El Pueblo v. Maldonado De Jesús y otro

2023 TSPR 114

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: September 22, 2023
• Docket: CC-2023-0318
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario Certiorari

v. 2023 TSPR 114

Juan Maldonado De Jesús y Aaron Vick 212 DPR ___

Recurridos

Número del Caso: CC-2023-0318

Fecha: 22 de septiembre de 2023

Tribunal de Apelaciones:

Panel II

Abogados de la parte peticionaria:

Lcdo. Ramón Mendoza Rosario Lcdo. Manuel Núñez Corrada Lcda. Zulma I. Fuster Troche

Abogados de la parte recurrida:

Lcda. Mayra E. López Mulero Lcdo. Alberto C. Rivera Ramos Lcdo. Yancarlos Maysonet Hernandez Lcdo. Guillermo Ramos Luiña Lcdo. Leonardo M. Aldridge

Materia: Ley para crear la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente – Jurisdicción de los Fiscales Especiales Independientes en casos en los que únicamente se presentan cargos criminales contra individuos particulares cuya presunta conducta delictiva es descubierta como resultado de la investigación encomendada por el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Peticionario v. CC-2023-318 Certiorari

Juan Maldonado De Jesús y Aaron Vick

El Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón emitió la Opinión del Tribunal.

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de septiembre de 2023.

Este caso nos brinda la oportunidad de ratificar

lo resuelto en Pueblo v. Muñoz Noya, 204 DPR 745

(2020), y precisar la facultad que tienen los Fiscales

Especiales Independientes (Fiscales Especiales) para

presentar cargos criminales en contra de individuos

particulares. En conformidad con el texto de la Ley

para crear la Oficina del Panel sobre el Fiscal

Especial Independiente, infra, y el propósito social

que la inspira, hoy pautamos que la jurisdicción de

los Fiscales Especiales también se extiende a casos

en los que éstos únicamente presentan cargos

criminales contra los individuos particulares cuya

presunta conducta delictiva es descubierta como CC-2023-318 2

resultado de la investigación encomendada por el Panel sobre

el Fiscal Especial Independiente (Panel o PFEI).

De esta manera, adelantamos que revocamos la Sentencia

emitida por el Tribunal de Apelaciones y resolvemos que el

Panel, por conducto de los Fiscales Especiales, posee

jurisdicción para investigar, denunciar y procesar

criminalmente a los individuos particulares en este caso.

Veamos los hechos que originaron la presente controversia.

I

El 29 de octubre de 2020, la entonces Secretaria Interina

del Departamento de Justicia, Lcda. Inés del C. Carrau

Martínez, remitió al PFEI un Informe de investigación

preliminar en conformidad con lo dispuesto en la Ley Núm. 2

de 23 de febrero de 1988, según enmendada, conocida como Ley

para crear la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial

Independiente (Ley del PFEI), 3 LPRA sec. 99h et seq. El

referido informe se produjo a raíz de ciertas denuncias

públicas sobre alegadas irregularidades con relación a la

operación del Gobierno de Puerto Rico en la compra de pruebas

y la adquisición de bienes y servicios durante la

declaración de emergencia decretada por la pandemia del

COVID-19. Al concluir la investigación preliminar, el

Departamento de Justicia recomendó al Panel que “no se

design[ara] un Fiscal Especial Independiente que examin[ara] CC-2023-318 3

la conducta desplegada durante la compra de las pruebas para

la detección del COVID-19".1

Posteriormente, el 28 de diciembre de 2020, el

PFEI emitió una Resolución mediante la cual señaló

que, “[i]ndependientemente de la recomendación del

[Departamento] de Justicia, el Panel t[enía] discreción para

nombrar un [Fiscal Especial] y ordenar la investigación del

caso”.2 En esa misma línea, el Panel determinó que la prueba

documental recibida, la cual incluía varias declaraciones

juradas,3 ameritaba profundizar en la investigación

preliminar del Departamento de Justicia contra ciertos

funcionarios públicos e individuos particulares, entre los

que figuraban el Sr. Juan Maldonado De Jesús y el Sr. Aaron

Wayne Vick (en conjunto, recurridos), por la posible

comisión de delitos.4 Por consiguiente, ordenó la

designación de varios Fiscales Especiales a estos efectos.

1 Informe de investigación preliminar, Apéndice del certiorari, pág. 335. 2 Resolución, Apéndice del certiorari, pág. 136 esc. 8. 3 Destacamos que, previo a que el Departamento de Justicia remitiera su Informe de investigación preliminar, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Panel o PFEI) había comenzado una investigación preliminar sobre este asunto a raíz de varios informes referidos por la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes y uno de sus integrantes. Por lo tanto, como parte de su análisis, el Panel consideró la prueba recopilada por la Cámara de Representantes, la Fiscal Investigadora y el Departamento de Justicia. Íd., págs. 134-135. 4 Valga señalar que, aunque el Sr. Aaron Wayne Vick no fue mencionado en el epígrafe de la determinación del PFEI, éste se encontraba entre los individuos particulares implicados como parte del récord de la investigación preliminar que fue remitido a dicha entidad. Íd., pág. 136. CC-2023-318 4

La Resolución del PFEI disponía lo siguiente en cuanto al

alcance de la encomienda:

[…] esta determinación en nada constituye un impedimento legal para la autoridad del [Fiscal Especial], en la etapa investigativa delegada, ampliar la misma y, de contar con la prueba requerida, proceder con las denuncias que correspondan ante el tribunal.

Por consiguiente, no debe interpretarse que[,] por el hecho de no estar mencionados en el epígrafe de esta determinación[,] los restantes funcionarios o personas particulares mencionadas en el ACÁPITE II-A están exentos de responsabilidad. De hecho, del expediente del caso surge prueba implícita contra varios de ellos. Es obligación de los [Fiscales Especiales], evaluar y determinar si alguno de los mencionados en los informes debe responder por lo acontecido en este caso, conforme a la prueba que obtengan en el curso de su investigación. Por tanto, como parte de su encomienda, los [Fiscales Especiales] deben considerar el proceder de cada uno de los funcionarios o personas particulares mencionadas en el citado ACÁPITE II-A, que intervinieron, autorizaron o realizaron gestiones en este asunto, a los fines de determinar el alcance de tal responsabilidad.

Ciertamente estamos ante un caso complejo y de alto interés público donde tenemos el deber de asegurarnos que ninguna conducta quede impune allí donde el dolor humano, durante una pandemia, pudo quedar soterrado frente a un desmedido e insensible ánimo de lucro, y el interés de algunos de controlar los procesos para adelantar agendas y ventajas insospechadas. Resulta necesario, pues, llevar a cabo las indagatorias necesarias para separar el grano de la paja. “Si el fardo trajo paja, y sólo paja, que lo descarte, pero si trajo grano para su molino, pues, que lo muela”. En fin, procédase con la encomienda investigativa, según hemos determinado. (Negrilla y subrayado en el original y cita omitida).5

5 Resolución, Apéndice del certiorari, págs. 146-147. CC-2023-318 5

Tras concluir su investigación, los Fiscales Especiales

determinaron que únicamente procedía presentar cargos en

contra de dos (2) individuos particulares, ya que la prueba

recopilada establecía que estas personas presuntamente

intervinieron de manera ilegal en el proceso de la

otorgación de un contrato gubernamental. En consecuencia,

el 23 de septiembre de 2021, el Panel envió una comunicación

dirigida al Secretario del Departamento de Justicia,

Lcdo. Domingo Emanuelli Hernández (Secretario de Justicia),

indicando que “[a]l no presentarse cargos penales contra

ninguno de los funcionarios públicos investigados, los

cuales participaron del proceso de la compra de las pruebas

COVID, queda[ba] pendiente determinar si el proceso

continuar[ía] a cargo de los fiscales especiales

independientes o, en su defecto, el Departamento de Justicia

se har[ía] cargo de dicho procesamiento”.6 En respuesta,

el Secretario de Justicia informó que el Departamento de

Justicia no se haría cargo del procesamiento criminal por

conflicto de intereses, toda vez que dicho organismo

gubernamental había determinado preliminarmente que no

procedía la designación de un Fiscal Especial como parte de

los hallazgos de su investigación.7

6 Carta del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente del 23 de septiembre de 2021, Apéndice del certiorari, pág. 340. 7 Cartas del Secretario del Departamento de Justicia del 24 de septiembre de 2021 y 21 de octubre de 2021, Apéndice del certiorari, págs. 341 y 343. CC-2023-318 6

Así las cosas, el 4 de noviembre de 2021, los Fiscales

Especiales presentaron varias denuncias criminales en contra

de los señores Juan Maldonado De Jesús y Aaron Wayne Vick

por los delitos de tentativa de fraude, falsificación de

documentos, falsedad ideológica, posesión y traspaso de

documentos falsificados e intervención indebida en

operaciones gubernamentales (Arts. 202, 211, 212, 217 y 254

del Código Penal, 33 LPRA secs. 5272, 5281, 5282, 5287 y

5345). En esencia, se les acusó de haber incurrido en la

comisión de delitos para obtener un contrato gubernamental

relacionado con la compra de pruebas rápidas para detectar

el COVID-19 por la cantidad de $38 millones así como el

desembolso de fondos públicos por $19 millones. El Tribunal

de Primera Instancia encontró causa probable para arresto

por los referidos delitos e impuso las fianzas

correspondientes. Así pues, el foro primario señaló la

vista preliminar para el 22 de noviembre de 2021.

Luego de varios trámites procesales, los recurridos

solicitaron la desestimación de los cargos en su contra. En

síntesis, arguyeron que el Panel carecía de jurisdicción

para procesarlos criminalmente, pues no tenían la facultad

de encausar a individuos particulares cuando a éstos no se

les imputaba haber actuado en concierto y común acuerdo con

algún funcionario público. Por su parte, los Fiscales

Especiales se opusieron a dichas solicitudes y argumentaron

que tenían la facultad de incoar un proceso criminal con

relación a cualesquiera de los delitos que surgieran de la CC-2023-318 7

investigación encomendada por el PFEI, incluso cuando fuesen

cometidos por individuos particulares.

Tras examinar los argumentos presentados por las partes,

el 1 de septiembre de 2022, el tribunal de instancia

determinó que los Fiscales Especiales carecían de

jurisdicción para presentar los cargos en contra de los

recurridos. Por ende, el foro primario desestimó los cargos

en contra de éstos.

En desacuerdo, el 27 de septiembre de 2022, los Fiscales

Especiales presentaron un recurso de certiorari ante el

Tribunal de Apelaciones. En resumen, reiteraron que la

jurisdicción del PFEI para acusar también se extendía a

individuos particulares cuya conducta criminal fuera

descubierta como parte de la investigación que originalmente

fue encomendada por el Panel. Además, aseveraron que su

obligación, por mandato de ley, era instar las acciones

criminales que procedieran como resultado de las

investigaciones realizadas sobre los asuntos que les fueron

asignados.

Por otro lado, el señor Vick presentó un Alegato en

oposición a la expedición del auto de certiorari. Allí

reafirmó que el Panel carecía de jurisdicción para

procesarlo criminalmente y aseguró que dicha facultad recaía

en el Departamento de Justicia. Por ende, solicitó que se

denegara la expedición del recurso de certiorari. Por su

parte, el señor Maldonado De Jesús presentó un Memorando en CC-2023-318 8

oposición a expedición de auto de certiorari en el cual

expuso planteamientos similares.

Luego de evaluar los argumentos de las partes, el

Tribunal de Apelaciones, mediante una Sentencia emitida el

28 de febrero de 2023 y notificada el 1 de marzo de 2023,

confirmó el dictamen recurrido. Determinó que el PFEI no

tenía autoridad para procesar a personas privadas, excepto

cuando éstos actuaran en concierto y común acuerdo con un

funcionario público. Además, el foro apelativo intermedio

manifestó que, en este caso, no surgía la existencia de un

conflicto de intereses real o potencial que impidiera que

el Departamento de Justicia asumiera su jurisdicción para

procesar criminalmente a los recurridos. Aún inconformes,

el 15 de marzo de 2023, los Fiscales Especiales presentaron

una moción de reconsideración, la cual fue denegada mediante

una Resolución emitida el 24 de abril de 2023.8

Oportunamente, el 22 de mayo de 2023, los Fiscales

Especiales presentaron una Petición de certiorari ante este

Foro y señalaron como único error el siguiente:

Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al confirmar la resolución del Tribunal de Primera Instancia de San Juan determinando que el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente no tiene jurisdicción para procesar criminalmente a los recurridos.

8 Según surge del Sistema de Consulta de Casos, esta Resolución fue notificada el 25 de abril de 2023. CC-2023-318 9

El 30 de junio de 2023, expedimos el recurso de

certiorari solicitado. Contando con los alegatos de las

partes, procedemos ahora a examinar el derecho aplicable.

II

Hemos reconocido que, como norma general, el Secretario

de Justicia y los fiscales adscritos al ente gubernamental

dirigido por éste tienen la responsabilidad de investigar y

procesar las causas criminales en Puerto Rico . Pueblo v.

Muñoz Noya, 204 DPR 745, 756 (2020); Pueblo v. Colón Bonet,

200 DPR 27, 35-36 (2019); Pueblo v. García Vega, 186 DPR

592, 603 (2012). No obstante, mediante la Ley del PFEI,

supra, se instauró una figura externa para investigar y

procesar criminalmente -por vía de excepción- a ciertos

funcionarios públicos que incurrieran en determinadas

actividades delictivas. Pueblo v. Colón Bonet, supra,

pág. 36; Pueblo v. García Vega, supra. Así pues, al crear

la figura del Fiscal Especial Independiente nombrado por un

Panel compuesto por exjueces, la Asamblea Legislativa

respondió a la necesidad de que se realizaran

investigaciones completas y objetivas en las que se

eliminaran las posibles situaciones de conflicto de

intereses entre los investigadores e investigados.

Pueblo v. Torres Santiago, 175 DPR 116, 124 (2008);

Pueblo v. Rexach Benítez, 130 DPR 273, 295 (1992).

El Art. 4 de la Ley del PFEI, 3 LPRA sec. 99k(1), dispone

que el Secretario de Justicia podrá realizar una

investigación preliminar cuando reciba información CC-2023-318 10

juramentada que, a su discreción, constituya causa

suficiente para investigar si se ha cometido cualquier

delito grave y menos grave incluido en la misma transacción

o evento, o cualquier delito contra los derechos civiles,

la función pública o el erario, por algún funcionario

público allí mencionado. Por otro lado, el Art. 5 de la Ley

del PFEI, 3 LPRA sec. 99l, contempla el ámbito

jurisdiccional en cuanto a otros sujetos no enumerados en

el artículo anterior, a saber, otros funcionarios, empleados

o individuos particulares. Específicamente, el mencionado

artículo dispone lo siguiente:

(1) Cuando el Secretario de Justicia recibiere información bajo juramento que a su juicio constituyera causa suficiente para investigar si cualesquiera de los funcionarios, ex funcionarios, empleados, ex empleados, autores, coautores o individuos no enumerados en el Artículo 4, de esta Ley ha cometido cualesquiera de los delitos a que hace referencia al Artículo 4 de esta Ley efectuará una investigación preliminar y solicitará el nombramiento de un Fiscal Especial cuando determine que, de ser la investigación realizada por el Secretario de Justicia, podría resultar en algún conflicto de interés.

(2) Cuando el Secretario determine que no existe conflicto de interés alguno que impida la investigación objetiva por parte del Departamento de Justicia, en tal caso el Secretario designará el funcionario que conducirá la investigación y el Departamento de Justicia asumirá jurisdicción sobre la misma.

(3) Cuando el Secretario de Justicia recibiere información bajo juramento que a su juicio constituyera causa suficiente para investigar si algún funcionario, ex funcionario, empleado, ex empleado o individuo no enumerado en el Artículo 4 de esta Ley participó, conspiró, indujo, aconsejó, provocó, instigó, o de algún otro modo fue autor o coautor en cualquiera de los delitos a que se CC-2023-318 11

hace referencia en el Artículo 4 de esta Ley, efectuará una investigación preliminar y rendirá un informe conforme los criterios establecidos en el Artículo 4 de esta Ley, sobre si procede o no la designación de un Fiscal Especial Independiente. Una vez remitido el Informe, el Panel tendrá la facultad de determinar si investiga y procesa al autor o los coautores, como parte de la encomienda que haga al Fiscal Especial Independiente de conformidad con el Artículo 11(2) de esta Ley, solamente cuando los delitos imputados a los funcionarios públicos bajo su jurisdicción sean contra la función pública o el erario. Si el Panel determinare que no procede el nombramiento de un Fiscal Especial dicha determinación será final y firme y no podrá presentarse querella nuevamente por los mismos hechos. (Negrilla suplida).9

El Secretario de Justicia deberá completar la

investigación preliminar dentro de un término prorrogable

de noventa (90) días, contado a partir de la fecha en la que

determine que procede realizar la misma. Art. 8 de la Ley

del PFEI, 3 LPRA sec. 99o(4). Una vez el Secretario de

Justicia concluya tal investigación, éste deberá rendir y

enviar al Panel un informe en el cual detallará si recomienda

o no la designación de un Fiscal Especial. Pueblo v. Colón

Bonet, supra, pág. 39. La obligación de someter el informe

y acompañar el expediente surge incluso en aquellos casos

en los que el Secretario de Justicia recomienda que no se

designe un Fiscal Especial, pues el PFEI tiene discreción

9 Cabe destacar que citamos el texto íntegro de la Ley Núm. 3-2012, según fue promulgada por el Departamento de Estado, ya que las colecciones de Leyes de Puerto Rico (LPR) y Leyes de Puerto Rico Anotadas (LPRA) no contemplan una porción del Art. 5 de la Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988, según enmendada, conocida como Ley para crear la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Ley del PFEI), 3 LPRA sec. 99l(3). Para referencia, véase, https://sutra.oslpr.org/osl/sutra/anejos_conv/2009-2012/%7Bcd78b2f8- e3fd-48a9-ae35-543f9c792d6f%7D.pdf (última visita, 28 de agosto de 2023). CC-2023-318 12

para nombrarlo y ordenar la investigación del caso. Íd.

Véase, además, Art. 4 de la Ley del PFEI, 3 LPRA sec. 99k(2).

Según se desprende de la Ley del PFEI, el Panel conserva

la facultad de nombrar un Fiscal Especial cuando, basado en

el informe presentado por el Secretario de Justicia o en

cualquier otra información obtenida, establezca que se

amerita una investigación más a fondo porque podría proceder

la presentación de acusaciones o cargos. Art. 11 de la Ley

del PFEI, 3 LPRA sec. 99r(1)(b). Cuando se le impute a un

funcionario la posible comisión de algún delito bajo la

jurisdicción de la ley, el Panel tiene la prerrogativa de

determinar si incluye en la investigación y eventual

procesamiento a individuos particulares que puedan ser

autores o coautores, como parte de la encomienda que haga

al Fiscal Especial. Pueblo v. Muñoz Noya, supra, págs. 757-

758. En consecuencia, al momento de nombrar la figura del

Fiscal Especial, el Panel es quien delimita la encomienda y

la jurisdicción de éste. (Negrilla suplida). Art. 11 de

la Ley del PFEI, 3 LPRA sec. 99r(2). El PFEI también podrá

ampliar la encomienda y jurisdicción de un Fiscal Especial

en funciones a solicitud de dicho Fiscal Especial, o del

Secretario de Justicia, o a iniciativa propia para evitar

el nombramiento de un nuevo Fiscal Especial. Art. 11 de la

Ley del PFEI, 3 LPRA sec. 99r(3).

Una vez nombrado el Fiscal Especial, la Ley del PFEI

dispone que éste tendrá, “respecto a los asuntos dentro de

su encomienda y jurisdicción, todos los poderes y CC-2023-318 13

facultades que tienen el Departamento de Justicia, el

Director del Negociado de Investigaciones Especiales y

cualquier otro funcionario al cual las secs. 99h a 99z de

este título le confiera autoridad para investigar y procesar

violaciones a la ley penal”. (Negrilla suplida). Art. 12

de la Ley del PFEI, 3 LPRA sec. 99s(3). Entre otras

facultades, el Fiscal Especial tendrá la autoridad para

realizar toda clase de investigaciones de individuos,

entidades y documentos relacionados con su jurisdicción o

encomienda -con excepción de los archivos que sean

confidenciales-, y representar al Gobierno de Puerto Rico

ante los tribunales. Art. 12 de la Ley del PFEI, 3 LPRA

sec. 99s(3)(b) y (j). Asimismo, el Fiscal Especial

tendrá jurisdicción para investigar y procesar aquellas

acciones penales contenidas dentro de la encomienda que se

le asigne. Véase Art. 13 de la Ley del PFEI, 3 LPRA sec.

99t. Por ende, el nombramiento de un Fiscal Especial tiene

el efecto práctico de privar completamente de jurisdicción

al Secretario de Justicia sobre la investigación. Art. 12

de la Ley del PFEI, 3 LPRA sec. 99s(7).

En el caso de Pueblo v. Muñoz Noya, supra, pág. 757, al

hacer referencia a la inclusión de varias enmiendas a la Ley

del PFEI en el 2012, destacamos que la Asamblea Legislativa

amplió el alcance del mencionado estatuto para:

(1) garantizar el ejercicio pleno de la jurisdicción concedida al Panel y a los Fiscales Especiales; (2) aumentar el marco de acción de los referidos recibidos por el PFEI y sus investigaciones; (3) conceder al Panel la prerrogativa para, a su discreción, incluir o CC-2023-318 14

no en sus investigaciones y procesamientos a individuos particulares que hayan sido autores o coautores en cualesquiera de los delitos imputados a funcionarios públicos bajo su jurisdicción, y (4) adicionar otras enmiendas de índole administrativo con el objetivo de aclarar y ampliar el alcance de la autonomía administrativa del organismo”. (Énfasis en el original y énfasis suplido).

Como corolario de lo anterior, resolvimos que la Ley del

PFEI le confería autoridad a los Fiscales Especiales para

presentar cargos criminales contra individuos particulares

que, según los hallazgos de una investigación debidamente

encomendada por el Panel, presuntamente participaron como

autores o coautores en la alegada conducta delictiva que

implicaba a un funcionario público, inicialmente investigado

bajo la jurisdicción del PFEI. Íd., pág. 749.

En un ejercicio de hermenéutica jurídica respecto a las

disposiciones de la Ley del PFEI, hemos expresado que “las

leyes hay que interpretarlas y aplicarlas en comunión con

el propósito social que las inspira, sin desvincularlas de

la realidad y del problema humano que persiguen resolver”.

(Cita depurada y negrilla suplida). In re Invest. ex Alcalde

Vega Alta, 158 DPR 666, 677 (2003). Con arreglo a esta ley

y sus respectivas enmiendas, la Asamblea Legislativa

pretendió proveer un balance jurisdiccional para evitar la

duplicidad y la desintegración de esfuerzos en el curso de

las competencias de las instituciones encargadas de asegurar

la integridad en el ejercicio de la función pública. Véase

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 3-2012 (2012 [Parte 1]

Leyes de Puerto Rico 80–83). Por ende, al examinar el CC-2023-318 15

andamiaje que provee el estatuto en cuestión, debemos tener

presente la potestad que la Asamblea Legislativa le concedió

a la figura del Fiscal Especial para “acudir a los Tribunales

de Justicia, en representación del Gobierno […] de Puerto

Rico, a instar las acciones criminales que procedan como

resultado de las investigaciones que realice sobre los

asuntos que se le asignen […]”. (Negrilla suplida). Art. 3

de la Ley del PFEI, 3 LPRA sec. 99j. Véase, además, Pueblo

v. Muñoz Noya, supra, págs. 763-764.

Dentro del marco jurídico expuesto, procedemos a

examinar la controversia que nos ocupa.

III

Debemos enfatizar que nuestra tarea adjudicativa se

circunscribe estrictamente a evaluar los aspectos

jurisdiccionales que se presentan en este caso. Por

consiguiente, nuestro pronunciamiento de ninguna forma

incide sobre los méritos de las acusaciones incoadas en

contra de los recurridos. De esta manera, nos corresponde

determinar si el Tribunal de Apelaciones erró al confirmar

la determinación del Tribunal de Primera Instancia que

desestimó los cargos criminales presentados en contra de los

señores Juan Maldonado De Jesús y Aaron Wayne Vick,

fundamentándose en que los Fiscales Especiales presuntamente

carecían de jurisdicción. Veamos.

El Departamento de Justicia remitió al Panel el

resultado de su investigación preliminar en conformidad con

las disposiciones estatutarias de la Ley del PFEI. Allí CC-2023-318 16

recomendó que no se designara un Fiscal Especial y notificó

a los funcionarios públicos, así como a los individuos

particulares -incluyendo al señor Maldonado De Jesús y el

señor Vick-, sobre esta determinación. No obstante, al

ejercer su criterio, el Panel determinó que el caso

ameritaba una investigación a fondo sobre el proceder de

cada uno de los funcionarios e individuos particulares

implicados en la posible comisión de los delitos

contemplados en el inciso 1 del Art. 4 de la Ley del PFEI,

supra.

De entrada, cabe precisar que el inciso 3 del Art. 5 de

la Ley del PFEI, supra, específicamente establece la

facultad del Panel para determinar la procedencia de la

investigación y el posible procesamiento de individuos

particulares, según la encomienda que haga al Fiscal

Especial. Así pues, luego de recibir el informe preliminar

del Departamento de Justicia, el Panel ejerció adecuadamente

la facultad que la propia ley le confirió para decidir

investigar a los sujetos envueltos con miras a procesarlos

criminalmente, pues en ese momento se le imputaba o atribuía

a varios funcionarios públicos la posible comisión de

delitos. Esta determinación jurisdiccional, de igual forma,

encuentra apoyo en el inciso 2 del Art. 11 de la Ley del

PFEI, supra. Por lo tanto, en el pleno ejercicio de sus

facultades legales, el Panel nombró a los Fiscales

Especiales y delimitó su jurisdicción para realizar una

investigación a fondo sobre la compra de pruebas para CC-2023-318 17

atender la pandemia del COVID-19 y llevar a cabo el posible

procesamiento criminal de funcionarios públicos e individuos

particulares conforme a los resultados de su investigación.

Ahora bien, culminada la investigación encomendada, los

Fiscales Especiales concluyeron que únicamente procedía

presentar cargos criminales en contra de dos (2) individuos

particulares por su alegada intervención ilícita en el

proceso de la otorgación de un contrato gubernamental. Cabe

entonces preguntarse si, ante este cuadro, los Fiscales

Especiales aún tenían jurisdicción para presentar los cargos

criminales que estimaban procedentes a la luz de su

investigación. La respuesta es que sí.

La jurisdicción que los Fiscales Especiales poseen para

presentar los cargos criminales en contra de los recurridos

tuvo su origen en la encomienda inicialmente asignada por

el Panel mediante la Resolución emitida el 28 de diciembre

de 2020. Así, en conformidad con el Art. 13 de la Ley del

PFEI, supra, los Fiscales Especiales adquirieron

jurisdicción para investigar y procesar tanto a los

funcionarios públicos como a los individuos particulares

implicados en las posibles acciones penales contenidas

dentro de la encomienda asignada. Desde entonces, la

encomienda del Panel tuvo el efecto práctico de privar de

jurisdicción al Secretario de Justicia. Aun así, previo a

la presentación de los cargos, el Panel y el Secretario de

Justicia intercambiaron ciertas comunicaciones que CC-2023-318 18

detallamos a continuación y que el Tribunal de Apelaciones

consideró para fines de su análisis.

El 23 de septiembre de 2021, los Fiscales Especiales le

remitieron al Panel una carta en la que se expresó lo

siguiente:

En este caso estamos considerando que procede [] presentar cargos criminales. Dichos cargos estarían dirigidos a personas privadas. Debido a lo anterior, es necesario auscultar y definir los aspectos jurisdiccionales 10 aplicables.

Como resultado de esta comunicación, el 23 de septiembre

de 2021, el PFEI le envió una carta al Secretario de Justicia

en la que señaló lo siguiente:

[H]emos recibido una comunicación de los Fiscales Especiales Independientes (FEI) en el caso de referencia. En la misma, nos informan que -luego de culminar la investigación a fondo-, han determinado presentar cargos penales contra tres de los coautores, que no son funcionarios públicos.

Al no presentarse cargos penales contra ninguno de los funcionarios públicos investigados, los cuales participaron del proceso de la compra de las pruebas COVID, queda pendiente determinar si el proceso continuará a cargo de los fiscales especiales independientes o, en su defecto, el Departamento de Justicia se hará cargo de dicho procedimiento. Sin embargo, para que los FEI puedan continuar con el mismo, es necesario que usted así lo determine a la luz de lo dispuesto en el Art. 5 de la Ley Núm. 2-1988[…]. (Negrilla en el 11 original).

10 Carta de los Fiscales Especiales del 23 de septiembre de 2021, Apéndice del certiorari, pág. 339. 11 Carta del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente del 23 de septiembre de 2021, Apéndice del certiorari, pág. 340. CC-2023-318 19

En respuesta, el 24 de septiembre de 2021, el Secretario

de Justicia le comunicó al Panel que:

[E]n atención a su comunicación del 23 de septiembre de 2021, le informamos que es completamente incompatible y conlleva un serio conflicto de intereses que los fiscales del Departamento de Justicia se hagan cargo del procesamiento de los funcionarios públicos que participaron en este caso en el proceso de compra de las pruebas de COVID. Ello en vista de que en el informe de la investigación preliminar que fue remitido el 10 de diciembre de 2020 al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) por el Departamento de Justicia, no se recomendó la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) basado en los hallazgos de la investigación.12

Por su parte, el 27 de septiembre de 2021, el PFEI le

informó a los Fiscales Especiales lo siguiente:

En atención a la comunicación que enviaron al Panel el pasado 23 de septiembre de 2021, relacionada con el caso de referencia, procedimos a remitir una comunicación al Hon. Domingo Emanuelli Hernández, Secretario del Departamento de Justicia para que éste evaluara el aspecto jurisdiccional y nos notificara su decisión sobre el particular.

Mediante escrito fechado el 24 de septiembre de 2021, el Secretario de Justicia nos indica su determinación de que el caso continúe siendo atendido por los fiscales especiales independientes.

Atendido lo anterior, quedan facultados para proceder de conformidad con dicha 13 determinación.

12 Carta del Secretario del Departamento de Justicia del 24 de septiembre de 2021, Apéndice del certiorari, pág. 341. 13 Carta del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente del 27 de septiembre de 2021, Apéndice del certiorari, pág. 342. CC-2023-318 20

Finalmente, el 21 de octubre de 2021, el Secretario de

Justicia envió otra carta dirigida al Panel en la que expresó

lo siguiente:

[L]e informamos que es completamente incompatible y conlleva un serio conflicto de intereses que el Ministerio Público se haga cargo del procesamiento de personas privadas o de los coautores que participaron en el proceso de la compra [de] las pruebas de COVID-19.

Por tal razón, el Departamento de Justicia no se hará cargo del procesamiento criminal de dichas personas con relación a este asunto.14

El Tribunal de Apelaciones consideró que, de un examen

de las referidas cartas, no surgía la presencia real o

potencial de un conflicto de intereses que impidiera que el

Departamento de Justicia asumiera su jurisdicción para

procesar criminalmente a los recurridos. En cuanto a si

realmente existía un conflicto de intereses o no, quaere.

Resulta innecesario adentrarnos en los méritos de esta

determinación para la apropiada disposición de la

controversia central del caso. Lo cierto es que, una vez

el Panel nombró a los Fiscales Especiales, éstos adquirieron

implicados en las posibles acciones penales que procedieran

conforme a derecho.

En Pueblo v. Muñoz Noya, supra, pág. 766, mencionamos

que no procedía sujetar el procesamiento del individuo

14 Carta del Secretario del Departamento de Justicia del 21 de octubre de 2021, Apéndice del certiorari, pág. 343. CC-2023-318 21

particular al encausamiento simultáneo del funcionario

público, ya que ese requisito no estaba contemplado

expresamente en ninguna de las disposiciones de la Ley del

PFEI ni se podía inferir de la intención legislativa. En

lo pertinente a la controversia que hoy atendemos, añadimos

que tampoco encontramos nada en el texto de la ley que

contemple la pérdida de jurisdicción sobre un individuo

particular por no concretarse el encausamiento criminal del

funcionario público inicialmente investigado.15

Sería desatinado concluir que, en un caso como éste, los

Fiscales Especiales no poseen autoridad para presentar

cargos criminales en contra de los individuos particulares

como parte del resultado de una investigación completa y

objetiva sobre los asuntos que fueron debidamente

encomendados por el Panel. De estas personas haber

incurrido en la comisión de delitos, tanto los crímenes

cometidos como sus autores quedarían impunes de no ser

procesados. Este escenario contravendría la clara política

pública del Gobierno a los fines de evitar la desintegración

de los esfuerzos del Estado y el derroche de fondos públicos

en la utilización de sus recursos. Además, vulneraría el

15 Nótese que cuando se alude a la frase “solamente cuando los delitos imputados a los funcionarios públicos bajo su jurisdicción sean contra la función pública o el erario” en el inciso 3 del Art. 5 de la Ley del PFEI, supra, se refiere a las actuaciones criminales imputadas mediante querellas, informes o prueba juramentada durante la etapa inicial. En ese sentido, resulta evidente que el término “imputar” no implica necesariamente “encausar criminalmente”. Para referencia, véanse: Arts. 4(4), 6, 7, 8(1)(b), 8(3), 9, 11(1)(c) y 11(6) de la Ley del PFEI, 3 LPRA secs. 99k(4), 99m, 99n, 99o(1)(b), 99o(3), 99p, 99r(1)(c) y 99r(6). CC-2023-318 22

propósito social de penalizar cualquier comportamiento

delictivo contra la función pública o el erario, restaurar

la confianza del Pueblo en sus instituciones y erradicar el

problema de la impunidad.

En definitiva, al realizar un análisis integral de la

Ley del PFEI, el propósito social que la inspiró y su

jurisprudencia interpretativa, resulta forzoso concluir que

los Fiscales Especiales ostentan la autoridad para encausar

a los individuos particulares cuya presunta conducta

delictiva ha sido descubierta como parte de los hallazgos

de la investigación que ha sido debidamente encomendada por

el Panel. Sólo de esta forma se cumpliría con la intención

legislativa de garantizar el ejercicio pleno de la

jurisdicción concedida al Panel y a los Fiscales Especiales

para acudir a los Tribunales de Justicia, en representación

del Gobierno de Puerto Rico, a instar las acciones

criminales que procedan como resultado de sus

investigaciones. Véase Pueblo v. Muñoz Noya, supra,

págs. 763-764.

IV

Declarada la existencia de la jurisdicción del PFEI, por

conducto de los Fiscales Especiales, se revoca la Sentencia

emitida por el Tribunal de Apelaciones el 28 de febrero

de 2023 y se devuelve el caso al Tribunal de Primera

Instancia para la continuación de los procedimientos de

acuerdo con lo resuelto en esta Opinión. CC-2023-318 23

Se dictará Sentencia en conformidad.

ROBERTO FELIBERTI CINTRÓN Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente Sentencia, se revoca la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones el 28 de febrero de 2023 y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos de acuerdo con lo resuelto en la Opinión.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Martínez Torres emitió una Opinión de Conformidad, a la cual se unieron la Jueza Asociada señora Pabón Charneco, el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo y el Juez Asociado señor Rivera García. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez disintió y emitió una Opinión Disidente. El Juez Asociado señor Colón Pérez disintió y emitió una Opinión Disidente, a la cual se unió la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Peticionario

v. CC-2023-0318 Juan Maldonado De Jesús y Aaron Vick

Opinión de Conformidad emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES a la que se unieron la Jueza Asociada señora PABÓN CHARNECO, el Juez Asociado señor KOLTHOFF CARABALLO y el Juez Asociado señor RIVERA GARCÍA.

El resultado al que hoy se arriba acata el texto

de la Ley para crear la Oficina del Panel sobre el

Fiscal Especial Independiente, infra, y se abstiene

de imponer obstáculos a la clara intención

legislativa de penalizar a todo aquel que incurre en

conducta delictiva contra la función pública o el

erario. La jurisdicción de los Fiscales Especiales

Independientes abarca las instancias en que

únicamente se presentan cargos criminales contra

individuos particulares si el presunto comportamiento

delictivo reluce en una investigación encomendada al

Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI). CC-2023-0318 2

Si bien esta decisión es correcta, me veo compelido a

dirigir la mirada a la facultad de los Fiscales Especiales

Independientes cuando media una determinación de conflicto

de interés. Hasta hoy, el consenso entre los miembros de

este Tribunal yacía en que, emitida una determinación de

conflicto de interés por parte del Secretario de Justicia —

como sucedió en este caso—, el PFEI tiene potestad para

procesar criminalmente, inclusive, a individuos

particulares. Pueblo v. Muñoz Noya, 204 DPR 745 (2020).

Sin embargo, descontentos con el desenlace que

supondría aplicar esta norma, algunos compañeros postulan,

en abstracción de la letra del estatuto, que no basta con

una determinación expresa de conflicto de interés (que es lo

único que la ley exige), sino que es necesario detallar y

presentar prueba concluyente de este (algo que la ley no

requiere). El problema con esa nueva tesis es que el

pronunciamiento de conflicto de interés del Secretario de

Justicia no es un asunto sujeto a revisión judicial. Se trata

del ejercicio discrecional de decidir a quién acusar. Pueblo

v. Rexach Benítez, 130 DPR 273, 298-299 (1992). Eso es una

función del Poder Ejecutivo.

Establecer por opinión judicial un catálogo de

directrices para sustituir el criterio del Departamento de

Justicia respecto a aquello que configura “conflicto de

intereses”, sería sobrepasar nuestras funciones e invadir

las de otras ramas. La tangente que propone el ala disidente

tendría el efecto que el legislador quiso evitar; CC-2023-0318 3

situaciones de conflicto de interés y falta de

imparcialidad, objetividad e independencia en las

investigaciones. No se puede obligar al Secretario de

Justicia a acusar a alguien. Por eso, la norma que proponen

los compañeros disidentes abre la puerta a que el

comportamiento delictivo contra las arcas gubernamentales

quede impune, pues posibilitaría situaciones en las que

ningún ente pudiera encausar a los funcionarios públicos o

actores privados.

Por eso, recalco que cuando se trata de una intervención

del PFEI bajo el supuesto de determinaciones de conflicto de

interés, el elemento esencial es que el Departamento de

Justicia emita tal determinación.

La situación fáctica que engendra el caso de marras se

encuentra detallada en la Opinión del Tribunal, por lo que

procedo directamente a exponer mi postura.

El Art. 5(1) de la Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988,

según enmendada, conocida como la Ley para Crear la Oficina

del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, (Ley del

PFEI), 3 LPRA sec. 991, preceptúa que el Secretario de

Justicia deberá realizar una investigación preliminar tras

recibir información bajo juramento que, a su juicio,

constituya causa suficiente para indagar si funcionarios

públicos o individuos particulares cometieron ciertos

delitos. Efectuada la indagación preliminar, “solicitará el

nombramiento de un Fiscal Especial cuando determine que, de CC-2023-0318 4

ser la investigación realizada por el Secretario de

Justicia, podría resultar en algún conflicto de interés”.

(Negrilla suplida). Íd.

Como vemos, la norma no requiere demostrar el conflicto

de interés, mucho menos que se especifique o detallen sus

fundamentos. Bajo el esquema estatutario, tampoco hay margen

para que los tribunales entremos a adjudicar la legitimidad

del conflicto argüido. En otras palabras, se trata de una

cuestión no revisable.

En Pueblo v. Muñoz Noya, supra, tanto la Opinión

mayoritaria como la Opinión disidente del Juez Asociado

señor Colón Pérez (a la que se unió la Jueza Presidenta

Oronoz Rodríguez y la Juez Asociada señora Rodríguez

Rodríguez), tomaron en cuenta que, en ocasiones, la

autoridad del PFEI cobra vigor en base a una determinación

de conflicto de interés. En concreto, allí la Opinión

disidente planteó que el PFEI puede encausar criminalmente

a un sujeto privado “emitida una determinación de conflicto

de interés por parte del Secretario del Departamento de

Justicia de Puerto Rico, según pautado en el Artículo 5 del

precitado estatuto”. (Negrilla suplida). Íd., pág. 768.

Si hasta la fecha había concordancia entre los Jueces

de este Tribunal respecto a que la emisión de una

determinación de conflicto de interés es suficiente para

investir de jurisdicción al PFEI, no hay motivo para

debatirlo ahora. Aun bajo la Opinión disidente de Pueblo v.

Muñoz Noya, supra, tendríamos que concluir que el PFEI tiene CC-2023-0318 5

potestad para procesar criminalmente al Sr. Juan Maldonado

De Jesús y al Sr. Aaron Wayne Vick.1

Es un hecho incontrovertido que el Hon. Domingo

Emanuelli Hernández, Secretario de Justicia, determinó la

existencia de un conflicto de interés que impedía a su

dependencia encargarse del procesamiento de los funcionarios

públicos, coautores o personas privadas que participaron en

la conducta delictiva imputada.

Aun así, las opiniones disidentes insisten en imponer

condiciones adicionales con fines de cuestionar la

legitimidad del conflicto de interés consignado. Rechazo esa

invitación. Contrario a la contención de algunos compañeros,

estamos impedidos de revisar la discreción del Secretario de

Justicia para decidir a quién procesar. Pueblo v. Rexach

Benítez, supra.

La peripecia de añadir trabas adicionales al mecanismo

instaurado por la Ley del PFEI tropieza con la investigación

neutral e independiente que el legislador dispuso. En el

peor de los casos, obstaculizar de esta manera la facultad

del PFEI podría, incluso, abonar al problema de impunidad

por falta de encausamiento. Eso sucedería si el Panel del

PFEI decidiera que no se encause a un funcionario público y

se le privara de encausar a personas privadas relacionadas,

1 Aestos se les imputó intervenir ilegalmente en el proceso de otorgación de un contrato gubernamental relacionado con la compra de pruebas para detectar COVID-19. Así, las acusaciones se centraron en los delitos de tentativa de fraude; falsificación de documentos; posesión y traspaso de documentos falsificados; falsedad ideológica, e intervención indebida en operaciones gubernamentales. CC-2023-0318 6

luego de revocarse la decisión del Secretario de Justicia de

que tenía un conflicto de interés para procesar a esos

individuos. Eso es precisamente lo que los legisladores

quisieron evitar.

En fin, estoy conforme con la Opinión que hoy se

certifica. El nombramiento y la encomienda que el Panel

realizó pone de manifiesto la jurisdicción de los Fiscales

Especiales Independientes.

RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

v. CC-2023-0318

La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emitió una Opinión Disidente

Nuevamente se nos presentó una controversia que

gira en torno a si la Oficina del Panel sobre el

Fiscal Especial Independiente (OPFEI) ostenta

jurisdicción para presentar cargos criminales contra

personas particulares a pesar de que no se les haya

imputado haber cometido conducta delictiva contra la

función pública o el erario, en concierto y común

acuerdo con un funcionario público. Cónsono con mi

postura en Pueblo v. Muñoz Noya, 204 DPR 745 (2020),

disiento respetuosamente del proceder de una mayoría

de esta Curia.

I.

La Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal CC-2023-0318 2

Especial Independiente, Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988,

3 LPRA secs. 99h et seq. (Ley Núm. 2), instauró OPFEI, un

mecanismo de naturaleza extraordinaria para el procesamiento

criminal de ciertos funcionarios del gobierno. El Art. 5 de

esta ley, el cual atiende la jurisdicción de OPFEI sobre

otros funcionarios, empleados o individuos no enumerados en

el Art. 4(1), concede autoridad a la referida oficina para

encausar a individuos particulares que hayan participado como

autores o coautores en la conducta delictiva que involucre a

un funcionario público, inicialmente investigado bajo la

jurisdicción de OPFEI. Véase: 3 LPRA sec. 991. Sin embargo,

la ley especifica que “el Panel tendrá la facultad de

determinar si investiga y procesa al autor o los coautores

[...] solamente cuando los delitos imputados a los

funcionarios públicos bajo su jurisdicción sean contra la

función pública o el erario”.1 Es decir, la jurisdicción de

OPFEI sobre personas particulares está supeditada a la

existencia de un funcionario público a quien se le impute un

delito contra la función pública o el erario.

En el caso ante nos, el 4 de noviembre de 2021 OPFEI

presentó varias denuncias criminales en contra de los señores

Juan Maldonado De Jesús (señor Maldonado de Jesús) y Aaron

Wayne Vick (señor Vick) por los delitos de tentativa de

1 (Énfasis suplido). La Ley Núm. 3-2012 enmendó el Art. 5 de la Ley Núm. 2 para incluir el texto al que se hace referencia. Cito el texto íntegro de la Ley Núm. 3-2012, según fue promulgada por el Departamento de Estado, pues las colecciones de Leyes de Puerto Rico (LPR) y Leyes de Puerto Rico Anotadas (LPRA), por error, no incluyen esta porción del Art. 5 de la Ley Núm. 2. Véase: ttps://sutra.oslpr.org/osl/sutra/anejos_ conv/2009-2012/%7Bcd78b2f8-e3fd-48a9-ae35-543f9c792d6f%7D.pdf. CC-2023-0318 3

fraude, falsificación de documentos, falsedad ideológica,

posesión y traspaso de documentos falsificados e intervención

indebida en operaciones gubernamentales (Arts. 202, 211, 212,

217 y 254 del Código Penal, 33 LPRA secs. 5272, 5281, 5282,

5287 y 5345). Sin embargo, las denuncias que se presentaron

en contra de los señores Maldonado De Jesús y Vick no

imputaron conducta delictiva llevada a cabo en concierto y

común acuerdo con algún funcionario o exfuncionario público

ni que hayan participado, conspirado, inducido, aconsejado,

provocado, instigado, o de algún otro modo hayan sido autores

o coautores de conducta delictiva realizada por algún

servidor o exservidor público. Por el contrario, las

denuncias se limitaron a exponer que dos personas

particulares y privadas actuaron en concierto y común

acuerdo, únicamente entre ellas, para cometer la conducta

prohibida. La pregunta forzosa, y que la Opinión mayoritaria

evita plantearse, es: ¿Cuál es el delito imputado al

funcionario público dentro de la jurisdicción de OPFEI que

sirve como base para que esta entidad obtenga jurisdicción

sobre las personas particulares? Evidentemente, no existe

ninguno. Entonces, es forzoso concluir que está ausente el

elemento esencial que otorgaría jurisdicción a OPFEI sobre

las personas privadas imputadas.

Tras concluir que no se cumplió con la referida

excepción, procedía analizar si estábamos ante la otra

situación excepcional concebida en la Ley Núm. 2 mediante la CC-2023-0318 4

cual se le otorga jurisdicción a OPFEI sobre personas

particulares: cuando el Secretario del Departamento de

Justicia determina que podría existir un conflicto de interés

que impida la investigación objetiva por el Departamento de

Justicia. 3 LPRA sec. 99l.

Sobre esto, OPFEI indicó que el Departamento de

Justicia expresó estar impedido de procesar a los imputados

por un posible conflicto de interés, pues inicialmente no

había recomendado la designación de un Fiscal Especial

Independiente. En particular, el 23 de septiembre de 2021 el

Fiscal Especial Independiente, el Lcdo. Ramón Mendoza Rosario

(Fiscal Especial Mendoza Rosario), le remitió a la Presidenta

de OPFEI, la Lcda. Nydia M. Cotto Vives (licenciada Cotto

Vives), una carta en la cual le expresó que “[e]n este caso

estamos considerando que procede presentar cargos

criminales. Dichos cargos estarían dirigidos a personas

privadas. Debido a lo anterior, es necesario auscultar y

definir los aspectos jurisdiccionales aplicables”.2

En respuesta, el 23 de septiembre de 2021 la licenciada

Cotto Vives envió al Secretario del Departamento de Justicia,

Hon. Domingo Emanuelli Hernández (secretario Emanuelli

Hernández), una carta en la que le comunicó lo siguiente:

[H]emos recibido una comunicación de los Fiscales Especiales Independientes (FEI) en el caso de referencia. En la misma, nos informan que —luego de culminar la investigación a fondo—, han determinado presentar cargos penales contra tres de los coautores, que no son funcionarios públicos. Al no presentarse cargos penales contra

2 Apéndice del certiorari, pág. 278. CC-2023-0318 5

ninguno de los funcionarios públicos investigados, los cuales participaron del proceso de la compra de las pruebas COVID, queda pendiente determinar si el proceso continuará a cargo de los fiscales especiales independientes o, en su defecto, el Departamento de Justicia se hará cargo de dicho procedimiento. Sin embargo, para que los FEI puedan continuar con el mismo, es necesario que usted así lo determine a la luz de lo dispuesto en el Art. 5 de la Ley Núm. 2-1988.3 (Énfasis suplido).

El 24 de septiembre de 2021, el secretario Emanuelli

Hernández, remitió una misiva a la licenciada Cotto Vives

mediante la cual le expresó que:

[E]n atención a su comunicación de 23 de septiembre de 2021, le informamos que es completamente incompatible y conlleva un serio conflicto de intereses que los fiscales del Departamento de Justicia se hagan cargo del procesamiento de los funcionarios públicos que participaron en este caso en el proceso de compra de las pruebas de COVID. Ello en vista de que en el informe de la investigación preliminar que fue remitido el 10 de diciembre de 2020 al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) por el Departamento de Justicia, no se recomendó la designación de un Fiscal Especial Independiente basado en los hallazgos de la investigación.4 (Énfasis suplido).

Posteriormente, el 27 de septiembre de 2021 la

licenciada Cotto Vives les comunicó a los fiscales especiales

asignados al caso lo siguiente:

En atención a la comunicación que enviaron al Panel el pasado 23 de septiembre de 2021, relacionada con el caso de referencia, procedimos a remitir una comunicación al Hon. Domingo Emanuelli Hernández, Secretario del Departamento de Justicia para que éste evaluara el aspecto jurisdiccional y nos notificara su decisión sobre el particular. Mediante escrito fechado el 24 de siempre de 2021, el Secretario de Justicia nos indica su determinación de que el caso continúe

3 Íd., pág. 279. 4 Íd., pág. 280. CC-2023-0318 6

siendo atendido por los fiscales especiales independientes. Atendido le anterior, quedan facultados para proceder de conformidad con dicha determinación.5

Finalmente, el 21 de octubre de 2021 el secretario

Emanuelli Hernández envió otra misiva a la licenciada Cotto

Vives en la que le expresó que:

[L]e informarnos que es completamente incompatible y conlleva un serio conflicto de intereses que el Ministerio Público se haga cargo del procesamiento de personas privadas o de los coautores que participaron en el proceso de la compra de las pruebas de COVID-19. Por tal razón, el Departamento de Justicia no se hará cargo del procesamiento criminal de dichas personas con relación a este asunto.6 (Énfasis suplido).

Nótese que, en primer lugar, el Fiscal Especial

Independiente asignado, el licenciado Mendoza Rosario,

entendió pertinente auscultar la propia jurisdicción de

OPFEI para presentar los cargos criminales en contra de los

señores Maldonado De Jesús y Vick. Es decir, contra personas

privadas y no contra funcionarios o exfuncionarios públicos.

Acto seguido, la Presidenta de OPFEI entendió prudente

comunicarse directamente con el Secretario de Justicia para

determinar quién se haría cargo de la presentación de

cargos. Esto, pues según mencionó, “[a]l no presentarse

cargos penales contra ninguno de los funcionarios públicos

investigados […][,] para que los FEI puedan continuar con

el [procedimiento], es necesario que [el Secretario de

5 Íd., pág. 281. 6 Íd., pág. 282. CC-2023-0318 7

Justicia] así lo determine a la luz de lo dispuesto en el

Art. 5 de la Ley Núm. 2”.7 (Énfasis suplido).

Es meritorio resaltar que, ante la interrogante que

presentó la licenciada Cotto Vives, el Secretario de

Justicia solamente aludió a que la continuación de los

procedimientos en el Departamento de Justicia era

incompatible y conllevaba un serio conflicto de interés que

sus fiscales encausaran a los funcionarios públicos

involucrados. Esto se lo atribuyó a la simple y llana razón

de que en el Informe de la Investigación Preliminar que

preparó el Departamento de Justicia no se recomendó la

designación de un FEI. Sin embargo, el Secretario de Justica

no aludió a que el Departamento de Justicia tuviera algún

conflicto de interés al procesar criminalmente a las

personas privadas implicadas en este caso, los señeros

Maldonado de Jesús y Vick. No fue sino hasta un mes después

que el Secretario de Justicia remitió una nueva comunicación

a la Presidenta de OPFEI aludiendo, por primera vez y sin

explicación alguna, a la existencia de un conflicto de

interés que impedía a ese departamento hacerse cargo del

procesamiento de personas privadas o de los coautores que

participaron en el proceso de la compra de las pruebas de

COVID-19.

Lo cierto es que la ley exige que el Secretario de

Justicia haga una determinación de la existencia de un

7 Íd., pág. 279. CC-2023-0318 8

conflicto de interés que impida la investigación objetiva

por parte del Departamento de Justicia. Ahora bien, en el

caso ante nos lo único que se hizo fue expresar de manera

genérica y ambigua que existía un conflicto de interés. No

se evidenció en qué consiste dicho conflicto ni si este

genuinamente impide la investigación objetiva por parte del

Departamento de Justicia. Sin tener tan siquiera alegaciones

al respecto ante nosotros para poder evaluar la existencia

del supuesto conflicto de interés, sería incorrecto

determinar que procede otorgar jurisdicción a OPFEI sobre

las personas particulares en cuestión. Me parece que, en

esta coyuntura, si el Departamento de Justicia tiene la

intención de liberarse de su deber constitucional, debe

tener una razón de peso.

II.

De una lectura cohesiva de toda la legislación

aplicable surge con meridiana claridad que el legislador

proveyó únicamente dos excepciones por las cuáles OPFEI

podría adquirir jurisdicción sobre personas privadas, a

saber: “(1) el procesamiento coetáneo de un funcionario

público que el PFEI tenga jurisdicción para procesar, en

relación con el mismo núcleo de hechos, o (2) emitida una

determinación de conflicto de interés por parte del

Secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico […]”.

Pueblo v. Muñoz Noya, supra, pág. 768 (J. Colón Pérez,

Opinión disidente). A fin de cuentas, no podemos olvidar CC-2023-0318 9

que, “[p]or regla general, la facultad y responsabilidad de

investigar, acusar y procesar una alegada conducta

constitutiva de delito público recae en la persona del

Secretario de Justicia y de los fiscales adscritos al

Departamento de Justicia”. Pueblo v. García Vega, 186 DPR

592, 603 (2012). Ante la inexistencia de alguna de las dos

situaciones excepcionales discutidas, resulta claro que es

el Departamento de Justicia y no OPFEI quien único ostenta

jurisdicción para procesar criminalmente a los señores

Maldonado De Jesús y Vick.

III.

Hoy, la mayoría de esta Curia implementa una norma

absurdamente amplia que no solamente ignora el texto claro

de la ley al otorgar jurisdicción donde palmariamente no la

hay, sino que omite por completo la discusión de la única

excepción para encausar a personas privadas sin la

imputación coetánea de funcionarios o exfuncionarios

públicos que existe en el texto de la Ley Núm. 2.

Adviértase, finalmente, que, en vista de que el

Departamento de Justicia se limitó a alegar livianamente

─sin sustentar─ la existencia de un conflicto de interés,

si este Tribunal hubiese resuelto la controversia

correctamente en Derecho, la referida agencia no tendría

impedimento jurisdiccional real para procesar a los señores

De Jesús Maldonado y Vick por los delitos imputados. CC-2023-0318 10

Por los fundamentos expuestos, disiento del resultado

del dictamen mayoritario.

Maite D. Oronoz Rodríguez Jueza Presidenta EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

v. CC-2023-0318 Certiorari

Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ a la que se une la Jueza Presidenta ORONOZ RODRIGUEZ.

Hace aproximadamente tres años atrás, en Pueblo

v. Muñoz Noya, infra, advertimos que el Panel sobre el

Fiscal Especial Independiente, -- peligrosamente, y

más allá de las potestades concedidas por ley --, se

había arrogado la facultad de investigar y procesar

criminalmente a personas particulares, desplazando en

esa tarea al Departamento de Justicia de Puerto Rico.

En ese momento, una mayoría de este Tribunal se negó

a detener los abusos de poder del Panel sobre el Fiscal

Especial Independiente. Ello, ha ocasionado que hoy,

lamentablemente, se repita la misma historia. Esta vez

en un escenario aún más alarmante. Veamos. CC-2023-0318 2

Los hechos medulares que dan margen al presente

litigio no están en controversia. En síntesis, durante la

emergencia sanitaria a causa de la pandemia del COVID-19,

varias personas -- entre ellas, un grupo de legisladores

y legisladoras -- refirieron al Departamento de Justicia

de Puerto Rico un escrito mediante el cual le informaban

a la mencionada agencia gubernamental sobre ciertas

irregularidades presuntamente incurridas por la entonces

Gobernadora de Puerto Rico, la Hon. Wanda Vázquez Garced,

y otros funcionarios públicos,1 en la otorgación de

determinado contrato para la compra de pruebas para la

detección del referido virus. Esto dio paso a que el

Departamento de Justicia iniciara una investigación

preliminar al respecto.

1 En específico, además de la entonces Gobernadora, se investigó a los siguientes funcionarios y funcionarias públicos: (1) Concepción Quiñones de Longo (Exsecretaria Interina del Departamento de Salud); (2) General José Burgos Vega (Excomisionado del Negociado de Emergencias y Administración de Desastres); (3) Iris Estelle Santos Díaz (Directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto); (4) Ottmar J. Chávez Piñero (Administrador de Servicios Generales); (5) Antonio Luis Pabón Battle (Secretario de la Gobernación); (6) Lillian Sánchez Pérez (Subsecretaria de la Gobernación); (7) Segundo Rodríguez Quilichini (Asesor de la Gobernadora como Coordinador del Task Force médico); (8) Juan Luis Salgado Morales (Asesor de la Gobernadora como miembro del Task Force médico); (9) Mabel Cabeza Rivera (Chief of Staff en el Departamento de Salud y funcionaria en destaque en La Fortaleza, adscrita al Task Force médico); (10) Adil Marie Rosa Rivera (Exsecretaria Auxiliar en Administración en el Departamento de Salud); (11) Mariel Rivera Rivera (Analista de compras en el Departamento de Salud como parte del programa federal Crisis Program Management Office); (12) Diana Meléndez Díaz (Directora Interina de la Oficina interina de Compras y Subastas del Departamento de Salud); (13) Alfonso Alberto Rossy Raíces (Secretario Auxiliar de Contabilidad en el Departamento de Hacienda); y (14) Guarina Josefina Delgado García (Ayudante Especial en el Negociado de Emergencias y Administración de Desastres). Véase, Carta dirigida a la Presidenta del Panel, la Lcda. Nydia M. Cotto Vives, de parte de la Secretaria Interina del Departamento de Justicia, la Lcda. Inés del C. Carrau Martínez, 29 de octubre de 2020, Apéndice de Petición de certiorari, pág. 512. CC-2023-0318 3

A base de la prueba recopilada durante dicha

investigación, la Secretaria Interina del Departamento de

Justicia, la Lcda. Inés del C. Carrau Martínez, concluyó

que no existía causa suficiente para creer que los

funcionarios públicos en cuestión habían incurrido en

conducta delictiva. En consecuencia, determinó que en este

caso no recomendaba la designación de un Fiscal Especial

Independiente para investigar y procesar a éstos últimos,

y así se lo comunicó al Panel sobre el Fiscal Especial

Independiente (en adelante, “PFEI”).2

Ahora bien, en vista de que el escrito que inició la

investigación preliminar a la que hemos hecho referencia

contenía alegaciones que relacionaban al Sr. Juan

Maldonado De Jesús y al Sr. Aaron W. Vick (en adelante,

“señor Maldonado De Jesús” y “señor Vick”,

respectivamente), ambas personas particulares, -- es

decir, no funcionarios públicos --, para la misma fecha

en que el Departamento de Justicia le notificó al PFEI

sobre su determinación de concluir la investigación en

2 Recordemos que se consideró referir al mencionado grupo de funcionarios públicos al PFEI, pues es dicha entidad la cual tiene jurisdicción para procesar criminalmente a: (a) el Gobernador; (b) los secretarios y subsecretarios de los departamentos del Gobierno; (c) los jefes y subjefes de agencias; (d) los directores ejecutivos y subdirectores de las corporaciones públicas; (e) los alcaldes; (f) los miembros de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico; (g) los asesores y ayudantes del Gobernador; (h) jueces; (i) los fiscales; (j) los registradores de la propiedad; (k) los procuradores de relaciones de familia y menores; y/o (l) toda persona que haya ocupado cualesquiera de los cargos antes enumerados (siempre que la designación del Fiscal Especial Independiente se haga dentro de los cuatro (4) años siguientes a la fecha en que esa persona cesó en su cargo), a los que se le impute la comisión de cualquier delito grave y menos grave incluido en la misma transacción o evento, o cualquier delito contra los derechos civiles, la función pública o el erario. Art. 4(1), Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, infra. CC-2023-0318 4

contra de los funcionarios públicos aquí señalados,

también le notificó a estos dos ciudadanos privados la

recomendación de no designar a un Fiscal Especial

Independiente para investigarles.

Así las cosas, evaluadas las notificaciones del

Departamento de Justicia, -- y contrario a lo recomendado

--, el PFEI determinó que, debido a la prueba que dicha

oficina previamente había recibido, era necesario realizar

una investigación a profundidad sobre los asuntos aquí en

controversia.3 Cónsono con ello, designó a varios Fiscales

Especiales para esta tarea.4

Finalizada la mencionada investigación, los Fiscales

Especiales Independientes concluyeron que solamente

procedía presentar cargos contra el señor Maldonado De

Jesús y el señor Vick, quienes, como aludido antes, son

personas particulares, es decir, no son funcionarios

públicos. Ante esta eventualidad, se suscitó la necesidad,

por parte del PFEI, de “auscultar y definir los aspectos

jurisdiccionales aplicables”.5

3 Cabe destacar que, en virtud del Art. 4(4) de la Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, infra, el PFEI ya había iniciado una investigación preliminar antes de recibir el informe del Departamento de Justicia. Esto, debido a que la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes le había referido varios informes sobre la misma situación. Véase, Resolución del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, 28 de diciembre de 2020, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 585.

4 Específicamente, se designó a los Lcdos. Ramón Mendoza Rosario, Manuel Núñez Corrada y Juan E. Catalá.

5 Véase, Carta dirigida a la Presidenta del Panel, la Lcda. Nydia M. Cotto Vives, y a miembros del Panel, la Lcda. Ygri Rivera Sánchez y el Lcdo. Rubén Vélez Torres, de parte de los Fiscales Especiales delegados, los Lcdos. Ramón Mendoza Rosario, Juan E. Catalá Suárez y Manuel Núñez Corrada, 23 de septiembre de 2021, Apéndice de Petición de certiorari, pág. 339. CC-2023-0318 5

Así las cosas, -- mediante carta --, el PFEI consultó

al Secretario de Justicia, el Lcdo. Domingo Emanuelli

Hernández, respecto a si se debía procesar al señor

Maldonado De Jesús y al señor Vick por vía de los Fiscales

Especiales Independientes o, si por el contrario, el

Departamento de Justicia se haría cargo. A juicio del

PFEI, para que el asunto continuara en manos de los

Fiscales Especiales Independientes, por tratarse aquí de

personas particulares, era necesario que el Secretario de

Justicia levantara la existencia de un conflicto de

interés que no le permitiera manejar el asunto.

En respuesta, mediante una primera comunicación, el

Secretario de Justicia le notificó al PFEI que la agencia

gubernamental que éste dirige no se haría cargo del

procesamiento criminal “de los funcionarios públicos que

participaron del proceso de compra de las pruebas COVID”.6

Esto, por entender que existía un conflicto de interés a

raíz de la determinación preliminar del Departamento de

Justicia de que no procedía la designación de un Fiscal

Especial Independiente para investigar y procesar a éstos.

Nada se mencionó sobre la investigación y el procesamiento

del señor Maldonado De Jesús y del señor Vick.

Recibida dicha comunicación, el PFEI informó a los

Fiscales Especiales Independientes a cargo del caso que

6 Véase, Carta dirigida a la Presidenta del Panel, la Lcda. Nydia M. Cotto Vives, de parte del Secretario de Justicia, el Lcdo. Domingo Emanuelli Hernández, 24 de septiembre de 2021, Apéndice de Petición de certiorari, pág. 341. CC-2023-0318 6

el Secretario de Justicia había autorizado la continuación

del trámite, en contra del señor Maldonado De Jesús y el

señor Vick, a través de estos. Ello, a pesar de la falta

de alusión a estos últimos en la referida carta.

Varias semanas después, el Secretario de Justicia

cursó una segunda comunicación al PFEI en la cual indicó

que su Departamento no se haría cargo del procesamiento

de “personas privadas o de los coautores que participaron

en el proceso de la compra de pruebas para COVID-19”,7 ya

que entendía que ello era “completamente incompatible y

conlleva[ba] un serio conflicto de intereses”.8 No

obstante, no se abundó sobre el alegado conflicto de

interés.

Como resultado de lo anterior, para noviembre de

2021, el PFEI presentó varios cargos contra el señor

Maldonado De Jesús y el señor Vick. Específicamente, se

les acusó por los delitos de fraude, falsificación de

documentos falsificados e intervención indebida en las

operaciones gubernamentales. Arts. 202, 211, 212, 217 y

254 del Código Penal de Puerto Rico, 33 LPRA secs. 5272,

5281, 5282, 5287 y 5345, respectivamente.

Así pues, luego de varios trámites procesales no

necesarios aquí pormenorizar, el señor Maldonado De Jesús

7 Véase, Carta dirigida a la Presidenta del Panel, la Lcda. Nydia M. Cotto Vives, de parte del Secretario de Justicia, el Lcdo. Domingo Emanuelli Hernández, 21 de octubre de 2021, Apéndice de Petición de certiorari, pág. 343.

8 Íd. CC-2023-0318 7

y el señor Vick solicitaron la desestimación de los cargos

presentados en su contra. En esencia, estos adujeron que

el PFEI no tenía jurisdicción para procesarles por los

delitos antes mencionadas por ser éstos personas

particulares, entiéndase, individuos privados, que no

actuaron en acuerdo con un funcionario público.

Enterado de lo anterior, en oposición, el PFEI

argumentó que tenía jurisdicción para iniciar un proceso

criminal respecto a cualesquiera de los delitos que

surgieran como resultado de una investigación encomendada

por el PFEI. Esto, incluyendo aquellos cometidos por

personas particulares, como, a su juicio, ocurrió en el

presente caso.

Tras evaluar los argumentos de las partes, el

Tribunal de Primera Instancia emitió una Resolución

mediante la cual determinó que el PFEI no tenía

jurisdicción ni facultad legal para encausar criminalmente

al señor Maldonado De Jesús y al señor Vick. En

consecuencia, ordenó la desestimación de todos los cargos

en contra de estos últimos.

Inconforme con dicho proceder, el PFEI acudió al

Tribunal de Apelaciones mediante Petición de certiorari.

En esencia, argumentó que dicha oficina tenía jurisdicción

sobre el señor Maldonado De Jesús y el señor Vick desde

el inicio de la investigación en su contra, toda vez que

los últimos figuraban en una encomienda asignada por el CC-2023-0318 8

PFEI. Asimismo, alegó que, una vez asumida tal

jurisdicción, la misma no se perdía.

Por su parte, el señor Maldonado De Jesús y el señor

Vick presentaron sus respectivos escritos en oposición a

la expedición del auto de certiorari. En síntesis, estos

argumentaron que, por no haber actuado en concierto y

común acuerdo con un funcionario público para cometer

delitos contra la función pública, el PFEI no tenía

facultad alguna para procesarles.

Evaluado los alegatos de ambas partes, el Tribunal

de Apelaciones dicto Sentencia. Al así hacerlo, concluyó

que, de las denuncias presentadas, no surgía que el señor

Maldonado De Jesús y el señor Vick hubiesen actuado en

concierto y común acuerdo con algún funcionario o

exfuncionario público, tal como se requiere legalmente

para que dicha entidad pueda investigar y procesar

criminalmente a personas particulares. En otras palabras,

no encontró que estos hubiesen participado, conspirado,

inducido, aconsejado, provocado, instigado, o de algún

otro modo, hubiesen sido autores o coautores de conducta

delictiva realizada por algún servidor o exservidor

público.

El foro apelativo intermedio tampoco logró

identificar un conflicto de interés que le permitiera al

Departamento de Justicia delegar la investigación y

procesamiento de éstas personas particulares al PFEI. Así

las cosas, se confirmó el dictamen del foro primario. CC-2023-0318 9

Inconforme aún, el PFEI acudió ante esta Curia

mediante una Petición de certiorari. En síntesis, la

mencionada entidad reitera su posición en cuanto a que

tiene jurisdicción sobre el señor Maldonado De Jesús y el

señor Vick desde el inicio de la investigación y que su

ley habilitadora no contempla la pérdida de esta

autoridad. Por lo anterior, arguye que tiene la facultad

en ley para para encausar criminalmente a las personas

particulares aquí en cuestión.

En oposición, el señor Maldonado De Jesús y el señor

Vick presentaron, por separado, sus alegatos.

Esencialmente, estos sostienen los argumentos presentados

ante los foros inferiores. En específico, argumentan que

el PFEI carece de autoridad para procesarles, toda vez que

no se les imputa un delito en concierto y común acuerdo

con un funcionario público. De igual forma, plantean que

el Departamento de Justicia no logró identificar un

conflicto de interés concreto que le permitiese ceder el

procesamiento al PFEI.

Trabada así la controversia, una mayoría de este

Tribunal determinó que la jurisdicción de los Fiscales

Especiales Independientes se extiende a casos en los que

se presentan cargos criminales contra personas

particulares, cuya presunta conducta delictiva es

descubierta como resultado de la investigación encomendada

por el PFEI. Por no estar de acuerdo con dicho proceder,

energéticamente disentimos. Explicamos el porqué. CC-2023-0318 10

A.

Como regla general, en nuestra jurisdicción la

facultad y responsabilidad de investigar, acusar y

procesar criminalmente recae en el Secretario o Secretaria

de Justicia y en los fiscales adscritos a este

Departamento. Pueblo v. Torres Santiago, 175 DPR 116, 125

(2008). Véase también, Pueblo v. García Vega, 186 DPR 592,

603 (2012); Pueblo v. Colón Bonet, 200 DPR 27, 35 (2018).

Dicha facultad y responsabilidad emana del mandato

constitucional de asistir al Gobernador o Gobernadora en

turno en el cumplimiento de las leyes. Art. IV, Secs. 4-

6, Const. ELA, LPRA, Tomo I, ed. 2023 pág. 424-429. Véase,

Pueblo v. Torres Santiago, supra, pág. 125; Pueblo v.

Quiñones, Rivera, 133 DPR 332, 338 (1993).

No obstante, a modo de excepción, nuestra Asamblea

Legislativa delegó, bajo algunos supuestos, parte de esta

autoridad al PFEI. Pueblo v. Torres Santiago, supra, pág.

125. Véase, Pueblo v. Pérez Casillas, 126 DPR 702, 710

(1990); Pueblo v. Rexach Benítez, 130 DPR 273, 293 (1992).

Esto, mediante la Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988,

según enmendada, 3 LPRA sec. 99h et seq., también conocida

como la Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal

Independiente (en adelante, “Ley del PFEI”).

En específico, el referido estatuto se promulgó a

raíz de varios “casos de corrupción y delitos en el

gobierno de Puerto Rico”. J.M. Masini-Muñoz, Realidades CC-2023-0318 11

de la Oficina del Fiscal Especial Independiente y de La

ley que la estableció, 62 (Núm. 2) Rev. Jur. UPR 331, 332

(1993). Véase también, Exposición de Motivos, Ley del

PFEI, supra. En atención a ello, se creó el PFEI, como

ente independiente, con la finalidad de “prevenir,

erradicar y penalizar cualquier comportamiento delictuoso

o indebido” realizado por funcionarios gubernamentales.

Exposición de Motivos, Ley del PFEI, supra. Véase también,

Pueblo v. Colón Bonet, supra, pág. 37; Pueblo v. Torres

Santiago, supra, pág. 124.

En esencia, la idea de crear un ente independiente

tenía como propósito evitar cualquier posible parcialidad,

por parte del Departamento de Justicia, “para llevar casos

criminales de funcionarios públicos”. Masini-Muñoz,

supra, pág. 333. Véase, Pueblo v. Colón Bonet, supra,

págs. 37-38. En pocas palabras, el PFEI se instituyó como

un foro para aquellos casos “cuya investigación deba

llevarse a cabo por otra unidad de la Rama Ejecutiva que

no sea el Departamento de Justicia, […] por la función

pública de la persona a ser investigada”. (Énfasis

suplido). Silva Iglecia v. FEI, 137 DPR 821, 836 (1995).

B.

Así pues, el Art. 4 de la Ley del PFEI, infra, detalla

el proceso que se debe seguir para designar a un Fiscal

Especial Independiente en aquellas instancias en las que

están envueltos los funcionarios o exfuncionarios públicos

a los que le es de aplicación la referida disposición CC-2023-0318 12

legal. Art. 4(1), Ley del PFEI, 3 LPRA sec. 99k. En

particular, entre estos funcionarios se encuentran: (1)

la o el gobernador; (2) las o los secretarios y

subsecretarios de los departamentos del ELA; y (3) las y

los jefes y subjefes de agencias; al igual que personas

que han ocupado estos puestos (siempre que la designación

del Fiscal Especial se haga dentro de los cuatro (4) años

siguientes a la fecha en que esa persona cesó en su cargo).

Íd. Véase, Pueblo v. Colón Bonet, supra, págs. 37-38; In

re Invest. Ex. Alcalde Vega Alta, 158 DPR 666, 672 (2003).

En específico, el mencionado Art. 4 de la Ley del

PFEI, supra, en su inciso (1), dispone que el Secretario

de Justicia iniciará una investigación preliminar en todo

caso en que obtenga información, de ordinario bajo

juramento, que a su juicio constituya causa suficiente

para investigar si alguno de los funcionarios antes

mencionados ha cometido cualquier delito, -- sea grave o

menos grave --, incluido en la misma transacción o evento,

o contra los derechos civiles, la función pública o el

erario. Art. 4(2), Ley del PFEI, supra. De la

investigación realizada, el Secretario de Justicia deberá

remitir un informe al PFEI con sus recomendaciones sobre

si existe causa suficiente para creer que se ha cometido

cualesquiera de los referidos delitos y si procede, o no,

la designación de un Fiscal Especial Independiente para

que evalúe el asunto investigado. Art. 4(2), Ley del PFEI, CC-2023-0318 13

supra. Véase, Pueblo v. Rodríguez Santana, 146 DPR 860,

872 (1998).

De igual forma, si el Secretario de Justicia

determina que no es necesario designar a un Fiscal

Especial Independiente, éste aún tiene el deber de referir

el informe y el expediente completo del caso al PFEI. Art.

4(2), Ley del PFEI, supra. En tales instancias, el PFEI

tendrá discreción para nombrar a un Fiscal Especial

Independiente y ordenar la investigación del caso,

indistintamente de la recomendación del Secretario de

Justicia. Íd. Véase, Pueblo v. Colón Bonet, supra, pág.

39; In re Invest. Ex. Alcalde Vega Alta, supra, pág. 673.

Esto, a nuestro juicio, solo en aquellas circunstancias

en que así se lo permita su ley habilitadora.

C.

Ahora bien, y ya más en lo relacionado a la

controversia que nos ocupa, el Art. 5 de la Ley del PFEI,

infra, esboza dos escenarios en los cuales el PFEI podrá

investigar y procesar criminalmente a personas no

enumeradas en el Art. 4 de la antes descrita ley, supra.

Entre estas, las personas particulares (“individuos”).

Art. 5, Ley del PFEI, 3 LPRA sec. 99l.

En esa dirección, los primeros dos incisos del Art.

5 de la Ley del PFEI, supra, contemplan la posibilidad de

que el PFEI pueda investigar a una persona particular

cuando el Secretario de Justicia entienda que, el manejo

de la investigación por parte del Departamento que éste CC-2023-0318 14

dirige, podría ocasionar un conflicto de interés. Art.

5(1), Ley del PFEI, supra.

En específico, la aludida disposición reza de la

siguiente manera:

Cuando el Secretario recibiere información bajo juramento que a su juicio constituyera causa suficiente para investigar si cualesquiera de los funcionarios, ex funcionarios, empleados, ex empleados, autores, coautores o individuos no enumerados en el Artículo 4, de esta Ley ha cometido cualesquiera de los delitos a que hace referencia al Artículo 4 de esta Ley efectuará una investigación preliminar y solicitará el nombramiento de un Fiscal Especial cuando determine que, de ser la investigación realizada por el Secretario de Justicia, podría resultar en algún conflicto de interés. (Énfasis suplido). Íd.

Precisa señalar aquí que, el precitado articulado

debe leerse, claro está, en conjunto con el Art. 5(2) de

la Ley del PFEI, supra, el cual dispone que de no existir

conflicto que impida una investigación objetiva, el

Departamento de Justicia asumirá jurisdicción sobre la

misma. Art. 5(2), Ley del PFEI, supra.

Así pues, de lo anterior podemos colegir que se

permite designar a un Fiscal Especial Independiente cuando

la “investigación deba llevarse a cabo por otra unidad de

la Rama Ejecutiva que no sea el Departamento de Justicia,

[...] porque la investigación pueda crear serios

conflictos de intereses al Departamento de Justicia”.

(Énfasis suplido). Silva Iglecia v. FEI, supra. Es decir,

en estos casos, el elemento esencial para que el PFEI

pueda intervenir con personas particulares es la CC-2023-0318 15

existencia de un conflicto de interés entre el

Departamento de Justicia y la parte investigada.

Atendido el primero de los escenarios en los cuales

el PFEI puede investigar y procesar criminalmente a

personas particulares, procedemos a atender lo relacionado

al segundo de los escenarios. Este se encuentra recogido

en el inciso tres (3) del Art. 5 de la Ley del PFEI, supra,

el cual dispone que el PFEI podrá investigar y procesar a

una persona particular cuando ésta haya cometido alguno

de los delitos a los que hace referencia el estatuto, en

colaboración con un funcionario o exfuncionario según

enumerado en el Art. 4. Art. 5(3), Ley del PFEI, supra.

Es decir, se puede extender la jurisdicción del PFEI a

personas particulares que están implicadas en conducta

delictiva realizada en acuerdo o cooperación con algún

funcionario público enumerado en la ley.

Ahora bien, para tener claro el alcance de este

último inciso es imperativo analizar el mismo en conjunto

con lo dispuesto en la Ley Núm. 3 de enero de 2012 (en

adelante, “Ley Núm. 3-2012”); estatuto que se aprobó con

la finalidad de enmendar el Art. 5 de la Ley del PFEI,

supra. La enmienda en cuestión tuvo el propósito de

establecer que el PFEI tiene la prerrogativa de determinar

si incluir en su encomienda la investigación y

procesamiento de autores o coautores, incluyendo personas

particulares, del delito imputado al funcionario público.

Art. 5(3), Ley del PFEI, supra. CC-2023-0318 16

En otras palabras, antes de la introducción de esta

enmienda,-- la que se limita a establecer la relación

entre personas particulares y funcionarios públicos en la

comisión de delitos --, el PFEI no tenía jurisdicción

sobre personas particulares que de algún modo fuesen

autoras o coautoras de la conducta delictiva atribuida a

los funcionarios enumerados. Exposición de Motivos, Ley

Núm. 3-2012, supra. Según se desprende de la Exposición

de Motivos de la referida pieza legislativa, dicha

carencia de autoridad generaba inconvenientes tales como

falta de coordinación y cooperación entre el Fiscal

Especial Independiente y los fiscales del Departamento de

Justicia; confusión en el jurado; fraccionamiento de

procesos; entre otros. Íd.

D.

Por último, y para finalizar esta sección de la

exposición del derecho que gobierna los asuntos que nos

ocupan, nos parece indispensable enfatizar que los

Fiscales Especiales Independientes no tienen “la facultad

para determinar el alcance de su propia jurisdicción”.

Pueblo v. Pérez Casillas, supra, pág. 712. Tiene que ser

así, pues lo contrario haría inoperante el principio

general conforme con el cual la jurisdicción para

investigar y procesar delitos que se cometen en Puerto

Rico corresponde al Departamento de Justicia. Pueblo v.

Muñoz Noya, infra, pág. 777, Opinión disidente del Juez

Asociado Colón Pérez. Véase, Pueblo v. Pérez Casillas, CC-2023-0318 17

supra, pág. 712; Pueblo v. Colón Bonet, supra, págs. 35-

36.

Establecido lo anterior, y ya para culminar,

repasamos lo resuelto por este Tribunal en Pueblo v. Muñoz

Noya, 204 DPR 745 (2020; caso con controversias en extremo

similares a las que hoy se encuentran ante nuestra

consideración. En específico, las controversias a resolver

versaban específicamente sobre el inciso tres (3) del Art.

5 de la Ley del PFEI, supra, a saber, la autoridad del

PFEI para presentar cargos criminales contra personas

particulares que presuntamente participaron en la conducta

delictiva imputada a los funcionarios enumerados en el

referido estatuto.

En esa ocasión, el PFEI intentó procesar a una

persona particular -- el Lcdo. Ángel Muñoz Noya (en

adelante, “licenciado Muñoz Noya”) --, sin el

procesamiento coetáneo del funcionario público sobre el

cual dicha entidad tenía jurisdicción; entiéndase, el

expresidente de la Cámara de Representantes de Puerto

Rico, el Sr. Jaime Perelló Borrás (en adelante, señor

Perelló Borrás”).

Al adentrarse en las controversias relacionadas a

dicho litigio, una mayoría de este Tribunal determinó que

el PFEI poseía “jurisdicción exclusiva, circunscrita a la

encomienda asignada por el PFEI, para encausar a

individuos particulares que, de acuerdo con los hallazgos CC-2023-0318 18

de sus investigaciones, aparentemente delinquieron en

concierto y común acuerdo con un funcionario público”. Íd.

pág. 765. Esto, aunque este último no sea procesado

criminalmente.

Como ya mencionamos, en esa ocasión optamos por

disentir energéticamente, debido a que somos del parecer

que, -- de un análisis de la ley orgánica del PFEI y de

la intención de la Asamblea Legislativa tras su creación

--, solo hay dos supuestos en los cuales el PFEI puede

asumir jurisdicción y procesar a personas particulares, a

saber: (1) el procesamiento coetáneo de un funcionario

público sobre el cual el PFEI tiene jurisdicción, con

relación a los mismos hechos o eventos, o (2) cuando se

emita una determinación de conflicto de interés por parte

del Secretario de Justicia. Pueblo v. Muñoz Noya, supra,

pág. 768, Opinión disidente del Juez Asociado Colón Pérez.

En lo que respecta al mencionado caso, aunque la

investigación evidenció que el licenciado Muñoz Noya

presunta y supuestamente había “delinquido” en acuerdo con

el señor Perelló Borrás, nunca se presentaron cargos en

contra de este último. Ante ese escenario, éramos y somos

de la opinión que el PFEI quedó privado de autoridad para

procesar al referido letrado.

En suma, estábamos frente a “un solo proceso penal

contra un ciudadano privado, quien -- por no ser uno de

los individuos enumerados en el Art. 4 de la Ley del PFEI,

supra --, si se contase con prueba para esto, debió haber CC-2023-0318 19

sido procesado por el Departamento de Justicia”. Íd. pág.

777. Ello, precisamente, fue lo que ocurrió en el caso de

marras. Nos explicamos.

IV.

En el presente caso, como ya mencionamos, el

Departamento de Justicia realizó una investigación

preliminar que le llevó a concluir que no existía causa

suficiente para creer que los funcionarios públicos y las

personas privadas envueltas en la compra de las pruebas

habían incurrido en una posible conducta delictiva. Por

tal razón, no recomendó la designación de un Fiscal

Especial Independiente.

No obstante, y contrario a lo recomendado, el PFEI

entendió que sí era necesaria la designación de varios

Fiscales Especiales Independientes para realizar una

investigación a profundidad sobre los asuntos aquí en

controversia. Según se desprende del expediente ante

nuestra consideración, dicha investigación demostró que

aparentemente había causa suficiente para procesar al

señor Maldonado De Jesús y al señor Vick, no así a los

funcionarios públicos sujetos a esta investigación.

Ante esos resultados, y de conformidad con la

normativa antes expuesta, el PFEI carecía de autoridad

para procesar a las personas particulares. Y es que, al

no encontrar evidencia suficiente para vincular a los

funcionarios públicos en el comportamiento delictivo en

cuestión, no se configuraba el escenario plasmado en el CC-2023-0318 20

inciso tres (3) del Art. 5 de la Ley del PFEI, supra.9 No

se cometió, pues, el error señalado.

Recordemos, que uno de los principios cardinales de

interpretación hermenéutica es que “cuando la ley es clara

y libre de toda ambigüedad, su texto no debe

menospreciarse bajo el pretexto de cumplir su espíritu”.

Art. 19, Código Civil de PR, 31 LPRA sec. 5341. Véase,

FCPR v. ELA et al., 2023 TSPR 26, 211 DPR __ (2023);

Martajeva v. Ferré Morris y otros, 210 DPR 612, 626 (2022).

Véase también J. M. Farinacci Fernós, Hermenéutica

Puertorriqueña: Cánones de Interpretación Jurídica, San

Juan, Editorial InterJuris, (2019), págs. 69-74. En ese

sentido, “cuando el legislador se ha expresado en un

lenguaje claro e inequívoco, el propio texto de la ley es

la expresión por excelencia de la intención legislativa”.

Cordero et al. v. ARPe et al., 187 DPR 445, 456 (2012).

Precisamente, ese es el caso del Art. 5 de la Ley del

PFEI, supra; el texto esboza, claramente, las únicas dos

9 El Departamento de Justicia tampoco pudo demostrar la existencia de un conflicto de interés, en conformidad con los primeros dos incisos del Art. 5 de la Ley del PFEI, supra, que le impidiera a la entidad que éste lidera efectuar el procesamiento del señor Maldonado De Jesús y del señor Vick. Recordemos que fue prácticamente a petición del PFEI que el Secretario de Justicia levantó el alegado conflicto. Además, los intercambios en las mencionadas cartas son confusos y escuetos.

En particular, la alegación de conflicto más clara se presentó en la primera misiva; sin embargo, dicho documento solo aludió al procesamiento de los funcionarios o exfuncionarios públicos en cuestión. En cuanto a la carta que versa sobre los recurridos, la misma no evidencia ni siquiera la existencia de un conflicto. Ello, pues solo se alega la existencia de un problema, pero no se identifica el mismo y mucho menos se detalla. Lo anterior, a nuestro parecer, no es suficiente para justificar que el PFEI, -- un cuerpo creado para regular de forma excepcional el comportamiento indebido de funcionarios y exfuncionarios públicos --, intervenga con una persona particular. CC-2023-0318 21

instancias en las que el PFEI puede intervenir con

personas particulares. En esta ocasión no estábamos ante

ninguna de ellas.

No empece a lo anterior, hoy, desde este estrado

apelativo de última instancia, una mayoría de mis

compañeros y compañeras, vuelven a ampliar, sin

justificación válida para ello, la autoridad del PFEI para

procesar a personas particulares. Y se amplía,

lastimosamente, en contravención de los derechos de la

ciudadanía.

V.

Sentenciado ello, lo anterior no es óbice para que

el juez que suscribe reconozca el delicado escenario

dentro del cual se desarrollaron los alegados actos

delictivos del señor Maldonado De Jesús y el señor Vick,

entiéndase, la crisis provocada por la pandemia del COVID-

19. Tampoco debe entenderse que nuestras expresiones

avalan la impunidad de los delitos aparentemente cometidos

por estos últimos, si es que, en su día, se logra demostrar

más allá de duda razonable que, en efecto, éstos se

cometieron. Nuestra disconformidad alude solamente al uso

del PFEI como un segundo Departamento de Justicia.

VI.

Por todo lo anterior, energéticamente disentimos.

Ángel Colón Pérez Juez Asociado