IG Builders Corp v. 577 Headquarters Corp.

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: April 4, 2012
• Docket: CC-2011-862
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

IG Builders Corp. Integra Group Corp.

Recurridas

v. Certiorari

577 Headquarters Corp. 2012 TSPR 66

Recurrido 185 DPR ____

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

Peticionario

Número del Caso: CC-2011-862

Fecha: 4 de abril de 2012

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan Panel III

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Charles Bimbela Quiñones Lcda. María L. Montalvo Vera Lcda. Luz C. Molinelli González

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Pedro Rosario Urdaz Lcdo. Jorge L. M. Cintrón Pabón

Materia: Incumplimiento de Contrato, Cobro de Dinero

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

IG BUILDERS CORP.; Certiorari INTEGRA GROUP CORP.

v.

577 HEADQUARTERS CORP. Núm.: CC-2011-0862

Recurrido

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor FELIBERTI CINTRÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 4 de abril de 2012.

El antiguo procedimiento de tercería, según

incorporado a la actual Regla 21.5 de Procedimiento Civil

de 2009 atinente a la intervención,1 nos sirve de marco

para definir la discreción conferida al Tribunal de

Apelaciones (TA) para decidir cuándo expedir un recurso de

certiorari conforme la Regla 52.1 de Procedimiento Civil

de 2009.2 De igual manera, nos toca resolver si la

controversia, según planteada en el caso ante el foro de

instancia, resultaba académica en la etapa original de los

procedimientos judiciales.

1 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 21.5 (2010) (Regla 21.5).

2 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1 (Supl. 2011) (Regla 52.1). CC-2011-0862 2

I

En noviembre de 2004 el Banco Bilbao Vizcaya

Argentaria Puerto Rico (BBVAPR o el peticionario) pactó

con 577 Headquarters, Corp. (577HQ) el financiamiento para

la compra y remodelación de un inmueble sito en Hato Rey,

Puerto Rico. Como colateral al préstamo ascendente a una

cantidad en exceso de seis millones de dólares

($6,000,000.00), se constituyeron varias hipotecas a favor

del BBVAPR y se ofrecieron garantías personales de los

nuevos dueños del inmueble. Igualmente, las partes

suscribieron un documento titulado Assignment of Lessor’s

Interest in Leases mediante el cual 577HQ cedió al BBVAPR

las sumas recibidas del Departamento del Trabajo y

Recursos Humanos de Puerto Rico (Departamento del Trabajo)

en calidad de cánones de arrendamiento correspondientes a

la propiedad recién adquirida.

Para fines de la remodelación del inmueble, 577HQ

contrató con Integra Group Corp. (Integra), en calidad de

arquitecto, y con IG Builders Group, Corp. (IG Builders),

como contratista general. Así las cosas, el 8 de marzo de

2010 Integra e IG Builders (los recurridos) presentaron

ante el Tribunal de Primera Instancia (TPI) una Demanda

sobre Incumplimiento de Contrato, Cobro de Dinero y Daños

en contra de 577HQ, alegando la falta de pago por sus

gestiones profesionales en relación al referido inmueble.

El 8 de septiembre de 2010 las partes en el pleito CC-2011-0862 3

llegaron a un acuerdo transaccional ante el TPI que

disponía de la reclamación antes mencionada. Mediante

dicho convenio, 577HQ accedió pagar a Integra e IG

Builders la suma total de dos millones doscientos treinta

y seis mil trescientos veinticinco dólares con veinte

centavos ($2,236,325.20).

La transacción antes mencionada se incorporó en una

Sentencia dictada en el caso. Habida cuenta de que 577HQ

no cumplió con los pagos según pactado y a solicitud de

los recurridos, el TPI dictó una Orden el 30 de noviembre

de 2010 decretando el aseguramiento de la Sentencia

emitida, mediante el embargo de bienes propiedad de 577HQ

ascendentes a dos millones doscientos treinta y seis mil

trescientos veinticinco dólares con veinte centavos

($2,236,325.20). La correspondiente Orden de Embargo le

fue notificada al Departamento del Trabajo, en calidad de

arrendatario de 577HQ, el 21 de julio de 2011.

En cumplimiento con lo decretado por el TPI, el

Departamento del Trabajo consignó, inicialmente, la

cantidad de ciento sesenta y seis mil seiscientos trece

dólares con treinta y cuatro centavos ($166,613.34) en el

tribunal.3 En vista de ello, los recurridos presentaron

dos (2) mociones solicitando el retiro de los fondos, con

fecha de 19 y 26 de agosto de 2011, respectivamente.

Ambas mociones fueron declaradas Ha Lugar por el TPI

3 Véase Orden Enmendada expedida por el TPI el 28 de septiembre de 2011, ordenando la transferencia de dicha cantidad de la cuenta de la Secretaría Regional a la cuenta del Alguacil Regional. CC-2011-0862 4

mediante Orden emitida el 8 de septiembre de 2011, a la

vez que ordenó a la Unidad de Cuentas del TPI a expedir

los cheques correspondientes a favor de los recurridos por

la suma total de ciento sesenta y seis mil seiscientos

trece dólares con treinta y cuatro centavos ($166,613.34),

consignada por el Departamento del Trabajo.

El 13 de septiembre de 2011 el BBVAPR presentó una

moción ante el TPI en la que cuestionó el embargo

promovido por los recurridos. Alegó tener un derecho

propietario preferente sobre los bienes embargados a 577HQ

en virtud de la cesión de los cánones de arrendamiento

antes mencionada. Solicitó al TPI, además, que

suspendiese todo desembolso de los fondos consignados por

el Departamento del Trabajo hasta tanto se dilucidaran los

méritos de su planteamiento.

El 16 de septiembre de 2011 el TPI denegó la

solicitud del peticionario por considerarla académica

indicando, a esos efectos, que “los fondos consignados ya

fueron dispuestos mediante Orden de retiro el 8 de

septiembre de 2011”.

El 20 de septiembre de 2011, el BBVAPR sometió una

Urgente Moción de Reconsideración y para que se Deje sin

Efecto Orden de Retiro de 8 de septiembre de 2011.

Mediante la misma, solicitó al tribunal que permitiese su

intervención y se denegase la solicitud de orden de

embargo en lo atinente a los dineros depositados

judicialmente por el Departamento del Trabajo, por CC-2011-0862 5

alegadamente tener derecho prioritario sobre dichos

fondos. En su moción, el peticionario específicamente le

indicó al foro primario que la Orden de 8 de septiembre de

2011, aún no había sido ejecutada. Es decir, que para esa

fecha todavía los cheques correspondientes a los dineros

consignados no habían sido remitidos a la parte recurrida.

El 21 de septiembre de 2011 el TPI le solicitó a la

División de Cuentas que certificase el balance de la

cuenta y el nombre del titular de la misma. No obstante,

la moción de reconsideración de BBVAPR fue declarada No Ha

Lugar el 26 de septiembre de 2011.

El 27 de septiembre de 2011 el Departamento del

Trabajo presentó una Segunda Moción de Consignación4 por

la cantidad total de doscientos noventa y siete mil

cuatrocientos cuatro dólares con setenta y nueve centavos

($297,404.79).5 En esa misma fecha, los recurridos

presentaron una Moción Solicitando Retiro de Fondos,

Depósito por $297,404.79. No consta en récord que el TPI

haya dispuesto de esta última solicitud. De hecho, según

se refleja del Informe de Subsidiario de la Cuenta del

Alguacil (Informe de Subsidiario)6 en el caso de epígrafe,

4 El Departamento del Trabajo trató infructuosamente de consignar estas cantidades el 19 de septiembre de 2011, pero los cheques no fueron aceptados debido a que estaban expedidos a nombre de 577HQ.

5 Esta cantidad concierne al canon arrendatario correspondiente a abril de 2011 y unos balances pendientes de mayo y junio 2011, así como el canon arrendatario de los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2011. La renta mensual ascendía a ochenta y tres mil trescientos seis dólares con sesenta y siete centavos ($83,306.67).

6 Informe solicitado a la División de Cuentas del TPI. CC-2011-0862 6

al 26 de octubre de 2011 aún quedaba un balance de

doscientos noventa y siete mil cuatrocientos cuatro

dólares con setenta y nueve centavos ($297,404.79)

correspondiente al embargo.

Mediante Orden Enmendada expedida por el TPI el 28 de

septiembre de 2011, se transfirieron los ciento sesenta y

seis mil seiscientos trece dólares con treinta y cuatro

centavos ($166,613.34), erróneamente consignados por el

Departamento del Trabajo en la cuenta de la Secretaría

Regional, a la cuenta del Alguacil Regional por

corresponder a fondos producto de un embargo.

Asimismo, surge del Informe de Subsidiario que no fue

hasta el 30 de septiembre de 2011 que se expidieron dos

(2) cheques a favor de Integra e IG Builders por un total

de ciento sesenta y seis mil seiscientos trece dólares con

treinta y cuatro centavos ($166,613.34), equivalente a la

totalidad del primer depósito del Departamento del Trabajo

según decretado en la Orden del 8 de septiembre de 2011.

El 7 de octubre de 2011 el BBVAPR sometió para la

consideración del TA una petición de certiorari acompañada

por una Moción en Auxilio de Jurisdicción.

Mediante Resolución de 21 de octubre de 2011, el TA

denegó la expedición del recurso, así como la moción

solicitando la paralización de los procedimientos ante el

foro de instancia por entender que la solicitud de

intervención del peticionario había advenido académica,

una vez el tribunal a quo ordenó el desembolso de los CC-2011-0862 7

fondos embargados. Opinó, a su vez, que el recurso no se

ajustaba a ninguna de las alternativas jurisdiccionales

provistas en la Regla 52.1, como tampoco cumplía con

ninguno de los criterios dispuestos en la Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap.

XXII-B, R. 40 (Supl. 2011), para la expedición del auto de

certiorari.

Inconforme, el BBVAPR recurrió ante este Foro donde

presentó un recurso de certiorari conjuntamente con una

Moción Solicitando Orden en Auxilio de Jurisdicción.

Mediante Resolución de 31 de octubre de 2011, declaramos

ésta última Ha Lugar,7 a la vez que le concedimos un

término a las partes recurridas para mostrar causa por la

cual no debíamos revocar la determinación recurrida.

El 21 de noviembre de 2011 los recurridos nos

solicitaron la desestimación del recurso, a la vez que

presentaron su Alegato en cumplimiento con nuestra

Resolución. El 2 de diciembre de 2011 el BBVAPR se opuso

a la desestimación. Resolvemos.

II

MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN

La parte recurrida plantea tres (3) argumentos en

apoyo a su solicitud de desestimación. Inicialmente,

aduce que el BBVAPR carecía de legitimación activa para

intervenir en el caso en instancia por no tener un interés

7 De esta forma, paralizamos los procedimientos ante el TPI impidiendo así desembolsos adicionales de los dineros consignados. CC-2011-0862 8

propietario que defender. En la alternativa, argumenta

que, debido a que ya se había ordenado el primer

desembolso de los dineros embargados, el asunto advino

académico. A esos efectos, sostiene que no existe

reclamación justiciable, pues “no se puede impedir un

desembolso que ya ocurrió”. Por último, advierte que la

controversia atinente a los fondos producto del segundo

depósito aún no se encuentra madura para disposición

judicial, puesto que el BBVAPR no le ha solicitado al TPI

que dichos fondos le sean entregados. No procede la

desestimación del recurso según intimado.

Primeramente, la alegada falta de legitimación activa

está predicada en el cuestionamiento interpuesto por los

recurridos al derecho utilizado por el peticionario como

fundamento para reclamar prioridad en el cobro. No

obstante, dado el escenario procesal en que se suscita

esta controversia corresponde al TPI, en primera

instancia, pasar juicio sobre el alcance del contrato

entre el BBVAPR y 577HQ y determinar, a base de ello, la

jerarquía que concierne a los derechos allí acordados

frente a los reclamos de los recurridos en calidad de

acreedores por sentencia.

En cuanto a los otros dos (2) planteamientos

señalados en la solicitud de desestimación atinentes a la

madurez y academicidad de la causa de acción del BBVAPR,

decretamos que, conforme lo discutimos en detalle más CC-2011-0862 9

adelante al disponer de los errores señalados en el

recurso de certiorari, tampoco proceden.

Por consiguiente, declaramos No Ha Lugar la Moción de

Desestimación sometida por los recurridos.

III

Los errores esgrimidos por el peticionario en su

recurso se reducen, inicialmente, a cuestionar la

determinación del TA al resolver que la controversia en el

presente recurso, es decir su solicitud de intervención en

el litigio, no está contemplada entre las categorías de

incidentes procesales particularizados en la Regla 52.1 de

Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1

(Supl. 2011) (Regla 52.1). De otra parte, aduce el BBVAPR

que erraron tanto el foro primario como el TA al concluir

que su solicitud de intervención había advenido académica

debido a que los fondos consignados habían sido

previamente dispuestos mediante Orden de retiro expedida

el 8 de septiembre de 2011.

Antes de adentrarnos en los contornos de la

discreción judicial referente al recurso de certiorari,

según consignado en el primer error, es menester dilucidar

el estado de derecho aplicable a solicitudes de

intervención dirigidas a ejercitar derechos sobre

propiedad embargada o en vías de ejecución de sentencia

según provisto en la Regla 21.5 de Procedimiento Civil de

2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 21.5 (2010) (Regla 21.5). De

otra parte, precisa examinar los argumentos atinentes a la CC-2011-0862 10

doctrina de academicidad según se tornan relevantes a los

hechos del caso.

IV

INTERVENCIÓN

Los orígenes de la intervención en un litigio, según

provisto en nuestro ordenamiento procesal, se sitúan en el

antiguo Artículo 72 de los Códigos de Enjuiciamiento Civil

de 1904 y de 1933 (Artículo 72).8 Más tarde, se incorporó

el concepto de intervención a la Regla 24 de las Reglas de

Enjuiciamiento Civil de 1943 hasta que, eventualmente, se

renumeró la Regla 24 como la Regla 21 de Procedimiento

Civil de 1958.9 Chase Manhattan Bank v. Nesglo, Inc., 111

D.P.R. 767, 769 (1981). Como veremos, en las revisiones

integrales sobrevenidas a nuestro esquema procesal

8 El Artículo 72, según recogido en el Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, disponía lo siguiente:

Cualquiera persona antes de la celebración del juicio podrá intervenir en una acción o procedimiento, si tuviere interés en el asunto en litigio, en el éxito de cualquiera de las partes, o algún derecho en contra de ambas. Esta intervención tiene lugar cuando a un tercero se le permita ser parte en la acción o procedimiento seguido entre otras personas, ya asociándose al demandante para reclamar lo que se pretenda en la demanda, o ya uniéndose al demandado para oponerse a las pretensiones del demandante, o pidiendo algo en sentido adverso a las reclamaciones de demandante y demandado, cuya intervención se efectúa por medio de demanda, exponiendo en ella los motivos en que se funde, presentada con permiso de la corte, y notificada a las partes que no hubieren comparecido y a los abogados de las comparecidas, quienes podrán contestar o alegar una excepción a ella, como si fuese una demanda ordinaria.

32 L.P.R.A. sec. 322 (1955).

9 En su artículo sobre el tema de la intervención, el Profesor Richard B. Capalli hace un recuento exhaustivo del desarrollo de esta medida procesal a la vez que intercala sus recomendaciones para futuras enmiendas cónsonas con la trayectoria procesal federal. R. B. Capalli, “The Guest Who Came to Dinner: Intervention Practice in Puerto Rico Civil Procedure”, 40 Rev. Jur. U.P.R. 461 (1971). CC-2011-0862 11

efectuadas en los años 1979 y 2009, respectivamente, los

criterios correspondientes al proceso de intervención en

los casos continúan siendo pautados por la Regla 21 de

Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 21

(2010) (Regla 21).

La intervención constituye un vehículo de gran

utilidad y de uso común en los tribunales. A través del

mecanismo provisto en la Regla 21, se faculta la

comparecencia de un tercero en una acción judicial

previamente instada. No obstante, queda claramente

establecido que esta regla constituye meramente un

instrumento procesal y, por lo tanto, no es fuente de

derechos sustantivos ni establece causa de acción alguna.

“Es simplemente una disposición mediante la cual una

persona que no es parte en el pleito comparece,

voluntariamente o por necesidad, a presentar una

reclamación o defensa, en una acción pendiente, y

convertirse de ese modo en parte para fines de la

reclamación o defensa presentada.” J. A. Cuevas Segarra,

Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., San Juan,

Publicaciones J.T.S., Tomo II, 2011, pág. 779.

El esquema provisto mediante la figura de la

intervención procura alcanzar un balance entre la economía

procesal lograda al atenderse diversos asuntos de manera

conjunta, contrapuesto con la necesidad de que los casos

concluyan en un tiempo razonable. S.L.G. Ortiz Alvarado

v. Great American Life Assurance Co. of P.R., 2011 CC-2011-0862 12

T.S.P.R. 79, 182 D.P.R. ___ (2011); Chase Manhattan Bank

v. Nesglo Inc., supra, a la pág. 770. Por lo tanto, la

Regla 21 conlleva en su aplicación un análisis de índole

pragmático más que conceptual. S.L.G. Ortiz Alvarado v.

Great American Life Assurance Co. of P.R., supra; R. Mix

Concrete v. R. Arellano & Co., 110 D.P.R. 869, 873 (1981).

“Por ello, a la hora de evaluar una solicitud de

intervención, debemos analizar primero si existe de hecho

un interés que amerite protección y segundo, si ese

interés quedaría afectado, como cuestión práctica, por la

ausencia del interventor en el caso.” S.L.G. Ortiz

Alvarado v. Great American Life Assurance Co. of P.R.,

supra; Chase Manhattan Bank v. Nesglo Inc., supra, a la

pág. 770.

De otra parte, aunque las disposiciones atinentes a

la intervención deben interpretarse desde una perspectiva

liberal, no por ello corresponde refrendar su uso

ilimitado fallando en toda instancia a favor de la

intervención. Rivera v. Morales, 149 D.P.R. 672, 689

(1999); Chase Manhattan Bank v. Nesglo Inc., supra, a la

Al presente, la Regla 21 rige todos los asuntos en

materia de la intervención en procesos judiciales. A su

vez, dicha disposición procesal se compone de siete (7)

subsecciones, cada una de las cuales atiende un aspecto

particular del proceso. Para propósitos de este caso, nos

ceñimos a repasar sólo aquellos acápites que guardan CC-2011-0862 13

relación con las controversias planteadas conjuntamente

con su evolución histórica.

A estos efectos, comenzamos con el examen de la Regla

21.1 de Procedimiento Civil de 2009, la cual provee lo

siguiente para aquellas instancias en las cuales la

intervención procede como cuestión de derecho:

Mediante oportuna solicitud, cualquier persona tendrá derecho a intervenir en un pleito:

(a) Cuando por ley o por estas reglas se le confiere un derecho incondicional a intervenir, o

(b) Cuando la persona solicitante reclame algún derecho o interés en la propiedad o asunto objeto del litigio que pueda, de hecho, quedar afectado con la disposición final del pleito.

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 21.1 (2010).

Continuando en el orden acostumbrado, pasamos

entonces a estudiar la logística para su implantación

establecida a través de la Regla 21.4 de Procedimiento

Civil de 2009.10 En su aspecto práctico, el proceso de

intervención comienza con una solicitud al tribunal

mediante la cual la parte interesada deberá exponer

aquellos fundamentos que justifican su injerencia en el

procedimiento. Dicha solicitud deberá ir acompañada con

la alegación correspondiente a la reclamación o defensa

que se pretende proseguir en el caso.

10 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 21.4 (2010). CC-2011-0862 14

Las Reglas 21.5, 21.6 y 21.7 de Procedimiento Civil

de 2009,11 por su parte, provienen de la extinta Ley de

Tercería.12 Veamos.

A. LEY DE TERCERÍA

El procedimiento de tercería se introdujo a nuestro

ordenamiento mediante la Ley de Tercería aprobada en el

año 1907.13 Dicho estatuto, el cual estuvo vigente hasta

la adopción de las Reglas de Procedimiento Civil de 1979,

surgió como parte de “un esfuerzo para hermanar los

artículos sobre tercería del enjuiciamiento civil español,

con los artículos sobre la misma materia en el

enjuiciamiento civil de California, formando un nuevo

cuerpo insuflado con las fuerzas vitales y la esencia de

ambas legislaciones, adaptado al moderno sistema de

enjuiciar”. R. Atiles Moreu, El Recurso de Tercería en el

11 32 L.P.R.A. Ap. V, Rs. 21.5, 21.6 y 21.7 (2010).

12 Aprobada el 14 de marzo de 1907, 32 L.P.R.A. secs. 1171-1190 (1968).

13 A pesar de que la Ley de Tercería aparecía publicada entre las disposiciones de los Códigos de Enjuiciamiento Civil de 1904 y 1933, no por ello estaba incorporada ni formó parte de este cuerpo estatutario. Véase Ocasio González & Co. v. Corte de Distrito, 38 D.P.R. 7, 8 (1928).

La explicación para ello nos la brinda el jurista Rafael Atiles Moreu de la siguiente manera:

En la desorientación que precedió a la aprobación de los códigos del 1904 – aprobados en forma festinada e inconsulta -, olvid[o]se legislar sobre la materia de tercerías, lo que intent[o]se subsanar mediante la promulgación de la ley de tercerías de marzo 14, 1907, enmendada en marzo 12, 1908.

R. Atiles Moreu, El Recurso de Tercería en el Derecho Procesal Vigente, 5 Rev. Jur. U.P.R. 360 (1935-1936). En este artículo el autor nos presenta un relato minucioso y exhaustivo de los orígenes y el desarrollo de las disposiciones de la Ley de Tercería incorporadas a nuestro sistema de derecho. CC-2011-0862 15

Derecho Procesal Vigente, 5 Rev. Jur. U.P.R. 360, 361

(1935-1936).

En su acepción más amplia, la tercería implica la

potestad dispensada a un tercero que reclama tener el

dominio o mejor derecho sobre un bien embargado

judicialmente o sujeto a ejecución, de levantar el embargo

o detener la ejecución, a la vez que le solicita al

tribunal que resuelva el asunto del alegado dominio o

preferencia sobre dichos bienes.

“Las tercerías se fundan o en el dominio de los

bienes embargados al deudor, o en el derecho del tercero a

ser reintegrado de su crédito con preferencia al del

acreedor de la acción principal.” Hernández Acosta v.

Corte de Distrito, 34 D.P.R. 679, 681 (1925).

Así pues, hemos explicado que “cabe la tercería de

mejor derecho cuando surge un conflicto entre ciudadanos

con respecto a su mejor derecho a hacer efectivos sus

créditos en determinados bienes de un deudor común…”.

Trueba v. Zalduondo, 34 D.P.R. 743, 745 (1925). “El

procedimiento de tercería tiene por objeto principal

determinar de una manera rápida, pero con garantía para

todas las partes interesadas, si los bienes muebles que se

han embargado como de determinada persona le pertenecen a

otra que los reclama como suyos.” Rona Electric Co. v.

Garriga, 99 D.P.R. 942, 949 (1971).

La tercería, según originalmente instituida en el año

1903, operaba de la siguiente manera: Una persona que CC-2011-0862 16

reclamase tener un derecho sobre propiedad mueble sujeta a

embargo o ejecución, venía obligada simplemente a

someterle al funcionario a cargo de cumplimentar la orden

de ejecución o embargo un escrito bajo juramento

certificando que su reclamación se hacía de buena fe y a

prestar la fianza correspondiente. Una vez cumplidos

estos dos (2) requisitos, se le entregaba la propiedad al

reclamante en custodia legis hasta tanto el tribunal

dispusiere otra cosa. Mientras tanto, el alguacil o la

persona responsable de aceptar la fianza, venía obligada a

remitir los documentos antes mencionados al tribunal que

había dictado la orden de ejecución o embargo. Una vez

recibidos el juramento y la fianza, el Secretario del

Tribunal procedía a anotarlo en el libro de causas y a

notificar a las partes concernidas para que compareciesen

ante el juez en un término de diez (10) días. Luego de la

comparecencia de las partes, el tribunal decretaba que se

formulase la cuestión por escrito y posteriormente se

celebraba una vista para dilucidar el asunto. En aquellos

casos en que no comparecía el tercerista, se desestimaba

la demanda por abandono de la acción. Por otro lado, de

ser la parte contraria la no compareciente, se le anotaba

la rebeldía. Excepto en estos últimos dos (2) supuestos,

el juez a cargo venía obligado a reservar su fallo

atinente a la tercería, hasta tanto se dictase sentencia

en el procedimiento que dio motivo a la tercería. CC-2011-0862 17

A pesar de que en sus inicios la tercería se pautó

únicamente para casos de bienes muebles, al año siguiente

de la aprobación de la Ley de Tercería se legisló para

proveer un mecanismo que rigiera igualmente a situaciones

en que estuviesen envueltos bienes inmuebles. Mediante

dicho estatuto, aprobado el 12 de marzo de 1908 y

denominado “Ley para Proveer el Procedimiento en los Casos

de Tercería sobre Bienes Inmuebles”, se adicionó el

Artículo 6(a) a la normativa entonces vigente. El mismo

prescribió que las tercerías respecto a bienes inmuebles

debían de iniciarse mediante demanda contra todas las

personas con interés en el asunto. Se dispuso, además,

que en este tipo de tercerías “sólo podrá suspender el

tercerista una orden de ejecución para el trámite de

subasta mediante interdicto prohibitorio (injunction)…”.

32 L.P.R.A. sec. 1187 (1968).

B. LA TERCERÍA Y LA INTERVENCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 72

De otra parte, cabe notar que durante la vigencia de

la Ley de Tercería se dictaminó jurisprudencialmente que

conforme las disposiciones del Artículo 72 tanto los que

reclamasen el título o dominio, como los tenedores de

gravámenes que recayesen sobre propiedades envueltas en un

litigio, o cuyos derechos pudiesen verse afectados por una

sentencia, tenían derecho a intervenir en los

procedimientos judiciales correspondientes. CC-2011-0862 18

En Mari v. Mari y The Royal Bank of Canada, 26 D.P.R.

665 (1918), reconocimos por primera vez el derecho de un

reclamante que alegaba tener un gravamen preferente sobre

bienes embargados a intervenir en un pleito ya iniciado.

De este modo, ratificamos el uso de la intervención

provista en el Artículo 72 como método alterno a la

tercería para escrutar la prioridad de los derechos

invocados por un tercero sobre propiedad embargada.

Igualmente, en Estrada v. Corte Municipal, 50 D.P.R. 480

(1936), permitimos darle curso a una demanda de

intervención para disponer del alegado traspaso de un

terreno previo a su embargo.

A través de los años, ratificamos también el derecho

de un reclamante a intervenir en un pleito pendiente en el

que se ordenó un embargo sobre bienes que éste reclamaba

como suyos. Reyes & Pagán v. Corte, 52 D.P.R. 654 (1938);

Benítez v. Tabacaleros y Fed. Int. Credit Bank, 50 D.P.R.

791 (1936); Casanova v. Carballeira, Juez, 41 D.P.R. 850

(1931).

Cónsono con lo anterior, resolvimos que la Ley de

Tercería dejó incólume el Artículo 72. Así pues, hemos

expresamente decretado que “[l]os dos remedios pueden

subsistir juntos”. Íd. a la pág. 852. Véanse, además,

Hernández v. Iglesias, 58 D.P.R. 406 (1941); Murray v.

Tabacaleros de Bayamón, Inc., 43 D.P.R. 210 (1932).

A esos efectos, reiteradamente dispusimos que “el

remedio de intervención existente en el derecho civil e CC-2011-0862 19

incorporado a nuestro derecho procesal al adoptarse las

disposiciones del Código de California sobre la materia,

puede ser utilizado por el que reclame como suya una

propiedad embargada como perteneciente a otra persona o

por el que reclame cualquier gravamen o derecho sobre la

propiedad embargada; y que el hecho de que el interventor

pueda hacer uso del remedio de tercería no es óbice para

el ejercicio de su derecho de intervención”. Reyes &

Pagán v. Corte, supra, a la pág. 657 y casos allí citados.

“[E]l hecho de que [una] misma cuestión haya podido

resolverse también en una demanda de tercería, no es óbice

para que la corte inferior pudiera resolverla por medio de

una simple demanda de intervención, teniendo como tenía

jurisdicción sobre todas las partes interesadas y sobre la

propiedad envuelta en la controversia.” Benítez v.

Tabacaleros y Fed. Int. Credit Bank, supra, a la pág. 797.

A base de lo anterior, podemos colegir que el antiguo

procedimiento de tercería y la intervención originalmente

dispuesta en el Artículo 72 no resultaban sinónimos.

Aunque ambos procedimientos estaban basados en

controversias comunes, el mecanismo disponible a través de

cada uno de ellos resultaba diferente. Diferían entre sí

ambos esquemas en que este último estaba predicado en la

participación directa de un reclamante que busca ser

incluido como parte en una acción principal que ya

discurría judicialmente. Ahora bien, la tercería

consistía en un procedimiento judicial separado donde el CC-2011-0862 20

tribunal venía únicamente llamado a esgrimir una

controversia - ya sea sobre el título o dominio o la

preminencia de los derechos del tercero – atinente a una

propiedad objeto de embargo o ejecución.

En Borinquen Trading Corp. v. Corte de Dist. de San

Juan, 32 D.P.R. 199 (1923), abundando sobre estas

diferencias expresamos lo siguiente:

La aparente confusión en este caso parece que proviene de la relación que trata de establecer el peticionario entre una acción principal y un incidente de tercería. Este incidente no es una intervención del tercero en la materia en litigio del caso principal para proteger sus derechos en el sentido del artículo 72 del Código de Enjuiciamiento Civil, sino la introducción de una nueva cuestión litigiosa separada e independiente.

Íd. a las págs. 200-201.

C. LA INTERVENCIÓN CONFORME A LA REGLA 21.5

En el año 1979, por recomendación del Comité Procesal

Civil, se derogó la Ley de Tercería y, en su lugar, se

agregó la Regla 21.5 a nuestro ordenamiento procesal.

Como fundamento para ello, dicho organismo explicó que el

uso del mecanismo de tercería había mermado en los

procesos judiciales a favor de la intervención, por

proveer esta última un método más ágil y sencillo para

resolver las controversias planteadas en este tipo de

asunto. Habida cuenta de que la intervención permitía

igualmente atender reclamaciones atinentes a derechos

sobre bienes embargados, entendieron sus miembros que se CC-2011-0862 21

hacía innecesario dejar vigente el proceso alterno de

tercería. Así pues, expusieron las siguientes razones

para justificar el cambio recomendado:

La práctica actualmente… es utilizar el procedimiento establecido en la Regla 21 sobre intervención con preferencia sobre el antiguo procedimiento establecido en la Ley de Tercería, por ser aquél más simple y rápido…. [L]a intervención, cuyo interés estriba en los bienes embargados, hace las veces de una tercería y se prefiere como remedio porque su campo de acción es más amplio y es un remedio más expedito. Siendo ello así, ante la realidad de que el procedimiento bajo las disposiciones de la Regla 21 de las de Procedimiento Civil puede ser utilizado con iguales fines que la Ley de Tercería y el mismo resulta más rápido y efectivo, recomendamos se derogue la actual Ley de Tercería, y se adicionen a la Regla 21 las disposiciones necesarias para complementar la misma en lo relacionado con terceros interventores que reclamen bienes embargados. De este modo, se simplifica el procedimiento y se hace más acorde a la filosofía que inspira nuestro derecho procesal civil.

“Informe sometido al Consejo sobre la Reforma de la

Justicia en Puerto Rico” preparado por el Comité Procesal

Civil en el año 1976, a las págs. 356-357.

La Regla 21.5, la cual no ha sufrido cambio

significativo alguno desde que fue aprobada originalmente

en el año 1979, en la actualidad, dispone como sigue:

Siempre que un alguacil o alguacila proceda a cumplimentar una orden de ejecución de embargo o cualquier otra orden contra alguna propiedad mueble o inmueble, y dicha propiedad o cualquier parte de ella, o algún interés en ella, sea reclamada por un tercero, éste tendrá derecho a presentar una demanda de intervención. El CC-2011-0862 22

procedimiento de intervención relacionado con bienes muebles e inmuebles se regirá por estas reglas.

En la versión de las Reglas de Procedimiento Civil de

1979 también se añadieron las Reglas 21.6 y 21.7,

disponiendo éstas para la entrega provisional de los

bienes embargados a un interventor, así como las

condiciones atinentes a la fianza exigible en estos

supuestos.14 El Comité Procesal Civil reconoció que el

método provisto en la Ley de Tercería resultaba

deficiente, puesto que todo lo relacionado al monto y

prestación de la fianza recaía exclusivamente en manos del

alguacil. Se legisló, por tanto, para asegurar la

participación judicial en esta fase del proceso cónsono

con las otras fianzas exigidas por nuestro ordenamiento

procesal.

En torno a la moción para la entrega de los bienes

embargados, al presente la Regla 21.6 de Procedimiento

Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 21.6 (2010) (Regla

21.6), dispone lo siguiente:

En aquellos casos en que la parte interventora desee obtener la posesión de la propiedad embargada, deberá presentar una moción al efecto, la cual se resolverá ofreciendo a las partes la oportunidad de una vista para expresarse sobre la solicitud del (de la) interventor(a). Si se declara “con lugar” dicha

14 Cabe señalar que la versión inicialmente incorporada en las Reglas 21.5 a la 21.7, conforme a las enmiendas del año 1979, y ahora parte de las reglas aprobadas en el año 2009, no corresponden a ninguna disposición previa en nuestro ordenamiento procesal o en las reglas federales. Notamos, además, que desde su aprobación en el año 1979, ambas reglas únicamente han sufrido enmiendas mínimas. CC-2011-0862 23

moción, la parte interventora deberá prestar fianza por el importe del embargo más cualquier otra suma que el tribunal estime apropiada para garantizar los derechos a la parte afectada como condición para recuperar la posesión de dicha propiedad.

Por su parte, las condiciones de la fianza se

encuentran fijadas en la Regla 21.7 de Procedimiento Civil

de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 21.7 (2010) (Regla 21.7),

la cual, en la actualidad, provee como sigue:

La fianza se constituirá con la condición de que si la parte reclamante no logra justificar su derecho, devolverá la propiedad al(a la) funcionario(a) que haya efectuado el embargo, al(a la) sucesor(a) de éste o al(a la) depositario(a) de los bienes, y deberá responder por cualquier deterioro o menoscabo que haya sufrido la propiedad, incluso por su pérdida total. Asimismo, la parte reclamante satisfará cualquier otra compensación que el tribunal estime justa y razonable, si ésta procede según los hechos específicos del caso.

Si la parte reclamante logra justificar su derecho, se cancelará la fianza.

Como puede apreciarse, ambas disposiciones

transcritas anteriormente trazan, a grandes rasgos, el

procedimiento previamente dispuesto en la Ley de Tercería

atemperado a las exigencias de nuestro esquema procesal.

Al igual que lo anteriormente dispuesto en el estatuto

derogado, se le permite a un tercero solicitar la

devolución de propiedad embargada, así como su entrega

mediante la prestación de la fianza correspondiente. No

obstante, a diferencia de la antigua tercería, se provee CC-2011-0862 24

para la intervención directa en un proceso judicial que ya

discurre.

El mecanismo de intervención establecido mediante la

Regla 21.5, antes citada, se distingue en que ésta se

encuentra disponible a una parte ajena al caso aun luego

de dictada sentencia en el pleito. Ésta sirve como

vehículo procesal a un tercero, extraño al litigio

original, para someter a la consideración del tribunal una

controversia relacionada con un interés o derecho que

pretende ostentar sobre la propiedad que en su día se

proyecta ejecutar para hacer efectiva la sentencia.

Los procesos al amparo de esta regla versan sobre incidentes en un pleito incoado previamente entre otros litigantes, en el cual comparece un tercero que alega tener algún interés o derecho sobre la propiedad mueble o inmueble cuando un alguacil procede a cumplimentar una orden de ejecución, embargo o cualquier otra orden contra la propiedad….

J. A. Cuevas Segarra, op. cit. a la pág. 806.

Esta Regla 21.5, como su antecesora, están predicadas bajo la premisa que cuando en la etapa posterior al juicio se suscita un conflicto sobre la titularidad reclamada con la propiedad que había sido embargada y en la etapa de ejecución era objeto de subasta o había sido objeto de una subasta judicial, para resolver este conflicto es necesario la presentación de una demanda contra todas las personas que tengan interés en el asunto para dirimir el conflicto de titularidad….

J. A. Cuevas Segarra, op. cit. a la pág. 807.

Queda claro pues que, a diferencia de las otras

modalidades contempladas en la Regla 21, la intervención CC-2011-0862 25

provista en la Regla 21.5 no guarda relación con la

controversia principal suscitada entre un demandante y la

parte demandada. Más bien, la reclamación del interventor

se circunscribe a salvaguardar aquellos derechos atinentes

a la propiedad embargada o sujeta a algún dictamen

judicial para responder por la sentencia dictada o que se

pueda dictar en su día en el pleito inicial.

De otra parte, advertimos que la Regla 21.5 está

redactada en términos mandatorios. Por lo tanto, según

surge claramente de su texto, la intervención provista

mediante esta disposición procede como cuestión de derecho

en aquellas situaciones en que un tercero invoque tener un

derecho o interés preferencial sobre una propiedad que

haya sido objeto de una orden de embargo u otro decreto

judicial. Véase, además, Aponte v. Román, 145 D.P.R.

477, 486 (1998) (Sentencia); Progressive Finance v. LSM

Gen. Const., 144 D.P.R. 796, 803 (1998) (“Esa

intervención… se produjo al amparo de la Regla 21.5… que

como cuestión de derecho absoluto siempre la autoriza

cuando se embarga una propiedad perteneciente, o con

interés, de un tercero.”) (Opinión concurrente del Juez

Asociado señor Negrón García) (Énfasis en original).

Paralelamente, la Regla 21.6 entra en juego cuando el

reclamante desee, igualmente, obtener la posesión de la

propiedad embargada mientras se ventila su derecho sobre

la misma. “La regla [21.6], como es de notarse, aplica

únicamente a las intervenciones permitidas por la Regla CC-2011-0862 26

21.5.” J. A. Cuevas Segarra, op. cit. a la pág. 809.

Conforme a lo provisto en dicha norma procesal, el

interesado deberá presentar una moción a tales efectos,

“la cual se resolverá ofreciendo a las partes la

oportunidad de una vista para expresarse sobre la

solicitud…”. Regla 21.6. En la eventualidad de que el

tribunal acceda a la petición, vendrá obligado el

interventor tercerista, previo a recuperar la posesión de

dicha propiedad, a prestar una fianza que cubra no

solamente el monto del embargo sino que, además, garantice

los derechos de la parte afectada.

Por su parte, la Regla 21.7 provee el mecanismo para

la disposición de los bienes embargados y recuperados

transitoriamente por el interventor, una vez ha concluido

el procedimiento para adjudicar el derecho reclamado por

éste. En la eventualidad de que el interventor, luego de

recuperar pendente lite la posesión de la propiedad

embargada, no pueda justificar su derecho sobre la misma,

vendrá obligado a devolverla al funcionario responsable

del embargo. Responderá, además, por cualquier deterioro

que haya sufrido dicha propiedad, así como cualquier otra

compensación que proceda. Sin embargo, de justificar su

derecho sobre la propiedad embargada, se cancelará la

fianza y la mantendrá en su posesión.

Aclarada la normativa relevante al derecho de

intervención dispuesto en la Regla 21.5, procedemos a

aplicarla a los hechos del caso. CC-2011-0862 27

En este recurso no existe controversia sobre la

trayectoria de los fondos embargados en virtud del mandato

judicial para hacer efectiva la Sentencia previamente

dictada a favor de los recurridos. De otra parte, si bien

es cierto que al momento del BBVAPR solicitar intervención

en el litigio el tribunal a quo ya había ordenado el

desembolso de los fondos, no es menos cierto que el dinero

permanecía aún bajo la custodia del tribunal. Tanto es

así, que el 28 de septiembre de 2011, transcurrido al

menos una semana desde que las solicitudes de

reconsideración y de intervención fuesen sometidas, el TPI

ordenó la transferencia de los fondos consignados por el

Departamento del Trabajo de la cuenta de la Secretaría

Regional a la cuenta del Alguacil Regional. De hecho, no

fue sino hasta dos (2) días más tarde, es decir, el 30 de

septiembre de 2011, que el Alguacil Regional finalmente

expidió los cheques a nombre de los recurridos.

La intervención solicitada conforme la Regla 21.5, al

igual que el procedimiento de tercería, van dirigidos ya

sea a levantar un embargo trabado por una orden judicial o

a detener la ejecución de una sentencia a base de los

derechos reclamados por el interventor sobre la propiedad

afectada. Resulta axiomático, por lo tanto, que dicha

regla es de aplicación, inclusive en casos donde se haya

dictado sentencia en el pleito y en el que se pretende

intervenir. CC-2011-0862 28

Conforme al claro mandato de la Regla 21.5, una vez

presentado prima facie un alegado derecho sobre la

propiedad embargada, el TPI no tiene discreción para

rechazar una intervención de un tercero que alega tal

interés. En este caso, el BBVAPR reclamó un derecho

prioritario sobre las rentas consignadas por el

Departamento del Trabajo, a la vez que le solicitó al

tribunal que dilucidara la controversia suscitada sobre a

cuál de las partes concernidas correspondía el dinero.

Quiere esto decir que, en ese preciso instante, como

asunto de estricto derecho procesal, la intervención del

BBVAPR resultaba mandatoria. Por consiguiente, los

méritos de la reclamación interpuesta por el peticionario

frente a las objeciones presentadas por los recurridos

quedaban para ulteriores procedimientos.

La solicitud de intervención en este caso hizo

alusión específica al contrato de cesión de rentas

celebrado entre el peticionario y 577HQ, lo que

preliminarmente resultaba suficiente para propósitos de la

Regla 21.5. Si el derecho reclamado por el BBVAPR era o

no válido, o si en efecto, tenía prioridad sobre el de la

parte embargante, quedaba para dilucidarse en otro

momento. No podemos perder de vista que es esa

precisamente la razón de ser de la Regla 21.5. Constituye

un vehículo procesal creado concretamente para ventilar

controversias donde se pone en juego la titularidad o CC-2011-0862 29

mejor derecho sobre una propiedad embargada o en vías de

ejecución.

Resolvemos, por tanto, que como cuestión de derecho y

conforme lo provisto en la Regla 21.5, el BBVAPR tenía la

opción de intervenir en el caso instado por los recurridos

en contra de 577HQ.

V

ACADEMICIDAD

Igualmente, coincidimos con la posición del

peticionario a los efectos de que, al momento en que éste

solicitó intervención en el caso de cobro de dinero de los

recurridos, su petición no resultaba académica.

La jurisdicción de los tribunales se encuentra

circunscrita a casos justiciables. Es decir, está ceñida

a aquellas situaciones en que estén presentes

controversias reales y vivas susceptibles de adjudicación

por el tribunal y donde éste imparta un remedio que

repercuta en la relación jurídica de las partes ante sí.

Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 D.P.R. 969, 982-

983 (2011); Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180

D.P.R. 920, 931 (2011); U.P.R. v. Laborde Torres y otros

I, 180 D.P.R. 253, 279-280 (2010); Lozada Tirado v.

Testigos Jehová, 177 D.P.R. 893, 907-908 (2010). Entre

las doctrinas que han emergido dentro de los lindes de

justiciabilidad se encuentra la de academicidad. Torres

Santiago v. Depto. Justicia, supra; Lozada Tirado v.

Testigos Jehová, supra, a la pág. 908. CC-2011-0862 30

Un caso se torna académico cuando ocurren cambios en

su trámite, ya sea en los hechos o en el derecho, que

convierten la controversia en una inexistente, de manera

tal que el dictamen que tuviera a bien emitir el tribunal

no tendría efecto práctico sobre las partes. Torres

Santiago v. Depto. Justicia, supra; Asoc. Fotoperiodistas

v. Rivera Schatz, supra, a la pág. 932; U.P.R. v. Laborde

Torres y otros I, supra, a la pág. 280; Lozada Tirado v.

Testigos Jehová, supra, a la pág. 908.

No obstante, se han reconocido ciertas excepciones a

la doctrina de academicidad que permiten la intervención

judicial aun cuando el asunto planteado aparenta haberse

tornado académico. Así pues, se autoriza a los tribunales

a entender en aquellos casos en los cuales se plantea una

cuestión recurrente, o susceptible de repetición, y capaz

de evadir la revisión judicial; cuando el demandado ha

modificado la situación de hechos, pero el cambio no

aparenta ser permanente, y cuando algunos aspectos de la

controversia se han tornado académicos, pero persisten

importantes efectos colaterales. Torres Santiago v.

Depto. Justicia, supra; Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera

Schatz, supra, a la pág. 933; U.P.R. v. Laborde Torres y

otros I, supra, a la pág. 281; Lozada Tirado v. Testigos

Jehová, supra, a la pág. 908.

Diferimos de la determinación del TPI, que luego

fuera avalada por el TA, a los efectos de que la solicitud CC-2011-0862 31

de intervención de la parte peticionaria no procedía por

ser académica.

La controversia planteada por el BBVAPR a través de

su solicitud de intervención de 20 de septiembre de 2011,

giraba en torno a su alegado derecho prioritario sobre las

rentas consignadas por el Departamento del Trabajo en

respuesta al Mandamiento de Embargo. Según expusimos

anteriormente, para esa fecha el foro primario aún tenía

custodia y control sobre estos fondos. Notamos que, como

parte de los procesos judiciales, este dato era de fácil

constatación por parte del tribunal al momento de

considerar la solicitud del BBVAPR. De hecho, el 28 de

septiembre de 2011 el TPI decretó la transferencia de los

fondos a la cuenta del Alguacil Regional y los fondos no

fueron desembolsados hasta el 30 de septiembre de 2011.

No cabe duda de que los planteamientos sometidos a

través de la fallida intervención del BBVAPR denotaban

por el tribunal. Conforme a la reclamación aducida,

quedaba por resolver a cuál de los adversarios en el

debate sobre los fondos le correspondía recibir las rentas

pagadas y consignadas por el Departamento del Trabajo. De

igual forma, es lógico pensar, como en efecto ocurrió, que

continuarían surgiendo los embargos promovidos por los

recurridos hasta satisfacer la totalidad de la deuda por

Sentencia a su favor, que sobrepasaba los dos millones de CC-2011-0862 32

dólares ($2,000,000.00). Ciertamente, la controversia era

capaz de repetición ante el TPI.

Resolvemos, por tanto, que incidieron ambos foros al

coincidir en que la causa de acción vertida en la

solicitud de intervención sometida por el BBVAPR era

académica.

VI

REGLA 52.1 — CERTIORARI

Pasamos ahora a considerar si la Resolución del TA,

la cual confirmó el dictamen del TPI, y advirtió que el

asunto planteado en el recurso instado por el BBVAPR no

tenía cabida bajo ninguno de los incisos de la Regla 52.1

de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1

(Supl. 2011) (Regla 52.1), ni bajo las disposiciones de la

Regla 40 de su Reglamento, supra, resulta acertada.

Según aprobada en el año 2009, la Regla 52.1 alteró

sustancialmente el enfoque prácticamente irrestricto

característico de la revisión interlocutoria de las

órdenes y resoluciones emitidas por el TPI hasta entonces

vigente, dando paso a uno mucho más limitado. De esta

manera, se pretendió atender los inconvenientes asociados

con la dilación que el antiguo esquema ocasionaba en los

procedimientos, así como la incertidumbre que se suscitaba

entre las partes del litigio. Se entendió que, en su

mayor parte, las determinaciones interlocutorias podían

esperar hasta la conclusión final del caso para ser

revisadas en apelación, conjuntamente con la sentencia CC-2011-0862 33

dictada en el pleito. De igual forma, con el propósito de

acelerar el trámite ante el foro apelativo intermedio, a

través de la nueva regla se preceptuó que en los casos en

que se denegase la expedición del recurso de certiorari no

sería necesario que el tribunal expusiera sus razones para

tal determinación. Véase Rivera Figueroa v. Joe’s

European Shop, 2011 T.S.P.R. 179, 182 D.P.R. ___ (2011).

La Regla 52.1 fijó de manera taxativa los asuntos

aptos para revisión interlocutoria por el TA mediante el

recurso de certiorari. No obstante, al año siguiente a su

aprobación, fue necesario expandir la potestad conferida a

dicho foro para abordar también situaciones no previstas

en la versión original de la regla, pero que ameritaban la

intervención adelantada del foro revisor, ya fuese por su

naturaleza o el efecto producido a las partes.

Cónsono con lo anterior, se aprobó la Ley 177-2010

mediante la cual se adicionaron dos (2) nuevos preceptos a

las categorías inicialmente dispuestas para revisión bajo

la Regla 52.1. Así pues, se extendió la facultad de

presentar recursos de certiorari para revisar también

aquellas órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas

por el TPI que involucren asuntos de interés público o que

presenten situaciones que demanden la atención inmediata

del foro revisor, pues aguardar hasta la conclusión final

del caso conllevaría un “fracaso irremediable de la

justicia”. CC-2011-0862 34

En lo pertinente al recurso de autos, la Regla 52.1

hoy vigente, en su parte pertinente, dispone lo siguiente:

….

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57… o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión.

(Énfasis nuestro).

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía

revisar las determinaciones de un tribunal inferior.

Pueblo v. Díaz de León, 176 D.P.R. 913, 917 (2009); García

v. Padró, 165 D.P.R. 324, 334 (2005).

La característica distintiva de este recurso se

asienta en la discreción encomendada al tribunal revisor

para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. El

concepto discreción necesariamente implica la facultad de

elegir entre diversas opciones. “Sin embargo, en el CC-2011-0862 35

ámbito judicial, la discreción no debe hacer abstracción

del resto del Derecho…. Es decir, discreción es una forma

de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para

llegar a una condición justiciera.” Pueblo v. Rivera

Santiago, 176 D.P.R. 559, 580 (2009) (énfasis en el

original y citas omitidas); Torres Martínez v. Torres

Ghigliotty, 175 D.P.R. 83, 98 (2008); García v. Padró,

supra, a las págs. 334-335.

Cabe señalar, no obstante, que la discreción judicial

“no se da en un vacío ni en ausencia de otros parámetros”.

Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra. En el caso

particular del TA, sus oficios se encuentran enmarcados

dentro de los criterios esbozados en la Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, los cuales

pautan para la expedición del auto de certiorari. Así

pues, para poder ejercer sabiamente su facultad

discrecional en la consideración de los asuntos planteados

mediante dicho recurso, el precepto antes mencionado

dispone lo siguiente:

El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden de mostrar causa:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el análisis del problema. CC-2011-0862 36

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la más propicia para su consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita un fracaso de la justicia.

La Regla 40, supra, adquiere mayor relevancia en

situaciones como la presente en que, de ordinario, no

están disponibles métodos alternos para asegurar la

revisión de la determinación cuestionada. Las

resoluciones atinentes a asuntos postsentencia no se

encuentran comprendidas entre aquellas determinaciones de

naturaleza interlocutoria categóricamente sujetas a

escrutinio mediante el recurso de certiorari. De otra

parte, por emitirse este tipo de decisión luego de dictada

la sentencia, usualmente tampoco cualifica para el recurso

de apelación provisto para dictámenes judiciales finales.

Se corre el riesgo, por lo tanto, de que fallos erróneos

nunca se vean sujetos a examen judicial simplemente porque CC-2011-0862 37

ocurren en una etapa tardía en el proceso, tal como lo es

la ejecución de sentencia.

Es por ello que venía obligado el TA a atender con

rigurosidad la denegatoria del TPI de la solicitud de

intervención del BBVAPR para, de este modo, procurar

evitar un fracaso de la justicia.15 A estos efectos

notamos que en este caso en particular, a pesar de contar

con el derecho de intervención a su favor, a la parte

peticionaria se le cerraron las puertas del tribunal sin

brindarle la oportunidad de presentar evidencia a favor de

su alegado derecho preferente sobre las rentas en

cuestión.

De otra parte, según explicamos anteriormente, aunque

se había ordenado el desembolso de los fondos con

anterioridad a la solicitud de intervención, no por ello

había perdido el foro primario su facultad para resolver

la cuestión planteada por el peticionario.

Por último, cabe notar que, tal como ocurrió en este

caso, la situación de aquéllos que intervienen en un

litigio apoyados en el derecho contemplado en la Regla

21.5 se agrava puesto que, al no ser parte del pleito

original, no existe un mecanismo concreto para notificarle

de los embargos o de la consignación de fondos. Así pues,

a menos que se le permitiese plantear su posición

formalmente en los procesos judiciales, podría perpetuarse

15 Véase la Regla 40 (G) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40 (G) (Supl. 2011). CC-2011-0862 38

lo sucedido a nivel de instancia sin que el BBVAPR pudiese

lograr que el TPI dilucidara su reclamación.

Resolvemos, por tanto, que el tribunal apelativo

intermedio no cumplió con su cometido de sopesar el efecto

que tendría el éste negarse a revisar la resolución

impugnada, conforme a lo dispuesto tanto en nuestro

ordenamiento procesal como en la reglamentación aplicable.

Ciertamente, el no expedir el auto de certiorari bajo las

circunstancias presentes en este caso, resultó en un

fracaso de la justicia. Se le impidió al peticionario

toda oportunidad de revisión de la determinación recurrida

y de ventilar sus derechos sobre los dineros embargados.

VII

Decretamos, por tanto, que erró el TA al negarse a

expedir el recurso de certiorari solicitado y, de este

modo, validar la denegatoria de intervención según fuese

sometida por el peticionario ante el TPI conforme la Regla

21.5.

Corresponde en primera instancia al TPI pasar juicio

sobre el alcance del contrato entre el BBVAPR y 577HQ, así

como determinar la jerarquía que corresponde a los

derechos allí acordados, frente a los derechos de los

recurridos en calidad de acreedores por sentencia.

A base de lo antes expuesto, se expide el auto de

certiorari según solicitado. Se revoca la Resolución del

TA con fecha del 21 de octubre de 2011 y se devuelve el

caso al TPI para que se autorice la intervención del CC-2011-0862 39

BBVAPR y oportunamente resuelva las controversias

atinentes a quién tiene derecho prioritario sobre los

dineros embargados en cobro de la sentencia emitida a

favor de los recurridos.

Se dictará Sentencia de conformidad.

ROBERTO FELIBERTI CINTRÓN Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente Sentencia, decretamos que erró el Tribunal de Apelaciones (TA) al negarse a expedir el recurso de certiorari solicitado y, de este modo, validar la denegatoria de intervención según fuese sometida por el peticionario ante el Tribunal de Primera Instancia (TPI) conforme la Regla 21.5 de Procedimiento Civil de 2009.

Corresponde en primera instancia al TPI pasar juicio sobre el alcance del contrato entre el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Puerto Rico (BBVAPR) y 577 Headquarters, Corp., así como determinar la jerarquía que corresponde a los derechos allí acordados, frente a los derechos de los recurridos en calidad de acreedores por sentencia.

A base de lo antes expuesto, se expide el auto de certiorari según solicitado. Se revoca la Resolución del TA con fecha del 21 de octubre de 2011 y se devuelve el caso al TPI para que se autorice la intervención del BBVAPR y oportunamente resuelva las controversias CC-2011-0862 41

atinentes a quién tiene derecho prioritario sobre los dineros embargados en cobro de la sentencia emitida a favor de los recurridos.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Fiol Matta y la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez concurren sin opinión escrita.

Larissa Ortiz Modestti Secretaria del Tribunal Supremo, Interina