Andamios De Puerto Rico v. JPH Contractors

2010 TSPR 124

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: July 8, 2010
• Docket: CC-2007-1067
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Andamios de Puerto Rico, Inc.

Demandante-Recurrida

v.

JPH Contractors, Corp. Rafael Ortiz Pérez, Maribel Pérez y la Sociedad Certiorari Legal de Gananciales que juntos componen; Municipio de Juana Díaz, 2010 TSPR 124 Representado por su Honorable Alcalde Ramón Hernández Torres, Compañía 179 DPR ____ Aseguradora ABC; John Doe y Richard Roe; Y Fulano de Tal

Demandados

Newport Bonding & Surety Company

Demandada -Peticionaria

Número del Caso: CC-2007-1067

Fecha: 8 de julio de 2010

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan – Panel I

Juez Ponente: Hon. Erik Ramírez Nazario

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Jorge Lora Longoria Lcdo. José A. Andreu García

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Eduardo J. Corretjer Reyes

Materia: Cobro de Dinero

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

JPH Contractors, Corp. Rafael Ortiz Pérez, Maribel Pérez y la Sociedad Legal de Gananciales que juntos componen; Municipio de Juana CC-2007-1067 Díaz, Representado por su Honorable Alcalde Ramón Hernández Torres, Compañía Aseguradora ABC; John Doe y Richard Roe; y Fulano de Tal

Demandada-Peticionaria

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de julio de 2010.

La parte peticionaria, Newport Bonding & Surety

Company (Newport), nos solicita la revisión de una

sentencia del Tribunal de Apelaciones que confirmó un

dictamen del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior

de San Juan, que acogió una moción de sentencia sumaria a

favor de la parte recurrida, Andamios de Puerto Rico,

Inc., (Andamios). El foro primario determinó que Newport y

los codemandados, JPH Contractors, Corp. (JPH), el Sr.

Rafael Ortiz Pérez, la Sra. Maribel Pérez y la Sociedad

Legal de Gananciales compuesta por ambos, debían pagar

solidariamente la cantidad de $21,184.73 en concepto del CC-2007-1067 2

precio y valor de lista del equipo arrendado y no devuelto

para la construcción de un proyecto en el Municipio de

Juana Díaz. Además, ordenó satisfacer la suma de $1,500.00

por concepto de honorarios de abogados.

En particular, determinó que Newport, como fiadora de

JPH, era responsable ante el arrendador, Andamios, por el

equipo, entiéndase andamios y encofrado,1 no devuelto y

utilizado en la obra. La controversia que hoy nos ocupa

nos permite resolver si la fianza de cumplimiento y pago,

emitida por Newport, cubría el valor en la lista del

equipo arrendado y no devuelto por JHP. Concluimos que sí.

I

En el año 2002, JPH y el Municipio de Juana Díaz

suscribieron un contrato para la construcción de las

nuevas gradas del Parque Atlético Norma Pérez Franceschi.

Consecuentemente, el 22 de diciembre de 2002, Newport le

extendió a JPH un contrato de fianza de cumplimiento y

pago por la cantidad de $258,710.00 a favor del Municipio.

Esta fianza garantizaba la terminación de la obra, la mano

de obra, y el pago de materiales utilizados en la

construcción. Dicho contrato de fianza expuso, en lo

pertinente, que:

WHERE AS, Contractor has by written agreement dated _______, entered into a contract With Owner for “CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS GRADAS PARA EL PARQUE ATLÉTICO NORMA PÉREZ FRANCESCHI (SUBASTA

1 Molde formado con tableros o chapas de metal, en el que se vacía el hormigón hasta que fragua, y que se desmonta después. Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, vigésima segunda edición, 2001. CC-2007-1067 3

2002-2003-PROYECTO #1”. In accordance with drawing and specifications prepared by ________, which contract is by reference made a part hereof, and is hereinafter referred to as the Contract. […] The performance and payment bonds furnished in conjunction with this construction contract guarantees the physical completion of the work and the payment of all labor and material bills incurred in the performance of the contract. (Subrayado Nuestro).

Comenzada la obra, JPH arrendó a Andamios el equipo

de encofrado y andamiaje, por el que se comprometió a

emitir pagos mensuales. En el contrato se estableció,

entre otras cosas, que en caso de que JHP no devolviera el

equipo, éste indemnizaría a Andamios por el valor de la

lista. Además, se obligó a responder por los daños,

incluyendo los ocasionados por causas naturales, que el

equipo pudiera sufrir durante el arrendamiento. Tras

cumplir con el contrato por casi dos años, JPH dejó de

pagar la renta del equipo arrendado a Andamios, quien

requirió el pago de la deuda en varias ocasiones, sin

éxito alguno.

El 10 de septiembre de 2004, Andamios presentó

demanda de cobro de dinero en el Tribunal de Primera

Instancia contra JPH, el Municipio, Newport, el Sr. Rafael

Ortiz Pérez, la Sra. Maribel Pérez, y la Sociedad Legal de

Bienes Gananciales compuesta por ambos. En el contrato, el

Sr. Rafael Ortiz Pérez y la Sra. Maribel Pérez, únicos

accionistas de JPH, se comprometieron a garantizar

solidariamente las obligaciones de su empresa. Andamios CC-2007-1067 4

alegó que JPH había dejado de realizar los pagos mensuales

de alquiler del equipo, los cuales, en agosto del año

2004, ascendían a $5,790.96. Así también, Andamios

requirió el pago de $21,184.73, como valor en la lista del

equipo no devuelto. En cuanto a Newport, expresó que ésta

le respondía solidariamente por haber emitido la fianza de

pago y cumplimiento del proyecto en construcción.

El Sr. Rafael Ortiz Pérez, la Sra. Maribel Pérez y la

Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por éstos,

no contestaron la demanda, por lo que posteriormente se

les anotó la rebeldía. JPH, Newport y el Municipio

presentaron contestaciones a la demanda y levantaron

varias defensas afirmativas. En particular, Newport indicó

que la fianza expedida cubría solamente el pago de los

cánones de arrendamiento de los equipos utilizados en el

proyecto, mientras éstos fueran útiles para la culminación

del contrato de construcción.

Tras varios trámites procesales, Andamios, JPH y el

Municipio llegaron a un acuerdo. Por su parte, Andamios

aceptó detener la deuda acumulada en concepto de renta del

equipo, siempre y cuando el Municipio consignara en el

tribunal la cantidad de $11,581.92, en concepto de renta

hasta ese momento y JPH entregara el equipo no devuelto.

JPH aceptó entregar el equipo e indicó que el mismo se

encontraba cerca del proyecto. Debido a ello, el tribunal

concedió el término de quince (15) días para que JPH y el

Municipio cumplieran con lo acordado. CC-2007-1067 5

En octubre de 2005, el Municipio consignó en el

tribunal la cuantía adeudada por concepto de renta. Por

tal razón, Andamios desistió del pleito en su contra. No

obstante, JPH no devolvió el equipo arrendado. Por ello,

Andamios solicitó al Tribunal de Primera Instancia que

exigiera a JPH la devolución del equipo o su valor.

También sugirió que JPH indicara dónde se encontraba el

equipo para recogerlo.

El 27 de marzo de 2006, Andamios presentó una moción

de sentencia sumaria en la que alegó que los codemandados

solidariamente pagaran la suma de $21,184.73, por ser el

valor del equipo en la lista. En relación a Newport,

expuso que la fianza emitida por éste cubría el importe de

los materiales, equipo, y herramientas utilizadas en la

obra, por lo que debía cubrir el valor del equipo no

devuelto. Andamios alegó ser beneficiaria de la fianza y

solicitó a que se le concediera la cantidad de $1,500.00

por concepto de honorarios de abogado, por la dilación en

los procedimientos. Por último, Andamios pidió que se

liberaran los fondos de los cánones de rentas consignados

por el Municipio.

Newport se opuso y solicitó que se dictara sentencia

sumaria a su favor. Insistió en que Andamios, como

suplidor de materiales, era beneficiaria de la fianza

emitida, pero sólo en cuanto a la renta y trasporte del

equipo arrendado, mientras el equipo fue utilizado en el

proyecto. Aseguró que la fianza no cubría la pérdida o CC-2007-1067 6

falta de devolución de equipo arrendado por el contratista

y que, de haber existido alguna responsabilidad adicional

por su parte, ya había sido cubierta por el pago emitido

por el Municipio. Andamios replicó a la oposición.

El 5 de junio de 2006, el Tribunal de Primera

Instancia declaró ha lugar la solicitud de sentencia

sumaria de Andamios. Concluyó que JPH y el matrimonio

Ortiz Pérez debían responder a Andamios en virtud del

contrato de arrendamiento. En cambio, el tribunal entendió

que por ser la fiadora, Newport debía cubrir el costo del

equipo perdido. Ordenó a los codemandados a pagar

solidariamente la cantidad de $21,184.73 por el valor en

lista del equipo. Así también, impuso el pago de

honorarios de abogado por temeridad, según solicitado.

Finalmente, decretó la liberación de los fondos

consignados por el Municipio. Newport solicitó

reconsideración, la cual fue denegada por el Tribunal de

Primera Instancia.

Newport apeló al Tribunal de Apelaciones y alegó que

el Tribunal de Primera Instancia erró al dictar sentencia

sumaria a favor de Andamios, y no a su favor. Arguyó que

no respondía por la pérdida del equipo, ya que el contrato

de fianza no lo contemplaba. Adujo que el tribunal no

podía imponerle responsabilidad más allá de lo pactado en

el contrato de fianza y que, al momento de suscribirse

éste, no eran previsibles para Newport las obligaciones

adicionales pactadas por JPH. Alegó que la obligación CC-2007-1067 7

contraída por JPH en el contrato de arrendamiento con

Andamios, en cuanto a la pérdida o falta de devolución, no

fue contemplada o prevista al emitirse la fianza, por lo

que Newport no debía responder. Newport sostuvo que con la

fianza sólo garantizó el cumplimiento de JPH en relación

con el contrato de obras, el pago de labor y materiales

incurridos en la construcción. Señaló que el equipo no

devuelto no era parte del material utilizado para la

ejecución de la obra y que su valor no podía ser cubierto

por la fianza. Indicó, además, que no procedía la

concesión de honorarios de abogados por temeridad.

El 18 de septiembre de 2007, el Tribunal de

Apelaciones emitió sentencia en la que confirmó al

Tribunal de Primera Instancia. El foro apelativo

intermedio explicó que en la actualidad rige una

interpretación liberal y no restrictiva del contrato de

fianza, por lo que los argumentos de una cubierta

restrictiva de la fianza no procedían. Explicó que

Newport, en virtud del contrato de fianza, se subrogó en

la posición de deudor principal de JPH, por lo que debía

responder por el equipo arrendado y no devuelto. Mencionó

que la obligación de Newport se extiende a “los perjuicios

o daños sufridos por el arrendador a causa de la pérdida

del equipo de construcción que se alquiló para ser

utilizado en el proyecto”. Apéndice del recurso a la

página 15. Asimismo, avaló los honorarios de abogados CC-2007-1067 8

concedidos. Newport solicitó reconsideración, la cual fue

denegada por el foro apelativo intermedio.

Entonces, Newport presentó este recurso de

certiorari, en el cual expone que el Tribunal de

Apelaciones incidió al confirmar la sentencia del Tribunal

de Primera Instancia. Asegura que no es responsable de la

pérdida del equipo alquilado y no devuelto, ya que esa

obligación no estaba contemplada dentro del alcance de la

fianza prestada. Insiste en que los únicos materiales

cubiertos deben ser los que se utilizan y permanecen

dentro de la obra. Alega, además, que no garantizó el

contrato de arrendamiento de los andamios y encofrado,

sino el de construcción en beneficio del Municipio. Por

último, plantea que erró el Tribunal de Apelaciones al

confirmar la concesión de los honorarios de abogado por

temeridad. Newport entiende que la controversia ante

nuestra consideración es novel y que, por lo tanto, no

hubo temeridad.

Ambas partes han comparecido, por lo que procedemos a

resolver.

II

El Artículo 1721 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec.

4871, dispone sobre el contrato de fianza que

[p]or la fianza se obliga uno a pagar o cumplir por un tercero, en el caso de no hacerlo éste.

Si el fiador se obligare solidariamente con el deudor principal, se observara lo dispuesto en las secs. 3101 a 3112 de este título. CC-2007-1067 9

El contrato de fianza es una garantía personal, en la

que el fiador puede obligarse a menos, pero nunca a más

que el deudor principal, tanto en la cantidad como en lo

oneroso de la obligación. Artículo 1725 del Código Civil,

31 L.P.R.A. sec. 4875. De haberse obligado a más, se

reducirá su obligación a los límites del deudor. Id. Los

contratos de fianza no se presumen y deben ser expresos.

Éstos no pueden extenderse a más de lo contenido en ellos.

Artículo 1726 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4876.

Este tipo de contrato ha generado amplia

jurisprudencia en este Tribunal, particularmente, en

disputas relacionadas con la industria de la construcción.

Inicialmente, este Tribunal adoptó una interpretación

restrictiva en relación a los contratos de fianza, debido

a que en el pasado éstos se otorgaban personalmente, con

liberalidad y sin ánimo de lucro. Sin embargo, con la

llegada de compañías que se dedican al negocio de prestar

fianza mediante el pago de primas, la interpretación

restrictiva se abandonó en Cristy & Sánchez v. E.L.A., 84

D.P.R. 234, 244 (1961).

La tendencia moderna se inclina a interpretar

liberalmente las fianzas de construcción y a favorecerse

al beneficiario. E.L.A. v. Urb. Damiro, Inc., 112 D.P.R.

244 (1982); A. L. Arsuaga, Inc. v. La Hood Const., Inc.,

90 D.P.R. 104 (1964). Hemos señalado que la interpretación

liberal o inclusiva de las fianzas, no es carta blanca al

poder judicial para descartar los pactos y convenios entre CC-2007-1067 10

las partes. Mun. San Juan v. Stadium & Coliseum Opers.,

113 D.P.R. 490, 494 (1982). Por consiguiente, la

aplicación de una interpretación liberal no puede

abstraerse de la intención de las partes al convenir. Es

por ello, que debe atenderse al texto del contrato de

fianza, visto en su totalidad y conforme a las reglas de

hermenéutica dispuestas en nuestro Código Civil. Caguas

Plumbing v. Continental Const. Corp., 155 D.P.R. 744, 753

(2001).

En Ulpiano Casal, Inc. v. Totty Mfg. Corp., 90 D.P.R.

739 (1964), un materialista demandó a una aseguradora al

amparo de una fianza de ejecución de obra. La fiadora

insistía en que no cubriría los materiales de la obra. No

obstante, en la fianza asumió responsabilidad por el fiel

cumplimiento del contratista con el contrato de la

empresa. En ese contrato se comprometió a pagar la labor y

los materiales suplidos. Concluimos entonces que el nombre

de la fianza no es determinante y que la fiadora respondía

al materialista. En otras palabras, el nombre de una

fianza no determina cuáles son las responsabilidades del

fiador ya que las responsabilidades las delimita el

contenido del contrato de obra, así como las condiciones

generales y especiales acordadas.

Anteriormente se liberaba con facilidad al fiador de

responder por la menor violación del contrato por parte

del dueño de la obra. No obstante, dicha tendencia cambio

en Olazábal v. U.S. Fidelity, Etc., 103 D.P.R. 448 (1978). CC-2007-1067 11

En ese caso, el dueño de la obra, a cuyo favor se había

emitido una fianza, incumplió ciertas condiciones del

contrato de construcción. El contrato se había hecho

formar parte de la fianza. Luego, el dueño de la obra

reclamó a la fiadora pero ésta se negó a responder. La

fiadora alegó que había quedado liberada de las

obligaciones de la fianza por el incumplimiento de las

condiciones pactadas. En aquel momento, resolvimos que el

incumplimiento de un contrato de fianza por parte del

acreedor libera a la fiadora solamente si dicho

incumplimiento le causó perjuicio sustancial a ésta.

Como se puede apreciar, nuestra jurisprudencia ha

tomado una dirección dirigida principalmente, a reconocer

una amplia legitimación a obreros, materialistas y

subcontratistas para reclamar a la fiadora. O sea, se ha

impulsado que los materialistas, los obreros y los

subcontratistas, a quien el contratista original

respondía, puedan recobrar como terceros beneficiarios de

la fianza. Caguas Plumbing, Inc. v. Continental Const.

Corp., supra, pág. 753.

Sobre ese particular, en A. L. Arsuaga, Inc. v. La

Hood Const., Inc., supra, la fiadora alegó como fundamento

para no responder, que no existía relación contractual

alguna entre ella y el demandante. En ese caso, se

reconoció que aun cuando los materialistas no forman parte

del contrato de fianza de pago, son terceros beneficiarios

y pueden reclamar directamente a la fiadora el pago de las CC-2007-1067 12

sumas adeudadas por el contratista. Id., 108-110. Así,

quedo establecido que un suplidor de materiales, tanto

para obras públicas como para obras privadas, tiene

derecho a reclamar directamente a la fiadora que otorgó

una fianza de pago y cumplimiento el pago de materiales

suplidos a un contratista. Industrial Equip. Corp. v.

Builders Ins. Co., 108 D.P.R. 290, 294 (1979).

Cabe señalar que cuando se realiza un proyecto de

construcción, el contratista general de la obra usualmente

garantiza el cumplimiento de sus obligaciones con dos

contratos de fianza de construcción, los cuales se

denominan de cumplimiento (performance bond), y de pago,

(labor and material payment bond). Mediante la fianza de

cumplimiento, la fiadora garantiza al dueño de la obra que

el proyecto que el contratista va a ejecutar, conforme a

su obligación según pactada en el contrato de

construcción, se realizará de acuerdo al contrato de

construcción, o pagará los daños incurridos hasta el

límite de dinero establecido en la fianza.

Por otra parte, en la fianza de pago, la fiadora le

garantiza al dueño de la obra que toda la labor y los

materiales utilizados en el proyecto serán pagados por la

fiadora si el contratista general incumple. Un fiador

solidario responde igual que su fiado. En otras palabras,

éste viene obligado a cumplir el contrato íntegra y

totalmente, desde el momento en que el fiado deja de

cumplir lo convenido. San José Realty, S.E. v. El Fénix de CC-2007-1067 13

P.R., 157 D.P.R. 427, 451 (2002). En tal caso, los

suplidores o materialistas están legitimados para exigir

el pago de los créditos directamente a la fiadora. Jiménez

y Saellas, Inc. v. Maryland Cas. Co., 92 D.P.R. 207, 209-

210 (1965).

En Goss v. Structural Concrete Products, 92 D.P.R.

391 (1965), se presentó una situación de hechos parecida a

la de autos, en cuanto al incumplimiento del contratista

con un arrendador por el equipo que fue utilizado en la

obra. En ese caso, resolvimos que una fianza de pago

cubría la renta y transporte de una grúa utilizada en la

construcción. Sostuvimos que, dada la naturaleza de la

obra, el equipo usado, entiéndase una grúa, era necesario

para cumplir con los términos del contrato y que el mismo

fue utilizado con ese propósito. Por consiguiente, se

consideró que el uso de ese equipo era parte de la mano de

obra cubierta por la fianza. A tales efectos, señalamos

que “considérese ya como materiales, […], o como mano de

obra, como entendemos nosotros, siempre estaría cubierto

por la fianza”. Id., pág. 395.

Entendimos en esa ocasión que la fiadora se obligó a

pagarle a todo el que le suministrara materiales, así como

a satisfacer lo adeudado al que hubiese rendido trabajo y

esfuerzo en la obra. Dijimos que “para llevar a cabo

cierta parte del trabajo, en vez de ocupar obreros

exclusivamente[,] se utilizó un artefacto mecánico que

facilitaba la realización de la obra”. Id., pág. 394. CC-2007-1067 14

Ciertamente, como indicamos en esa oportunidad, si todo el

trabajo hubiese sido realizado manualmente, la fiadora

hubiese tenido que pagar los salarios o costo de la obra.

El alquiler de la grúa contribuyó a la realización de la

construcción. Es más, concluimos que no se trataba de

otorgar una interpretación liberal de la fianza, sino que

era una interpretación lógica, razonable y justa. Id.,

pág. 395.

A

En el presente caso, JPH se comprometió con el

Municipio a construir las nuevas gradas del Parque

Atlético Norma Pérez Franceschi por un precio ajustado, el

cual incluía los materiales y equipos. El Municipio

requirió la obtención de una fianza de cumplimiento y pago

para la construcción de la obra. Por tal razón, JPH

suscribió un contrato de fianza con Newport para

garantizar la terminación de la obra, el pago de mano de

obra y materiales a utilizarse en la construcción. Así,

hizo suya la totalidad de la obligación del contratista en

caso de incumplimiento y no estableció una limitación

expresa que le restringiera sus obligaciones en cuanto al

arrendamiento de equipo. A su vez, JPH suscribió un

contrato de arrendamiento con Andamios para que le

supliera los andamios y el encofrado de la obra. JPH en

ese contrato se obligó a pagar el valor en la lista del

equipo alquilado, de no devolverse. CC-2007-1067 15

JPH dejó de pagar la renta del equipo y no devolvió

el mismo, según le fuera solicitado. Andamios procedió a

reclamar la deuda y el valor en la lista del equipo a JPH,

el Municipio, y Newport, entre otros. El Municipio, como

dueño de la obra, pagó las rentas adeudadas, al amparo de

su obligación bajo el Artículo 1489 del Código Civil, 31

L.P.R.A. sec. 4130.2 Conforme a ello, Andamios le liberó

de responsabilidad. No obstante, quedó pendiente de pago

el valor de los andamios y encofrado no devueltos.

Conforme a lo anterior, debemos evaluar si erró el

Tribunal de Apelaciones al resolver que la fianza de pago

y cumplimiento emitida por Newport cubría el valor en la

lista de los equipos arrendados y no devueltos por JHP. El

contrato de fianza suscrito entre la aseguradora y el

contratista establecía expresamente que el fiador se

obligaba a cubrir “all labor and material bills incurred

in the performance of the contract”. O sea, Newport se

comprometió con el contratista frente al dueño de la obra

por el cumplimiento del contrato de construcción y, en

particular, a pagar toda factura de materiales requerida

para la realización del contrato de obra.

Por lo tanto, existe una obligación contractual de

Newport a responder por los materiales de la obra, en caso

de que JPH no lo hiciera. Creemos que conforme a la

naturaleza de la obligación, Newport debe responder por el

2 “Los que ponen su trabajo en una obra ajustada alzadamente por el contratista no tienen acción contra el dueño de ella sino hasta la cantidad que éste adeude a aquél cuando hace la reclamación”. CC-2007-1067 16

valor del equipo alquilado y no devuelto, porque se trata

de material utilizado en la realización de la obra y para

la ejecución de la misma. Sin duda, los andamios y el

encofrado facilitaron la ejecución de la obra y deben

estar contenidos dentro de la fianza de pago. De no

haberse alquilado ese equipo, se hubiese tenido que

invertir en la compra de esos materiales para realizar la

obra. Es por ello, que, al igual que en el caso de Goss v.

Structural Concrete Product, supra, es razonable entender

que el equipo puede ser considerado como material, lo que

implica que está cubierto por la fianza.

Ahora bien, nos corresponde resolver si, en virtud de

lo anterior, la fianza incluye el valor del equipo en la

lista por su pérdida o falta de devolución. Como

adelantamos, entendemos que sí. Del lenguaje expreso en la

fianza nos queda claro que Newport es responsable de las

cuentas de los materiales necesarios para cumplir con el

contrato. La deuda surge de una obligación entre el

materialista y el contratista, por lo que es razonable,

conforme a una interpretación liberal del contrato de

fianza, concluir que la fianza cubre el costo del equipo

perdido o no devuelto.

B

¿Cuál es la responsabilidad de la fiadora por la

pérdida o no devolución del equipo alquilado por JPH?

El Artículo 1453 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec.

4060, establece que CC-2007-1067 17

[e]l arrendatario es responsable del deterioro o pérdida que tuviera la cosa arrendada, a no ser que prueba haberse ocasionado sin culpa suya.

Si la cosa objeto del contrato de arrendamiento se

deteriora o se pierde, total o parcialmente, estando en

poder del arrendatario, se presume que tal deterioro o

pérdida se debe a su culpa y le corresponde al

arrendatario demostrar lo contrario. Castro Anguita v.

Figueroa, 103 D.P.R. 847 (1975). Ello es cónsono con la

obligación del arrendatario de cuidar la cosa como un buen

padre de familia. Artículo 1445 del Código Civil, 31

L.P.R.A. sec. 4052(2).

Asimismo, el Artículo 1458, 31 L.P.R.A. sec. 4065,

dicta que

[s]i se pierde la cosa arrendada o algunos de los contratantes falta al cumplimiento de lo estipulado, se observará respectivamente lo dispuesto los artículos 1136 y 1137 y en los 1054 y 1077.

En lo pertinente, el Artículo 1054, 31 L.P.R.A. sec.

3018, establece que quedan sujetos a indemnización de los

daños y perjuicios causados, los que en el cumplimiento de

sus obligaciones incurrieran en dolo, negligencia o

morosidad.

Expuesto el marco de derecho anterior, y al entender

que Newport se comprometió a cumplir con las obligaciones

relacionadas a los materiales necesarios para realizar el

contrato de obra, concluimos que éste responde de los

perjuicios o daños sufridos por el arrendador a causa de

la pérdida del equipo. Actualmente, Andamios solamente CC-2007-1067 18

reclama por el valor en la lista del equipo arrendado. Sin

embargo, Newport alega que su obligación no se extiende a

cubrir ese costo. Expone que la fianza de pago solamente

garantiza todos los materiales que pasan a formar parte

del proyecto y el equipo adquirido específicamente para la

terminación de éste, siempre que fuera previsible su

consunción total o sustancial. Para ello, Newport sugiere

que tomemos en consideración que el equipo pierde utilidad

para el contratista del proyecto por lo que no debe estar

cubierto por la fianza de pago.

Sobre esto, debemos señalar que no existe un lenguaje

en la fianza que limite así el tipo de material cubierto y

que la jurisprudencia citada por la parte peticionaria no

es vinculante. Además, no podemos compartir ese criterio

ya que, al igual que una grúa, los andamios y el encofrado

son parte de lo que hace posible la obra y la fianza,

independientemente de que se consuman o no en la obra. Por

ejemplo, la grúa del caso de Goss no es un material a ser

consumido completamente en la obra.

Precisamente, a través del uso de este equipo se

aporta a la terminación de la obra conforme al contrato de

construcción. El equipo arrendado fue utilizado en la obra

y sin el mismo, la obra no se habría terminado, por lo

que, sin duda, es parte de los materiales que cubre la

fianza, fueran consumidos completamente en ella o no. Como

indicáramos, la doctrina vigente utiliza una postura

liberal en cuanto a la interpretación que conllevan los CC-2007-1067 19

contratos de fianza. En ese sentido, es natural pensar,

luego de examinar la fianza de pago en controversia, que

Newport se comprometió a cubrir toda factura relacionada

con los materiales utilizados para cumplir con el contrato

de obra, incluyendo los andamios y el encofrado, así como

su valor en la lista de haber sido perdidos o no

devueltos.

No encontramos razón alguna que impida que una fianza

de pago cubra la pérdida del equipo alquilado. Como

indicáramos anteriormente, ya hemos resuelto que la fianza

cubre los cánones de arrendamiento del material alquilado

y su transportación. Por lo tanto, al amparo del mismo

análisis sostenemos que la fianza debe cubrir la pérdida

del equipo alquilado.

III

Nos resta considerar si el Tribunal de Apelaciones

erró al confirmar la imposición de honorarios de abogado

contra Newport. Entendemos que no.

La Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A.

Ap. III. R. 44.1(d), rige la imposición de honorarios de

abogado. La misma establece lo siguiente:

En caso que cualquier parte o su abogado haya procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su sentencia al responsable, el pago de una suma por concepto de honorarios de abogado que el tribunal entienda corresponda a tal conducta.

Un tribunal deberá imponer una suma por concepto de

honorarios de abogado a una parte que, por sí o mediante CC-2007-1067 20

su representación legal, haya actuado con temeridad o

frivolidad. La conducta que amerita la imposición de

honorarios de abogado es cualquiera que haga necesario un

pleito que se pudo evitar, o gestiones evitables. Ramírez

v. Club Cala de Palmas, 123 D.P.R. 339 (1989).

El propósito de la imposición de honorarios de

abogado en casos de temeridad es "establecer una penalidad

a un litigante perdidoso que por su terquedad,

obstinación, contumacia e insistencia en una actitud

desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte,

innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, trabajo

e inconveniencias de un pleito." Fernández v. San Juan

Cement Co., Inc., 118 D.P.R. 713 (1987).

El Tribunal de Primera Instancia indicó que Newport,

entre otros, ha “dilatado este litigio impidiendo que

Andamios pueda recobrar su equipo y cobrar su acrecencia”

[sic]. Apéndice a la página 82. La determinación de si una

parte ha actuado o no con temeridad descansa en la

discreción del tribunal, por lo que sólo intervendremos

cuando surja de tal actuación un claro abuso de

discreción. Al analizar el expediente en su totalidad,

entendemos que Newport fue temeraria en la tramitación de

las cuestiones planteadas, tal y como determinaron el

Tribunal de Apelaciones y el Tribunal de Primera

Instancia. CC-2007-1067 21

IV

Por los fundamentos anteriormente esbozados, se

confirma la sentencia del Tribunal de Apelaciones.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Rafael L. Martínez Torres Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

JPH Contractors, Corp. Rafael Ortiz Pérez, Maribel Pérez y la Sociedad Legal de Gananciales que juntos CC-2007-1067 componen; Municipio de Juana Díaz, representado por su Honorable Alcalde Ramón Hernández Torres, Compañía Aseguradora ABC; John Doe y Richard Roe; y Fulano de Tal

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte de esta Sentencia, se confirma la sentencia del Tribunal de Apelaciones.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez disiente con opinión escrita, a la que se unen el Juez Presidente señor Hernández Denton y la Jueza Asociada señora Fiol Matta.

Aida I. Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO Andamios de Puerto Rico, Inc. Demandante-Recurrida v. JPH Contractors, Corp. Rafael Ortiz Pérez, Maribel Pérez y la Sociedad Legal de CC-2007-1067 Gananciales que juntos componen; Municipio de Juana Díaz, Representado por su Honorable Alcalde Ramón Hernández Torres; Compañía Aseguradora ABC; John Doe y Richard Roe; y Fulano de Tal Demandados Newport Bonding & Surety Company Demandada- Peticionaria

Opinión disidente emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez a la que se une el Juez Presidente señor Hernández Denton y la Jueza Asociada señora Fiol Matta

San Juan, Puerto Rico, a 8 de julio de 2010

La controversia traída ante nuestra consideración en

esta ocasión requería que delimitáramos el ámbito de

cubierta de una fianza de pago que garantiza un contrato

de obra pública y resolver si ésta cubría el valor de

lista de unos equipos arrendados y no devueltos por el

contratista de la obra. Más allá de delimitar el ámbito

de la fianza emitida en este caso, la Mayoría descansa en

el aforismo de la “interpretación liberal de la fianza”,

y transforma la fianza de pago –la cual garantiza el pago

de la labor y los materiales utilizados en la obra- en un

seguro general de indemnización de todos los daños y

perjuicios que puedan sufrir aquellos que ponen trabajo o CC-2007-1067 2

materiales en la obra afianzada. No puedo avalar con mi

voto dicha interpretación, por lo que respetuosamente

disiento.

I.

En el año 2002 la codemandada JPH Contractors Corp.

(en adelante “JPH”) suscribió un Contrato de Construcción

con el Municipio de Juana Díaz (en adelante “el

Municipio”). Bajo dicho contrato, JPH se obligó a la

construcción de nuevas gradas en el Parque Atlético Norma

Pérez Franceschi de dicho municipio, por el precio

ajustado de $258,710.00. El precio del contrato incluía

el costo de equipo y materiales, los seguros requeridos y

la mano de obra necesaria para realizar el proyecto.

Como parte de los requisitos de ley, el Municipio

exigió a JPH que tramitara la obtención de una fianza de

ejecución y pago (Performance and Payment Bond) a su

favor, la cual garantizara la terminación de la obra y el

pago de materiales y mano de obra utilizados en la

construcción del proyecto. En consecución de dicho fin,

JPH y Newport Bonding & Surety Company (en adelante

“Newport” o “la peticionaria”) convinieron un contrato de

fianza de ejecución y pago por la suma total de

$258,710.00 a favor del Municipio, el cual cumplía con

los requerimientos de ley.

Durante la construcción de la obra, JPH tomó en

arrendamiento a Andamios de Puerto Rico Inc. (en adelante CC-2007-1067 3

“Andamios”) determinado equipo de encofrado3 y andamiaje.

Como parte del contrato de arrendamiento entre JPH y

Andamios, el primero se obligó a pagar el canon de

arrendamiento correspondiente y, además, a indemnizar a

Andamios por el valor de lista de aquellos equipos

arrendados que no fueran devueltos. Igualmente, en dicho

contrato JPH se obligó a pagar cualquier daño que pudiese

sufrir el equipo arrendado durante la construcción de la

obra, aun cuando éstos fueran ocasionados por causas

naturales.

Así las cosas, JPH incumplió sus obligaciones con

Andamios. Por dicha razón, Andamios presentó una demanda

en el Tribunal de Primera Instancia contra JPH, el

Municipio, Newport, y los esposos Rafael Ortiz Pérez,

Maribel Pérez y la sociedad legal de gananciales

compuesta por éstos, como únicos accionistas de JPH. En

la demanda, Andamios alegó que JPH no cumplió con su

obligación de pagar los cánones de arrendamiento

convenidos, los que al momento de la presentación de la

demanda ascendían a $5,790.96. Reclamó, además, que se

le pagaran $21,184.73 por concepto del valor de lista de

los equipos arrendados, pues éstos no fueron devueltos.

En relación con la peticionaria Newport, alegó que ésta

había emitido una fianza de pago y ejecución a favor del

3 El encofrado es un molde formado con tablero o chasis de metal, en el que se vacía el hormigón hasta que fragua, y que se desmonta después. Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, 22da edición, 2001. CC-2007-1067 4

Municipio, por lo cual respondía solidariamente con los

demás demandados “por haber emitido la fianza de

construcción que beneficia a Andamios”.

JPH, el Municipio y Newport contestaron la demanda,

levantando varias defensas afirmativas.4 Luego de varios

incidentes procesales, las partes llegaron a un acuerdo

preliminar. Para ese momento, la deuda por concepto de

renta del equipo arrendado ascendía a $11,581.92. El

Municipio, en cumplimiento de su obligación bajo el

artículo 1489 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4130,

consignó dicha cantidad del retenido de JPH, el cual

ascendía a $13,385.00 luego de deducirse cargos por

atrasos y patentes municipales. A cambio de dicha

consignación, Andamios desistió de la demanda en contra

del Municipio. Por otro lado, JPH se obligó a devolver

el equipo arrendado, el cual se encontraba alegadamente

en un almacén cerca del proyecto. Andamios se reservó el

derecho de proseguir el pleito en contra de JPH, Newport

y los esposos Ortiz-Pérez de no devolverse el equipo

arrendado.

El equipo arrendado no fue devuelto por JPH, por lo

que Andamios presentó una solicitud de sentencia sumaria

en contra de éste, Newport y los esposos Ortiz-Pérez. En

la misma, solicitó que los demandados solidariamente le

pagaran el valor de lista de los equipos arrendados. En

4 Los esposos Rafael Ortiz Pérez, Maribel Pérez y la sociedad legal de gananciales compuesta por éstos no contestaron la demanda incoada, por lo que se les anotó la rebeldía. CC-2007-1067 5

relación con Newport, alegó que siendo Andamios

beneficiario de la fianza emitida, dicha garantía cubría

el importe de materiales, equipo y herramientas

utilizados en la obra, por lo que la fiadora venía

obligada a cubrir dicha acreencia. Solicitó, además, que

se le concedieran $1,500.00 en concepto de honorarios de

abogado por la alegada temeridad de los demandados en

dilatar los procedimientos, evitando que Andamios

recobrara el equipo o cobrara su acreencia. Por último,

solicitó que una vez fuera final y firme dicha sentencia,

se liberaran los fondos consignados por el Municipio por

concepto del arrendamiento del equipo arrendado no

devuelto.

Newport se opuso a la solicitud de Andamios y

solicitó sentencia sumaria a su favor. Alegó que la

fianza emitida sólo garantizaba el contrato de

construcción otorgado entre el Municipio y JPH, no los

contratos que JPH realizara para adquirir los materiales

y equipo a utilizarse en la obra. Aceptó que Andamios,

como suplidor de materiales, era un beneficiario de dicha

fianza, pero sólo en relación con las rentas y transporte

del equipo arrendado mientras éste fue utilizado en el

proyecto. Por lo tanto, Newport alegó que la fianza no

cubría el valor del equipo arrendado, o daños que

sufriera éste mientras estuviese en el proyecto.

Entendió que, tras haberse satisfecho las rentas del

equipo arrendado con el retenido consignado por el CC-2007-1067 6

Municipio, su obligación se había extinguido, por lo que

solicitó que se desestimara la demanda en su contra.

El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar

la solicitud de sentencia sumaria presentada por

Andamios. Ordenó a los demandados a pagar solidariamente

$21,184.73 por el valor de lista de los equipos

arrendados y $1,500.00 en honorarios de abogado por

temeridad. Ordenó igualmente que se liberaran los fondos

consignados por el Municipio una vez la sentencia dictada

fuera final y firme.

Newport acudió al Tribunal de Apelaciones arguyendo

que cometió error el foro de instancia al extender el

ámbito de la fianza emitida para cubrir aspectos que no

estaban previstos por ésta, como lo es la pérdida del

equipo arrendado utilizado en el proyecto. Alegó que,

aunque debe dársele una interpretación liberal a las

fianzas emitidas en la industria de la construcción, eso

no significaba que ésta garantizara aspectos que no

fueron negociados. El foro intermedio confirmó la

sentencia apelada al concluir que “Newport quedó

subrogada en la posición del deudor principal JPH y como

tal la obligación de Newport se extiende no sólo a lo

adeudado por el arrendamiento del equipo utilizado . . .

sino también a los perjuicios o daños sufridos por el

arrendador a causa de la pérdida del equipo de

construcción que se alquiló para ser utilizado en el

proyecto.” El foro intermedio entendió que el contrato CC-2007-1067 7

de arrendamiento quedó igualmente afianzado por la

garantía emitida por Newport a favor del Municipio y

añadió que la interpretación de la fianza esgrimida por

Newport era restrictiva, forma de interpretación que

había sido ya abandonada en esta jurisdicción. Por

último, el Tribunal de Apelaciones confirmó la imposición

de honorarios de abogado por temeridad por entender que

no había indicio de abuso de discreción por parte del

foro apelado, por lo que no se justificaba la

modificación de dicho dictamen.

Inconforme, Newport acudió a este Foro alegando, en

síntesis, que erró el Tribunal de Apelaciones al resolver

que la fianza de pago emitida cubre el valor de lista de

los equipos arrendados y no devueltos por JPH.5

5 Los errores, según apuntados por la peticionaria, son los siguientes: 1) Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al confirmar la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia e imponerle responsabilidad a Newport por la pérdida de equipo alquilado y no devuelto por JPH Contractors, toda vez que la misma excede el alcance de la fianza prestada. 2) Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al confirmar la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia y concluir que Newport garantizó el contrato de arrendamiento de los andamios, cuando es claro que el contrato que se afianzó fue el de construcción. 3) Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al confirmar la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia y condenar a Newport al pago de honorarios de abogado por temeridad, toda vez que se trata de litigación bona fide de una controversia novel que no ha sido resuelta expresamente por este Honorable Tribunal Supremo. CC-2007-1067 8

II.

La Opinión mayoritaria resuelve que, puesto que

Newport se obligó frente al dueño de la obra “a pagar

toda factura de materiales requerida para la realización

del contrato de obra” eso incluye el “valor del equipo

alquilado y no devuelto, porque se trata de material

utilizado en la realización de la obra y para la

ejecución de la misma”. Según la Mayoría, ”[d]e no

obra”. Se añade que “[d]el lenguaje expreso en la fianza

nos queda claro que Newport es responsable de las cuentas

de los materiales necesarios para cumplir con el

contrato”. Concluye indicando que “[l]a deuda surge de

una obligación entre el materialista y el contratista,

por lo que es razonable, conforme a una interpretación

liberal del contrato de fianza, concluir que la fianza

cubre el costo del equipo perdido o no devuelto”.

De esta manera, por demás simplista, la Mayoría

resuelve que todo equipo utilizado en la consecución de

una obra se trata de materiales para efectos de una

fianza de pago, por lo que está cubierta por ésta. Así,

la Opinión resuelve -sin discusión alguna- una asunto al

cual tratadistas de la talla de Appleman6 y Couch7

6 El tratado de Appleman dedica más de veinte páginas a discutir solamente la teoría de la consunción que más CC-2007-1067 9

dedican varias páginas de sus respectivos tratados a

deslindar: qué se considera materiales cubiertos por una

fianza de pago y qué se considera equipo que, aunque se

utiliza para construir la obra, no está cubierto por la

fianza pues es propiedad del contratista que puede

utilizarse no sólo en la obra afianzada, sino en

innumerables otras obras. Es decir, mediante la

decisión emitida durante el día de hoy, el Tribunal

concede una nueva garantía o seguro de indemnización a

los suplidores de materiales sobre todo el equipo,

herramientas e instrumentos que los contratistas hayan

adquirido, siempre que se haya utilizado de alguna manera

en la obra afianzada, ya que éstos “facilitan la

ejecución de la obra [por lo que] deben estar contenidos

dentro de la fianza de pago”.

Ciertamente dicho resultado, el cual es producto de

una exposición imprecisa del derecho aplicable, se revela

como uno desacertado e injusto para los participantes de

la industria de la construcción y no toma en

consideración el objetivo y función principal de las

fianzas de pago. Antes de exponer cuál es el resultado

adelante se expone y más de diez secciones de su tratado a discutir los materiales y equipos que los tribunales estadounidenses han determinado que están o no cubiertos por fianzas de pago. Véase 10 Appleman, Insurance Law and Practice, 5941 et.seq. (Supl. 2008). 7 El tratado de Couch dedica 122 secciones a discutir los materiales y mano de obra que cubren las fianzas de pago, a través de las distintas jurisdicciones estatales y la jurisdicción federal. Véase L. Russ, T. Segalla, Couch on Insurance, 3ra Ed., Thomson-West, 2005, Vol. 11, secs. 165:35-165:57. CC-2007-1067 10

correcto de la controversia que tenemos ante nuestra

consideración, paso a repasar la figura de la fianza y su

utilización en la industria de la construcción.

III.

La fianza es una relación jurídica obligacional a

través de la cual un sujeto de derecho se obliga a pagar

o a cumplir por un tercero de no hacerlo éste. Art. 1721

del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4871. Se trata de una

obligación accesoria, pues actúa como una garantía de una

obligación principal, por lo cual no puede existir de

aquella no ser válida. Art. 1723 del Código Civil, 31

L.P.R.A. sec. 4873. El fiador, quien puede actuar a

título oneroso o gratuitamente, puede obligarse a menos

pero no a más que el deudor principal, tanto en la

cantidad como en lo oneroso de las condiciones. Arts.

1722 y 1725 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 4872 &

4875. Véase también, Luan Investment Corp. v. Rexach

Construction Co., Inc., 152 D.P.R. 652, 661 (2000). La

fianza siempre debe ser expresa y no puede extenderse a

más de lo contenido en ella, aunque eso no implica que

ésta deba interpretarse restrictivamente a favor del

fiador. Art. 1726 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec.

4876; Ulpiano Casal, Inc. v. Totty Manufacturing Corp.,

90 D.P.R. 739, 744-45 (1964).

La mayoría de las controversias relacionadas con

fianzas que hemos atendido anteriormente versan,

precisamente, sobre fianzas en la industria de la CC-2007-1067 11

construcción. Véase, Ferrer v. Alliance Company of P.R.,

Inc., 93 D.P.R. 1, 2 (1966). Debido a la naturaleza de

dicha industria, la fianza es utilizada como garantía

entre los principales actores de las obras de

construcción, entre los que se encuentran el dueño de la

obra, el contratista y los suplidores de materiales y

mano de obra. Como norma general, tanto en obras

públicas como privadas, el dueño de la obra exige del

contratista que tramite una fianza que garantice la

terminación de la obra en caso de abandono por parte de

éste (“Performance Bond”)8 y el pago de materiales y mano

de obra en caso de que el contratista no cumpla sus

obligaciones con éstos (“Payment Bond”). En ambos casos,

8 La Opinión mayoritaria establece que en el caso de una fianza de ejecución “la fiadora garantiza al dueño de la obra que el proyecto que el contratista va a ejecutar, . . ., se realizará de acuerdo al contrato de construcción, o pagará los daños incurridos hasta el límite de dinero establecido en la fianza”. Esto es un error mayúsculo que denota la confusión de la Mayoría entre una fianza y un seguro de indemnización. Las fianzas de ejecución, como norma general, no indemnizan “por los daños incurridos”. Éstas garantizan la ejecución del proyecto de acuerdo a los términos del Contrato de Obra, por lo que cuando el contratista incumple, la compañía fiadora cumple con dicha obligación. Normalmente, la compañía fiadora puede cumplir con dicha obligación de cuatro (4) maneras: 1) estimar el costo de la obra que queda sin terminar, y pagar -de acuerdo a las certificaciones que existan- el remanente de la obra hasta el límite de la fianza; 2) financiar al principal o contratista para que éste termine la obra; 3) permitir que el dueño de la obra consiga un nuevo contratista para que complete la obra y supervisar la ejecución de ésta; ó 4) asumir por sí misma la ejecución de la obra hasta su terminación de acuerdo al Contrato de Obra. L.R. Moelmann, M. Horowitz, K.L. Lybeck, The Law of Performance Bonds, 2nd Ed., Chicago, American Bar Association, 2009, págs. 462-64. Por lo tanto, los pagos que desembolsa la fiadora no son por daños, sino en cumplimiento de la obligación que dejó de realizar el contratista. CC-2007-1067 12

la fianza garantiza el contrato de obra, el cual

generalmente es adherido al contrato de fianza, por lo

que se presume el conocimiento de las cláusulas

contenidas en éste por parte de la compañía fiadora. De

esta manera, dicho contrato obliga a la fiadora, aunque

no necesariamente al mismo nivel que al contratista.

Véase, e.g., Olazábal v. U.S. Fidelity & Guaranty Co.,

103 D.P.R. 448, 463 (1975); Luan Investment Corp. v.

Rexach Construction Co., Inc., supra; Municipio de San

Juan v. Stadium & Coliseum Operators, Inc., 113 D.P.R.

490, 493-94 (1982).

Como norma general, en casos de contratos de obra a

precio alzado, el precio que paga el dueño al contratista

incluye los materiales y la mano de obra a utilizarse,

por lo que es natural que el dueño se asegure de que el

contratista satisfaga los créditos de los suplidores de

materiales y de los obreros de la construcción a través

de la exigencia de una fianza de pago. El propósito de

una fianza de pago (“Payment Bond”) es garantizarle al

dueño de la obra el pago de los materiales y la mano de

obra utilizados para la terminación del proyecto, en caso

de que el contratista falle en así hacerlo. Véase S.G.M.

Stein, Construction Law, New Jersey, Matthew Bender &

Company, Inc., 2008, Vol. 5, sec. 17.01, pág. 17-5. El

dueño de obra tiene interés en el pago de las deudas de

los suplidores, pues sobre él recae una responsabilidad

limitada de satisfacer éstas, hasta el monto de lo que CC-2007-1067 13

deba al contratista al momento en que le exigen el pago.

Véase Art. 1489 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4130.

Véase además, Montalvo & Comas Electric Corp. v. E.L.A.,

107 D.P.R. 558, 563 (1978); Ferrer v. Alliance Company of

P.R., Inc., supra, págs. 9-10. Por otro lado, puesto que

en Puerto Rico los créditos de los suplidores de

materiales no constituyen un gravamen sobre la obra

construida como ocurre en varios estados de los Estados

Unidos, la fianza de pago funciona como una protección a

aquellos que suplen trabajo y materiales en una obra y

luego no les son satisfechos sus créditos. Aníbal L.

Arsuaga, Inc. v. La Hood Constructors, Inc., 90 D.P.R.

104, 118 (1964).

En el caso de las obras públicas, la obligación del

contratista de prestar una fianza de pago a favor del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico proviene del

artículo 1 de la Ley Núm. 388 del 9 de mayo de 1951 (Ley

388). Véase 22 L.P.R.A. secs. 47-60. Esta ley es

similar a la antigua Ley Miller (“Miller Act”) adoptada

por el Congreso de los Estados Unidos, la cual igualmente

requería la prestación de fianzas en todo contrato para

la construcción, reparación o alteración de un edificio u

obra pública federal.9 Véase, Jiménez y Salellas, Inc.

v. Maryland Casualty Co., 92 D.P.R. 207, 212 (1965).

9 Casi todos los estados y Puerto Rico adoptaron leyes similares a la Ley Miller. Esta ley, que se encontraba codificada en el 40 U.S.C. sec. 270(a) et seq., fue revisada sin cambios sustantivos por la Ley Pública 107- 217 del 21 de agosto de 2002. Ahora aparece codificada en 40 U.S.C.S. secs. 3131-34. CC-2007-1067 14

Véase también, 40 U.S.C.S. secs. 3131-34. La Ley 388

obliga al contratista a la prestación de una fianza que

cubra: 1) el pago a los obreros y empleados del

contratista de los sueldos y jornales que devenguen en la

obra y 2) el pago, a las personas que vendan, suplan o

entreguen equipo, herramientas y materiales para la obra,

del precio o importe de los materiales, equipos y

herramientas suplidos, vendidos o entregados. Véase Art.

2 de la Ley 388, 22 L.P.R.A. sec. 48. Dicha obligación

del contratista surge cuando realiza contratos de obra

con los departamentos, agencias e instrumentalidades del

E.L.A., así como con los municipios. Véase Art. 12 de la

Ley 388, 22 L.P.R.A. sec. 58.

En caso de que el contratista incumpla con el pago a

suplidores o subcontratistas, éstos están legitimados

para exigir el pago de sus créditos directamente a la

compañía fiadora. Véase Jiménez y Salellas, Inc. v.

Maryland Casualty Co., supra, págs. 209-10. En el caso

de las obras públicas, dicha legitimación surge del

artículo 5 de la Ley 388, que permite a los obreros a los

que se les deban sueldos o jornales y a los materialistas

a los cuales no se les haya pagado el total del importe

de los materiales o equipos suplidos para la obra, instar

acción contra el contratista y la fiadora de éste bajo el

contrato de fianza. Véase Art. 5 de la Ley 388, 22

L.P.R.A. sec. 51. CC-2007-1067 15

Además, puesto que los suplidores de materiales y

subcontratistas no son parte del contrato de fianza que

garantiza el contrato de obra, se estima que la

obligación asumida por la compañía fiadora de pagar toda

la mano de obra y materiales necesarias para la

construcción del proyecto constituye una estipulación a

favor de tercero, por lo cual aquellos que hayan puesto

mano de obra o materiales en la obra tienen derecho a

reclamar directamente a la fiadora. Aníbal L. Arsuaga,

Inc. v. La Hood Constructors, Inc., supra; D’All Concrete

Mix, Inc., v. Raúl Fortuño, Inc., 114 D.P.R. 740, 742-43

(1983). Igualmente, la Ley 388 considera dicha

obligación como una estipulación a favor de tercero, pues

exime a empleados, obreros y suplidores de materiales,

equipo y herramientas del requisito de notificar la

aceptación de la fianza de pago emitida a su favor.10

Véase Art. 11 de la Ley 388, 22 L.P.R.A. sec. 57.

En relación con la controversia que tenemos ante

nuestra consideración, sólo en Goss v. Structural

Concrete Products, 92 D.P.R. 391 (1965), nos habíamos

enfrentado a la tarea de delimitar el ámbito de cubierta

de los materiales y la mano de obra por la que responde

una fianza de pago. En dicho caso, resolvimos que una

10 El artículo 1209 del Código Civil establece en su segundo párrafo: “[s]i el contrato contuviere alguna estipulación en favor de un tercero, éste podrá exigir su cumplimiento, siempre que hubiese hecho saber su aceptación al obligado antes de que haya sido aquella revocada”. 31 L.P.R.A. sec. 3374 (Énfasis suplido). La Ley 388 exime a los obreros y suplidores de materiales del requisito de notificar la aceptación de la fianza. CC-2007-1067 16

fianza de pago de materiales y mano de obra cubre la

renta y transporte de determinado equipo que se utilice

en una obra de construcción; en aquella ocasión se

trataba de una grúa. Citando jurisprudencia

estadounidense, tanto federal como estatal, y reiterando

la interpretación liberal que merecen estas fianzas según

establecido en Cristy & Sánchez v. E.L.A., 84 D.P.R. 234

(1961), dictaminamos que la renta y transporte de equipo

puede ser considerado mano de obra o materiales, los

cuales estarán cubiertos por la fianza de pago, siempre

que se utilicen en la realización de la obra. Id. en la

Empero, en aquella ocasión no resolvimos si la

fianza de pago de materiales cubre obligaciones

adicionales al pago de renta y transporte, contraídas por

el contratista en el arrendamiento de equipos utilizados

en la obra, como lo es el pago del valor de lista del

equipo arrendado en caso de éste perderse. Para evaluar

dicha controversia, en primer lugar debe examinarse el

contrato de fianza de pago convenido por el contratista

JPH y la fiadora Newport. De igual manera, aunque

coincido con la Opinión mayoritaria en que la

jurisprudencia federal y estatal sobre la Ley Miller y

las leyes estatales similares a ésta no es vinculante

para este Tribunal, ya anteriormente habíamos expresado

que es altamente persuasiva, pues la mayoría de las

fianzas utilizadas en la industria de la construcción en CC-2007-1067 17

Puerto Rico son copias de las fianzas utilizadas en los

Estados Unidos y nuestra Ley 388 tiene su origen en la

Ley Miller. Jiménez y Salellas, Inc. v. Maryland Casualty

Co., supra, pág. 212. Por lo tanto, en lugar de obviar

dicha jurisprudencia, examinaré la normativa que han

seguido aquellas jurisdicciones que se han enfrentado a

controversias semejantes a la que tenemos ante nuestra

consideración. Veamos.

IV.

A.

El contrato de fianza convenido entre JPH y Newport

indica, en lo pertinente, como sigue:

WHEREAS, Contractor [JPH] has by written agreement dated ____________ entered into a contract with Owner [Municipio] for “CONSTRUCCION DE NUEVAS GRADAS PARA EL PARQUE ATLETICO NORMA PEREZ FRANCESCHI (SUBASTA 2002- 2003 PROYECTO #001.” in accordance with drawings and specifications prepared by ______________ which contract is by reference made a part hereof, and is hereinafter referred to as the Contract. . . . The performance and payment bonds furnished in conjunction with this construction contract guarantee the physical completion of the work and the payment of all labor and material bills incurred in the performance of the contract. (Énfasis suplido). El contrato de fianza estipulado entre las partes

garantizaba el contrato de obra que obligaba al Municipio

de Juana Díaz como dueña de la obra y a JPH como

contratista. Como surge del texto de la fianza, el

contrato de obra se hizo formar parte del contrato de

fianza, por lo que se presume el conocimiento por parte

de la fiadora Newport de sus disposiciones. Dicho CC-2007-1067 18

contrato, no obstante, fue el único mencionado y adherido

al contrato de fianza, por lo que toda otra obligación de

Newport debe surgir del texto de la fianza emitida. Es

decir, no surge del texto de la fianza el afianzamiento

de contratos adicionales al de obra.

Según el texto de la fianza, Newport emitió una

fianza conjunta de ejecución y pago. En su vertiente de

fianza de pago, Newport se obligó a pagar todas las

facturas de mano de obra y materiales utilizados en la

ejecución del contrato de obra. La obligación contraída

por Newport bajo dicho contrato cumple con el objetivo

primordial de este tipo de fianza y con la obligación

impuesta por la Ley 388: el pago de los materiales y mano

de obra utilizados en la consecución del contrato de obra

en caso de que el contratista falle en cumplir con sus

obligaciones. Sin embargo, no existe en el texto de la

fianza lenguaje que indique la intención de Newport de

cubrir otras obligaciones además del pago de todos los

materiales y mano de obra utilizada en la construcción de

la obra. Por lo tanto, la interrogante a la cual nos

enfrentamos es determinar si la pérdida de equipo

arrendado para ejecutar la obra está incluida en la frase

“all labor and material bills incurred in the performance

of the contract” y por lo tanto está garantizada por la

fianza de pago.

Varios tribunales estadounidenses se han enfrentado

directamente a la controversia de si una fianza de pago CC-2007-1067 19

debe cubrir la pérdida de equipo arrendado, llegando en

ocasiones a resultados contrarios. Por un lado, algunos

tribunales han resuelto que la fianza de pago debe cubrir

dicha obligación, pues ésta se debe interpretar

liberalmente a favor de aquellos que han puesto labor y

materiales en la ejecución de la obra. La mayoría de los

tribunales que han llegado a dicha solución se basan en

la decisión del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos

para el Quinto Circuito en U.S. ex rel. Llewellyn

Machinery Corp. v. National Surety Corp., 268 F.2d 610

(5th Cir. 1959). En National Surety, se trataba de una

fianza bajo la Ley Miller en la cual el contratista

general arrendó un equipo de construcción por el que se

obligó a pagar un canon de $1,200.00 mensuales por el uso

del equipo y además “asumía toda la responsabilidad por

daños o la pérdida del mencionado equipo”. El equipo fue

enviado por barco a Las Bahamas donde sería utilizado.

El barco de transporte se hundió, perdiéndose el equipo

arrendado en el mar. El dueño del equipo arrendado

solicitó a la fiadora el pago del valor de éste. La

fiadora, sin embargo, arguyó que cubrir dichos riesgos

rebasaba las obligaciones contraídas por ésta bajo la Ley

Miller.

El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el

Quinto Circuito resolvió que la fianza de pago cubría la

pérdida del equipo arrendado. Aunque estableció que no

había autoridades que apoyaran dicha solución, el CC-2007-1067 20

Tribunal entendió que debía prestársele una

interpretación liberal a las fianzas prestadas bajo la

Ley Miller. Arguyó que el contratista arrendatario se

benefició de un canon de arrendamiento módico por lo que

se entendía que, a cambio de dicho beneficio, éste asumió

el riesgo de la pérdida del equipo. La decisión contó

con el disenso del entonces Juez Presidente Hutcheson

quien criticó a la mayoría por utilizar una

interpretación tan liberal de la fianza bajo la Ley

Miller que convirtió ésta en un seguro general de

indemnización hasta el monto de la fianza, sin límite o

consideración alguna. Id., pág. 612. Aun con dicho

disenso, esta decisión ha sido invocada por algunos

tribunales federales inferiores y estatales. Véase,

Wyatt & Kipper Engineers, Inc. v. Ramstad Construction

Co., 194 F. Supp. 379 (D. Ala. 1961); R.J. Russo Trucking

& Excavating, Inc. v. General Insurance Company of

America, 169 A.D. 2d 239 (N.Y. 1991); Conesco Industries,

Ltd. v. St. Paul Fire and Marine Insurance Company, 210

A.D. 2d 596 (N.Y. 1994).

Por otro lado, varios tribunales federales y

estatales han seguido otro derrotero al enfrentarse a

este tipo de controversia, resolviendo que una fianza de

pago no cubre pérdidas de equipo arrendado, excepto que

el equipo fuera “consumido” en el proyecto y este dato

fuera razonablemente previsible por el suplidor de

materiales al momento de establecer la obligación. CC-2007-1067 21

Dichos tribunales comparan la pérdida de equipo arrendado

a la situación en que el contratista adquiere mediante

venta equipo para la construcción de la obra, pues en

ambas situaciones se reclama a la fiadora el precio total

del equipo utilizado en la obra. Los tribunales

federales han sido consistentes en establecer que si el

equipo adquirido mediante venta puede considerarse

“materiales”, entonces debe entenderse cubierto por la

fianza de pago. Por el contrario, si el equipo se

considera capital o propiedad del contratista, la fianza

de pago no cubre dicha acreencia. Véase, U.S. ex rel.

Sunbelt Pipe Corporation v. U.S. Fidelity and Guaranty

Company, 785 F. 2d 468, 470 (4th Cir 1986).

La norma federal bajo la Ley Miller es que se

considerarán “materiales” aquellas piezas, equipo y

aparatos que sean necesarios para, y que sean totalmente

consumidos en, la ejecución de la obra en cuestión. 10

Appleman, Insurance Law and Practice, Sec. 5941 (Supl.

2008); L. Russ, T. Segalla, Couch on Insurance, 3ra Ed.,

Thomson-West, 2005, Vol. 11, sec. 165:42-165:52;

Continental Casualty Co. v. Clarence L. Boyd Co., 140

F.2d 115, 116 (10th Cir. 1944). Véase también, E.

Gallagher, Payment Bond Manual, Chicago, American Bar

Association, 1995, págs. 30 y 33. Además, la fianza

cubrirá reparaciones que son incidentales y económicas en

relación con el valor del equipo y se compensará sólo por

el uso y desgaste ordinario del mismo. Appleman, supra, CC-2007-1067 22

Sec. 5948; Continental Casualty Co.v. Clarence L. Boyd

Co., supra; Gallagher, op cit., pág. 35. Al hablarse de

consumación, los tribunales han establecido que los

materiales o el equipo utilizado debe adherirse a la obra

o desgastarse de tal manera que resulte inservible para

futuros proyectos. Sunbelt Pipe Corporation v. U.S.

Fidelity and Guaranty Company, supra; Appleman, supra,

sec. 5941, pág. 258.

Por lo tanto, si razonablemente el suplidor de los

materiales prevé que el equipo adquirido será consumido a

través de la obra de modo que no tenga utilidad o valor

económico para el contratista luego de completarse el

proyecto, éste se considerará como materiales y por lo

tanto estará cubierto por la fianza de pago.11 Dicha

consumación se iguala a que el equipo se adhirió a la

obra afianzada, por lo que la fianza de pago debe cubrir

el valor de ésta. De otra parte, si luego de la

construcción, se puede esperar razonablemente que el

contratista remueva el equipo adquirido y lo utilice en

trabajos futuros, entonces se considerará el equipo como

capital del contratista, no consumido totalmente en la

11 El objetivo principal de las fianzas de pago es proteger a aquellos que ponen materiales y mano de obra en el proyecto afianzado. La previsibilidad de la consumación de determinado equipo se ve desde el punto de vista del suplidor, pues si éste razonablemente prevé que el equipo no se consumirá en la obra para la cual se adquiere, puede solicitar al contratista una garantía adicional a su crédito. Por el contrario, si éste razonablemente entiende que el equipo se va a utilizar solamente en la obra afianzada, pues es lógico que confíe en que -ante un incumplimiento del contratista- la fianza de pago lo protegerá. CC-2007-1067 23

obra y por lo tanto no recobrable bajo la fianza. U.S.

ex rel. Sunbelt Pipe Corporation v. U.S. Fidelity and

Guaranty Company, supra. Véase también, Continental v.

Casualty Co. v. Clarence L. Boyd Co., supra; U.S. ex rel

J.P. Byrne & Co. v. Fire Assoc. of Philadelphia, 260 F.2d

541, 544 (2nd Cir. 1958); Moran Towing Corporation v.

M.A. Gammino Construction Co., 363 F.2d 108, 115 (1st

Cir. 1966); U.S. ex rel. Eddie Sales and Leasing, Inc. v.

Federal Insurance Company, 634 F.2d 1050, 1051-52 (10th

Cir. 1980); U.S. ex rel. Brothers Builders Supply Company

v. Old World Artisans, Inc., 702 F.Supp. 1561, 1566 (D.

Ga. 1988).

En Moran Towing, supra, ante una controversia sobre

unas barcazas de carga en la cual se reclamaba de la

fiadora que cubriera los daños que éstas sufrieron al ser

arrendadas y utilizadas en un proyecto por un contratista

garantizado con una fianza de pago bajo la Ley Miller, el

Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer

Circuito rechazó expresamente el razonamiento del caso de

National Surety. Dicho Tribunal no estuvo de acuerdo con

el argumento esgrimido por el Quinto Circuito en relación

con que el bajo costo de los cánones de arrendamiento

justificaba el que la fiadora tuviese que cubrir

obligaciones contraídas por el contratista que no eran

razonablemente previsibles para ninguna de las partes, CC-2007-1067 24

incluyendo el suplidor.12 Por el contrario, el Primer

Circuito abrazó la teoría de la consunción del equipo

utilizado y concluyó que bajo ésta era razonablemente

previsible para el suplidor el que las barcazas se

deterioran de esa manera, por lo que la fianza de pago

debía cubrir los daños reclamados.

Siguiendo a Moran Towing, en Transamerica Premier

Insurance Co. v. Ober, 894 F.Supp. 471 (D. Me. 1995) -

ante una controversia sobre la pérdida de un equipo

arrendado consistente en varias barcazas y tuberías de

dragado- el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para

el Distrito de Maine resolvió que la fianza de pago bajo

la Ley Miller no cubría la pérdida de dicho equipo

arrendado. El Tribunal destacó que la prueba presentada

demostró que ese tipo de equipo era normalmente reusable

en la industria por lo que no era razonablemente

previsible para el suplidor de materiales que ese equipo

se consumiera en el proyecto. Id. págs. 483-84.

Igualmente, y ante unos hechos muy parecidos a los

del caso de autos, la División de Apelaciones del

Tribunal Supremo de New York resolvió que una fianza de

pago no cubría un equipo arrendado por un contratista, el

12 Dicho Tribunal indicó que “[t]he fact that the principal might have been required to include in its rental payments a sum sufficient to pay premiums to insure the equipment against casualty losses should not mean that it can cast upon the Miller Act surety responsibility not for a normal premium, but an entirely new type of insurance coverage.” Moran Towing Corporation v. M.A. Gammino Construction Co., 363 F.2d 108, 115 (1st Cir. 1966). CC-2007-1067 25

cual no fue devuelto por éste luego de ser utilizado y

posteriormente se perdió. En Harsco Corporation v.

Gripon Construction Corp., 301 A.D.2d 90 (N.Y. 2002) se

trataba del alquiler de unas formaletas de concreto que

serían utilizadas en la construcción de un hospital, las

cuales no fueron devueltas por el contratista a la

compañía arrendadora. Ésta reclamó a la fiadora el pago

del valor de las formaletas, amparándose en la fianza de

pago exigida por el Estado de New York, parecida a

aquella exigida por la Ley Miller. Id. pág. 93. El

Tribunal acogió el argumento de la fiadora de que sólo

debía pagar los cánones no satisfechos por el contratista

y no el valor del equipo, pues no era previsible para el

suplidor de materiales que dicho equipo se consumiera en

el proyecto. Dicho Tribunal arguyó igualmente que una

fianza de pago, aunque tiene el propósito de proteger a

los suplidores de materiales, no debe convertirse en un

seguro a favor de éstos contra cualquier riesgo asumido

por el contratista. Id. pág. 97.

Como vemos, los tribunales estadounidenses están

divididos en relación con la controversia ante nuestra

consideración. Unos, basados en National Surety,

entienden que la fianza de pago debe cubrir la pérdida de

equipo arrendado, pues se debe realizar una

interpretación liberal de ésta que cumpla el propósito de

proteger a aquellos que ponen materiales y mano de obra

en la construcción. Otros, al adoptar la teoría de la CC-2007-1067 26

consunción, entienden que los materiales y el equipo que

cubre la fianza de pago son aquellos que formen parte de

la estructura construida o que pueda razonablemente

entenderse que pasaron a formar parte de ésta por haber

sido total o sustancialmente consumidos en la misma. Así

pues, la interrogante que tenemos ante nuestra

consideración no es tan sencilla ni su respuesta es tan

“clara” como lo expresa la Opinión mayoritaria, por lo

que merecía una mayor rigurosidad en el análisis

realizado.

B.

Al resolver cuál debe ser la norma que deberíamos

adoptar en relación con la presente controversia, soy del

criterio que debemos hacerlo a la luz de nuestros

pronunciamientos anteriores en esta área. Si bien es

cierto que desde Cristy y Sánchez v. E.L.A., supra, hemos

adoptado una interpretación liberal de los contratos de

fianza en la industria de la construcción, dicho enfoque

doctrinario “no es carta blanca para imponer, mediante

interpretación judicial, obligaciones que un fiador nunca

pensó asumir”. Caguas Plumbing, Inc. v. Continental

Constr., Corp., 155 D.P.R. 744, 754-55 (2001) citando a

García v. The Commonwealth Ins. Co., 118 D.P.R. 380, esc.

8 (1987). Es decir, la interpretación liberal que se

realice de fianzas otorgadas por lucro no puede

abstraerse de la intención de las partes al otorgar el

contrato de fianza. Id. CC-2007-1067 27

Por otro lado, ya anteriormente habíamos expresado

que una fianza no es un contrato de seguro. Caribe

Lumber & Trading Corp. v. Inter-American Builders, Inc.,

101 D.P.R. 458 (1973). En Caribe Lumber deslindamos

ambas figuras jurídicas destacando, entre otras

distinciones, que en el caso del seguro los aseguradores

asumen todo el riesgo, lo que supone el cobro de una

prima adecuada al riesgo aceptado, mientras que en el

caso de la fianza se presupone que el fiador no asume

gran riesgo, pues sólo responderá subsidiariamente, en

caso de que el fiado incumpla su obligación con el

acreedor. Id. pág. 467-68. Véase también, J. H. Cross,

Suretyship Is Not Insurance, 30 Ins. Couns. J. 235

(1963); E. H. Cushman, Surety Bonds on Public and Private

Construction Projects, 46 A.B.A. J. 649, 652-53 (1960).

En el contrato de fianza, el fiador no “se obliga a

indemnizar a otra [persona] o a pagarle o a proveerle un

beneficio específico o determinable al producirse un

suceso incierto previsto” en éste. Cf. Art. 1.020 del

Código de Seguros, 26 L.P.R.A. sec. 102. Por el

contrario, la obligación que garantiza el fiador es

específica, y su aparición en el momento en que el deudor

incumple no es para indemnizar al acreedor, sino para

cumplir con la obligación quebrantada.

Igualmente, al examinar el racional utilizado en

Goss v. Structural Concrete Products, 92 D.P.R. 391

(1965), entendemos que dicho resultado es consistente con CC-2007-1067 28

la teoría de la consunción. En la medida en que el pago

de los cánones de arrendamiento es sólo por el uso de la

maquinaria o equipo realizado en la obra afianzada, los

cánones de arrendamiento son enteramente consumidos al

terminar el trabajo, pues ninguna parte de éstos

benefician permanentemente al contratista. Véase

Appleman, supra, sec. 5947, pág. 290.

Considerando el texto y el propósito de la Ley 388,

además de los precedentes antes expuestos, soy del

criterio que una fianza de pago que garantiza un contrato

de obra cubre todos los materiales que pasan a formar

parte del proyecto realizado y el equipo adquirido

específicamente para la terminación de éste, siempre que

fuera razonablemente previsible para el suplidor del

mismo su consunción total o sustancial. La

previsibilidad de la consunción debe ser directamente

proporcional a la probabilidad de que el equipo pierda

total o sustancialmente su utilidad o valor económico

para el contratista luego de la terminación del proyecto.

De ser así, el equipo debe considerarse “materiales” y

por tanto ser cubierto por la fianza de pago. Por el

contrario, si no fuera razonablemente previsible que el

equipo sea consumido en el proyecto, puesto que la

experiencia general apunta a que éste puede ser

reutilizado en otros proyectos, entonces el equipo no se

considerará “materiales” y no estará cubierto por la

fianza de pago. CC-2007-1067 29

Al así resolver, rechazaría, al igual que el

Circuito, el curso decisorio esbozado por el Quinto

Circuito en National Surety. El mero hecho de que las

fianzas de pago deben interpretarse liberalmente a favor

de aquellos que ponen trabajo y materiales en una obra no

puede ser la zapata que sostenga la conversión de una

fianza de pago en un seguro de indemnización. La fianza

de pago cubre la obra a realizarse, por lo que los

materiales por la que ésta responde deben convertirse en

parte del proyecto o ser total o sustancialmente

consumidos en la construcción de éste. Dicha garantía

no puede cubrir equipo que bien podría catalogarse como

capital del contratista, pues no es ese su propósito ni

el de la Ley 388. Más allá de realizar una

interpretación liberal de la fianza, es nuestro deber

realizar una interpretación lógica, razonable y justa a

la luz de la intención de las partes y el propósito

legislativo.

Con el marco doctrinal anteriormente expuesto, paso

a analizar los hechos del caso de epígrafe.

En el presente caso el Tribunal de Primera Instancia

dictó sentencia sumaria a favor de Andamios, ordenando a

JPH, a Newport y a los esposos Ortiz-Pérez el pago

solidario de $21,184.73 que corresponde al valor de lista

de un equipo arrendado y no devuelto por el contratista CC-2007-1067 30

JPH. El Tribunal de Apelaciones confirmó dicha sentencia

al concluir que la fianza de pago garantizaba el contrato

de arrendamiento entre JPH y Andamios, por lo que Newport

debía cumplir con su obligación de responder por su

fiado. Erraron ambos foros al así actuar.

Según lo expuesto anteriormente, una fianza de pago

que garantiza un contrato de obra cubre todos los

materiales que pasan a formar parte del proyecto

realizado y el equipo adquirido específicamente para la

terminación de éste, siempre que fuera razonablemente

previsible para el suplidor del mismo su consunción total

o sustancial. Como bien arguye la peticionaria, no es

razonablemente previsible que un equipo de andamiaje y

encofrado se pierda en la construcción de un proyecto por

razón de su uso. Ese tipo de equipo podría ser

considerado capital del contratista, pues éste puede ser

removido de la obra y utilizado en futuros proyectos.

La recurrida Andamios arguye que fue previsto que el

equipo se perdería, pues en el contrato de arrendamiento

suscrito por JPH y Andamios se incluyó la obligación del

primero de pagar el valor de lista de los equipos

arrendados de éstos perderse o no ser devueltos.

Andamios falla en reconocer que la previsibilidad es

función de la probabilidad de la pérdida, según la

experiencia general de las partes. A pesar de que la

obligación incluida en el contrato de arrendamiento es

válida y obliga a JPH, no era previsible que el equipo de CC-2007-1067 31

andamiaje y encofrado fuera adherido a la obra o se

perdiera por razón de su uso. Si bien Andamios pudo

prever la pérdida del equipo arrendado al incluir una

disposición a esos efectos en el contrato de

arrendamiento, en todo caso dicha pérdida sería función

de la culpa o negligencia del arrendatario o por caso

fortuito.13 En ninguno de esos escenarios la fiadora

respondería, pues dicha pérdida no es atribuible al uso o

consunción del equipo en la obra afianzada.

Además, al apoyarse en dicha cláusula para cobrar su

acreencia a Newport, la recurrida pierde de perspectiva

que dicha obligación surge del contrato de arrendamiento

y no del contrato de obra. Las obligaciones contenidas

en el contrato de arrendamiento no son oponibles a la

fiadora, pues ésta no fue parte de dicho contrato, ni fue

ese el contrato afianzado. El contrato garantizado

mediante fianza por Newport es el de obra, no el de

arrendamiento, por lo que la fiadora no queda obligada

por las disposiciones de este último.

El Tribunal de Apelaciones, no obstante, parece

haber favorecido la posición de la recurrida Andamios al

emitir su dictamen, por lo que erró al así actuar. El

foro intermedio partió de la premisa de que la fianza de

pago emitida por Newport afianzaba tanto el contrato de

13 Según el artículo 1453 del Código Civil, el arrendatario es responsable de la pérdida de la cosa arrendada, salvo que pruebe que no fue por culpa suya o se trate de un caso fortuito. Véase, Cabinero v. Cobián Theaters, 81 D.P.R. 960 (1960). CC-2007-1067 32

obra como el contrato de arrendamiento. Si bien es

cierto que Andamios es beneficiaria de la fianza de pago

emitida por Newport por haber arrendado equipo utilizado

en la obra, la cubierta que le ampara se limita a las

rentas y el transporte del equipo arrendado, según

resuelto en Goss. El hecho de que la suplidora Andamios

tenga el derecho de reclamarle directamente a la fiadora

Newport el importe de las rentas y del transporte del

equipo no implica que la fianza emitida cubra todas las

obligaciones que asumió el contratista JPH en el contrato

de arrendamiento. La fianza de pago cubre una obligación

específica -el pago de la mano de obra y materiales que

se hayan utilizado para la construcción de la obra- no

toda otra obligación que haya asumido el contratista en

la obtención de dichos materiales o equipos, salvo

lenguaje expreso a esos efectos incluido en la fianza

emitida. Como vimos anteriormente, la fianza emitida en

este caso no incluyó obligaciones adicionales a la del

pago de la mano de obra y materiales incurridos en la

construcción de la obra.

La Opinión mayoritaria, sin embargo, realiza un

análisis contrario al señalar que no existe un lenguaje

en la fianza que limite el material cubierto por ésta a

aquellos que hayan pasado a formar parte de la obra

afianzada y a equipo que se haya adquirido

específicamente para ésta, cuando éste se haya consumido CC-2007-1067 33

total o sustancialmente.14 Se arguye que en Goss

resolvimos que la fianza de pago cubría las rentas y el

transporte de la grúa y ésta no se consumió en dicha

obra. Concluye indicando que “[e]l equipo arrendado fue

utilizado en la obra y sin el mismo, la obra no se habría

terminado, por lo que, sin duda, es parte de los

materiales que cubre la fianza, fueran consumidos

completamente en ella o no”.

En primer lugar, lo que propone la Mayoría es que la

fianza de pago cubra todo gasto o factura imaginable

relacionada con materiales, equipo o herramientas

adquiridos por el contratista y utilizadas en la obra,

independientemente de si éstos pasaron a formar parte de

ésta, salvo que expresamente exista una exclusión. El

problema con ese argumento es que soslaya el hecho de que

“la fianza siempre debe ser expresa y no puede extenderse

a más de lo contenido en ella”. Art. 1726 del Código

Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4876. Mediante la interpretación

de la Mayoría, se invierte y trastoca el precepto del

Código Civil antes citado, pues ahora la fianza se

extenderá a más de lo contenido en su texto para cubrir

14 La mayoría parece no entender la teoría de la consunción pues expresa que “Newport sugiere que tomemos en consideración que el equipo pierde utilidad para el contratista del proyecto por lo que no debe estar cubierto por la fianza de pago”. Opinión del Tribunal, pág. 18. No se trata de que el equipo pierde utilidad para el contratista y por eso no debe estar cubierto; al contrario, por razón de que el equipo pierde toda su utilidad es que debe estar cubierto por la fianza, pues así se equipara dicha consunción con que éste pasó a formar parte de la obra afianzada. CC-2007-1067 34

toda factura relacionada a equipo, herramienta o material

que el contratista adquiera o arriende, salvo que

expresamente se excluyan dichas obligaciones.

Por otro lado, ciertamente una grúa es poco probable

que se consuma total o sustancialmente en una sola obra

por razón de su uso. Pero es que en Goss no resolvimos

que la fianza de pago cubría el valor de la grúa, sino

los cánones de arrendamiento en los que incurrió el

contratista por el uso de ésta en la obra. En ese caso,

conforme a la teoría de la consunción, lo que se consume

son los cánones de arrendamiento mientras el equipo

arrendado se utilice en la obra afianzada, razón por la

cual se entienden cubiertos por la fianza de pago. Por lo

tanto, la comparación realizada por la mayoría para

rechazar la teoría de la consunción es, cuando menos,

errada e infundada.

No obstante, esas expresiones de la Mayoría denotan

la amplitud de la norma que hoy se establece. Según la

Opinión del Tribunal, todo equipo que se haya utilizado

en la obra, sin el cual ésta no se habría terminado, está

cubierto por la fianza de pago. Esto quiere decir que,

según la Opinión mayoritaria, el valor y los daños y

perjuicios que puedan sufrir las grúas, los camiones

mezcladoras, las excavadoras, camiones tanque y otro

equipo pesado, los generadores eléctricos, los vehículos

del contratista, todas las herramientas que utilicen los

obreros de la construcción incluyendo martillos, CC-2007-1067 35

taladros, flotas y cubos de empañetado, entre otros, no

importa el momento en que se hayan adquirido y quién sea

su propietario, y cualquier instrumento, equipo o

herramienta que se haya utilizado en la obra, “sin la

cual ésta no se habría terminado”, es recobrable bajo la

fianza de pago emitida. Este resultado, definitivamente,

no es producto de una “interpretación lógica, razonable y

justa” de la controversia ante nuestra consideración.

Op. del Tribunal, pág. 14 citando a Goss v. Structural

Concrete Products, supra, pág. 395.

La fianza de pago debe cubrir todos los materiales y

mano de obra que se haya utilizado para la consecución de

la obra. Pero los materiales a ser cubiertos, entre los

que se incluye equipo y herramientas, tienen que pasar a

formar parte de la obra afianzada, que es a final de

cuentas lo que la fianza garantiza. La teoría de la

consunción es una herramienta útil para determinar cuándo

puede considerarse que un equipo o herramienta pasó a

formar parte de la obra, por lo cual debe ser cubierto

por la fianza de pago. No es lógico ni razonable que se

haga responsable a la fianza de pago por equipo que se

perdió por culpa o negligencia del contratista y que no

era previsible que fuera a perderse o consumirse por

razón de su uso. No hay duda de que ese resultado

convierte a la fianza de pago en un seguro de

indemnización por daños a la propiedad. CC-2007-1067 36

Así pues, ya que en el presente caso el equipo de

encofrado y andamiaje arrendado y no devuelto a Andamios

no era previsible que se perdiera o consumiera por razón

de su uso en la obra afianzada, es forzoso concluir que

la fianza de ejecución y pago emitida por Newport no

cubre el valor de lista de los mencionados equipos.

Dicha fianza sólo cubría los cánones de arrendamiento y

el costo del transporte del equipo hasta el lugar de la

construcción. Esa acreencia, según relatamos

anteriormente, fue consignada por el Municipio del

retenido del contratista JPH. La obligación por la cual

la fianza respondía, por tanto, quedó extinguida de

manera que Newport se liberó de toda obligación frente a

Andamios.15 Procedería la revocación de la sentencia del

Tribunal de Apelaciones en cuanto confirmó el dictamen

del Tribunal de Primera Instancia de ordenar el pago del

valor de lista de los equipos arrendados a Newport.

VI.

La peticionaria plantea como último error que no

procedía la imposición de honorarios de abogado porque no

actuó temerariamente. La conducta alegadamente

temeraria consistió en la negativa de Newport de pagar el

valor de lista de los equipos arrendados y no devueltos a

pesar de habérsele requerido de forma extrajudicial,

además de haber dilatado el litigio evitando que Andamios

15 La sentencia del Tribunal de Primera Instancia quedaría vigente en relación con JPH y los esposos Ortiz- Pérez a los cuales se les dictó sentencia en rebeldía. CC-2007-1067 37

recobrara su equipo o su acreencia. Newport aduce que la

controversia que planteaba este caso -si la fianza de

pago garantiza la obligación contractual contraída por el

contratista de devolver los equipos arrendados o en su

defecto responder por la pérdida de éstos- es una

novedosa, por lo que no puede ser considerada temeraria

su litigación y no proceden los honorarios impuestos.

Tiene razón la peticionaria.

Como parte del ejercicio de su discreción, el

tribunal goza de la facultad de imponer honorarios de

abogado a la parte que haya procedido con temeridad o

frivolidad de acuerdo a la Regla 44.1 de Procedimiento

Civil. Véase Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 32

L.P.R.A. Ap. III. La imposición de honorarios de abogado

por temeridad busca penalizar “al litigante perdidoso que

por su terquedad, obstinación, contumacia e insistencia

en una actitud desprovista de fundamentos, obliga a la

otra parte, innecesariamente, a asumir las molestias,

gastos, trabajo e inconvenientes de un pleito”. O.E.G. v.

Román González, 159 D.P.R. 401, 418 (2003) citando a

Domínguez Vargas v. GA Life, 157 D.P.R. 690, 706 (2002).

Por ser la determinación de temeridad de índole

discrecional, sólo debemos intervenir con ella cuando nos

enfrentemos a un caso de abuso de discreción. Flores

Berger v. Colberg, res. 20 de mayo de 2008, 2008 T.S.P.R.

90, 173 D.P.R. ____ (2008); Colón Santos v. Cooperativa, CC-2007-1067 38

res. 25 de febrero de 2008, 2008 T.S.P.R. 32, 173

D.P.R.____ (2008).

En varias ocasiones hemos resuelto que no existe

temeridad cuando lo que se plantea ante el tribunal de

instancia son planteamientos complejos y novedosos que no

han sido objeto de análisis por parte de este Tribunal.

Santiago Colón v. Supermercados Grande, 166 D.P.R. 796,

821 (2006). Tampoco existe temeridad cuando existe

alguna desavenencia honesta en cuanto a quién favorece el

derecho aplicable a los hechos del caso. Cándido

Oliveras, Inc. v. Universal Ins. Co., 141 D.P.R. 900, 936

(1996); Santos Bermúdez v. Texaco P.R., Inc., 123 D.P.R.

351, 356 (1989); Santaella Negrón v. Licari, 83 D.P.R.

887, 903-04 (1961).

La controversia a la cual nos enfrentamos en el

presente caso no había sido objeto de examen por parte de

esta Curia anteriormente. Los argumentos de la

peticionaria a lo largo del litigio fueron consistentes

con su defensa, además de estar fundamentados en la

jurisprudencia estadounidense antes expuesta. Por lo

tanto, su defensa no fue infundada o injustificada, ni

medió obstinación en su proceder. La peticionaria

tampoco desplegó una conducta temeraria que obligara a

los demandantes a perseguir un pleito innecesario.

Estamos ante un abuso de discreción por parte del foro

primario, por lo que es forzoso concluir que éste erró al

imponer honorarios de abogado por temeridad. CC-2007-1067 39

No obstante, la Opinión mayoritaria descansa, esta

vez, en meras generalidades para concluir que “[a]l

analizar el expediente en su totalidad, entendemos que

Newport fue temeraria en la tramitación de las cuestiones

planteadas”. No se expresan cuáles son las actuaciones

de la peticionaria Newport que le merecen la imposición

de honorarios de abogado por temeridad. Ante una

controversia novedosa, y ausente del expediente una

conducta temeraria por parte de la peticionaria, erra la

Mayoría al confirmar la determinación de temeridad de los

foros inferiores.

VII.

En suma, soy del criterio que la fianza de pago y

ejecución emitida por Newport no cubre el valor de lista

de los equipos arrendados y no devueltos por Andamios,

por no ser previsible que éstos se perdieran o

consumieran por razón de su uso en la obra afianzada.

Además, estimo que no procedía la imposición de

honorarios de abogado a la peticionaria por tratarse de

una controversia novedosa y no mediar temeridad en su

proceder en los foros inferiores. Por los fundamentos

antes expuestos, revocaría la sentencia del Tribunal de

Apelaciones y la sentencia del Tribunal de Primera

Instancia en cuanto le impone responsabilidad por el pago

del valor de lista de los equipos arrendados y honorarios

de abogado a Newport. Devolvería el caso a dicho foro

para que continúen los procedimientos de forma compatible CC-2007-1067 40

con lo aquí expuesto. Por no ser ese el resultado al cual

llega la Mayoría, respetuosamente disiento.

Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada