EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re 2011 TSPR 103
182 DPR ____ Ángel Figueroa Vivas
Número del Caso: TS 4270
Fecha: 29 junio de 2011
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Felipe Benicio Sánchez
Comisión de Reputación para el Ejercicio de la Abogacía:
Lcdo. Doel Quiñones Núñez Lcda. Belén Guerrero Calderón L cda. Waleska Delgado Marrero Lcdo. Héctor Saldaña Dr. Robert Stolberg
Procurador Especial de la Comisión de Reputación
Lcdo. Alcides Oquendo Solís
Oficina de la Procuradora General
Lcda. Edna E. Rodríguez Benítez Procuradora General Auxiliar
Lcda. María A. Hernández Martín Procuradora General Auxiliar
Materia: Solicitud de Reinstalación
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones de l proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
TS-4270 ÁNGEL FIGUEROA VIVAS
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2011.
El Sr. Ángel Figueroa Vivas fue admitido al
ejercicio de la abogacía el 26 de junio de 1973 y al
de la notaría el 27 de septiembre de 1973. El 21 de
febrero de 1991 este Tribunal lo separó
permanentemente del ejercicio de la abogacía y la
notaría. In re Colton Fontán, 128 D.P.R. 1 (1991).
Los hechos que provocaron la sanción disciplinaria
tienen su génesis en los actos y omisiones del señor
Figueroa Vivas como director del Negociado de
Investigaciones Especiales (NIE) del Departamento de
Justicia de Puerto Rico, en relación con los TS-4270 2
hechos acontecidos en el Cerro Maravilla el 25 de julio de
1978. En In re Colton Fontán, supra, págs. 112-113,
concluimos que el señor Figueroa Vivas incurrió en
negligencia crasa que violaba los Cánones 5, 15, 18, 35 y
38 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.
En lo relativo a la actuación del señor Figueroa
Vivas, mencionamos:
Es obvio que el 17 de agosto de 1978 coaccionó al policía Quiñones Quiñones y ejerció presión indebida sobre él para que alterara su declaración sobre las dos ráfagas de disparos, hecho que era incompatible con la versión de defensa propia de la Policía. Sin explicación, destruyó además parte de la declaración jurada inicial que ese testigo le ofreció esa fecha.
Además, Colton Fontán y Figueroa Vivas, en su desempeño como fiscales independientes y actuando combinadamente, el 17 de agosto de 1978 le ofrecieron empleo al testigo Quiñones Quiñones, y el 26 de julio de 1978, sin previo aviso, se personaron a su residencia en Ponce y lo amenazaron con formularle acusaciones por varios delitos si no alteraba su declaración.
In re Colton Fontán, supra, págs. 107-108.
Una lectura de los párrafos anteriores demuestra que
no solo sancionamos al señor Figueroa Vivas por conducir
una investigación de forma negligente; también lo
sancionamos por intentar ocultar la verdad de los hechos
del Cerro Maravilla. El peticionario coaccionó a testigos
que participaron en la investigación. Además, destruyó
declaraciones juradas de testigos importantes. Al así
proceder, encubrió los hechos que ocurrieron el 25 de
julio de 1978 en el Cerro Maravilla.
Tiempo después, el señor Figueroa Vivas presentó una
“Solicitud de reapertura del caso, nombramiento de TS-4270 3
Comisionado Especial y/o se deje sin efecto sentencia”.
Mediante Resolución de 4 de marzo de 1994, declaramos no
ha lugar dicha moción. In re Colton Fontán, 135 D.P.R. 259
(1994).
Posteriormente, el 20 de marzo de 1996 el
peticionario solicitó nuevamente la reapertura del
procedimiento disciplinario en su contra. El 11 de
septiembre de 2002 emitimos una Resolución en la que
denegamos su solicitud. Al así proceder, concluimos que el
peticionario no cumplió con los requisitos dispuestos en
la Regla 188(a) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap.
II, para que prospere una moción de nuevo juicio fundada
en el descubrimiento de prueba nueva. In re Figueroa
Vivas, 158 D.P.R. 1, 53 (2002).
Nuevamente, el 10 de diciembre de 2003 el señor
Figueroa Vivas presentó ante este Foro una petición de
reinstalación al ejercicio de la abogacía que declaramos
no ha lugar el 23 de enero de 2004. El 10 de octubre de
2007 el señor Figueroa Vivas presentó una segunda petición
de reinstalación que también declaramos no ha lugar el 23
de octubre de 2007. Posteriormente, presentó una moción de
reconsideración que consideramos afirmativamente el 13 de
noviembre de 2007. Por tal razón, referimos el asunto a la
Comisión de Reputación de Aspirantes al Ejercicio de la
Abogacía.
Luego de concluir con los trámites de publicación de
edictos, la Comisión de Reputación celebró vistas
evidenciarias los días 7 de abril de 2008, 5 de agosto de TS-4270 4
2008 y 4 de marzo de 2009. En ellas, testificaron las
siguientes personas: el Lcdo. José Romo Matienzo, el Sr.
Perfecto Acevedo Torres, el Sr. Aníbal Vázquez Carrión, el
Lcdo. Aníbal Medina Ríos, el Sr. Jorge Burgos Ramos, el
Lcdo. Eduardo A. Escribano Román y el peticionario
Figueroa Vivas. Por considerarla prueba acumulativa, la
representación legal del señor Figueroa Vivas colocó a
disposición de la Procuradora General y del Procurador
Especial de la Comisión de Reputación los testimonios del
Lcdo. Genaro Rodríguez Gerena, del Lcdo. Carlos I. Dávila
Coca, del Dr. Orlando Rafael O´Neill, del Sr. Víctor
Maldonado Viera, del Sr. Buenaventura Quiñones Matos, del
Sr. Ángel Figueroa Cruz y del Sr. Harry Robles.
Al culminar la presentación de la prueba testifical,
la Procuradora General sometió su informe oponiéndose a la
reinstalación del señor Figueroa Vivas a la profesión de
la abogacía. Fundamentó su recomendación en la actitud
asumida por el peticionario a través de los años, de negar
responsabilidad por sus actuaciones. El peticionario
presentó una réplica al informe de la Procuradora General.
En la réplica el peticionario cuestionó las que considera
las verdaderas razones que llevaron a la Procuradora
General a no recomendar su reinstalación. Finalmente, la
Comisión de Reputación presentó el 8 de noviembre de 2009
ante la Secretaría de este foro un documento titulado
“Informe al Tribunal Supremo”. En ese documento, la
Comisión de Reputación recomendó denegar la solicitud de
reinstalación porque la comunidad estaría en riesgo. TS-4270 5
Antes de entrar en los méritos de la negativa de la
Comisión de Reputación de reinstalar al señor Figueroa
Vivas, es menester considerar los hallazgos que surgen de
los testimonios prestados en las vistas y de los
documentos sometidos en evidencia.
I El licenciado Romo Matienzo testificó conocer al
peticionario desde su juventud, pues su familia es de
Luquillo, y el señor Figueroa Vivas fue maestro de química
en ese pueblo. Indicó que fueron compañeros de trabajo en
el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) cuando
ocurrieron los hechos que dieron lugar a la sanción
disciplinaria. Además, reveló que fue testigo del Fiscal
Especial Independiente durante las vistas celebradas en
1987 sobre los hechos del Cerro Maravilla. Por último,
señaló que no tiene reparo a la reinstalación del
peticionario.
Por otro lado, el señor Acevedo Torres indicó que es
vecino del señor Figueroa Vivas y que frecuentan la misma
congregación religiosa. Señaló, además, que lo conoce hace
aproximadamente veinte años y que el peticionario siempre
ha sido un buen vecino que socorre a los demás. El señor
Vázquez Carrión, residente del municipio de Cidra, conoce
al peticionario desde su adolescencia. Aunque la relación
entre ellos no es cotidiana lo considera una persona
distinguida del municipio de Luquillo.
El licenciado Medina Ríos testificó que conoce al
señor Figueroa Vivas hace diez años. Lo considera su TS-4270 6
cliente y amigo. A pesar de que conoce los hechos que
dieron lugar a la acción disciplinaria porque su esposa
fue abogada del peticionario, prefirió no compartir esa
información por motivo del privilegio abogado-cliente. En
suma, expresó que el peticionario goza de buena reputación
y es muy profesional en el desempeño de sus labores.
Asimismo, el señor Burgos Ramos, vecino del señor
Figueroa Vivas, expuso que éste es muy servicial en su
comunidad y ayuda a las personas necesitadas. Además,
indicó que hasta el momento no ha oído nada negativo sobre
el peticionario en su comunidad.
Además, todos los testigos puestos a la disposición
de los procuradores por constituir prueba acumulativa,
declararon que el peticionario goza de buena reputación y
de una integridad moral intachable en la comunidad en
donde reside.
El señor Figueroa Cruz, hijo del peticionario,
manifestó que su padre estudia con regularidad las
opiniones que publica el Tribunal Supremo en su portal
interactivo. Por otra parte, indicó que su padre le
inculca valores de honestidad, honradez y respeto por los
derechos ajenos, a las personas con quien comparte.
Por su parte, el licenciado Escribano Román reconoció
que no conoce al peticionario, por lo que no podía
manifestar si éste se había rehabilitado. Tampoco podía
testificar si el peticionario gozaba de buena reputación
en la comunidad. Aunque aseguró que cree en el concepto de TS-4270 7
rehabilitación, no estaba convencido de que el
peticionario lo haya demostrado.
Finalmente testificó el peticionario, señor Figueroa
Vivas. Éste aceptó que cometió un error al dar crédito a
las declaraciones de policías mendaces. No obstante,
indicó que no tiene que arrepentirse de nada porque no
actuó de manera ilegal. En específico, el peticionario
Figueroa Vivas declaró:
[A] pesar de que yo no fui la persona que le tomé la declaración, definitivamente a la luz de toda la prueba, admito y eso es lo que he señalado, admito que uno debió haber sido, definitivamente, más incisivo a los fines de haber tratado de conseguir alguna inconsistencia que pudiese haber aclarado el caso. No fue posible, por qué, porque le di, o sea, hasta cierto punto uno puede decir, fue cándido al uno al aceptar la versión de los policías.
Apéndice, pág. 106.
De igual forma, el señor Figueroa Vivas señaló que, a
su juicio, se ha mantenido al día sobre el desarrollo del
Derecho puertorriqueño. Reconoció que no ha tomado cursos
de educación continua durante los más de 19 años en que ha
estado separado del ejercicio de la profesión. No
obstante, indicó que revisa periódicamente el portal
cibernético de la Rama Judicial y que no objeta tener que
tomar un curso de repaso de reválida como condición para
reingresar a la profesión jurídica.
II
Reiteradamente hemos expresado que este Tribunal
tiene el poder inherente y exclusivo para admitir abogados
a la práctica de la profesión. In re Gervitz Carbonell, TS-4270 8
162 D.P.R. 665, 699 (2004); In re Bosch, 65 D.P.R. 248
(1945); Ex parte Jiménez, 55 D.P.R. 54 (1939). En virtud
de ese poder inherente, tenemos la facultad de reinstalar
abogados que han sido desaforados. In re Ramírez de
Arellano, 173 D.P.R. 822 (2008); In re Colton Foltán I,
154 D.P.R. 466 (2001).
Al analizar si procede una solicitud de reinstalación
de un abogado que ha sido desaforado, la cuestión a
considerar no es si el peticionario ha sido
suficientemente castigado, sino si en el momento de la
solicitud goza de tal reputación que justifique permitirle
de nuevo que ejerza la profesión. En otras palabras, lo
importante es la integridad moral del peticionario en la
actualidad. In re Pacheco Nieves, 135 D.P.R. 95, 99
(1994); In re Rivera Cintrón, 120 D.P.R. 706, 708 (1988);
In re Cardona Vazquez, 112 D.P.R. 686, 689 (1982); In re
González, 60 D.P.R. 94, 97-98 (1942); In re Figueroa
Maestre, 38 D.P.R. 955 (1928); In re Torregrosa, 34 D.P.R.
312 (1925).
En In re Pacheco Nieves, supra, pág. 98, mencionamos
que “una persona que genuinamente se entiende inocente de
unos hechos delictivos que le fueron imputados en el
pasado no debe ser obligada a „aceptar‟ su culpabilidad
como condición sine qua non para su readmisión a la
profesión”. Al aplicar tácitamente la doctrina esbozada en
Pacheco Nieves, supra, hemos ordenado la readmisión de
abogados desaforados convictos de delitos que implican
depravación moral y que no se arrepienten de la conducta TS-4270 9
que dio lugar al desaforo. Véanse In re Farinacci García,
163 D.P.R. 688 (2005); In re Malavet Rodríguez, 135 D.P.R.
823 (1994).
En In re Malavet Rodríguez, id., readmitimos al Sr.
José Malavet Rodríguez, quien fue hallado culpable en la
Corte Federal para el Distrito de Puerto Rico de ayudar y
alentar (“aiding and abetting”) a otras personas a
presentar documentos fraudulentos y declaraciones falsas
en solicitudes de pasaportes. En aquel momento
reinstalamos al señor Malavet Rodríguez al ejercicio de la
abogacía aunque no se arrepintió de lo que hizo. In re
Malavet Rodríguez, id., pág. 833.
Por otro lado, en Farinacci García, supra,
reinstalamos a un abogado que se declaró culpable de “la
comisión de los delitos graves de transportación al
extranjero de dinero robado y de conspiración”. Id., pág.
688. El Juez Asociado señor RIVERA PÉREZ señaló en su
Opinión disidente, a la cual se unió el Juez Asociado
señor CORRADA DEL RÍO, que “[e]l peticionario no demuestra
arrepentimiento por sus actuaciones constitutivas de
delito grave. Justifica estas actuaciones a base de una
alegada situación y la presencia de unas condiciones en
Puerto Rico para la época en que incurrió en tal conducta
delictiva.” Íd., págs. 697-698. Aun así reinstalamos al
señor Farinacci García aunque no mostró arrepentimiento
por la conducta que dio lugar al desaforo.
Por otro lado, en In re Colton Foltán I, supra,
readmitimos al Sr. Pedro Colton Foltán al ejercicio de la TS-4270 10
abogacía, luego de que decretamos su separación indefinida
junto al peticionario Figueroa Vivas en In re Colton
Foltán, supra. Al así proceder, expresamos:
Al solicitar su rehabilitación un abogado que ha sido desaforado, la médula de la cuestión no es si dicho abogado ha expiado su culpa ni si ha sido suficientemente castigado, sino más bien si en el momento de la solicitud él goza de tal reputación que justifique su readmisión a dicho ejercicio, es decir, si su integridad moral amerita su rehabilitación.
In re Colton Foltán I, supra, pág. 471, citando In re Charneco, 72 D.P.R. 897, 898 (1951).
Es decir, en el proceso de reinstalación “no se
litiga nuevamente el asunto o asuntos que previamente
motivaron la suspensión del abogado. Sólo se evalúa si la
conducta de un abogado suspendido, posterior a la
suspensión, lo hace acreedor de su reinstalación”. S.
Steidel Figueroa, Ética y responsabilidad disciplinaria
del abogado, Publicaciones J.T.S., 2010, pág. 370-371.
Véase In re Carbone Rosario, 166 D.P.R. 396, 398 (2005).
Por otra parte, en casos de readmisión al ejercicio
de la profesión, el peso de la prueba recae sobre la
persona que solicita la reinstalación. Esta “debe
demostrar que su conducta moral ha variado hasta alcanzar
el grado y medida necesarios en que ese atributo resulta
indispensable para estimarle capacitado para descargar
intelectual y éticamente los deberes y obligaciones que se
esperan de todo abogado”. In re Cardona Vázquez, supra,
pág. 689. TS-4270 11
III
Aparte de la jurisprudencia antes citada, en nuestra
jurisdicción no contamos con un cuerpo de reglas que
regule lo relativo al proceso de reinstalación de los
abogados desaforados. Para suplir esa laguna, es necesario
que acudamos a nuestras decisiones anteriores y al Derecho
comparado.
La American Bar Association (ABA) publicó en 1989 las
Reglas Modelo para la Aplicación de los Procesos
Disciplinarios contra Abogados. Center for Professional
Responsability, Model Rules for Lawer Disciplinary
Enforcement, Illinois, American Bar Association, 2007.
Dentro de dicho cuerpo de reglamentación, la Regla 25,
inciso (E) (Regla Modelo 25(E) de la ABA), trata sobre los
criterios a considerarse cuando se solicita una
reinstalación luego de un periodo de suspensión de más de
seis meses. Íd., pág. 25. La regla dispone en lo
pertinente:
Un abogado solo puede ser reinstalado o readmitido si reúne cada uno de los siguientes criterios, o si presenta razones suficientes y válidas que justifiquen su reinstalación o readmisión:
(1) El abogado ha cumplido plenamente con los términos y condiciones de las órdenes disciplinarias anteriores.
(2) El abogado no ha participado ni intentó participar en la práctica no autorizada de la profesión durante el período de suspensión o inhabilitación.
(3) ...
(4) El abogado reconoce la ilicitud y la TS-4270 12
gravedad de las faltas cometidas por las que se le suspendió.
(5) El abogado no ha incurrido en una falta de conducta profesional desde la suspensión o inhabilitación.
(6) A pesar de la conducta por la que fue sancionado el abogado, éste tiene la honestidad y la integridad necesaria para ejercer la abogacía.
(7) El abogado se ha mantenido informado sobre la evolución del Derecho y es apto para practicar ante los tribunales (traducción nuestra).
(8) ... 1
1 Adviértase que no abordamos el tercer criterio porque éste trata sobre la incapacidad física y mental del abogado, tema que no tenemos ante nuestra consideración. Tampoco discutimos el octavo criterio por entender que no está en armonía con nuestros pronunciamientos anteriores en materia de reinstalación. Sin embargo, presentamos en su totalidad el texto original en inglés:
“RULE 25. REINSTATEMENT AFTER SUSPENSION FOR MORE THAN SIX MONTHS AND READMISSION
(A)...
(E) Criteria for Reinstatement and Readmission.
A lawyer may be reinstated or readmitted only if the lawyer meets each of the following criteria, or, if not, presents good and sufficient reason why the lawyer should nevertheless be reinstated or readmitted:
(1) The lawyer has fully complied with the terms and conditions of all prior disciplinary orders except to the extent that they are abated under Rule 26.
(2) The lawyer has not engaged nor attempted to engage in the unauthorized practice of law during the period of suspension or disbarment.
(3) If the lawyer was suffering under a physical or mental disability or infirmity at the time of suspension or disbarment, including alcohol or other drug abuse, the disability or infirmity has been removed. Where alcohol or other drug abuse was a causative factor in the lawyer's misconduct, the lawyer shall not be reinstated or readmitted unless: (continúa...) TS-4270 13
Lo mismo que disponen estos criterios surge de
nuestra jurisprudencia. Por eso, la Regla Modelo 25(E) nos
sirve de ayuda para evaluar la solicitud de reinstalación
del peticionario Figueroa Vivas. El primer criterio busca
asegurarse de que el abogado desaforado cumpla cabalmente
con las órdenes que emita el organismo que ejerce la
función disciplinaria. Como mencionamos en Ramos Acevedo
v. Tribunal Superior, 133 D.P.R. 599, 631 (1993), los
abogados son “funcionarios del tribunal” y deben
obediencia a éste. De igual forma, el Canon 9, 4 L.P.R.A.
Ap. IX, exige que los abogados mantengan hacia los
tribunales una conducta que “se caracterice por el mayor
respeto”. Al adoptar el primer criterio, no hacemos otra
(a) the lawyer has pursued appropriate rehabilitative treatment;
(b) the lawyer has abstained from the use of alcohol or other drugs for at least [one year]; and
(c) the lawyer is likely to continue to abstain from alcohol or other drugs.
(4) The lawyer recognizes the wrongfulness and seriousness of the misconduct for which the lawyer was suspended or disbarred.
(5) The lawyer has not engaged in any other professional misconduct since suspension or disbarment.
(6) Notwithstanding the conduct for which the lawyer was disciplined, the lawyer has the requisite honesty and integrity to practice law.
(7) The lawyer has kept informed about recent developments in the law and is competent to practice.
(8) In addition, a lawyer who has been disbarred must pass the bar examination and the character and fitness examination.” TS-4270 14
cosa que reafirmar la norma plasmada en el Canon 9 y en
Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, supra. Véase, además,
el Canon 38 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A.
Ap. IX.
El segundo criterio tiene como propósito asegurar que
el abogado desaforado no practique la profesión
ilícitamente durante el término de la sanción.
Anteriormente en In re Gordon Menéndez I, 171 D.P.R. 210
(2007), sancionamos a un abogado que mientras estaba
suspendido de la abogacía, creó la impresión en la
ciudadanía de que ejercía la profesión. Por tal motivo,
concluimos que el licenciado Gordon Menéndez “estuvo en el
umbral de la comisión del delito de la práctica ilegal de
la profesión de abogado”. Íd., pág. 219. Así pues, al
adoptar el segundo criterio nos aseguramos de que la
situación lamentable que ocurrió en In re Gordon Menéndez
I, supra, no vuelva a suceder.
El cuarto criterio de la Regla Modelo 25(E) requiere
que la persona que solicita la reinstalación reconozca la
seriedad y consecuencias de la conducta que lo llevó al
desaforo. Véase In re Roundtree, 503 A.2d 1215, 1217 (D.C.
App. 1985). Aunque la regla no exige que la persona se
arrepienta de la conducta que dio lugar al desaforo, sí es
preciso que reconozca su gravedad. Al reconocer la
seriedad de la conducta, la persona disciplinada tiene la
oportunidad de reflexionar sobre ella y tomar las medidas
necesarias para que no vuelva a suceder. TS-4270 15
Con ese mismo enfoque, en In re Cruz Disdier, 73
D.P.R. 346, (1952) reinstalamos al Sr. Silvestre Cruz
Disdier a la profesión legal. En aquella ocasión,
sopesamos el testimonio del señor Cruz Disdier. Al
preguntársele si había analizado y apreciado la gravedad
de los actos, el señor Cruz Disdier mencionó:
Eso me ha hecho pensar detenidamente. Me ha hecho meditar mucho y he sufrido terriblemente las consecuencias de mi separación y si el Tribunal me concede otra vez volver al ejercicio, lo haría únicamente cumpliendo con las leyes; resolvería todos los asuntos de mi mejor buena fe, sin perjuicio para nadie, sin perjudicar a nadie, solamente por el medio de ayudar a mi familia.
Íd., pág. 352.
Manifestó, además, que se sentía arrepentido así como
moral y espiritualmente reformado y regenerado. Íd. Como
se aprecia, aunque no señalamos expresamente que reconocer
la gravedad de la conducta que dio lugar al desaforo fuese
un requisito imprescindible para demostrar rehabilitación,
ese factor fue determinante para ordenar la reinstalación
del abogado. Al adoptar el cuarto criterio de la Regla
Modelo 25(E), reafirmamos el análisis que utilizamos en In
re Cruz Disdier, id., porque es medular para demostrar la
rehabilitación del abogado que solicita reinstalación.
Reafirmamos también, como dijimos en In re Pacheco Nieves,
supra, que aunque no se puede exigir la aceptación de
culpa como requisito sine qua non para la readmisión de un
abogado, sí se le exige que esté rehabilitado. Ese proceso
comienza, de ordinario, cuando el solicitante acepta su TS-4270 16
responsabilidad por los hechos que llevaron a su desaforo.
In re Pacheco Nieves, id.
El quinto criterio de la Regla Modelo 25(E) busca
asegurarse de que la persona que solicita la reinstalación
no ha transgredido los contornos éticos durante el tiempo
de suspensión. De igual modo, por ejemplo, hemos señalado
que el abogado que practica la profesión legal mientras
está suspendido de su ejercicio incurre en “un desafío
insólito a nuestro poder inherente para reglamentar la
profesión”. In re Gordon Menéndez I, supra, pág. 215. Al
adoptar el quinto criterio, reafirmamos el Preámbulo del
Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, que impone
a los abogados “el deber de desempeñar su alto ministerio
con la mayor y más excelsa competencia, responsabilidad e
integridad”.
El sexto criterio tiene como propósito asegurarse de
que la persona que solicite la reinstalación sea honesta e
íntegra. Se puede apreciar que este sexto criterio es el
mismo que hemos exigido desde hace años en nuestra
jurisdicción, a saber, que la persona que solicite la
reinstalación goce de tal reputación en la comunidad que
justifique su admisión de nuevo al ejercicio de la
abogacía. Véanse In re Pacheco Nieves, supra, pág. 99; In
re Rivera Cintrón, supra, pág. 708; In re González, supra,
págs. 97-98, citando a In re Torregrosa, supra; In re
Figueroa Maestre, supra; reiterado en In re Cardona
Vazquez, supra, pág. 689. Como toda persona desaforada que TS-4270 17
solicita reinstalación debe cumplir con esta normativa,
avalamos el sexto criterio de la Regla Modelo 25(E).
Finalmente, acogemos el séptimo criterio de esa
regla, cuyo propósito es asegurar que la persona que
solicita reinstalación pueda desempeñar con diligencia los
retos que representa ejercer la profesión legal. En
realidad, hemos aplicado este criterio en el pasado al
ordenar que abogados desaforados tomen un repaso de
reválida antes de que vuelvan a ejercer la profesión
legal. Véanse In re Cotto Vives, 175 D.P.R. 773 (2009); In
re Ramírez de Arellano, supra.
Luego de exponer claramente y sin ambages el Derecho
aplicable, pasemos a evaluar los hechos de este caso.
IV
A pesar de que los hechos que acaecieron el 25 de
julio de 1978 en el Cerro Maravilla y su encubrimiento
posterior fueron funestos y constituyen una página negra
en la historia de Puerto Rico, es preciso tener presente
que nuestra tarea no es pasar juicio nuevamente sobre
ellos. Ya lo hicimos en In re Colton Foltán, supra. En
cambio, tenemos el deber insoslayable de aplicar la
doctrina que con el pasar de los años hemos construido
sobre el proceso de readmisión, que coincide con los
criterios de readmisión al ejercicio de la abogacía que
contiene la Regla Modelo 25(E) de la ABA.
En el caso que nos ocupa, la Comisión de Reputación
concluyó que el señor Figueroa Vivas presentó, a través de
su testimonio y el de sus testigos, evidencia de que goza TS-4270 18
actualmente de buena reputación en la comunidad. Véase
Informe de la Comisión de Reputación, pág. 7. De esta
forma, el peticionario cumple con la norma que
establecimos en In re Charneco, supra, pág. 898 e In re
Colton Foltán I, supra, pág. 471, y con el quinto criterio
de la Regla Modelo 25(E) de la ABA.
Por otra parte, la Comisión de Reputación añade al
análisis criterios de evaluación que no hemos considerado
anteriormente. En específico, menciona que existen
jurisdicciones que consideran la naturaleza y gravedad de
los hechos que dieron lugar al desaforo a la hora de
decidir si readmiten al disciplinado a la profesión. Véase
Informe de la Comisión de Reputación, pág. 7.
No obstante, este Tribunal nunca ha usado ese
criterio a la hora de reinstalar a un abogado. En cambio,
manifestamos de manera diáfana que el elemento principal
que debemos auscultar es si el peticionario goza de buena
reputación en la comunidad al momento de solicitar la
reinstalación. In re Carbone Rosario, supra.
Específicamente, en In re Colton Foltán I, supra, págs.
471- 472, rechazamos el criterio que propone la comisión.
Además, el señor Figueroa Vivas lleva casi veinte
años sin ejercer la profesión. Como es sabido, la falta de
mejoramiento intelectual en el campo legal no se supera
fácilmente. El Derecho evoluciona constantemente y es
necesario que los abogados se mantengan al día en su
desarrollo. Actualmente el peticionario no cumple con el
sexto criterio de la Regla Modelo 25(E) de la ABA, similar TS-4270 19
a lo que hemos exigido a otros abogados que solicitan
reinstalación. No obstante, si el peticionario toma un
curso de reválida estatal, cumpliría con la normativa
expuesta.
Por otro lado, del expediente se desprende que el
peticionario ha cumplido con el primer, segundo y cuarto
criterio de la Regla Modelo 25(E) de la ABA, similares a
nuestra normativa jurisprudencial. Es decir, el
peticionario cumplió plenamente con nuestras órdenes
disciplinarias, no ha practicado ilícitamente la profesión
ni ha violentado las normas del Código de Ética
Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. XI.
Por otra parte, la Comisión de Reputación expresó en
su informe que al peticionario “no [le] cobija la
posibilidad de indicar que se siente genuinamente inocente
y por lo tanto, [que] no se le puede exigir
arrepentimiento”. Informe de la Comisión de Reputación,
pág. 8. En otras palabras, la Comisión de Reputación
parece exigir al peticionario como condición sine qua non
para su reinstalación a la profesión, que muestre
arrepentimiento por sus acciones. Expresamos justamente lo
contrario en In re Pacheco Nieves, supra.
La Comisión de Reputación intentó diferenciar el caso
de In re Pacheco Nieves, supra, al expresar que en la
situación que ahora nos ocupa “el peticionario [Figueroa
Vivas] no fue separado de la profesión por cometer un
delito que implica depravación moral sino por
incumplimiento de los deberes de diligencia y TS-4270 20
competencia”. Informe de la Comisión de Reputación, pág.
8. Es decir, la Comisión de Reputación pretende reducir la
aplicación de la doctrina pautada en In re Pacheco Nieves,
supra, a situaciones en que la persona disciplinada fue
convicta de delito. No podemos aceptar la tesis de la
Comisión de Reputación. Es insostenible e ilógico que a un
abogado a quien se le encuentra responsable ética y
penalmente por unos hechos delictivos no se le exija tener
que arrepentirse de su conducta pero al que solo se le
procesa éticamente y no penalmente sí se le obligue.
Reiteramos que no es un requisito sine qua non mostrar
arrepentimiento por los hechos que dan margen a la acción
disciplinaria para que proceda la reinstalación.
El arrepentimiento, o falta de éste, es evidencia
como cualquier otra a ser considerada al evaluar el
carácter del abogado desaforado y determinar las
repercusiones probables de su solicitud de reinstalación.
In re Malavet Rodríguez, supra, págs. 830-831. Ahora bien,
el tercer criterio de la Regla Modelo 25(E) de la ABA
recoge nuestro requerimiento jurisprudencial de que la
persona que solicita la reinstalación reconozca la
ilicitud y gravedad de las faltas por las que se le
suspendió, aunque no se arrepienta de su conducta o
insista en su inocencia.
En este caso, el señor Figueroa Vivas admite que fue
muy cándido al creer ciegamente la versión de los
policías. Sin embargo, el peticionario no reconoce la
gravedad e ilicitud de la conducta que determinamos TS-4270 21
probada, al coaccionar testigos en la investigación del
Cerro Maravilla y al destruir una declaración jurada. En
otras palabras, solo reconoció la gravedad de parte de la
conducta que lo llevó al desaforo, no de su totalidad. Al
así actuar, el peticionario no cumple con el tercer
criterio esbozado en la Regla Modelo 25(E) de la ABA y en
nuestra jurisprudencia, para ser reinstalado.
En In re Colton Foltán I, supra, reinstalamos al
licenciado Colton Foltán a la profesión legal, luego que
fuera desaforado por la misma serie de hechos por los
cuales desaforamos al peticionario Figueroa Vivas. Sin
embargo, al evaluar la solicitud de reinstalación
sopesamos el hecho de que el señor Colton Foltán estaba
“seriamente arrepentido de la conducta antiética en que
incurrió y por la cual fue disciplinado...”. In re Colton
Foltán I, supra, pág. 470.
Cuando el abogado suspendido reconoce la gravedad e
ilicitud de la conducta que dio lugar al desaforo, nos
coloca en posición de auscultar si realmente está
rehabilitado para ejercer la profesión legal. Aunque el
arrepentimiento no es una condición sine qua non para
reinstalar a un abogado, sí es evidencia de que el abogado
desaforado reconoció la gravedad de la conducta por la
cual se le disciplinó. Como señaló el Juez Asociado señor
REBOLLO LÓPEZ en su Voto particular disidente en In re
Farinacci García, supra, págs. 711-712 esc. 1, la
rehabilitación de quien solicita reinstalación, “de TS-4270 22
ordinario, comienza al aceptarse responsabilidad por los
hechos que se le imputan”. TS-4270 23
V
Al analizar el expediente, resulta forzoso concluir
que el señor Figueroa Vivas no presentó prueba clara,
robusta y convincente de que cumple con todos los
requisitos para que proceda su reinstalación a la
profesión legal.
El señor Figueroa Vivas probó satisfactoriamente que
actualmente goza de buena reputación en la sociedad. En
específico, presentó el testimonio de más de diez personas
y la gran mayoría de ellas testificaron que el señor
Figueroa Vivas goza actualmente de buena reputación, hecho
que también aceptó la Comisión de Reputación en su
informe. Solo el licenciado Escribano Román expresó que el
señor Figueroa Vivas no está apto para ejercer la
profesión. Sin embargo, el licenciado Escribano Román no
conoce personalmente al señor Figueroa Vivas ni tampoco le
consta su reputación en la comunidad. Su oposición se basa
en la intervención del peticionario Figueroa Vivas en el
encubrimiento de lo que sucedió en el Cerro Maravilla el
25 de julio de 1978.
Aunque el peticionario no se arrepiente de lo que
hizo, sí reconoció que no actuó de la mejor forma. Además,
señaló que de haber actuado con más suspicacia habría
detectado la mentira de los policías. Sin embargo, el
peticionario no reconoce la gravedad de la totalidad de
los hechos que dieron lugar al desaforo. No acepta que
coaccionó testigos ni que destruyó evidencia. Ya
mencionamos que este criterio es importante, pues TS-4270 24
demuestra que la persona está realmente rehabilitada para
ejercer la profesión.
El peticionario no reconoce la gravedad de la
conducta que dio lugar al desaforo. Al proceder de ese
modo, siembra dudas sobre si realmente está rehabilitado y
cuenta con la entereza moral para ejercer la abogacía.
Independientemente de que no se arrepienta de lo que hizo,
el peticionario debe reflexionar sobre la ilicitud y
gravedad de la conducta que se le imputó y probó en In re
Colton Foltán, supra. No olvidemos que
“[h]ay profesiones que no se compadecen con los „términos medios‟, con las „medias tintas‟ en su ejercicio; es tal la excelsitud de su ministerio, la delicadeza de su cometido, la trascendencia de su profesión, que ni la más leve nota de humana parcialidad puede empañar la fulgencia de su prestigio”.
In re Malavet Rodríguez, supra, pág. 824, Opinión disidente del Juez Asociado señor NEGRÓN GARCÍA, a la cual se unió la entonces Juez Asociada señora NAVEIRA DE RODÓN, citando a F. Soto Nieto, Compromiso de Justicia, Madrid, Ed. Montecorvo, 1987, págs. 29-30.
Considerado todo lo anterior, declaramos no ha lugar
la moción de reconsideración del peticionario Figueroa
Vivas.
Se dictará Sentencia de conformidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam que antecede, la cual se hace formar parte integrante de la presente Sentencia, se declara no ha lugar la moción de reconsideración del peticionario Figueroa Vivas.
Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal. El Juez Presidente señor Hernández Denton y la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez concurren con la decisión que emite este Tribunal de denegar la reinstalación a la abogacía solicitada por el Sr. Ángel Figueroa Vivas. Entienden que las razones expuestas en el Informe de la Comisión de Reputación de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía, presentado ante nuestra consideración luego de que dicho cuerpo celebrara tres vistas y recibiera el testimonio de decenas de personas, ameritan la denegatoria de la solicitud del señor Figueroa Vivas. Además, se reiteran en los criterios para la readmisión a la abogacía expuestos en el voto particular disidente del Juez Presidente en In re: Colton Fontán I, 154 D.P.R. 466, 480-487 (2001).
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo