CC-1998-367 - 1 -
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Colegio de Peritos Electricistas de Puerto Rico Peticionario Certiorari
v. 2000 TSPR 28
Autoridad de Energía Eléctrica Recurrida
Número del Caso: CC-1998-0367
Fecha: 22/02/2000
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional I
Juez Ponente: Hon. González Román
Abogados de la Parte Peticionaria: Luis Amauri Suárez Zayas
Abogados de la Parte Recurrida: Lcdo. Eddie Cuevas Silvagnoli
Departamento de Justicia: Lcda. Minnie E. Rodríguez López
Materia: Sentencia Declaratoria
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Colegio de Peritos Electricistas de Puerto Rico
Peticionario
v. CC-1998-367 Certiorari
Autoridad de Energía Eléctrica
Recurrida
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Federico Hernández Denton
San Juan, Puerto Rico, a 22 de febrero de 2000.
En el presente caso procede determinar si el
Colegio de Peritos Electricistas de Puerto Rico posee
legitimación activa para impugnar cierto Reglamento
aprobado por la Autoridad de Energía Eléctrica. Por
entender que efectivamente la posee, revocamos.
I.
El Colegio de Peritos Electricistas de Puerto Rico
(en adelante, el Colegio) presentó una petición de
injunction y sentencia declaratoria contra la Autoridad
de Energía Eléctrica (en CC-1998-367 - 3 -
adelante, A.E.E.) y la Secretaria del Departamento de
Estado. En la misma solicitó que se declarara nulo cierto
Reglamento1 aprobado por la A.E.E., por entender que éste
violaba el Art. 23 de la Ley Orgánica de la Junta
Examinadora de Peritos Electricistas, Ley Núm. 115 del 2 de
junio de 1976, según enmendada, 20 L.P.R.A. sec. 2722, (en
adelante, Ley Núm. 115).
El Art. 23 de la Ley Núm. 115 requiere que toda compañía
de servicio apruebe y suministre servicio de energía
eléctrica únicamente a instalaciones eléctricas que hayan
sido realizadas o supervisadas por un ingeniero electricista
o por un perito electricista colegiado.
El Colegio alegó que el Reglamento en cuestión viola el
referido Artículo en tanto autoriza a cualquier ingeniero
colegiado a certificar instalaciones eléctricas. Por tal
razón, solicitó que se decretara la nulidad del Reglamento
en todas aquellas disposiciones que permitan la
certificación de instalaciones eléctricas por ingenieros
colegiados que no sean ingenieros eléctricos. A tal
contención se opuso la A.E.E., presentando así una moción de
desestimación. En la misma sostuvo que el Colegio carecía de
legitimación activa para instar la presente acción.
El Tribunal de Primera Instancia, al igual que el
Tribunal de Circuito de Apelaciones, concluyeron que
procedía desestimar la demanda por carecer el Colegio de
1 Reglamento Núm. 5360 para la Certificación de Instalaciones CC-1998-367 - 4 -
legitimación activa para instar, a nombre propio o en
representación de sus miembros, el pleito de epígrafe.
Inconforme con tales dictámenes, el Colegio recurrió
ante nos alegando que erró el foro apelativo al concluir que
carecía de legitimación activa, pues, según sostiene, la
misma surge por virtud de dos fuentes: por vía legislativa2 y
por los criterios jurídicos esbozados por la jurisprudencia.
Luego de acoger el recurso de certiorari presentado y
examinar las comparecencias de las partes, procedemos a
resolver.
II.
Reiteradamente hemos sostenido que una parte demandante
posee legitimación activa si cumple con los siguientes
requisitos: 1) que ha sufrido un daño claro y palpable; 2)
que el referido daño es uno real, inmediato y preciso y no
uno abstracto o hipotético; 3) que existe conexión entre el
daño sufrido y la causa de acción ejercitada; y 4) que la
causa de acción surge bajo el palio de la Constitución o de
una ley. Véase, Hernández Torres v. Hernández Colon, 129
D.P.R. 824, 835 (1992); Asociación de Maestros v. Torres
res. el 30 de noviembre de 1994, 136 D.P.R.___ (1994).
En los casos de asociaciones hemos reconocido que las
mismas pueden demandar a nombre propio o a nombre de sus
miembros o integrantes, Asociación de Maestros v. Torres,
Eléctricas. 2 Debido al curso decisorio al que llegamos no es necesario atender este planteamiento. CC-1998-367 - 5 -
supra. Cuando una asociación demanda a nombre propio basta
que ésta cumpla con los requisitos antes mencionados.
Si la asociación demanda a nombre de sus integrantes,
ésta tendrá legitimación activa para demandar siempre que
pueda demostrar que: (1) los miembros de la organización
tendrían legitimación activa para demandar a nombre propio;
(2) los intereses que se pretenden proteger están
relacionados con los objetivos de la organización; y (3) la
reclamación y el remedio solicitado no requieren la
participación individual de los miembros en el pleito.
Colegio de Ópticos, 124 D.P.R. 559, 566 (1989); Asociación
de Maestros v. José Arsenio Torres, supra.
Cuando se cuestiona la legitimación de una parte al
contestar la demanda, debemos asumir que las alegaciones son
ciertas y evaluar su causa de acción de la manera más
favorable para el demandante. Colegio de Ópticos, supra a la
pág. 567.
Tomando en cuenta los pronunciamientos esbozados, nos
corresponde examinar si el Colegio posee legitimación activa
para impugnar el Reglamento en cuestión.
III.
El Colegio sostiene que la aprobación del referido
Reglamento les ha causado un daño económico adverso. Así,
afirma que el Reglamento impugnado aumenta
significativamente el número de profesionales de la CC-1998-367 - 6 -
ingeniería que estarían autorizados a certificar trabajos
eléctricos. Esto, según aduce, tiene un impacto económico
adverso en sus finanzas y en las de sus miembros. Se indica
que, como consecuencia de lo anterior, los peritos
electricistas dejan de devengar ingresos personales, al
haberse facultado a cualquier ingeniero para realizar la
certificación de una instalación eléctrica. Además, el
Colegio señala que la propia entidad deja de recibir
ingresos por concepto de un sello que viene obligado a
cancelar cada perito electricista que hace una
certificación.3
En síntesis, la situación ante nos requiere dilucidar si
la actuación de una agencia gubernamental, que mediante
reglamentación abre un mercado de bienes o servicios a nuevos
competidores, constituye un daño suficiente para satisfacer
los criterios establecidos por nuestra jurisprudencia para
conferir legitimación activa a un reclamante.
Este asunto no había sido abordado directamente por
este Tribunal hasta Colegio de Ópticos, supra.4 En aquella
ocasión resolvimos que dos asociaciones profesionales
incorporadas poseían la legitimación necesaria, en defensa
de sus propios intereses y en representación de los de sus
3 El Art. 5 de la Ley Núm. 131, obliga a todo perito electricista a cancelar un sello de cinco dólares ($5.00) para toda certificación radicada en cualquiera de las oficinas de la A.E.E. 4 José Julián Alvarez González, Derecho Constitucional, en Análisis Crítico del Término 1988-1989 del Tribunal Supremo CC-1998-367 - 7 -
miembros, para solicitar un injunction contra aquellos que
practicaban esa profesión sin la licencia requerida por ley.5
En aquella ocasión afirmamos que el Colegio de Ópticos
estaba haciendo valer los derechos y beneficios adquiridos
con las licencias expedidas por la Junta de Ópticos, los
cuales habían sido afectados adversamente por la práctica
ilegal de la óptica. Colegio de Ópticos, supra a las págs.
567-568.
Aunque en materia de justiciabilidad, los
pronunciamientos de la jurisdicción federal no son
vinculantes6, conviene acudir a ella de manera ilustrativa.
La legitimación de un competidor para cuestionar la
legalidad de las actuaciones de otro, cuando ello repercute en
los intereses del primero, ha sido bien establecida en la
jurisdicción federal.7 A tales efectos, el profesor Tribe8
indica:
En Association of Data Processing Service Organizations v. Camp, el Tribunal Supremo [de Estados Unidos] determinó que la expectativa de competencia con los bancos nacionales reglamentados era los suficientemente adversa a los intereses económicos actuales de los procesadores de datos como para generar el interés personal necesario para que estos impugnaran la
de Puerto Rico, 59 Rev. Jur. U.P.R. 241, 266 (1990) nota al calce 97. 5 Según sintetizado por José Julián Alvarez González, Id. 6 Véase, Laurence Tribe, American Constitutional Law, Second Edition, Foundation Press, págs. 112-113 y Luis M. Villaronga, Derecho Constitucional, 62 Rev. Jur. U.P.R. 683, 684 (1993). 7 José Julián Alvarez González, supra a la pág. 266, nota al calce 97. 8 Laurence Tribe, supra a las págs. 115 y 145, respectivamente. CC-1998-367 - 8 -
validez de las decisiones de la agencia que permitían que los bancos incursionaran en ese campo. [Escolios omitidos] [...] [U]na organización tiene legitimación activa para demandar en su propio nombre si los actos del demandado le infligen un perjuicio económico y agotan con ello sus recursos. [Escolios omitidos]
De igual forma, Davis & Pierce, Administrative Law
Treatise, 3ra ed; Boston, Little Brown, 1994, Vol. III sec.
16.4, indican:
Por lo general, el Tribunal [Supremo de Estados Unidos] reconoce que el daño económico probable, causado por los actos de las agencias que alteran las condiciones de competitividad, es suficiente para cumplir con el requisito de [daño real] [...] Es lógico concluir que cualquier otro peticionario que probablemente sufra perjuicio económico debido a los actos de una agencia que alteran las condiciones del mercado, cumple con el requisito de [daño real][.]
En esta materia los tribunales federales, en ocasiones,
han tendido a elaborar una distinción entre aquellas
impugnaciones que se refieren a competencia alegadamente
ilegal de aquellas que no lo son, confiriendo legitimación
sólo en la primera situación. El profesor Kenneth E. Scott,
Standing in the Supreme Court- A Functional Analysis, 86
Harv. L. Rev. 645, 653 (1973), indica que la razón para que
los tribunales federales no suelan conferir legitimación
activa cuando la competencia que se impugna es legal se
encuentra en la propia naturaleza económica del sistema
norteamericano. Así, señala9: “[E]n una economía basada en
las operaciones de mercados competitivos, [...] el perjuicio
sufrido por [un] demandante debido meramente al aumento en CC-1998-367 - 9 -
la competencia [...] puede verse, hasta cierto punto, como
un proceso normal y familiar.” Sin embargo, advierte10,
existen ocasiones donde ha habido que apartarse de la libre
competencia para restringir, de esta forma, los males de la
competencia excesiva. En tales ocasiones, opina el profesor
Scott,11 existe quizás mayor apoyo para encontrar
legitimación activa basándose en la intención legislativa de
beneficiar a un grupo limitado.
Sobre estos aspectos, en Hardin v. Kentucky Utilities
Co., 390 U.S. 1, 5-6 (1968), el Tribunal Supremo de Estados
Unidos señaló:
En repetidas ocasiones, este Tribunal ha [...] resuelto que el perjuicio económico causado por la competencia legal no puede, ni en sí mismo ni por sí mismo, conferir legitimación al negocio perjudicado para cuestionar la legalidad de ningún aspecto de las operaciones de su competidor. [...] En cambio, la regla ha sido [...] que cuando la disposición estatutaria invocada sí refleja un propósito legislativo de proteger un interés competitivo, el competidor perjudicado tiene legitimación para requerir que se cumpla con esa disposición.
De igual forma, en Associated Gas Distributors v.
F.E.R.C., 899 F.2d 1250, 1258 (1990), el Tribunal del Circuito
de Apelaciones Federal del Distrito de Columbia, afirmó:
“Quienes tienen que competir con transacciones comerciales
alegadamente ilegales tienen la legitimación que le confiere
el Artículo III para impugnar una orden reguladora que
autorice las transacciones.”
9 Kenneth E. Scott, supra a la pág.653. 10 Id. CC-1998-367 - 10 -
Ciertamente, en casos como el de autos, donde la
competencia es alegadamente ilegal, existe legitimación
activa. Esto pues, si existe una disposición legal que
específicamente establece una protección a un grupo
particular de personas, regulando así el mercado, dicho
grupo tendrá legitimación activa para impugnar la alegada
violación de la protección legal otorgada.12
IV.
En la situación ante nos el Colegio recurre a los
tribunales, precisamente para salvaguardar sus propios
intereses y los de sus miembros, mediante la impugnación de
un Reglamento que, según sostiene, autoriza que otros
profesionales realicen certificaciones. Asumiendo que sus
alegaciones son ciertas, habrá un menoscabo al valor de las
licencias de sus miembros. Evidentemente el Art. 23 de la
Ley Núm. 115, supra, limita quienes podrán certificar las
instalaciones eléctricas, al establecer que toda compañía de
servicio aprobará y suministrará servicio de energía
o por un perito electricista colegiado. Si el reglamento
impugnado tiene el efecto de ampliar esta disposición, en
contra de la propia legislación, se producirá un daño
11 Id. 12 Debido a que las alegaciones en este caso se circunscriben a una supuesta competencia ilegal, no es necesario que resolvamos si en nuestra jurisdicción debe CC-1998-367 - 11 -
suficiente para conferir legitimación activa al Colegio. En
el caso de autos la propia Ley Núm. 115 establece un interés
susceptible de protegerse, al limitar, de cierta forma,
quienes harán las referidas certificaciones.
Por lo tanto, el Colegio posee legitimación activa para
acudir ante un tribunal de justicia de suerte que pueda
pasarse juicio sobre la validez del Reglamento impugnado.
Esto pues, cumple a cabalidad con los criterios de
legitimación esbozados para las asociaciones. Así, (1) sus
miembros tienen legitimación activa para demandar a nombre
propio, pues se les causaría un daño económico adverso; (2)
los intereses que el Colegio pretende proteger están
relacionados con sus objetivos; y (3) la reclamación y el
remedio solicitado no requieren la participación individual
de los miembros en el pleito. Colegio de Ópticos, supra;
Asociación de Maestros v. José Arsenio Torres, supra.
Precisamente, el Colegio se encuentra capacitado y
legitimado para impugnar el referido Reglamento en beneficio
de sus miembros. La doctrina de legitimación de las
asociaciones reconoce que la razón principal para que las
personas formen organizaciones es para crear un instrumento
efectivo para vindicar unos intereses que tienen en común,
Colegio de Ópticos, supra a la pág. 568. Ciertamente el
Colegio está haciendo valer los derechos de sus miembros.
Mediante el pleito incoado persigue poner en vigor los
adoptarse íntegramente la distinción establecida en la CC-1998-367 - 12 -
derechos adquiridos por sus miembros al obtener una licencia
para practicar la profesión. Estos intereses están
relacionados con los del Colegio. Igualmente, el remedio
solicitado beneficia a todos los miembros sin que se
requiera la intervención individual de alguno de ellos para
probar la cuantía de los daños sufridos por cada uno. Véase,
Colegio de Ópticos, supra a la pág. 568.
Claro está, en estos momentos no estamos pasando juicio
sobre la validez del Reglamento en cuestión, pues
precisamente esto se dilucidará en el pleito
correspondiente. Es en dicho momento que se determinará si,
en efecto, el reglamento impugnado viola el Art. 23 de la
Ley Núm. 115. Como se conoce, en la etapa actual no se
atienden los méritos del recurso sino que se asume que las
alegaciones del demandante son ciertas y se evalúa su causa
de acción de la manera más favorable. Colegio de Ópticos,
supra a la pág. 567.
Por los fundamentos que preceden, revocamos el dictamen
del foro apelativo y devolvemos el caso al Tribunal de
Primera Instancia para que continúen los procedimientos
conforme lo aquí resuelto.
Se dictará la Sentencia correspondiente.
FEDERICO HERNÁNDEZ DENTON Juez Asociado
jurisdicción federal. CC-1998-367 - 13 - CC-98-367 14
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se revoca la sentencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que continúen los procedimientos conforme lo aquí resuelto.
Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Naveira de Rodón emitió Opinión Disidente.
Isabel Llompart Zeno Secretaria del Tribunal Supremo CC-98-367 15
CC-98-367 v.
Opinión Disidente emitida por la Juez Asociada señora Naveira de Rodón
San Juan, Puerto Rico a 22 de febrero de 2000
Por considerar que el Colegio de Peritos Electricistas de
Puerto Rico, carece de legitimación activa para acudir ante
un tribunal a impugnar la validez del Reglamento para la
Certificación de Instalaciones Eléctrica, Reglamento Núm.
5360, nos vemos impedidos a suscribir la Opinión Mayoritaria.
A continuación exponemos los hechos que dieron lugar al
asunto que nos ocupa.
I
El 10 de enero de 1996, la Autoridad de Energía Eléctrica
de Puerto Rico (en adelante, A.E.E.) presentó ante el
Departamento de Estado un CC-98-367 16
Reglamento para la Certificación de Instalaciones Eléctricas, Reglamento
Núm. 5360 (en adelante, Reglamento). Este sustituyó y dejó sin efecto el
Reglamento Núm. 2954 aprobado el 7 de febrero de 1983.
El 3 de diciembre de 1996, el Colegio de Peritos Electricistas de
Puerto Rico (en adelante, Colegio) presentó una petición de injunction y
de sentencia declaratoria contra la A.E.E. y la Secretaria de Estado.
Alegó que el nuevo Reglamento, a diferencia de su antecesor, autoriza a
cualquier ingeniero colegiado a certificar instalaciones eléctricas, lo
cual constituye una violación a las disposiciones de la Ley Orgánica de
la Junta Examinadora de Peritos Electricistas, Ley Núm. 115 de 2 de junio
de 1976, según enmendada, 20 L.P.R.A. sec. 2701 y ss (en adelante, Ley
Núm. 115). La Ley Núm. 115, supra, le impone a todas las compañías de
servicio público o privado la obligación de suministrar el servicio de
energía eléctrica exclusivamente a instalaciones eléctricas que hayan
sido realizadas o certificadas por ingenieros electricistas colegiados o
peritos electricistas colegiados.13 En virtud de lo anterior, el Colegio
solicitó que se decretara la nulidad de todas aquellas disposiciones
reglamentarias que permiten que la referida certificación sea hecha por
ingenieros licenciados colegiados, que no sean específicamente ingenieros
electricistas.14
13 El Art. 23 de la Ley Núm. 115, supra, 20 L.P.R.A. sec. 2722, dispone, en su parte pertinente, lo siguiente:
Toda compañía de servicio público o privado:
(a) Aprobará y suministrará servicio de energía eléctrica únicamente a instalaciones eléctricas que hayan sido realizadas o supervisadas por un ingeniero electricista colegiado o por un perito electricista colegiado debidamente autorizado por ley. [...] Disponiéndose, que los ingenieros y peritos electricistas colegiados certificarán la realización de instalaciones eléctricas mediante un documento oficial al respecto radicado ante la compañía de servicio público o privado. (Énfasis nuestro.)
14 A modo ilustrativo, citamos una de las secciones reglamentarias impugnadas:
Las disposiciones en este Reglamento aplicarán y cubrirán a toda obra de electricidad, como instalaciones soterradas, subestaciones y seccionadoras, instalaciones de postes, CC-98-367 17
El foro de instancia le ordenó al Colegio que mostrara causa por la
cual no debía desestimar la demanda por falta de legitimación, en vista
de que el Reglamento impugnado no modificó las funciones de los peritos
electricistas.
Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, el tribunal de
instancia concluyó que la Ley Núm. 115, supra, no le confería
legitimación activa al Colegio para instar el presente recurso de
injunction. Sostuvo, además, que éste no demostró que hubiese sufrido un
daño real y palpable como consecuencia de la aprobación del Reglamento.
Por el contrario, indicó que el daño alegado era abstracto y
especulativo. En consecuencia, desestimó el recurso. Inconforme, el
Colegio acudió al Tribunal de Circuito de Apelaciones, Circuito Regional
de San Juan, (en adelante, Tribunal de Circuito), el cual confirmó la
determinación del foro de instancia.15
alumbrado o líneas aéreas, metro eléctrico o medidor...e instalaciones eléctricas interiores realizadas y a ser certificadas por un perito electricista colegiado o ingeniero licenciado colegiado, presentadas ante la consideración de la Autoridad de Energía Eléctrica. Reglamento Núm. 5360, Sec. I, Art. C.
15 El Colegio le imputó al foro de instancia haber cometido los siguientes errores:
1. Erró el Tribunal al concluir que “el Colegio carece de legitimación activa por sí y a nombre de sus miembros para instar la presente causa de acción”.
2. Erró el Tribunal al concluir que el Artículo 18 de la Ley 115 del 1976 (20 L.P.R.A. 2717) no le confiere al apelante [el Colegio] legitimación activa para instar la presente acción, independientemente de que haya sufrido un daño claro, palpable, real, inmediato y preciso, según lo resuelto en Salas Soler v. Secretario de Agricultura, 102 D.P.R. 716 (1974) y desestimar la demanda presentada por el apelante.
3. Erró el Tribunal al no tomar como ciertos todos los hechos alegados en la demanda y en las mociones en cumplimiento de orden sometidas por el apelante [el Colegio] porque éste no presentó declaraciones juradas y otros documentos acreditativos del daño alegado como consecuencia de la aprobación de las disposiciones reglamentarias impugnadas, pues tal requerimiento nunca se le hizo al apelante [el Colegio] por parte del [t]ribunal y era improcedente procesalmente pues en esa etapa de los procedimientos sólo se estaba considerando la procedencia de una moción de desestimación. CC-98-367 18
Oportunamente, el Colegio recurrió ante nosotros con los siguientes
señalamientos de error:
1. Erró el Tribunal al concluir, al igual que el Tribunal de Primera Instancia, que el Colegio carece de legitimación activa por sí y a nombre de sus miembros para instar la presente causa de acción y, en consecuencia, que éste actuó correctamente al desestimar la demanda presentada por el peticionario [el Colegio].
2. Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al concluir, al igual que el Tribunal de Primera Instancia, que el Artículo 18 de la Ley 115 del 1976 (20 L.P.R.A. 2717) no le confiere al Colegio legitimación activa para instar la presente acción, independientemente de que haya sufrido un daño económico, según resuelto en Salas Soler v. Secretario de Agricultura, 102 D.P.R. 716 (1974) y García Oyola v. Junta de Calidad Ambiental, 97 CA 22, y confirmar la desestimación de la demanda presentada por el peticionario [el Colegio].
3. Erró el Tribunal al no considerar el tercer error señalado por el peticionario [el Colegio] y al no concluir que erró el Tribunal de Primera Instancia al no tomar como ciertos todos los hechos alegados en la demanda y en las mociones en cumplimiento de orden sometidas por el peticionario [el Colegio] y desestimar su demanda porque éste no presentó declaraciones juradas y otros documentos acreditativos del daño alegado, pues el Tribunal nunca hizo tal requerimiento al peticionario [el Colegio] y el mismo era improcedente procesalmente, ya que el Tribunal no tenía ante sí una moción de sentencia sumaria y sólo estaba considerando la procedencia de una moción de desestimación.
Por estar íntimamente relacionados, discutiremos conjuntamente los
señalamientos de error uno y dos. A través de éstos, el Colegio alegó
que la Ley Núm. 115, supra, le confiere legitimación activa para impugnar
la validez de las disposiciones reglamentarias que autorizan a cualquier
ingeniero colegiado a certificar instalaciones eléctricas. Señaló,
además, que satisfizo todos los criterios jurídicos que le otorgan
legitimación activa al promovente de una causa de acción.
II
En ausencia de una ley que expresamente le confiera legitimación
activa, el promovente de una reclamación puede comparecer como parte
demandante si satisface los siguientes requisitos indispensables: (i) ha
sufrido un daño claro y palpable, no abstracto ni hipotético; (ii) existe
un nexo causal entre la causa de acción que se ejercita y el daño alegado CC-98-367 19
y, por último, (iii) la causa de acción surge al amparo de la
Constitución o de alguna ley. Asoc. Maestros v. Srio. Educación, Op. de
30 de noviembre de 1994, 137 D.P.R. __ (1994), 94 J.T.S. 145; Salas Soler
v. Srio. de Agricultura, 102 D.P.R. 716 (1974).
Las agrupaciones o asociaciones poseen legitimación activa para
comparecer como entidad o en representación de sus miembros cuando se
cumplen los siguientes requisitos: (i) los miembros de la agrupación
tendrían legitimación para demandar a nombre propio; (ii) los intereses
que se pretende proteger están relacionados con los objetivos de la
organización y (iii) la reclamación y el remedio solicitado no requieren
la participación individual de los integrantes en el pleito. Asoc. de
Maestros v. Torres, supra, pág. 446; Col. de Opticos v. Vani Visual
Center, 124 D.P.R. 553 (1989).
La determinación de si un litigante posee legitimación activa debe
hacerse liberalmente, especialmente cuando se trata de una reclamación
instada contra agencias y funcionarios gubernamentales. Incluso, hemos
resuelto que la persona afectada por una acción gubernamental no tiene
que demostrar que ha sufrido un daño económico, sino que puede
fundamentar su acción en consideraciones ambientales, recreativas o
simplemente estéticas. García Loyola v. J.C.A., Op. de 21 de febrero de
1997, 142 D.P.R. __ (1997), 97 J.T.S. 25; Salas Soler v. Srio. de
Agricultura, supra.
Cuando se cuestiona la legitimación del sujeto activo al contestar
una demanda, el tribunal debe presumir que las alegaciones son ciertas y
evaluar la causa de acción de la forma más favorable para éste. Col. de
Opticos v. Vani Visual Center, supra, pág. 567.
No obstante, cuando se impugna la constitucionalidad de una ley es
preciso que la legitimación del promovente esté sustentada durante todas
las etapas procesales del litigio. Cada requisito constitutivo de la
legitimación debe sustentarse:
...de la misma manera que se sostiene cualquier otro asunto en que el peso de la prueba recaiga sobre la parte demandante, es decir, de la manera y con el grado de prueba requeridos en las CC-98-367 20
etapas subsiguientes del litigio. Hernández Torres v. Hernández Colón et al, 131 D.P.R. 593, 602 (1992), supra, citando con aprobación Lujan v. Defenders of Wildlife, 504 U.S. 555 (1992).
Finalmente, en Col. de Opticos v. Vani Visual Center, supra, pág.
566, expresamos que cuando se trata de reclamaciones incoadas por
entidades, a nombre de sus miembros, la determinación de si existe
legitimación depende del remedio solicitado: “[s]i la petición es de
naturaleza interdictal, una sentencia declaratoria o cualquier otro
remedio que beneficiara a todos los miembros realmente perjudicados,
procede que se le reconozca su legitimación activa”.
Tomando en cuenta los pronunciamientos esbozados, veamos por qué el
Colegio carece de legitimación activa para impugnar el Reglamento en
controversia ante los tribunales. Examinaremos en primera instancia si
la Ley Núm. 115, supra, le confiere legitimación activa al Colegio para
impugnar el Reglamento.
III
Mediante la Ley Núm. 115, supra, se creó la Junta Examinadora de
Peritos Electricistas (en adelante, la Junta). El Art. 18 de la referida
ley, 20 L.P.R.A. sec. 2717, indica que el Colegio, entre otras entidades,
tiene autoridad para velar porque se lleven a efecto las disposiciones
del estatuto. En específico, dispone:
Los miembros de la Junta que por este Capítulo se crea, el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos y los empleados o funcionarios autorizados por éste, los miembros de la Policía y el Servicio de Bomberos de Puerto Rico, el Colegio de Peritos Electricistas y los peritos electricistas debidamente autorizados para el ejercicio de su profesión, serán las personas encargadas de velar por el cumplimiento de las disposiciones de este Capítulo. (Énfasis nuestro.)
El Colegio razonó que su legitimación activa para interponer la
presente reclamación emana, precisamente, de la encomienda de velar por
el cumplimiento con los preceptos de la Ley Núm. 115, supra. En CC-98-367 21
consecuencia, argumentó que era innecesario demostrar que se configuran
los requisitos judiciales constitutivos de la legitimación activa.
La adecuada resolución de esta controversia requiere que
interpretemos el artículo citado en armonía con las demás secciones,
artículos y apartados de la Ley Núm. 115, supra. De esa manera, podemos
otorgarle un sentido razonable y afín con la voluntad legislativa. Mun.
San Juan v. Banco Gub. Fomento, Op. de 21 de mayo de 1996, 140 D.P.R. ___
(1996); 96 J.T.S. 73; Ojeda v. El Vocero, Op. de 26 de octubre de 1994,
137 D.P.R.___ (1994), 94 J.T.S. 131.
El Art. 19 de la Ley Núm. 115, supra, 20 L.P.R.A. sec. 2718, indica
lo siguiente:
Cualquier miembro de la Junta Examinadora, los inspectores del Colegio de Peritos Electricistas de Puerto Rico autorizados por la Junta, el Servicio de Bomberos, la Policía Estatal, el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos y sus empleados o funcionarios autorizados por éste, quedan autorizados por la presente para entrar en proyectos de construcción e industrias donde se estén haciendo instalaciones eléctricas, hacer investigaciones, inspecciones o interrogatorios relacionados con el cumplimiento de este Capítulo. (Énfasis nuestro.)
De una interpretación y análisis armonioso de los Arts. 18 y 19 de
la Ley Núm. 115, supra, surge con meridiana claridad que el primero tiene
el propósito de especificar cuáles son las entidades con facultad para
velar porque se cumplan los preceptos de la Ley Núm. 115, supra. El Art.
19, por su parte, tiene por finalidad aclarar o indicar la manera en que
éstas van a llevar a cabo la referida encomienda. Esto es mediante (i)
visitas a lugares en los que se realizan instalaciones eléctricas; (ii)
inspecciones, (iii) investigaciones; (iv) interrogatorios.16
En virtud de lo anterior, no podemos otorgarle al Art. 18, la
interpretación propuesta por el Colegio y concluir que éste le confiere
legitimación activa, per se, para impugnar las disposiciones del
16 El Art. 5 de la Ley Núm. 115, supra, 20 L.P.R.A. 2705 dispone que una de las facultades de la Junta es precisamente:
(l) “... autorizar al Colegio de Peritos Electricistas de Puerto Rico, bajo las normas y reglas que la Junta especifique mediante reglamento, a que implemente la organización de un CC-98-367 22
Reglamento. En consecuencia, no lo exime de demostrar que satisface
todos los requisitos que otorgan legitimación activa a un litigante.
Resulta evidente que esa no fue la intención de la Asamblea Legislativa
al aprobar el referido artículo.
De otra parte, es menester señalar que la Ley Núm. 115, supra,
faculta expresamente al Colegio para acudir a los tribunales e interponer
recursos de interdicto para impedir el ejercicio de la profesión de
perito electricista por personas que no estén debidamente licenciadas.17
La ley también dispone que el Secretario de Justicia puede incoar
cualquier recurso que sea necesario para garantizar que se cumpla con los
preceptos estatutarios.18
De lo anterior se puede colegir que la legitimación conferida al
Colegio, mediante la Ley Núm. 115, supra, se circunscribe a la
presentación de recursos de interdicto en casos de ejercicio ilegal de la
profesión; ello, a pesar de la legitimación activa que tiene el
Secretario de Justicia para incoar aquellas acciones pertinentes en casos
de incumplimiento de la Ley Núm. 115, supra.19
sistema de inspectores para velar por el cumplimiento de las disposiciones de este Capítulo; (Énfasis nuestro.)
17 El Art. 23 de la Ley Núm. 115, supra, 20 L.P.R.A. sec. 2722(b), dispone, en lo pertinente, lo siguiente:
El Secretario del Trabajo [y Recursos Humanos], el Secretario de Justicia, el Colegio de Peritos Electricistas, la Junta Examinadora y el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, la Autoridad de Energía Eléctrica o cualquier otra entidad afectada dentro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, podrá instar un procedimiento de injunction a tenor con las leyes que gobiernan estos procedimientos contra cualquier persona que se dedique a la práctica de la profesión de perito electricista sin tener licencia para ello. (Énfasis suplido.)
18 El Art. 22 de la Ley Núm. 115, supra, 20 L.P.R.A. sec. 2722 reza como sigue:
El Secretario de Justicia podrá entablar y tramitar cualquier acción o procedimiento ante los tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para el cumplimiento de las disposiciones de este Capítulo. (Énfasis nuestro.)
19 En su origen, el Art. 17 de la Ley Núm. 115, supra, disponía lo siguiente: CC-98-367 23
Nuestra conclusión anterior no dispone de la controversia, ya que
debemos determinar si se configuran los criterios judiciales que
confieren legitimación activa al promovente de una reclamación.
IV
Según ya señaláramos, el primer requisito para que una persona posea
legitimación activa es que haya sufrido un daño claro y palpable, no
abstracto ni hipotético.
El Colegio adujo que la aprobación del Reglamento tuvo un impacto
económico adverso tanto en sus finanzas como en las de los peritos
electricistas. Argumentó que, en la medida en que el Reglamento permite
la certificación de instalaciones eléctricas por cualquier ingeniero
colegiado, los peritos electricistas dejan de devengar ingresos
personales por la realización de éstas. El Colegio, a su vez, deja de
recibir ganancias por concepto de la venta de un sello que debe
Los miembros de la Junta que por esta ley se crea, el Secretario del Trabajo y los empleados o funcionarios autorizados por éste, los miembros de la Policía y el Servicio de Bomberos de Puerto Rico, el Colegio de Peritos Electricistas y los peritos electricistas debidamente autorizados para el ejercicio de su profesión, serán las personas encargadas de velar por el cumplimiento de las disposiciones de este Capítulo, notificando a la Junta de cualquier infracción a la misma. (Énfasis nuestro.)
El Art. 21, por su parte, disponía lo siguiente:
El Secretario de Justicia, a solicitud de la Junta, podrá entablar y tramitar cualquier acción o procedimiento ante los tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para el cumplimiento de las disposiciones de este Capítulo. (Énfasis nuestro.)
De dichas disposiciones surgía claramente que el deber de velar por el cumplimiento del estatuto no le confería legitimación al Colegio para acudir a los tribunales, sino que debían notificar de la infracción a la Junta y ésta última, a su vez, debía solicitarle al Secretario de Justicia que presentase la acción correspondiente. No obstante, mediante la Ley Núm. 123 de 12 de junio de 1980 se enmendó la Ley Núm. 115, supra, y se suprimió del Art. 17 la frase “notificando a la Junta de cualquier infracción a la misma”. También se eliminó del Art. 21 la frase a “solicitud de la Junta”. Examinamos exhaustivamente el historial legislativo de la Ley Núm. 123, supra, y no encontramos debate alguno relacionado con la supresión de las referidas frases. CC-98-367 24
cancelarse cada vez que un perito electricista certifica una instalación
eléctrica ante la A.A.A.20 En otras palabras, que el daño alegado por el
Colegio consiste en que el Reglamento permite que un mayor número de
profesionales certifique instalaciones eléctricas, lo cual aumenta la
competencia de los peritos electricistas y disminuye sus ingresos. Esto
no constituye un daño. Elaboremos.
En Puerto Rico impera un sistema económico de libre empresa, el
cual promueve la competencia entre los proveedores de bienes y
servicios para el beneficio de los consumidores. Nuestro ordenamiento
jurídico encarna dicho sistema, protegiendo la libre y justa
competencia. Como ejemplo de ello tenemos la Ley Núm. 77 de 25 de junio
de 1964, 10 L.P.R.A. sec. 257 y ss, la cual prohibe las prácticas
monopolísticas. De otra parte, hemos resuelto que los pactos de no
competencia en el ámbito laboral son válidos, como regla general, si
cumplen con una serie de condiciones que garantizan su razonabilidad.
Arthur Young & Co. v. Vega III, Op. de 24 de mayo de 1994, 136 D.P.R.
__ (1994), 94 J.T.S. 75. Es decir, que tanto la competencia comercial
como la profesional son afines con nuestra política pública. No
podemos, por lo tanto, avalar la teoría del Colegio de que la mera
aprobación de un reglamento que tiene como consecuencia un aumento en
la competencia profesional constituye un daño real, inmediato y preciso
que amerite el reconocimiento de legitimación activa.21 En virtud de
20 El Art. 8 de la Ley Orgánica del Colegio, Ley Núm. 131 de junio 28 de 1969, según enmendada, 20 L.P.R.A. sec. 2018 dispone lo siguiente:
Será deber de todo perito electricista cancelar un sello de cinco dólares ($5.00) que habrá de adoptar oficialmente el Colegio para toda Certificación de Instalación Eléctrica radicado en cualquiera de las oficinas de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico.... 21 Es menester señalar que para avalar la teoría del Colegio tendríamos que presumir, además, que de no ser por la aprobación del Reglamento, las certificaciones realizadas por ingenieros no electricistas, hubiesen sido hechas por peritos electricistas. Esto resulta altamente especulativo, ya que cada persona determina si contrata los servicios de un perito o un ingeniero de acuerdo con su mejor criterio y dependiendo de sus necesidades. CC-98-367 25
lo anterior, procedía la desestimación del recurso interpuesto por el
Colegio.
En virtud de todo lo antes expuesto, disentimos de la posición
adoptada por la mayoría, dictaríamos sentencia confirmando la dictada
por el Tribunal de Circuito de Apelaciones, Circuito Regional de San
Juan.22
Miriam Naveira de Rodón Juez Asociada
22 Dada la conclusión a la que llegamos no discutiremos el tercer señalamiento de error.