Colegio De Abogados De Puerto Rico v. ELA Y Otros
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Opinion
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Colegio de Abogados de Puerto Rico Por sí, representado por su Presidente, Arturo Luis Hernández González, y en Representación de sus miembros
Peticionarios
v. Certiorari
Estado Libre Asociado de Puerto Rico; 2011 TSPR 36 Hon. Luis Fortuño Burset; Oficina de Administración de los Tribunales Hon. 181 DPR ____ Sonia Ivette Vélez Colón
Recurridos
John E. Mudd
Interventor-Recurrente
Número del Caso: CC-2010-606
Fecha: 17 de marzo de 2011
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan Panel III
Panel Integrado por su presidenta, la Juez Bajandas Vélez, el Juez Cortés Trigo y el Juez Feliberti Cintrón
Per Curiam
Abogado de la Parte Peticionaria
Lcdo. Guillermo Ramos Luiña Lcdo. Harry Anduze Montaño Lcda. Rosa Bell Bayron Lcda. Judith Berkan Lcdo. Guillermo Figueroa Prieto Lcdo. Rafael García López Lcdo. Manuel Torres Delgado Lcdo. Eduardo Villanueva Muñoz
Oficina de la Procuradora General
Lcda. Irene Soroeta Kodesh Procuradora General
Lcda. Leticia Casalduc Rabell Subprocuradora General
Abogado del Interventor Recurrido
Por derecho propio Materia: Entredicho Provisional, Injuction Preliminar y Permanente y Sentencia Declaratoria en torno a la Inconstitucionalidad de Ley Núm. 121 de 13 de octubre de 2009 y de la Ley Núm. 135 de 6 de noviembre de 2009
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Colegio de Abogados de Puerto Rico por sí, representado por su Presidente, Arturo Luis Hernández González, y en representación de sus miembros
v. CC-2010-606
Estado Libre Asociado de Puerto Rico; Hon. Luis Fortuño Burset; Oficina de Administración de los Tribunales y Hon. Sonia Ivette Vélez Colón
RESOLUCIÓN
En San Juan, Puerto Rico, a 17 de marzo de 2011.
A la solicitud de certiorari del Colegio de Abogados de Puerto Rico, no ha lugar.
La Ley Núm. 121 de 13 de octubre de 2009 y la Ley Núm. 135 de 6 de noviembre de 2009 son un ejercicio válido de la facultad constitucional de la Asamblea Legislativa. Tal y como razonó el Tribunal de Apelaciones, éstos no son estatutos de proscripción. Estas leyes no son otra cosa que el ejercicio por la Asamblea Legislativa de su facultad para regular la estructura y funcionamiento del Colegio de Abogados, las mismas facultades que la Asamblea Legislativa empleó al crear el Colegio mediante la Ley Núm. 43 de 14 de mayo de 1932. Fue esa ley de 1932, y no este Tribunal, la que creó el Colegio de Abogados e hizo compulsoria su membresía.
Ninguna de esas leyes usurpó el poder de este Tribunal para reglamentar la profesión de la abogacía en Puerto Rico. Tampoco conflige con lo que hemos pautado al respecto. La variación de la colegiación -de obligatoria a voluntaria- no elimina el Colegio, no contradice ninguna pauta establecida en el ejercicio de nuestro rol CC-2010-606 2
como ente que reglamenta la profesión legal ni soslaya el axioma de separación de poderes, base de nuestro sistema republicano de gobierno. Véase, Colegio de Abogados de P.R. v. Schneider, 112 D.P.R. 540, 546 (1982) (La preeminencia de la acción judicial en este campo no significa que es nula la legislación al respecto que no contradiga las pautas que este Tribunal haya dictado).
La colegiación voluntaria tampoco está en tensión con el derecho constitucional a la libertad de asociación. Const. P.R., Art. II, Sec. 6. Por el contrario, es la colegiación compulsoria de una clase profesional la que crea una fricción inevitable con la libertad de asociación de los afectados. Por ello, esa limitación significativa de la libertad a no asociarse es constitucional solamente si el Estado demuestra un interés gubernamental apremiante que la hace necesaria. E.g., NAACP v. Button, 371 U.S. 415, 438 1 (1963)(descripción de este escrutinio).
1 La norma según la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos se ha resumido así:
“A court must conduct a balancing analysis to determine the legitimacy of a regulation that infringes upon a constitutional right. Courts weigh the regulatory burdens placed on individuals' rights against state interests that the regulation seeks to promote. When the regulation imposes severe burdens on the aggrieved party's rights, a court strictly scrutinizes the asserted state interest.
Under a strict scrutiny analysis, the state must narrowly tailor the regulation to meet compelling state interests. Courts undertake a less exacting review when the regulation imposes only minimal burdens on constitutional rights. This intermediate scrutiny only requires the state to assert important, but not necessarily compelling, state interests to justify the regulation.
Because freedom of association is a fundamental right, courts often require applying strict scrutiny analysis to laws that infringe upon it. Courts, however, do not always apply strict scrutiny, especially when the law imposes only minimal burdens on individuals' or political parties' rights. As a result, courts focus their analysis on how much the state's regulation burdens associational rights in order to determine which level of CC-2010-606 3
Ahora bien, toda vez que la legislación que nos ocupa va dirigida a hacer voluntaria la membresía en el Colegio de Abogados de Puerto Rico y que no se ha coartado el libre ejercicio de expresión de la organización, que reconocimos en Colegio de Abogados de P.R. v. Schneider, supra, no es necesaria nuestra intervención en este asunto. Las leyes impugnadas garantizan el ejercicio libre de los derechos constitucionales de expresión y asociación de todas las partes en este caso.
En cambio, se ordena la publicación de la sentencia unánime del Tribunal de Apelaciones de 18 de mayo de 2010, objeto de este recurso, Panel integrado por su Presidenta, la Juez Bajandas Vélez y los Jueces Cortés Trigo y Feliberti Cintrón. Esa sentencia expone de manera correcta el derecho aplicable.
Notifíquese por teléfono y fax, y por la vía ordinaria.
Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente señor Hernández Denton emitió un Voto disidente. La Jueza Asociada señora Fiol Matta disiente de la decisión tomada por la mayoría del Tribunal y expediría el recurso por los motivos expresados tanto en el Voto disidente del Juez Presidente señor Hernández Denton como en el Voto particular disidente de la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez emitió un Voto particular disidente.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo
scrutiny to apply.” Note: Clingman v. Beaver: Shifting Power from the Parties to the States, 40 U.C. Davis L. Rev. 1935, 1941-1944 (2007) (escolios omitidos). L
.1 E)UIIBIT
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO TRIBUNAL DE APELACIONES REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN
Colegio de Abogados del ¡Cert.iorarj Puerto Rico, por sI, ¡ ¡Procedente del representado por su1 ¡Tribunal de Primera Presidente Arturo Luis! ¡Instancia Hernández González y! KLCE2O1000212 1 en representación del KLCE20100024? lsala de San Juan Sus Miembros ¡ ¡ RECURRIDO ¡ ¡CASO NÚM.: ¡XPE2009_5316 (907)
y. ¡ ¡SOBRE:
Estado Libre Asociado! ¡ ¡Entredicho ¡Provisional, de Puerto Rica, Ram..1 .
Luj5. Fortu~ Rurset,. ¡ ¡ Preliminar y Oficina de1 ¡Permaneni~ y Administración de los! ¡S~tencia Tribunales y Hon.
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Colegio de Abogados de Puerto Rico Por sí, representado por su Presidente, Arturo Luis Hernández González, y en Representación de sus miembros
Peticionarios
v. Certiorari
Estado Libre Asociado de Puerto Rico; 2011 TSPR 36 Hon. Luis Fortuño Burset; Oficina de Administración de los Tribunales Hon. 181 DPR ____ Sonia Ivette Vélez Colón
Recurridos
John E. Mudd
Interventor-Recurrente
Número del Caso: CC-2010-606
Fecha: 17 de marzo de 2011
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan Panel III
Panel Integrado por su presidenta, la Juez Bajandas Vélez, el Juez Cortés Trigo y el Juez Feliberti Cintrón
Per Curiam
Abogado de la Parte Peticionaria
Lcdo. Guillermo Ramos Luiña Lcdo. Harry Anduze Montaño Lcda. Rosa Bell Bayron Lcda. Judith Berkan Lcdo. Guillermo Figueroa Prieto Lcdo. Rafael García López Lcdo. Manuel Torres Delgado Lcdo. Eduardo Villanueva Muñoz
Oficina de la Procuradora General
Lcda. Irene Soroeta Kodesh Procuradora General
Lcda. Leticia Casalduc Rabell Subprocuradora General
Abogado del Interventor Recurrido
Por derecho propio Materia: Entredicho Provisional, Injuction Preliminar y Permanente y Sentencia Declaratoria en torno a la Inconstitucionalidad de Ley Núm. 121 de 13 de octubre de 2009 y de la Ley Núm. 135 de 6 de noviembre de 2009
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Colegio de Abogados de Puerto Rico por sí, representado por su Presidente, Arturo Luis Hernández González, y en representación de sus miembros
v. CC-2010-606
Estado Libre Asociado de Puerto Rico; Hon. Luis Fortuño Burset; Oficina de Administración de los Tribunales y Hon. Sonia Ivette Vélez Colón
RESOLUCIÓN
En San Juan, Puerto Rico, a 17 de marzo de 2011.
A la solicitud de certiorari del Colegio de Abogados de Puerto Rico, no ha lugar.
La Ley Núm. 121 de 13 de octubre de 2009 y la Ley Núm. 135 de 6 de noviembre de 2009 son un ejercicio válido de la facultad constitucional de la Asamblea Legislativa. Tal y como razonó el Tribunal de Apelaciones, éstos no son estatutos de proscripción. Estas leyes no son otra cosa que el ejercicio por la Asamblea Legislativa de su facultad para regular la estructura y funcionamiento del Colegio de Abogados, las mismas facultades que la Asamblea Legislativa empleó al crear el Colegio mediante la Ley Núm. 43 de 14 de mayo de 1932. Fue esa ley de 1932, y no este Tribunal, la que creó el Colegio de Abogados e hizo compulsoria su membresía.
Ninguna de esas leyes usurpó el poder de este Tribunal para reglamentar la profesión de la abogacía en Puerto Rico. Tampoco conflige con lo que hemos pautado al respecto. La variación de la colegiación -de obligatoria a voluntaria- no elimina el Colegio, no contradice ninguna pauta establecida en el ejercicio de nuestro rol CC-2010-606 2
como ente que reglamenta la profesión legal ni soslaya el axioma de separación de poderes, base de nuestro sistema republicano de gobierno. Véase, Colegio de Abogados de P.R. v. Schneider, 112 D.P.R. 540, 546 (1982) (La preeminencia de la acción judicial en este campo no significa que es nula la legislación al respecto que no contradiga las pautas que este Tribunal haya dictado).
La colegiación voluntaria tampoco está en tensión con el derecho constitucional a la libertad de asociación. Const. P.R., Art. II, Sec. 6. Por el contrario, es la colegiación compulsoria de una clase profesional la que crea una fricción inevitable con la libertad de asociación de los afectados. Por ello, esa limitación significativa de la libertad a no asociarse es constitucional solamente si el Estado demuestra un interés gubernamental apremiante que la hace necesaria. E.g., NAACP v. Button, 371 U.S. 415, 438 1 (1963)(descripción de este escrutinio).
1 La norma según la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos se ha resumido así:
“A court must conduct a balancing analysis to determine the legitimacy of a regulation that infringes upon a constitutional right. Courts weigh the regulatory burdens placed on individuals' rights against state interests that the regulation seeks to promote. When the regulation imposes severe burdens on the aggrieved party's rights, a court strictly scrutinizes the asserted state interest.
Under a strict scrutiny analysis, the state must narrowly tailor the regulation to meet compelling state interests. Courts undertake a less exacting review when the regulation imposes only minimal burdens on constitutional rights. This intermediate scrutiny only requires the state to assert important, but not necessarily compelling, state interests to justify the regulation.
Because freedom of association is a fundamental right, courts often require applying strict scrutiny analysis to laws that infringe upon it. Courts, however, do not always apply strict scrutiny, especially when the law imposes only minimal burdens on individuals' or political parties' rights. As a result, courts focus their analysis on how much the state's regulation burdens associational rights in order to determine which level of CC-2010-606 3
Ahora bien, toda vez que la legislación que nos ocupa va dirigida a hacer voluntaria la membresía en el Colegio de Abogados de Puerto Rico y que no se ha coartado el libre ejercicio de expresión de la organización, que reconocimos en Colegio de Abogados de P.R. v. Schneider, supra, no es necesaria nuestra intervención en este asunto. Las leyes impugnadas garantizan el ejercicio libre de los derechos constitucionales de expresión y asociación de todas las partes en este caso.
En cambio, se ordena la publicación de la sentencia unánime del Tribunal de Apelaciones de 18 de mayo de 2010, objeto de este recurso, Panel integrado por su Presidenta, la Juez Bajandas Vélez y los Jueces Cortés Trigo y Feliberti Cintrón. Esa sentencia expone de manera correcta el derecho aplicable.
Notifíquese por teléfono y fax, y por la vía ordinaria.
Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente señor Hernández Denton emitió un Voto disidente. La Jueza Asociada señora Fiol Matta disiente de la decisión tomada por la mayoría del Tribunal y expediría el recurso por los motivos expresados tanto en el Voto disidente del Juez Presidente señor Hernández Denton como en el Voto particular disidente de la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez emitió un Voto particular disidente.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo
scrutiny to apply.” Note: Clingman v. Beaver: Shifting Power from the Parties to the States, 40 U.C. Davis L. Rev. 1935, 1941-1944 (2007) (escolios omitidos). L
.1 E)UIIBIT
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO TRIBUNAL DE APELACIONES REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN
Colegio de Abogados del ¡Cert.iorarj Puerto Rico, por sI, ¡ ¡Procedente del representado por su1 ¡Tribunal de Primera Presidente Arturo Luis! ¡Instancia Hernández González y! KLCE2O1000212 1 en representación del KLCE20100024? lsala de San Juan Sus Miembros ¡ ¡ RECURRIDO ¡ ¡CASO NÚM.: ¡XPE2009_5316 (907)
y. ¡ ¡SOBRE:
Estado Libre Asociado! ¡ ¡Entredicho ¡Provisional, de Puerto Rica, Ram..1 .
Luj5. Fortu~ Rurset,. ¡ ¡ Preliminar y Oficina de1 ¡Permaneni~ y Administración de los! ¡S~tencia Tribunales y Hon. ¡ Declaratoria en Sonia Ivette Véleal ¡torno la Colón 1 ¡Inconstitucionalid
PETICIoNARIOS 1 ¡de de r~úm. 121 Ley octubre 13 de de
John E. Mudd 1¡ ¡2009 ¡Núm. y 135 de de la 6 Ley de
noviembre de 2009 _Ø~ INTERVENTOR_ PETICIONARIO Panel integrado por su presidenta la Juez Bajandas Vélez, el Juez Cortés Trigo y el Juez Feliber~j, Cintrón
Per Curjam
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a J~, de mayo de 2010.
Los peticionarios recurren de la Resolución dictada
por ~l Tribunal de Primera’ Instancia, Sala de San Juan
(TPI), el 10 de febrero de 2010, notificada al día
siguiente Mediante la misma, sá denegaron las mociones de
TS29 •1 L
KLCE201000212 cons. KLCE201000247 2
desestimación y sentencia sumaria presentadas por 1oi
Analizados los escritos de las partes y los
documentos anejados a los mismos, resolvemos expedir el
auto de certiorari solicitado y revocar el dictamen
recurrido.
1.
El 22 de diciembre de 2009 el recurrido, Colegio de
Abogados de Puerto Rico, por sí, representado por su
Presidente Arturo Luis Hernández González y en
representación de sus. Miembros (el. recurrido o el
Colegio), present~ una.. accióntitu]~apeuc~n en el TPI
(la. Petición) contra el Gobernador del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, fon. Luis Fortuflo Burset, el
Estado Libre Asociado de Puerto Rico (el Estado), la
Oficina de Administración de los Tribunales y la Directora
Administrativa de los Tribunales, Hon. Sonia Ivette Vélez
r Colón (la Directora Administrativa) En síntesis, solicjtó
que se emitieran los recursos extraordinarios de
entredicho provisional, interdicto preliminar e Jnjunctjon
permanente para prohibir la implantación de las Leyes
Núms. 121 de 13 de octubre de 2009 (la Ley 121) y 135 de 6
de noviembre de 2009 (la Ley 135) (en conjunto, las Leyes)
y se dictara sentencia declaratoria en la cual se
decretara que las Leyes eran inconstitucionales.
TS3O r
KLCE2O1000212 cons. KLCE2O1000247 - 3
El recurrido dividió sus alegaciones en la Petició~~
en ocho (8) reclamaciones. En éstas sostuvo que las Leyes
eran inconstitucionales por los siguientes fundamentos:
1) por violar las cláusulas constitucionales sobre el
“Bill of Attainder»; 2) por usurpar el poder inherente que i el Tribunal Supremo de Puerto Rico (Tribunal Supremo)
posee para reglamentar la profesión de la abogacía; 3) por
violar el principio de separación de poderes y pretender
revocar, mediante fiat legislativo, las decisiones
judiciales de Schneider 1 y Schneider II; 4) por incumplir
varios requisitos sobre -la redacción, y. el. trámite de las
leyes; 5) por violar los, derechos de libertad ‘de expresión
y asociación del Colegio; 6) infringir los derechos de
libertad de expresión y libertad de asociación de los
miembros del Colegio; 7) violar el derecho del Colegio a
la igual protección de las leyes por carecer de un nexo
racional entre la medida legislativa y un fin legítimo del
Estado; y 8) menoscabar la relación contractual entre el
Colegio y sus miembros. Además, el mismo día el recurrido
presentó una “Moción y Memorando de Derecho en Apoyo a
Solicitud Urgente de Entredicho Provisional y Vista de
Injunction Preliminar”.
El 23 de diciembre de 2009 el TPI emitió una Orden y
Citación. En la misma ¿ispuso que: no expedía el
entredicho provisional; citaba a las partes a una
audiencia sobre injunction preliminar y permanente para el
TS31 y
KLCE2O1000212 cons. KLCE201000247 4
14 de enero de 2010; las partes tenían que reunirse en o
antes de 8 de enero de 2010 para redactar un documento
conjunto en el que incluyeran estipulaciones de hechos,
identificaran los documentos y la prueba que se proponían
utilizar en la audiencia e identificaran las controversias
de derecho; y que el documento conjunto indicado y
cualquier moción dispositiva debía presentarse en o antes
de 13 de enero de 2010. El 23 de diciembre de 2010 el
Estado fue emplazado y se le entregó copia de la Petición
y la Orden y Citación.
El 28 de diciembre de.. 2009 el. Lic.. John, E.. Mndd (el
interventor) presentó una. moción en la que solicitó
intervención o, en la alternativa, que se le permitiera
presentar un alegato en. calld.ad de Amicus Curiae. Mediante
orden de 14 de enero .de 2010, notificada ‘el día 20
siguiente, el TPI permitió su intervención.
El 30 de diciembre de 2009 el recurrido presentó dos
mociones. Pidió que se emitiera una orden urgente a los
fines de que la parte demandada presentara su contestación
a la Petición en o antes de 4 de enero de 2010 y una orden
y citación a las Oficinas de los Presidentes y la
Secretarías de los Cuerpos Legislativos para que
produjeran ciertos documentos en o antes de 4 de enero de
2010.
El 13 de enero de 2010 el recurrido y el Estado
presentaron un “Documento Conjunto en Cumplimiento de
TS32 KLCE2O1000212 cons. KLCE2O1000247 - 5
Orden” (Documento Conjunto). En éste incluyeron la~j
Siüuientes estipulaciones:
1. Mediante la Ley Núm. 43 de 14 de mayo de 1932 (en adelante “Ley Núm. 43”) se crea bajo el nombre de Colegio de Abogados de Puerto Rico una entidad jurídica o corporación cuasi pública.
2. El Artículo 3 de la Ley Núm. 43, previo a ser enmendada, disponía el requisito de afiliación obligatoria al Colegio para ejercer la profesión de abogado en el Estado Libre Asociado.
3. El 13 de octubre de 2009, se aprobó el Proyecto de la Cámara Núm. 152, convirtiéndola en la Ley Núm. 121 (en adelante, “Ley Núm. 121”).
4. El 6 de noviembre. cia 2009, el Gobernador Luis G. Fortuño Burset firmó el Proyecto del Senado Núm. 338, promulgándose así la Ley Núm. 135 (en adelante, “Ley ‘Núm. 135”)..
5. El Colegio de Abogados de Puerto. Rico (en adelante “el Colegio”) es una entidad jurídica con. capacidad de demandar y ser demandada.,
6. El Recurrido Luis Fortuño Burset es el Goberna4or del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y es responsable de cumplir y hacer cumplir las leyes promulgadas por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo, la Ley Núm. 121, según enmendada por la Ley Núm. 135.
7. La Oficina de Administración de Tribunales (en adelante “OAT”) es una entidad creada por ley para asistir al Juez Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico en la administración del sistema judicial del País y es responsable de hacer cumplir los procedimientos administrativos establecidos para asegurar uniformidad, continuidad y eficiencia en la
TS33 KLCE2O1000212 coxis. KLCE201000247 6 prestación de los servicios de la Rama Judicial, evaluar el impacto en el sistema de las medidas legislativas que pueden afectarlo y representar legalmente a la Rama Judicial.
8. La Hon. Sonia Ivette Vélez Colón, como Directora Administrativa de la Oficina de Administración de Tribunales, asiste al Juez Presidente en materia de la administración y funcionamiento de los tribunales en el País.
9. Una vez Constituido el Colegio, los miembros aprobaron su Reglamento.
10. El Lcdo. Arturo Luis Hernández González es el Presidente del Colegio, guien fue electo como tal mediante el voto mayoritario, de los• miembros del. Colegio que asistieron a la Asamblea General celebrada en el mes de septiembre de 2008.
11. El 4 de noviembre de 2008, los’ candidatos a la ‘Gobernación y Comisaría Residente. en Washington del Partido Nuevo Progresista fueron electos en las urnas.
12. El 2 de enero de 2009, la Hon. Liza Fernandez Rodrj.guez presento el P. de la C. 152, el cual fue referido a la Comisión de lo Jurídico y de Ética de la Cámara en esa misma fecha.
13. El 31 de marzo de 2009, la Comisión de lo Jurídico y de Ética de la Cámara rindió su Informe en torno al P. de la C. 152 recomendando su aprobación con enmiendas.
14. Al día si~uiente, 1ro de abril de 2009, la Cámara de Representantes aprobó con enmiendas el P. de la C. 152 mediante 35 votos a favor y 15 votos en contra.
15. El Senado celebró vistas públicas sobre el P. de la C. 152 los días 25,
TS34 KLCE2O1000212 cons. KLCE201000247 7
26 y 28 de agosto y 1 y 2 de septiembre de 2009.
16. El 13 de octubre de 2009, el Senado descargó el P. de la C. 152. La votación en el Senado fue 17 votos a favor y 8 en contra.
17. El 4 de febrero de 2009, el Presidente del Senado radicó el P. del S. 338.
18. El Senado no celebró vistas públicas en torno al 2. del 5. 338.
19. El 5 de marzo de 2009, el Senado descargó y aprobó el 2. del 5. 338 sin enmiendas con 27 votos a favor y 1 abstención.
20. El 19 de octubre de 2009, la Comisión de lo Jurídico y de Ética de la Cámara rindió, un Informe ,sobre el 2. del 5. 338, en virtud del cual recomendó su aprobación con enmiendas..
21. Ese misirto 19 de octubre de 2(109,. la Cántara aprobó el 2. del 5. 338 con enmiendas mediante votación dividida de 32 votos a favor, y 11 votos en contra.
22. El 26 de octubre de 2009, el Senado concurrió con las enmiendas de la Cámara mediante votación dividida de 19 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención. Ese mismo día dispuso que fuese enrolado.
23. El día 6 de noviembre de 2009, el recurrido Fortuño Burset firmó el E. del 5. 338, convirtiéndolo en la Ley Núm. 135 de igual fecha.
24. El 24 de noviembre de 2009, el Colegio presentó una Petición en Acción de Jurisdicción Original ante el Tribunal Supremo en la que impugnó la validez y constitucionalidad de las Leyes Núm. 121 y 135. Mediante Resolución dictada el 9 de diciembre de 2009, el Tribunal Supremo decidió no
TS35 KLCE2O1000212 cons. KLCE201000247 - 8
ejercer jurisdicián sobre la referida Petición.
25. La OAT ha comenzado a tomar pasos encaminados a cumplir con las disposiciones de la[sJ Leyes 121 y 135.
26. El 5 de enero de 2010, el Tribunal Supremo de Puerto Rico dictó Resolución 2010 TSPR 1.
27. Se estipula la autenticidad del Reglamento del Colegio.
28. Se estipula .qiie las siguientes ponencias fueron presentadas a la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes:
a. Oficina de Administración de los Tribunales
b. Colegio de Abogados de Puerto. Rico
c. Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico
d. Departamento de Justicia
e. José Julio Díaz f. Junta de Síndicos Facultad de r Derecho Eugenio María de Hostos
g. Lic. Alfredo Castellanos
h. Lic. Carlos Mondríguez Torres
i. Lic. John E. Mudd
j. Lic. ?~aria Milagros Charbonier
k. Lic-. ~i~fae1 Sánchez Hernández
1. Lic - ~oDcrt E. Schneider, Jr.
m. Un:- Americana de Libertades Civ (ACLU)
n. Lic. L~~s Dávila Colón
TS36 ‘P
KLCE2O10002J,2 cons. KLCE201000247 9
29. Se estipula que las siguientes ponencias fueron presentadas a la ¡ Comisión de lo Jurídico del Senado:
b. Alianza de Líderes Comunitarios de PR —Jorge Oyola
c. Asociación Americana de Juristas Cap. Puerto Rico Hiram Lozada —
d. Asociación de Industriales de PR —
Lic. Roberto Monserrate Maldonado
e. Asociación de Residentes Gladiolas Vive Mirta Colón Pellecier —
f. Carmen Iris Pillot López
g. Coalición Puertorriqueña contra la Pena de Muerte Mariana Nogales —
h. Colegio de Abogados de Puerto Rico —Lic. Arturo Hernández González
i. Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico Dr. Roel J. Aymat —
j. Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico CPA —
Rafael del Valle
k. Colegio de Diseñadores-Decoradores de Interiores de PR Sr. Roberto —
Lucena Zabala
1. Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico — Dr. Eduardo Ibarra
m. Colegio de Químicos de Puerto Rico —Dr. Roberto Trinidad Pizarro
n. Colegio de, Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado de PR Sr. Daniel Crespo —
o. Comisión de Abogados Jóvenes del CAPR Lic. Je~emiah Ocasio —
TS37 KLCE201000212 Cons. KLCE201000247 - 10
p. Comisión de Derechos Civiles —
Lic. Vance Thomas Rider
q. Consejo Interdisciplinario de Colegios y Asociaciones Profesionales CICAp Sra. Marta —
Bravo Colunga
r. Delegación de Abogados de Aguadilla — Lic. Lissette Medina
s. Delegación de Abogados de Humacao Lic. Waleska Delgado —
t. Delegación de Abogados de Mayagüez Lic. María del Carmen Gitany —
u. Departamento de Justicia
v.Escueia de Derecho.. Eugenia. María de Hostos — Lic. Orlando Portela Valentín
w. Escuela de Derecho Pontificia Universidad Católica de PR Lic -
Rosario del Pilar Fernández Vera
x. Escuela de Derecho Universidad de Puerto Rico. Lic... Guillermo —.
Figueroa Prieto
y. Federación Americana de Abogados —
Lic. George Harper
z. Federación Interamericana de Abogados, Cap. de PR Lic. David —
Freedman
aa. Héctor R. Arroyo Aguilar estudiante de derecho recién graduado
bb. Hermandad de Empleados Exentos No Docentes de la Universidad de Puerto Rico Wigberto Jiménez —
Rivera
cc. Instituto de Notariado Puertorriqueño Lic. Luis Colón —
Ramery
TS38 KLCE20].000212 cons. KLCE2O].000247 11
da. Jesús García Oyola —
representante clientela Servicios Legales de PR
ee. Lic. Alfredo Castellanos
ff. Lic. Anelie Carlo Rivera
gg. Lic. Carlos del Valle Cruz Centro de Paz y Justicia de las Américas
hh. Lic. Carlos Mondríguez Torres
u. Lic. Carmelo Delgado Cintrón
jj. Lic. Celina Ron’any Siaca
kk. Lic. Doel Quiñones Nuñez —
Catedrático de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana
11. Lic. Domingo Emanuelli
¡rmi. Lic. Francis Daniel Nina Estrella
nn. Lic. Graciany Miranda Marchand
00. Lic. Héctor Sostre Narváez —
Tesorero de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de PR
pp. Lic. John E. Mudd
qq. flc. José E. González Borgos
rr. Lic. José Roberto Vega Díaz
ss. Lr. Julián Rivera Espinal (Cor~.saón Caso Rosa Lydia Vélez v~. 7cpto. Educación)
tt. L.c . .u:s E. Dubón III
uu. L. . !anuel Quilichini
Vv. L .tool Colón Martínez —
cente - Comisión para el
TS39 L.
KLCE2O1000212 cons. 1CLCt201000247 - 12
Estudio del Desarrollo Constitucional de Puerto Rico
ww. Lic. Aníbal Vega Borges
xx. Lic. Antonio Fernós López Cepero
yy. Lic. Osvaldo Toledo Martínez
zz. Lic. Samuel Quiñones García
aaa. María Esther Santiago Fuentes
bbb. Pro Bono Inc. — Lic. Antonio Vidal
ccc. Sociedad PueTtorriqueña de Planificación Sr. Arsenio — D. Portu—flamani
ddd.. Unión. de Abogados y Abogadas de Servicios Legales
30. Se estipula que los siguientes informes fueron descargados por la - Cámara de representantes:
a. Informe ~e 31 de marzo de 2009 de la Comisión de lo Jurídico y de Ética. en tornoaLp, dela C. 151..
b. Informe de 19 de octubre de 2009 de la Comisión de lo Jurídico y de Ética en torno al P. del 5. 338.
Además, en el Documento Conjunto el recurrido alegó
que existía controversia en cuanto a “las intenciones de
la legislatura al aprobar las Leyes Núm. 121 y 135, las
expresiones realizadas por la Legislatura y el Gobernador
sobre el particular, los efectos nocivos de las Leyes Núm.
121 y 135 sobre el Colegio ysus miembros, las actividades
realizadas por el Colegio desde el 1986 hasta el presente,
las posiciones expuestas por el Colegio en sus
TS4O .1
KLCE201000212 cons. KLCE2O1000Z47 13
comparecencias ante la ONU y las circunstancias que
rodearon el alquiler de las facilidades del Colegio por
parte de los familiares de Filiberto Ojeda Ríos para
celebrar su velatorio”.
Por su parte, el Estado alegó que la controversia
planteada en el pleito era una estrictamente de derecho,
por lo que sólo se requería analizar las leyes impugnadas
y la jurisprudencia aplicable. Sostuvo que no había
controversia en cuanto a que esas leyes fueron aprobadas
válidamente y la controversia no requería la presentación
de prueba.
En. cuanto, a las controversias de derecho, el
recurrido reiteró las reclamaciones contenidas en la
Petición. El Estado adujo que el recurso extraordinario
solicitado era improcedente y reafirmó que la controversia
de derecho se circunscribía a determinar si las referidas
leyes eran constitucionalmente válidas.
De otra parte, el recurrido detalló catorce (14)
testigos y doce (12) documentos que se proponía presentar
en la audiencia. Por su parte, el Estado se reservó el
derecho a utilizar cualquier documento o testigo anunciado
por el recurrido.
Asimismo, el 13 de enero de 2010 el interventor y el
Estado presentaron por separado mociones de desestimación.
En la “Moción en Solicitud de Desestimación”, el Estado
alegó que acceder al pedido del recurrido implicaba
TS41 .1~
KLCE201000212 cons. KLCE201000247 14
intervenir indebidamente con las funciones del Primer
Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, en contravención a la
doctrina de separación de poderes. Indicó que la
determinación realizada por la Legislatura en cuanto a la
falta de justificación de la afiliación compulsoria
obedeció a un análisis de juicio evaluati.vo y
programático. Además, señaló que la Petición no era
remediable mediante el recurso de injunction porque el
Artículo 678 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32
L.P.R.A. sec. 3524, establecía que no podía dictarse un
interdicto para impedir la aplicación : observancia de
cualquier ley o el cumplimiento de cualquier actuación
autorizada por la Asamblea Legislativa a menos que se
hubiera determinado por sentencia final, firme, inapelable
e irrevisable que dicha ley o actuación autorizada por ley
era inconstitucional o inválida, lo que no había ocurrido.
jzt’ Igualmente, sostuvo que no se cumplían los requisitos para la expedición de un injunction porque no existía un daño
irreparable y el recurrido no había demostrado las
probabilidades de prevalecer ya que no procedía lo aducido
en cada una de las reclamaciones incluidas en la Petición,
según detalladamente discutió.
En el señalamiento de 14 de enero de 2010 el
recurrido inició el desffle de su prueba con la
TS42 L.
KLCE2O10002].2 coxis. KLCE201000247 15
presentación de varios documentos.1 El Estado objetó dicha
prueba y las partes argumentaron sus posiciones. El TPI
dejó sin efecto la continuación de la audiencia pautada
para el 15 de enero de 2010 y le concedió al recurrido
hasta el 19 de enero de 2010 para oponerse a la solicitud
de desestimación del Estado.
El 19 de enero de 2010 el recurrido presentó una
“Petición Enmendada y Suplementaria” (la Petición
Enmendada). Además, el 21 de enero de 2010 presentó
“Oposición a Solicitudes de Desestimaciónff y ‘4Moción Para
que se le Señale la Reanudación de Vista Consolidada de
Injuaction Preliminar y Permanente”
El 27 de enero de 2010 el interventor presentó
“Moción de Sentencia Sumaria en Cuanto a Injunctiori
Preliminar” y “Moción de Sentencia. Suntaria en cuanto a los
Méritos”. No acompaño documento alguno con estas mociones.
• Mediante Orden de 10 de febrero de 2010, notificada
el día siguiente, el TPI declaró no ha lugar la moción de
desestimación del Estado y las mociones de sentencia
sumaria del interventor sin esbozar fundamento alguno.
Además, permitió la Petición Enmendada, concedió al Estado
y el peticionario hasta el 24 de febrero de 2010 para
Como Exhibit 1 se presentó el Informe Positivo sobre el P. de la C. 152 de la comisión de lo Jurídico y de Ética de la Cámara de Representantes y como Exhibit 2 las ponencias de la Directora Administrativa ante la Comisión de lo Juridico y de ~tica de la Cámara de Representantes de 27 de marzo de 2009 y la
Ø/ septiembre de 2009. Comisión de Seguridad Pública y Asuntos de la Judicatura del senado de 2 de
TS43 KLCE2O1000212 cons. KLCE201000247 - 16
contestarla y señaló la continuación de la vista para los
díás 1 al 4 de marzo de 2010.
El 19 de febrero de 2010 el interventor presentó ante
nos el recurso de certiorari núm. KLCE2O1000212. Señaló
que se cometieron los siguientes errores:
Erró el TPI al denegar las mociones de desestimación y sentencia sumaria radicadas por los demandados y el interventor sobre los méritos de la Petición del Colegio.
Errá el TPI al denegar las mociones de desestimación y de sentencia sumaria radicada por los demandados y el interventor sobre la procedencia del in~unction preliminar..
Además., el interveator acompañá con su recurso una
moción en auxilio de jurisdicción... Mediante Resolución del
mismo día paralizamos los: procedimientos ante el TTI y,
como la orden recurrida carecía de los fundamentos
necesarios para ejercer nuestra función revisora, le
concedimos al TPI hasta el 26 de febrero de 2010 para que
emitiera una Resolución en la cual incluyera los ¡
fundamentos para su decisión.
E], 22 de febrero de 2010 el recurrido presentó
“Moción Urgente para que se Deje sin Efecto y de Inmediato
de Orden de Paralización de los Procedimientos y para que
se Deniegue la Expedición del Auto de Certiorari por Falta
de Jurisdicción”. El día siguiente le concedimos término
al interventor pan expresarse.
‘ir TS44 KLCE201000212 coxis. KLCE2OJ.000247 - 17
Por su parte, el 25 de febrero de 2010 el Estado~i
presentó el recurso de certiorarj núm. KLCE201000247 E Señaló que se cometieron los siguientes errores:
Erró el Tribunal de Primera Instancia al rechazar la postura del Estado en torno a que en el caso de autos resulta improcedente el recurso extraordinario del injunction a los fines de declarar las leyes en controversia inconstitucionales.
Erró el Tribunal de Primera Instancia al no disponer sumariamente de una controversia, a pesar que la misma es de estricto derecho, esto es: si las leyes impugnadas son constitucionales.
Mediante Resolución de. 25 de febrero de 2010, entre
otras determinaciones., consojjda~os los recursos de.
certiorarj según lo solicitó el Estado y denegamos la
moción urgente presentada por el recurrido. El 26 de
febrero de 2010 el TPI emitió Resolución en Cumplimiento de
Orden, pero, debido a que considerarnos que la misma no
cumplía con nuestra Resolución de 19 de febrero de 2010,
dispusimos concederle un término adicional para que
emitiera una Resolución en la que indicara los hechos en
controversia y sus fundamentos para denegar las mociones de
desestimación y sentencia sumaria.
El 8 de marzo de 2010 el TPI emitió Segunda Resolución
en Cumplimiento de Orden. En la misma indicó,
esencialmente, que las mociones de desestimación se habían
convertido en inoficiosas porque se habían presentado antes
de que se permitiera la Petición Enmendada y procedía que
TS45 KLCE2O1000212 cons. KLCE201000247 - 18
el Colegio presentara su prueba sobre daño irreparable y
violación de derechos Constitucionales para poder resolver
si procedía el remedio interdictal. Identificó unas catorce
(14) controversias que, por entender que eran de hechos2,
impedían desestimar el pleito.3
2 Las mismas son las siguientes: (1) Si las Leyes 121 y 135 despojan o no al colegio de Abogados de Puerto Rico de sus miembros. (2) Si las Leyes 121 y 135 imponen o no un castigo al colegio de Abogados de Puerto Rico dentro del significado tradicional de un castigo legislativo. (3) Si la prohibición de recibir el dinero producto de la venta de sellos forenses le causan o no al Colegio de Abogados de Puerto Rico un daño que afecta su fondo para la provisión de asistencia legal a indigentes. (4) Si las Leyes 121 y 135 le causan o no un daño al Colegio de Abogados de Puerto Rico al prohibirle a los municipios y otras entidades del nra pagar la cuota de colegiación a sus empleados. (5) Si las Leyes 121 y 135 tienen o no propósitos legislativos punitivos. (6) Si las linitaçiones impuestas por las Leyes 121 y 135 al Colegio de Abogados violan o no la separación de poderes de nuestro sistema republicano de gobierno. (7) Si los historiales legislativos~e~~5-. Leyes 121 y 135, que no han sido sometidos en su totalidad, evidencian o no una intención de castigar al colegio de Abogados (.8) si las Leyes 121 y 135 usurpan o no el poder inherente del Tribunal Supremo de Puerto Rico para reglamentar la profesión de la abogacía en Puerto Rico. (9) si las Leyes 121 y 135 violan o no el derecho de libertad Idel expresión del Colegio de Abogados de Puerto Rico garantizado por la ~ Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Primera “Y: 3 (10) Ennienda a la Constitución de los Estados Unidos. Si las Leyes 121 y 135 violan o no el derecho de libertad de asociación del Colegio de Abogados de Puerto Rico garantizado por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Primera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. (11) Si las Leyes 121 y 135 violan o no el derecho de libertad [de] expresión de los miembros del Colegio de Abogados de Puerto Rico garantizado por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Primera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. (12) Si las Leyes 121 y 135 violan o no el derecho de libertad de asociación de los miembros del Colegio de Abogados de Puerto Rico garantizado por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. (13) Si las Leyes 121 y 135 violan o no el derecho constitucional del Colegio de Abogados de Puerto Rico a la igual protección de las leyes garantizado por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Quinta Enmienda y/o Decimocuarta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. (14) Si las Leyes 121 y 135 menoscaban o no la relación contractual entre el Colegio de Abogados y sus miembros. El TPI tanbién indicó que en el expediente no existia estipulación alguna de
9. Conjunto se incluyeron treinta (30) estipulaciones de hechos. las partes sobre los hechos. Sin embargo, según indicado, en el Documento
TS46 KLCE2O10002].2 cons. KLCE201000247 - 19
Mediante Resolución de 10 de marzo de 2010 concedimos 1 a los peticionarios hasta el 16 de marzo de 2010 para
suplementar sus recursos y al recurrido hasta el 23 de
marzo de 2010 para fijar su posición. El interventor
presentó su escrito el 15 de marzo y el Estado el día
siguiente.
El 23 de marzo de 2010 el recurrido presentó “Escrita
Fijando Posición”. Mediante Resolución de 25 de marzo de
2010 concedimos al recurrido hasta el 30 de marzo de 2010
para informar su posición en cuanto a todos los
planteamientos -de los peticionarios El. recurrido presentó
su escrito el E de abril de 2OlO..~ Resolvemos.
ll
Antes de ezanirrar las reclaraejones del recurrido, es
preciso evaluar el trámite procesal que.ha seguido el caso
en instancia. Según indicado,, el TPI denegó la solicitud
de entredicho provisional del recurrido e inició la
celebración de la vista de injunctian preliminar en. la.
cual el Colegio comenzó el desfile de su prueba. Además.,
el TPI denegó las solicitudes de desestimación del Estado
y el interventor por entender que existían controversias
de hechos que ameritaban una vista en su fondo. Incidió al
así proceder.
La Regla 10.2 (5) de las de Procedimiento Civil, 32
L.P.R.A. Ap,. III, R. 10.2 (5), permite que una parte pueda
solicitar la desestimación, - de su faz, de una demanda,
TS47 KLCE2O1000212 cons. KLCE201000247 20
cuando en ésta no se expone una reclamación que
justifique la concesión de un remedio. Este tipo de moción
procede cuando de un examen de las alegaciones se
desprende que la parte demandante no tendría derecho a
remedio alguno bajo cualesquiera hechos que puedan ser
probados. Rivera y. Jaume, 157 D.P.R. 562, 584 (2002).
Al evaluar una solicitud de desestimación bajo la
mencionada defensa, los tribunales deben aceptar como
ciertas las alegaciones contenidas en la demanda y
considerarlas de la manera más favorable a la parte
demandante. García y. E.L.A., 163 D.P.R... 800, 814 (2005.).
De este modo, los tribunales tienen el d~er de
considerar, si a la luz de la situación más favorable al
demandante y resolviendo toda duda a favor, de éste, la
demanda es suficiente para constituir una reclamación
válida. Pressure Vessels P.R. y., Empire Gas, P.R., 137
D.P.R. 497, 505 (1994). El tribunal tiene facultad para
dictar sentencia a base de una moción de desestimación
basada en la citada Regla 10.2 (5) cuando de la misma no
surge que exista controversia sustancial de hechos que
requiera la celebración del juicio en su fondo. Montañez
y. Hosp. Metropolitano, 157 D.P.R. 96, 102—104 (2002).
En el presente caso, el TPI decidió inicialmente
celebrar la vista de injunction preliminar. Consideramos
que tal curso de acción no era el correcto.
TS48 RLCE2O1000212 cons. KLCE201000247 21 Ciertamente, como bien aduce el redurrido, el citado
Artículo 678 (3) del Código de Enjuiciamiento Civil no
impide que en este caso pueda emitirse un interdicto antes
de que se resuelva por sentencia firme que las Leyes son
inválidas. Pacheco Fraticelli y. Cintrán Antonsanti, 122
D.P.R. 229, 238 (1988); D. Rivé Rivera, Recursos
Extraordinarios, 2da ed., San Juan, Programa de Educación
Jurídica Continua Universidad de Puerto Rico Facultad de
Derecho, 1996, págs. 61—62. No obstante, no puede dictarse
un interdicto para impedir la aplicación de una ley si
previamente no se ha resuelto que ésta no es válida,
aunque esta determinación no sea firme, como requiere el
citado Articulo 678 (3), porque, de. otro modo, se estaría
impidiendo la aplicación de un estatuto válido. Como se
sabe, una ley es y se presume COflstitucjona.l hasta que se
resuelva lo contrario. Cerame—vivas y. Srio, de Salud, 99
D.P.R. 45, 51 (1970)
1z~ Así, el TPI inicialmente debió adjudicar la sentencia
laratoria solicitada por el recurrido, conforme. lo
establecido en la Regla 59 de las de Procedimiento Civil,
32 L.P.R.A. Ap. III, R. 59. La Regla 59.1 de las de
Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 59.1, dispone
que “[e]l Tribunal de Primera Instancia tendrá autoridad
para declarar derechos, e~tados y otras relaciones
jurídicas, aunque se inste o pueda instarse otro remedio”.
«y de las de Procedimiento Civil,
TS49 KLCE201000212 Cons. KLCE201000247 - 22
32 L.P.R.A. Ap. III, R. 59.2 (a), establece que “[t]od
persona... cuyos derechos.,, fuesen afectados por un estatuto,..
podrá solicitar una decisión sobre cualquier divergencia
en la interpretación o validez de dichos estatutos.., y
además que se dicte una declaración de los derechos,
estado u otras relaciones jurídicas que de aquéllos se
deriven”.
En este sentido, el Tribunal Supremo reiteradamente
ha resuelto que la sentencia declaratoria es el mecanismo
adecuado para adjudicar controversias de índole
constjtucio~l Suárezv-.,. C.E.E. 1, 163 D..P.,R.. 347, 354
(2004); Asoc. de Periodistas y. González, 127 D.P.R. 704,
723-724 (1991). Por lo tanto, inicialmente el TPI tenía
que adjudicar la sentencia declaratoria-- y, de proceder la
misma a -favor del recurrido, dictar, el remedio interdictal
correspondiente.
Ciertamente, el TPI podía celebrar una vista
evidenciaria si existían controversias de hechos para
adjudicar la sentencia declaratoria. Regla 59.5 de las de
Procedimiento Civ!:, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 59.5. No
obstante, como disc~t.remos, aceptando como ciertas las
alegaciones del rert:rrido, no existen controversias de
hechos que impid~ desestimar su reclamo y sólo se
requiere adjudica: :, como cuestión de derecho, la
legislación impug~.::-. por el Colegio es válida. Las
controversias de ht’~,-s cue el TPI indicó que le impedían
TS5O KLCE2O1000212 cons. KLCE2OJ.000247 23 resolver las solicitudes de desestimación son, en su gran
mayoría, controversias de derecho y las que no lo son, se
refieren a controversias de hechos no materiales. Además,
las alegaciones de la Petición son similares a las de la
Petición Enmendada por lo que al admitirse ésta no se
convirtieron en inoficiosas las solicitudes de
desestimación. Por lo tanto, procedían las solicitudes de
desestimación y así debió disponer del pleito el TPI.
III
A
En la Primera Reclamación el recurrido alega que las
Leyes Ui y 135 s~n inconstitucionales porque infringen
las disposiciones de la Constitución de los Estados Unidos
(Constitución Federal) que prohíben, los estatutos de
proscripción o Leyes para condenar sin la celebración de
juicio conocidas como bilis of attajncjer
El Artículo 1, Sección 9, inciso 3 de la Constitución
dispone, en lo pertinente, que “[njo Bill of
Attainder or ex post facto Law shall be passed”. Asimismo,
el Artículo 1, Sección 10, inciso 1 de la Constitución
Federal establece, en parte, que “fnJo State shall... pass
any Bill of Attainder, ex post facto Law, or Law impairing
the Obligation of Contracts...”
En nuestra jurisdicción el caso de Pueblo y. ~~gueroa
Pérez, 96 D.P.R. 6, 9 (1968), es el único en el cual el
Tribunal Supremo ha resuelto un cuestionamiento sobre la
TS51 KLCE2O1000212 cons. KLCE201000247 - 24
validez de una ley bajo la disposición contra un estatuto
de proscripción. El apelante alegó que la Sección 4 de la
Ley Núm. 220 de 11 de marzo de 1948, conocida como Ley de
Bolita (Ley 220), 33 L.P.R.A. sec. 1250, era un estatuto
de proscripción según el Artículo 1, Sección 9, inciso 3
de la Constitución Federal y se rechazó su planteamiento.
El Tribunal Supremo explicó que un “estatuto de
proscripción es una forma que utiliza el poder soberano
para castigar a una persona designada por su nombre o a
miembros determinables de un grupo de personas”. Pueblo y.
Figueroa Pérez, 96 D.P.R.,, a la pág. 9 (citando a United
States y.. Lovett, 322 U...S. 303 (.946)). Añadió que “Io]tra
característica de tal estatuto es que se niega el derecho
a un juicio en que las personas afectadas pudieran obtener
una adjudicación de sus derechos”. Id.
Conforme lo anterior, el Tribunal Supremo concluyó
que, como la Ley 220 fue promulgada con el propósito de
poner fin a un mal que permitía a individuos al margen de
la ley explotar sin misericordia a las personas más
necesitadas y exprimir cuantiosos beneficios monetarios,
esta legislación no contenía disposición alguna que fuera
de la naturaleza de un bili of attainder. Además, se
indicó que en Pueblo y. Matías Castro, 90 D.P.R. 528
(1964), se había resuelto que la citada Sección 4 de la
Ley 220 era constitucional.
TS52 KLCE201000212 cons. KLCE2O1000247 - 25
De otra parte, en la jurisdicción federal, se h~1 resuelto que la cláusula Constitucional contra un estatuto
de proscripción prohibe al Congreso aprobar una ley que
legislativamente determine culpa e inflija castigo sobre
un individuo en particular sin las garantías y
protecciones de un juicio en su fondo. Nixon y.
Administrato~ of General Services, 433 U.S. 425, 468
(1977)i
El caso que mejor refleja la intención original de la
prohibición contra un estatuto de proscripción es Cummings
y. Missouri, 71 U.S. .277 (1866). En éste., el. Tribunal
Federal indicó que un estatuto de. proscripción es un acto
legislativo que inflige castigo sin juicio e incluye
cualquier acto legislativo que quite la vida, libertad o
propiedad, de una persona particular o grupo de personas
porque el legislador los considera culpables de una
conducta que merece castigo. Id., a la pág. 298. Así,
4 concluyó que una ley que prohibía a las personas practicar
En Nixon y. Adminjstratr~ of General Services, el Tribunal Supremo Federal (Tribunal Federal) expre-&- que la interpretación que se le confiere a la prohibición de un estatur o’ proscripción no puede ser llevada a tal extremo que se entienda que cua2n~., ‘r ley que imponga a un grupo o individuo soportar una carga que éstos 0 am, deba ser considerada como un estatuto de proscripción. Razonó qti’ a,;unentar que un individuo o un grupo definido es proscrito (‘attainted”) ~‘~—rre que es obligado a soportar cargas las cuales desaprueban, eliminarla ‘ ‘-lación entre la garantía constitucional contra dichas leyes y los -‘-rtos realistas de clasificación y castigo y paralizaría el proceso .. .. .a~.ivo porque cualquier individuo o grupo que sea el sujeto de legislaca ‘ a versa podría quejarse de que los legisladores pudieron y debieron hab’ ‘ ir. ido a la clase afectada con un mayor grado de generalidad. Id., a la . O. Además, expuso que, si bien la cláusula constitucional contra w -~a’utc• de. proscripción sirve como un inportante baluarte en ~ontra de .. . z an;a, no se logra dicho fin limitando a la Legislatura a solamente ~,slar para todos, aprobar leyes que sólo son beneficiosas o no legisk .. a la pág. 471.
TS53 L
KLCE201000212 coxis. !CLCE201000247 - 26
ciertas profesiones, a menos que juramentaran que nunca
habían pertenecido a organizaciones contra el Estado, era
un castigo por anteriormente estar asociadas a la
Confederación y violaba la cláusula constitucional contra
un estatuto de proscripción. Id., a la pág. 323.
Asimismo, en United States y. Lovett, 328 US, a la
pág. 315, el Tribunal Federal expresó que un estatuto de
proscripción prohíbe los actos legislativos, sin importar
su forma, que aplican, ya sea a personas nombradas, como a
los miembros fácilmente identificables de un grupo, de tal
manera que se les cause castigo sin uw proceso judicial.
Confarme 1.a anterior,, resolvió que una ley de confiscación
de salarios a unos trabajadores del Estado que se les
acusaba de ser comunistas era un estatuto de proscripción.
Id., a Las págs.. 315—316.
En algunos casos el Congreso ha ‘impuesto un.castigo a
grupos cuyos miembros individuales se podían identificar
sin mucha dificultad. Por ejemplo, en United States y.
Brown, 381 ¡LS. 437 (1965), una ley federal estableció
como delito para los miembros del Partido Comunista que
sirvieran como oficiales de un sindicato. El propósito de
la ley fue proteger la economía nacional, minimizando el
peligro de las huelgas políticas. El Tribunal Federal
invalidó la ley como un estatuto de proscripción porque no
todos los miembros del Partido Comunista incitaron las
huelgas políticas, también podrían incurrir en dicha
TS54 KLCE201000212 cons. KLCE201000247 - 27
conducta rebeldes no Comunistas y le correspondía a
Rama Judicial juzgar la culpabilidad de una persona
particular (separación de poderes). Además, expresó que el
castigo en un estatuto de proscripción sirve varios
propósitos: retributivo, rehabili-tativo, disuasivo y
preventivo. Id., a la pág. 458.
De un análisis de la jurisprudencia citada se puede
concluir que la prohibición constitucional contra un
estatuto de proscripción fue desarrollada para prevenir la
supresión de las minorías que voluntariamente pertenecían
a organizaciones con fines políticos mediante legislación.
D. Kairys, The Bu], of Attainder Clauses and Legislatjve
and Adminjstrative Suppression of “Subversjves», 67 Colum.
L. Rey-. 1490, 1499 (1967). En este. sentido, se ha definido ¡ un estatuto de proscripción como:
[L]egislation which imposes punishment in the broad sense explained in Brown without judicial tria]. upon people identified either as individual (by name or other distinctive characteristics) or as me~ers, associates of or sympathizers with any voluntary organizatjon having political goals. Courts should give ‘political’ a generous reading, bearinq in mmd the wide range of active and potentially active interest groups and the great variety of questions that can become involved in politics; ‘political goals’ need not be goals currently at the center of politica], debate... Their central vice, however, is that they arrogate to the legislature the functions of the judiciary, and thus deprive citizens of procedural
TS5S KLCE2O1000212 cons. KLCE201000247 - 28
protectjons. Id., a la pág. 1499. (Énfasis suplido).”
En este caso, e]. recurrido sostiene que las Leyes 121
y 135 son estatutos de proscripción porque imponen al
Colegio castigos sin juicio “al decretar la descolegi.ación
automática de todos los abogados y abogadas, despojan al
Colegio de sus miembros, prohíben al Colegio de promover
‘en forma directa o indirecta, religión ni idea política
alguna’, impiden que el Colegio y cualquier otra entidad
que esté relacionado al Colegio puedan recibir fondos
provenientes de la venta de sellos y/o del Tribunal
Supremo para la provisión de asistencia legal a indigentes
en casos civiles y le proscriben a ‘[ljos departamentos,
agencias,, oficinas., entidades, instrumeritalidades,
corporaciones. pdblicas o municipios del Gobierno de Puerto
Rico.., pagar o remitir pagos al Colegio . de Abogados por
concepto de cuotas u otros cargos por estar afiliados al
Colegio de Abogados de Puerto Rico’ mas le permiten a
todas esas entidades públicas a pagar la cuota que el
Tribunal Supremo tenga a bien fijar”. Petición Enmendada,
págs. 15—16. Acorde con lo anterior, aduce que las Leyes
deben invalidarse porque son estatutos de proscripción. No
le asiste la razón.
Según indicado, el estatuto de proscripción es un
acto legislativo que impone un castigo sin juicio a una
persona o grupo de personas que pertenecen voluntariamente
TS56 KLCE2O].000212 cons. KLCE2O1000247 29
a una organización que tiene objetivos políticos. Kairys,
supra, a la pág. 1499. Esta no es la situación del caso de
autos.
Primeramente, el Colegio no es una organización
voluntaria. Como se sabe, la Ley 43 estableció la
afiliación compulsoria, no voluntaria, al Colegio de todos
los abogados y abogadas para que pudieran ejercer la
profesión legal en Puerto Rico. Artículo 3 de la Ley 43, 4
L.P.R.A. sec. 774.
Además, el Artículo 13 de la Ley 43, 4 L.P.R.A. sec.
772., impuso al Colegio..las siguientes obligaciones:
1) Cooperar al mejoramiento de la administración de [la] justicie;
2) evacuar los informes y consultas que el Gobierno le reclame;
3) defender los derechos e inmunidades de los abogados...;
4) promover las relaciones fraternales entre sus miembros, y
5) sostener una saludable y estricta moral profesional entre los asociados.
Entre las funciones del Colegio se encuentran: la
facultad de adoptar, con la aprobación del Tribunal
Supremo, los Cánones de Ética Profesional que regirán la
conducta de los abogados y abogadas; instituir
procedimientos de desaforo ante esta Corte; crear
montepíos, sistemas de seguros y fondos especiales;
organizar una fundación “para instrumentar sus~ programas
TSS7 KLCE2O1000212 cons. KLCE201000247 - 30
de servicio a la comunidad y a la profesión”; y “ejercita~’~
lás facultades incidentales que füeren necesarias o
convenientes a los fines de su creación...”. Art. 2 de la
Ley 43, 4 L.P.R.A. sec. 773; Colegio de Abogados y. ¡ Schneider 1, 112 D.P.R. 540, 545 (1982).
De lo anterior surge que los propósitos principales
para los cuales se creó el Colegio no fueron políticos,
sino para promover el mejoramiento de la administración de
la justicia, defender los derechos e inmunidades de los
abogados y abogadas, enriquecer la profesión legal e
instrmnent~ programas. de servicio a la comunidad y a los
abogados y abogad.as Véase,, además, Colegio de Abogados y.
Schneider II, 117 D.P.R. 504, 513—518 (1986). Por lo
tanto, como el Colegio no es una organización creada’ con
fines políticos.,, tampoco - apilca La prohibición
constitucional contra un estatuto -de proscripción.
De todos modos, somos de la opinión que en el
presente caso tampoco~ aplica la cláusula constitucional
contra estatutos de proscrapcion porque las Leyes 121 y
135 no constituyen castigos punitivos al recurrido por su
pasada conducta y expresiones. Veamos.
En primer lugar, la Exposición de Motivos de la Ley
121 revela que la Asamblea Legislativa entendió necesario
que todos los miembros de la profesión legal gozaran de la
misma representatiyidad en la entidad que los agrupa. Por
ello, razonó que para propender al mejor desarrollo de la
TS58 KLCE2O1000212 cons. KLCE201000247 31
~rofesión legal en Puerto Rico no se justificaba la
afiliación obligatoria de los abogados y abogadas al
Colegio y ésta se cambió a una voluntaria.
Por su parte, la Ley 135 cambió el procedimiento de
votación para elegir al Presidente y los delegados por
acumulación y regionales de la Junta de Gobierno del
Colegio y enmendó varias de las disposiciones de las Leyes
43 y 121 para concederle al Tribunal Supremo discreción
para cobrar una cuota a los abogados y abogadas, fijar la
cuantía de ésta, disponer las entidades a las que podían
otorgarse los tondos, devengados de dicha, cuota y que las
entidades públicas podían pagar la referida cuota al
Tribunal Supremo.
En la Exposición de ‘Motivos de la Ley 135 l.a Asamblea
Legislativa reconoció que, por la naturaleza estatutaria
del Colegio, resultaba necesario que éste fuera un foro
representativo de la diversidad de ideas y pensamientos
~ entre los abogados y abogadas y se respetaran las
diferencias de criterios y opiniones en distintos
aspectos. Asimismo, se destacó las necesidades de
reevaluar los mecanismos vigentes que databan de 1932 para
la selección del Presidente y los delegados por regiones y
acumulación de la Junta de Gobierno y garantizar la
participación de todos los abogados y abogadas que
voluntariamente pertenecieran al Colegio eh la toma de
decisiones. Al concluir que el voto directo de los
TS59 KLCE2O1000212 cons. KLCE201000247 32 Colegiados era arcaico, obsoleto Y antidemocrático
propuso un sistema de voto secreto mediante correo
electrónico o correo regular.
Como vemos, las Leyes 121 y 135 no castigan al
Colegio ni causan que desaparezca dicha entidad, sino que
regulan la estructura y funcionamiento del Colegio y
proveen los requisitos y procedimientos a seguir para
— aquellos abogados Y abogadas que deseen afiliarse
voluntariamente El hecho de que las Leyes impugnadas
enmendaran la ley que creó el Colegio y que algunos de sus
miembros no estén de... acuerdo con. tal. actnaci.ón.~, - no
significa que las enmiendas son.. estatutos de proscripción
como alega -el recurrido. Por lo tanto, concluimos que las
Leyes 121 y 135 no son estatutos de proscripción y
procedía desestimar la primera reclamación del Colegio.
B..
Por estar íntimamente relacionadas discutiremos en
~.. conjunto las alegaciones del recurrido en las
¡ —pJ. Reclamaciones Segunda y Tercera. En éstas aduce que las
Leyes violan la norma de la separación de poderes porque
usurpan el poder inherente del Tribunal Supremo para
reglamentar la profesión de la abogacía Y se emiten
órdenes e imponen deberes a éste. Asimismo, se alega que
se pretenden revocar mediante “fiat legislativo las
decisiones finales y firmes de Schneider 1 y S&hneider
II,,.
TS6O KLCE201000212 cons. KLCE201000247 - 33
El principio constitucional de separación de poderes’~Z~
emána de la Sección 2 del Artículo 1 de la Constitución
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.P.R.,A., Tomo
1, pág. 271. Misión md. P.R. y. J.P., 146 D.P.R. 64, 89
(1998). En Silva y. Hernández Agosto, 118 D.P.R. 45, 57
(1986), el Tribunal Supremo expresó sobre este principio
lo siguiente:
“... La teoría de la separación de poderes requiere que las facultades delegadas por el pueblo en la Carta Constitutiva se distribuyan entre las tres ramas. Su premisa es evitar la concentración de poder en una sola. La relación entre, los poderes ‘del Gobierno debe ser una dinámica y armoniosa. Su éxito depende. .de que cada una acapte y respete la autoridad de las otras y entienda la interrelación de sus funciones Su perdurabilidad requiere -
que cuando ‘haya un conflicto sobre el ‘
alcance de los poderes constitucionales de cualquiera de ellas, los tribunales intervengan’ con prudencia y deferencia para aclarar los contornos de la Constitución y facilitar la resolución de las diferencias.”
Dicho principio no pretende establecer una completa
separación de poderes entre las tres ramas, sino un
sistema de frenos y contrapesos que limita la acumulación
desmedida de poder en una sola rama de gobierno. Colón
Cortés y. Pesquera, 150 D.P.R. 724, 752 (2000). La
división de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial
que establece nuestra Constitución no significa la
independencia absoluta entre éstos. Misión md. P.R. y.
J.P., 146 D.P.R., a la pág. 89. Lo que se persigue es un
TS61 KLCE201000212 cons. KLCE201000247 34
‘equilibrio dinámico Y delicado entre poderes coordinados ~
de igual rango y evitar, así, que ninguno de éstos amplíe
SU autoridad a expensas de otro. Hernández Agosto y. ¡ Romero Barceló 112 D.P.R. 407, 427—428 (1982). Se trata
de un principio que debe aplicarse flexiblemente Misión
Ind.p.R. y. J.p,, 146 D.P.R., a la pág. 112.
Por su parte, la Sección 17 del Artículo iii de
nuestra Constitución L.P.R.A. Tomo 1, págs. 396—397,
confiere a la Asamblea Legislativa la facultad de aprobar
las leyes. Delgado, Ex parte, 165 D.P.R. 170, 193 (2005).
Aún cuando se ha conferido a los tribunales la facultad de
interpretar las leyes, éstos tienen la obligación de
respetar la voluntad legislativa, incluso en aquellos
casos en los cuales discrepen personalmente de la
sabiduría de los actos legislaffvos., Por, lo tanto, las
cortes deben abstenerse de sustituir el criterio del
legislador por SUS nociones de lo justo, razonable y
deseable. Cuevas y. Ethicon Div. J&J Prof. Co., 148 D.P.R. 1 839, 850 (1999).
Al interpretar el alcance de las leyes, los
tribunales debemos siempre considerar cuáles fueron los
propósitos legislativos para así garantizar su
cumplimiento a la luz de los elementos que la motivaron.
Es necesario tomar en cuenta que “ft]odo acto legislativo
persigue un propósito, , trata de corregir un mal, alterar
una situación existente, complementar una reglamen~aci~~
TS62 L
KLCE2O1000212 cons. KLCE2OJ.000247 - 35
vigente, fomentar algún bien específico o bienestar en~
general, reconocer o proteger un derecho, crear una
política pública o formular un plan de gobierno, entre
otros”. Departamento de Hacienda y. Telefónica, 164 D.P.R.
195, 214 (2005). Como consecuencia, nuestra intervención
será necesariamente limitada.
De otra parte, nuestra Constitución dispone, en su
Artículo V, Sección 1, L.P.R.A., Tomo 1, pág. 411, que el
Poder Judicial se ejercerá por el Tribunal Supremo y
aquellos otros tribunales creados mediante legislación.
Establece también - que “[ejl Tribunal Supremo será. .e.~
tribunal de última instancia en Puerto Rico”. Art. y, Sec.
3, L.P.R.A. Tomo 1, pág. 412. En cuanto a la Rama
Judicial, el principio de separación de poderes significa,
en general, que la función judicial sólo puede realizarse
por dicha Rama de Gobierno y las funciones.. no judiciales
corresponden a los otros dos Poderes. Colón Cortés y.
A Pesquera, 150 D.P.R., a las págs. 752.
Como consecuencia del principio constitucional de la
separación cje poderes, el Tribunal Supremo ha reafirmado
que la función de admitir y remover abogados y abogadas de
la práctica es una de carácter inherentemente judicial,
toda vez que es a la Rama Judicial a quien corresponde
reglamentar la profesión leg~l. 1r re Carrasguillo Ortiz,
163 D.P.R. 589, 592 (1997); In re Soto López, 135 D.P.R.
642, 646 (1994). Así, en Ex parte Jiménez, 55 D.P.R. 54,
TS63 KLCE201000212 cons. KLCE201000247 - 36
55 (1939), en ocasión de resolver una controversia ¡ presentada por treinta y nueve (39) personas que habían
obtenido su diploma de abogado de la Universidad de Puerto
Rico e impugnaban el requisito de aprobar el examen de
reválida para ser admitidos al ejercicio de la profesión,
el Tribunal Supremo expresó:
“La admisión de una persona al ejercicio de la abogacía es una función de carácter puramente judicial. Entre las facultades inherentes a la rama judicial de nuestro Gobierno está la de delimitar los requisitos que deberán cumplir y las cualidades que deberán reunir los solicitantes de una licencja para ejercer como abogados .ante sus tribunales.” -
De igual forma, se ha reiterado que la facultad para
regular el. ejercicio de la profesión. de aiaogado en Puerto
Rico corresponde única y exclusivamente al Tribunal.
Supremo como tribunal, de mayor jerarquía en la Rama
Judicial. K—Mart Corp. y. Walgreens of P.R., 121 D.p.R.
633, 637 (1988). Cónsono con lo anterior, dicho foro ha
resuelto que la legislación sobre la materia que puedan
aprobar las otras ramas de gobierno es una de carácter
estrictamente d~recLivo y no mandatorio. - Colegio de
Abogados de P.R. y. Schneider 1, 112 D.P.R., a la pág.
546; In re Bosch, t’ D.P.R. 248, 251 (1945).
En este cas’ el recurrido sostiene que las Leyes
violan la separac.~’~. de poderes porque usurpan el poder
inherente del .~naI Supremo para reglamentar la
TS64 KLCE2Ql0002l2 cons. KLCE201000247 - 37
¡profesión de la abogacía y se emiten órdenes e impone~~
‘deberes a éste. No le asiste la razón.
Mediante la Ley 121 se cambió la colegiación
compulsorja de los abogados y abogadas en nuestra ¡ jurisdicción establecida en la Ley 43 a una voluntaria, al
disponerse que para ejercer esta profesión no era
necesario que el abogado o abogada estuviera afiliado al
Colegio. Conforme lo anterior, se estableció que aquellos
abogados y abogadas que no se colegiaran tendrían que
pagar una anualidad al Tribunal Supremo, se fijó dicha
anualidad, cómo ésta podría variarse y los usos que se
darían a la misma y se aprobaran varias disposiciones
relacionadas con el referido cambio de la naturaleza de la
colegiación, de manera que ocurriera una transición,
ordenada por esta innovación Según su Exposición de
Motivos, la Asamblea Legislativa consideró que era
“imperante que todos los miembros de la profesión legal en
~, Puerto Rico.., gocen de la misma representatividad en la
entidad gremial que los agrupa... [y] que el Colegio de
~bogados de Puerto Rico fomente la participación efectiva
de todos sus miembros”. En consecuencia, razonó que “no se
justifica[ba] la afiliación compulsoria para que [los
abogados y abogadas) sigan siendo lo que son: hacedores y
servidores fieles a una justicia inteligente y
democrática”. Expuso que la acción legislativa para
eliminar el requisito de la colegiación obligatoria “sirve
TS65 • KLCE2O1000212 cons. KLCE201000247 38
a los mejores propósitos del desarrollo de la profesión
jurídica de Puerto Rico”.
Por su parte, la Ley 135, esencialmente, cambió el
procedimiento de votación para elegir al Presidente y los
delegados por acumulación y regionales de la Junta de
Gobierno del Colegio y enmendó varias de las disposiciones
de las Leyes 43 y 121. En la Exposición de Motivos de la
Ley 135 se reconoció que, por la naturaleza estatutaria
entre los abogados y . abogadas y se respetaran las
aspectos, incluyendo el ideológico y político. Asimismo,
se destacó las necesidades de reevaluar los mecanismos
vigentes que databan de 1932 para la selección del
Presidente y los delegados por regiones y acumulación de
la Junta de Gobierno y garantizar la participación de
-$0-. todos los abogados y abogadas que voluntariamente
pertenecieran al Colegio en la toma de decisiones. Al
concluir que el voto directo de los colegiados era
arcaico, obsoleto y antidemocrático, propuso un sisteftta de
voto secreto mediante correo electrónico o correo regular.
De un examen de las Leyes surge que las mismas no
contienen disposición alguna que incida sobre el poder
inherente del Tribunal Supremo para regular el ejercicio
de la profesión legal en Puerto Rico. Esta legislación no
TS66 KLCE2O1000212 cons. KLCE201000247 - 39
incluye preceptos sobre la función del Tribunal Supremo de~
admitir y remover abogados y abogadas de la práctica de la
profesión legal, las normas áticas que aplican a éstos y
éstas o las reglas relacionadas con el ejercicio de la
profesión de abogado en Puerto Rico. Tampoco vemos cómo
las disposiciones específicas que el recurrido cuestiona,
incluyendo las relacionadas con la forma mediante la cual
el Tribunal Supremo fijará~ modificará y utilizará la
cuota que pagarán los abogados no afiliados al Colegio y
el número que utilizarán los abogados para identificarse
en sus escritos en los, tribunales, afecta la. facultad de
nuestro más alto Tribunal para reglamentar la profesión
legal. Se trata de preceptos relacionados y necesarios
para implantar el cambio de la colegiación de compulsoria
a voluntaria No consideramos que es una situación en la
que una Rama de Gobierno asume una función conferida a
otra. Compárese, Pueblo y. Santiago Feliciano, 139 D.P.R.
361 (1995).
Por lo tanto, sonos de la opanlon que las Leyes no
infringen el princ.:i.o de la separación de poderes. De
todos modos, si, cor. aduce el recurrido, esta legislación
afectara el poder - :.t~crente del Tribunal Supremo para
regular a los ~ y abogadas, la legislación sería
una de carácter e~ ‘ .tñrnente directivo y no mandatario,
lo que no conlleve ~-:s~r1amente que sea inválida. Véase,
TS67 KLCE2O].000212 cons. KLCE2O1000247 - 40
Colegio de Abogados de P.R. y. Schneider 1, pppra; Inre’
Bosch, supra.
De otra parte, el recurrido sostiene que las Leyes
pretenden revocar lo resuelto en Schneider 1 y Schneider
II. Tampoco le asiste la razón.
En primer lugar, lo que se resolvió en Colegio de
Abogados y. Schneider 1, supra, fue que la colegiación
compulsoria establecida mediante la Ley 43, al igual que
la obligación de pagar la cuota de colegiación
correspondiente, era válida. Id., a las págs. 546-547 y
550.. ~‘To vemos cómo este dictamen se revoca por la
promulgacjáa de las Leyes. En éstas sólo se cambia la
naturaleza de la colegiación de compulsoria a voluntaria
y, en forma alguna, se modifica o altera lo que el
Tribunal Supremo resolvió en dicho caso. - No se trata de
una situación en la que una ley revisa una -decisión
judicial o cuando la parte que pierde un litigio obtiene
legislación que le permite continuar con una acción
declarada ilegal por un tribunal, de manera que se
interfiere impermisiblemente con el ejercicio del Poder
Judicial. Compárese, Colón Cortés y. Pesquera, supra;
Misión md. P.R. y. J.P., supra.
Contrario a lo aducido por el recurrido, consideramos
que Schneider 1 apoya nuestra conclusión de que las Leyes
no infringen la separación de poderes. En ese caso dos
abogados alegaron que la Legislatura carecía de facultad /
TS68 L
KLCE2O1000212 cons. KLCE201000247 - 41
para establecer requisitos para el ejercicio de i~1 abogacía porque éste le pertenecía exclusivamente al
Tribunal Supremo. Colegio de Abogados y. Schneider 1, 112
D.P.R., a la pág. 543. El Tribunal Supremo resolvió que
carecía de méritos dicha alegación al determinar que:
“Es inmeritorio el argumento de los querellados de que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico carece de poder para ordenar, como hizo en 1932, la integración de nuestro foro. Es cierto, según hemos señalado repetidas veces, que la admisión al ejercicio de la abogacía es función inherente de este Tribunal y que la legislación aprobada sobre esta materia, tal como la Ley Núm. 43, “es puramente directiva, no. mandatoria para esta Corte”_ La preeminencia de. la acción judicial en este campo, el cual incluye naturalmente la facultad de pasar juicio sobre si debe unificarse o no el f oro en una jurisdicción y bajo qué condiciones, no. significa que la legislación sobre estos particulares que no conflija con las pautas que este Tribunal establezca., sea nula. Id., a la pág. 546. (Citas omitidas).
Así, se concluyó era inmeritorio aducir que el
legislador carecía de poder para ordenar la profesión
legal. Por ende, aunque el Tribunal Supremo posee el poder
inherente para reglamentar la profesión legal, ha
reconocido la facultad de la Asamblea Legislativa para
promulgar estatutos que respondan a la necesidad de
atemperar el ejercicio de la profesión legal y, en
consecuencia, no viola la separación de poderes
legislación que cambie la colegiación de los abogados y
TS69 KLCE2O1000212 cons. KLCE201000247 - 42
abogadas de obligatoria a voluntaria. Por lo tanto, se
debieron desestimar las reclamaciones segunda y tercera
del recurrido.
C.
En la Cuarta Reclamación de la Petición Enmendada el
recurrido alega que la Ley 135 es nula porque infringe
varios de los requisitos establecidos en la Sección 17 del
Artículo iii de nuestra Constitución, L.P.R.A., Tomo 1,
págs. 396—397, sobre la redacción y el trámite de las
leyes aprobadas por la As amble a Legislativa. Específicamente sostiene que:. (1) el título de la Ley 135
es defectuoso porque no expresa claramente el asunto que se añadió al proyecto de ley original para corregir
erroresde la Ley 121; (2) la Ley 135 contiene dos
asuntos, los cuales no pueden traaujtarse en sólo un
proyecto de ley, porque enmienda la Ley 43 para cambiar el
sistema de votación para elegir al Presidente y la Junta
de Gobierno del Colegio y, a su vez, enmienda la Ley 121
para intentar corregir ciertos errores; (3) se enmendé el
proyecto original para variar su propósito inicial de
cambiar los procesos de votación del Colegio e incorporar
materias extrañas al mismo al incluir enmiendas con el fin
de corregir omisiones y errores de la Ley 121; y (4) la
enmienda al Artículo 2 de l~ Ley 43 tiene el defecto de
que se utilizaron puntos suspensivos en todos sus incisos,
lo que impide conocer el texto vigente.
TS7O KLCE2Oloo~~j,~ coas. KLCE201000247 - 43
La citada Sección 17 del Artículo iii de nuestr~fl
Constitución establece, en lo pertinente, lo siguiente:
“No se aprobará ningún proyecto de ley, con excepción de los de presupuesto general, que contenga más de un asunto, el cual deberá ser claramente, expresado en su título, y toda aquella parte de una ley cuyo asunto no haya sido expresado en el título será nula.... Ningún proyecto de ley será enmendado de manera que cambie su propósito original o incorpore materias extrañas al mismo. Al enmendar cualquier artículo o sección de una ley, dicho artículo o sección será promulgado en su totalidad tal como haya quedado enmendado.”
Las disposiciones, sobre el título y asunto de una ley
incluidas en este precepto se aprobaron para impedir
prácticas fraudulentas, facilitar la labor legislativa y
vedar que grupos minoritarios incorporaran sus propuestas
favoritas en una sola ley y se unieran para obtener una ‘
mayoría artificial que no existiría si cada propuesta se
considerara por separado. A su vez, las disposiciones
sobre enmiendas se promulgaron para complementar en parte
los preceptos sobre el título y asunto y, además, para
impedir que el legislador aprobara las enmiendas sin tener
una noción clara de su alcance y significado. 4 Diario de
Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico,
págs. 2584—2585 (Ed. Conmemorativa 2003).
Así, el Tribunal Supremo ha expresado que el
propósito de las exigencias constitucionales sobre el
título de un proyecto de ley “es informar al público en
TS71 KLCE2O1000212 cons. KLCE201000247 - 44
~eneral y a los legisladores en particular el asunto qu~
es objeto de la ley, de forma que el primero pueda
oponerse a su aprobación si la considera lesiva y los
segundos estén en condiciones de emitir su voto
conscientes del asunto objeto de legislacián»~ Cervecería
Corona, inc. y. J,5j’~., 98 D.P.R. 801, 812 (1970). No se
requiere que el título de la ley tenga una descripción
minuciosa de lo que se desea aprobar y es suficiente con
que se exprese, en términos generales, el propósito del
estatuto. Dorante y. ~ 145 D.P.R. 408, 428 (1998).
Además, cuando la ley impugnada es una enmendatoria,
la norma, según se indica en Cervecería Corona, Inc. - y.
J.S.M., 98 D~P•R..r a la pág. 812, es la siguiente:
“Cuando se trata de una ley enmenda-toria la doctrina prevaleciente no requiere que.- en el título se expongan los cambios específicos que se intentan en virtud de la enmienda propuesta, siempre que la materia no sea remota o extraña a la de la ley original. De forma que cuando la ley básica comprende razonablemente la E
Ø— materia propuesta cubierta basta una por la referencia enmienda a la sección o artículo que se intenta enmendar. Sólo cualquier materia o asunto de carácter sustantivo que no sea germano con la sección o artículo especificado transgredirá la norma constitucional.»
Dicho de otra manera, “siempre que materia
enmendatoria sea congruente con el asunto de la ley
original, un título.., cumple con el requisito
constitucional. A contrario sensu, si la materia
TS72 KLCE2O1000212 cons. KLCE201000247 45
y un cambio completo del asunto de la ley original, en tales circunstancias Ufl título coma el indicado infringe el
precepto constitucional~. i~Psy y. Corp. Azucarera Saurí & Subirá, 65 D.P.R. 422, 428 (1945)
Al interpretar esta disposición constitucional, reiteradamente el Tribunal Supremo ha establecido “que solamente en un caso claro y terminante se justifica anular una ley por adolecer su título de deficiencias». Dorante y. Wrangler, 145 D.P.R., a la pág. 427. Véase,
además, Cervecería Corona, Inc. y.. J..S.M, 98 D.P..R., a la
pág. 811.; Rivera y.. Corte, 62 D.P.R. 513, 540 (1943).
Como primer fundamento el recurrido alega que el
de la Ley 1.35 es defectuoso porque no expresa
claramente el asunto que se añadió al proyecto de ley
original para corregir errores de la Ley 121. Sostiene que
en dicho título sólo se señala que se cambió el proceso de
elección de los oficiales del Colegio sin indicarse
expresamente los otros cambios a varias leyes y, como se
limita a enumerar disposiciones ello no es suficiente
y el público. No tiene razón
Primeramente, la Ley 135 es una enmendatoria de las
Leyes 43, 121 y la núm. 115 de 6 de mayo de 1941, según
enmendada. De un examen del título de la Ley 135 surge
laramente que en el mismo se incluyen todos los artículos
4/ secciones de las leyes que se enmiendan, renumeran,
TS73 KLCE2O1000212 Cons. KLCE201000247 46
J añaden o derogan y que sus disposiciones van dirigidas aF~ funcionamiento y reestructuración del Colegio. Así, la Ley
135 cumple con el referido precepto constitucional, pues,
según indicado, l~ normativa establece que el titulo de
una ley no tiene que contener una descripción minuciosa de
lo que persigue y “es suficiente que en términos generales
exprese su propósito; que sea un índice de su contenido...
[Y, j cuando la ley básica comprende razonablemente la
materia cubierta por la enmienda propuesta[,J basta una
referencia a la sección O artículo que se intenta
enmendar» Cervecería Corona, Inc. y. J.S.M.., 98. D.~P.R., a
la pág. 811.. Por lo tanto, el título de la Ley 135 no es
defectuoso y el recurrido no ha justificado invalidar
dicho estatrseo por tal fundamento
En segundo lugar, el Colegio aduce que la Ley 135
contiene dos asuntos, por lo que no pueden tramitarse en.
sólo un proyecto de ley. Indica que, por un lado se
enmienda la Ley 43 para cambiar el sistema de votación t para elegir al Presidente y la Junta de Gobierno del
Colegio y, a su vez, se enmienda la Ley 121 para intentar
corregir ciertos errores. Además, señala que los Artículos
9 y 18 de la Ley 135, que establecen que las entidades que
reciban fondos de la cuota fijada por el Tribunal Supremo
tienen que tener total independencia del Colegio y
prohíben a las entidades públicas pagar cuotas de abogados
ir TS74 L
KLCE2O1000212 cons. KLCE201000247 47
~
fin de la Ley 135. Tampoco tiene razón:
El criterio para evaluar este planteamiento es si las
disposiciones de la Ley 135 son gerinanas. Sobre este
concepto, conocido como gerrnaneness, se ha indicado lo
Siguiente:
“The general test used to determine whether the Constitutional prohibition against plurality of subject matter has been Violated is to decide whether the various provisions are gerinane to the subject presented in the title. ‘Germane’ is defined as: in close relationship, appropriate, relevant or pertinent to the general subject. No portion of a hill not germane to the general subject can be givan. the torce of law. The Constitutjon is complied with if the varjous provisions relate to, and carry mit the general purpose of an enactrnent. ‘When- the subject is expressed in general tenis, everything which is requir.ed to make a complete enactmeniz in regard to it, or which results as a compliment of the thought contained in the general expression, is included in and authorized by it. if ‘
there is any reasonable basis for grouping the various matters together and if the public will not be deceived, then the act will be sustained.
The Oregon Supreme Court has said the court should examine the body of the act to determine whether the court can identify a unifying principle logically connecting all provisions in the act and it it is apparent in the act, then the court must look to the title to see it such a unifying principle is present. No accurate mechanical rule may be forinulated by which the sufficiency of an act in relation to its title may be determined. Each case — must be decided on its own peculiar
TS75 KLCE2OJ,000212 cons. KLCE2OJ,000247 48 facts. Yet care should be taken that the statute should not be construed narrowly or technically te invalidate E proper and needful legislation,
Rational unity or a connection existed between trusts and powers of appointment, which meant the inclusion of the latter in statutes dealing with trust agreements did not natural
11 violate the provision that no hill shell embrace more than one subject. In Alaska te comply with the ‘one-subject’ rule all that is necessary is that
I matters treated in legislation fali under one general idea, be so connected with or related to each other, either logically or in popu)ar understanding, as te be parts of, or germane te, one general subject. In that light the passage of a hill authorjzjng the sale of bonds for construction and improvement of certain correction facilities throughout the state and authorjzat ion for similar bonds for construction and improveluent of certaja public safety facilitjes did not violate the• oae—subject rule, la Caljforffa whjch uses the broad reasonably germane test, the single subject requirezuent is met if the legislation exhibits a single scheme whereby its various provisions interrelate sufficiently te achieve a cominon underlying purpose.”
lA N. Singer, Statutes and Statutory Construction, Sec. 1 17:3, págs. 18—27 (2002).
Conforme lo anterior, se cumple con el requisito de
gernlanerjess si existe un concepto o tema central que cubre
las disposiciones de la Ley 135; esto es, los preceptos de
dicho estatuto son germanós si tienen una relacián
cercana,, apropiada, relevante o pertinente al asunto
general de la Ley 135 expresado en su titulo. Consideramos
TS76 KLCE201000212 cons. KLCE201000247 49
que las enmiendas incluidas en la Ley 135 constituyenE
asuntos germanos entre sí. Además, están relacionados con
la ley sustantiva general que enmienda, la Ley 43.
Según indicado, por medio de la Ley 43 se creó y
organizó el Colegio, lo que incluyó concederle ciertas
facultades y deberes, y se estableció la colegiación
compulsoria. Por su parte, mediante la Ley 121, entre
otros asuntos, se redefinieron las referidas facultades y ~/~ deberes del Colegio y se cambió la afiliación al mismo a
una voluntaria. A su vez, la Ley 135 enmendó la Leyes 43 y
121 para, entre otras cosas, concederle al Tribunal
~UP1emO discreción para cobrar una cuota a los abogados y
abogadas, fijar la cuantía de ésta, disponer las entidades
a las que podían otorgarse los fondost devengados de. dicha
cuota y que las entidades públicas podían pagar la
referida cuota al Tribunal Supremo, establecer una nueva.
forma de votación para elegir al Presidente del Colegio y
su Junta de Gobierno y aprobar los asuntos que se requiera 1 sean refrendados por asamblea y establecer un proceso paraS
cumplir con las medidas aprobadas.
Es claro que en la Ley 135 se incluyeron varios
asuntos. Sin embargo, ~omos de la opinión que los mismos
están relacionados entre sí y son consecuencia del cambio
de la colegiación compulsoria a la afiliación voluntaria.
Como señalamos, los asuntos se refieren, esencialmente, a
cámo se pagará y utilizará la cuota que fije el Tribunal
TS77 KLCE201000212 cons. KLCE201000247 50 Supremo a los abogados Y abogadas que
Colegio y cómo éste se organizará y operará según fue
reestructurado por la Ley 121. Por ende, las disposiciones
1de la Ley 135 son germanas entre sí y se relacionan de
manera cercana y pertinente con la Ley 43, la que creó y
organizó el Colegio Y le otorgó sus deberes Y funciones, ~j
la Ley 121. En consecuencia, los asuntos incluidos en la
Ley 135 se podían tramitar y aprobar en una sola medida ‘y legislatjv~•
En su tercer argumento, el recurrido indica que se
eninendó el proyecto original para variar su propósito
inicial, de cambiar los procesos de votación del Colegio y,
al incluir enmiendas con el fin de corregir omisiones y
errores de la Ley 12i~ se le incorporaron materias
extrañas al mismo. Indica que es contradictorio que luego
de que se cambiara que la colegiación fuera voluntaria en
vez de compulsoria, que se le despojara de la prerrogativa
de los cuerpos rectores de cómo conducen sus votaciones.
No le asiste la razon.
El citado precepto constitucional establece que un
proyecto de ley nc puede ser enmendado para cambiar su
propósito original o incorporar materias extrañas al
mismo. En este ~ en Rivera y. Corte, 62 D.P.R., a
la pág. 539, el T::,. red Supremo expresó que el fin de
esta disposición ei
TS78 KLCE201000212 cons. KLCE201000247 51
~2mPedir 11 de materia incongruente y extraña, y a la vez poner en guardia contra la inadvertencia, la ocultación y el fraude en la legislación, o ‘evitar ‘
la práctica, corriente en todas las legislaturas donde no existe tal disposición, de incluir en la ley materias incongruentes que no tienen relación alguna entre sí o con el sujeto especificado en el título, a virtud de lo cual se aprueban medidas sin atraer atención que, si hubieran sido vistas, hubieran sido impugnadas y derrotadas. Así parece evitar sorpresas en la legislación.’» (Citando a Posados y. Warner, B. & Co., 279 1hS. 340 (1929) y Louisiana y. Pilsb~ry, 105 13.8. 278 (1881).
De una lectura de la Ley 135 surge que, como hemos
indicada, sus disposi~i~~~5 no Son extrañas entre Sí y los
asuntos contenidos en la misma, incluyendo las enmiendas
que se aprobaron del proyecto de ley original, no son
incongruentes con las Leyes 43 .y 121. Por el contrario,
esta legislación trata sobre el cambio de la colegiación
de los abogados de compulsoria a voluntaria y cómo
funcionará el Colegio al amparo de este nuevo mecanismo.
Por ende, la Ley 135 no adolece de la referida deficiencia
que aduce el recurrido.
Finalmente, el Colegio señala que la enmienda al
Articulo 2 de la Ley 43 tiene el defecto de que se
utilizaron puntos suspensivos en todos sus incisos, lo que
impide conocer el texto vigente. Tampoco le asiste la
razón.
TS79 KLCE201000212 cons. KLCE2O1000247 -
52 En el citado precepto constitucional se establece
que, al enmendar un artículo o una sección de un estatuto,
dicho articulo o sección se promulgará en su totalidad tal
como haya quedado enmendado. De una lectura del Artículo 1
de la Ley 135 claramente surge que mediante el mismo el
legislador eliminé los incisos (f) y (g) del Artículo 2 de
la Ley 43 y, considerando lo anterior, renumeró los
restantes incisos para mantener la numeración secuencial
de los mismos. Así, se cumplió con el requisito
constitucional indicado
En resumen, la Ley 135 no infringe la Sección. 17 dci.
krtjcujo nI de... nnestra. Constitución.:.. Ciertamente, no
estamos ante 4un caso. claro y terminante [en el que] se
justifica anular una ley por adolecer su titulo de
deíicientjas”. Dorante y.. Wrangler, 145 D.P..R.. a la pág.
427. Véase, además, Cervecería Corona, Inc. y. J.S.M.,, 98
D.P.R., a la pág. 811; Rivera y. Corte, 62 D.P.R., a la
540. Por lo tanto, no procede la cuarta reclamación
—0~ recurrido
D.
En las Quinta y Sexta reclamaciones el recurtido
alega que las Leyes violan el derecho a expresión y
asociación del Colegio y sus miembros. Sostiene que, como
ahora es una asociación de membresía voluntaria, el
Colegio se convirtió en una entidad privada a la que el
0’ Estado no puede imponerle restricción algun~a que le afecte
TS8O KLCE201000212 cons. KLCE201000247 - 53
sus derechos a la libre expresión y asociación Así~1
indica que la Legislatura no puede imponerle restricciones
de cómo funcionar, tales como la forma en la que el
Colegio fija y aprueba su cuota de colegiación, el efecto
en la membresía por la falta de pago, el proceso para
elegir al Presidente y sus delegados, cuándo se celebrarán
las Asambleas y cómo éstas se notificarán a sus miembros y
cómo se establecerán las delegaciones de distrito.
Asimismo, aduce que no se le pueden imponer los deberes
que se establecen en la Sección 7 de la Ley 121,
incluyendo el de establecer comisiones cuando se lo
soliciten el Gobernador y la Asamblea Legislativa porque
así se utilizan los recursos del Colegio para fines
públicos. Además, sostiene que no se le puede prohibir
ezpresarse~ sobre idea política alguna, ni determinar
quienes~ pueden ser sus miembros y que esta legislación
restringe sustancialmente las actividades y facultades del
Colegio en perjuicio de sus miembros. Finalmente, indica
que se vulneran estos derechos de sus miembros porque, al
imponerse la descc:cç~ación, se privó a todos los abogados
de su membres~a en una organización que puede
representarlos y c~ .os abogados del servicio público se
prohíbe que sus ct.. ~is puedan ser pagadas como resultado
de su afiliación a ~ ‘No tiene razón.
La Sección 4 ~:‘ - Articulo II de nuestra Constitución,
Tomo 3, .~. 285, al igual que la Primera
TS81 KLCE201000212 cons. KLCE2O1000247 - 54
expresión. Este derecho fue concebido, entre otras
¡razones, “para facilitar el desarrollo pleno del individuo
y estimular el libre intercambio y la diversidad de ideas,
elementos vitales del proceso democrático» Y~frzuez
V. A.M.A., 131 D.P.R. 568, 576 (1992). Como
corolario de este derecho, la Sección 6 del Artículo II de
nuestra Constitución, L.P.R.A. Tomo 1, pág. 294, reconoce
el derecho de las personas a asociarse y organiza~5~ para
cualquier fin lícito con igual libertad. “Ambos derechos
son fundajjje~t~~~5 para la consecución y ejercicio de la
libertad de conciencia lo que.., obliga [a los tribunales) a
Su más~ celosa protección.. !~~auez y. Srio. de
Instrucción, 109 D.P.R. 251, 255 (1979).
No obstante, estos derechos no SOR absolutos y pueden
ser subordinados a otros intereses cuando la necesidad y
conveniencia pública así lo requieran. Véase, Man ErAs y.
Casañas, 96 D.P,~, 15, 21 (1968). Por lo tanto, ~bos
derechos están sujetos a ciertas restricciones y su
ejercicio debe realizarse de una manera moralmente
responsable. Véase, Aponte Martínez y. ~ 100 D.P.R.
282, 290 (1971).
En el presente caso somos de la opinión que el
contenido y la aplicación de las Leyes 121 y 135 no
representan un esquema de expresión obligada que sea
TS82 KLCE2Q1000212 cons. KLCE201000247 55
¡contrario a las libertades de expresión y asociación. El 1
recurrido parte de la premisa equivocada de que el Estado,
en el ejercicio de su poder de reglamentacj~~, no tiene
facultad para promulgar estatutos que regulen la
estructura y operación del Colegio porque asume que el
legislador se está inmiscuyendo en el funcionamiento de
una asociación privada.
No obstante, luego de que se aprobaran las Leyes 121
~y 135 el Colegio continúa siendo como fue creado, una
criatura legislativa, y por tanto, está sujeto a la
regulación del Estado.. Así., mediante-. el Artículo 1 de la
Ley 43, 4 L2R..Á.. sec.. 771, el Colegio fue instaurado
como una entidad jurídica o corporación cuasi pública al
disponerse que~
“Por la presente se constituye a los profesionales con derecho a ejercer la abogacía ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, siempre que la mayoría de aquéllos así lo acuerden en referéndum que al efecto se celebrará según se dispone más adelante, en entidad jurídica o corporación cuasi pública bajo el nombre de Colegio de Abogados de Puerto Rico y con domicilio en la Capital.”
En vista de que el Colegio es una entidad creada por
la Asamblea Legislativa, ésta tiene el poder de enmendar,
modificar, suplantar o derogar la ley que lo creó. Cf.,
Col. Ing. Aqrim. P.R. y. A.A.A., 131 D.P.R. 735, 753—755
(1992); Pacheco Fraticelli y. Cintrón Antonsanti, 122
D.P.R. 229, 236 (1983). Ciertamente, las L~eyes 121 y 135
TS83 KLCE2O1000212 cons. KLCE2OJ.000247 56 no derogan la Ley 43 ni enmiendan el Artículo 1 de ésta
para convertir al Colegio en una entidad privada. En estas
leyes esencialmente se determinó que para que un abogado
pudiera ejercer su profesión no se requena su afiliación
compulsoria al Colegio y, sin cambiar la naturaleza de
éste ni suprimirlo, variaron el mecanismo operacional del
Colegio.
El recurrido sostiene que conforme cierta
jurisprudencia federal, una vez se constituyó mediante el
referéndum ordenado en el citado Artículo 1 de la Ley 43,
la Asamblea Legislativa no tenía facultad legal para
enmendar la franquicia corporativa. del Colegio sin el
consentimiento de éste, ni enmendar sus facultades y
deberes. Escrito Suplementario en Oposición a la
Expedición de los Autos de Certiorari Solicitados, págs..
5—13. No le asiste la razón.
Primeramente, este argumento no fue presentado por el
recurrido en el TPI, por lo que no puede aducirlo en
alzada. Es norma establecida que este Tribunal no
~iderará señalamientos no planteados por las partes a
nivel de instancia. Véase, Sánchez y. Eastern Air Lines,
Inc., 114 D.P.R. 691, 696 (1983). Debido a que lo que
alega el recurrido ante este Tribunal no fue lo que adujo
en el TPI, no podemos atender su planteamiento.
De todos modos, hemos examinado esta alegación y no
fr encontramos que tenga razón. En el caso de Trustees of
TS84 KLCE2O1000212 cons. KLCE201000247 - 57
jDartmouth College y. Woodward, 17 U.s. 518 (1819), citado~
por el recurrido, el Tribunal Federal resolvió que una
franquicia corporativa organizada con permiso de la
Legislatura, apoyada en gran parte por contribuciones
voluntarias y manejada por oficiales y directores que no
son representantes del estado ni subdivisión política
alguna, es una corporación privada, aunque realizara
trabajo caritativo o deberes semejantes a las
corporaciones públicas protegida por el Artículo 1,
Sección 10, inciso 1 de la Constitución Federal, que
establece, que “[n ]‘in.g.ún. es•tadc_ aprobará ningún proyecto
[de ley].., que menoscabe la obligación de los contratos”,
L.P.RA., Tomo 1, pág. 169.
Por otro lado, en el caso citado por el Colegio de
Andy’s Ice Crean, Inc. y. City oL Salisbury, 724 A.2d 717,
732 (1999), el Tribunal de Apelaciones de Maryland señaló
que:
“Quasi-public corporations 000upy the middle ground between public and private corporations, generally having the functions of the foriner and the structure of the latter. The Court of Appeals, in Potter y. Bethesda Fire Departrnent, Inc., 309 Md. 347, 354, 524 A.2d 61 (1987), explained that a ‘quasi—public corporation’ is not par se public or governmentaj.. Qn its face, the terin connotes that it is not a public corporation but a private one. But ‘quasi’ indicates that the private corporation has ‘sorne resemblance (as in function, effect or status) to a ‘
public corporation. ‘Quasi’ bespeaks ...
‘that one subject resembles another
TS85 KLCE2O1000212 cons. KLCE201000247 58
ira cer-izain characterjstjcs but that there are intrjnsic and material differences between them.’ [Omitting citatjons te dictionariesj.
For instance, guasi—publie corporatjons are usually wholly priva-te companies acting for public benefit. “A quasi-public corporation is, by its very words, not a public corporation, and thus is a private corporation. But the word ‘quasi’ denotes that it has the characteristic of a public corporation in function, effect or status.” Potter, 309 Md. At 357 (citing 1 W. Fletcher & C. Swearingen, ~ Cyclopedja of the Law of Pri vate Corporatjons § 63 a-t 600 (1983. Rey. Vol.)).”
Sin, embargo, este ‘no es el caso, que aquí nos ocupa.
Según indicado1 el. Colegio es una entidad cuasi pública
creada mediante el citado Artículo 1 de la Ley 43 y las
Leyes impugnadas no. enmendaron dicho artículo para
convertirlo en una. entidad privada.. Además, somos de la
opinión, que las facultades que el legislador le concedió
al Colegio lo ubican en una posición particular en el
esquema social del país lo que lo diferencia de una
corporación privada. Acorde con lo anterior, y dada la
naturaleza cuasi pública del Colegio, entendemos que la
~ksamblea Legislativa está facultada para proponer cambios
en la Ley que creó al Colegio. Por lo tanto, se equivoca
el recurrido al señalar que el Colegio es una entidad
Drivada, cuya franquicia no puede ser modificada por la
\samblea Legislativa sin el consentimiento del Colegio.
TS86 KLCE2O1000212 cons. KLCE201000247 59
De otra parte, el recurrido aduce que es contrario a
las libertades de expresión y asociación la obligación que
se le impuso en el nuevo Articulo 13 (6) de la Ley 43,
aprobado en la Sección 7 de la Ley 121, de responder a las
peticiones del Gobernador y la Asamblea Legislativa de
crear comisiones de investigación y consulta porque se
utilizan recursos de una “asoci~ción privada” para
promover fines públicos y el Colegio tiene la libertad de
escoger los asuntos en los cuales expresarse. Además,
alega que no se le puede impedir .expresarse sobre ideas
políticas como se dispone en el nuevo Artículo. 13 (7) de
la Ley 43 porque ello viola la libertad de expresión. No
tiene razón.
En primer lugar, según indicado, el. legislador tiene ¡ la prerrogativa, de fijar tal deber y establecer las
limitaciones a las facultades del recurrido que entienda
necesarias porque el Colegio es una criatura de la
Asamblea Legislativa. Además, en esta legislación se
reconoció que la misión de administrar la justicia recae
principalmente en los miembros de la profesión legal, por
lo que, al participar en los procesos públicos, los
abogados cumplen su responsabilidad de que se mantenga un
orden jurídico íntegro y eficaz. Preámbulo de los Cánones
de Ética Profesional de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. Ap. IX.
Por lo tanto, mediante las Leyes válidamente se le podían
imponer las obligaciones indicadas al Colegio.
TS87 KLCE2O1000212 cons. KLCE201000247 60
De todos modos, en el nuevo Artículo 13 (6) de la Ley
43 aprobado en la Ley 121 se dispuso que, al emitir sus
evaluaciones e informes requeridos por cualquiera de las
tres Ramas del Gobierno, el Colegio “tendrá total y
absoluta independencia para recomendar y asumir aquella
postura que mejor entienda responde a sus propósitos y
deberes así como a los mejores intereses del Pueblo de
Puerto Rico”. Así, aún cuando le cobijaran los derechos
que aduce el Colegio, la propia ley le concede
independencia absoluta para asumir la~ posición que
entienda procedente y de forma. alguna se afectan tales
derechos. Psiemás., según el nueva Artículo 13 de la Ley 43,
el Colegio tiene facultad para “leistablecer y crear
comisiones permanentes y temporeras de investigación y
consulta en aquellas ocasiones que su Junta de Gobierno
así lo apruebe con el fin de promover sus objetivos y
obligaciones”. Finalmente, resaltamos que, en el anterior
Artículo 13 (2) de la Ley 43, se imponía al Colegio la
obligación de “evacuar los informes y consultas que el
Gobierno le reclame”, deber que es similar al aquí
impugnado por el recurrido y que, a nuestro mejor
entender, no fue cuestionado anteriormente por el Colegio.
Los otros señalamientos del recurrido se refieren a
la “descolegiación”, los requisitos y procedimientos que
tienen que seguir los abogados y abogadas que elijan
colegiarse y el pago de la cuota. Un examen de las Leyes
TS88 KLCE2O1000212 cons. KLCE2OJ.000247 61
mismas no coartan el derecho a asociarse. Por el contrario, los cambios establecidos en
esta legislación abonan al derecho a la libertad de
asociación porque provee a los abogados y abogadas la
libertad de ser miembros de la entidad que prefieran.
Además, no se impuso una cuota anual específica al
permitir que “aquellos abogados y abogadas que opten por
afiliarse al Colegio de Abogados pagarán la cuota
establecida por dicha asociación». Sección 10 de la Ley
121, según enmendada por el Artículo 6 de la Ley 135. De
igual modo, la regu:Lacjón sobre el proceso en que se
llevará a cabo la colegiación voluntaria y el cobro de la
cuota son disposiciones razonables sobre los procesos
necesarios para que el Colegio pueda manejar el c~zibio de
la colegiación compulsoria a voluntaria y los abogados y
abogadas puedan conocer el procedimiento con el que deben
cumplir. Asimismo, el término fijado para cobrarla sirve
de aliciente e imparte certeza para los abogados que
lo tanto, procedía desestimar las
.eclamaciones Quinta y Sexta del Colegio
E.
En la Séptima Reclamación, el recurrido plantea que
la Leyes son inconstitucionales porque violan el derecho a
la igual protección de las leyes. Argumenta que el Estado
no puede cumplir con su obligación de probar que existe un
fr interés público apremiante que justifique la clasificación
TS89 KLCE2O1000212 cons. KLCE201000247 - 62
y que la misma es necesaria para promover ese interés, por1
lo que no se cumple el criterio estricto o riguroso, y
tampoco existe un nexo racional entre las medidas
legislativas y un fin legítimo del Estado al aprobar las
mismas. No tiene razón.
El Artículo u, Sección 7 de nuestra Constitución,
L.P.R.A., Tomo 1, pág. 296, prohíbe que se le niegue a una
persona la igual protección de las leyes. Esta garantía se
activa al evaluar una legislación que crea clasificaciones
entre grupos, discriminando con respecto a unos frente a
otros. Dicha cláusula, sin embargo, no impide que el
Estado establezca clasificaciones para descargar adecuada
y eficientemente sus funciones, ni exige un trato igual a
todos los ciudadanos; sólo prohíbe un trato desigual e
injustjfjc~~o Por ello, el Estado puede establecer
clasificaciones siempre que las.,mismas sean razonables y
estén dirigidas a alcanzar o proteger un interés público
legítimo. Asoc. Academias y Col. Cristianos y. E.L.A., 135
A D.P.R. 150, 167 (1994). -1~r. Para decidir si una clasificación cumple con esta
garantía constitucional la clasificación se evalúa,
dependiendo de la naturaleza de los derechos afectados,
bajo el escrutinio estricto o el mínimo. Zachry
International y. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 267, 277
(1975). El estricto aplica a las clasificaciones
sospechosas —las basadas en raza, color, sexo, nacimiento,
TS9O KLCE201000212 cons. KLCE2O1000247 63 origen o condición Social
nacionalidad_ o cuando la clasificación afecta el
ejercicio de Ufl derecho de arraigo constitucional Asoc.
Acadeirjias y Col. Cristianos y. E.L.A.., 135 D.P.R., a la
pág. 168. Si este criterio aplica, la ley se presume
inconstitucional y corresponde al Estado probar que la
clasificación responde a un interés estatal apremiante y
es necesaria para promover ese interés, esto es, no existe
un medio menos oneroso para alcanzar el mismo. San Miguel
Lorenzana y. E.L.A., 134 D.P.R. 404, 425 (1993).
Por su parte, ~L escrutinio mínimo, se utiliza cuando
el estatuto es de naturaleza socioeconómica. Bajo este
escrutinio se presume la Constitucionalidad de la
clasificación y- corresponde a quien la impugna demostrar’
que la ley es claramente arbitraria y no existe nexo
racional alguna entre ésta y un interés legítimo del
Estado. M.& E. 5., Inc. y. Depto. de Agricultu~~, 118
D.P.R. 319, 333 (1987).
4 -pJ% En el presente caso la legislación impugnada es una
de tipo socioeconómico, por lo que se evalúa bajo el
escrutinio mínimo o de nexo racional entre el propósito
legislativo y la clasificación impugnada. El recurrido
sostiene que las Leyes son inválidas porque varias de sus
disposiciones, como los requisitos sobre la cuota anual y
los deberes que se le imponen, tratan al Colegio de forma
distinta a las demás asociaciones de profesionales en
TS91 KLCE2O1000212 cons. KLCE201000247 64
Puerto Rico. No obstante, el recurrido no especifica como
tal legislación establece un trato desigual e
injustificado frente a otras personas en igual situación.
Tampoco ha demostrado que la clasificación sea arbitraria,
ni la ausencia de nexo racional entre la clasificación y
el interés legítimo que se quiere proteger, pór lo que
tenemos que concluir que esta legislación no viola la,
igual protección de las leyes. San Miguel Lorenzana y.
E.L.A., 134 D.P.R., a la pág. 426; M. & B. 5., Inc. y.
Depto. de Agricultura, iis D.P.R., a la pág. 333.
De. todos modos, el interés que se persigue con las
Leyes es, segúa indicado, garantizar a los miembros de la
profesión legal en Puerto Rico la igualdad de condiciones
y representatividad en la entidad que los agrupa,. que ésta
represente la diversidad de ideas y pensamientos de los
abogados y asegurar la participación de éstos en la toma
de decisiones del Colegio, lo que constituye un interés
legítimo del Estado. Por lo tanto, las Leyes no violan la
~ igual protección de las leyes porque existe racionali~a t~r~ entre éstas y el propósito legislativo y no establece un
trato desigual o discriminatorio a los miembros del
F.
Finalmente, .e Octava Reclamación el recurrido
alega que las . ‘:r~s son inconstitucionales porque
nenoscaban la reb~’ ..:. contractual entre el Colegio y sus
TS92 KLCE2O1000212 cons. KLcE201000247 - 65
miembros. Sostiene que mediante esta legislación se
modificaron varias disposiciones del Reglamento del
Colegio, el cual constituye el contrato entre éste y sus
miembros, sin existir un interés legítimo que justificara
ese menoscabo. Así, señala que: la Sección 7 de la Ley 121
trastoca cómo se crean las comisiones temporales del 1 Colegio y le impone el deber de crear comisiones cuando lo
requiera una de las Ramas de Gobierno, no cuando su
Presidente o Junta de Gobierno lo estimen necesario; los
Artículos 3 y 4 de la Ley 135 modifican el proceso para
seleccionar los puestos electivos del Colegio y aprobar
resoluciones y le imponen el voto electrónico; el Artículo
19 de la Ley 135 usurpa la facultad de su Asamblea General
para enmendar el reglamento del Colegio porque ordena que
la Junta de Gobierno apruebe los reglamentos necesarios
para la implantación de la Ley; y la Sección 4 de la Ley
121 impone una moratoria de 5 años para aumentar la cuota
de colegiación y establece el procedimiento aplicable. No
La Sección 7 del Artículo II de nuestra Constitución,
L.P..R.A., Tomo 1, pág. 296, establece, en lo pertinente,
No se aprobarán leyes que menoscaben las obligaciones contractuales.
Esta disposición no constituye una prohibición
absoluta que impide el poder de reglamentación del Estado
TS93 KLCE2O1000212 cons. KLCE201000247 - 66
para beneficio del interés público. Bayrón Toro y. SerraZi
119 D.P.R. 605, 619 (1987); Werner Lambert Co. y. Tribunal
Superior, 101 D.P.R. 378, 394 (1973). No todo menoscabo de
una obligación contractual es contrario a la prohibición
constitucional. Bayrón Toro y. Serra, 119 D.P.R., a la
pág. 619.
Esta garantía tiene su fundamento racional en que
debe haber certeza en las consecuencias legales de lo
contratado. Así, una ley no debe modificar esas
consecuencias en perjuicio de uno de los contratantes
porque las partes asi lo confían. Warner. Lambert Co. y.
Tribunal Superior, 101 D.P..R., a la pág. 395.
Al considerar la validez de una ley conforme este
precept Constitucional aplica el criterio de
razonabjJ.idad. En ese sentido, el tribunal tiene que
establecer un balance razonable entre el interés social de
promover el bien común y el de proteger las transacciones
contractuales contra la aplicación arbitraria e
irrazonable de los estatutos. Bayrón Toro y. Serra, 119
D.P.R., a la pág. 620.
La razonabilidad de la ley se determina conside±ando
principalmente la sustancialidad del interés público
promovido por el estatuto y la magnitud del menoscabo
causado por su aplicación retroactiva. Werner Lambert Co.
y. Tribunal Superior, 101 D.P.R., a la pág. 396. Si el
menoscabo ocurre como consecuencia de una modificación
TS94 L
KLCE2O1000212 cons. KLCE201000247 67
razonable y necesaria para adelantar un interés público,
el tribunal sostendrá su validez. Bayrón Toro y. Serra,
119 D.P.R., a la pág. 621.
En este caso, según indicado, el Colegio es una
criatura legislativa, no una asociación privada. Por lo
tanto, no puede sostenerse que existe un contrato entre
partes privadas al cual aplique el citado precepto
constitucional. ~~7 De todas maneras, aún cuando se considerara que la
relación entre el Colegio y sus miembros es un contrato
entre partes privadas, éste se entiende como renovado
anualmente mediante el pago de la cuota. Así, los abogados
y abogadas que deseen formar parte de dicha entidad pueden
voluntariamente acoqerse sig-uiendo. el poi_edimiento
preceptuado mediante legislación...
Además, en las Expcsiciones de Motivos de las Leyes
impugnadas se establecen amplios fundamentos que
justifican la razonabilidad de tales medidas legislativas.
En ese sentido, el Colegio fue concebido como parte de un
esquema legislativo para que un abogado o una abogada
pudiera ejercer su profesión y el origen legislativo para
la práctica de la abogacía fue reevaluado, atemperándolo a
una realidad historica que demostraba que no existía
justificación par.i requerir una colegiación compulsoria.
Por lo tanto, se - desestimar esta reclamación.
TS95 ,: t~-~ L
KLCE201000212 cons. KLCE201000247 - 68
En resumen, consideradas las reclamaciones planteadas~
por el Colegio, concluimos que no existía impedimento para
deses-timarias según fue solicitado al TPI y éste incidió
al así no proceder. Por lo tanto, procede revocar el
dictamen recurrido.
Iv.
Por los fundamentos expresados, se expide el auto de
certjorarj, se revoca el dictamen recurrido y se desestima
la petición enmendada del recurrido.
Adelántese inmediatamente por correo electrónico o
tele±ax o teléfono y.notifíquese posteriomente por la via
ordinaria -
Lo acordé y manda el Tribunal y lo certjfica la
Secretaria del Tribunal... ..,
~ RR’ER;. Dimane Alicea’ Lozada Secretaria del Tribunal de Apelaciones
TS 96 EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Colegio de Abogados de * Puerto Rico por sí, * representado por su Presidente, * Arturo Luis Hernández González, * y en representación de sus * miembros * * Peticionarios * * v. * CC-2010-606 * * Estado Libre Asociado de * Puerto Rico; Hon. Luis Fortuño * Burset; Oficina de * Certiorari Administración de los Tribunales * y Hon. Sonia Ivette Vélez Colón * * Recurridos * * John E. Mudd * * Interventor-Recurrente * * *********************************
Voto Disidente emitido por el Juez Presidente SEÑOR HERNÁNDEZ DENTON
San Juan, Puerto Rico, a 17 de marzo de 2011.
El día de hoy, este Tribunal adjudica sumariamente una
controversia de altísimo interés público. Contrario a lo
resuelto por una mayoría de este Tribunal, expediríamos el
recurso de autos por entender que la naturaleza e
importancia de las controversias constitucionales ante nos
ameritan el pronunciamiento de este Tribunal.
Como se sabe, la colegiación compulsoria ha sido un
tema de constante discusión pública en nuestro País. A CC-2010-606 2
pesar de que habíamos expresado que ésta encuentra su
justificación legal y su legitimidad tanto en el poder de
razón de Estado como en el poder inherente de este Tribunal
para regular la profesión legal y administrar la justicia,
la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 121 de 13 de
octubre de 2009 y la Ley Núm. 135 de 6 de noviembre de
2009, que, en esencia, eliminan la colegiación compulsoria
y le imponen una serie de requisitos al Colegio de Abogados
para su operación interna.
Para disponer del recurso, una mayoría de este
Tribunal ha optado por emitir una Resolución mediante la
cual sostiene que la acción de la Asamblea Legislativa es
un ejercicio válido de sus facultades constitucionales y,
además, ordena la publicación de la sentencia del Tribunal
de Apelaciones. Esto último, porque, de acuerdo con los
compañeros jueces, “esa sentencia expone de manera correcta
el derecho aplicable”.
No obstante, al desatender el recurso de autos, este
Tribunal deja en el aire múltiples cuestionamientos que
merecen nuestra cuidadosa atención. Sin que de ningún modo
el siguiente listado sea exhaustivo, algunas de estas
interrogantes no resueltas son:
(1) ¿Constituye la referida acción legislativa una
intromisión indebida que viola la separación de poderes
frente a nuestro poder inherente de regular la profesión
jurídica y la jurisdicción permanente que decidimos asumir CC-2010-606 3
tras el caso de Colegio de Abogados v. Schneider II, 117
D.P.R. 504 (1986)?;
(2) ¿se viola el derecho a la igual protección de las
leyes al brindarle al Colegio de Abogados un trato distinto
al que reciben otras organizaciones profesionales?;
(3) ¿constituyen las referidas leyes una
reglamentación inoficiosa del derecho a la libertad de
expresión del Colegio como organización por virtud del
contenido de sus expresiones públicas pasadas, a la luz del
voluminoso historial legislativo?;
(4) siendo el Colegio -por vía legislativa- una
organización de membresía voluntaria, ¿puede la Asamblea
Legislativa proscribir determinado contenido de su
Reglamento u operación administrativa?
A nuestro entender, las controversias planteadas en
este caso requieren unos pronunciamientos de este Tribunal
sobre la separación de poderes, particularmente en lo que
respecta a las facultades para reglamentar el ejercicio de
la abogacía y derechos constitucionales de la más alta
jerarquía, como la libertad de expresión y asociación, que
reclaman los peticionarios.
Al adjudicar estas controversias, no se debe pasar por
alto el hecho de que el Tribunal Supremo de los Estados
Unidos ha expresado en varias ocasiones que no existe razón
constitucional para impedir que se le obligue a un
profesional a pertenecer a una asociación cuyos fines éste
no apruebe. Lathrop v. Donoheu, 367 U.S. 820 (1961); Abood CC-2010-606 4
v. Detroit Board of Education, 431 U.S. 209 (1977). Con
ello en mente, hemos expresado que:
[l]as singulares circunstancias sociopolíticas puertorriqueñas… apoyan aun con mayor fuerza la constitucionalidad de la [colegiación compulsoria]. Los intereses públicos en la creación de una sociedad vigorosamente pluralista, en el mejoramiento de la abogacía y en la buena marcha del sistema judicial pesan decididamente más que las inconveniencias personales que pueda acarrear en ciertos casos la colegiación obligatoria. El derecho a la no asociación, derivable del derecho contrario consagrado en la constitución… cede ante los intereses señalados. Colegio de Abogados de P.R. v. Schneider I, 112 D.P.R. 540, 549 (1982).
No cabe duda, pues, de que existen profundos y
medulares cuestionamientos sobre la validez de la acción
legislativa que no fueron atendidos debidamente por el
Tribunal de Apelaciones. En consecuencia, no podemos dejar
de preguntarnos: ¿han cambiado las condiciones
sociopolíticas de Puerto Rico al punto de no requerir la
colegiación de los abogados? ¿Hemos sido persuadidos de
ello en el ejercicio de nuestro poder inherente? ¿Será este
el principio de la descolegiación de profesiones tales como
la medicina, la contabilidad pública o la ingeniería?
A nuestro entender, el denegar este recurso bajo el
fundamento de que el Tribunal de Apelaciones resolvió “de
manera correcta el derecho aplicable” constituye una
indebida delegación de nuestra obligación de ser máximos
intérpretes de nuestra Constitución. Este caso contiene
precisamente el tipo de controversia que nos corresponde
atender como foro de última instancia. CC-2010-606 5
De otra parte, discrepamos de las expresiones sobre
los méritos de la controversia que se consignan en la
Resolución. La exposición detallada que se hace sobre el
escrutinio aplicable a una acción legislativa de requerir
la colegiación obligatoria de un grupo profesional causa
profunda incertidumbre sobre ciertas disposiciones
legislativas vigentes que afectan otras profesiones y el
alcance de nuestra Constitución en cuanto al derecho a
asociarse libremente. Véase, a modo de ejemplo, las
siguientes disposiciones que actualmente exigen la
colegiación de varias profesiones en nuestro País: Art. 12
de la Ley Núm. 211 de 12 de agosto de 2004, 20 L.P.R.A.
sec. 3313 (Colegio de Actores); Art. 10 de la Ley Núm. 2 de
23 de febrero de 1990, 20 L.P.R.A. sec. 2377 (Colegio de
Administradores de Servicios de Salud); Art. 21 de la Ley
Núm. 265 de 13 de diciembre de 2006, 20 L.P.R.A. sec. 653
(Colegio de Agrónomos); Sec. 3 de la Ley Núm. 96 de 6 de
julio de 1978, 20 L.P.R.A. sec. 753 (Colegio de
Arquitectos); Art. 4 de la Ley Núm. 102 de 27 de junio de
1969, 20 L.P.R.A. sec. 1064 (Colegio de Choferes); Art. 3
de la Ley Núm. 75 de 31 de mayo de 1973, 20 L.P.R.A. sec.
795 (Colegio de Contadores Públicos Autorizados); Art. 4 de
la Ley Núm. 54 de 21 de mayo de 1976, 20 L.P.R.A. sec. 2604
(Colegio de Delineantes); Art. 4 de la Ley Núm. 244 de 14
de agosto de 1998, 20 L.P.R.A. sec. 2247 (Colegio de
Diseñadores y Decoradores de Interiores); Art. 3 de la Ley
Núm. 122 de 12 de junio de 1980, 20 L.P.R.A. sec. 2013 CC-2010-606 6
(Colegio de Peritos Electricistas); Art. 6 de la Ley Núm. 9
de 20 de marzo de 1972, 20 L.P.R.A. sec. 2116 (Colegio de
Especialistas de Belleza); Art. 3 de la Ley Núm. 12 de 29
de septiembre de 1980, 20 L.P.R.A. sec. 733 (Colegio de
Ingenieros y Agrimensores); Sec. 1 de la Ley Núm. 130 de 18
de junio de 1973, 20 L.P.R.A. sec. 960 (Colegio de Maestros
y Oficiales Plomeros); Sec. 5 de la Ley Núm. 107 de 10 de
julio de 1986, 20 L.P.R.A. sec. 2971a (Colegio de Médicos
Veterinarios); Sec. 13 de la Ley Núm. 124 de 23 de julio de
1974, 20 L.P.R.A. sec. 2192 (Colegio de Nutricionistas y
Dietistas); Art. 4 de la Ley Núm. 129 de 17 de diciembre de
1993, 20 L.P.R.A. sec. 545c (Colegio de Optómetras); Art. 3
de la Ley Núm. 153 de 9 de mayo de 1941, 20 L.P.R.A. sec.
493 (Colegio de Químicos); Art. 20 de la Ley Núm. 36 de 20
de mayo de 1970, 20 L.P.R.A. sec. 2070 (Colegio de Técnicos
de Refrigeración y Aire Acondicionado); Sec. 5 de la Ley
Núm. 56 de 13 de julio de 2001, 20 L.P.R.A. sec. 73g
(Colegio de Médicos Cirujanos); Art. 5 de la Ley Núm. 64 de
3 de julio de 1986, 20 L.P.R.A. sec. 2105b (Colegio de
Técnicos Dentales); Art. 4 de la Ley Núm. 50 de 30 de junio
de 1986, 20 L.P.R.A. sec. 2145c (Colegio de Técnicos y
Mecánicos Automotrices); Art. 6 de la Ley Núm. 44 de 30 de
mayo de 1972, 20 L.P.R.A. sec. 2156 (Colegio de Tecnólogos
Médicos); Art. 3 de la Ley Núm. 171 de 11 de mayo de 1940,
20 L.P.R.A. sec. 823 (Colegio de Trabajadores Sociales);
Sec. 5 de la Ley Núm. 306 de 15 de septiembre de 2004, 20
L.P.R.A. sec. 211d (Colegio de Profesionales de la CC-2010-606 7
Enfermería); Art. 5 de la Ley Núm. 26 de 20 de julio de
2005, 20 L.P.R.A. sec. 235d (Colegio de Enfermería Práctica
Licenciada). En suma, adelantar criterios sobre
controversias que el Tribunal optó por no atender ahora, es
análogo a emitir una opinión consultiva. Ello va en contra
de precedentes firmemente arraigados de este Tribunal.
Peor aún, como demuestra el listado que antecede, el nuevo
escrutinio adelantado hoy mediante la Resolución del
Tribunal pone en peligro de extinción la mitad de la
legislación incluida en el Tomo 20 de la colección “Leyes
de Puerto Rico Anotadas”.1
1 No podemos pasar por alto que las fuentes de derecho citadas por los compañeros jueces en la Resolución del Tribunal, para sostener que una limitación a la libertad a no asociarse es constitucional solamente si el Estado demuestra un interés apremiante, son muy distinguibles al caso de autos. En NAACP v. Button, 371 U.S. 415 (1963), el Tribunal Supremo de los Estados Unidos invalidó un estatuto de Virginia que le impedía a los demandantes acercarse a posibles litigantes para ofrecerles representación legal en casos de desegregación. En casos donde el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se ha enfrentado específicamente a la colegiación compulsoria de abogados, ha aplicado un escrutinio racional:
Both in purport and in practice the bulk of State Bar activities serve the function, or at least so Wisconsin might reasonably believe, of elevating the educational and ethical standards of the Bar to the end of improving the quality of the legal service available to the people of the State, without any reference to the political process. It cannot be denied that this is a legitimate end of state policy. Lathrop v. Donohue, 367 U.S. 820, 843 (1961). (Énfasis suplido).
Asimismo, la nota de Revista Jurídica del estudiante de U.C. Davis que citan los compañeros jueces analiza el caso de Clingman v. Beaver, 544 U.S. 581 (2005). En ese caso, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos validó un estatuto de Oklahoma que le impedía a personas registradas CC-2010-606 8
Por todo lo anterior, expediríamos el auto y pautaríamos
la normativa aplicable sobre las diferentes y complejas
controversias constitucionales presentadas en este recurso.
Además, ante el hecho de que este caso se encontraba en una
etapa inicial de descubrimiento de prueba cuando fue
acogido por el foro apelativo intermedio, celebraríamos una
vista oral para brindarle una oportunidad a las partes de
que expongan sus diversas posiciones.
Hace un cuarto de siglo manifestamos la importancia del
Colegio de Abogados de Puerto Rico para nuestra profesión
cuando nos unimos a la Opinión del Tribunal en Colegio de
Abogados v. Schneider II, supra, emitida por voz del
entonces Juez Presidente señor Pons Nuñez:
El Colegio de Abogados ha cumplido adecuadamente las obligaciones que le impuso la ley que lo creó. Ha contribuido al mejoramiento de la administración de la justicia; ha formulado informes; ha contestado consultas reclamadas por el Gobierno; ha defendido con celo los derechos e inmunidades de los abogados procurando que éstos gocen ante los tribunales de la libertad necesaria para el buen desempeño de su profesión; ha promovido relaciones fraternales entre sus miembros, y ha velado por el sostenimiento de una saludable moral profesional entre los colegiados. También ha contribuido a enriquecer la vida intelectual de los abogados y ha fortalecido la aspiración colectiva a una sociedad democrática al amparo de la ley. Íd. págs. 513-14.
Una vez más, me reafirmo en esas expresiones. Por la
importancia de esta institución en nuestra sociedad, el
____________________________
en un partido político votar por candidatos de una primaria de otro partido.
CC-2010-606 9
Colegio de Abogados de Puerto Rico merecía su día en corte
y, con la decisión de hoy, se lo hemos denegado.
Federico Hernández Denton Juez Presidente EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Colegio de Abogados de Puerto
Rico por sí, representado por su Presidente, Arturo Luis Hernández González, y en representación de sus miembros
v. CC-2010-606 Estado Libre Asociado de Puerto Rico; Hon. Luis Fortuño Burset; Oficina de Administración de los Tribunales y Hon. Sonia Ivette Vélez Colón
Voto particular disidente emitido por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez
San Juan, Puerto Rico, a 17 de marzo de 2011
Disiento de la decisión que hoy toma una mayoría de los
miembros de este Tribunal que rehúsa revisar la determinación
del tribunal apelativo intermedio en este caso, en el cual se
validó la acción legislativa de descolegiar la profesión
legal en Puerto Rico. Ello supone incumplir con lo que es
nuestra principal función como tribunal de última instancia:
pautar el Derecho puertorriqueño. Pero más grave aún, la
decisión de la mayoría rinde a los pies de la Asamblea
Legislativa, nuestra prerrogativa centenaria de supervisar y
regular la profesión legal. Con su “inacción”, esa mayoría
convalida una acción que cercena poderes inherentes de este CC-2010-606 2
Tribunal. Con su “inacción”, la mayoría valida una actuación
de dudosa constitucionalidad.
Porque discrepo de este proceder, disiento del criterio
mayoritario.
I
La Asamblea Legislativa, a la usanza de los gobernadores
militares de finales del Siglo XIX, aprobó la Ley Núm. 121 de
13 de octubre de 2009 y la Ley Núm. 135 de 6 de noviembre de
2009, con el objetivo de derogar la colegiación compulsoria
de los abogados en Puerto Rico desmembrando la organización
centenaria que, con sus aciertos y desaciertos, le ha servido
bien al país. Véase, Orden General Núm. 20 promulgada por el
Gobernador Militar John R. Brooke en 1898.
El Colegio de Abogados de Puerto Rico (“el Colegio”),
naturalmente, acudió el 22 de diciembre de 2009 ante el
Tribunal de Primera Instancia cuestionando la
constitucionalidad de ambas leyes. En esencia planteó lo
siguiente: que los estatutos aprobados constituían leyes de
proscripción contra el Colegio; usurpaban los poderes de esta
Curia para reglamentar la profesión de la abogacía; violaban
la separación de poderes, la libertad de expresión y de
asociación del Colegio y sus miembros, así como la igual
protección de las leyes; y que menoscababa la relación
contractual entre el Colegio y los colegiados, entre otros
asuntos. Posteriormente, el 19 de enero de 2010, el Colegio
presentó una demanda enmendada y suplementaria en la cual
expandió sus alegaciones fácticas. En el ínterin, la parte
demandada y el interventor, Lcdo. John E. Mudd, habían CC-2010-606 3
presentado sendas mociones de desestimación y sentencia
sumaria. El foro primario había aceptado la demanda
enmendada y se había negado a desestimarla.
Así las cosas, el interventor acudió ante el Tribunal de
Apelaciones y solicitó que se paralizaran los procedimientos
en instancia. Tras el Estado presentar su propio recurso de
certiorari, el foro apelativo intermedio consolidó los
recursos y paralizó los procedimientos en el Tribunal de
Primera Instancia, y le ordenó a éste que fundamentara su
negativa de desestimar la demanda presentada.
El foro primario emitió una resolución en cumplimiento
de orden en la cual expuso las razones para denegar las
mociones dispositivas presentadas por el demandado y el
interventor. En síntesis, expresó que existían hechos en
controversia y que una mera alegación a los efectos de que la
parte demandante carecía de prueba para sustentar sus
reclamos era insuficiente para desestimar la acción. Razonó
que era necesario escuchar a las partes y examinar aquella
evidencia que pudieran presentar los demandantes antes de
tomar una determinación en el caso. Luego de que el foro
apelativo intermedio ordenara una segunda resolución
explicativa, el tribunal primario expuso que las mociones
dispositivas se habían tornado inoficiosas pues éstas se
presentaron contra la petición original de los demandantes y
no fueron instadas nuevamente luego de que los demandantes
presentaran su demanda enmendada. De igual forma, reiteró
que era necesario brindar a los demandantes la oportunidad de CC-2010-606 4
presentar su prueba para determinar si procedía el remedio de
injunction.
El 18 de mayo de 2010, tras recibir los alegatos de las
partes, el Tribunal de Apelaciones dictó sentencia mediante
la cual revocó al foro primario. Aquél determinó que las
mociones dispositivas podían atacar la demanda enmendada y
que las controversias entre las partes eran estrictamente de
derecho. Luego concluyó que los demandantes no tenían
derecho a remedio alguno, ya que las Leyes Núm. 121 y 135,
supra, sólo pretendían regular los procedimientos de una
“criatura legislativa”: el Colegio. Insatisfechos con la
referida determinación, el Colegio de Abogados de Puerto Rico
presentó ante esta Curia un recurso de certiorari el 12 de
julio de 2010.
Debido a que considero que el presente recurso encierra
controversias de gran envergadura para la profesión jurídica
del país así como para el propio Tribunal, me parece
incomprensible que una mayoría de este Tribunal haya
determinado no considerar este recurso. Forzosamente tengo
que disentir.
II.
El caso ante nuestra consideración presenta asuntos de
suma importancia que estimo merecen un examen detenido,
sereno y objetivo por este Tribunal. Este no es el tipo de
caso que debe resolverse mediante un “no ha lugar”.1
1 La “explicación” ofrecida en la Resolución certificada no refleja el dictamen razonado que ameritaba la controversia planteada en este caso.
CC-2010-606 5
En primer lugar, hoy debíamos examinar si la Asamblea
Legislativa habría rebasado los contornos de sus poderes,
afectando el delicado balance entre Ramas del Estado diseñado
por nuestra Constitución, quebrantando, en ese proceso,
nuestros precedentes en materia de separación de poderes.
Entre otros, nos enfrentamos a una controversia sobre la
usurpación por la Legislatura del poder inherente de la Rama
Judicial para regular el ejercicio de la abogacía. In re
Reichard Hernández, 2011 T.S.P.R. 8, págs. 6-7, 180 D.P.R. __
(2011). Ello ya que las Leyes Núm. 121 y 135, supra,
eliminan la colegiación compulsoria que entendimos
imprescindible hace décadas, como exigencia de ese poder
inherente. Véanse, Colegio de Abogados v. Schneider I, 112
D.P.R. 540 (1982); Colegio de Abogados v. Schneider II, 117
D.P.R. 504 (1986).
De otra parte, estas leyes también exigen que este Foro
promulgue cierta reglamentación bajo ciertos términos, así
como también nos ordena cómo debemos manejar los fondos que
podríamos recibir si decidimos establecer una cuota. De
igual forma los estatutos impugnados, por ejemplo: disponen
que si adoptamos dicha cuota, no podría ser mayor a $200.00;
si tenemos a bien modificarla posteriormente, mandan a
consignar las justificaciones para ello; establecen cómo han
de identificarse los abogados ante los tribunales; nos
ordenan notificar a todos los abogados sobre los efectos de
las leyes en cuestión y a expedir tarjetas de identificación
para los abogados que decidan no colegiarse. Estas
“directrices”, que se refieren a cómo debemos descargar CC-2010-606 6
nuestro poder inherente para regular la profesión legal
además de incidir directamente sobre nuestras prerrogativas
sobre la administración de nuestros asuntos internos, se
revela, como poco, de dudosa validez constitucional.
Por otro lado, hay que destacar que consideramos que la
unidad institucional de abogados es presupuesto legítimo y
necesario para el ejercicio de la profesión legal y ello se
encuentra inmerso, y es consustancial con, el mandato de la
Constitución que crea “un sistema judicial unificado en lo
concerniente a jurisdicción, funcionamiento y
administración”. Art. V, Sec. 2, Const. E.L.A., 1 L.P.R.A.
La eficiente administración de la Justicia es la aspiración
que quedó plasmada en el Artículo V de la Constitución sobre
el Poder Judicial. Le corresponde a esta Curia garantizarla
para que este mandato deje de ser mero anhelo para
convertirse en realidad. Este designio no tan solo fue un
valor latente en las discusiones acaecidas durante los
debates de la Convención Constituyente, sino que se recoge
expresamente en el Informe que la Comisión de la Rama
Judicial le presentó a la Convención Constituyente. 4 Diario
de Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico,
1962, págs. 2608-14. Véase, Colegio de Abogados de P.R. v.
Schneider I, ante (Negrón García, J., op. concurrente).
Con lo cual, no se requiere “mucha elucidación para
comprender que la asociación compelida y la reglamentación de
la profesión de abogados está inexorablemente atada a esa
eficaz gestión pro la justicia. No es posible entonces
divorciar una de la otra; el sistema judicial integrado es la CC-2010-606 7
médula de la dinámica operacional constitucional y también va
de la mano con el régimen unificado de colegiación
compulsoria.” Colegio de Abogados de P.R. v. Schneider I,
ante, pág. 558 (Negrón García, J., op. concurrente).
Hace un siglo, este Tribunal sostuvo que “[l]a misión de
los abogados en la sociedad es altamente noble, pues están
llamados a auxiliar a la recta administración de justicia.
En ellos confían, no sólo las partes interesadas en los
pleitos, sino las cortes mismas.” In re Díaz, 16 D.P.R. 82,
92 (1910). En época reciente, al actualizar ese pensamiento
centenario, indicamos que “la abogacía cumple una función
social de notable importancia por su aportación
imprescindible a la realización de la Justicia. El abogado,
además de defensor de su cliente, es colaborador de la
Justicia.” In re Hoffman Mouriño, 170 D.P.R. 968, 980
(2007). Y es que la abogacía es un ejercicio de una actividad
esencial para la realización de la justicia y los valores y
principios constitucionales. Véase, Antonio Hernández Gil,
La Función Social del Abogado y la Abogacía, Revista
Abogados, febrero, 2008, pág. 35. Tan es así, que hemos
expresado que “[l]a responsabilidad sobre la buena marcha del
proceso judicial es compartida entre todos los estamentos que
intervienen en estos procesos, por lo que es compromiso
ineludible de todo abogado”. In re Dávila Toro, res. el 30
de agosto 2010, 2010 T.S.P.R. 195, pág. 9, 179 D.P.R. ___
(2010). Todo lo cual nos lleva a cuestionarnos, con rigor,
la validez constitucional de las leyes aprobadas por la CC-2010-606 8
Asamblea Legislativa que minan la estabilidad del Colegio de
Abogados.
Como si ello fuera poco, en el caso de autos debíamos
determinar si las Leyes Núm. 121 y Núm. 135, supra, infringen
derechos fundamentales del Colegio y sus miembros, como el
derecho a la libertad de expresión y a la libre asociación
cobijados por la Sección 4 del Artículo II de nuestra
Constitución. Art. II, Sec. 4, Const. E.L.A., 1 L.P.R.A.
Igualmente, el presente recurso nos brindaba la oportunidad
de expresarnos en torno a si las leyes impugnadas constituyen
legislación de proscripción (bills of attainder), prohibidas
bajo la Constitución de Estados Unidos. Art. I, Sec. 9,
Const. E.U.A. Este tipo de leyes están vedadas ya que
representan castigos impuestos por la Legislatura sin que los
tribunales realicen un juicio. U.S. v. Brown, 381 U.S. 437
(1965); Cummings v. Missouri, 71 U.S. 277 (1866). Ello no
obstante, la mayoría desoye estos reclamos y se niega
permitirle al Colegio presentar prueba para sustentar sus
reclamos constitucionales. En correcta técnica adjudicativa,
ello era necesario para sustentar varios de los reclamos de
índole constitucional presentados por el Colegio de Abogados.
Es evidente que las Leyes Núm. 121 y Núm. 135, ante,
afectan sustancialmente la organización del Colegio y las
funciones de esta Curia. A su vez, levantan controversias
trascendentales de talante constitucional. Empero, hoy la
mayoría del Tribunal rechaza enfrentarse a las interrogantes
antes reseñadas. No puedo suscribir con mi voto tal
proceder. CC-2010-606 9
Era necesario atender el presente recurso. Se trata de
reclamos serios elaborados por una de las instituciones más
antiguas de nuestro país, la cual ha puesto todo su empeño en
promover el mejor bienestar de los miembros de la clase
togada y la protección de los derechos de la población en
general; haciendo realidad el valor que postula que la
abogacía es antes, sustancia social, que formalismo jurídico.
Hernández Gil, ante. Basta recordar algunos de nuestros
pasados pronunciamientos:
El Colegio de Abogados ha cumplido adecuadamente las obligaciones que le impuso la ley que lo creó. Ha contribuido al mejoramiento de la administración de la justicia; ha formulado informes; ha contestado consultas reclamadas por el Gobierno; ha defendido con celo los derechos e inmunidades de los abogados procurando que éstos gocen ante los tribunales de la libertad necesaria para el buen desempeño de su profesión; ha promovido relaciones fraternales entre sus miembros, y ha velado por el sostenimiento de una saludable moral profesional entre los colegiados. También ha contribuido a enriquecer la vida intelectual de los abogados y ha fortalecido la aspiración colectiva a una sociedad democrática al amparo de la ley. El Colegio es una entidad democrática. Su Presidente, su Junta de Gobierno y las directivas de las Delegaciones son electos en asambleas que garantizan a todos los colegiados la participación, libre expresión y el derecho a presentar y debatir resoluciones. En la asamblea anual se aprueba el presupuesto de la institución. La vida institucional propicia la participación abierta y la tolerancia. La institución ha alentado la libertad de expresión entre sus colegiados y entre los ciudadanos. Mediante el pago de un canon preestablecido permite el uso de algunos de sus recursos físicos a toda persona, natural o jurídica, que interese ejercer la libertad de expresión garantizada por las disposiciones constitucionales aplicables. Por reglamento, exime de dicho canon a determinadas instituciones íntimamente relacionadas con las funciones que le han sido encomendadas al Colegio, principalmente compuestas por abogados o estudiantes de derecho. CC-2010-606 10
Como foro libre para la profesión y para la comunidad el Colegio ha propiciado exhibiciones artísticas, artesanales y, en síntesis, ha contribuido a mejorar la calidad de la vida. La institución juega un papel importante en el desarrollo vital del país. . . . . En resumen, el estudio de la prueba revela la multidimensionalidad de las actividades del Colegio y en casi su totalidad su íntima relación con la profesión y fines y propósitos del Colegio.
Colegio de Abogados v. Schneider II, ante, págs. 513-18.
Al concluir,2 hago mías expresiones del Juez Asociado
señor Negrón García en Colegio de Abogados v. Schneider, I,
ante, págs. 559-60, las cuales, sin duda, no han perdido su
vigencia con el transcurso del tiempo: “Como toda institución
humana el Colegio de Abogados no es infalible. Las fallas
del pasado o recientes en que haya podido incurrir, el
desagrado de algunos de sus miembros a sus pronunciamientos
públicos, no . . . son razones de peso suficientes para la
destrucción de una institución de hondo arraigo en la
sociedad puertorriqueña, que históricamente se ha distinguido
como foro abierto de libertad y en la protección de
innumerables causas meritorias.” (Énfasis suplido).
Deberíamos todos dedicarnos a construir −no a abatir
para extinguir− instituciones que le sirven bien no sólo a
los miembros de su gremio, sino a la sociedad en general
ofreciendo espacios para la discusión libre, abierta y
enriquecedora de los distintos asuntos que se dilucidan en el
país; que actúa como fuerza de defensa de los derechos en
2 Aclaro que sólo he esbozado algunas de las controversias que se plantean en este caso.
CC-2010-606 11
todos los aspectos de la vida social, cultural y política, y
no al margen de ellos. De esta forma se fortalece y crece
toda sociedad que se presuma madura, democrática y plural.
Porque en esto creo, estoy compelida a disentir del
criterio de la mayoría.
Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada
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2011 TSPR 36, Counsel Stack Legal Research, https://law.counselstack.com/opinion/colegio-de-abogados-de-puerto-rico-v-ela-y-otros-prsupreme-2011.