Hermandad Independiente De Empleados Telefónicos v. Celulares Telefónica, Inc.

2006 TSPR 144

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: September 18, 2006
• Docket: CC-2004-0667
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Hermandad Independiente de Empleados Telefónicos

Peticionario Certiorari

v. 2006 TSPR 144

Celulares Telefónica, Inc. 169 DPR ____

Recurrida

Número del Caso: CC-2004-667

Fecha: 18 de septiembre de 2006

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan-Panel III

Juez Ponente:

Hon. Antonio J. Negroni Cintrón

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Alejandro Torres Rivera

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Carlos A. Padilla Vélez

Abogada Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos:

Lcda. Celina Romany

Materia: Arbitraje

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Peticionario CC-2004-667 v.

Celulares Telefónica, Inc.

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 18 de septiembre de 2006

La peticionaria, Hermandad Independiente de

Empleados Telefónicos (la “HIETEL”), nos solicitó la

revisión de una sentencia emitida por el Tribunal de

Apelaciones que confirmó una sentencia del Tribunal

de Primera Instancia. En la sentencia de instancia

se modificó un laudo de arbitraje emitido por un

árbitro del Negociado de Conciliación y Arbitraje del

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Allí se

dispuso que, aun cuando procedía confirmar que el

despido del empleado de Celulares Telefónica, Inc.

había sido injustificado, éste sólo tenía derecho al

remedio dispuesto por la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de CC-2004-667 2

1976 (la “Ley Núm. 80”), Ley de Despido Injustificado, y no

tenía derecho a la reposición en el empleo y paga

retroactiva, como había dispuesto el árbitro.

I

Los hechos en este caso no están en controversia por

lo que no hay que relatar los mismos en gran detalle.

Baste señalar que la compañía Celulares Telefónica despidió

a uno de sus empleados, el señor Nelson Maldonado, por

alegadamente haber violentado sendas disposiciones del

Reglamento de Disciplina de la compañía. Éste presentó una

querella en contra de su patrono y el caso fue

eventualmente sometido a arbitraje. Oportunamente el

árbitro emitió el correspondiente laudo. En el mismo,

concluyó que el despido del Sr. Maldonado no estuvo

justificado por lo que ordenó su reposición inmediata y el

pago de los haberes dejados de recibir desde la fecha de su

despido.

Inconforme con el laudo de arbitraje, el 21 de

noviembre de 2001, Celulares Telefónica presentó petición

de revisión de laudo ante el Tribunal de Primera Instancia

alegando que erró el árbitro al determinar que el despido

del Sr. Maldonado no estuvo justificado. Arguyó también

que de ser injustificado el despido, el remedio no podía

ser la reposición en el puesto que ocupaba y el pago de los CC-2004-667 3

haberes dejados de percibir por ser contrario a lo

dispuesto en la Ley de Despido Injustificado.

Trabada así la controversia, el 21 de octubre de 2003,

el Tribunal de Primera Instancia emitió sentencia en la que

modificó el laudo emitido para eliminar la parte del mismo

que ordenaba la reposición del empleado y los haberes

dejados de recibir. El foro de instancia concluyó que ante

un despido injustificado, el Sr. Maldonado sólo tenía

derecho al remedio dispuesto por la Ley de Despido

Injustificado debido a que el laudo debía ser emitido

conforme a derecho. Dicha sentencia fue notificada y

archivada en autos el 30 de octubre de 2003.

Ante esta determinación, el 2 de diciembre de 2003, la

HIETEL presentó un recurso ante el Tribunal de Apelaciones.

Alegó, en esencia, que erró el tribunal de instancia al

revocar parcialmente el laudo emitido eliminando la

determinación que ordenaba la reposición y paga retroactiva

del Sr. Maldonado, y sustituir dicho remedio por aquel que

confería la Ley Núm. 80. Atendido el recurso de

Certiorari, el 28 de mayo de 2004, el Tribunal de

Apelaciones emitió sentencia confirmando el dictamen del

foro de instancia. Concluyó que tratándose de un convenio

colectivo que disponía que las controversias sometidas a CC-2004-667 4

arbitraje tenían que ser resueltas conforme a derecho, el

único remedio era la mesada que concedía la Ley Núm. 80.

El tribunal sostuvo que el convenio colectivo suscrito no

le confería poder al árbitro para conceder un remedio más

amplio que el de la Ley Núm. 80.

Oportunamente, la HIETEL acudió ante nosotros. En su

recurso señaló el siguiente error:

Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al negarse a reconocer la facultad del Árbitro de otorgar los remedios de reposición y paga de los haberes dejados de devengar por el empleado Nelson Maldonado desde la fecha de su despido a pesar de que este tipo de remedio está explícitamente contemplado en el Convenio Colectivo en varias de sus disposiciones y no existe como tal una prohibición expresa por las partes contra el mismo.

Expedimos. Posteriormente, el Secretario del Trabajo

y Recursos Humanos solicitó comparecer como amigo de la

corte, solicitud a la que accedimos. El 23 de febrero de

2006 dictamos una sentencia desestimando el recurso por

falta de jurisdicción. Luego de una oportuna moción de la

HIETEL acordamos reconsiderar y dejamos sin efecto la

sentencia dictada. Pasamos ahora a resolver.

Evaluado los planteamientos de las partes, así como la

posición del Secretario del Trabajo y Recursos Humanos, se

dicta sentencia revocando la sentencia emitida por el

Tribunal de Apelaciones y se ordena la reposición del señor CC-2004-667 5

Nelson Maldonado a su puesto en Celulares Telefónica con el

pago de los haberes dejados de devengar.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora

Rodríguez Rodríguez emitió una Opinión de conformidad a la

cual se le unen el Juez Presidente señor Hernández Denton y

el Juez Asociado señor Fuster Berlingeri. El Juez Asociado

señor Rebollo López emitió una Opinión de conformidad a la

cual se le une la Jueza Asociada señora Fiol Matta. El

Juez Asociado señor Rivera Pérez disiente sin opinión

escrita.

Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Hermandad Independiente de Empleados Telefónicos (HIETEL)

Peticionario

vs. CC-2004-667 CERTIORARI

Recurridos

OPINIÓN DE CONFORMIDAD EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LÓPEZ, A LA CUAL SE UNE LA JUEZ ASOCIADA SEÑORA FIOL MATTA

Estamos conformes con el resultado al que se

llega en la Sentencia que el Tribunal emite en el

presente caso en el día de hoy. Hemos decido

expresarnos por separado, sin embargo, en vista de

los señalamientos y fundamentos --a nuestro juicio,

erróneos-- que tres de los integrantes del Tribunal

han tenido a bien hacer en el caso.1

La amplia facultad de los árbitros para

conceder remedios es un principio reconocido en

1 Opinión de Conformidad de la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez, a la cual unen el Juez Presidente señor Hernández Denton y el Juez Asociado señor Fuster Berlingeri. CC-2004-667 2

el campo del derecho laboral desde hace más de 40 años.

Lamentablemente, en el día de hoy tres integrantes de este

Tribunal pretenden limitar dicha facultad, eje y centro del

arbitraje obrero patronal, apoyándose en una interpretación

errónea de la jurisprudencia, y obviando que en el presente

caso el acuerdo de sumisión sometido al árbitro

expresamente disponía que éste proveyera el “remedio

adecuado”.

Al hacer su determinación en el presente caso, estos

distinguidos magistrados parten del razonamiento errado que

si un convenio colectivo o un acuerdo desumisión disponen

que el laudo que emita un árbitro debe ser uno conforme a

derecho, esto constituye una limitación en cuanto a los

poderes remediales del árbitro. Como consecuencia de esta

premisa equivocada, dichos Magistrados arriban al resultado

erróneo de que la frase “conforme a derecho” implica que un

árbitro, ante un caso de despido injustificado, está

limitado a conceder el remedio que contempla la Ley Núm. 80

del 30 de mayo de 1976, 29 L.P.R.A. § 185 et seq., conocida

como Ley de Despido Injustificado. Nada más lejos de la

realidad.

Para establecer lo erróneo de esta conclusión, tan

solo tenemos que examinar las normas establecidas por este

Tribunal y por los tribunales federales en cuanto al

arbitraje obrero patronal, los acuerdos de sumisión, y la

interpretación de convenios colectivos. Veamos. CC-2004-667 3

II

La relación de los hechos del caso que se hace es una

adecuada. Por dicha razón, y con el propósito de no cansar

al lector, adoptamos la misma. Nos dedicamos a analizar la

controversia en el presente caso. La misma, puesta en su

justa perspectiva es si, en un caso de despido

injustificado, en el cual las partes someten una sumisión

en la que se le solicita al árbitro que provea el “remedio

adecuado” en caso en que determine si, en efecto, el

despido del empleado fue injustificado: ¿puede el árbitro

conceder como remedio la reposición con paga atrasada o

está limitado a otorgar la mesada que reconoce la Ley 80?2

A

Cuando en un convenio colectivo existe un acuerdo

voluntario para utilizar el arbitraje como mecanismo de

ajuste de controversias ello crea un foro sustituto a los

tribunales de justicia. “En efecto, ello representa una

sustitución del juez por el árbitro.” Condado Plaza Hotel

v. Asociación de Empleados, 149 D.P.R. 347, 352 (1999). En

igual sentido, el profesor Demetrio Fernández Quiñones, en

su obra El Arbitraje Obrero-Patronal, Forum, Primera

2 La Mayoría configuró la controversia en los siguientes términos: si se excede en sus facultades el árbitro al momento de emitir un laudo que debe ser conforme a derecho al conceder como remedio la reposición y paga retroactiva del empleado despedido, alejándose del remedio exclusivo de la mesada que confiere la Ley de Despido Injustificado. CC-2004-667 4

Edición, 2000, pág. 21, expresa que el arbitraje laboral es

un sustituto del litigio judicial. Por ello, las partes

están compelidas, por su propio acuerdo, a aceptar la

decisión del árbitro como final y obligatoria. Ibid.

La referida autoridad del árbitro para entender en un

procedimiento de arbitraje emana del acuerdo de sumisión y

del convenio colectivo existente entre patrono y unión.

Véase: J.R.T. v. Otis Elevator Co., 105 D.P.R. 195 (1976);

Colón Molinary v. A.A.A., 103 D.P.R. 143, 148-149 (1974);

J.R.T. v. N.Y. & P.R. S/S Co., 69 D.P.R. 782 (1949).

Ahora bien, una de las características fundamentales

del procedimiento de arbitraje obrero-patronal es, como ya

hemos indicado, la facultad de los árbitros de conceder

remedios. En lo referente a esta facultad remedial del

árbitro, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha

establecido que cuando las partes acuerdan someter al

árbitro cuestiones de aplicación e interpretación del

convenio colectivo, éste tiene amplia autoridad para

conceder remedios siempre y cuando no se le haya limitado

la misma en el convenio o en el acuerdo de sumisión. Véase:

Steelworkers v. Enterprise Wheel & Car Corp., 363 U.S. 593

(1960).

En igual sentido, en el caso de Sonic Knitting

Industries, Inc. v. International Ladies Garment, etc., 106

D.P.R. 587 (1978)3, este Tribunal expresó que cuando una

3 Resuelto por este Tribunal mediante una Sentencia. CC-2004-667 5

controversia delimitada se somete a un árbitro éste debe

tener considerable latitud en confeccionar el laudo.4 “No

es razonable que un árbitro tenga poder para entender en

una controversia entre patrono y unión sin tener autoridad

para imponer el remedio que creyera propicio de acuerdo al

laudo emitido.” Ibid, a la pág. 564. (Énfasis nuestro)

(citas omitidas).

Este poder para la concesión de un remedio, ya sea el

cumplimiento específico, injunctions o daños, debe surgir

de la sumisión o del convenio. Fleming, Arbitrators and the

Remedy Power, 48 Va. L. Rev. 1199 (1962). No debe haber

duda sobre el hecho de que los árbitros están facultados

para disponer remedios que sean consustanciales y afines a

los propósitos de la ley y el convenio.5 Dicho de otra

forma, al estar delimitados los poderes del árbitro por el

convenio colectivo y el acuerdo de sumisión, el remedio que

el árbitro otorgue tendrá que ser consustancial con los

mismos.

4 En ese caso, el mandato expreso del árbitro fue solamente determinar si había ocurrido un incumplimiento de contrato. No se hizo ninguna mención expresa para la formulación de un remedio. 5 En S.I.U. de P.R. v. Otis Elevador Co., ante, a la pág. 841, se reafirmó la autoridad de los árbitros de variar sanciones disciplinarias si consideraba que las mismas eran muy severas o drásticas. Lo mismo se dispuso en J.R.T. v. N.Y. & P.R. Steamship, Co., ante, en cuanto a que en ausencia de una disposición expresa en contrario en el convenio colectivo o en el acuerdo de sumisión el árbitro puede determinar que una pena es demasiado drástica y modificarla. CC-2004-667 6

Vemos que, como regla general, el árbitro tiene amplia

autoridad para otorgar remedios, pues es él quien está

llamado a interpretar el convenio colectivo. Véase: Condado

Plaza Hotel v. Asociación de Empleados, ante.

Es por esta razón que, en ausencia de lenguaje

claramente restrictivo, ya sea dentro del convenio o dentro

de la sumisión, se debe conceder al árbitro gran latitud en

la confección de un remedio apropiado. Lodge #12, District

#37, International Ass’n of Machinists v. Cameron Iron

Works, Inc., 292 F.2d 112, 119 (5th Cir.); College Hall

Fashions Inc. v. Phil. Joint Board, Amalgamated Clothing

Workers of America, 408 F.Supp. 722, 728 (E.D. Pa. 1976);

Texas Gas Transmission Corp. v. Int’l Chemical Workers, 200

F.Supp. 521, en reconsideración, 527 (S.D. N.Y. 1959),

Stutz, Arbitrators and the Remedy Power, Labor Arbitration

and Industrial Change, National Academy of Arbitrators,

Proceedings 16th Annual Meeting, (1963), pág. 54.

Además, hemos expresado que los tribunales no deben

sustituir el criterio del árbitro, aun bajo la hipótesis

que hubiesen provisto un remedio distinto de haberse

sometido la controversia al foro judicial. S.I.U. de P.R.

v. Otis Elevador Co., ante. La interpretación del convenio

colectivo es una cuestión que le compete exclusivamente al

árbitro y no a las cortes. Steelworkers v. Enterprise Wheel

& Car Corp., ante.

Por consiguiente, cuando las partes autorizan a un

árbitro a interpretar el convenio colectivo sin ninguna CC-2004-667 7

limitación expresa, los tribunales actuarán con deferencia

respecto al remedio que éste haya concedido siempre y

cuando el árbitro haya aplicado e interpretado el convenio

colectivo entre las partes y haya actuado dentro del marco

de esta autoridad, aunque el tribunal entienda que se haya

cometido un error. Véase: Paperworkers v. Misco, 484 U.S.

29, 38 (l987).

B

Tal y como hemos señalado, la tendencia moderna en el

Derecho laboral es la de concederle amplia autoridad al

árbitro para diseñar un remedio adecuado a su laudo. S.I.U.

de P.R. v. Otis Elevator Co., ante; Steelworkers v.

Enterprise Corp., 363 U.S. 593, 597 (1960); F. Elkouri y E.

Elkouri, How Arbitration Works, 3ra ed. Washington, The

Bureau of National Affairs, Inc., 1973, pág. 351.

La facultad remedial del árbitro cobra especial

importancia en casos en que se alega un despido

injustificado en violación de un convenio colectivo. En

estos casos, el remedio que configure el árbitro responde

al alegado incumplimiento del patrono con el convenio

colectivo.

Sobre lo que constituye el “remedio adecuado” en

casos de despido injustificado los tratadistas Marvin

Hill Jr. y Anthony V. Sinicropi en Remedies in

Arbitration a las páginas 42-43 y 54-55 señalan: CC-2004-667 8

“An order of reinstatement should be expected to be issued where a discharge is held not to be for just cause… [I]t is clear that no rule of law limits an arbitrator from ordering the reinstatement of an employee who has been discharged without good cause.” Págs. 42-43

“In the area of labor relations it is uniformly recognized that the purpose of a back-pay award is to indemnify the employee by making him whole for loss of earnings incurred by reason of the employer’s contract violation. This loss of earnings is generally measured by the wages that he would have earned during the period they were denied. pág. 54. (Énfasis nuestro).

“There is no genuine issue concerning the power of an arbitrator to make a monetary award of back pay. Even where this power is not expressly provided for in the collective bargaining agreement, or expressly requested in the parties written submission to the arbitrator, arbitrators have held that the power to decide the disciplinary issue includes the power to formulate an appropriate remedy including, but not limited to, back pay”. pág. 55. (Énfasis nuestro).

De igual forma, los tratadistas Elkouri and Elkouri,

op cit. pág. 688, señalan que si una pena de despido

impuesta por el patrono es revocada por el árbitro, el

remedio muchas veces será la reinstalación, con o sin paga

atrasada.

Según el profesor Demetrio Fernández Quiñones, “[s]i

el árbitro determina que el patrono carecía de justa causa

para el despido, procederá a diseñar el remedio adecuado.”

op. cit. pág. 221. Y añade que es norma más que reiterada

que la reinstalación del empleado ha sido el remedio común

y más usado por los árbitros en los casos de arbitraje

laboral por despido ilegal. Ibid. CC-2004-667 9

Ahora bien, y como vimos, la reinstalación del

empleado no es el único remedio adecuado en este tipo de

casos; el árbitro puede ordenar la paga atrasada. Ello con

el propósito de compensar al empleado en la pérdida de

salarios que ha incurrido como consecuencia de la violación

del convenio colectivo por el patrono; dicho de otra forma,

el propósito es restaurar el status quo económico.

Fernández Quiñones, op cit. pág. 222.

De particular relevancia al presente caso es la

decisión en el caso de Challenger Caribbean v. Unión

Gen. de Trabajadores, 903 F.2d 857 (1st Cir.1990). En

ese caso el Tribunal de Distrito Federal para el

Distrito de Puerto Rico, había anulado un laudo6 porque

entendía que el árbitro se había extralimitado en sus

poderes al ordenar la reinstalación y la paga atrasada

de los empleados, porque el único remedio al que tenían

derecho los empleados era la mesada de la Ley 80. El

Primer Circuito revocó esa decisión razonando que los

remedios de la Ley 80 eran diferentes a los del Convenio

Colectivo. Por lo tanto, como la alegación de la Unión

fue que el despido, aunque violaba la Ley 80 también

violaba el Convenio Colectivo, el Tribunal resolvió que

el laudo ordenando la reinstalación y el pago de haberes

dejados de percibir, emanaba del Convenio y era conforme

a derecho, por lo que fue confirmado.

6 En este caso el laudo tenía que ser conforme a derecho. CC-2004-667 10

El Primer Circuito expresó, además, en dicho caso

que:

An “arbitrator's award settling a dispute with respect to the interpretation and application of a labor agreement must draw its essence from the contract and cannot simply reflect the arbitrator's own notions of industrial justice.” Misco, 484 U.S. at 38, 108 S.Ct. at 368. When an award “manifest[s] an infidelity to this obligation, courts have no choice but to refuse enforcement of the award.” Enterprise Wheel & Car Corp., 363 U.S. at 597, 80 S.Ct. at 1361. p. 861

We do not sit as a court of appeal to hear claims of factual or legal error by an arbitrator or to consider the merits of the award. We cannot vacate the award because the arbitrator misreads the contract, where there is room to do so, nor are we authorized to reject his honest judgment as to the appropriate remedy, if the contract gives him authority to decide that question. ‘As long as the arbitrator is even arguably construing or applying the contract and acting within the scope of his authority, that a court is convinced he committed serious error does not suffice to overturn his decision.’ Ibid, pág. 861.

En específico, sobre la controversia en cuanto a si

el árbitro estaba facultado en conceder el remedio de la

reposición y paga atrasada, la Corte Federal de

Apelaciones para el Primer Circuito expresó que un

convenio colectivo podía ampliar, pero nunca disminuir,

los estándares mínimos prescritos en las leyes laborales

estatales, y que, a menos que el convenio o la sumisión

no lo limitaran, el árbitro poseía poderes amplios para

diseñar el remedio adecuado. Challenger Caribbean v.

Unión Gen. de Trabajadores, ante a la pág. 869. CC-2004-667 11

III

Por otro lado, es norma reiterada en nuestra

jurisdicción que la facultad de los tribunales para revisar

laudos es una limitada. Así, los motivos por los cuales un

laudo puede ser impugnado se reducen a: (1) fraude, (2)

conducta impropia, (3) falta de debido procedimiento en la

celebración de la vista, (4) violación de la política

pública, (5) falta de jurisdicción, y (6) que el laudo no

resuelva todas las cuestiones que se sometieron. J.R.T. v.

New York & Puerto Rico Steamship, Co., ante.

Como es sabido, la especial deferencia concedida a los

laudos que emiten los árbitros, la hemos concebido en los

siguientes términos: como norma general, los errores de

hecho cometidos por el árbitro en un laudo no serán

revisables por los tribunales. Es por esta razón que es

sólo a modo de excepción que los tribunales pueden

intervenir y revisar un laudo de arbitraje. En caso que no

estén presente ninguna de las circunstancias antes

mencionadas, un tribunal puede revisar un laudo si el

convenio o acuerdo de sumisión, según sea el caso, consigna

expresamente que el laudo sea resuelto conforme a derecho.7

7 La trayectoria de nuestras decisiones en materia de arbitraje obrero-patronal se caracteriza por una marcada deferencia hacia los laudos de arbitraje. En consonancia con este principio hemos reiterado que un laudo fundamentado en la sumisión voluntaria de las partes está sujeto a revisión judicial sólo si las partes convienen en que la controversia sometida al árbitro sea resuelta conforme a derecho. J.R.T. v. Corp. Crédito Agrícola, 124 D.P.R. 846 (1989); J.R.T. v. Hato Rey Psychiatric Hosp., CC-2004-667 12

Dicha revisión se hará con referencia al derecho aplicado.

S.I.U. de P.R. v. Otis Elevador Co., ante. En relación a

esto, también hemos expresado que cuando las partes pactan

que el laudo arbitral sea conforme a derecho, los

tribunales podrán corregir errores jurídicos en referencia

al derecho aplicable. Véase: Condado Plaza Hotel v.

Asociación de Empleados, ante.

Se desprende de lo anterior que cuando se requiera que

un laudo sea emitido conforme a derecho, el mismo puede ser

revisado bajo las normas de revisión judicial. Así, si el

convenio colectivo o el acuerdo de sumisión expresamente

disponen que el laudo debe ser emitido conforme a derecho,

los foros apelativos están facultados a revisar todas las

cuestiones de derecho sustantivo resueltas por el árbitro.

En ausencia de una fraseología en ese sentido --esto

es, que el laudo tenga que ser emitido conforme a derecho--

el árbitro podrá determinar cuál es la ley, sin que los

tribunales puedan intervenir en la decisión del árbitro.

Así lo admite la Mayoría al expresar que: “[l]a exigencia

que el laudo sea conforme a derecho coloca a éste fuera

del ámbito de las reglas ordinarias de la revisión

judicial; es decir, aquellas que afirman su finalidad no

119 D.P.R. 62 (1987); U.I.L. de Ponce v. Dest. Serrallés, Inc., 116 D.P.R. 348 (1985); J.R.T. v. National Packing Co., 112 D.P.R. 162 (1982); J.R.T. v. Securitas, Inc., 111 D.P.R. 580 (1981); y otros. CC-2004-667 13

obstante los errores de hecho o de derecho”.8 Así también

lo establecen expresamente los casos citados por la

Mayoría.9

Por otro lado, la implicación a ser derivada de la

posición contraria, esto es, que un laudo sea emitido

conforme a derecho, es que al emitir un laudo el árbitro

no puede apartarse de las normas interpretativas de

derecho sustantivo y las doctrinas legales prevalecientes.

Sobre este aspecto, en el caso de Condado Plaza Hotel v.

Asociación de Empleados, ante, expresamos que al

interpretar un convenio, el árbitro no estaba limitado a

su contenido, sino que debía hacerlo a la luz de las

normas interpretativas de derecho sustantivo emitidas por

el Tribunal Supremo federal y el Tribunal Supremo de

Puerto Rico en el campo de derecho laboral. Cuando un

árbitro deba emitir un laudo conforme a derecho, esto

implica también que el laudo no puede apartarse de lo

dispuesto en el convenio colectivo que el árbitro está

interpretando, ni el acuerdo de sumisión, ya que de ambos

emana la facultad del árbitro para atender las

controversias obrero-patronales.

8 Citando a J.R.T. v. Vigilantes, Inc., 125 D.P.R. 581 (1990). 9 Estos son: J.R.T. v. New York & Puerto Rico Steamship, Co., ante; Condado Plaza Hotel v. Asoc. de Empleados de Casino, ante; Aut. Edif. Públicos v. Unión Independiente, 130 D.P.R. 983 (1992); J.R.T. v. Hato Rey Psychiatric Hospital, ante. CC-2004-667 14

En particular, y en lo relevante al presente caso,

cuando un árbitro tenga que emitir un laudo conforme a

derecho en aquellas situaciones que versen sobre la

existencia de justa causa para un despido, éste vendrá

obligado a aplicar las normas y doctrinas legales

prevalecientes en esta jurisdicción. “Ello implica que el

árbitro tendrá que recurrir a la Ley de Despido

Injustificado para obtener la definición sobre justa causa

que ha establecido el Tribunal Supremo. En ese tenor el

árbitro está subordinado al derecho sustantivo vigente”.

Fernández Quiñones, op. cit. pág. 217. Así, además si el

árbitro tiene que resolver conforme a derecho en un caso de

despido, está impedido de variar el castigo de despido

impuesto al empleado, si concluye que hubo justa causa.

Ibid, pág. 221.

De lo expresado, y contrario a la posición de los tres

Jueces antes mencionados, se desprende con meridiana

claridad que la frase conforme a derecho nunca ha sido

interpretada por este Tribunal como una limitación a las

facultades remediales del árbitro. Todo lo contrario, nunca

hemos cuestionado la facultad que tienen los árbitros a

conceder la reposición y la paga retroactiva como remedio.

La única limitación en cuanto al remedio que diseñe un

árbitro, es que el mismo no viole el convenio colectivo o

el acuerdo de sumisión. CC-2004-667 15

IV

En este punto, es menester señalar que en su afán por

resolver que según el acuerdo de sumisión, el árbitro en el

presente caso estaba limitado a conceder el remedio de la

mesada, nuestros tres compañeros Jueces interpretan de

forma equivocada la decisión emitida por este Tribunal en

J.R.T. v. Securitas Inc., ante. En dicho caso se sometió a

arbitraje la cuestión de si el despido de un empleado

estuvo justificado o no. Específicamente se estableció en

el acuerdo de sumisión que “[d]e determinarse que fue

injustificado, el árbitro proveerá el remedio

correspondiente”. Ibid, a la pág. 581. Al resolver la

controversia ante sí, el árbitro entendió que el despido no

estuvo justificado y ordenó la reposición del empleado así

como el pago de los salarios dejados de percibir. El

patrono impugnó el referido laudo y alegó que el mismo era

nulo por ser contrario a derecho.

En primer lugar, este Tribunal rehusó intervenir con

la determinación del árbitro en cuanto a que el despido fue

injustificado y expresó que, como ni el convenio colectivo

ni el acuerdo de sumisión requerían que el árbitro

resolviese la cuestión sometida conforme a derecho, era

improcedente revisar supuestos errores de índole jurídica.

En segundo lugar, en este caso se planteó la

controversia de si el árbitro se había excedido de sus

funciones al ordenar la reposición del empleado despedido y

el pago de los salarios dejados de devengar en CC-2004-667 16

contradicción a la entonces vigente Ley Núm. 50 de 20 de

abril de 1949, la cual fue derogada por la Ley Núm. 80.10

Al examinar la Ley Núm. 80 y sus disposiciones referentes

al pago de la mesada, expresamos lo siguiente:

No discernimos disparidad entre la política del estatuto y el laudo emitido. No se nos ha demostrado que la intención legislativa haya sido fijar sanciones máximas exclusivas para casos de despido cuando media un convenio colectivo y un amplio acuerdo de sumisión sobre la justificación de la cesantía. ¿Cómo es que puede interpretarse que la legislación sobre la mesada ha obedecido por décadas al propósito de impedir que un árbitro, bajo un acuerdo de sumisión que no limite claramente sus poderes, ordene la reposición de un empleado y el pago de sus sueldos dejados de percibir, más intereses? En Puerto Rico, hemos distinguido tajantemente entre los derechos bajo un convenio colectivo y los derechos de mesada. (Énfasis nuestro).

Dichos magistrados indican que en el referido caso ya

se había “intimado” que cuando un laudo debía ser emitido

conforme a derecho el remedio debía atenerse a la mesada

por ser el único que contempla la Ley. Y añade que en ese

caso se resolvió que “un árbitro, en un caso de despido

injustificado, podía conceder un remedio distinto al

provisto en la Ley Núm. 80, si no se habían limitado sus

poderes a que el laudo fuera conforme a derecho”. Diferimos

de la interpretación que hace la Mayoría del referido caso.

Del texto antes citado surge claramente que en dicho

caso este Tribunal entendió que cuando en un acuerdo de

sumisión no se limitaban las facultades remediales del

10 La Ley Núm. 80 expandía los principios de la anterior Ley Núm. 50. J.R.T. v. Securitas, Inc., ante a la pág. 583. CC-2004-667 17

árbitro, estableciéndose un acuerdo de sumisión amplio en

cuanto al remedio, un árbitro estaba plenamente facultado a

conceder la reposición y paga retroactiva como remedio. Más

aún, este Tribunal expresó, específicamente, que al aprobar

la Ley Núm. 80, la Asamblea Legislativa no pretendió

limitar las sanciones que podía imponer un árbitro a lo

dispuesto en dicha Ley sobre la mesada para casos de

despido injustificado cuando mediaba un convenio colectivo

y un amplio acuerdo de sumisión.

A esos mismos efectos, en Wolf v. Neckwear Corp., 80

D.P.R. 537, 543 (1958), expresamos que:

Es en los convenios colectivos donde a menudo se concretan las causas justas de despido de los trabajadores. Casi siempre, en la práctica, los sindicatos y los patronos prefieren mantener una noción indeterminada y flexible de “justa causa” para el despido y someter a arbitraje cada caso específico en que haya discrepancia. Naturalmente, en dichos convenios colectivos de trabajo, la ausencia de causa justa da derecho a la reposición y al pago de los salarios dejados de devengar, y no se trata pues de una simple cuestión de mesada… (Énfasis nuestro)(citas omitidas).

Por otro lado, en Rivera v. Security Nat. Life Ins.

Co., 106 D.P.R. 517, 526 (1977), expresamos que:

De concluir la Junta que el patrono ha incurrido en una práctica ilícita al despedir a un trabajador por estar dedicado a actividades gremiales puede requerirle que cese en y desista de dicha práctica y ordenar su reposición, y abonándose o no la paga suspendida. (Énfasis suplido).

En consecuencia, no es correcta la conclusión de

nuestros distinguidos compañeros a los efectos de que, para CC-2004-667 18

dirimir cuál es el remedio que puede otorgar un árbitro en

un caso de despido injustificado --donde al acuerdo de

sumisión explícitamente le confirió la facultad al árbitro

de conceder el “remedio adecuado”-- la mesada es el único

remedio que puede conceder el árbitro en casos de despido

injustificado.

Otra consideración importante nos obliga a apartarnos

del razonamiento de estos Jueces. Si pensamos en todas las

posibles controversias a las que pueden enfrentarse los

árbitros --las cuales no siempre tendrán que ver con un

alegado despido injustificado-- tendríamos que concluir

que, limitar el remedio que puede conceder un árbitro a lo

que establece una ley en particular, es un absurdo. Ello

implicaría que, para cada situación particular que pueda

ser sometida a arbitraje, el árbitro estaría obligado a

buscar la ley específica que controle dicha situación.

Dicho ejercicio sería inútil ya que en el procedimiento de

arbitraje se atienden controversias tales como, i.e. sub-

contratación, traslados, antigüedad, vacaciones,

eliminación de plazas, etc., que quedarían en el limbo en

cuanto al aspecto remedial, porque muchas de dichas

controversias no están cubiertas por leyes especiales. Esto

inevitablemente equivaldría a eliminarle todo sentido

práctico a los convenios colectivos y al arbitraje obrero-

patronal. Es por esta razón que somos del criterio que la

frase “conforme a derecho” no puede interpretarse de la

forma que lo hacen nuestros compañeros Jueces. CC-2004-667 19

Tal y como se ha dispuesto por este Tribunal, cuando

un laudo tenga que ser emitido conforme a derecho, ello

implica dos cosas: la primera, que los foros judiciales

apelativos pueden intervenir con dicha decisión y revisar

cuestiones de derecho sustantivo. La segunda; que el

árbitro, al emitir el laudo, además de interpretar el

convenio colectivo a la luz del derecho laboral vigente,

tiene que ceñirse a interpretar el acuerdo de sumisión y el

convenio colectivo de modo que el remedio que diseñe sea

consustancial con ambos.

En consecuencia, la conclusión en este caso debe ser

clara. La limitación en cuanto a las facultades remediales

del árbitro no surge del hecho que un laudo tenga que ser

emitido conforme a derecho. La referida limitación tiene

que ser una que provenga específicamente del acuerdo de

sumisión o del convenio colectivo.11 Ni el convenio

colectivo, ni el acuerdo de sumisión del presente caso

contienen un lenguaje restrictivo de similar naturaleza.

Como resultado de lo anterior, cuando en una sumisión se le

da la facultad al árbitro de conceder el “remedio

adecuado”, este tiene plena facultad de conceder la

11 Ejemplo de ello sería un artículo en un convenio que exprese, en cuanto a los remedios que pueda conceder un árbitro en casos de despidos injustificados, que éste únicamente puede conceder el remedio de la mesada, conforme a la Ley Núm. 80, o que únicamente puede ordenar la reinstalación, sin paga retroactiva, etc. CC-2004-667 20

reposición y la paga retroactiva como dicho “remedio

adecuado”.12

VI

En el presente caso, como las partes no lograron

convenir el acuerdo de sumisión, el árbitro, según la

facultad que le otorga el Artículo IX del Reglamento para

el Orden Interno de los Servicios de Arbitraje del

Negociado, determinó cuál era el asunto a resolverse. En

cumplimiento con el referido Reglamento, al determinar el

asunto que se iba a someter a arbitraje, el árbitro tomó en

consideración el convenio colectivo, las contenciones de

las partes, y la evidencia admitida. Así quedó determinado

el asunto a resolverse:

“Determinar si la amonestación verbal y el despido del querellante, Nelson Maldonado, estuvieron justificados o no de conformidad con los hechos del caso, el Convenio Colectivo, y el derecho aplicable. De determinarse que no lo estuvieron el Árbitro proveerá el remedio adecuado.”

Luego de celebradas varias vistas, el árbitro emitió

su laudo en el cual hizo dos conclusiones: la primera; que

tanto la amonestación verbal como el despido de Maldonado

12 A modo de ejemplo, en el caso J.R.T. v. Caribbean Towers, Inc., 99 D.P.R. 595 (1971), el árbitro rindió un laudo en el que resolvió que el despido efectuado por el patrono no estuvo justificado y, como remedio, ordenó la reinstalación y el pago de los ingresos dejados de percibir por el empleado como consecuencia del despido. En ese caso, sostuvimos la validez del laudo y expresamos que el árbitro tenía facultad de resolver como lo hizo ya que no había en el acuerdo de sumisión ni en el convenio colectivo nada que impidiera al árbitro modificar la penalidad. CC-2004-667 21

no estuvieron justificados. La segunda, que el remedio

adecuado, según los hechos del caso ante su consideración,

era la reposición inmediata de Maldonado y el pago de los

haberes dejados de percibir desde la fecha de su despido.

No hay duda que el árbitro en el presente caso

resolvió la controversia que le fue sometida de acuerdo al

Acuerdo de Sumisión y al Convenio Colectivo suscrito por

las partes. Esto es, primero determinó que el despido de

Nelson Maldonado no estuvo justificado, y segundo --tal y

como le permitía el Acuerdo de Sumisión-- concedió el

remedio que estimó adecuado, el cual consistía en la

reinstalación y en la paga de los salarios dejados de

percibir desde el momento del despido hasta la

reinstalación. El hecho que se consignara que el árbitro

concediera el remedio adecuado significaba que el árbitro

tenía autoridad amplia para conceder el remedio que, a

discreción suya, considerara apropiado.

No hay controversia en el presente caso que el

Convenio Colectivo suscrito entre las partes dispone que la

decisión del árbitro será final e inapelable y que será

cumplido por las partes siempre que sea conforme a derecho.

Artículo 58 Sección 3(a). Además, es menester puntualizar

que el referido Convenio, en su Artículo 5, Sección 2(c),

señala que el árbitro tiene facultad para determinar si la

suspensión o despido de un empleado estuvo o no

justificado. Más adelante el mismo Artículo dispone para

casos en que el árbitro determine que el despido o CC-2004-667 22

suspensión del empleado no estuvo justificado y que éste

ordenase la reposición con los salarios dejados de

percibir. Así también, la Sección 2(d) del Artículo 5 y la

Sección 3 del Artículo 44 del referido Convenio contemplan

la posibilidad que un árbitro reponga al empleado en su

empleo y conceda el pago total de los salarios dejados de

percibir por éste.

Es por esto que, a pesar de sus erradas

aseveraciones, coincidimos con la interpretación integrada

del convenio colectivo hecha por los antes mencionados

Jueces en el presente caso –-del cual claramente se

desprendían la reposición y paga retroactiva como uno de

los remedios que un árbitro podía conceder-- y con la

expresión a los efectos que “[u]na lectura integral de las

cláusulas contractuales antes transcritas evidencia que

las partes reconocieron la facultad del árbitro para

ordenar un remedio más abarcador que el contemplado en la

Ley Núm. 80”. (Énfasis nuestro).13 No podemos estar más de

acuerdo con lo anterior. Este es precisamente el fin de

todo convenio colectivo, el proveer mayores beneficios a

los empleados unionados que las leyes aplicables, las que

usualmente proveen beneficios mínimos que, de ordinario,

son mejorados mediante la negociación colectiva.

13 Sin embargo, no podemos arribar a la misma conclusión de la Mayoría que el Acuerdo de Sumisión limitaba al árbitro a conceder el remedio de la Ley Núm. 80. CC-2004-667 23

Es claro entonces que el Convenio Colectivo y el

Acuerdo de Sumisión no limitaron el remedio que podía

conceder el árbitro al remedio de la mesada contemplado por

la Ley Núm. 80. Es más, el Convenio Colectivo no disponía

de forma específica qué remedio podía otorgar un árbitro en

caso en que entendiera que un despido no estuvo

justificado.14

Además, según señalamos, en virtud de nuestra

facultad limitada para revisar laudos de arbitraje, la

cual, en ausencia de los factores antes enumerados, se

justifica en casos que se consigne que el mismo se emitirá

conforme a derecho, nuestro deber en el presente caso era

determinar si, según el acuerdo de sumisión sometido al

árbitro y el convenio colectivo, el remedio otorgado por

el árbitro era uno procedente y contemplado por ambos.

Vimos que así fue. El referido laudo emitido por el

árbitro no contraviene ni el Acuerdo de Sumisión, ni el

Convenio Colectivo suscrito entre las partes.

14 Las únicas limitaciones establecidas por las partes a la facultad de los árbitros de elaborar remedios están contenidas en el Artículo 58, Secciones 9(b) y 9(c). Las mismas disponen respectivamente que:

(b) El Árbitro no tendrá poder o autoridad para en forma alguna alterar, enmendar, cambiar, modificar, añadir o restar a ninguna de las disposiciones del artículo de ‘Derechos de la Gerencia’. Un laudo en violación a lo antes citado será nulo y sin efecto.

(c) El Árbitro no tendrá autoridad para conceder daños y perjuicios. CC-2004-667 24

Aun cuando estamos de acuerdo con el resultado al que

llegan los compañeros Jueces, al ordenar que Nelson

Maldonado sea repuesto en su empleo con el pago de los

haberes dejados de percibir, no podemos estar de acuerdo

con su determinación en cuanto a que la frase “conforme a

derecho” significa que un árbitro está limitado por la Ley

Núm. 80 en cuanto a los remedios que puede otorgar en casos

de despido injustificado; más aún en este caso, cuando el

Acuerdo de Sumisión claramente le otorgaba la facultad al

árbitro de proveer el “remedio adecuado”.

FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Opinión de Conformidad emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez a la cual se le unen el Juez Presidente señor Hernández Denton y el Juez Asociado señor Fuster Berlingeri.

San Juan, Puerto Rico a 18 de septiembre de 2006

En un caso de despido injustificado, ¿se excede

en sus facultades el árbitro que al momento de emitir

el laudo, el cual debe ser conforme a derecho,

concede como remedio la reposición y paga retroactiva

del empleado despedido, apartándose del remedio

exclusivo de la mesada que confiere la Ley de Despido

Injustificado, Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 29

L.P.R.A. sec. 185a et seq (“Ley Núm.80”)?

Esta es la controversia a que hoy nos

enfrentamos. CC-2004-667 2

En el presente recurso no se cuestiona la

determinación arbitral que encontró injustificado el

despido del empleado, por lo que resulta innecesario

relatar detalladamente los hechos acontecidos que motivaron

la destitución. Baste señalar que el Sr. Nelson Maldonado

fue amonestado verbalmente y, posteriormente, despedido de

su trabajo en la compañía Celulares Telefónica, Inc. (en

adelante “Celulares Telefónica”) por alegadamente violentar

ciertas normas del Reglamento de Disciplina.15

Inconforme con las sanciones disciplinarias tomadas,

la Hermandad Independiente de Empleados Telefónicos (en

adelante “la HIETEL”) -–como representante exclusivo de

todos los empleados incluidos en la unidad apropiada--16

recurrió ante el Negociado de Conciliación y Arbitraje del

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico.

Las partes no lograron convenir el acuerdo de sumisión,17 por

15 En la carta de despido con fecha de 24 de agosto de 2000, Celulares Telefónica explicó que el empleado Nelson Maldonado había infringido específicamente las Reglas 10 (negligencia o falta de interés en el desempeño de sus deberes), 18 (falta de atención, descortesía o negligencia al tratar con el público o con abonados) y 46 (insubordinación o falta de respeto a un supervisor; incluyendo la negativa a hacer su trabajo y/u obedecer órdenes escritas o verbales) del Reglamento de Disciplina. 16 Véase Artículo 1 del Convenio Colectivo CTI-HIETEL, vigente desde el 23 de octubre de 1999 hasta el 22 de octubre de 2003, apéndice del recurso de certiorari, pág. 123. 17 Celulares Telefónica entendió que el acuerdo de sumisión debía ser el siguiente: “Que el Árbitro determine conforme a derecho si la reprimenda verbal y el despido impuestos por la Compañía al querellante estuvieron o no CC-2004-667 3

lo que el árbitro, siguiendo lo dispuesto en el convenio

colectivo,18 determinó que el asunto a resolver era el

siguiente:

“Determinar si la amonestación verbal y el despido del querellante, Nelson Maldonado, estuvieron justificados o no de conformidad con los hechos del caso, el Convenio Colectivo y el derecho aplicable. De determinarse que no lo estuvieron el Árbitro proveerá el remedio adecuado.” (Énfasis nuestro.)

Celebradas varias vistas, el árbitro emitió su laudo

en el que concluyó que tanto la amonestación verbal como el

despido de Maldonado no estuvieron justificados. Ante el

reclamo del patrono a los efectos de que el remedio debía

justificados. De estar justificados los mismos, que proceda a desestimar las querellas presentadas”. Por su parte, la HIETEL sometió varias controversias a resolver, a saber: “Determinar a la luz de la prueba si el empleado Nelson Maldonado fue objeto de trato discriminatorio en la reprimenda verbal de la cual fuera objeto teniendo como resultado dicho incidente que el mismo fuera incluido y utilizado en el proceso disciplinario posterior. . . . De determinarse que el incidente no ocurrió o que de haber ocurrido no justificara dicha amonestación verbal, que se elimine del registro personal toda referencia a dicho incidente y que el mismo no puede ser tomado en consideración para fines disciplinarios posteriores. . . . Determinar a la luz de la prueba y del convenio colectivo si el despido del empleado Nelson Maldonado estuvo o no justificado. De determinar que dicho despido no estuvo justificado, ordenar la reposición del empleado a su empleo con el pago retroactivo a la fecha de su despido de todos los salarios, beneficios marginales y cualquier otro remedio aplicable que estime el Árbitro, incluyendo pero no limitándose a intereses legales y honorarios de abogado.” 18 El Artículo IX del Reglamento para el Orden Interno de los Servicios de Arbitraje del Negociado de Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo y Recursos Humanoss, en su Sección b, dispone que “[e]n la eventualidad que las partes no logren un acuerdo de sumisión, dentro de un término razonable, el árbitro determinará el asunto preciso a ser resuelto tomando en consideración el convenio colectivo, las contenciones de las partes y la evidencia admitida”. Véase apéndice del recurso de certiorari, pág. 199. CC-2004-667 4

ser exclusivamente la mesada dispuesta en la Ley Núm. 80,

el árbitro resolvió que, en su calidad de tercero imparcial

tenía amplia “facultad y discreción para emitir remedios

arbitrales consistentes con las determinaciones

realizadas.”19 Concluyó que el acuerdo de sumisión le

concedía autoridad para emitir el remedio que

correspondiera y a tales efectos, ordenó la reposición

inmediata del Sr. Nelson Maldonado y el pago de los haberes

dejados de recibir desde la fecha de su despido.

Celulares Telefónica recurrió en revisión judicial del

laudo de arbitraje ante Tribunal de Primera Instancia, Sala

de San Juan. En cuanto al remedio concedido, Celulares

Telefónica sostuvo que por ser una compañía privada para la

fecha en que ocurrieron los hechos, solo era permisible

conceder en derecho, el remedio de mesada que provee la Ley

Núm. 80.

El foro de instancia confirmó la determinación del

árbitro en lo referente a que el despido del empleado fue

injustificado; sin embargo, revocó el remedio otorgado para

que el mismo se circunscribiera a la mesada que dispone la

Ley Núm. 80. Resolvió que cuando el laudo tiene que ser

conforme a derecho y el convenio no provee remedio

19 Véase resolución del árbitro Angel A. Tanco Galíndez emitida el 7 de octubre de 2002, apéndice del recurso de certiorari, pág. 65. CC-2004-667 5

particular para el despido injustificado, el árbitro no

tiene facultad para ordenar la reposición en el empleo.20

Inconforme con tal determinación, la HIETEL acudió al

Tribunal de Apelaciones. Dicho foro confirmó al tribunal

de instancia. Luego de analizar las disposiciones del

convenio colectivo y tomando en cuenta que el laudo

arbitral debía ser conforme a derecho, el tribunal

apelativo intermedio concluyó que las partes no incluyeron

en la sumisión de forma específica, que el árbitro como

excepción al derecho aplicable por virtud de la Ley Núm.

80, pudiera ordenar la reposición de un empleado despedido

sin justa causa. En vista de lo cual confirmó la

determinación de instancia.

En desacuerdo, la HIETEL recurrió ante nosotros

mediante recurso de certiorari y planteó como único error

del tribunal a quo, lo siguiente:

Erró el Tribunal de Apelaciones al negarse a reconocer la facultad del Árbitro de otorgar los remedios de reposición y paga de los haberes dejados de devengar por el empleado Nelson Maldonado desde la fecha de su despido a pesar de que este tipo de remedio está explícitamente contemplado en el Convenio Colectivo en varias de sus disposiciones y no existe como tal una prohibición expresa por las partes contra el mismo.

El 29 de octubre de 2004 expedimos el recurso

presentando. Ambas partes presentaron sus respectivos

20 Véase Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, emitida el 21 de octubre de 2003, apéndice del recurso de certiorari, págs. 18-19. CC-2004-667 6

alegatos así como también, el Secretario del Departamento

del Trabajo y Recursos Humanos quien solicitó comparecer

como amigo de la corte.

En su alegato, Celulares Telefónica nos planteó que el

foro apelativo intermedio había actuado sin jurisdicción

por cuanto el recurso presentado por la HIETEL fue

presentado fuera del término dispuesto para ello. El 23 de

febrero de 2006, dictamos una sentencia desestimando el

recurso por falta de jurisdicción. La HIETEL presentó

oportuna moción de reconsideración. Acordamos reconsiderar

y dejamos sin efecto la sentencia dictada. El recurso

entonces quedó sometido ante nuestra consideración.

La controversia que hoy corresponde resolver es una

que con marcada frecuencia se está suscitando ante los

foros de instancia como en el Tribunal de Apelaciones.21 Así

como también, claro está, ante el Negociado de Conciliación

y Arbitraje del Departamento del Trabajo y Recursos

Humanos, conforme nos informara el amigo de la corte. En

una ocasión anterior este Tribunal se enfrentó a la misma

Véase entre otros, Confederación de Organizaciones de P.R. 21

v. Servidores públicos Unidos de P.R., KLCE-05-01109; Ranger American Armor Services, Inc. v. Sindicato de Guardias de Seguridad y Camiones Blindados, KLAN-2005-0410; Hospital Episcopal San Lucas de Ponce v. Unidad Laboral de Enfermeras, KLCE-04-01031. CC-2004-667 7

mas la resolución del caso se configuró mediante Sentencia

y no Opinión del Tribunal.22

El convenio colectivo es el instrumento de mayor

importancia de la negociación colectiva en el campo

laboral. El mismo representa el triunfo de la negociación

sobre la fuerza, de la razón sobre la intransigencia.

U.I.L. de Ponce v. Dest. Serrallés, Inc., 116 D.P.R. 348,

352 (1985). Como tal, promueve la paz industrial por lo

que los convenios están revestidos de un alto interés

público. Nazario v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 846

(1970).

El convenio colectivo representa un contrato que tiene

fuerza de ley entre las partes que lo acuerdan y lo

suscriben. J.R.T. v. Junta Am. Muelle Mun. de Ponce, 122

D.P.R. 318 (1988). En éste se recogen las normas que

habrán de marcar las relaciones entre patronos y empleados,

por ello, sus términos y condiciones obligan tanto al

patrono como a la unión y a sus miembros. J.R.T. v. Corp.

de Crédito Agrícola, 124 D.P.R. 846, 849 (1989); Rivera

Adorno v. Autoridad de Tierras, 83 D.P.R. 258 (1961).

De otra parte, el arbitraje laboral “es el medio más

apropiado y deseable para resolver las disputas que surgen

de la aplicación e interpretación de los convenios

Véase, Unión Internacional de Trabajadores de la Industria 22

de Automóviles, Aéreoespacio o Implementos Agrícolas U.A.W., Local 1850 v. Asoc. De Empleados del E.L.A., CC- 2001-842. CC-2004-667 8

colectivos. Es un mecanismo rápido y menos costoso que los

procedimientos judiciales, a la vez que ofrece mayor

flexibilidad a las partes.” U.G.T. v. Corporación para la

Difusión Pública, 26 de agosto de 2006, 168 D.P.R. ___,

2006 TSPR ___. Véase además, J.R.T. v. Hato Rey

Psychiatric Hosp., 119 D.P.R. 62, 68 (1987); Unión de la

Industria Licorera v. Destilería Serrallés, 116 D.P.R. 348,

353-354 (1985). Es un mecanismo que propende a mantener la

estabilidad y la paz industrial, propósitos que animan las

leyes laborales. S.I.V. de P.R. v. Otis Elevador Co., 105

D.P.R. 832, 836 (1977).

En el proceso de arbitraje laboral dos partes someten

voluntariamente una controversia a un tercero imparcial, el

árbitro, quien luego de escuchar ambas posiciones resuelve

la controversia emitiendo un laudo cuyo efecto es final y

obligatorio entre las partes. D. M. Helfeld, La

jurisprudencia creadora: Factor determinante en el

desarrollo del Derecho de arbitraje en Puerto Rico, 70 Rev.

Jur. U.P.R. 1 (2001). La determinación arbitral aunque no

constituye un contrato privado ni una sentencia judicial,

goza de la naturaleza obligatoria que caracteriza a ambos.

J.R.T. v. Otis Elevator, 105 D.P.R. 195, 199 (1976); Junta

de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico v. New York &

Porto Rico Steamship, 69 D.P.R. 782, 800 (1949). Secuela

de ello, la importancia que reviste la facultad del árbitro

para interpretar los convenios colectivos. No debe CC-2004-667 9

sorprender por lo tanto, que se afirme: “Probably no

function of the labor-management arbitror is more important

than that of interpreting the collective bargaining

agreement.” Elkouri & Elkouri, How Arbitration Works,

ABA, 2003, Sixth Edition, pág. 428.

La autoridad del árbitro para resolver una

controversia entre el patrono y el empleado y dictar el

remedio correspondiente, emana del texto del convenio

colectivo o del acuerdo de sumisión dispuesto para un caso

en particular. López v. Destilería Serrallés, 90 D.P.R.

245, 256 (1964). Es decir, las partes quedan libres para

delimitar el radio de acción del árbitro, a través de lo

que acuerden a esos efectos en el convenio colectivo o en

el acuerdo de sumisión. En ese sentido, en Elkouri &

Elkouri, op. cit., pág. 486, se indica: “Arbitration

exists as private alternative to the courts. As such, the

rules are those drafted . . . by the parties themselves.

They are private rules, and the party chosen to interpret

them -–the arbitror-- is an individual who draws his or her

authority from the collective bargaining agreement, or the

agreement to submit the matter to arbitration. As such,

private sector parties are free to control the degree to

which the arbitror is to consider external law, including

statutes and regulations, in deciding cases.” (Énfasis

nuestro.)

El convenio colectivo y el acuerdo de sumisión, como

vemos, delimitan los poderes del árbitro y el ámbito de su CC-2004-667 10

facultad decisional. De ordinario, en lo que se refiere a

las facultades remediales del árbitro, éste debe tener

amplia autoridad para diseñar un remedio adecuado al laudo

que emite; claro está, siempre y cuando el remedio sea

consustancial con el convenio colectivo y el acuerdo de

sumisión bajo el cual se actúa. Rivera v. Samaritano &

Co., 108 D.P.R. 604, 608 (1979). Sobre este asunto nos

dicen los tratadistas Elkouri lo siguiente:

Arbitrators have broad discretion in fashioning a remedy . . . that is within the arbitrator’s powers and is ‘rationally related’ to the contract . . . Courts will not enforce an award, however, that extends beyond the explicit limitations on the arbitrator’s authority that are contained in the contract and relevant statutes.

Elkouri & Elkouri, op. cit., pág. 1344.

Antes bien, la controversia en este caso es

precisamente qué limitación, si alguna, se le impone al

árbitro a la hora de éste confeccionar su remedio en un

caso de despido injustificado, cuando en el convenio

colectivo o en el acuerdo de sumisión se ha hecho constar

que el laudo que emita debe ser uno acorde a derecho. En

otras palabras, ante la naturaleza contractual del convenio

colectivo, hay que determinar si tal expresión constituye

una limitación a los poderes remediales del árbitro que le

impida conceder un remedio más amplio del que se contempla

en la Ley Núm. 80. CC-2004-667 11

Ello nos obliga a plantearnos, ¿qué supone que la

decisión del árbitro sea una conforme a derecho?

Reiteradamente hemos expresado que cuando un laudo tiene

que ser emitido conforme a derecho, los árbitros deben

atenerse a las normas interpretativas de derecho sustantivo

y las doctrinas legales prevalecientes. J.R.T. v. New

York & Porto Rico Steamship, supra, a la pág. 802. Véase

además, Autoridad sobre Hogares v. Tribunal Superior,

supra, a la pág. 354. El árbitro por lo tanto, no puede

ignorar nuestra interpretación sobre distintos aspectos del

derecho laboral, así como tampoco las decisiones del

Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Tampoco puede

obviar la legislación laboral prevaleciente. Condado Plaza

Hotel v. Asoc. de Empleados de Casino, supra, a la pág.

349; Aut. Edif. Públicos v. Unión Independiente, 130 D.P.R.

983, 987 (1992); J.R.T. v. Hato Rey Psychiatric Hosp.,

supra, a la pág. 68.

La exigencia que el laudo sea conforme a derecho

coloca a éste fuera del ámbito de las reglas ordinarias de

revisión judicial; es decir, aquellas que afirman su

finalidad no obstante los errores de hecho o de derecho.

J.R.T. v. Vigilantes, Inc., 125 D.P.R. 581 (1990); U.I.L.

de Ponce v. Dest. Serrallés, supra, pág. 352-354. Así,

cuando el laudo deba ser conforme a derecho los méritos

jurídicos de la decisión arbitral pueden ser revisados para CC-2004-667 12

asegurarnos que lo dispuesto sea conforme las normas de

derecho aplicables.

La Ley de Despido Injustificado provee una

indemnización para aquellos empleados contratados por

término indefinido que son despedidos sin justa causa. La

ley contiene una enumeración de qué es justa causa.

Además, la ley contempla como remedio para el empleado

despedido injustificadamente una indemnización equivalente

a un mes, o varios meses de sueldo, dependiendo de los

años de servicio, más una semana de compensación por cada

año de servicio al patrono. 29 L.P.R.A. sec. 183a. Hemos

dispuesto que este remedio, conocido comúnmente como la

mesada, es el remedio exclusivo en casos de despidos

injustificados, salvo que el empleado esté protegido por

alguna legislación social especial. Porto y Siurano v.

Bentley P.R., Inc., 132 D.P.R. 331, 342 (1992); Rivera v.

Security Nat. Life Ins. Co., 106 D.P.R. 517, 526 (1977).

Como hemos indicado, la facultad decisional y remedial

del árbitro está definida y limitada por lo dispuesto en el

convenio colectivo y el acuerdo de sumisión. Por lo tanto,

en un caso de despido injustificado, cuando el acuerdo de

sumisión o el convenio colectivo dispongan expresamente que

el laudo deberá ser conforme a derecho, el árbitro viene

obligado a: primero, determinar si hubo o no causa

justificada para dicho despido a la luz de lo dispuesto en

la Ley Núm. 80 y nuestra jurisprudencia interpretativa; y CC-2004-667 13

segundo, al confeccionar el remedio correspondiente, deberá

atenerse a la mesada por ser ésta el remedio único que

contempla la ley.

En J.R.T. v. Seguritas, Inc., 111 D.P.R. 580, 583-584

(1981), ya habíamos intimado este resultado. Allí

resolvimos que un árbitro, en un caso de despido

provisto en la Ley Núm.80, si no se habían limitado sus

poderes a que el laudo fuera conforme a derecho.

Específicamente indicamos lo siguiente:

No discernimos disparidad entre la política pública del estatuto y el laudo emitido. No se nos ha demostrado que la intención legislativa haya sido fijar sanciones máximas exclusivas para casos de despido cuando media un convenio colectivo y un amplio acuerdo de sumisión sobre la justificación de la cesantía. ¿Cómo es que puede interpretarse que la legislación sobre la mesada ha obedecido por décadas al propósito de impedir que un árbitro, bajo un acuerdo de sumisión que no limite claramente sus poderes, ordene la reposición de un empleado y el pago de los sueldos dejados de percibir, más intereses? En Puerto Rico, hemos distinguido tajantemente entre los derechos bajo un convenio colectivo y los derechos de mesada. (Énfasis nuestro.)

Íbid, a la pág. 583.

A contrario sensu, cuando los poderes del árbitro han

sido limitados por el acuerdo de sumisión o el convenio

colectivo mediante la exigencia que el laudo se atenga a

derecho, el remedio diseñado debe ser cónsono con el

ordenamiento legal vigente sobre despido injustificado.

Conforme a ello, el tercero imparcial debe guiarse por los

parámetros establecidos en la Ley Núm. 80 al momento de CC-2004-667 14

confeccionar el mismo. Por lo tanto, somos del criterio

que cuando el convenio colectivo claramente ordena que el

laudo sea conforme a derecho, sin más, el remedio exclusivo

tiene que ser lo que la ley provee; es decir, la mesada.

Ahora bien, si el convenio colectivo o el acuerdo de

sumisión además de indicar que el laudo sea conforme a

derecho proveen en su texto remedios adicionales como por

ejemplo, la reposición y la paga de los haberes dejados de

recibir, el árbitro no tiene que ceñirse en cuanto al

remedio se refiere, a lo dispuesto en la Ley Núm. 80. En

estos casos resulta evidente que las partes -–e.g.,

patrono y empleados—- acordaron reconocer esta opción para

casos de despidos proveyendo un remedio más amplio que el

que contempla la ley. Esa es la voluntad de las partes que

hay que respetar. El convenio colectivo es, después de

todo, un contrato producto de un proceso deliberativo y de

negociación entre patrono y la unión en representación de

los empleados, que sirve, entre otras cosas, para procurar

la paz industrial y como tal, merece nuestra deferencia.

En estos casos, la incorporación de lo dispuesto en la Ley

Núm. 80 se limita a la determinación de qué constituye

justa causa, y no del remedio a conceder. J.R.T. v.

Caribean Towers, Inc., 99 D.P.R. 595 (1971); S.I.U. de P.R.

v. Otis Elevators, supra.

Si por el contrario, el convenio colectivo o el

acuerdo de sumisión no requieren que el laudo sea conforme

a derecho y guardan silencio respecto la facultad remedial CC-2004-667 15

del árbitro, éste podrá conceder el remedio que estime

procedente incluyendo la reposición y la paga atrasada.

Ello necesariamente debe ser así ya que los árbitros tienen

amplia latitud para la confección de remedios que adelanten

los objetivos plasmados en el convenio colectivo. Esta

facultad está subsumida dentro de su capacidad para

formular el remedio apropiado. M. Hill y A. V. Sinicropi,

Remedies in Arbitration, Washington D.C. 1981, pág. 55.

Véase, J.R.T. v. Otis Elevador, supra. La reinstalación

del empleado ha sido el remedio más común utilizado por los

árbitros. D. Fernández Quiñones, El arbitraje obrero-

patronal, Forum 2000, Primera Edición, pág. 221; M.S. West,

The case against reinstatement in wrongful discharge, 1988

Univ. of Illinois L. Rev. 1.

Apliquemos la normativa antes expuesta a la

controversia ante nuestra consideración a la luz de las

disposiciones del convenio colectivo acordado entre las

partes y el acuerdo de sumisión sometido al árbitro en este

caso.

Como ya hemos indicado, la función principal del

árbitro es interpretar y aplicar las cláusulas del convenio

colectivo para resolver las disputas obrero-patronales.

J.R.T. v. Junta Adm. Muelle de Ponce, supra, págs. 330-331.

Véase, W.R. Grace & Co. v. Local Union 759, 461 U.S. 757

(1983); Alexander v. Gardner-Denver Co., 415 U.S. 36

(1974); United Steelworkers v. Enterprise Wheel & Car CC-2004-667 16

Corp., 363 U.S. 593 (1960); Fernández Quiñones, op. cit.,

págs. 191-192.

Al interpretar un convenio colectivo se “debe leer el

. . . [mismo] como un todo y cada parte debe

interpretar[se] en referencia a las demás cláusulas, de

forma que se le de efectividad al propósito general del

mismo . . . [se] debe [además] perseguir que la

interpretación que se haga de las disposiciones del

convenio arrojen un significado razonable y efectivo del

mismo.” J.R.T. v. Junta Adm. Muelle Mun. de Ponce, supra,

pág. 331. Debe analizarse el contrato laboral de manera

integral y no auscultar el significado y alcance de sus

cláusulas aisladamente. Sólo de esta forma se logra

adelantar, e impartirle eficacia, al propósito general del

mismo. Condado Plaza Hotel v. Asoc. de Empleados de

Casino, supra.

Los tratadistas, Frank y Edna Elkouri indican, en

igual sentido, lo siguiente:

[T]he primary rule in construing a written instrument is to determine, not alone from single word or phrase, but from the instrument as a whole, the true intent of the parties and to interpret the meaning of a questioned word or part with regard to the connection in which it is used, the subject matter and its relation to all other parts and provisions.

. . .

Similarly, sections or portions cannot be isolated form the rest of the agreement and given construction independently of the purpose and agreement of the parties or evidenced by the entire document. The meaning of each paragraph CC-2004-667 17

and each sentence must be determined in relation to the contract as a whole. (Énfasis nuestro.)

En el caso de autos, el convenio colectivo así como el

acuerdo de sumisión, disponían que las controversias

sometidas a arbitraje debían ser resueltas conforme a

derecho. El convenio no indicaba que el despido tenía que

ser por justa causa.23 En tal sentido, el Artículo 58 del

Convenio Colectivo, Sección 3, sobre Arbitraje, disponía en

lo pertinente:

“La decisión del Árbitro será final e inapelable, la cual será seguida y cumplida por las partes siempre que sea conforme a derecho.” (Énfasis nuestro.)

Además, se indicaba en el mismo que el tercero

imparcial no podía “en forma alguna alterar, enmendar,

cambiar, modificar, añadir o restar a ninguna de las

disposiciones de este Convenio . . . Un laudo en violación

a lo antes indicado será nulo y sin efecto.” Artículo 58,

Sección 9(b) del Convenio Colectivo. El contrato laboral

en cuestión expresamente excluía la concesión de daños y

perjuicios. Artículo 58, Sección 9(c) del Convenio

23 De hecho, el Artículo 58, secciones 4 (a) y (b), del Convenio colectivo, que versan sobre los procedimientos para las querellas en casos de suspensión o destitución hablan en términos de suspensiones o despidos “injustos.” Se indica sobre el particular: “En casos de un empleado considerar injusta su suspensión o despido deberá presentar su querella a la Hermandad. . . . En casos que la Hermandad también considere injusta la suspensión o despido del empleado, la Hermandad presentará una querella por escrito. . . . ante el Director de Recursos Humanos de la Compañía.” CC-2004-667 18

Si nuestro análisis concluyera con una evaluación de

las disposiciones antes transcritas, habría que concluir,

necesariamente, que constituyó un error del árbitro ordenar

la reposición del empleado a su puesto con el pago de los

haberes dejados de percibir, y procedería a confirmar al

tribunal apelativo intermedio. Una lectura en tal sentido

sin embargo no representa la interpretación integral del

convenio que nos ordena la doctrina sino todo lo contrario,

una visión fraccionada y disgregante del convenio. Nos

explicamos.

El Artículo 5, Sección 2(c), del Convenio Colectivo

dispone:

En todos los casos de suspensión o despido en que un Árbitro, Tribunal u organismo administrativo determinare que la suspensión del empleado o el despido no estuvo justificado y ordenare la reposición del empleado con los salarios dejados de percibir total o parcialmente en los casos de despido, u ordenare el pago total o parcial de los salarios dejados de percibir durante la suspensión, la Compañía deberá descontar de dicha paga el total de las cuotas de la Hermandad dejadas de pagar por el empleado durante el tiempo que estuvo despedido o suspendido, según fuere el caso y remitir su importe a la Hermandad de conformidad con este Artículo. (Énfasis nuestro.)

La sección subsiguiente también hace alusión a

“aquellos casos de suspensión o despidos que fuesen

transigidos y medie como parte del acuerdo el pago total o

parcial de salarios dejados de percibir por el empleado.”

(Énfasis nuestro.) Artículo 5, Sección 2(d). Del mismo

modo, el Artículo 44, en su Sección 3, al referirse al plan

médico del empleado unionado establece: CC-2004-667 19

La Compañía mantendrá vigente la cubierta seleccionada mientras el empleado permanezca en empleo activo con la Compañía. La Compañía cancelará la cubierta cuando el empleado, por cualquier razón, sea despedido, cesanteado, renuncie, fallezca o sea suspendido por más de treinta (30) días. De un árbitro reponer a un empleado con todos los haberes y el empleado presentar evidencia de los gastos médicos incurridos, la Compañía le reembolsará el costo de dichos gastos, conforme los términos del Plan Médico vigente. (Énfasis nuestro).

Una lectura armónica de las cláusulas contractuales

antes transcritas pone de manifiesto la intención de las

partes firmantes del convenio colectivo de reconocer la

facultad del árbitro para ordenar un remedio más abarcador

que el contemplado en la Ley Núm. 80. Con esta

interpretación nos atenemos al sentido común y usual del

lenguaje utilizado en el convenio. Llegar a la conclusión

contraria dejaría sin efecto las referidas cláusulas que

representan la voluntad de las partes una vez concluido el

proceso de negociación colectiva. De esta forma,

interpretamos el convenio colectivo de forma razonable

haciendo efectiva la intención de las partes.

Recordemos lo que hemos dicho ya en tantas ocasiones

sobre la importancia que tiene el convenio colectivo en el

campo laboral difícilmente puede ser sobreestimada. Éste

regula las relaciones entre patrono y empleado y es el

producto de largas y acaloradas horas de discusión entre

éstos. El convenio tiene fuerza de ley entre las partes

suscribientes. Nuestra responsabilidad es por lo tanto,

hacer eficaz y prestarle validez a lo allí dispuesto. El CC-2004-667 20

convenio colectivo “debe ser siempre objeto del más

entusiasta endoso por parte de los tribunales.” U.I.L. de

Ponce v. Dest. Serrallés, Inc., supra, pág. 352.

Esta interpretación es consistente con la posición que

nos presenta el Secretario del Trabajo. Éste nos indicó

que “[a]l analizar en su totalidad el convenio colectivo,

armonizando todas sus cláusulas, resulta claro que las

partes en ningún momento intentaron limitar las facultades

remediales del árbitro.” Alegato del Amicus Curiae, págs.

14-15.

La peticionaria, sin embargo, nos conmina a que

interpretemos la frase “conforme a derecho” en casos de

despido injustificado de manera tal, que se utilice la

legislación laboral pertinente exclusivamente para

determinar lo que constituye “justa causa” y no respecto al

remedio. En cuanto a éste, las partes tendrían que

convenir expresamente que el árbitro se limitará a la

mesada disponible en la Ley Núm. 80. La interpretación

propuesta no nos convence. La HIETEL nos invita a adoptar

lo dispuesto en la Ley Núm. 80 para aquello que le es de

beneficio y descartar la misma cuando no le satisface.

Este proceder no parece razonable. La referencia a

resolver conforme a derecho incorpora de la ley lo que es

justa causa así como también la mesada como remedio

exclusivo al despido sin causa justificada, pues ello fue

lo que proveyó el legislador. No podemos eviscerar la Ley CC-2004-667 21

Núm. 80 para acoger lo que nos gusta y descartar lo que nos

disgusta.

Por los fundamentos antes expuestos, procede que se

dicte sentencia revocando la sentencia dictada por el

Tribunal de Apelaciones, y se ordene que el señor Nelson

haberes dejados de percibir.

Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada