EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Edwin E. Dávila Pollock; Vanesa Sanabria Semler Sánchez Certiorari Peticionarios 2011 TSPR 81 v. 182 DPR ____ R.F. Mortgage and Ivestment Corp; Firt Mortgage, Inc.; Enrique N. Vela Col ón
Recurridos
Número del Caso: CC - 2011 - 115
Fecha: 8 de junio de 2011
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Bayamón y Aibonito Panel V
Juez Ponente:
Hon. Bruno E. Cort és Trigo
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Julio Díaz Rosado
Abogadas de la Parte Recurrida:
Lcda. Cristina S. Belaval Burger Lcda. Annette M. Danner - Rodríguez
Materia: Cumplimiento Específico, Daños y Perjuicios Contractuales
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Edwin E. Dávila Pollock; Vanesa Sabrina Semler Certiorari Sánchez Peticionarios CC-2011-0115 v.
R.F. Mortgage and Investment Corp.; First Mortgage, Inc.; Enrique N. Vela Colón Recurridos
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Rivera García
En San Juan, Puerto Rico, a 8 de junio de 2011.
El presente recurso de certiorari nos brinda
la oportunidad de expresarnos sobre el efecto de
notificar los dictámenes judiciales mediante el
formulario administrativo correcto. En
específico, las consecuencias procesales que
implica el notificar una resolución sobre
determinaciones de hechos y conclusiones de
derecho adicionales mediante el formulario
administrativo inadecuado y las repercusiones que
ello acarrea sobre el derecho de las partes a un
debido proceso de ley.
I
El 20 de mayo de 2008 el Sr. Edwin E. Dávila
Pollock y la Sra. Vanesa Sabrina Semler Sánchez, CC-2011-0115 2
esposos, acudieron a las oficinas de R.F. Mortgage and
Investment Corp. Ello, con el propósito de verificar si
cualificaban para un préstamo hipotecario destinado a
financiar la compra de una residencia. Luego de los
trámites procesales de rigor, el préstamo solicitado fue
aprobado y los esposos Dávila Pollock y Semler Sánchez
perfeccionaron el negocio jurídico. En específico,
suscribieron un pagaré ante el notario Enrique N. Vela
Colón que constaba de cinco folios tamaño legal, escritos
por un solo lado, y un folio adicional intitulado “Rider”.
Tanto el pagaré como el “Rider” establecían la promesa de
pago de los demandantes por la suma total de $330,100.00,
a razón de 6.75% de interés anual.1 Luego de consignar sus
firmas en el referido pagaré, los esposos Dávila Pollock y
Semler Sánchez le solicitaron al notario Vela Colón copia
del mismo.
Posteriormente, a principios del mes de junio de
2008, los esposos Dávila Pollock y Semler Sánchez
recibieron de First Mortgage, Inc., las copias
solicitadas. Al examinarlas notaron que los documentos
ahora disponían un interés anual distinto, 7.25%, en vez
del 6.75% previamente pactado.
Así las cosas, el 3 de junio de 2008 los esposos
Dávila Pollock y Semler Sánchez le enviaron una
comunicación escrita a First Mortgage, Inc. En ella
1 Esa misma fecha los demandantes también suscribieron una escritura pública, Núm. 312, sobre Primera Hipoteca ante el notario Enrique N. Vela Colón. En dicha escritura se estableció, de igual forma, que la cantidad sería financiada a razón del 6.75% de interés anual. CC-2011-0115 3
señalaron el error habido en los documentos del negocio
jurídico en cuanto al interés anual y solicitaron que se
corrigiera antes del 1 de julio de 2008, fecha en la cual
debía efectuarse el primer pago adeudado.
A raíz de lo anterior, y debido a que R.F. Mortgage
and Investment Corp., First Mortgage, Inc., o el notario
Vela Colón no habían subsanado el error señalado, el 15 de
abril de 2009 los esposos Dávila Pollock y Semler Sánchez
presentaron una demanda en contra de éstos por daños y
perjuicios e incumplimiento de obligaciones contractuales.
En ella adujeron que, luego de suscribir un pagaré y
constituir una hipoteca, los codemandados alteraron sin el
consentimiento de los demandantes los términos
contractuales; en específico, el interés hipotecario
anual.
Luego de varios trámites procesales, el 16 de marzo
de 2010 el codemandado Vela Colón presentó una moción de
sentencia sumaria. Asimismo, el 30 de marzo de 2010 la
codemandada, First Mortgage, Inc., presentó una moción de
igual naturaleza. El 15 de abril de 2010 los demandantes
se opusieron a la moción de sentencia sumaria presentada
por la codemandada First Mortgage, Inc., y el 1 de junio
de 2010 hicieron lo propio en relación a la moción
presentada por el codemandado Vela Colón.
Posteriormente, el 28 de junio de 2010 el Tribunal de
Primera Instancia dictó una sentencia parcial,2 cuyo
2 Esta sentencia fue notificada el 9 de agosto de 2010. CC-2011-0115 4
registro fue ordenado conforme a la Regla 46 de
Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R.46.3 Mediante
ésta el foro primario declaró No Ha Lugar la demanda
presentada en contra de la codemandada First Mortgage,
Inc; sin embargo, nada dispuso en cuanto al codemandado
Vela Colón.
Así las cosas, el 19 de agosto de 2010 los demandantes
presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia una
moción sobre determinaciones de hechos y conclusiones de
derecho adicionales y sobre reconsideración. Días después
-el 26 de agosto de 2010- la codemandada First Mortgage,
Inc., presentó su oposición.
A esos efectos, el 8 de septiembre de 2010, el
Tribunal de Primera Instancia emitió una orden mediante la
cual declaró No Ha Lugar la moción presentada por los
demandantes. Esta orden fue notificada el 13 de
septiembre de 2010 mediante el formulario OAT 750 sobre
notificación de Órdenes y Resoluciones.4 Luego, el 1 de
octubre de 2010 el foro primario emitió y notificó una
3 La Regla 46 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R.46, dispone lo siguiente: Será deber del Secretario o Secretaria notificar a la brevedad posible, dentro de las normas que fije el Tribunal Supremo, las sentencias que dicte el tribunal, archivando en autos copia de la sentencia y de la constancia de la notificación y registrando la sentencia. La anotación de una sentencia en el Registro de Pleitos, Procedimientos y Providencias Interlocutorias constituye el registro de la sentencia. La sentencia no surtirá efecto hasta archivarse en autos copia de su notificación a todas las partes y el término para apelar empezará a transcurrir a partir de la fecha de dicho archivo. 4 Este formulario no contiene una advertencia sobre el término de treinta días que disponen las partes para acudir ante el Tribunal de Apelaciones para revisar el dictamen emitido. CC-2011-0115 5
resolución mediante la cual indicó que enmendaba la orden
antes descrita con el único fin de utilizar el formulario
OAT 687, sobre la notificación de Resoluciones de
determinaciones de hechos y conclusiones de derecho
adicionales.5
Inconformes, el 13 de octubre de 2010 los demandantes
presentaron un recurso de apelación ante el Tribunal de
Apelaciones y solicitaron que se revocara la sentencia
parcial dictada por el Tribunal de Primera Instancia. Sin
embargo, varios días más tarde -el 27 de octubre de 2010-
los demandantes solicitaron el desistimiento del recurso
de apelación puesto que no habían notificado a todas las
partes dentro del término establecido para ello. A esos
fines, el 28 de octubre de 2010 el foro apelativo
intermedio dictó una sentencia y concedió el desistimiento
solicitado.
Por su parte, el 13 de octubre de 2010 el Tribunal de
Primera Instancia dictó otra sentencia parcial, cuyo
registro también fue ordenado conforme a la Regla 46 de
Procedimiento Civil, supra. Mediante este segundo
dictamen, el foro primario declaró No Ha Lugar la demanda
presentada en contra del codemandado Vela Colón.
Insatisfechos con este segundo dictamen, el 1 de
noviembre de 2010 los demandantes presentaron otro recurso
de apelación ante el Tribunal de Apelaciones. En esta
5 Contrario al formulario OAT 750, este formulario sí contiene una advertencia sobre el término de treinta días que disponen las partes para acudir ante el Tribunal de Apelaciones para revisar el dictamen emitido. CC-2011-0115 6
ocasión, aparte de solicitar la revocación de la segunda
sentencia parcial dictada por el Tribunal de Primera
Instancia, los demandantes también hicieron alegaciones
sobre el primer dictamen emitido por el foro primario
(mediante el cual se declaró No Ha Lugar la demanda
Inc.). Ello, a pesar que anteriormente el peticionario
había desistido del primer recurso de apelación presentado
para impugnar aquél dictamen.
Así las cosas, el 10 de diciembre de 2010 el Tribunal
de Apelaciones dictó sentencia. En cuanto a las
alegaciones vertidas por los demandantes referentes al
primer dictamen emitido por el Tribunal de Primera
Instancia (mediante el cual se declaró No Ha Lugar la
demanda presentada en contra de la codemandada First
Mortgage, Inc.), el foro apelativo intermedio razonó que,
aunque la primera orden que declaró No Ha Lugar la moción
sobre determinaciones de hechos y conclusiones de derecho
adicionales fue notificada el 13 de septiembre de 2010
utilizando el formulario OAT 750, ésta no causó ni creó
incertidumbre alguna a los demandantes sobre la finalidad
y registro de la sentencia dictada el 28 de junio de 2010.6
Consecuentemente, el foro apelativo intermedio concluyó
que carecía de jurisdicción para atender las referidas
6 Como ejemplo, el Tribunal de Apelaciones señaló que los demandantes presentaron su primer recurso de apelación dentro del término jurisdiccional. Es decir, el 13 de octubre de 2010. CC-2011-0115 7
alegaciones debido a que éstas fueron presentadas fuera
del término jurisdiccional dispuesto para ello.
Asimismo, en cuanto a las alegaciones vertidas
referentes al segundo dictamen emitido por el Tribunal de
Primera Instancia (mediante el cual se declaró No Ha Lugar
la demanda presentada en contra del codemandado Vela
Colón), el Tribunal de Apelaciones razonó que no estaba en
posición de discutirlas. Ello, debido a que los
demandantes sólo se limitaron a indicar –escuetamente- que
el codemandado Vela Colón era una parte indispensable en
el pleito y no discutieron ni fundamentaron la procedencia
de sus contenciones ni del remedio solicitado.
Inconformes aún, el 14 de febrero de 2011 los
demandantes presentaron un recurso de certiorari ante este
Tribunal. En dicho recurso adujeron que el Tribunal a quo
erró al dictar sentencia y concluir que carecía de
jurisdicción para atender el recurso de apelación que el
peticionario le presentara. Días más tarde -el 17 de
febrero de 2011- los demandantes presentaron ante este
Tribunal una moción en auxilio de jurisdicción. En ella
solicitaron la paralización de la sentencia emitida por el
foro apelativo intermedio mientras se atendía el recurso
de certiorari presentado.
El 2 de marzo de 2011 emitimos una Resolución en la
cual declaramos No Ha Lugar la moción en auxilio de
jurisdicción presentada por los demandantes. De igual
forma, le concedimos un término de veinte días a R.F. CC-2011-0115 8
Mortgage and Investment Corp. y a First Mortgage, Inc.
para que mostraran causa por la cual no debíamos expedir
el recurso de certiorari de los demandantes y revocar
parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal de
Apelaciones.
Todas las partes han presentado sus respectivos
alegatos. Por ello, contando con su comparecencia,
procedemos a resolver.
II
Como parte del debido proceso de ley, en su vertiente
procesal, hemos señalado que la notificación de un
dictamen judicial final es un requisito con el que se debe
cumplir de modo tal que el ciudadano afectado pueda
enterarse de la decisión final que se ha tomado en su
contra. Río Const. Corp. v. Mun. de Caguas, 155 D.P.R.
394, 405 (2001); Nogama Const. Corp. v. Mun. de Aibonito,
136 D.P.R. 146, 152 (1994).
De forma reiterada hemos apuntalado que el deber de
notificar a las partes no constituye un mero requisito.
Su importancia radica en el efecto que tiene dicha
notificación sobre los procedimientos posteriores al
dictamen final emitido en un proceso adjudicativo. La
falta de una debida notificación podría afectar el derecho
de una parte a cuestionar el dictamen emitido y debilita
las garantías del debido proceso de ley. Río Const. Corp.
v. Mun. de Caguas, supra, págs. 405-406; Martínez, Inc. v.
Abijoe Realty Corp., 151 D.P.R. 1, 8 (2000); Falcón CC-2011-0115 9
Padilla v. Maldonado Quirós, 138 D.P.R. 983 (1995).
Véanse, además, Arroyo Moret v. F.S.E., 113 D.P.R. 379,
381 (1982); Berríos v. Comisión de Minería, 102 D.P.R.
228, 230 (1974).
Así, pues, “[l]a correcta y oportuna notificación de
las órdenes y sentencias es requisito sine qua non de un
ordenado sistema judicial”. J.A. Cuevas Segarra, Práctica
Procesal Puertorriqueña: Procedimiento Civil, San Juan,
Pubs. J.T.S., 1979, Vol. II, pág. 436. Su omisión puede
conllevar graves consecuencias, demoras e impedimentos en
el proceso judicial, como también crear un ambiente de
incertidumbre sobre cuándo comienza a transcurrir el
término para acudir a un tribunal de mayor jerarquía para
revisar el dictamen recurrido. Íd., pág. 436.
A
En cuanto al término para presentar un recurso de
apelación para revisar un dictamen emitido por el Tribunal
de Primera Instancia o por el Tribunal de Apelaciones, la
Regla 52.2(a) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V,
R.52.2(a), dispone lo siguiente:
(A) Recursos de apelación. – Los recursos de apelación al Tribunal de Apelaciones o al Tribunal Supremo para revisar sentencias deberán ser presentados dentro del término jurisdiccional de treinta (30) días contados desde el archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia dictada por el tribunal apelado. (Énfasis nuestro).
El término de treinta días descrito queda debidamente
interrumpido, entre otras razones, por la presentación
oportuna de una moción sobre determinaciones de hechos y CC-2011-0115 10
conclusiones de derecho adicionales. A esos efectos, las
Reglas 43.1 y 43.2 de Procedimiento Civil juegan un papel
medular en nuestro esquema procesal. A continuación las
citamos en su integridad.
Regla 43.1. Enmiendas o determinaciones iniciales o adicionales.
No será necesario solicitar que se consignen determinaciones de hechos a los efectos de una apelación, pero a moción de parte, presentada a más tardar quince (15) días después de haberse archivado en autos copia de la notificación de la sentencia, el tribunal podrá hacer las determinaciones de hechos y conclusiones de derecho iniciales correspondientes, si es que éstas no se hubiesen hecho por ser innecesarias, de acuerdo con la Regla 42.2, o podrá enmendar o hacer determinaciones adicionales y podrá enmendar la sentencia en conformidad. Si una parte interesa presentar una moción de enmiendas o determinaciones iniciales o adicionales, reconsideración o de nuevo juicio, éstas deberán presentarse en un solo escrito y el tribunal resolverá de igual manera. En todo caso, la suficiencia de la prueba para sostener las determinaciones podrá ser suscitada posteriormente aunque la parte que formule la cuestión no las haya objetado en el tribunal inferior, o no haya presentado una moción para enmendarlas, o no haya solicitado sentencia.
La moción de enmiendas o determinaciones iniciales o adicionales se notificará a las demás partes en el pleito dentro de los quince (15) días establecidos por esta regla para presentarla ante el tribunal. El término para notificar será de cumplimiento estricto. 32 L.P.R.A. Ap. V, R.43.1.
Regla 43.2. Interrupción de término para solicitar remedios posteriores a la sentencia.
La moción de enmiendas o determinaciones iniciales o adicionales deberá exponer con suficiente particularidad y especificidad los hechos que la parte promovente estime probados, y debe fundamentarse en cuestiones sustanciales relacionadas con determinaciones de hecho pertinentes o conclusiones de derecho materiales. CC-2011-0115 11
Presentada una moción por cualquier parte en el pleito para que el tribunal enmiende sus determinaciones o haga determinaciones iniciales o adicionales, quedará interrumpido el término para apelar, para todas las partes. Este término comenzará a transcurrir nuevamente tan pronto se notifique y archive en autos copia de la resolución declarando con lugar, o denegando la solicitud o dictando sentencia enmendada, según sea el caso. (Énfasis nuestro). 32 L.P.R.A. Ap. V, R.43.2.
B
Particularmente, cuando se trata de una resolución u
orden interlocutoria, el tribunal le notifica a las partes
utilizando la forma OAT 750, el cual no contiene aviso
alguno sobre el término para acudir a un tribunal de mayor
jerarquía. Natividad de Jesús Maldonado v. Corporación
Azucarera de Puerto Rico, 145 D.P.R. 899 (1998); Rodríguez
v. Tribunal Municipal, 74 D.P.R. 656 (1953). Véase,
además, Moreno González v. Cooperativa de Ahorro y Crédito
de Añasco, 2010 T.S.P.R. 17, 178 D.P.R. ___ (2010)
(Sentencia) (Opinión Disidente del Juez Asociado señor
Martínez Torres, págs. 2-3). Por el contrario, cuando se
trata de una resolución u orden sobre una moción de
adicionales que dispone finalmente del asunto presentado
ante el tribunal, este dictamen es notificado utilizando
el formulario OAT-687. Ello es así debido a que este
formulario sí contiene una advertencia sobre el término
que las partes poseen para acudir ante un tribunal de
mayor jerarquía y cuestionar el dictamen emitido. De lo
contrario, al no advertirle a las partes del término que CC-2011-0115 12
disponen para ejercer su derecho de apelación, la
notificación emitida mediante el formulario incorrecto
sería catalogada como defectuosa y el término para apelar
no comenzaría a transcurrir.
C
Por otra parte, es norma harto conocida que los
tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra
jurisdicción, estando obligados a considerarla aun en
ausencia de algún señalamiento de las partes al respecto.
Falcón Padilla v. Maldonado Quirós, supra. Entre las
instancias en que un tribunal carece de jurisdicción para
adjudicar una controversia se encuentra la presentación
tardía de un recurso. Un recurso presentado tardíamente
adolece del grave e insubsanable defecto de falta de
jurisdicción y debe ser desestimado. Rodríguez Díaz v.
Pierre Zegarra, 150 D.P.R. 649 (2000); Hernández Apellaniz
v. Marxuach Const., 142 D.P.R. 492 (1997). Precisamente,
a raíz de lo anterior, hemos expresado que los tribunales
tienen la obligación de notificar correctamente las
resoluciones, órdenes y sentencias a todas las partes en
el pleito, para que así conozcan y estén notificados del
término para acudir en revisión. 32 L.P.R.A. Ap. V, R.46;
Falcón Padilla v. Maldonado Quirós, supra.
III
En esta ocasión, surge del recurso de certiorari
presentado por los demandantes que el 28 de junio de 2010
el Tribunal de Primera Instancia dictó una sentencia CC-2011-0115 13
parcial mediante la cual declaró No Ha Lugar la demanda
presentada en contra de la codemandadoa First Mortgage,
Inc. Sobre esta sentencia los demandantes presentaron
oportunamente una moción de determinaciones de hechos y
conclusiones de derecho adicionales y sobre
reconsideración, la cual interrumpió el término para
apelar. 32 L.P.R.A. Ap. V, R.43.2.
El 8 de septiembre de 2010 el Tribunal de Instancia
emitió una orden mediante la cual declaró No Ha Lugar la
moción de determinaciones adicionales presentada por los
demandantes. Esta orden fue notificada utilizando el
formulario OAT-750 -designado para la notificación de
Resoluciones y Órdenes interlocutorias-, el cual no
contiene una advertencia sobre el derecho que tienen las
partes para acudir al foro de mayor jerarquía y cuestionar
el dictamen emitido en su contra.
Posteriormente, el 1 de octubre de 2010 el foro
primario emitió una resolución mediante la cual enmendó la
orden antes descrita con el propósito de informar el
término que las partes disponían para apelar la sentencia
parcial dictada el 28 de junio de 2010. Esta resolución
fue notificada utilizando el formulario OAT-687 -designado
específicamente para la notificación de Resoluciones sobre
adicionales-, el cual sí contiene una advertencia sobre el
término apelativo correspondiente. CC-2011-0115 14
Entendemos que esta enmienda era correcta y
necesaria. La orden emitida el 8 de septiembre de 2010 no
era de naturaleza interlocutoria, sino que puso fin al
trámite procesal ante el Tribunal de Primera Instancia.
Por tal motivo, el formulario OAT-687 era el que debió ser
utilizado para notificarla.
No obstante, debido a que la referida orden se
notificó mediante el formulario OAT 750, ésta no informó a
las partes del término que disponían para acudir ante el
Tribunal de Apelaciones. Por esta razón, colegimos que el
Tribunal de Primera Instancia actuó correctamente al
enmendar su orden inicial y emitir posteriormente una
resolución a los fines de utilizar el formulario OAT-687
para notificarles a los demandantes sobre su derecho de
apelación y el término correspondiente. Al así actuar, el
foro primario salvaguardó las garantías procesales de los
demandantes que emanan del debido proceso de ley.
A la luz de lo anterior, tomando como punto de
partida la fecha en que la resolución del Tribunal de
Primera Instancia fue notificada mediante el formulario
OAT-687, concluimos que el término para acudir ante el
foro apelativo intermedio venció el lunes, 1 de noviembre
de 2010, día en que el peticionario presentó su recurso de
apelación. Por tal motivo, entendemos que el Tribunal de
Apelaciones erró al razonar que carecía de jurisdicción
para atender el recurso de apelación presentado por los
demandantes y las alegaciones allí vertidas referentes a CC-2011-0115 15
la sentencia parcial que declaró No Ha Lugar la demanda
Inc.
Lo anterior, ciertamente, resalta la importancia de
los trabajos que ejerce el brazo secretarial del Tribunal
General de Justicia. Somos conscientes de la ardua carga
laboral que a diario se tramita en las distintas
secretarías y la diligencia con la cual se atienden los
mismos. Sin embargo, debido a la imbricación inseparable
de los mismos con las garantías procesales que emanan del
debido proceso de ley, es necesario un mayor grado de celo
y cuidado. Sólo así se podrá alcanzar total armonía entre
los trabajos administrativos que ejerce el Tribunal y los
derechos constitucionales a los cuales fuimos llamados a
proteger.
IV
Ahora bien, en cuanto a las alegaciones vertidas en
el recurso de apelación antes descrito sobre la sentencia
parcial que declaró No Ha Lugar la demanda presentada en
contra del codemandado Vela Colón, resolvemos que el
Tribunal de Apelaciones actuó correctamente al no atender
dicho señalamiento de error. Como bien indicó el foro
apelativo intermedio, el peticionario simplemente no
discutió ni fundamentó su posición. Por ello, dicho
señalamiento debe considerarse por no puesto. Morán v.
Martí, 165 D.P.R. 356 (2005); Quiñones López v. Manzano
Pozas, 141 D.P.R. 139 (1996). CC-2011-0115 16
V
Por los fundamentos antes expuestos, se expide el
recurso de certiorari de epígrafe y se revoca parcialmente
la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones el 10
de diciembre de 2010, mediante la cual se declaró sin
jurisdicción para atender el recurso de apelación
presentado por los demandantes. En consecuencia, se
ordena la devolución del caso de autos al foro apelativo
intermedio para que atienda en sus méritos el recurso de
apelación conforme a lo aquí establecido.
Se dictará sentencia de conformidad.
Edgardo Rivera García Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Edwin E. Dávila Pollock; Vanesa Sabrina Semler Sánchez Peticionarios
v. CC-2011-0115 Certiorari
R.F. Mortgage and Investment Corp.; First Mortgage, Inc.; Enrique N. Vela Colón Recurridos
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 8 de junio de 2011.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se expide el recurso de certiorari y se revoca parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones el 10 de diciembre de 2010, mediante la cual se declaró sin jurisdicción para atender el recurso de apelación presentado por los demandantes. En consecuencia, se ordena la devolución del caso de autos al foro apelativo intermedio para que atienda en sus méritos el recurso de apelación conforme a lo aquí establecido.
Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente señor Hernández Denton emitió una Opinión Disidente a la cual se unió la Jueza Asociada señora Fiol Matta. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez no intervino. El Juez Asociado Feliberti Cintrón no interviene.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Edwin E. Dávila Pollock; Vanesa Sabrina Semler Sánchez
Peticionarios CC-2011-115
R. F. Mortgage and Investment Corp.; First Mortgage, Inc.; Enrique N. Vela Colón
Opinión Disidente emitida por el Juez Presidente SEÑOR HERNÁNDEZ DENTON a la cual se une la Jueza Asociada SEÑORA FIOL MATTA
Recientemente emitimos una Sentencia en la cual
resolvimos que una notificación de una resolución del
Tribunal de Primera Instancia que no advirtió a las
partes del derecho a apelar no constituye una
notificación defectuosa. Por ello, no impide que
comience a transcurrir el término jurisdiccional para
instar un recurso de apelación ante el Tribunal de
Apelaciones. Moreno González v. Cooperativa de Ahorro
y Crédito de Añasco, 2010 T.S.P.R. 17, 178 D.P.R. ___
(2010), res. el 20 de enero de 2010.
Aunque una Sentencia de este Tribunal no
establece precedente, los fundamentos expresados en
dicho dictamen son sencillos y correctos en derecho,
no han variado en apenas dieciséis meses y fueron CC-2011-0115 2
favorecidos por una mayoría de este Tribunal compuesta en
aquel momento por el Juez Presidente Hernández Denton y los
Jueces Asociados, Rivera Pérez, Fiol Matta, Rodríguez
Rodríguez y Kolthoff Caraballo. Por lo tanto, no creemos
prudente variar el razonamiento mayoritario en tan corto
tiempo.
En dicho caso, el Tribunal se basó en que la
peticionaria no demostró que se le menoscabó su derecho a
recurrir en alzada. Asimismo, señalamos que las Reglas de
Procedimiento Civil son claras y específicas en cuanto al
término jurisdiccional de treinta días para recurrir contra
sentencias dictadas en casos civiles, contados a partir del
archivo en autos de copia de la notificación. 32 L.P.R.A. Ap.
V R. 52.2; 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B R. 13. Véase, además: R.
Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho
Procesal Civil, 5ta. ed., San Juan, Lexisnexis, 2010, sec.
5506, pág. 467.
En el presente caso, como en el de la referida Sentencia
de 2010, la parte recurrente conocía muy bien de su derecho a
apelar la determinación adversa. Tan es así que presentó un
recurso de apelación oportuno del que luego desistió por no
haber notificado correctamente a todas las partes. Permitir
que un abogado aproveche la segunda notificación de la
sentencia parcial recurrida -en la cual el Tribunal de
Primera Instancia sólo varió el formulario utilizado- es
favorecer la forma sobre la sustancia con miras a relajar los
requisitos de competencia y diligencia que deben regir la
representación legal y nuestro ordenamiento procesal. Por CC-2011-0115 3
ello, disentimos respetuosamente del curso de acción seguido
por una mayoría de este Tribunal.
Federico Hernández Denton Juez Presidente