ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO TRIBUNAL DE APELACIONES PANEL II
BANCO POPULAR DE Apelación PUERTO RICO procedente del Tribunal de Primera Parte Apelada Instancia, Sala Superior de v. TA2025AP00663 Aguadilla
ÁNGEL L. QUIÑÓNEZ Caso Núm.: GONZÁLEZ, BETSY GB2025CV00542 MARIE CORTÉS VÉLEZ Y LA SOCIEDAD LEGAL DE Sala: 601 BIENES GANANCIALES COMPUESTA POR Sobre: AMBOS Cobro de Dinero
Parte Apelante Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, el Juez Rodríguez Flores y la Jueza Díaz Rivera.
Díaz Rivera, Jueza Ponente
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 12 de marzo de 2026.
Comparecen ante nos Ángel L. Quiñones González y Betsy M.
Cortés Vélez (en conjunto, los apelantes), por derecho propio, y nos
solicitan que revisemos y revoquemos una Sentencia Parcial emitida
el 13 de noviembre de 2025 y notificada el 14 de noviembre de 2025,
por el Tribunal de Primera Instancia (TPI o foro primario), Sala
Superior de Aguadilla. Mediante dicho dictamen, el TPI decretó el
archivo de la Demanda, con perjuicio, a favor de Betsy M. Cortés
Vélez y desestimó las dos (2) Reconvenciones presentadas por los
apelantes.
Asimismo, nos solicitan que revisemos una Orden emitida y
notificada el 12 de noviembre de 2025, mediante la cual el foro
primario declaró No Ha Lugar la solicitud de sentencia en rebeldía
en cuanto a las Reconvenciones presentadas.
Por los fundamentos que expondremos a continuación, se
desestima el recurso de apelación presentado.
I.
El 13 de junio de 2025, el Banco Popular de Puerto Rico
(apelada) instó una Demanda sobre cobro de dinero y ejecución de TA2025AP00663 2
gravamen mobiliario en contra de los apelantes. Luego de varios
incidentes procesales, innecesarios pormenorizar, el 17 de
septiembre de 2025, Ángel L. Quiñones González presentó una
Contestación a Demanda Enmendada y Reconvención. Ese mismo
día, Betsy M. Cortés Vélez también presentó una Contestación a
Demanda Enmendada y Reconvención.
Entretanto, el 29 de septiembre de 2025, los apelantes
presentaron una Moción Solicitando Sentencia en Rebeldía sobre la
Reconvención. En igual fecha, la parte apelada presentó una Moción
en Cumplimiento de Orden y en Solicitud de Prórroga para Contestar
la Reconvención. Acaecidos varios incidentes procesales, el 30 de
octubre de 2025, los apelantes presentaron una Moción Solicitando
Sentencia en Anotación de Rebeldía sobre Reconvenciones. En la
misma, solicitó que se declare en rebeldía a la parte apelada por no
haber presentado su alegación responsiva a la Reconvención dentro
del término concedido y que se dictara sentencia adjudicando los
daños compensatorios solicitados.
El 30 de octubre de 2025, la parte apelada presentó una
Moción en Solicitud de Autorización de Desistimiento y Solicitud de
Desestimación de Reconvención. En esta, solicitó, entre otras cosas,
la desestimación de la Reconvención por dejar de exponer una
reclamación que justifique la concesión de un remedio. Argumento
que, la Reconvención presentada por Betsy M. Cortés Vélez se limita
a planteamientos de carácter defensivo sobre su relación con Ángel
L. Quiñones González y la existencia de capitulaciones
matrimoniales. Así, sostuvo que dicho planteamiento no constituye
una causa de acción de reconvención. De igual forma, ese mismo
día, la parte apelada presentó una Solicitud de Desestimación de
Reconvención en cuanto a la Reconvención que presentó Ángel L.
Quiñones González. TA2025AP00663 3 En desacuerdo, el 31 de octubre de 2025, Ángel L. Quiñones
González, presentó una Moción en Oposición a Solicitud de
Desestimación […]. Arguyó que no procede la desestimación de la
Reconvención, pues el incluir a su esposa en la Demanda, a pesar
de que no firmó el contrato y ante la existencia de capitulaciones
matrimoniales, les ha causado daños emocionales, peleas
matrimoniales, humillación pública y violaciones a sus derechos
constitucionales.
Posteriormente, el 12 de noviembre de 2025, el foro primario
emitió una Orden mediante la cual declaró No Ha Lugar la solicitud
de sentencia en rebeldía en cuanto a las Reconvenciones
presentadas. Subsiguientemente, el 13 de noviembre de 2025, el TPI
dictó Sentencia Parcial mediante la cual decretó el archivo de la
Demanda, con perjuicio, a favor de Betsy M. Cortés Vélez y
desestimó las dos (2) Reconvenciones presentadas por los apelantes.
Inconforme, el 11 de diciembre de 2025, la parte apelante
compareció ante nos mediante un Recurso de Certiorari, el cual
acogemos como un recurso de apelación por ser el recurso correcto
en derecho. Mediante dicho recurso, la parte apelante alegó la
comisión de los siguientes errores:
1. El TPI erró al desestimar las reconvenciones bajo la regla 10.2 sin analizar ningún hecho material ni aplicar el estándar correcto.
2. El TPI violó el debido proceso al no permitir vista, evidencia, ni oportunidad a ser oídos.
3. El TPI ignoró que BPPR no contestó las reconvenciones en tiempo, lo que implica admisión de hecho o la procedencia de sentencia en rebeldía.
4. El Tribunal no aplicó la regla de interpretación liberal a escritos pro se.
5. El TPI emitió Sentencia parcial mientras existían controversias activas, procesos pendientes y hechos en disputa.
6. El TPI omitió considerar la entrada de sentencia en rebeldía y/o admisión de hechos por parte de BPPR.
El 17 de diciembre de 2025, emitimos una Resolución
concediéndole un término de veinte (20) días a la parte apelada para TA2025AP00663 4
presentar su posición al recurso. El 7 de enero de 2026, la parte
apelada presentó un Alegato en Oposición. Así las cosas, el 26 de
enero de 2026, la parte apelante presentó una Réplica al Alegato en
Oposición. Contando con el beneficio de la comparecencia de todas
las partes, procedemos a resolver.
II.
A. La jurisdicción
Como es sabido, “[la] jurisdicción es el poder o autoridad de
un tribunal para considerar y decidir casos y controversias”.
Municipio de Aguada v. W Construction, LLC, 214 DPR 432 (2024).
Véase, además, RB Power, Inc. v. Junta de Subastas ASG, 213 DPR
685 (2024); Pueblo v. Torres Medina, 211 DPR 950 (2023); Cobra
Acquisitions v. Mun. Yabucoa et al., 210 DPR 384 (2022). Así, para
adjudicar un caso el tribunal debe tener tanto jurisdicción sobre la
materia como sobre las partes litigiosas. Cobra Acquisitions v. Mun.
Yabucoa et al., supra, pág. 394. Por consiguiente, el primer factor a
considerar en toda situación jurídica que se presente ante un foro
adjudicativo es el aspecto jurisdiccional. RB Power, Inc. v. Junta de
Subastas de la ASG PR, supra; Torres Alvarado v. Maderas Atiles,
202 DPR 495 (2019).
En ese sentido, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha
enfatizado consistentemente que la falta de jurisdicción trae consigo
las consecuencias siguientes: (1) no es susceptible de ser
subsanada; (2) las partes no pueden voluntariamente conferírsela a
un tribunal como tampoco puede éste arrogársela; (3) conlleva la
nulidad de los dictámenes emitidos; (4) impone a los tribunales el
ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción; (5) impone a
los tribunales apelativos el deber de examinar la jurisdicción del foro
de donde procede el recurso, y (6) puede presentarse en cualquier
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO TRIBUNAL DE APELACIONES PANEL II
BANCO POPULAR DE Apelación PUERTO RICO procedente del Tribunal de Primera Parte Apelada Instancia, Sala Superior de v. TA2025AP00663 Aguadilla
ÁNGEL L. QUIÑÓNEZ Caso Núm.: GONZÁLEZ, BETSY GB2025CV00542 MARIE CORTÉS VÉLEZ Y LA SOCIEDAD LEGAL DE Sala: 601 BIENES GANANCIALES COMPUESTA POR Sobre: AMBOS Cobro de Dinero
Parte Apelante Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, el Juez Rodríguez Flores y la Jueza Díaz Rivera.
Díaz Rivera, Jueza Ponente
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 12 de marzo de 2026.
Comparecen ante nos Ángel L. Quiñones González y Betsy M.
Cortés Vélez (en conjunto, los apelantes), por derecho propio, y nos
solicitan que revisemos y revoquemos una Sentencia Parcial emitida
el 13 de noviembre de 2025 y notificada el 14 de noviembre de 2025,
por el Tribunal de Primera Instancia (TPI o foro primario), Sala
Superior de Aguadilla. Mediante dicho dictamen, el TPI decretó el
archivo de la Demanda, con perjuicio, a favor de Betsy M. Cortés
Vélez y desestimó las dos (2) Reconvenciones presentadas por los
apelantes.
Asimismo, nos solicitan que revisemos una Orden emitida y
notificada el 12 de noviembre de 2025, mediante la cual el foro
primario declaró No Ha Lugar la solicitud de sentencia en rebeldía
en cuanto a las Reconvenciones presentadas.
Por los fundamentos que expondremos a continuación, se
desestima el recurso de apelación presentado.
I.
El 13 de junio de 2025, el Banco Popular de Puerto Rico
(apelada) instó una Demanda sobre cobro de dinero y ejecución de TA2025AP00663 2
gravamen mobiliario en contra de los apelantes. Luego de varios
incidentes procesales, innecesarios pormenorizar, el 17 de
septiembre de 2025, Ángel L. Quiñones González presentó una
Contestación a Demanda Enmendada y Reconvención. Ese mismo
día, Betsy M. Cortés Vélez también presentó una Contestación a
Demanda Enmendada y Reconvención.
Entretanto, el 29 de septiembre de 2025, los apelantes
presentaron una Moción Solicitando Sentencia en Rebeldía sobre la
Reconvención. En igual fecha, la parte apelada presentó una Moción
en Cumplimiento de Orden y en Solicitud de Prórroga para Contestar
la Reconvención. Acaecidos varios incidentes procesales, el 30 de
octubre de 2025, los apelantes presentaron una Moción Solicitando
Sentencia en Anotación de Rebeldía sobre Reconvenciones. En la
misma, solicitó que se declare en rebeldía a la parte apelada por no
haber presentado su alegación responsiva a la Reconvención dentro
del término concedido y que se dictara sentencia adjudicando los
daños compensatorios solicitados.
El 30 de octubre de 2025, la parte apelada presentó una
Moción en Solicitud de Autorización de Desistimiento y Solicitud de
Desestimación de Reconvención. En esta, solicitó, entre otras cosas,
la desestimación de la Reconvención por dejar de exponer una
reclamación que justifique la concesión de un remedio. Argumento
que, la Reconvención presentada por Betsy M. Cortés Vélez se limita
a planteamientos de carácter defensivo sobre su relación con Ángel
L. Quiñones González y la existencia de capitulaciones
matrimoniales. Así, sostuvo que dicho planteamiento no constituye
una causa de acción de reconvención. De igual forma, ese mismo
día, la parte apelada presentó una Solicitud de Desestimación de
Reconvención en cuanto a la Reconvención que presentó Ángel L.
Quiñones González. TA2025AP00663 3 En desacuerdo, el 31 de octubre de 2025, Ángel L. Quiñones
González, presentó una Moción en Oposición a Solicitud de
Desestimación […]. Arguyó que no procede la desestimación de la
Reconvención, pues el incluir a su esposa en la Demanda, a pesar
de que no firmó el contrato y ante la existencia de capitulaciones
matrimoniales, les ha causado daños emocionales, peleas
matrimoniales, humillación pública y violaciones a sus derechos
constitucionales.
Posteriormente, el 12 de noviembre de 2025, el foro primario
emitió una Orden mediante la cual declaró No Ha Lugar la solicitud
de sentencia en rebeldía en cuanto a las Reconvenciones
presentadas. Subsiguientemente, el 13 de noviembre de 2025, el TPI
dictó Sentencia Parcial mediante la cual decretó el archivo de la
Demanda, con perjuicio, a favor de Betsy M. Cortés Vélez y
desestimó las dos (2) Reconvenciones presentadas por los apelantes.
Inconforme, el 11 de diciembre de 2025, la parte apelante
compareció ante nos mediante un Recurso de Certiorari, el cual
acogemos como un recurso de apelación por ser el recurso correcto
en derecho. Mediante dicho recurso, la parte apelante alegó la
comisión de los siguientes errores:
1. El TPI erró al desestimar las reconvenciones bajo la regla 10.2 sin analizar ningún hecho material ni aplicar el estándar correcto.
2. El TPI violó el debido proceso al no permitir vista, evidencia, ni oportunidad a ser oídos.
3. El TPI ignoró que BPPR no contestó las reconvenciones en tiempo, lo que implica admisión de hecho o la procedencia de sentencia en rebeldía.
4. El Tribunal no aplicó la regla de interpretación liberal a escritos pro se.
5. El TPI emitió Sentencia parcial mientras existían controversias activas, procesos pendientes y hechos en disputa.
6. El TPI omitió considerar la entrada de sentencia en rebeldía y/o admisión de hechos por parte de BPPR.
El 17 de diciembre de 2025, emitimos una Resolución
concediéndole un término de veinte (20) días a la parte apelada para TA2025AP00663 4
presentar su posición al recurso. El 7 de enero de 2026, la parte
apelada presentó un Alegato en Oposición. Así las cosas, el 26 de
enero de 2026, la parte apelante presentó una Réplica al Alegato en
Oposición. Contando con el beneficio de la comparecencia de todas
las partes, procedemos a resolver.
II.
A. La jurisdicción
Como es sabido, “[la] jurisdicción es el poder o autoridad de
un tribunal para considerar y decidir casos y controversias”.
Municipio de Aguada v. W Construction, LLC, 214 DPR 432 (2024).
Véase, además, RB Power, Inc. v. Junta de Subastas ASG, 213 DPR
685 (2024); Pueblo v. Torres Medina, 211 DPR 950 (2023); Cobra
Acquisitions v. Mun. Yabucoa et al., 210 DPR 384 (2022). Así, para
adjudicar un caso el tribunal debe tener tanto jurisdicción sobre la
materia como sobre las partes litigiosas. Cobra Acquisitions v. Mun.
Yabucoa et al., supra, pág. 394. Por consiguiente, el primer factor a
considerar en toda situación jurídica que se presente ante un foro
adjudicativo es el aspecto jurisdiccional. RB Power, Inc. v. Junta de
Subastas de la ASG PR, supra; Torres Alvarado v. Maderas Atiles,
202 DPR 495 (2019).
En ese sentido, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha
enfatizado consistentemente que la falta de jurisdicción trae consigo
las consecuencias siguientes: (1) no es susceptible de ser
subsanada; (2) las partes no pueden voluntariamente conferírsela a
un tribunal como tampoco puede éste arrogársela; (3) conlleva la
nulidad de los dictámenes emitidos; (4) impone a los tribunales el
ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción; (5) impone a
los tribunales apelativos el deber de examinar la jurisdicción del foro
de donde procede el recurso, y (6) puede presentarse en cualquier
etapa del procedimiento, a instancia de las partes o por el tribunal
motu propio. MCS Advantage v. Fossas Blanco et al., 211 DPR 135 TA2025AP00663 5 (2023). Véase, además, Fuentes Bonilla v. ELA et al., 200 DPR 364
(2018); González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848 (2009).
Además, sabido es que ante la situación en la que un tribunal
carece de autoridad para atender un recurso, solamente procede
decretar la desestimación del caso ante su consideración. Lozada
Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898 (2011). Las cuestiones de
jurisdicción por ser privilegiadas deben ser resueltas con
preferencia, y de carecer un tribunal de jurisdicción lo único que
puede hacer es así declararlo. Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172
DPR 216 (2007). Véase, además, Carattini v. Collazo Syst. Analysis,
Inc., 158 DPR 345 (2003); Autoridad Sobre Hogares de P.R. v.
Sagastivelza, 71 DPR 436 (1950). Al hacer esta determinación, debe
desestimarse la reclamación sin entrar en los méritos de la
controversia. MCS Advantage v. Fossas Blanco et al., supra;
González Santos v. Bourns P.R., Inc., 125 DPR 48 (1989). En
consecuencia, la ausencia de jurisdicción es insubsanable. S.L.G.
Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675 (2011); Vázquez v.
A.R.P.E., 128 DPR 513 (1991).
Por lo tanto, un tribunal que carece de jurisdicción
únicamente tiene jurisdicción para así declararlo y desestimar el
caso. Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254 (2018). Véase,
además, Moreno González v. Coop. Ahorro Añasco, 177 DPR 854
(2010); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007). A
tenor con lo anterior, les corresponde a los tribunales ser los
guardianes de su jurisdicción, independientemente de que la
cuestión haya sido planteada anteriormente o no. Dávila Pollock et
als. v. R.F. Mortgage, 182 DPR 86 (2011). Véase, además, Moreno
González v. Coop. Ahorro Añasco, supra, pág. 859; S.L.G. Szendrey-
Ramos v. F. Castillo, supra. Así pues, de un tribunal dictar sentencia
sin jurisdicción, su decreto será jurídicamente inexistente o ultra
vires. Municipio de Aguada v. W Construction, LLC, supra citando a
Maldonado v. Junta Planificación, 171 DPR 46 (2007). TA2025AP00663 6
Cónsono con lo anterior, la Regla 83 de nuestro Reglamento,
según enmendada, In re Aprob. Enmdas. Reglamento TA, 2025 TSPR
42, pág. 115, 215 DPR __ (2025), la cual regula el desistimiento y la
desestimación, nos da la facultad para desestimar por iniciativa
propia un recurso de apelación o denegar la expedición de un auto
discrecional, entre otras razones, por falta de jurisdicción.
B. Perfeccionamiento del recurso de Apelación
El perfeccionamiento del recurso de apelación está regulado
en la Parte II del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.
Específicamente, la Regla 16 (C) del Reglamento del Tribunal de
Apelaciones, In re Aprob. Enmdas. Reglamento TA, 2025 TSPR 42,
pág. 31, supra, dispone, entre otras cosas, que:
(1) Todo escrito de apelación contendrá numerados, en el orden aquí dispuesto, los requerimientos siguientes:
(a) En la comparecencia, el nombre de las partes apelantes.
(b) Las citas de las disposiciones legales que establecen la jurisdicción y la competencia del tribunal.
(c) Una referencia a la sentencia cuya revisión se solicita, la cual incluirá el nombre y el número del caso, la Sala del Tribunal de Primera Instancia que la dictó y la Región Judicial correspondiente, la fecha en que fue dictada y la fecha en que se archivó en autos copia de su notificación. También, una referencia a cualquier moción, resolución u orden mediante las cuales se haya interrumpido y reanudado el término para presentar el escrito de apelación. La parte acreditará si, al momento de presentarse el recurso, existe algún otro recurso ante el Tribunal de Apelaciones o el Tribunal Supremo sobre el caso objeto del recurso. Además, si cualquiera de las partes, luego de la presentación del recurso, adviene en conocimiento de que se ha presentado otro recurso ante el Tribunal de Apelaciones, o el Tribunal Supremo, sobre el mismo caso, tendrá la obligación de informarlo al Tribunal de Apelaciones inmediatamente, mediante moción al respecto.
(d) Una relación fiel y concisa de los hechos procesales y de los hechos importantes y pertinentes del caso.
(e) Un señalamiento breve y conciso de los errores que a juicio de la parte apelante cometió el Tribunal de Primera Instancia.
(f) Una discusión de los errores señalados, incluyendo las disposiciones de ley y la jurisprudencia aplicables.
(g) La súplica.
El Tribunal Supremo de Puerto Rico señaló en Morán v. Martí,
165 DPR 365 (2005), la necesidad de discutir y fundamentar los TA2025AP00663 7 errores que se imputan al foro de instancia. Allí explicó que el
promovente del recurso tiene la obligación de poner en posición al
foro apelativo de aquilatar y jurisprudenciar el error señalado. Así
pues, nuestro máximo Foro reconoció que “solamente mediante un
señalamiento de error y una discusión, fundamentada, con
referencia a los hechos y a las fuentes de derecho en que se sustenta,
podrá el foro apelativo estar en posición de atender los reclamos que
le plantean”. Asimismo, señaló como más importante que “el craso
incumplimiento con estos requisitos impide que el recurso se
perfeccione adecuadamente privando de jurisdicción al foro
apelativo”. Íd.
Así, toda la reglamentación aplicable a los diversos recursos
apelativos requiere que el escrito contenga un señalamiento breve y
conciso de los errores que a juicio del promovente cometió el foro
recurrido. H. Sánchez Martínez, Práctica Jurídica de PR, Derecho
Procesal Apelativo, Ed. LexisNexis de PR Inc., Hato Rey, PR, (2001),
pág. 294. El cumplimiento de esa exigencia es importante porque el
tribunal apelativo está obligado a considerar solamente los errores
que el promovente señaló específicamente. Íd. No obstante, esa
omisión no es fatal, si el litigante de facto alude de otro modo al error
contenido y lo discute en su alegato. Íd.
A. Incumplimiento con el Reglamento del Tribunal de Apelaciones
La Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,
In re Aprob. Enmdas. Reglamento TA, 2025 TSPR 42, pág. 117,
supra, dispone que ese foro podrá motu proprio, en cualquier
momento, desestimar un recurso porque: (1) no tiene jurisdicción;
(2) se presentó fuera del término establecido en ley y sin justa causa;
(3) no se presentó con diligencia o buena fe; (4) es frívolo y surge
claramente la falta de una controversia sustancial; (5) es académico.
Las partes deben observar rigurosamente las disposiciones
reglamentarias para el perfeccionamiento de los recursos ante los
foros apelativos. M-Care Coumpounding et al v. Dpto. de Salud, 186 TA2025AP00663 8
DPR 159 (2012); Pueblo v. Rivera Toro, 173 DPR 137 (2008). Así
pues, la aplicación flexible del reglamento solo procede en
situaciones muy particulares, en las cuales tal flexibilidad está
plenamente justificada. El Tribunal Supremo de Puerto Rico
reconoció que el reglamento debía aplicarse flexiblemente, cuando
se incumple con un requisito de forma de menor importancia.
Arriaga v. FSE, 145 DPR 122 (1998).
Asimismo, en Febles v. Romar, 159 DPR 714 (2003), el
Tribunal Supremo de Puerto Rico advirtió que “el hecho de que las
partes comparezcan por derecho propio, por sí solo, no justifica que
incumplan con las reglas procesales”.
III.
Según el derecho que antecede, nuestro ordenamiento
jurídico le exige a la parte apelante que en su escrito señale, discuta
y fundamente el error o los errores que se le imputan al foro
primario. Así, el perfeccionamiento adecuado de un recurso está
supeditado a que la parte que recurre ante nos argumente
adecuadamente su contención.
En el caso de autos, el recurso presentado por los apelantes
no es revisable. La parte apelante incumplió sustancialmente con
los requisitos reglamentarios para su perfeccionamiento, necesarios
para que podamos asumir jurisdicción y atenderlo. Es decir, la parte
apelante incumplió con los requisitos del Reglamento del Tribunal
de Apelaciones al no realizar una relación fiel y concisa de los hechos
procesales y de los hechos importantes y pertinentes del caso.
Además, aunque señaló los errores que a su juicio cometió el
foro primario, no los discutió adecuadamente, ni incluyó las
disposiciones de ley y la jurisprudencia aplicable en la que está
fundamentada su solicitud de revisión. Tal omisión, imposibilita que
podamos aquilatar de forma adecuada la determinación de ese foro. TA2025AP00663 9 Así pues, aun aplicando la mayor distensión en el
cumplimiento de los requisitos reglamentarios en el proceso
apelativo, los defectos señalados no nos permiten efectuar una
función revisora adecuada. Es preciso recordar que el hecho de que
las partes comparezcan por derecho propio, por sí solo, no justifica
que incumplan con las reglas procesales. Véase, Febles v. Romar,
supra.
En fin, reiteramos que las omisiones del recurso que presentó
la parte apelante nos impiden colocarnos en posición de atenderlo
de forma adecuada. El recurso ante nuestra consideración incumple
con los requisitos básicos para la presentación de un escrito de
apelación ante este Tribunal.
IV.
Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el
recurso de apelación por falta de jurisdicción.
Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal
de Apelaciones.
La Jueza Cintrón Cintrón concurre sin opinión escrita.
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís Secretaria del Tribunal de Apelaciones