El Juez Asociado Señor Hernández Denton
emitió la opinión del Tribunal.
El Municipio de Carolina acude ante nos mediante un recurso de revisión para solicitar que revoquemos una re-solución dictada por el Tribunal Superior (Sala de Carolina). En esta resolución, el tribunal emitió un mandamus para imponer al Alcalde de Carolina la obligación de recoger los desperdicios sólidos generados por las escue-las ubicadas en este Municipio. Procede modificar la reso-lución recurrida y revocar únicamente la parte que anula el contrato suscrito entre Browning Ferries Industries of Puerto Rico, Inc. (en adelante B.F.I.) y el Municipio de Carolina. Veamos.
[111]*111H-i
El Municipio de Carolina (en adelante Municipio) pro-veyó gratuitamente el servicio de recogido de basura a las escuelas del Departamento de Educación ubicadas en su jurisdicción, hasta que privatizó este servicio el 16 de abril de 1993, cuando se suscribió un contrato con B.F.I.
En virtud de este contrato, se otorgó a B.F.I. una fran-quicia exclusiva para suministrar todo el personal, el ser-vicio, el equipo y los camiones para el recogido, el retiro y la disposición de desperdicios en todas las estructuras físi-cas dedicadas al uso residencial. Sin embargo, se excluyó a las escuelas, entre otras áreas. Por esta razón, el Munici-pio notificó en varias ocasiones al Departamento de Educa-ción y le instó a proveer directamente este servicio.
Después de intentar infructuosamente que el Municipio asumiera tal obligación, el Departamento de Educación presentó el 17 de septiembre de 1993 una solicitud de en-tredicho provisional, interdicto preliminar y permanente ante el Tribunal Superior, Sala de Carolina. Solicitó que se ordenara al Alcalde del Municipio a realizar el recogido en las escuelas.
Celebrada la vista correspondiente, el Tribunal Superior concluyó que la Ley de Municipios Autónomos del Es-tado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991 (en adelante Ley de Municipios Autónomos), Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991 (21 L.P.R.A. see. 4001 et seq.), impone a los municipios la obligación de recoger los desperdicios sin ex-cluir a las escuelas. Por ende, determinó que un contrato o cláusula contractual que excluya a las escuelas es nulo por ser contrario a la ley, a la moral y al orden público.
De acuerdo con la anterior conclusión, el tribunal sen-tenciador emitió la orden siguiente:
Se ordena al Alcalde de Carolina José E. Aponte a recoger los desperdicios sólidos (basura) en las escuelas públicas de dicha municipalidad acumulada desde el 7 de septiembre de 1993, fecha en que comenzaron las clases en las escuelas públicas [112]*112dentro de las próximas 24 horas a partir de dictado este recurso a su costo y riesgo. Las personas que se utilicen en dicho reco-gido actuaran [sic] acompañados por un alguacil de este Tribunal Superior.
La presente orden será de estricto cumplimiento para el Al-calde y lo cualquier funcionario que actúe en su capacidad so pena de desacato.
Se declara SIN LUGAR la reconvención instada por la parte peticionada y se le imponen las costas del litigio a dicha parte. (Enfasis suplido.) Anejo I, pág. 9.
No conforme, la parte demandada acudió ante nos el 27 de septiembre de 1993 para alegar la comisión de los si-guientes errores:
1. Erró el Honorable Tribunal al no reconocer que el reco-gido de desperdicios sólidos de las facilidades educativas públi-cas es deber del Departamento de Educación y no del Municipio de Carolina.
2. Erró el Honorable Tribunal al imponer al Municipio de Carolina el deber de costear un servicio con fondos municipales cuando compete al Gobierno estatal cubrir tal costo.
3. Erró el Honorable Tribunal al declarar nulo el contrato de privatización del servicio de disposición de desperdicios sóli-dos cuando ésto [sic] no fue alegado, era innecesario para la resolución de la controversia, y ausente una parte indispensable para tal adjudicación. Solicitud de revisión, págs. 8-9.
A petición del Municipio, acordamos revisar.
hH I — I
El Municipio alega que la obligación de proveer una educación pública adecuada recae en el Gobierno Central, por lo que a éste corresponde prestar el servicio de recogido de basura a las escuelas públicas. Sostiene que la Ley de Municipios Autónomos no impone a los municipios la obli-gación de proveer este servicio. Por el contrario, les concede amplia discreción al respecto. No es enteramente co-rrecta la posición del Municipio.
El Art. 2.004 de la Ley de Municipios Autóno-[113]*113mos, 21 L.P.R.A. sec. 4054, dispone, sobre las facultades generales del municipio y en lo pertinente, lo siguiente:
Corresponde a cada municipio ordenar, reglamentar y resolver cuanto sea necesario o conveniente para atender las necesi-dades locales y para su mayor prosperidad y desarrollo. Los municipios estarán investidos de las facultades necesarias y convenientes para llevar a cabo las siguientes funciones y acti-vidades:
(a) Establecer servicios y programas de recogido o recolección de desperdicios y de saneamiento público en general y adoptar las normas y medidas necesarias o útiles para el ornato, la higiene, y el __ control y la disposición adecuada de los desperdicios. (Enfasis suplido.)
Por otro lado, el Art. 2.005 de esta ley, 21 L.P.R.A. see. 4055, faculta a los municipios para reglamentar el proceso de recogido y disposición de desperdicios sólidos, imponer penalidades por violaciones a las normas adoptadas, y establecer, mantener y operar (por sí o mediante contratación con entes privados) los servicios y programas de recogido y recolección de desperdicios.
Se autoriza, además, a los municipios a imponer tarifas por el recogido de desperdicios en sectores residenciales, industriales, comerciales y gubernamentales.
[114]*114El texto de las anteriores disposiciones es claro.(3) Im-pone a los municipios la responsabilidad primaria de aten-der ciertas necesidades locales, las cuales enumera, a fin de lograr la mayor prosperidad y desarrollo de la comunidad. Una de las necesidades inmediatas que debe ser atendida es el recogido de basura, y se concede a los municipios discreción en cuanto al establecimiento de ser-vicios y programas de recogido. Se provee, además, la op-ción de cobrar por el servicio, de forma que los municipios tengan el apoyo fiscal necesario para cumplir con su obligación.
La delegación de esta responsabilidad primaria es equivalente con el propósito del municipio, según se esbozó en el Art. 1.002 de la Ley de Municipios Autónomos, 21 L.P.R.A. see. 4001 n. Éste consiste en que la unidad básica para la administración comunitaria (el municipio) provea los servicios más inmediatos que requieran sus habitantes, partiendo de los recursos disponibles y sus proyecciones a corto, mediano y largo plazo. Este propósito refleja el principio cardinal del pensamiento político democrático en cuanto a que el poder decisional sobre los asuntos que afec-[115]
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El Juez Asociado Señor Hernández Denton
emitió la opinión del Tribunal.
El Municipio de Carolina acude ante nos mediante un recurso de revisión para solicitar que revoquemos una re-solución dictada por el Tribunal Superior (Sala de Carolina). En esta resolución, el tribunal emitió un mandamus para imponer al Alcalde de Carolina la obligación de recoger los desperdicios sólidos generados por las escue-las ubicadas en este Municipio. Procede modificar la reso-lución recurrida y revocar únicamente la parte que anula el contrato suscrito entre Browning Ferries Industries of Puerto Rico, Inc. (en adelante B.F.I.) y el Municipio de Carolina. Veamos.
[111]*111H-i
El Municipio de Carolina (en adelante Municipio) pro-veyó gratuitamente el servicio de recogido de basura a las escuelas del Departamento de Educación ubicadas en su jurisdicción, hasta que privatizó este servicio el 16 de abril de 1993, cuando se suscribió un contrato con B.F.I.
En virtud de este contrato, se otorgó a B.F.I. una fran-quicia exclusiva para suministrar todo el personal, el ser-vicio, el equipo y los camiones para el recogido, el retiro y la disposición de desperdicios en todas las estructuras físi-cas dedicadas al uso residencial. Sin embargo, se excluyó a las escuelas, entre otras áreas. Por esta razón, el Munici-pio notificó en varias ocasiones al Departamento de Educa-ción y le instó a proveer directamente este servicio.
Después de intentar infructuosamente que el Municipio asumiera tal obligación, el Departamento de Educación presentó el 17 de septiembre de 1993 una solicitud de en-tredicho provisional, interdicto preliminar y permanente ante el Tribunal Superior, Sala de Carolina. Solicitó que se ordenara al Alcalde del Municipio a realizar el recogido en las escuelas.
Celebrada la vista correspondiente, el Tribunal Superior concluyó que la Ley de Municipios Autónomos del Es-tado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991 (en adelante Ley de Municipios Autónomos), Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991 (21 L.P.R.A. see. 4001 et seq.), impone a los municipios la obligación de recoger los desperdicios sin ex-cluir a las escuelas. Por ende, determinó que un contrato o cláusula contractual que excluya a las escuelas es nulo por ser contrario a la ley, a la moral y al orden público.
De acuerdo con la anterior conclusión, el tribunal sen-tenciador emitió la orden siguiente:
Se ordena al Alcalde de Carolina José E. Aponte a recoger los desperdicios sólidos (basura) en las escuelas públicas de dicha municipalidad acumulada desde el 7 de septiembre de 1993, fecha en que comenzaron las clases en las escuelas públicas [112]*112dentro de las próximas 24 horas a partir de dictado este recurso a su costo y riesgo. Las personas que se utilicen en dicho reco-gido actuaran [sic] acompañados por un alguacil de este Tribunal Superior.
La presente orden será de estricto cumplimiento para el Al-calde y lo cualquier funcionario que actúe en su capacidad so pena de desacato.
Se declara SIN LUGAR la reconvención instada por la parte peticionada y se le imponen las costas del litigio a dicha parte. (Enfasis suplido.) Anejo I, pág. 9.
No conforme, la parte demandada acudió ante nos el 27 de septiembre de 1993 para alegar la comisión de los si-guientes errores:
1. Erró el Honorable Tribunal al no reconocer que el reco-gido de desperdicios sólidos de las facilidades educativas públi-cas es deber del Departamento de Educación y no del Municipio de Carolina.
2. Erró el Honorable Tribunal al imponer al Municipio de Carolina el deber de costear un servicio con fondos municipales cuando compete al Gobierno estatal cubrir tal costo.
3. Erró el Honorable Tribunal al declarar nulo el contrato de privatización del servicio de disposición de desperdicios sóli-dos cuando ésto [sic] no fue alegado, era innecesario para la resolución de la controversia, y ausente una parte indispensable para tal adjudicación. Solicitud de revisión, págs. 8-9.
A petición del Municipio, acordamos revisar.
hH I — I
El Municipio alega que la obligación de proveer una educación pública adecuada recae en el Gobierno Central, por lo que a éste corresponde prestar el servicio de recogido de basura a las escuelas públicas. Sostiene que la Ley de Municipios Autónomos no impone a los municipios la obli-gación de proveer este servicio. Por el contrario, les concede amplia discreción al respecto. No es enteramente co-rrecta la posición del Municipio.
El Art. 2.004 de la Ley de Municipios Autóno-[113]*113mos, 21 L.P.R.A. sec. 4054, dispone, sobre las facultades generales del municipio y en lo pertinente, lo siguiente:
Corresponde a cada municipio ordenar, reglamentar y resolver cuanto sea necesario o conveniente para atender las necesi-dades locales y para su mayor prosperidad y desarrollo. Los municipios estarán investidos de las facultades necesarias y convenientes para llevar a cabo las siguientes funciones y acti-vidades:
(a) Establecer servicios y programas de recogido o recolección de desperdicios y de saneamiento público en general y adoptar las normas y medidas necesarias o útiles para el ornato, la higiene, y el __ control y la disposición adecuada de los desperdicios. (Enfasis suplido.)
Por otro lado, el Art. 2.005 de esta ley, 21 L.P.R.A. see. 4055, faculta a los municipios para reglamentar el proceso de recogido y disposición de desperdicios sólidos, imponer penalidades por violaciones a las normas adoptadas, y establecer, mantener y operar (por sí o mediante contratación con entes privados) los servicios y programas de recogido y recolección de desperdicios.
Se autoriza, además, a los municipios a imponer tarifas por el recogido de desperdicios en sectores residenciales, industriales, comerciales y gubernamentales.
[114]*114El texto de las anteriores disposiciones es claro.(3) Im-pone a los municipios la responsabilidad primaria de aten-der ciertas necesidades locales, las cuales enumera, a fin de lograr la mayor prosperidad y desarrollo de la comunidad. Una de las necesidades inmediatas que debe ser atendida es el recogido de basura, y se concede a los municipios discreción en cuanto al establecimiento de ser-vicios y programas de recogido. Se provee, además, la op-ción de cobrar por el servicio, de forma que los municipios tengan el apoyo fiscal necesario para cumplir con su obligación.
La delegación de esta responsabilidad primaria es equivalente con el propósito del municipio, según se esbozó en el Art. 1.002 de la Ley de Municipios Autónomos, 21 L.P.R.A. see. 4001 n. Éste consiste en que la unidad básica para la administración comunitaria (el municipio) provea los servicios más inmediatos que requieran sus habitantes, partiendo de los recursos disponibles y sus proyecciones a corto, mediano y largo plazo. Este propósito refleja el principio cardinal del pensamiento político democrático en cuanto a que el poder decisional sobre los asuntos que afec-[115]*115tan la vida de los ciudadanos en una democracia recaiga en niveles, organismos y personas que le sean directamente responsables.(4)
Aun antes de concederse la autonomía municipal, se responsabilizó a los municipios por la prestación de servi-cios esenciales como la limpieza y el recogido de basura. La Ley Municipal de 1919, según enmendada por la Ley Núm. 60 de 1921, Leyes de Puerto Rico, pág. 437, disponía en su Art. 9 lo siguiente:
... Los municipios tendrán plenas facultades legislativas y ad-ministrativas en todo asunto que fuere de naturaleza pura-mente local y que se relacionen con los ramos de obras, instruc-ción, beneficencia, orden y seguridad públicos, policía, cárceles, asilos, hospitales, higiene, ornato, alineación de calles, aper-tura de parques, reglamentación de construcciones, propieda-des y rentas municipales, vías públicas, suministro de agua, alumbrado público, alcantarillado, transportes urbanos, cemen-terios, mercados, mataderos, carnicerías y toda clase de insti-tuciones, servicios y otras actividades en beneficio de la muni-cipalidad en general y para fomento de éstas; Disponiéndose, que estas facultades se ejercitarán sujetas a las leyes de Puerto Rico y de los Estados Unidos que estuvieren en vigor, y que no podrá adoptarse ninguna ordenanza, resolución ni acuerdo que en modo alguno viole ninguna de dichas leyes; disponiéndose, además, que el servicio de sanidad en cada municipalidad es-tará a cargo de un oficial o inspector de sanidad nombrado por el Comisionado de Sanidad de Puerto Rico y cuyo sueldo será fijado por la ley, y todos los gastos de este servicio de sanidad serán hechos por el Gobierno Insular; Disponiéndose también, que el Tesorero de Puerto Rico retendrá, y por la presente se le ordena que retenga en su poder de cualesquiera fondos en su posesión pertenecientes a los respectivos municipios, una can-tidad igual al 6 por ciento del ingreso neto de cada municipio, las cuales cantidades serán ingresadas en los fondos generales del Tesoro Inguiar para hacer frente en parte a los gastos en que incurriere el servicio de sanidad, a disposición del Depar-[116]*116tamento Insular de Sanidad, con excepción del de limpieza pú-blica que ejecutará el municipio de su cuenta. (Énfasis en el original suprimido y énfasis suplido.) Según citada en J. He-rrero, Compilación de las enmiendas a códigos en Puerto Rico 1912-1923, San Juan, Negociado de Materiales, Imprenta y Transporte, 1924, págs. 95-96.(5)
Por otro lado, la Convención Constituyente rechazó la posibilidad de conceder la autonomía municipal por consi-derar deseable mantener un mayor control del Gobierno Central. A pesar de esto, ya se tenía en cuenta la. posibili-dad de autorizar a los municipios a atender los asuntos necesarios para el bienestar general, entre ellos, la limpieza. Esto surgió del diálogo siguiente:
Sr. Alvarado: Me propongo formular una enmienda, pero antes deseo saber la contestación que daría la comisión que ha presentado esta proposición sustituta, a algunas preguntas que habrán de orientarme respecto a la enmienda a formularse.
Quiero preguntar al Presidente de la Comisión si la frase contenida en la línea cuarta, de la primera página, donde se dice que el Estado ... “El poder del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para crear, consolidar y reorganizar municipios y para modificar sus límites territoriales ...” donde empieza: “Para determinar lo relativo al régimen y función de los mismos y para autorizarlos a desarrollar problemas [sic] de bienestar general ...” Si esa frase incluye o no la posibilidad de que el Gobierno del Estado Libre pueda, por ley, autorizar a los muni-cipios a atender — mediante legislación municipal, incluyendo la inversión de recursos y créditos municipales — los siguientes temas: [La] eliminación de arrabales; el desarrollo urbano pla-nificado; [y el] limpiar, planificar, reconstruir, rehabilitar y de-sarrollar áreas atrasadas e insolubles o bajo el standard deseable. Si todas esas facultades quedan comprendidas, den-tro del texto del lenguaje, [y] cómo [han] de ser susceptibles de autorizar a los municipios, por parte del Gobierno del Estado Libre Asociado ...
Sr. Polanco Abreu: Señor Presidente.
Sr. Presidente: Señor Delegado.
[117]*117Sr. Polanco Abreu: Contesto la pregunta del compañero Alvarado, a nombre de la comisión, informándole que la comisión desea que se entienda claramente que cuando hemos usado un término general de programas de bienestar general... entende-mos que lo que él desea ... o lo que él pregunta está compren-dido dentro de ese término.
Hacemos más clara todavía la posición de la comisión, que lo que está en el informe, indicando, para que así aparezca del [acta] como intención de la comisión, que los distintos progra-mas que mencionamos en el informe escrito, no son de carácter limitativo, sino que están comprendidos, además, todos los pro-gramas que conlleven el levantar el nivel de vida, y estén com-prendidos dentro del bienestar general: arrabales, mejoras hos-pitalarias, planificación, urbanismo, desarrollo de tierras insalubres para convertirlas en sitios de recreos o caseríos. Todo eso está comprendido, a nuestro juicio; dentro de la frase, “programas de bienestar general.”
La comisión agradece al compañero Alvarado el haber hecho esta aclaración porque así es como lo entendemos nosotros, y queremos que así conste en las actas y en el record de esta Asamblea Constituyente.
Sr. Alvarado: Entonces, señor Presidente, de tal manera me satisface la contestación de la comisión que la enmienda que me proponía hacer para que el lenguaje fuera específico sobre este punto, entiendo que ya no es necesaria, toda vez que se ha explicado el alcance de ese lenguaje general que se usa.(6) 3 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2035, 2046-2047 (1952).
De acuerdo con lo anterior, la Ley Núm. 146 de 18 de junio de 1980 (21 L.P.R.A. sees. 2001, 2051-2055, 3001-3005 y 3051 et seq.) dispuso en su Art 2.04(10) que los municipios tendrían todos los poderes necesarios para [118]*118cumplir con sus responsabilidades, entre otras, la de saneamiento. 21 L.P.R.A. see. 2054(10).
Por ende, antes de la aprobación de la Ley de Municipios Autónomos, los municipios tenían la obligación indiscutible de proveer el servicio de recogido de basura a sus residentes. Esta obligación se convirtió en una responsabilidad primaria al aprobarse la ley vigente y varió su naturaleza en cuanto a aquellos municipios que decidan cobrar por el servicio. En esos casos, la obligación del municipio está condicionada a que el usuario pague la tarifa aplicable. De no hacerlo, el municipio tendrá la libertad de, entre otras sanciones, suspender el servicio.(7)
[119]*119Sin embargo, en este caso el Municipio no había im-puesto tarifas por el recogido de basura cuando decidió suspender el servicio a las escuelas públicas. Por tal razón, subsistió su responsabilidad primaria de proveerles tal servicio.
Por otro lado, la Ley de Municipios Autónomos no ex-cluye a las escuelas públicas y sería absurdo, además, pretender que la Asamblea Legislativa especifique cada área que recibirá el servicio.(8)
Además, la Ley Núm. 68 de 28 de agosto de 1990, Ley Orgánica del Departamento de Educación, 3 L.P.R.A. sec. 391 et seq., no exime a los Municipios de la obligación de proveer este servicio a las escuelas públicas. Si bien es cierto que su Art. 5.03(9), 3 L.P.R.A. sec. 395b(9), dispone que corresponde al Superintendente de Escuelas adquirir los materiales y servicios para el mantenimiento y las mejoras de las escuelas, no es menos cierto que el Art. 5.03(6) impone a este funcionario la obligación de “[cjoordinar con las agencias estatales, los municipios, y las empresas privadas la labor de mantenimiento y reparaciones menores de la planta física de las escuelas para conservarlas en condiciones adecuadas”. (Énfasis suplido.) 3 L.P.R.A. see. 395b(6). Además, el hecho de que corresponda al Gobierno Central el mantenimiento de las escuelas no necesariamente exime a los municipios de proveer el servicio de recogido de basura. Máxime cuando la Ley de Municipios Autónomos les autoriza a cobrar por prestar este servicio.
Las escuelas públicas proveen un servicio inigualable a los estudiantes, quienes se ven seriamente afectados por la acumulación de basura en los planteles escolares. Estos estudiantes y los vecinos de las escuelas son aquellos ha-[120]*120hitantes a quienes los municipios deben proveer los servicios. Aparentemente, el Municipio reconoció tal obli-gación en el pasado, al establecer una tradición de recogido de basura a las escuelas ubicadas en su jurisdicción.
De acuerdo con lo anterior, resolvemos que en el caso de autos el Municipio tenía la responsabilidad primaria de proveer el servicio de recogido de basura a las escuelas públicas ubicadas en su territorio. Esta decisión no limita la discreción del Municipio para privatizar el servicio ni impide que cobre por el servicio, tanto al Departamento de Educación como a otros usuarios, según lo dispuesto en el Art. 2.005 antes citado. Máxime cuando el Departamento de Educación ha expresado estar dispuesto a pagar por el servicio.(9)
Por lo anterior, concluimos que los dos (2) primeros erro-res planteados no fueron cometidos.(10) Procede evaluar si se cometió el tercer error, sobre la falta de acumulación de la parte indispensable.
i — I i — I h — í
El tribunal sentenciador concluyó que era nulo el con-trato entre el Municipio y B.F.I. por excluir a las escuelas. Por esta razón, la parte recurrente arguye que faltó acu-mular a B.F.I. como parte indispensable.(11)
La Regla 16.1 de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III) dispone lo siguiente:
[121]*121Las personas que tuvie[s]en un interés común sin cuya pre-sencia no pueda adjudicarse la controversia, se harán partes y se acumularán como demandantes o demandadas según corresponda. Cuando una persona que deba unirse como de-mandante rehusare hacerlo, podrá unirse como demandada.
Una parte indispensable es “ ‘aquella persona cuyos derechos e intereses podrían quedar destru[i]dos o inevitablemente afectados por una sentencia dictada estando esa persona ausente del litigio’ Cepeda Torres v. García Ortiz, 132 D.P.R. 698 (1993), citando a Fuentes v. Tribl. de Distrito, 73 D.P.R. 959, 981 (1952).
En este caso, las partes están de acuerdo en que era innecesario anular el contrato de marras para obligar al Municipio a que cumpliera con su obligación. De hecho, la parte dispositiva de la “resolución” se refiere exclusiva-mente al Alcalde de Carolina, Hon. José E. Aponte, al or-denarle que en veinticuatro (24) horas recoja la basura acumulada en las escuelas.
El cumplimiento de esta orden para nada afecta el con-trato vigente entre B.F.I. y el Municipio. El Alcalde puede proveer el servicio a las escuelas con recursos municipales, contratando a otra compañía o renegociando el contrato con B.F.I.
Procede, por ende, que se modifique parcialmente la de-cisión del Tribunal de Primera Instancia y se revoque la parte de su dictamen que anuló el contrato suscrito entre B.F.I. y el Municipio de Carolina. Sin embargo, confirma-mos su conclusión de que en las circunstancias del caso de autos, el Municipio de Carolina tenía la responsabilidad primaria de recoger la basura en las escuelas públicas ubi-cadas en su jurisdicción.
Se dictará la sentencia correspondiente.
Antes de cobrar las tarifas por el recogido de basura en los sectores residen-ciales, un municipio debe celebrar unas vistas públicas y aprobar la correspondiente ordenanza. Cumplidos ambos requisitos, la Junta de Gobierno del Centro de Recau-daciones de Ingresos Municipales establece las tarifas aplicables. Las tarifas a ser impuestas en sectores industriales, comerciales y gubernamentales se establecen mediante ordenanza, independientemente de lo dispuesto para los sectores residenciales. 21 L.P.R.A. sec. 4055(b).