abogado-cliente y de esa forma menoscabar la imagen de la
justicia y la confianza que el ciudadano tiene en el sistema”.
In re Ortiz Martínez, 161 DPR 572, 579 (2004).
En cuanto al segundo cargo, de las estipulaciones que se
incluyeron en el Informe de la Comisionada Especial surge
claramente que el querellado se comunicó con la quejosa y
discutió asuntos relacionados al divorcio, así como al
desalojo del apartamento, a pesar de saber que esta tenía
representación legal en ambos pleitos. Más aún, consideramos,
al igual que la Comisionada, que el licenciado Pietri Torres
pretendía influir en la conducta de la quejosa en los
procedimientos al reprocharle lo que esta alegaba por
entender que no era correcto, indicarle que fuera prudente y
al expresarle: “[q]ue más quieres está evitando una ley 54
que m[á]s oye no le dije que eres una persona sin corazón”,
entre otras cosas. En consecuencia, el querellado también CP-2016-8 25
incurrió en una violación al Canon 28 de Ética Profesional,
supra.
Finalmente, concluimos que la conducta del licenciado
Pietri Torres de por sí no exaltó el honor y la dignidad de
la profesión. En cambio, este le restó confiabilidad al crear
una expectativa en la quejosa de que estaba defendiendo sus
intereses en el trámite de divorcio para posteriormente
representar a la parte contraria en el caso. Conviene señalar
que, no solo colocó a la señora Hernández Maldonado en una
situación vulnerable al comparecer representando al señor
Rodríguez Morales, sino que también intentó que esta
modificara su conducta y alegaciones en los casos. Por lo
tanto, violó el Canon 38 de Ética Profesional, supra.
Expuesto lo anterior, nos corresponde determinar qué
sanción debemos imponer, en consideración a:
(1) la buena reputación del abogado en la comunidad; 2) su historial previo; 3) si esta constituye su primera falta y si ninguna parte ha resultado perjudicada; 4) la aceptación de la falta y su sincero arrepentimiento; 5) si se trata de una conducta aislada; 6) el ánimo de lucro que medió en su actuación; 7) el resarcimiento al cliente; y 8) cualesquiera otras consideraciones, ya bien atenuantes o agravantes, que medien según los hechos. In re Flores Martínez, 199 DPR 691, 704 (2018).
Surge del expediente personal del licenciado Pietri
Torres que en la queja AB-2010-0001 se le apercibió por faltar
a su deber de cortesía en cuanto a una Fiscal.19 Asimismo, lo
amonestamos mediante una Opinión Per Curiam por violar el
19Véase Resolución de 24 enero de 2013. Se le apercibió que de repetirse una conducta que incida en la normativa ética que rige el ejercicio de la CP-2016-8 26
deber de diligencia que impone el Canon 18 de Ética
Profesional, supra, y le apercibimos que en el futuro se
abstuviera de incurrir en conducta que lesionara los
estándares éticos de la profesión. In re Pietri Torres,
191 DPR 482 (2014). Por su parte, la Comisionada Especial
señala que el licenciado Pietri Torres: (1) expresó su
arrepentimiento, aunque fue inconsistente al hacer
justificaciones indicando que pretendía ayudar a sus vecinos
y actuar como mediador; (2) negó inicialmente las faltas a
los Cánones 21, 28 y 38, y (3) hasta el momento no ha resarcido
al cliente.20 Además, surge del Informe que el querellado goza
de buena reputación en la comunidad21 y ha sido reconocido
como abogado destacado al brindar servicios legales gratuitos
a través del Programa Pro-Bono para los años 2008, 2011, 2012,
2014, 2015 y 2016.
En cuanto al licenciado Pietri Torres, este indicó en su
Moción en torno a posición del querellado sobre recomendación
de la Comisionada Especial, entre otras cosas, que: (1) fue
un error de juicio lo que ocurrió y que está profundamente
arrepentido; (2) no trató de justificar su conducta, sino que
intentó explicar cuál fue su proceso mental; (3) la quejosa
no sufrió daño alguno, ya que obtuvo el remedio que solicitó
del tribunal; y (4) no hubo ánimo de lucro. Así, solicitó que
abogacía, este Tribunal podía imponer sanciones disciplinarias más severas. 20 En cuanto a esto último, no surge del expediente que el licenciado
Pietri Torres se haya lucrado. 21 Surge del expediente de la querella que el licenciado Pietri Torres
sometió declaraciones juradas de la Lcda. Margarita Rentas Font y del Lcdo. Rafael Riefkohl Marcano. CP-2016-8 27
este Tribunal lo amonestara o censurara enérgicamente.
Examinados los factores expuestos previamente, y en
consideración a la conducta objeto de esta queja, suspendemos
inmediatamente al licenciado Pietri Torres del ejercicio de
la abogacía por un término de cuatro (4) meses. Se le impone
el deber de notificar a todos sus clientes sobre su
inhabilidad para continuar representándolos y devolverles
cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados.
Deberá además informar inmediatamente de su suspensión a los
foros judiciales y administrativos en que tenga asuntos
pendientes. Por último, deberá acreditar a este Tribunal el
cumplimiento con lo anterior dentro del término de 30 días a
partir de la notificación de esta Opinión Per Curiam y
Sentencia. No hacerlo pudiere conllevar que no se le reinstale
cuando lo solicite.
Notifíquese personalmente al señor Pietri Torres esta
Opinión Per Curiam y Sentencia.
Se dictará sentencia de conformidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Armando F. Pietri Torres (TS-11,646) CP-2016-8
SENTENCIA
Por los fundamentos antes expuestos en la Opinión Per Curiam que antecede, la cual se hace formar parte de la presente Sentencia, se suspende inmediatamente al licenciado Pietri Torres del ejercicio de la abogacía por un término de cuatro (4) meses.
Se le impone el deber de notificar a todos sus clientes sobre su inhabilidad para continuar representándolos y devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados. Deberá además informar inmediatamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos en que tenga asuntos pendientes. Por último, deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término de 30 días a partir de la notificación de esta Opinión Per Curiam y Sentencia. No hacerlo pudiere conllevar que no se le reinstale cuando lo solicite.
Notifíquese personalmente al señor Pietri Torres esta Opinión Per Curiam y Sentencia.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco hubiera suspendido al Lcdo. Armando F. Pietri Torres por dos meses. El Juez Asociado señor Colón Pérez hace constar la siguiente expresión: CP-2016-8 2
“El Juez Asociado señor Colón Pérez concurre con el resultado alcanzado por una mayoría de este Tribunal en el día de hoy. Ello, dado a que, si bien coincide en que el licenciado Armando F. Pietri Torres infringió los Cánones 21 (intereses encontrados), 28 (comunicación con la parte contraria) y 38 (preservación del honor y la dignidad de la profesión) del Código de Ética Profesional, 4 LPRA p. IX, y que, en consecuencia, procede su suspensión del ejercicio de la abogacía, no está de acuerdo con que su sanción se limite a un término de cuatro (4) meses. A juicio de éste, la conducta desplegada por el licenciado Pietri Torres -- quien ya en el pasado en In re Pietri Torres, 191 DPR 482 (2014), había sido amonestado por este Tribunal por haber violado lo dispuesto en el Canon 18 de Ética Profesional, supra, y también apercibido de que de volver a incurrir en conducta impropia sería sancionado de forma más severa -- ameritaba su suspensión del ejercicio de la abogacía por un término de, como mínimo, seis (6) meses. No podía el licenciado Pietri Torres hacer caso omiso al referido apercibimiento.”
El Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo no intervino.
José Ignacio Campos Pérez Secretario del Tribunal Supremo