EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
David Gómez Márquez; Juanita Morrabal Cintrón y Gilberto Burgos López
Peticionarios
v. Certiorari Periódico El Oriental Inc. h/n/c El Regional de Guayama; 2020 TSPR 03 Sucesión de Vicente Pierantoni, Presidente y 203 DPR ____ Editor, compuesta por Vicente Pierantoni González; Miguel A. Pierantoni González; Magda Pierantoni González; Juan R. Pierantoni González; Alberto Cruz, Administrador; Aseguradora ABC
Recurridos
Número del Caso: CC-2018-967
Fecha: 14 de enero de 2020
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Guayama, Fajardo y Humacao
Abogado de la parte peticionaria:
Lcdo. Rafael A. Nadal Arcelay Lcdo. Edgardo Pabón Rodríguez
Abogado de la parte Recurrida:
Lcdo. Juan A. Vélez Méndez
Materia: Daños y Perjuicios – Distinción del funcionario público de la figura pública en casos de difamación.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
David Gómez Márquez; Juanita Morrabal Cintrón y Gilberto Burgos López
v.
Periódico El Oriental Inc. h/n/c CC-2018-0967 El Regional de Guayama; Sucesión de Vicente Pierantoni, Presidente y Editor, compuesta por Vicente Pierantoni González; Miguel A. Pierantoni González; Magda Pierantoni González; Juan R. Pierantoni González; Alberto Cruz, Administrador; Aseguradora ABC
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES
En San Juan, Puerto Rico, a 14 de enero de 2020.
Nuestra jurisprudencia no ha sido clara al distinguir
el funcionario público de la figura pública en casos de
difamación. Este caso, sobre una demanda por difamación
presentada por tres empleados del Departamento de Educación,
nos permite evaluar la figura del funcionario público. No
obstante, dadas las razones que expondremos, concluimos que
los aquí demandantes no deben considerarse funcionarios
públicos que tengan que probar malicia real para prosperar
en su demanda. Además, resolvemos que su causa de acción por
difamación cumple con el estándar mínimo de negligencia. Por
ello, revocamos el dictamen del Tribunal de Apelaciones. CC-2018-0967 2
I
Entre enero y febrero de 2005, el periódico El Oriental
h/n/c El Regional, de Guayama, publicó una serie de tres
reportajes titulada “Se roban $100 mil en el DE”. En ellos,
se denunció un esquema de fraude en el Distrito Escolar de
Guayama.
El primer reportaje expuso que la investigación del
periódico había identificado a por lo menos un autor
intelectual de los robos, el Sr. Luis R. Santos Cintrón, con
la participación de tres personas. A. J. Cruz, “‘Pusieron el
cabro a velar a las lechugas’: Esquema de F[r]aude”, El
Regional de Guayama, 26 de enero de 2005. El periódico
detalló que el señor Santos Cintrón era, al mismo tiempo,
conciliador y pagador de los componentes fiscales de las
escuelas del distrito, y que ello contravenía el manual de
procedimiento que rige la composición fiscal en las escuelas
de la comunidad. En lo referente a los tres demandantes de
este caso, se indicó que el Sr. David Gómez Márquez, con la
recomendación de la Sra. Juanita Morrabal Cintrón y el visto
bueno del Sr. Gilberto Burgos López, fue quien propuso que
el señor Santos Cintrón realizara la doble función. Para
aquel momento, el señor Gómez Márquez ejercía como
supervisor regional de los componentes fiscales del
Departamento de Educación en la región de Caguas; la señora
Morrabal Cintrón fungía como Superintendente de Escuelas del
Distrito Escolar de Guayama, y el señor Burgos López era CC-2018-0967 3
superintendente auxiliar. El resto del artículo se dedicó a
explicar el esquema del señor Santos Cintrón.
En un segundo reportaje, se denominó a los señores Gómez
Márquez y Burgos López, y a la señora Morrabal Cintrón, como
los “principales arquitectos [del] fraude”, por ser las
personas que recomendaron que el señor Santos Cintrón
ocupara dos posiciones en un componente fiscal. A. J. Cruz,
“Escuelas de la comunidad: Un planificado fraude”, El
Regional de Guayama, 2 de febrero de 2005. Se mencionó que
el señor Santos Cintrón fue hombre de confianza de la
Superintendente Escolar sin que, al parecer, la señora
Morrabal Cintrón se diera cuenta de sus jugadas. También se
señaló que, dentro del Departamento de Educación en Guayama,
el señor Santos Cintrón parecía intocable por la protección
que recibía de la señora Morrabal Cintrón y del señor Burgos
López. Finalmente, se indicó que ni a la señora Morrabal
Cintrón ni al señor Burgos López les entró curiosidad por
saber de dónde el señor Santos Cintrón sacaba tanto dinero.
En el resto del artículo se dan otros detalles de cómo el
señor Santos Cintrón lograba cambiar los cheques y usarlos
para su beneficio.
El tercer reportaje comenzó explicando el esquema de
robo como uno llevado a cabo por “un individuo, con la
complicidad de algunos funcionarios”. A. J. Cruz, “Larga la
condena”, El Regional de Guayama, 16 de febrero de 2005.
Señaló que, mientras autoridades locales y federales
desarrollaban su investigación del esquema, desde las CC-2018-0967 4
oficinas de la Región Educativa de Caguas, que dirigía la
Sra. Aida Berríos, y donde trabajaban los señores Gómez
Márquez y Burgos López, y la señora Morrabal Cintrón, se
inició una “cacería de brujas” contra los funcionarios
sospechosos de colaborar con la investigación. Mencionó
algunos eventos anteriores a este en el que la señora Berríos
encubrió escándalos ocurridos durante su incumbencia.
Finalizó concluyendo que las lagunas en las explicaciones
sobre cómo operaba el esquema de fraude apuntaban a que el
señor Santos Cintrón no actuó solo, y que la Fiscalía y la
Policía debían darle más atención al caso.
Los señores Gómez Márquez y Burgos López, y la señora
Morrabal Cintrón enviaron una carta al periódico el 19 de
mayo de 2005 para exigir que se rectificara la información.
Alegaron que las imputaciones a ellos eran falsas y les
ocasionaban daños. El 13 de julio de 2005, El Regional
publicó una nota editorial en la que negó que la serie
publicada señalara a los tres funcionarios como
participantes del fraude, sino que se les denominó
“arquitectos” del esquema porque eran los “custodios y
supervisores” inmediatos del señor Santos Cintrón. Así,
criticó a los tres implicados por no ejercer sus funciones
a cabalidad, pues entendió que debieron señalar a las
autoridades pertinentes la irregularidad de mantener a una
misma persona en funciones conflictivas. Además, reiteró que
las investigaciones de las autoridades no habían culminado. CC-2018-0967 5
Por otro lado, ese mismo día, el periódico publicó otro
reportaje sobre la entrevista hecha al inspector de la
Policía de Guayama asignado a investigar el caso. A. Román
González, “Investigación de fraude: podría vincular
funcionarios”, El Regional de Guayama, 13 de julio de 2005.
El inspector indicó que la investigación continuaba porque
aparentemente el señor Santos Cintrón no había actuado solo,
pero que no había prueba suficiente para radicar cargos
contra otros funcionarios.
El 23 de enero de 2006, los señores Gómez Márquez y
Burgos López, y la señora Morrabal Cintrón, demandaron al
periódico, a su presidente y editor, y al periodista que
escribió el reportaje. El Tribunal de Primera Instancia
concluyó que no hubo difamación y dictó sentencia sumaria a
favor del periódico. El Tribunal de Apelaciones confirmó. El
23 de diciembre de 2011, revocamos al Tribunal de
Apelaciones, por entender que existía controversia sobre
hechos materiales y que no procedía la sentencia sumaria.
Devolvimos el caso al foro primario para que determinara si
los implicados eran figuras públicas o privadas y que
continuaran los procesos.
Tras varios trámites procesales, el Tribunal de Primera
Instancia celebró el juicio en su fondo entre septiembre y
diciembre de 2015 y declaró con lugar la demanda. Decretó
que los implicados eran figuras privadas y, aunque bastaba
probar que las publicaciones fueron hechas con negligencia,
determinó que hubo malicia real de parte del periódico. En CC-2018-0967 6
su sentencia, se destacan los testimonios de la Sra. Hilda
Pomales Figueroa y de la Sra. Sonia Meléndez Lugo, quienes
fueron secretarias de la señora Morrabal Cintrón para la
fecha de los reportajes. Ap. Sol. Cert., págs. 240-241. Las
dos secretarias declararon que el señor Santos Cintrón no
hacía trabajos para la señora Morrabal Cintrón y que esta no
era responsable de supervisarlo. Íd. Del testimonio del
señor Cruz de Jesús, autor de los reportajes, se enfatizó
que este realizó la investigación sin ayuda de otras
personas, que toda la información obtenida en la
investigación apuntaba al señor Santos Cintrón como
responsable del fraude, y ninguno de los documentos en su
poder relacionaba a los señores Gómez Márquez y Burgos López,
y la señora Morrabal Cintrón, con el esquema delictivo. Íd.,
págs. 241-243. El foro primario confirió entera credibilidad
a los testimonios del señor Gómez Márquez y la señora
Morrabal Cintrón y destacó que estos no fueron refutados por
la parte contraria. Íd., pág. 248.
Concluyó que lo publicado referente a los señores Gómez
Márquez y Burgos López, y la señora Morrabal Cintrón, era
falso. Razonó que la prueba que El Regional obtuvo en su
investigación solo ataba al señor Santos Cintrón con el
esquema de fraude y no a los otros tres funcionarios
mencionados. Además, enfatizó que estos tres funcionarios
tampoco tenían la autoridad o la responsabilidad de
supervisar al señor Santos Cintrón. CC-2018-0967 7
El periódico acudió al Tribunal de Apelaciones y
solicitó la revocación del dictamen del foro inferior. Alegó
que el Tribunal de Primera Instancia erró en concluir que:
(1) el señor Gómez Márquez y la señora Morrabal Cintrón eran
personas privadas; (2) el periódico actuó negligentemente;
(3) no eran de aplicación las doctrinas de hipérbole retórica
y opinión; (4) procedía que el dueño del periódico
respondiera en su carácter personal, y (5) al imponer
honorarios de abogado por litigar temerariamente.
El Tribunal de Apelaciones analizó el contenido de los
reportajes y lo contrastó con las expresiones del señor Gómez
Márquez y la señora Morrabal Cintrón durante los
interrogatorios y contrainterrogatorios del juicio. Resolvió
que las determinaciones de hecho del foro primario no le
merecían deferencia. Respaldándose en citas puntuales de la
transcripción de las vistas, concluyó que los implicados
reconocieron que los artículos decían cosas verdaderas y que
identificaban al señor Santos Cintrón como el autor
intelectual del fraude. Sostuvo que las inferencias que
pudieran derivarse de la mención del señor Gómez Márquez y
la señora Morrabal Cintrón en los reportajes, se disuelven
con las expresiones categóricas, en el mismo artículo,
respecto a que el señor Santos Cintrón fue el único que robó.
Finalmente, entendió que no es difamatorio señalar que los
implicados recomendaron para un puesto a una persona que
luego delinquió; indicar que los eventos ocurrieron mientras
los implicados ocupaban plazas administrativas en la región CC-2018-0967 8
de los eventos, ni declarar que los implicados no se dieron
cuenta del esquema de fraude.
Solo el señor Gómez Márquez y la señora Morrabal Cintrón
solicitaron la revisión de la sentencia. Plantearon que el
Tribunal de Apelaciones abusó de su discreción al resolver
que: (1) los demandantes no probaron su acción de difamación;
(2) no se probó malicia real de parte de los demandados; (3)
la parte demandada no obró con temeridad, de manera que
procediera cobrarles honorarios de abogado, y (4) el
presidente del periódico no era responsable civilmente.
Con los alegatos de cada parte, el caso quedó sometido
en los méritos para su adjudicación.
II
“[L]a tarea de adjudicar credibilidad y determinar lo
que realmente ocurrió depende en gran medida de la exposición
del juez o la jueza a la prueba presentada, lo cual incluye,
entre otros factores, ver el comportamiento del testigo
mientras ofrece su testimonio y escuchar su voz”. Dávila
Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013). De ahí
que “los tribunales apelativos no intervendremos con la
apreciación de la prueba, la adjudicación de credibilidad y
las determinaciones de hechos que realizan los tribunales de
instancia, a menos que se demuestre que el juzgador actuó
movido por pasión, prejuicio o parcialidad o que incurrió en
error manifiesto”. Íd., pág. 753. Para entender mejor esta
norma, conviene separar sus dos categorías principales. Por CC-2018-0967 9
un lado, están la pasión, prejuicio o parcialidad. Por el
otro lado, está el error manifiesto.
Cuando la alegación es de pasión, prejuicio o
parcialidad, los foros apelativos debemos verificar
primordialmente si el juez de primera instancia cumplió su
función de adjudicar de manera imparcial, pues solo así
podremos descansar en sus determinaciones de hechos. Dávila
Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 777. La pasión, el
prejuicio o la parcialidad que puede dar base a revocar un
dictamen no surge necesariamente de algún conflicto previo
entre el adjudicador y una de las partes, sino que tiende a
manifestarse durante el proceso mismo. Íd., págs. 775-776.
En cambio, el error manifiesto ocurre cuando, de un
análisis de la totalidad de la evidencia, el tribunal
apelativo queda convencido de que se cometió un error, aunque
haya evidencia que sostenga las conclusiones de hecho del
Tribunal. Méndez v. Morales, 142 DPR 26, 36 (1996). “[C]uando
las conclusiones están en conflicto con el balance más
racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la
evidencia recibida, las consideraremos claramente erróneas”.
Íd. Se incurre en un error manifiesto cuando la apreciación
de esa prueba se distancia de la realidad fáctica o es
inherentemente imposible o increíble. Pueblo v. Toro
Martínez, 200 DPR 834, 859 (2018). Ello es particularmente
cierto cuando el tribunal descansa exclusivamente en una
parte de la prueba, mientras hubo otra prueba que la
contradijera. Véase Méndez v. Morales, supra, pág. 37. CC-2018-0967 10
El foro apelativo intermedio no especificó en su
sentencia si fue pasión, prejuicio o parcialidad, o error
manifiesto, lo que le movió a negarle deferencia al foro
primario. Explicó de manera general el derecho referente a
estos conceptos y luego concluyó que las determinaciones de
hecho del foro primario no le merecían deferencia porque no
comulgaban con el derecho. Ello nos da a entender que, según
el Tribunal de Apelaciones, el foro primario incurrió en
error manifiesto.
Sin embargo, el error que hace desechable la deferencia
al foro sentenciador debe ser, como dice el concepto,
manifiesto. Este estándar de revisión restringe nuestra
facultad para sustituir el criterio del foro primario a
escenarios en que, de la prueba admitida, no exista base
suficiente que apoye su determinación. Pueblo v. Toro
Martínez, supra, pág. 859. Diferencias de criterio jurídico
no alcanzan ese estándar.
En el caso ante nos, el Tribunal de Primera Instancia
hizo determinaciones consecuentes con la prueba que evaluó.
Estas no son inherentemente increíbles o imposibles; tampoco
están en conflicto con el balance más racional de toda la
prueba presentada. Estamos así ante un caso de diferencia de
criterio entre el foro primario y foro apelativo intermedio;
no ante un caso donde haya mediado pasión, prejuicio o
parcialidad, o error manifiesto. Por ello, concluimos que el
foro intermedio no debió sustituir su evaluación de la prueba
por la del foro primario. CC-2018-0967 11
En los casos de difamación de un funcionario público,
hemos dicho que los tribunales apelativos deben sopesar la
prueba por sí mismos y de manera independiente, para probar
si se estableció malicia real de manera clara y convincente.
Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 123, 153-154
(2013). No obstante, debemos dar deferencia al juzgador de
los hechos en cuanto a la credibilidad de los testigos. Íd.,
pág. 154. En el caso ante nos, el Tribunal de Apelaciones no
prestó deferencia al foro primario en cuanto a la
credibilidad de los testigos. Varios testimonios fueron
cruciales para las determinaciones de instancia,
particularmente aquellos referentes a que los demandantes no
ocupaban cargos de tal importancia que ameritara que se les
considerara como funcionarios públicos.
Como comentario final en cuanto al tema de la
deferencia, el Tribunal de Apelaciones debe abstenerse de
elaborar sobre la pasión, prejuicio y parcialidad, si no
puede fundamentar que ello ocurrió en el caso ante su
consideración. “[Q]uien señale que el juzgador actuó
mediando pasión, prejuicio o parcialidad debe sustentar sus
alegaciones con evidencia suficiente, pues estas no deben
convertirse en un instrumento para ejercer presión contra el
Tribunal de Primera Instancia”. Dávila Nieves v. Meléndez
Marín, supra, pág. 775.
III
Este caso nos requiere atender una figura definida
exiguamente en los casos de difamación en las Decisiones de CC-2018-0967 12
Puerto Rico, a saber: el funcionario público. Las acciones
de difamación plantean la necesidad de balancear el derecho
a la libre expresión y la libertad de prensa, que comprende
el interés del Pueblo en fomentar el debate vigoroso sobre
cuestiones de interés público, y el derecho a la intimidad
de los individuos. Véase Const. PR, Art. II, Secs. 4 y 8, 1
LPRA; Maldonado y Negrón v. Marrero y Blanco, 121 DPR 705,
713 (1988); González Martínez v. López, 118 DPR 190, 192
(1987).
La jurisprudencia federal ha establecido unas guías
constitucionales para determinar en qué momentos el derecho
a la libre expresión debe prevalecer o ceder. De ahí las
distinciones entre las distintas personas públicas y
privadas. Existen varias subcategorías entre las personas
públicas. El funcionario público y la figura pública son las
más reconocidas entre ellas. Por eso, de entrada, lo
apropiado es hablar de personas públicas, que es el término
amplio que incluye tanto al funcionario público como a la
figura pública. Sanford, Libel and Privacy 2d, Sec. 7.1
(Supl. 1993).
El caso histórico New York Times Co. v. Sullivan, 376
U.S. 254 (1964), resolvió que no es difamatoria la
publicación de comentarios concernientes a la conducta
oficial de un funcionario público, aunque resulten falsos,
a menos que la información fuera publicada con malicia real,
es decir, a sabiendas de que era falsa o con grave
menosprecio de si lo era. Esta norma luego se extendió a CC-2018-0967 13
figuras públicas cuando la comunidad tiene un interés
justificado e importante en la materia objeto de
publicación. Walker v. Associated Press, 391 U.S. 966
(1968); Curtis Publishing Co. v. Butts, 388 U.S. 130 (1967).
En Gertz v. Robert Welch, 418 U.S. 323 (1974), se
esclareció el derecho aplicable cuando la parte demandante
es una persona privada. El Tribunal entendió que las personas
privadas son más vulnerables al daño que las personas
públicas y que son más merecedoras de resarcimiento. Íd.,
pág. 345. Por eso, dispuso que los estados podían definir el
estándar de responsabilidad apropiado, siempre que exijan al
reclamante probar que el demandado actuó con algún grado de
culpa. Íd., pág. 347.
Como se aprecia al repasar la norma de los casos
citados, los criterios que pesan para reconocer a una persona
como funcionario público o como figura pública son
distintos. En síntesis, las primeras lo son por el cargo que
ocupan; las segundas por la notoriedad que tienen en la
sociedad. Sin embargo, no toda persona en la nómina pública
es un funcionario público. Hutchinson v. Proxmire, 443 U.S.
111, 119 n.8 (1979). En New York Times Co. v. Sullivan,
supra, pág. 283 n.23, el Tribunal se negó a determinar cuán
abajo en los escalafones menores del Gobierno se extendía la
designación de funcionario público para propósitos del
estándar de malicia real. Posteriormente, esbozó algunos
criterios en Rosenblatt v. Baer, 383 U.S. 75 (1966).
Reconoció que la norma de Sullivan tuvo dos motivaciones: CC-2018-0967 14
(1) el compromiso nacional con que el debate público sea
robusto y amplio, aunque incluya ataques no agradables, y
(2) el interés en el debate sobre las personas que están en
posición de influir en la resolución de los problemas
públicos. Íd., pág. 85. Cuando una posición gubernamental
posee tal importancia aparente que el público tiene un
interés independiente en las cualificaciones y ejecutorias
del servidor público concernido, más allá del interés
general en las condiciones y labor de todos los empleados
gubernamentales, se aplican los estándares de Sullivan sobre
malicia real. Rosenblatt v. Baer, supra, pág. 86; Maldonado
y Negrón v. Marrero y Blanco, supra, pág. 714. Por eso, como
mínimo, la designación de funcionario público aplica a
aquellos que en la jerarquía gubernamental tienen, o
aparentan tener, responsabilidad sustancial o control sobre
las ejecutorias del gobierno. Rosenblatt v. Baer, supra,
pág. 85. Las expresiones en Rosenblatt han sido objeto de
dilatada interpretación judicial, de manera que un gran
número de empleados públicos, de distintos niveles, se han
considerado funcionarios públicos. Maldonado y Negrón v.
Marrero y Blanco, supra, pág. 714.
Los tribunales han usado diversos criterios para
determinar qué empleados públicos son funcionarios públicos.
El Primer Circuito identificó tres consideraciones de
política pública que se repiten en la jurisprudencia. Estas
son: (1) reconocimiento de que la Primera Enmienda exige que
el debate de los asuntos de importancia pública sea amplio CC-2018-0967 15
y robusto; (2) el acceso a los medios que generalmente tienen
aquellos que ocupan cargos públicos, lo que les permite
defenderse mejor de los ataques en su contra, y (3) el riesgo
que se asume al ocupar cargos influyentes en el quehacer
público. Kassel v. Gannett Co., Inc., 875 F.2d 935, 939-940
(1er Cir. 2008). El Segundo y el Cuarto Circuito también han
atendido la figura del funcionario público, pero se
limitaron a citar a Rosenblatt -y a los casos estatales a
modo de ejemplo-; sin establecer un test o unas guías más
claras para definir al funcionario público. Véase Horne v.
WTVR, LLC, 893 F.3d 201, 207 (4to Cir. 2018); Bufalino v.
Associated Press, 692 F.2d 266, 272-273 (2do Cir. 1982).
La oportunidad que cierto funcionario público tiene de
abusar de la confianza pública depositada en él hace que sus
calificaciones sean más importantes para los ciudadanos que
las de otros empleados públicos. Sanford, op. cit., Sec.
7.2.2.2 (Supl. 2008). Por ello, si un individuo está
íntimamente involucrado en el desembolso de fondos públicos,
debe cumplir con el estándar de Sullivan. Íd. Igualmente, si
participa en la creación de política pública, sus
calificaciones serán materia de interés público. Íd. Otro
factor importante es si la publicación presuntamente
difamatoria se produjo como parte de un esfuerzo de rendición
de cuentas de algún funcionario público en cuanto a sus
acciones como tal. Smolla, Law of Defamation 2d (Vol. 1),
Sec. 2.100 (2019). CC-2018-0967 16
En Puerto Rico, desde Torres Silva v. El Mundo, Inc.,
106 DPR 415 (1997), hemos desarrollado un enfoque funcional
para determinar si el estándar de Sullivan debe aplicar. Se
ha prestado atención particular al contexto específico en
que se da la controversia: la naturaleza de la declaración
presuntamente difamatoria, el auditorio al que se dirige,
los intereses que se sirven o vulneran, así como la relación
funcional entre estos factores. Soc. de Gananciales v.
López, 116 DPR 112, 117 (1986).
En varias ocasiones hemos clasificado personas como
figura pública. Véase Garib Bazain v. Clavell, 135 DPR 475
(1994) [doctor notorio con relación al tema del síndrome de
inmunodeficiencia adquirida (SIDA)]; Maldonado y Negrón v.
Marrero y Blanco, supra (vicepresidente municipal de un
partido político); Clavell v. El Vocero de PR, 115 DPR 685
(1984) (abogado cuyo desaforo recibió mucha publicidad);
Oliveras v. Paniagua Diez, 115 DPR 257 (1984) (periodista
notorio de deportes); García Cruz v. El Mundo, Inc., 108 DPR
174 (1978) (candidato a alcalde); Aponte Martínez v. Lugo,
100 DPR 282 (1971) (arzobispo). En cambio, véase Torres Silva
v. El Mundo, Inc., supra, donde concluimos que Pepito Torres
Silva era figura privada, a pesar de que fundó la reconocida
Orquesta Siboney y la dirigió por veinte años, y amenizó
durante quince años un programa que se transmitía por radio
y televisión.
Son menos los casos en que hemos determinado que una
persona es funcionario público. Véase Meléndez Vega v. El CC-2018-0967 17
Vocero de PR, supra (Directora del Centro Metropolitano de
Investigaciones y Denuncias del Departamento de Justicia);
Soc. de Gananciales Rodríguez v. El Vocero de P.R., 135 DPR
122 (1994) (Director del Cuerpo de Investigaciones
Criminales de la Policía, Región de Ponce); Soc. de
Gananciales v. López, 116 DPR 112 (1986) (policía raso);
Zequeira Blanco v. El Mundo, Inc., 106 DPR 432 (1977) (Juez
de Distrito).
Los demandantes en este caso ocupaban puestos
administrativos en el Departamento de Educación. El señor
Gómez Márquez era supervisor regional de los componentes
fiscales del Departamento de Educación en la región de Caguas
y la señora Morrabal Cintrón era Superintendente de Escuelas
del Distrito Escolar de Guayama. Muchos tribunales estatales
han declarado que los educadores, directores y
superintendentes de escuelas públicas son funcionarios
públicos que deben cumplir con el estándar de Sullivan.
Sanford, supra, Sec. 7.2.3.4 (Supl. 1993); Smolla, supra,
Sec. 2.107. Sanford cita decisiones en California, Virginia
y Texas que resuelven lo contrario, pero concluye que esos
tribunales estatales interpretaron la norma de Rosenblatt de
manera muy limitada. Sanford, supra, Sec. 7.2.3.4 (Supl.
1993). Sostiene que esta aplica no solo a aquellos que
“controlan” o “gobiernan” desde las altas esferas de la
política pública, sino que también se extiende a aquellos
con responsabilidad sustancial para conducir asuntos
gubernamentales. Íd. (“the Rosenblatt holding […] extends CC-2018-0967 18
also to those who have substantial responsibility for the
conduct of government affairs. [A] long line of cases […]
hold that those who execute governmental policies and
functions are appropriate plaintiffs for application of the
Sullivan standard”). Sanford sugiere que incluso los
encargados de llevar a cabo (“execute”) los asuntos
gubernamentales son funcionarios públicos. Sin embargo, el
texto de Rosenblatt que supuestamente respalda esta
interpretación explícitamente requiere que se trate de
funcionarios con control decisional. Rosenblatt v. Baer,
supra, pág. 85 (“the ‘public official’ designation applies
at the very least to those among the hierarchy of government
employees who have, or appear to the public to have,
substantial responsibility for or control over the conduct
of governmental affairs”).
Aunque Sanford asegura que la gran mayoría de las
jurisdicciones reconocen a estos empleados como funcionarios
públicos, los resultados a los que han llegado los tribunales
son variados. Véase, por ejemplo, Smolla, supra, Sec. 2.107
nn. 1 & 12; H. W. Stonecipher & D. Sneed, A Survey of the
Professional Person as Libel Plaintiff: Reexamination of the
Public Figure Doctrine, 46 Ark. L. Rev. 303, 317-321 (1993);
R. E. Johnson, No More Teachers’ Dirty Looks--Now They Sue:
An Analysis of Plaintiff Status Determinations in Defamation
Actions by Public Educators, 17 Fla. St. U. L. Rev. 761
(1990); W. Wat Hopkins, Teachers as Public Officials in Libel
Actions, 47 Ed. Law Rep. 353 (1988). Además, en algunas de CC-2018-0967 19
estas decisiones los empleados ocupaban puestos electivos a
nivel local y en muchas otras los tribunales no explicaron
por qué concluyeron que ese empleado era un funcionario
público. Véase D. Elder, Defamation, Public Officialdom and
the Rosenblatt v. Baer Criteria —A Proposal for
Revivification: Two Decades After New York Times Co. V.
Sullivan, 33 Buff. L. Rev. 579, 626-643 (1984).
Este tema, que tanta discusión ha generado en Estados
Unidos, tiene dos episodios en nuestra jurisprudencia. En
1988 atendimos un caso sobre comentarios presuntamente
difamatorios contra un Director de Escuela Intermedia.
Maldonado y Negrón v. Marrero y Blanco, supra. No tuvimos
que resolver si el cargo de Director de Escuela Intermedia
lo convertía en funcionario público, pues el demandante, por
su participación en la política, cumplía con los criterios
para ser figura pública. Maldonado y Negrón v. Marrero y
Blanco, supra, pág. 714.
Tres años más tarde, en Villanueva v. Hernández, 128
DPR 618 (1991), se sugirió que a un maestro de escuela
pública debía tratársele con la misma vara que se le aplicó
al policía raso en Soc. de Gananciales v. López, 116 DPR 112
(1986). En la pág. 639 n.9, dijimos que:
Una posible cuarta controversia gira en torno a si la señora Villanueva, maestra de una escuela pública en el pueblo de Río Grande, debe considerarse como un “funcionario o figura pública” al momento de dictar sentencia sumaria. […] Como es sabido, en Soc. de Gananciales v. López, 116 D.P.R. 112 (1985), este Tribunal mayoritariamente resolvió que un policía era un “funcionario público” para efectos de la doctrina CC-2018-0967 20
establecida por el Tribunal Supremo federal en New York Times Co. v. Sullivan, ante. Ciertamente, en el espectro de los funcionarios y figuras públicas, una maestra de escuela pública parece ocupar un lugar igual, o mayor, que un agente del orden público. En vista del resultado a que llegamos, sin embargo, se hace innecesario contestar dicha interrogante.
Esa nota al calce, sin embargo, no atendió las razones
que nos llevaron a adoptar la tendencia estatal mayoritaria
de que un policía es un funcionario público. En Soc. de
Gananciales v. López, supra, pág. 116-117, citamos
jurisprudencia federal y estatal, y reconocimos que los
policías rasos son muy visibles al ciudadano común; que
tienen la autoridad y la habilidad para hacer uso de la
fuerza; que el mal uso de esa autoridad puede resultar en la
privación de derechos constitucionales y libertades
individuales, incluso lesiones físicas, por lo que la
discusión abierta del desempeño y las calificaciones de esos
justifican que se les considere funcionarios públicos. Estas
consideraciones de política pública no están presentes de
igual forma en el caso de un maestro de escuela pública.
También merece atención el último caso en que
determinamos que la demandante era funcionaria pública. En
Meléndez Vega v. El Vocero de PR, supra, págs. 147-148,
observamos que no existía controversia sobre la
clasificación de la demandante como funcionaria pública.
Dijimos que nos constaba que “dicha designación e[ra]
adecuada tomando en cuenta la posición de alta jerarquía de
la licenciada Meléndez dentro del Departamento de Justicia, CC-2018-0967 21
quien se desempeñaba como Directora del Centro Metropolitano
de Investigaciones y Denuncias del Departamento de
Justicia”. Íd., pág. 148.
El análisis jurisprudencial nos conduce a concluir que
ninguno de los demandantes en el caso ante nos debe
considerarse funcionario público. El señor Gómez Márquez,
como supervisor regional de los componentes fiscales del
Departamento de Educación en la región de Caguas, servía de
enlace entre los componentes fiscales de los distintos
distritos y la oficina central de la región, y brindaba apoyo
técnico a los componentes fiscales. Sentencia del Tribunal
de Primera Instancia, GDP2006-0011, en la pág. 11. No
establecía política pública ni tenía funciones
discrecionales, limitándose a las instrucciones impartidas
por la agencia. Íd., pág. 13. Tampoco supervisaba al personal
de los componentes fiscales de los distritos. Íd., pág. 12.
La señora Morrabal Cintrón fungía como Superintendente
de Escuelas III del Distrito Escolar de Guayama. Era la
funcionaria de jerarquía más alta en ese distrito. Sin
embargo, sus funciones eran ser facilitadora de la docencia
y asesorar en asuntos administrativos cuando así lo
requerían los directores escolares. Íd., págs. 14-15. No
ejercía funciones ejecutivas, fiscalizadoras, de evaluación
o supervisión de las escuelas, ni establecía política
pública para el Departamento de Educación. Íd., pág. 15.
El Tribunal de Primera Instancia concluyó,
correctamente, que ambos son figuras privadas. Amparó su CC-2018-0967 22
conclusión en testimonios ofrecidos en el juicio que le
merecieron entera credibilidad, tanto por parte de los
demandantes como de otros empleados que trabajaban con estos
y corroboraron sus testimonios. Como dijimos, el juzgador de
los hechos merece deferencia en cuanto a la credibilidad de
los testigos. Meléndez Vega v. El Vocero de PR, supra, pág.
154.
Según lo expuesto, concluimos que ninguno de los dos
demandantes ocupaba una posición gubernamental de tal
importancia que el público tuviera un interés en sus
cualificaciones y ejecutorias. Véase Rosenblatt v. Baer,
supra, pág. 86. Si nos dejamos guiar por los criterios
establecidos por el Primer Circuito, llegamos a la misma
conclusión. Aunque la información que El Regional quiso
publicar es de importancia pública y, por ello, debe ser
debatida amplia y robustamente, los demandantes en este caso
no tenían mayor acceso a los medios ni habían asumido cargos
influyentes en la discusión pública. Véase Kassel v. Gannett
Co., Inc., supra, 939-940.
Aunque pudiera argumentarse que los puestos del señor
Gómez Márquez y la señora Morrabal Cintrón son de alta
jerarquía dentro de una de las oficinas regionales del
Departamento de Educación, no tienen el potencial de
impactar la política pública que tenían los otros cargos en
que hemos determinado que un empleado es un funcionario
público debido a su jerarquía en el escalafón gubernamental.
Véase Meléndez Vega v. El Vocero de PR, supra (Directora del CC-2018-0967 23
Centro Metropolitano de Investigaciones y Denuncias del
Departamento de Justicia) y Zequeira Blanco v. El Mundo,
Inc., supra (Juez de Distrito). El cargo del señor Gómez
Márquez era más bien de asistente administrativo y apoyo
técnico en asuntos de contabilidad y el de la señora Morrabal
Cintrón, aunque con mayor jerarquía, se limitaba a asuntos
académicos y administrativos para aplicar una política
pública sobre la que ella no tenía control. Tampoco están
presentes las consideraciones de política pública que nos
movieron a adoptar la norma de considerar a los agentes del
orden público como funcionarios públicos. A diferencia de un
policía, los empleados en este caso no tienen control sobre
los derechos de los ciudadanos a su vida y libertad. Véase
Soc. de Gananciales v. López, supra (policía raso); véase,
también, Soc. de Gananciales Rodríguez v. El Vocero de P.R.,
supra (Director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de
la Policía, Región de Ponce).
IV
Debido a que los peticionarios son personas privadas,
solo es necesario que se demuestre negligencia para poder
imponer responsabilidad al periódico. La postura de El
Regional es, esencialmente, que todo lo publicado es verdad
y está fundado en la investigación que el periódico realizó.
Enfatiza que los reportajes identificaron en varias
instancias al señor Santos Cintrón como el único
protagonista; que al señor Gómez Márquez y a la señora
Morrabal Cintrón se les mencionó solo en su calidad de CC-2018-0967 24
responsables por el nombramiento o supervisión del señor
Santos Cintrón, pero que no se dijo que estos hayan sido
parte del fraude, y que, cuando se habló de la “cacería de
brujas” en el Departamento de Educación, del señor Gómez
Márquez y la señora Morrabal Cintrón solo se dijo que eran
funcionarios en las oficinas desde las que se inició dicha
cacería, no que fueron ellos quienes la iniciaron.
Es cierto lo que sostiene El Regional, pero ignora
detalles cruciales que proveen contexto a lo que se publicó.
El primero y más evidente es que en uno de los reportajes se
les llamó “principales arquitectos [del] fraude”. Aunque
esta es la única frase propiamente difamatoria, basta con
ella para imponer responsabilidad por negligencia. La
intención del periodista de relacionar a estos empleados con
el fraude quedó reforzada con sus otros comentarios. Aunque
los reportajes identificaron al señor Santos Cintrón como el
protagonista, y se concentraron en él, también insistieron
en que este debió actuar en conjunto con otras personas.
Eso, unido al hecho de que los nombres de la señora Morrabal
Cintrón y del señor Gómez Márquez son de los pocos otros que
se mencionan en los artículos, lleva a sospechar si las manos
de la señora Morrabal Cintrón y del señor Gómez Márquez
estaban limpias o no. Por otro lado, aunque muchas de las
cosas que se mencionaron de los implicados son verdaderas y
verificables -que trabajan en cierta oficina, que tienen
ciertas funciones-, es llamativo que el autor escogió
mencionar esos datos específicos y no tantos otros que CC-2018-0967 25
también son verdaderos sobre muchos otros empleados que
laboran en esas oficinas. Si el autor no quiso atar a la
señora Morrabal Cintrón y al señor Gómez Márquez al fraude,
el dato de que trabajan en tal oficina o tienen tal función
sería totalmente irrelevante.
Al final de la serie, el autor comentó que de la
investigación de El Regional se desprendía que el señor
Santos Cintrón no actuó solo, pero que la serie debía
culminar para darle espacio a las autoridades a que
concluyeran su investigación. Mencionó también que la
Fiscalía y la Policía no le habían dado la atención meritoria
al caso. Aunque el autor no tenía suficiente evidencia para
relacionar a la señora Morrabal Cintrón o al señor Gómez
Márquez con el fraude, intentó con sus reportajes arrojar
dudas sobre estos, al mencionarlos junto a la declaración de
que la investigación debía continuar porque el señor Santos
Cintrón no actuó solo. No hay nada que respalde esa
aseveración.
La negligencia es la falta del debido cuidado, que
consiste en no prever las consecuencias racionales de un
acto u omisión, que una persona prudente habría de prever en
las mismas circunstancias. Colón, Ramírez v. Televicentro de
P.R., 175 DPR 690, 706-707 (2009). Los criterios que debe
utilizar un tribunal para determinar si el demandado en una
acción por difamación incurrió en negligencia son: (1) la
naturaleza de la información publicada y la importancia del
asunto sobre el cual trata, especialmente si la información CC-2018-0967 26
es libelosa de su faz y puede preverse el riesgo de daño;
(2) el origen de la información y la confiabilidad de su
fuente, y (3) la razonabilidad del cotejo de la veracidad de
la información, lo cual se determina tomando en
consideración el costo en términos de dinero, tiempo,
personal, la urgencia de la publicación, el carácter de la
noticia y cualquier otro factor pertinente. Íd., pág. 707.
Entendemos que se probó la negligencia. La información
que el periódico publicó es libelosa de su faz. Decir de
tres personas que son los “principales arquitectos [del]
fraude” deja poco margen de duda en cuanto a que se les quiso
hacer parte del esquema de fraude. Esa expresión tiene un
riesgo claro de daño que pudo haberse previsto fácilmente.
Si consideramos, además, que el periódico ya tenía
suficiente información del señor Santos Cintrón y su
participación en el fraude, era totalmente innecesario, para
efectos de poder informar al público sobre el fraude, incluir
los nombres de los demandantes en este caso. Se incluyeron
para vincularlos con el fraude, sin evidencia de ello.
Además, como señalamos en nuestra Sentencia de 23 de
diciembre de 2011 en este caso:
Los documentos que presentó el semanario con su solicitud de sentencia sumaria no sostienen las afirmaciones de que los peticionarios fueran partícipes o arquitectos del esquema de fraude. Por el contrario, […] demuestra[n] que el único partícipe y arquitecto del fraude fue el señor Santos Cintrón. Ante esa realidad, la defensa del periódico es insistir que no se escribió lo que está publicado.
[…] CC-2018-0967 27
Las denuncias contra el señor Santos Cintrón, las cartas del Director Regional del CIC, de Ricardo Rovira Blondet, y la respuesta del señor Santos Cintrón, tampoco aportan nada para sostener la posición del periódico. Gómez Márquez y otros v. El Regional de Guayama, CC-2008-0047, págs. 20- 21.
V
Atendidos los primeros dos errores planteados por el
señor Gómez Márquez y la señora Morrabal Cintrón, pasamos a
resolver los otros dos: que la parte demandada no obró con
temeridad y que el presidente del periódico no era
responsable civilmente. En cuanto al tema de la temeridad,
coincidimos con el Tribunal de Apelaciones. Hemos dicho que
“si en la discreción del tribunal de instancia se determina
que hubo temeridad […] es mandatorio imponer honorarios”,
pero que “se intervendrá con dicha determinación si media un
claro abuso de esa discreción”. Meléndez Vega v. El Vocero
de PR, supra, pág. 211 (citas omitidas). Sin embargo, la
temeridad “es improcedente en aquellos litigios que
encierran planteamientos complejos y novedosos aun no
resueltos en nuestra jurisdicción, así como cuando la parte
concernida responde a lo que resulta ser una apreciación
errónea del derecho”. Íd., pág. 212 (citas omitidas). “El
propósito de los honorarios de abogado es sancionar al
litigante perdidoso que[,] por su temeridad, obstinación,
contumacia e insistencia en una actitud frívola o
desprovista de fundamento, obliga a la otra parte a asumir
innecesariamente las molestias, los gastos, el trabajo y las
inconveniencias de un pleito”. Méndez v. Morales, supra, CC-2018-0967 28
pág. 40. No se actúa con temeridad cuando se poseen
argumentos para rebatir lo que sostiene la parte contraria.
Véase íd. En este caso, ambas partes tenían argumentos
plausibles para sostener sus posturas. Como bien señaló el
Tribunal de Apelaciones, el hecho de que el periódico
prevaleció en varias de las instancias, abona a esta
conclusión.
En cuanto a la responsabilidad del presidente y editor
de El Regional, entendemos que sí se cometió el error. Véase
Meléndez Vega v. El Vocero de PR, supra, donde impusimos
responsabilidad a la empresa mediática y a sus funcionarios
principales. Los editores de una publicación tienen la
responsabilidad de velar por el trabajo que se publicará, lo
que incluye prestar atención a expresiones potencialmente
difamatorias. Véase Sanford, supra, Sec. 3.3.3 (Supl. 1993).
En este caso, una lectura simple de los reportajes debió
levantar gran sospecha de que lo dicho sobre el señor Gómez
Márquez y la señora Morrabal Cintrón no estaba corroborado
con evidencia, pues los artículos se limitaron a llamarles
“arquitectos” del fraude, sin explicar por qué.
VI
Resolvemos que el señor Gómez Márquez y la señora
Morrabal Cintrón son personas privadas, que fueron difamadas
por los reportajes de El Regional y que cumplieron con el
estándar requerido de negligencia. Los demandados son
responsables solidariamente por los daños sufridos por el
señor Gómez Márquez y la señora Morrabal Cintrón, por las CC-2018-0967 29
cuantías que impuso el Tribunal de Primera Instancia. No
procede la imposición de honorarios de abogado por
temeridad. La sentencia del Tribunal de Apelaciones queda
revocada en todo lo incompatible con esta Opinión.
Se dictará sentencia de conformidad.
RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
David Gómez Márquez; Juanita Morrabal Cintrón y Gilberto Burgos López
Periódico El Oriental Inc. h/n/c CC-2018-0967 El Regional de Guayama; Sucesión de Vicente Pierantoni, Presidente y Editor, compuesta por Vicente Pierantoni González; Miguel A. Pierantoni González; Magda Pierantoni González; Juan R. Pierantoni González; Alberto Cruz, Administrador; Aseguradora ABC
SENTENCIA
Por los fundamentos antes expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte de esta Sentencia, resolvemos que el señor Gómez Márquez y la señora Morrabal Cintrón son personas privadas, que fueron difamadas por los reportajes de El Regional y que cumplieron con el estándar requerido de negligencia. Los demandados son responsables solidariamente por los daños sufridos por el señor Gómez Márquez y la señora Morrabal Cintrón, por las cuantías que impuso el Tribunal de Primera Instancia. No procede la imposición de honorarios de abogado por temeridad. La sentencia del Tribunal de Apelaciones queda revocada en todo lo incompatible con esta Opinión.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Colón Pérez disintió e hizo constar lo siguiente: “El Juez Asociado señor Colón Pérez disiente de lo resuelto por una mayoría de este Tribunal en el presente caso pues, -- si bien considera que los peticionarios en la causa de epígrafe deben ser considerados como personas privadas --, a su juicio, no se cumplió aquí con el estándar de prueba necesario para poder instar una causa de acción por difamación en contra del CC-2018-0967 2
Periódico El Oriental, Inc. h/n/c El Regional de Guayama, et als.”
La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez y el Juez Asociado señor Estrella Martínez disintieron sin opinión escrita. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez no interviene. El Juez Asociado señor Feliberti Cintrón está inhibido.
José Ignacio Campos Pérez Secretario del Tribunal Supremo