EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario Certiorari
v. 2016 TSPR 222
Joseph Esparra Álvarez 196 DPR ____
Recurrido
Número del Caso: CC-2015-914
Fecha: 31 de octubre de 2016
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Mayagüez-Aguadilla, Panel XI
Abogados de la parte Peticionaria: Fiscal Especial Independiente
Lcdo. Ramón Mendoza Rosario Lcda. Zulma I Fuster Troche
Abogado de la parte Recurrida:
Lcdo. Alfredo Ortiz Rivera
Materia: Procedimiento Criminal: Requisitos para que proceda el traslado de un proceso criminal a otra Región Judicial. Regla 81 del Procedimiento Criminal.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Peticionario
v. CC-2015-914 Certiorari
Joseph Esparra Álvarez
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR ESTRELLA MARTÍNEZ
San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2016.
Los tribunales de justicia tenemos el deber de velar porque la “balanza” en que se pesan los derechos de todos nuestros conciudadanos esté siempre libre de sospechas, aun cuando las mismas sean infundadas.1
A la luz de estos pronunciamientos
jurisprudenciales, la presente controversia nos
exige fortalecer aquella normativa dirigida a
procurar que los procesos judiciales se
efectúen sin sombras de parcialidad y, por
consiguiente, afirmar la necesidad de utilizar
los mecanismos provistos por nuestro
ordenamiento, cuando existan circunstancias
1 Sucn. Ortiz Ortiz v. Campoamor Redín, 125 DPR 106, 109 (1990). CC-2015-914 2
particulares que pudieran amenazar la pureza que debe
regir los procedimientos. Ello nos conduce a concluir que
en consideración al contexto particular que caracterice un
caso, el traslado puede ser el recurso adecuado para
garantizar la imparcialidad que debe imperar en las causas
judiciales y, de esa forma, proteger los derechos que
cobijan a todas las partes involucradas.
I
Como consecuencia de unos alegados hechos acaecidos
durante el 2002 y el 2012, contra el Lcdo. Joseph E.
Esparra Álvarez (licenciado Esparra Álvarez) se
presentaron varios cargos criminales. En específico, se le
imputa infringir los Arts. 4.2(b) y 4.2(c) de la Ley de
Ética Gubernamental de Puerto Rico de 2011, 3 LPRA secs.
1857a(b) y 1857a(c), el Art. 3.2(c) de la Ley de Ética
Gubernamental de Puerto Rico de 1985, derogada, 33 LPRA
ant. sec. 1822(c), y los Arts. 262 y 291 del Código Penal
de 2004, 33 LPRA ants. secs. 4890 y 4919.
Tras diversos incidentes procesales, incluido el
señalamiento para comenzar la desinsaculación del jurado,
la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial
Independiente (FEI), instó un extenso escrito intitulado
Moción Solicitando Traslado del Caso. Ello, al amparo de
la Regla 81 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R.
81, y pronunciamientos jurisprudenciales de este Tribunal.
En su moción, el FEI expuso varios factores que, a su
juicio, requerían el traslado del caso criminal contra el CC-2015-914 3
licenciado Esparra Álvarez de la Sala Superior de
Aguadilla. En síntesis, señaló que en el proceso penal
federal que se efectuó contra el ex juez Manuel Acevedo
Hernández (ex juez Acevedo Hernández) se discutieron y
detallaron hechos pertinentes pendientes de adjudicación
en el presente caso. Adujo que durante ese proceso
surgieron serios señalamientos sobre el proceder del
licenciado Esparra Álvarez.
A su vez, el FEI indicó que durante aproximadamente
una década el licenciado Esparra Álvarez ha ejercido
funciones como Fiscal Auxiliar en la jurisdicción de
Aguadilla, en donde ha participado en diversos procesos
judiciales de impacto público. Inclusive, manifestó que en
el 2011 éste fue nombrado como Fiscal de Distrito Interino
de la Fiscalía de Aguadilla, puesto que ocupó hasta el
2012. A tales efectos, el FEI alegó que, como mínimo,
resultaba problemático procesar al licenciado Esparra
Álvarez -por delitos relacionados directamente con sus
funciones como fiscal en la jurisdicción de Aguadilla- en
el mismo foro judicial en el cual se desempeñó como fiscal
por tantos años.
De igual forma, el FEI sostuvo que el licenciado
Esparra Álvarez es una persona de marcada influencia en la
Región Judicial de Aguadilla. Planteó que como
consecuencia natural de su antiguo puesto, éste conoció,
interactuó y estableció amplios vínculos con los
ciudadanos y funcionarios públicos de la mencionada región CC-2015-914 4
y, en particular, con los empleados del Tribunal de
Primera Instancia de Aguadilla. Por ende, el FEI expresó
que con la sola presencia del licenciado Esparra Álvarez
se afectaba la imparcialidad de los procesos y la
selección del jurado. Además, destacó que el licenciado
Esparra Álvarez mantiene relaciones de afinidad y amistad
con el personal actual y pasado de la fiscalía de
Aguadilla. Para ilustrarlo, mencionó que las respectivas
cónyuges del licenciado Esparra Álvarez y del Lcdo. Luis
A. Pérez Cabán, ex Fiscal de Distrito de Aguadilla, son
primas.
Por último, el FEI señaló que el tamaño de la región
judicial en cuestión debía ser otro factor a considerar al
momento de evaluar la solicitud de traslado. En cuanto al
particular, arguyó que se trata de un área territorial
limitada donde prácticamente toda la comunidad jurídica se
conoce, al igual que los vecinos del lugar. Expresó que
ello era preocupante, ya que los principales testigos de
cargo son abogados muy reconocidos en la aludida región.
Por todo lo anterior, el FEI sostuvo que en aras de
garantizar la celebración de un proceso judicial justo e
imparcial para todas las partes, procedía el traslado del
caso. Argumentó que, de lo contrario, la celebración de un
juicio justo e imparcial era imposible, ya que sería
improbable obtener un jurado imparcial y libre de
influencias extrañas en la referida región judicial. CC-2015-914 5
Ante ello, el licenciado Esparra Álvarez presentó un
escrito intitulado Oposición a Solicitud de Traslado. En
éste, no refutó los planteamientos sustantivos del FEI y
solamente adujo que la moción presentada no cumple con los
requisitos aplicables, según las reglas procesales que
rigen la solicitud de traslados. En específico, arguyó que
la petición no está acompañada por declaraciones juradas
que sustenten los hechos alegados. Señaló que la misma
está amparada en creencias, opiniones o conclusiones con
poco o ningún apoyo en los hechos. Según el licenciado
Esparra Álvarez, el FEI no presentó prueba específica de
las razones por las cuales en la Región Judicial de
Aguadilla no puede celebrarse un juicio justo e imparcial.
Afirmó que solo se exponen especulaciones indirectas sobre
el particular.
Asimismo, el licenciado Esparra Álvarez expresó que
la notoriedad del caso no es motivo suficiente para
socavar su derecho a que el proceso judicial en su contra
se dirima en la jurisdicción donde ocurrieron los alegados
hechos. Del mismo modo, invocó su derecho constitucional a
que el caso se ventile ante un jurado compuesto por
vecinos del distrito judicial donde alegadamente
acaecieron los hechos imputados. Indicó que ello es parte
de su garantía a obtener un juicio justo e imparcial.
En fin, el licenciado Esparra Álvarez argumentó que
en vista de la extensión territorial del País,
conjuntamente con los avances en la tecnología y los CC-2015-914 6
medios de comunicación, existen otros mecanismos,
distintos a un traslado, para asegurar la celebración de
un juicio justo e imparcial. Con relación a ello,
manifestó que el foro primario realizó actos afirmativos
dirigidos a garantizar la imparcialidad y pureza del
proceso. Amparado en lo anterior, el licenciado Esparra
Álvarez solicitó que se denegara la solicitud de traslado
interpuesta por el FEI y se ordenara la continuación de
los procedimientos en la jurisdicción de Aguadilla.
Oportunamente, el FEI juramentó ante la Secretaría
los fundamentos contenidos en su solicitud de traslado y
presentó una Moción en Contestación a Oposición de
Traslado. En ésta, reiteró que la Región Judicial de
Aguadilla no es el lugar apropiado para ventilar el caso
de epígrafe, por las circunstancias particulares que éste
presenta. Sostuvo que en esa región no puede obtenerse un
juicio justo e imparcial para ninguna de las partes. De
esta forma, hizo hincapié en que el mecanismo del traslado
salvaguarda ese derecho.
Ponderados los argumentos de las partes, el 14 de
julio de 2015, el Tribunal de Primera Instancia emitió una
Resolución mediante la cual denegó la solicitud de
traslado incoada por el FEI.2 En síntesis, concluyó que el
hecho de que el licenciado Esparra Álvarez laboró como
2 Esta determinación fue emitida por el Hon. Lind O. Merle Feliciano, ex Juez Administrador de la Región Judicial de Caguas, quien está asignado a presidir el juicio contra el Lcdo. Joseph E. Esparra Álvarez. CC-2015-914 7
fiscal en la región donde se le acusa, no le concede
ventaja o influencia indebida en la toma de decisiones
judiciales. Dictaminó que los vínculos del licenciado
Esparra Álvarez con la comunidad donde ejerció sus
funciones como fiscal, y actualmente litiga como abogado,
no puede ser motivo, por sí solo, para trasladar el caso.
De igual forma, expresó que ha implementado medidas y
tomará salvaguardas adicionales, según lo ameriten las
circunstancias, para garantizar que el proceso judicial
sea justo e imparcial. Ello, según razonó, a pesar de la
evidente notoriedad del caso.
Acto seguido, el foro primario enumeró una serie de
garantías implementadas y otras que pondrá en vigor, a
saber: (1) el Juez que preside los procesos no ejerce
funciones en la Región Judicial de Aguadilla; (2) el
personal que labora en la Sala donde se celebrarán los
procedimientos no tiene relación con las partes, testigos
o abogados del caso. Éstos fueron seleccionados mediante
entrevista por el Juez que preside los procesos; (3) se
utilizará el método largo en la selección de los miembros
del jurado; (4) el tribunal realizará un examen riguroso
de todos los candidatos a jurado y tanto el Ministerio
Público como la representación legal del imputado podrán
examinarlos de igual forma; (5) de ser necesario, los
candidatos a jurado serán evaluados de forma individual;
(6) el foro judicial se reserva la discreción de conceder
perentorias adicionales a las concedidas por las Reglas de CC-2015-914 8
Procedimiento Criminal; (7) se impartirán instrucciones al
jurado con relación al manejo de los medios noticiosos;
(8) se ordenará el secuestro del jurado al momento de
deliberar; (9) la custodia y manejo del expediente del
caso será responsabilidad exclusiva de la Secretaria
Regional y de la Secretaria del Tribunal Confidencial I
(Supervisora del área de lo Criminal); (10) se solicitará
al Juez Administrador Regional que imparta instrucciones a
los empleados del foro judicial de Aguadilla para evitar
situaciones que pudieran interpretarse como un trato
especial a las partes y/o testigos; y (11) en caso de que
con las medidas tomadas no pueda obtenerse un jurado
imparcial, el foro judicial permitirá que se vuelva a
presentar, por cualquiera de las partes, la solicitud de
traslado. A la luz de lo anterior, el Tribunal de Primera
Instancia determinó que las medidas adoptadas eran
suficientes para salvaguardar tanto los derechos del
acusado como la transparencia del proceso, por lo que no
era necesario el traslado peticionado.
En desacuerdo con lo resuelto, el FEI acudió ante el
Tribunal de Apelaciones. Tras evaluar el recurso
presentado, el 28 de septiembre de 2015, el foro apelativo
intermedio emitió una Resolución mediante la cual denegó
su expedición. En lo pertinente, razonó que la
determinación en cuanto a la necesidad de traslado reside
en la discreción del foro primario, ya que éste conoce las
interioridades del caso y está en mejor posición de CC-2015-914 9
atender las alegaciones planteadas por el FEI. Del mismo
modo, dictaminó que no era el momento propicio para
atender el reclamo del FEI, toda vez que no presentó
hechos específicos que demuestren parcialidad en el manejo
del caso o en la eventual selección del jurado.
Inconforme con ese proceder, el FEI recurre ante este
Tribunal mediante recurso de certiorari. Plantea como
señalamiento de error que el foro apelativo intermedio
incidió al denegar la expedición de su recurso y no
atender los méritos de su solicitud de traslado. En su
comparecencia, el FEI aduce que debido a las
circunstancias particulares que presenta el caso de
epígrafe se requiere su traslado a otra región judicial
donde pueda garantizarse el derecho a un juicio justo e
imparcial que le asiste a ambas partes en el proceso. Si
bien el FEI reconoce las medidas tomadas por el foro
primario, sostiene que éstas no son suficientes para
asegurar la pureza e imparcialidad del proceso.
En apoyo a su planteamiento, el FEI argumenta que la
selección de un jurado imparcial y libre de influencias
extrañas en la Región Judicial de Aguadilla resultará
imposible. Señala que esa región no es apropiada para
garantizar un juicio justo e imparcial debido al contacto
que han tenido los potenciales jurados con los hechos e
interioridades del caso. Finalmente, reitera que al
momento de evaluar la solicitud de traslado se debe
considerar la limitada demarcación territorial que CC-2015-914 10
caracteriza la región judicial en cuestión; que el
licenciado Esparra Álvarez actualmente mantiene vínculos
con ciudadanos, funcionarios públicos y empleados del
tribunal de Aguadilla; que éste es muy influyente en la
región como consecuencia natural de su antiguo puesto; que
actualmente litiga casos en esa misma Región Judicial,
desembocando en la particular situación de que en la misma
sala judicial el licenciado Esparra Álvarez figura como
acusado y en otro turno como abogado defensor; y que va a
ser juzgado por alegados hechos delictivos cometidos en
sus funciones como fiscal y relacionados directamente con
sus quehaceres en el foro judicial del mencionado
municipio.
En atención a lo anterior, el 26 de febrero de 2016,
emitimos una Resolución mediante la cual le concedimos
veinte (20) días al licenciado Esparra Álvarez para que
mostrara causa por la cual no debíamos revocar el dictamen
del foro apelativo intermedio. Oportunamente, éste
compareció mediante Escrito en Cumplimiento de Orden de
Mostrar Causa.
En su escrito, el licenciado Esparra Álvarez
reproduce los argumentos esgrimidos ante los foros
recurridos. En otras palabras, aduce que la petición
instada por el FEI incumple con los requisitos procesales
para solicitar el traslado de un caso. Del mismo modo,
arguye que la solicitud está fundamentada en opiniones,
creencias o generalidades que no encuentran apoyo en los CC-2015-914 11
hechos. Indica que el FEI no ha presentado evidencia
específica para sostener el argumento de que en la
jurisdicción de Aguadilla no podrá efectuarse un juicio
justo e imparcial. Así pues, expresa que los fundamentos
de la petición de traslado no ameritan que se violente su
derecho constitucional a que el caso se ventile ante un
jurado compuesto por ciudadanos del distrito judicial
donde se alega ocurrieron los hechos que se le imputan.
Oportunamente, el FEI presentó un escrito intitulado
Moción en Contestación a Escrito en Cumplimiento de Orden.
En éste, reitera los fundamentos planteados ante los foros
recurridos.
Con el beneficio de la comparecencia de las partes,
procedemos a resolver la controversia que nos ocupa.
II
En nuestro ordenamiento jurídico, de ordinario, un
acusado debe ser juzgado en el distrito judicial donde se
alega cometió el delito y, en caso de que éste sea grave,
frente a un jurado compuesto por vecinos de la comunidad.
Esto último, toda vez que la Constitución de Puerto Rico
consagra el derecho de todo imputado a que en procesos por
delito grave su juicio se ventile ante un jurado
imparcial, compuesto por doce vecinos del distrito
judicial.3 Véanse Art. II, Sec. 11, Const. ELA, LPRA, Tomo
3 Adviértase que, en ciertas circunstancias, el derecho a juicio por jurado también se extiende al acusado de delito menos grave. Pueblo v. Rosario, 160 DPR 592, 602- 603 (2003); Pueblo v. Cruz Correa, 121 DPR 270, 276 (1988); véase, además, E.L. Chiesa Aponte, Derecho CC-2015-914 12
1, ed. 2008, pág. 343; Emda. VI, Const. EE. UU., LPRA,
Tomo 1, ed. 2008, pág. 196; véanse, además, Pueblo v.
Rodríguez Traverzo, 185 DPR 789, 797 (2012); Pueblo v.
Rosario, 160 DPR 592, 602 (2003); E.L. Chiesa Aponte, Los
derechos de los acusados y la factura más ancha, 65 Rev.
Jur. UPR 83 (1996). De esta forma, nuestra Carta Magna
eleva a categoría fundamental el derecho a ser juzgado por
doce vecinos imparciales –libres de influencias extrañas-
del distrito judicial correspondiente al lugar donde
alegadamente ocurrieron los hechos imputados. Pueblo v.
Rodríguez Traverzo, supra, pág. 797; Pueblo v. Medina,
Miró, 170 DPR 628, 643 (2007); Pueblo v. Sánchez Pérez,
122 DPR 606, 609 (1988); véanse, además, Reglas 111 y 112
de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, Rs. 111 y 112.
En ocasión de examinar el derecho a juicio por jurado,
este Tribunal señaló que su esencia responde a que el
acusado sea juzgado por un grupo representativo de la
comunidad en que reside, para que así se garantice la
imparcialidad del proceso. Pueblo v. Rodríguez Zayas, 137
DPR 792, 797 (1995); Pueblo v. Laboy, 110 DPR 164, 167
(1980); véase, además, E.L. Chiesa Aponte, Derecho
Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Tomo III,
Ed. Forum, 1992, págs. 369-370.
Ahora bien, en repetidas ocasiones este Tribunal ha
sostenido que la cláusula constitucional que garantiza el
____________________________ Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Tomo II, Ed. Forum, 1992, págs. 273-274. CC-2015-914 13
derecho a un juicio por jurado compuesto por vecinos del
distrito judicial no es absoluta. Pueblo v. Hernández
Santana, 138 DPR 577, 583 (1995); Pueblo v. Santiago
Acosta, 121 DPR 727, 735 (1988); Pueblo v. Chaar Cacho,
109 DPR 316, 325 (1980); véase, además, Chiesa Aponte,
supra. Ello pues, en circunstancias particulares ese
derecho no impide el traslado de ciertos casos a otros
distritos judiciales. Pueblo v. Chaar Cacho, supra, pág.
325. De hecho, este Tribunal ha afirmado que un traslado
puede ser el mecanismo apropiado para conciliar los
conflictos que puedan surgir entre la garantía
constitucional a un juicio por jurado compuesto por
vecinos del distrito y el mandato constitucional de un
juicio justo e imparcial. Pueblo v. Santiago Acosta,
supra, pág. 735; véase, además, Rideau v. State of La, 373
US 723 (1963). No podemos olvidar que este Tribunal ha
resuelto que no solo el imputado de delito tiene derecho a
un juicio justo e imparcial; al Estado también le cobija
esa garantía, ya que, como es sabido, éste representa los
intereses de la ciudadanía en los procesos penales. Pueblo
v. Hernández Santana, supra, pág. 584. Por ende, al igual
que el imputado, el Estado tampoco puede quedar
desprovisto de un juicio justo e imparcial.
III
En armonía con lo anterior, la Regla 81 de
Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 81,
expresamente reconoce la facultad de los foros judiciales CC-2015-914 14
de ordenar el traslado de un caso cuando existan
situaciones que lo ameriten y requieran. A tales efectos,
la precitada regla permite que tanto el Estado como el
acusado soliciten el traslado de una causa criminal al
amparo de los siguientes fundamentos: (1) cuando por
cualquier razón, que no sea uno de los criterios para
solicitar la inhibición de un juez, no pueda obtenerse un
juicio justo e imparcial; (2) cuando no pueda obtenerse un
juicio justo e imparcial por razón de desorden público;
(3) cuando esté en peligro la vida del acusado o algún
testigo; o (4) cuando no pueda obtenerse un jurado. Íd. La
respectiva petición de traslado debe hacerse por escrito,
expresar los fundamentos en que se basa y apoyarse en
declaración jurada. Véase Regla 82 de Procedimiento
Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 82.
Aunque, de ordinario, procede el traslado por
cualquiera de los fundamentos enumerados, este Tribunal ha
hecho hincapié en que lo determinante al momento de
considerar una solicitud bajo la Regla 81, es la garantía
constitucional de un juicio justo e imparcial. Pueblo v.
Sánchez Pérez, supra, pág. 615; Pueblo v. Santiago Acosta,
supra, págs. 735-736. En ese sentido, se ha resuelto que
al evaluar una petición de traslado, se deben considerar
varios factores, a saber: (1) el tamaño de la comunidad;
(2) la naturaleza y alcance de la publicidad del caso; (3)
la identidad, reputación y posición en la comunidad tanto
del acusado como de las víctimas; (4) la gravedad de las CC-2015-914 15
ofensas; y (5) la dificultad en obtener un panel de
jurados. Pueblo v. Rodríguez Zayas, supra, pág. 798;
Pueblo v. Santiago Acosta, supra, pág. 736; véase, además,
D. Nevares-Muñiz, Sumario de Derecho Procesal Penal
puertorriqueño, 10ma ed., Instituto para el Desarrollo del
Derecho, Inc., 2014, pág. 279. Por su parte, este Tribunal
también ha dictaminado que en casos en que se solicite el
traslado debido a la notoriedad del caso, deberá
determinarse si –a pesar de la notoriedad del mismo-
pueden encontrarse jurados que rindan un veredicto justo e
imparcial. Pueblo v. Rodríguez Zayas, supra, pág. 798;
Pueblo v. Sánchez Pérez, supra, pág. 617; Maldonado v.
Corte, 71 DPR 537, 545 (1950).
Las situaciones mencionadas no son las únicas a
considerar para autorizar un traslado. Ello pues, la Regla
16 de las Reglas para la Administración de los Tribunales
de Primera Instancia establece otros fundamentos bajo los
cuales se puede ordenar un traslado, a saber:
A. Cuando cualquier empleado o empleada, funcionario o funcionaria, juez o jueza de una región judicial sea parte en litigios que se hayan presentado o que vayan a presentarse en la sala en que laboran, el Juez Administrador o la Jueza Administradora de la Región Judicial correspondiente, de concluir que es necesario para proteger la imagen de imparcialidad del sistema judicial, trasladará el caso a otra sala o coordinará su traslado a la Región Judicial geográficamente más cercana con el Juez Administrador o la Jueza Administradora correspondiente. Una vez autorizado el traslado, se tomarán las medidas necesarias para que el asunto judicial sea atendido de manera expedita, según lo requieran las circunstancias particulares del caso. CC-2015-914 16
B. De tratarse de un caso de naturaleza criminal, una vez tenga conocimiento de la situación el Juez Administrador o la Jueza Administradora de la Región Judicial, informará de ello al Fiscal o a la Fiscal de Distrito y a la representación legal de la persona imputada. 4 LPRA Ap. II-B, R. 16.
A.
Resulta pertinente subrayar que la petición de
traslado no puede concederse mediante un análisis liviano.
Pueblo v. Rodríguez Zayas, supra, pág. 798; Pueblo v.
Sánchez Pérez, supra, pág. 614. Esto, ya que la presunción
es que no existe perjuicio contra ninguna de las partes en
el distrito judicial donde se está ventilando el caso, por
lo que el peso de la prueba para justificar que el
traslado es necesario recae sobre quien lo solicita.
Pueblo v. Sánchez Pérez, supra, pág. 614; Pueblo v. Dumas,
82 DPR 416, 464 (1961); Maldonado v. Corte, supra, pág.
542. De esta manera, la parte que peticiona el traslado
tiene que presentar prueba de hechos específicos y
concretos que evidencien el supuesto perjuicio. Pueblo v.
Rodríguez Zayas, supra, pág. 798; Pueblo v. Sánchez Pérez,
supra, pág. 617; Maldonado v. Corte, supra, pág. 542.
Meras opiniones, creencias o conclusiones no son
suficientes para autorizar un traslado. Maldonado v.
Corte, supra, pág. 542.
Cabe enfatizar que la determinación en cuanto a la
necesidad del traslado debe estar fundamentada en los
hechos de cada caso en particular y descansará en la sana
discreción del foro judicial. Pueblo v. Rodríguez Zayas, CC-2015-914 17
supra, pág. 798; Pueblo v. Santiago Acosta, supra, pág.
736; Maldonado v. Corte, supra, pág. 546. En caso de que
se conceda el traslado, el tribunal dictará una orden en
la cual traslade la causa a la sala de la misma sección
que fuere la propia o a la más convenientemente situada,
donde pueda celebrarse un juicio justo e imparcial. Véase
Regla 83 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 83.
Expuesta la normativa jurídica pertinente, procedemos
a resolver la presente controversia.
IV
A la luz del trasfondo fáctico expuesto, este caso
requiere que examinemos el pedido del FEI, quien cuestiona
la denegatoria de los tribunales recurridos a trasladar el
proceso criminal que pende contra el licenciado Esparra
Álvarez. La contención del FEI es que en la Región
Judicial de Aguadilla resultará imposible la celebración
de un juicio justo e imparcial. Esencialmente, sostiene
que la notoriedad que ha cobrado el caso, la reputación y
posición en la comunidad del licenciado Esparra Álvarez,
así como la limitada extensión territorial de la referida
región, hará improbable la selección de un panel de
jurados imparcial. Aunque reconoce las salvaguardas
tomadas por el foro primario, argumenta que éstas no son
suficientes para asegurar la pureza del proceso.
Por su parte, el licenciado Esparra Álvarez arguye
que la petición instada por el FEI incumple con los
requisitos procesales. A su vez, señala que ésta no CC-2015-914 18
presenta prueba específica de las razones por las cuales
en la aludida región no pueda celebrarse un juicio justo e
imparcial. De igual forma, el licenciado Esparra Álvarez
alega que los planteamientos del FEI no son suficientes
para minar su derecho a que el juicio en su contra se
dirima en la jurisdicción donde alegadamente se cometieron
los delitos imputados y ante un jurado compuesto por
vecinos del distrito judicial.
Luego de aquilatar las posturas de las partes,
concluimos que los argumentos esgrimidos por el FEI tienen
mérito. Ello significa que en consideración a las
circunstancias particulares que delimitan este caso, y en
aras de garantizar la imparcialidad y proteger la pureza
de los procedimientos, en beneficio de todas las partes
involucradas, procede el traslado de la causa criminal de
epígrafe. Nos explicamos.
En el caso ante nos, el trasfondo fáctico y
circunstancial expuesto por el FEI nos convence de que en
la Región Judicial de Aguadilla no podrá efectuarse un
proceso justo e imparcial, tal y como lo exige nuestra
Carta Magna. Por ende, es necesario el traslado del caso,
ya que mantenerlo en donde se ventila en la actualidad
causaría perjuicio a todas las partes involucradas.
En el presente caso, constituye un hecho irrefutable
que el licenciado Esparra Álvarez se desempeñó como fiscal
por largos años en las salas criminales del foro judicial CC-2015-914 19
de Aguadilla. Ello, sin duda, le ganó el reconocimiento
público y reputación en la región, y el establecimiento de
vínculos con ciudadanos, funcionarios públicos y empleados
del mencionado tribunal. Tal reconocimiento y reputación
se acentuó al discutirse ampliamente en los medios de
comunicación generales y, sobre todo, en los medios
locales de la Región Judicial de Aguadilla, los pormenores
del caso penal federal contra el ex juez Acevedo
Hernández. Dicha notoriedad se agrava al considerar la
innegable limitada demarcación territorial característica
de la Región Judicial de Aguadilla.
Evidentemente, todo lo anterior pone en entredicho la
exigencia constitucional de obtener un jurado imparcial,
libre de influencias extrañas, y celebrar un juicio justo
e imparcial. Ante ello, y en beneficio de todas las partes
involucradas, venimos llamados a evitar que se menoscaben
tales derechos. En estas circunstancias particulares, las
garantías de entronque constitucional –entiéndase la
obtención de un jurado imparcial y la celebración de un
juicio justo e imparcial- toman preminencia sobre aspectos
estatutarios de índole formales. Máxime, cuando nuestro
deber de trasladar casos para proteger la imagen de
imparcialidad del sistema judicial no puede quedar al
arbitrio de las partes. Ciertamente, las particularidades
que enmarcan esta controversia activan el deber y la
adecuacidad de trasladar el caso a otra región judicial. CC-2015-914 20
Aunque valoramos las medidas tomadas por el foro
primario -ya que correctamente se amparó en precedentes de
este Tribunal- concluimos que ante la coyuntura histórica
que enfrentamos y que atraviesa particularmente este caso,
éstas no son suficientes para garantizar la imparcialidad
y pureza que debe imperar en el proceso. Ignorar esa
realidad no abonaría a la confianza de la ciudadanía en
sus instituciones judiciales y no contribuiría a
fortalecer nuestra política institucional de procurar que
los procesos judiciales se efectúen sin sombras de
parcialidad.
Reconocemos que el juzgador del foro primario trabajó
con las herramientas jurisprudenciales existentes. Ahora
bien, compete a este Tribunal, en el descargo de su deber
y responsabilidad de pautar el derecho, procurar la
celebración de un juicio justo e imparcial, en beneficio
de todas las partes involucradas. Sin duda, tal proceder
es parte del deber ineludible del Poder Judicial.
Nótese que el concepto de confianza pública se
incorporó por primera vez como un imperativo en el Plan
Estratégico de la Rama Judicial 2016-2019. Véase Plan
Estratégico de la Rama Judicial de Puerto Rico 2016-2019,
pág. 38. Esto, bajo el fundamento de que la legitimidad
del sistema de justicia se garantiza cuando el juez y la
jueza resuelven en forma eficaz, eficiente, transparente,
honrada e imparcial, elementos que dan credibilidad al
proceso judicial. Íd. Esta Opinión contribuye a que ese CC-2015-914 21
imperativo estratégico propuesto por la Rama Judicial sea
una realidad.
Ante el cuadro descrito, es forzoso concluir que
procede el traslado del caso de epígrafe. Así lo ameritan
y exigen las circunstancias particulares que lo
caracterizan. Con ello, hacemos hincapié en la importancia
de velar porque los procesos judiciales se efectúen libres
de cualquier sospecha de parcialidad y de utilizar los
mecanismos dispuestos en nuestro ordenamiento cuando ello
se ve amenazado.
V
En virtud de los preceptos expuestos, expedimos el
recurso de certiorari presentado por el FEI y revocamos el
dictamen emitido por el Tribunal de Apelaciones. En
consecuencia, ordenamos el traslado del caso de autos al
Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce. Así
las cosas, remitimos el caso al foro primario de Aguadilla
para que coordine el correspondiente traslado, conforme a
lo aquí dictaminado.
Luis F. Estrella Martínez Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Recurridos
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte de la presente Sentencia, se expide el recurso de certiorari presentado por el FEI y se revoca el dictamen emitido por el Tribunal de Apelaciones. En consecuencia, se ordena el traslado del caso de autos al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce. Así las cosas, se remite el caso al foro primario de Aguadilla para que coordine el correspondiente traslado, conforme a lo aquí dictaminado.
Notifíquese inmediatamente por teléfono, correo electrónico y por la vía ordinaria.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco no intervino. La Juez Asociada señor Rodríguez Rodríguez no interviene.
Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo