Albert Rodríguez v. Integrand Assurance Company

2016 TSPR 195

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: September 9, 2016
• Docket: CC-2014-826
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Félix Albert Rodríguez, Lydia García Peña y la Sociedad Legal de Gananciales Certiorari Recurridos 2016 TSPR 195 v. 196 DPR ____ Integrand Assurance Company

Peticionaria

Número del Caso: CC-2014-826

Fecha: 9 de septiembre de 2016

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan, Panel III

Abogada de la parte Peticionaria:

Lcda. Gaudelyn Sánchez Mejías

Abogado de la parte Recurrida:

Lcdo. Guillermo J. Deguzmán

Materia: Derecho de Seguros – Oponibilidad de la defensa de falta de notificación o notificación tardía en una póliza de ocurrencia cuando un tercero perjudicado entabló una acción directa contra la compañía aseguradora luego de obtener una Sentencia final y firme contra el asegurado

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Félix Albert Rodríguez, Lydia García Peña y la Sociedad Legal de Gananciales

Recurridos

v. CC-2014-826 Certiorari

Integrand Assurance Company

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Estrella Martínez

San Juan, Puerto Rico, a 9 de septiembre de 2016.

Nos corresponde dilucidar si en una póliza de

ocurrencia (occurrence policy) la defensa de falta de

notificación o notificación tardía es oponible por una

compañía aseguradora frente a un tercero perjudicado que

entabló una acción directa contra ésta luego de obtener

una sentencia final y firme contra el asegurado.

I

Los hechos que originan la controversia ante nuestra

consideración, según estipulados, se remontan al 1 de mayo

de 2003 cuando La Cumbre, S.E., presentó una demanda de

daños y perjuicios contra Félix Albert Rodríguez y Lydia

García Peña (esposos Albert-García), en la cual alegaron CC-2014-826 2

que éstos obstruyeron unas tuberías de aguas pluviales

instaladas para la construcción del proyecto La

Ciudadela en Guaynabo.1 Como parte de ese litigio, los

esposos Albert-García presentaron una demanda de tercero

en contra de FJ Construction Corp. (FJ Construction),

reclamando la indemnización de los daños y perjuicios

causados por las actuaciones negligentes de ésta durante

la construcción de La Ciudadela. Asimismo, FJ

Construction presentó una reconvención contra los

esposos Albert-García.

Luego de varios incidentes procesales, y algunos

días antes del comienzo del juicio, FJ Construction le

informó solamente a los esposos Albert-García sobre la

existencia de una póliza de seguro de responsabilidad

civil, pero no se la proveyó. Como cuestión de hecho,

ninguna de las partes incluyó a Integrand Assurance

Company (Integrand) en el pleito ni se le notificó de la

acción instada contra FJ Construction. Una vez comenzado

el juicio en su fondo, tanto FJ Construction, como los

esposos Albert-García, presentaron la prueba

correspondiente, incluyendo documentos, fotografías,

testigos y peritos. Luego de auscultar y sopesar la

prueba sometida por ambas partes, el Tribunal de Primera

Instancia dictó la Sentencia del 26 de febrero de 2009,

notificada el 12 de marzo de 2009, declarando con lugar

1 Las reclamaciones de La Cumbre, S.E. contra los esposos Albert-García fueron objeto de un acuerdo de transacción. CC-2014-826 3

la demanda contra tercero presentada por los esposos

Albert-García y condenó a FJ Construction a pagar

$100,000 por concepto de daños y perjuicios. Igualmente,

desestimó la reconvención presentada por FJ Construction

contra los esposos Albert-García, imponiendo el pago de

$10,000 en honorarios de abogado por temeridad. Así, FJ

Construction presentó un recurso de apelación ante el

Tribunal de Apelaciones. Éste confirmó la sentencia del

Tribunal de Primera Instancia. La Sentencia del Tribunal

de Apelaciones advino final y firme el 15 de enero de

2010.2

Posteriormente, los esposos Albert-García

recibieron la póliza de ocurrencia emitida por Integrand

a favor de FJ Construction y, alrededor de mayo de 2010,

efectuaron una reclamación extrajudicial por escrito a

Integrand para solicitarle el pago de los $100,000, en

virtud de la sentencia obtenida en contra de su

asegurado, FJ Construction. Integrand nunca respondió la

reclamación extrajudicial de los esposos Albert-García.

Por ende, éstos instaron la demanda ante nuestra

consideración contra Integrand, como asegurador de FJ

Construction, para el cobro de la sentencia final y

firme en contra de su asegurado.

Ante esto, Integrand contestó la demanda alegando

que no responde como asegurador, pues nunca se le

2 Las partes no han cuestionado la sentencia del Tribunal de Apelaciones. Por ende, ésta constituye cosa juzgada y no está ante nuestra consideración. CC-2014-826 4

notificó sobre el pleito entre los esposos Albert-García

y FJ Construction aduciendo que así lo requería la

póliza emitida. En lo pertinente, alegó que la póliza de

seguro, expedida por Integrand a favor de FJ

Construction, le impone al asegurado el deber de

notificar al asegurador sobre cualquier suceso que pueda

activar su responsabilidad, incluyendo la presentación

de una reclamación o demanda en contra del asegurado.

Asimismo, plantearon que el contrato de seguro suscrito

provee que ninguna persona podrá reclamar indemnización,

según la póliza de seguros, a no ser que el asegurado

cumpla con todas las condiciones del contrato. Por

tanto, Integrand sostuvo que procede desestimar la

demanda presentada por los esposos Albert-García debido

al incumplimiento con los términos de la póliza, ya que

fue notificada tardíamente de la demanda contra su

asegurado y los reclamantes se colocan en la misma

posición y deberes de FJ Construction.

En este contexto, Integrand alegó que estas

cláusulas tienen el propósito de facilitar la

investigación ante un incidente cubierto por la póliza

de seguro, de modo tal que se pueda proveer una defensa

adecuada ante los tribunales.3 Asimismo, sostuvo que el

3 Entre sus contenciones, Integrand señaló ante el Tribunal de Primera Instancia que el incumplimiento con la notificación le impidió realizar una investigación exhaustiva de los hechos, descubrir evidencia documental y testifical, recopilar fotografías del lugar de los hechos y de los alegados daños, incorporar a terceros que pudieran responder a los demandantes y hacer una CC-2014-826 5

incumplimiento con la notificación requerida le ocasionó

irreparables daños y perjuicios.

Por su parte, los esposos Albert-García sostuvieron

que el Artículo 20.030 del Código de Seguros, infra,

provee para la acción directa contra Integrand como

asegurador de FJ Construction. Por ende, alegaron que la

defensa de falta de notificación sólo procede cuando se

demuestre que tal incumplimiento causó un perjuicio

sustancial al asegurador. Los esposos Albert-García

señalaron que Integrand no demostró haber sufrido un

perjuicio sustancial a causa de la falta de

notificación, que impida el cobro de la póliza, sino que

sólo se limitó a argumentar situaciones hipotéticas.

Examinadas las posturas de las partes, el Tribunal

de Primera Instancia dictó Sentencia y declaró sin lugar

la demanda de los esposos Albert-García contra

Integrand. El foro primario expresó que cuando un

perjudicado entabla una acción directa contra un

asegurador, éste puede oponer las mismas defensas que

podría invocar contra el asegurado, siendo la falta de

notificación una de ellas. Mediante un “balance de

intereses”, el Tribunal de Primera Instancia concluyó

que Integrand quedó en un “estado de indefensión

absoluta” cuando los perjudicados no subsanaron la falta

oferta de transacción. Además, reclamó que se le menoscabó su derecho de asumir representación legal. A su vez, señaló que esa falta de notificación le expone a satisfacer intereses post-sentencia acumulados desde el dictamen. CC-2014-826 6

de notificación de FJ Construction, a pesar de que

conocían de la existencia de una póliza antes del juicio

contra FJ Construction.4 Así, el foro primario determinó

que la falta de notificación por parte de los

perjudicados le ocasionó daños sustanciales al

asegurador.

Inconformes con la decisión, los esposos Albert-

García presentaron una reconsideración ante el foro

primario, la cual fue declarada no ha lugar, por lo que

acudieron ante el Tribunal de Apelaciones mediante un

recurso de apelación. Éste revocó al Tribunal de Primera

Instancia. El Tribunal de Apelaciones indicó que

mediante la acción directa del perjudicado se activa una

responsabilidad sustantiva absoluta del asegurador en

beneficio del tercero perjudicado. En consecuencia,

concluyó que Integrand no podía oponer la defensa de

falta de notificación contra los esposos Albert-García,

ya que las cláusulas de notificación sólo se pueden

oponer cuando se demanda al asegurado y asegurador

conjuntamente. Además, según el Tribunal de Apelaciones,

la política pública detrás de las acciones directas

instadas al amparo del Código de Seguros exige que la

responsabilidad de las aseguradoras se determine a

partir de si la póliza cubre el riesgo o no.5

4 Véase, Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 30 de septiembre de 2011, Apéndice del certiorari, pág. 244. 5 Véase, Sentencia del Tribunal de Apelaciones, Apéndice del certiorari, págs. 303-304. CC-2014-826 7

Así las cosas, Integrand presentó oportunamente el

recurso de certiorari ante nuestra consideración. En

síntesis, señaló que el Tribunal de Apelaciones erró al

determinar que la defensa de notificación tardía es

inoponible a los esposos Albert-García y concluir que

responde de forma absoluta, según la póliza de seguro

emitida a favor de FJ Construction.

El 30 de enero de 2015 expedimos el recurso ante

nuestra consideración y tras examinar los escritos de

los comparecientes, procedemos a discutir el derecho

aplicable y resolver la controversia.

II

En Puerto Rico, la industria de seguros es una

sumamente importante, por lo que las controversias

relacionadas con la figura del contrato de seguros

revisten un interés público y se han resuelto al amparo

de las disposiciones del Código de Seguros y su

jurisprudencia interpretativa, considerando al Código

Civil como fuente de derecho supletorio. Jiménez López

et al. v. SIMED, 180 DPR 1, 8 (2010); Mun. of San Juan

v. Great Ame. Ins. Co., 117 DPR 632, 635 (1986).

Asimismo, a tono con los orígenes del Código de Seguros,

este Tribunal ha recurrido a las normas más avanzadas

del derecho civil y derecho angloamericano por su valor

persuasivo. CSMPR v. Carlo Marrero et als., 182 DPR 411,

424 (2011). CC-2014-826 8

Al considerar lo anterior, la controversia ante

este Tribunal requiere un examen integral de las

disposiciones del Código de Seguros de Puerto Rico

vigente, Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, 26 LPRA

secs. 101 et seq., relacionadas con la responsabilidad

del asegurador, según una póliza de seguro, frente a un

tercero perjudicado por los actos u omisiones del

asegurado. Específicamente, el desarrollo de las normas

relacionadas con los Art. 20.010 y 20.030 del Código de

Seguros, 26 LPRA secs. 2001 y 2003, respectivamente.

Mientras el Artículo 20.010, supra, atiende el carácter

de la responsabilidad de un asegurador, el Artículo

20.030 del Código de Seguros, supra, establece los

principios que rigen las reclamaciones de un tercero,

según la cubierta de una póliza de seguro.

Para comprender el alcance de los citados artículos

es necesario examinar el origen de estas disposiciones.

Inicialmente, en Puerto Rico un asegurador podía ser

demandado en dos formas: (1) por demanda contra el

asegurador únicamente luego de haber el demandante

obtenido sentencia final contra el asegurado; o (2)

incluyendo al asegurado y al asegurador en la misma

demanda. Véanse, Pérez v. Maryland Casualty Company, 78

DPR 475, 478 (1955); Bithorn v. Santana, 68 DPR 300

(1948); United States Casualty Co. v. Corte, 66 DPR 937,

939 (1947). Posteriormente, en 1952 se aprobó la Ley

Núm. 60 para permitir interponer una demanda contra la CC-2014-826 9

compañía aseguradora únicamente, sin necesidad de

esperar a que recayera sentencia final contra el

asegurado o incluirla como codemandada. Tal enmienda

generó una discusión sobre si la aprobación de la Ley

Núm. 60 tuvo el efecto de crear una causa de acción

(sustantiva) contra la aseguradora o si simplemente era

una medida meramente procesal. Pérez v. Maryland

Casualty Company, supra, pág. 479. En aquel entonces,

este Tribunal expresó que el historial legislativo de la

referida enmienda no reflejaba la intención de la

Asamblea Legislativa de crear “una causa de acción

separada y distinta contra el asegurador”, como existía

en el estado de Louisiana, por lo que se concluyó que

las enmiendas a las disposiciones de la Ley de Seguros

sólo consistieron en cambios al procedimiento. Íd.,

págs. 480-481.6 Véase, además, Landol v. Colón, 78 DPR

602, 604 (1955); Autoridad de las Fuentes Fluviales v.

Irizarry, 72 DPR 644, 650 (1951).

La norma pautada conllevó serias consecuencias para

los perjudicados quienes se veían imposibilitados de

recibir resarcimiento de daños por tecnicismos de ley,

la ausencia del asegurado de la jurisdicción o por algún

6 Esta postura se refleja en las decisiones de este Tribunal en las que resalta el hecho de que la aseguradora se incluía como parte del pleito contra su asegurado. Véanse, Lafontaine v. Municipio de Río Grande, 79 DPR 583 (1956); Landol v. Colón, 78 DPR 602 (1955); Pérez v. Maryland Casualty Company, 78 DPR 475 (1955); Faulkner v. Nieves, 76 DPR 434 (1954); Colón v. Gobierno de la Capital de P.R., 62 DPR 25 (1943). CC-2014-826 10

otro motivo que prescribiera su causa de acción. Véanse:

Landol v. Colón, supra; Pérez v. Maryland Casualty

Company, supra; Autoridad de las Fuentes Fluviales v.

Irizarry, supra. Para atender esta situación, se aprobó

en el 1957 el Código de Seguros, supra, con los

artículos objeto de estudio.7

Así, el Artículo 20.010 del Código de Seguros,

supra, dispone actualmente que “[e]l asegurador que

expidiere una póliza asegurando a una persona contra

daños o perjuicios, por causa de responsabilidad legal

por lesiones corporales, muerte o daños a la propiedad

de una tercera persona, será responsable cuando

ocurriere una pérdida cubierta por dicha póliza, y el

pago de dicha pérdida por el asegurador hasta el grado

de su responsabilidad por la misma, con arreglo a la

póliza, no dependerá del pago que efectúe el asegurado

en virtud de sentencia firme dictada contra él con

motivo del suceso, ni dependerá de dicha sentencia”.

Énfasis suplido.

Por otro lado, y cónsono con el Artículo 20.010 del

Código de Seguros, supra, el Artículo 20.030 del Código

de Seguros, supra, provee que: “[l]a persona que

sufriere los daños y perjuicios tendrá, a su opción, una

7 Este Tribunal en Landol v. Colón, supra, advirtió que el estado de derecho vigente funcionaba injustamente al privar a un perjudicado de una causa de acción que de otro modo sería válida. A su vez, señaló que le competía a la Asamblea Legislativa establecer una doctrina germana a la de Louisiana. Íd, pag. 605, esc. 1. CC-2014-826 11

acción directa contra el asegurador conforme a los

términos y limitaciones de la póliza, acción que podrá

ejercitar contra el asegurador solamente o contra éste y

el asegurado conjuntamente”. (Énfasis suplido). Ahora

bien, esta acción está “sujeta a las condiciones de la

póliza o contrato y a las defensas que pudieran alegarse

por el asegurador en acción directa instada por el

asegurado”. (Énfasis suplido). Igualmente, si el tercero

perjudicado entabla una demanda solo en contra del

asegurado, “no se estimará por ello que se le prive,

subrogándose en los derechos del asegurado con arreglo a

la póliza, del derecho de sostener acción contra el

asegurador y cobrarle luego de obtener sentencia firme

contra el asegurado”. Íd. (Enfásis suplido).

Con tales cambios, se generó una responsabilidad

del asegurador hacia el perjudicado en aquellas

situaciones en que ocurre una pérdida cubierta por la

póliza de seguro, que no depende de alguna sentencia

dictada por un tribunal en contra del asegurado o de

algún pago de sentencia efectuado por éste. Trigo v. The

Travelers Ins. Co., 91 DPR 868, 874-875 (1965). De esta

forma, se introdujo la acción directa (direct action)

contra el asegurador existente en la legislación de

Lousiana.8 Claro está, esa acción directa está sujeta “a

8 En ese momento, el estatuto de Louisiana reconocía a la parte perjudicada el derecho de entablar una reclamación contra el asegurador directamente. La política pública enmarcada consistía en que una póliza de seguro no se emite primariamente para la protección CC-2014-826 12

los términos mismos y limitaciones de la póliza”, lo que

implica que el acto debe estar cubierto por la póliza.

Las expresiones al aprobar la referida legislación

fueron contundentes con relación a la política pública

acogida de brindar a las personas que reciban daño el

derecho legítimo a recibir resarcimiento. Trigo v. The

Travelers Ins. Co., supra, págs. 875-877. De igual

manera, se alteró el estado de derecho vigente antes de

1957 reconociendo que un tercero perjudicado puede

solicitar indemnización por sus agravios al asegurador

solamente y que su derecho no está predicado en la

acción contra el asegurado. Íd., págs. 874-875.9

Por tal razón, más allá de los mecanismos

procesales que pudiesen existir, en Puerto Rico se

reconoció una causa de acción a favor de un tercero

del asegurado, sino para la protección del público. Véanse, Davis v. Consolidated Underwriters, 6 So. 2d 351, 357 (La. 1942). Advertimos que la legislación de Louisiana sobre la acción directa ha sido objeto de enmiendas y en la actualidad permite entablar un pleito contra la aseguradora como única parte demandada en seis supuestos, a saber: (1) el asegurado se declaró en quiebra o comenzó un proceso a estos efectos en una corte competente; (2) el asegurado es insolvente; (3) el asegurado no puede ser emplazado o localizado; (4) la causa de acción es por daños como resultado de una ofensa entre hijos y sus padres, o entre personas casadas; (5) el asegurado es un transportista motorista no asegurado; y (6) el asegurado ha fallecido. Véanse: LA R.S. 22:1269; Soileau v. Smith True Value and Rental, 144 So. 3d 771 (La. 2013). 9 Por ello, en Trigo v. The Traveleres, Ins. Co., 91 DPR 868 (1965) contrario a lo resuelto en Cruz v. González, 66 DPR 212 (1946), se estableció que aunque la causa de acción estuviere prescrita contra el asegurado, ello no implica que esté también prescrita contra la aseguradora. CC-2014-826 13

perjudicado y en contra del asegurador, como cuestión de

derecho sustantivo, la cual es distinta y separada de la

causa de acción que pudiese tener ese tercero contra el

asegurado. En vista de lo anterior, hemos expresado que

la persona que alega que ha sufrido daños y perjuicios

causados por las acciones u omisiones culposas o

negligentes de un asegurado puede orientar su causa de

acción de tres formas distintas: (1) demandar al

asegurador; (2) demandar al asegurado, o (3) demandar al

asegurado y su asegurador conjuntamente. Neptune Packing

Corp. v. Wackenhut Corp., 120 DPR 283, 289 (1988).

Igualmente, si la persona que ha sufrido los daños

dirige su causa de acción en contra del asegurado y

obtiene una sentencia final y firme en contra de éste,

el perjudicado podría instar una acción posteriormente

en contra del asegurador para exigir el pago de la

sentencia. Íd., págs. 289-290; Ruiz v. New York Dept.

Stores, 146 DPR 353, 367-368 (1998).

No obstante, el Artículo 20.030 del Código de

Seguros, supra, sujeta la acción a las condiciones de la

póliza de seguros, por lo que hemos interpretado que

esto se refiere a que la responsabilidad del asegurador

no será mayor que la pactada en la póliza de seguro ni

surgirá en caso de que el asegurado no haya incurrido en

actos u omisiones culposas o negligentes. Trigo v. The

Travelers Ins. Co., supra, pág. 875. En cuanto a las

defensas que el asegurador puede interponer frente al CC-2014-826 14

tercero perjudicado, en García v. Northern Assurance

Co., 92 DPR 245 (1965), expresamos que un asegurador no

puede oponer aquellas defensas personales que le

corresponden al asegurado. Íd., págs. 254-255 citando a

Lumbermen's Mut. Cas. Co. v. Elbert, 348 U.S. 48 (1954),

entre otros. A tono con esto, resolvimos que un

asegurador no puede oponer la defensa de falta de

notificación a un municipio dentro de los 90 días

requeridos por las leyes aplicables a las reclamaciones

contra municipios entonces vigentes, ya que esta defensa

sólo le beneficiaba al Municipio por disposición de ley.

Íd., pág. 251.

A tono con la normativa enunciada, la Asamblea

Legislativa enmendó el Artículo 20.030 del Código de

Seguros, supra, mediante la Ley Núm. 186-2007 para

aclarar que en la “acción directa incoada por la persona

que sufriere los daños y perjuicios contra el

asegurador, éste está impedido de interponer aquellas

defensas del asegurado basadas en la protección de la

unidad de la familia u otras inmunidades similares que

estén reconocidas en el ordenamiento jurídico de Puerto

Rico”. Con ello, se incorporó lo resuelto en Drahus v.

Nationwide Mutual Ins. Co., 104 DPR 60 (1975). Cabe

destacar que la Ley Núm. 186-2007 no cambió la

naturaleza sustantiva de la acción, es decir, aún el

tercero perjudicado puede entablar directamente su

reclamo contra el asegurador solamente. Ahora bien, CC-2014-826 15

según el historial legislativo de la referida ley, no

procede una interpretación que pretenda imputar

responsabilidad absoluta al asegurador aún en ausencia

de negligencia o culpa del asegurado. Véase Comisión de

lo Jurídico, Informe Positivo sobre el P. de la C. 3637,

Senado de Puerto Rico, 22 de octubre de 2007; Comisión

de Hacienda y Asuntos Financieros, Informe Positivo

sobre el P. de la C. 3637, Cámara de Representantes, 31

de agosto de 2007. Por tal razón, esta enmienda no

alteró el estado de derecho vigente, pues ya desde el

1962 indicamos que el asegurador sólo será responsable,

según una póliza de seguros de responsabilidad civil, si

el asegurado ha sido culposo o negligente. Véase Almonte

de Mejía v. Díaz, 86 DPR 111 (1962).

Lo anterior refleja que nuestro Código de Seguros

establece una política pública diseñada para permitir

que un tercero perjudicado pueda reclamarle directamente

a un asegurador, según una póliza de seguro mediante una

acción de naturaleza sustantiva, distinta y separada de

la que pudiera corresponder en contra del asegurado. Al

igual que el estatuto de Louisiana, se trata de un

andamiaje jurídico inspirado en consideraciones de

interés público y atados a la protección de terceros

perjudicados por la conducta de un asegurado. Véase H.

Alston Johnson, Article: The Louisiana Direct Action

Statute, 43 La. L. Rev. 1455, 1457-1458 (1983). CC-2014-826 16

Es en este marco de la acción directa, sujeta a los

términos y limitaciones de la póliza, que nos

corresponde auscultar si la defensa de notificación

tardía al asegurador se puede oponer a terceros

perjudicados y, de ser oponible, qué parámetros han de

regir su aplicación. Procedemos.

III

A.

En el ámbito que nos ocupa, es sabido que

virtualmente todos los contratos de seguros contienen

cláusulas contractuales que le imponen ciertos deberes

al asegurado para con el asegurador. Por un lado, estas

cláusulas contractuales usualmente exigen la cooperación

del asegurado durante la fase investigativa del suceso

detonante de la cubierta de la póliza de seguro. Por

otro lado, el asegurado comúnmente tiene el deber

contractual de notificar al asegurador sobre cualquier

suceso, reclamación o demanda que active la

responsabilidad indemnizatoria de éste, según

determinada póliza de seguro. Véase Lcdo. Rolando Cruz,

Derecho de Seguros, San Juan, Publicaciones JTS, 1999,

pág. 183; 8f-198 Appleman on Insurance secs. 4731 y

4771. Ambos deberes contractuales se encuentran

intrínsecamente relacionados entre sí y persiguen un fin

similar. Véase Mun. of San Juan v. Great Ame. Ins. Co.,

supra, pág. 637. CC-2014-826 17

Esencialmente, el requisito de notificación al

asegurador tiene el propósito de facilitarle a éste la

investigación correspondiente del suceso, reclamación o

demanda por la cual se solicita la cubierta de la

póliza, así como la preparación de sus defensas. Véase

Faulkner v. Nieves, 76 DPR 434, 439-440 (1954). Así, el

ex Comisionado de Seguros, Lcdo. Rolando Cruz nos

explica que una investigación adecuada del suceso

cubierto por la póliza de seguro reduce el riesgo del

asegurador ante reclamaciones fraudulentas, fomenta las

transacciones de reclamaciones y evita la adjudicación

excesiva de daños por parte de un tribunal. Rolando

Cruz, op. cit., pág. 182. En ese sentido, nos explica

que “[e]l único efecto jurídico que resultaría del

incumplimiento por parte del asegurado de las

condiciones obligatorias precedentes de dar aviso de

pérdida al asegurador . . . es que dicho incumplimiento

puede constituir una defensa adecuada para relevar al

asegurador de responsabilidad en la póliza”. Énfasis

suplido. Íd., pág. 181.

B.

Con relación a la oponibilidad de la defensa de

notificación tardía frente a un tercero perjudicado,

antes de aprobarse los Art. 20.010 y 20.030 del Código

de Seguros, supra, este Tribunal expresó que la defensa

de incumplimiento con las condiciones del contrato

“puede ser interpuesta por la compa ía aseguradora no CC-2014-826 18

solamente contra el asegurado si que también contra el

reclamante de una indemnización por perjuicios sufridos

por un accidente cubierto por la póliza”. Colón v.

Gobierno de la Capital, 62 DPR 25, 38 (1943). Incluso,

expresamos que “el perjudicado ocupa la misma posición

legal del asegurado, salvo en el caso de colusión entre

éste y el asegurador”. Íd. Por ello, la norma jurídica

sostenía que el tercero perjudicado podía protegerse de

la defensa de incumplimiento levantada por la

aseguradora, al hacerla formar parte de la acción

instada, emplazándola y entregando copia de la demanda.

Íd., págs. 38-39. Asimismo, se aceptaba que la

aseguradora podía renunciar a la defensa de falta de

notificación con sus propias actuaciones y se señalaba

que la notificación tardía, por sí sola, no era

suficiente para liberar a la compañía aseguradora de

responsabilidad. Véanse, Cuebas Fernández v. P.R.

American Ins. Co., 85 DPR 626, 644 (1962),10 Lafontaine

v. Municipio de Río Grande, 79 DPR 583, 585-586 (1956);

Landol v. Colón, 78 DPR 602, 604-605 (1955); Faulkner

v. Nieves, supra, págs. 438, 440. Inclusive, para que

ésta prosperara debía demostrar que el incumplimiento le

provocó un daño sustancial.

A pesar de ello, este Tribunal no ha elaborado un

estándar ni se ha expresado para delimitar cuándo es

10 Los hechos adjudicados ocurrieron el 26 de junio de 1957 cuando aún no estaba vigente el nuevo Código de Seguros. CC-2014-826 19

oponible la defensa de falta de notificación frente a un

tercero perjudicado y cuándo el asegurador está impedido

de oponerla tras el reconocimiento del derecho de un

tercero perjudicado a instar una acción directamente

contra la aseguradora bajo las disposiciones de las

enmiendas del Código de Seguros de 1957.11 Tampoco hemos

dilucidado si tal incumplimiento libera al asegurador de

responsabilidad frente a un tercero perjudicado.

Nuestra jurisprudencia no ha abundado

específicamente en torno a los pormenores de la

aplicación de la defensa considerando la política

pública establecida por los Art. 20.010 y 20.030 del

Código de Seguros. Tras las enmiendas de 1957, y el

reconocimiento de que el nuevo estatuto adoptado es

sustancialmente idéntico al de Louisiana, nos limitamos

a expresar que ello no significa que el asegurador asume

una responsabilidad absoluta. Su obligación dependerá de

si la póliza cubre el riesgo. García v. Northern

Assurance, Co., supra, pág. 255. Asimismo dictaminamos,

a base de la interpretación del estatuto de Louisiana,

que el asegurador está impedido de interponer defensas

personales o privativas de su asegurado frente a la

11 Mediante Sentencia emitida en Molina v. Ruiz, 113 DPR 287 (1982), este Tribunal se limitó a remitir a una vista plenaria para dilucidar si una aseguradora sufrió daños sustanciales por razón de la notificación tardía. Al así resolver, este Tribunal citó la jurisprudencia elaborada previo a las enmiendas de 1957 al Código de Seguros, sin auscultar si éstas eran de aplicación a la acción directa incorporoda en el nuevo ordenamiento. CC-2014-826 20

reclamación de un tercero perjudicado Íd., pág. 255.12

Véase, Lumbermen’s Mut. Cas. Co. v. Elbert, 348 US 48

(1954). Sin embargo, no se elaboró una norma y sólo nos

limitamos a sugerir que, “el asegurador está severamente

restringido de interponer defensas técnicas basadas en

los términos de la póliza, tales como falta de

notificación cuando el perjudicado radica una acción

directa”. García v. Northern Assurance Co., supra, pág.

251. (Énfasis suplido).

Por consiguiente, para atender la controversia

resulta adecuado remitirnos a la casuística de la

jurisdicción de Louisiana relacionada con la defensa de

falta de notificación interpuesta por la compañía

aseguradora frente a un tercero perjudicado, en el

contexto de la acción directa.

C.

En relación con las pólizas de ocurrencia, el

estatuto de Louisiana, acogido en nuestra legislación,

ha sido objeto de numerosas interpretaciones que

elaboraron la política pública que permea en el

reconocimiento de que un tercero perjudicado pueda

12 En García v. Northern Assurance, Co., 92 DPR 245 (1965) este Tribunal se limitó a resolver que el incumplimiento en notificar al municipio dentro del término de 90 días de ocurrido un accidente previo a la reclamación de daños y perjuicios no impide que el lesionado interponga una acción directa en daños y perjuicios contra la aseguradora del municipio. Nada se dispuso con relación a si la falta de notificación requerida en la póliza libera al asegurador de responsabilidad frente a un tercero perjudicado. CC-2014-826 21

instar una acción directa contra el asegurador.13 Véase,

Davies v. Consolidated Underwriters; 6 So. 2d 351 (La.

1942); Edwards v. Fidelity & Casualty Co. of New York,

123 So. 162 (La. Ct. App. 1929). De igual forma, se

desarrolló la jurisprudencia interpretativa en cuanto a

lo que significa “conforme los términos y limitaciones

de la póliza” con relación a la defensa de falta de

notificación o notificación tardía levantada por la

compañía aseguradora frente a un tercero perjudicado.

Específicamente, la Corte Suprema de Louisiana

estableció que cada caso debe ser examinado conforme a

sus hechos y circunstancias particulares. Los tribunales

deben considerar en el balance de intereses el tiempo

entre el suceso reclamado y la notificación, el momento

en que la parte perjudicada descubrió su daño, cuándo

ésta descubrió y conoció la existencia de una póliza y

13 Sabido es que, de ordinario, existen dos tipos de cubiertas de seguros básicas: las de ocurrencia (occurrence policies) y las de reclamo presentado (Claims made and reported policies). En esencia, en la póliza de reclamo presentado existe cubierta si la reclamación se hace durante el periodo de vigencia de la póliza mientras que en la póliza de ocurrencia sólo depende de que el incidente haya ocurrido en el periodo de vigencia aunque no se haya reclamado. Véanse, Jiménez López et al. v. SIMED, 180 DPR 1, 11 (2010); 7 Couch on Insurance, 3d, Sec. 102:22, págs. 66-71 (2013). En cuanto a la póliza de reclamo presentado refiérase a lo resuelto en Gorman v. City of Opelousas, 148 So. 3d 888, 894 (La. 2014). Véase, además, Grant Tolbird, Death in the City: Gorman’s Flawed Application of the Direct Action Statute to Insured Political Subdivisions, 76 La. L. Rev. 583 (2015). CC-2014-826 22

la identidad de la compañía aseguradora, el perjuicio

causado a la defensa de la compañía aseguradora por el

retraso de la notificación, la buena fe del asegurado y

del tercero perjudicado, la existencia de circunstancias

especiales, el fraude o la colusión. Jackson v. State

Farm Mut. Auto. Ins. Co., 29 So. 2d 177, 179 (La. 1946).

Luego, en West v. Monroe Bakery, Inc., 46 So. 2d

122 (La. 1950), la Corte Suprema de Louisiana examinó

los distintos pronunciamientos sobre el asunto para

concluir tajantemente que la acción directa le confiere

un derecho sustantivo a los terceros perjudicados,

sujeto solamente a las defensas legales que se puedan

levantar contra quien produjo el daño. Íd., pág. 123.

Tal derecho está cimentado en que el tercero perjudicado

que actúa sin culpa no puede ser responsable por el

incumplimiento del acuerdo entre el asegurado y el

asegurador. La política pública es a favor de la

protección del público. Íd., págs. 129-130. Véase,

Gorman v. City of Opelousas, 148 So. 3d 888, 894 (La.

2014). Empero, citó con aprobación lo enunciado en

Davies v. Consolidated Underwriters, supra, pág. 357, en

torno a que el asegurador no está vedado de oponer la

defensa de notificación tardía en situaciones “sumamente

claras”. West v. Monroe Bakery, Inc., supra, págs. 129-

130.

Estas decisiones contribuyeron a enmarcar la norma

jurídica aplicable como un híbrido entre lo enunciado en CC-2014-826 23

West v. Monroe Bakery, Inc., supra, y los factores

establecidos en Jackson v. State Farm Mut. Auto. Ins.

Co., supra. Como resultado, el enfoque al dilucidar si

procede la defensa de notificación tardía de una

aseguradora de una póliza de ocurrencia frente a un

tercero perjudicado es caso a caso con el resultado de

que la aseguradora se beneficiará de la defensa de falta

de notificación en aquellas instancias en las que existe

un perjuicio a su defensa o se establece el fraude. Por

tanto, la compañía aseguradora estará severamente

restringida de oponer estas defensas. H. Alston Johnson,

supra, págs. 1487-1488. Véase, además, Lumbermen’s Mut.

Cas. Co. v. Elbert, supra, pág. 51.

D.

Conforme a lo expresado, la defensa de notificación

tardía o falta de notificación no procede

automáticamente contra un tercero perjudicado en una

acción directa si se opone como un mero incumplimiento

técnico del asegurado, según los términos y condiciones

de la póliza de ocurrencia. Esto, ya que la acción

directa incorporada en Puerto Rico, más allá de proveer

una causa de acción a favor de un perjudicado, se

fundamenta en la protección de terceros. Véase Davies v.

Consol. Underwriters, supra. Además, las pólizas de

seguros de responsabilidad civil crean vínculos y

obligaciones entre el asegurado y el asegurador, sin que

lo pactado imponga deberes en los terceros perjudicados CC-2014-826 24

beneficiarios de la cubierta. Véase Art. 1044 del Código

Civil, 31 LPRA sec. 2994.

De acuerdo con lo expuesto, los tribunales deben

examinar con mayor rigurosidad la procedencia de la

defensa de notificación tardía o falta de notificación

cuando el asegurador la opone contra el tercero

perjudicado que cuando la opone frente al asegurado.

Asimismo, lo resuelto en Colón v. Gobierno de la Capital

de P.R., supra, no aplica a las enmiendas incorporadas

en el 1957 al Código de Seguros. Por tanto, un tercero

perjudicado no está obligado a notificar al asegurador

de la reclamación en contra del asegurado para evitar

que proceda la defensa de notificación tardía o falta de

notificación. Esto, puesto que las decisiones de este

Tribunal fueron resueltas antes de que en Puerto Rico se

incorporara la acción directa como un derecho sustantivo

de un tercero perjudicado. Además, ello atentaría contra

el derecho del tercero perjudicado a entablar una

reclamación directa y exclusivamente contra el

asegurador. Véase Neptune Packing Corp. v. Wackenhut

Corp, supra, pág. 289.

Por tal razón, resolvemos que cuando el Artículo

20.030 del Código de Seguros, supra, crea la acción

directa de un tercero perjudicado contra el asegurador y

supedita ésta a las condiciones de la póliza, ello no

implica que el incumplimiento con la notificación

requerida en una póliza de ocurrencia constituya por sí CC-2014-826 25

sola ni automáticamente una defensa oponible frente a un

tercero perjudicado. Un asegurador no podrá oponer

exitosamente la defensa afirmativa de notificación

tardía o falta de notificación frente a un tercero

perjudicado en una acción directa instada al amparo del

Artículo 20.030 del Código de Seguros, supra, a menos

que el asegurador demuestre claramente que tal

incumplimiento le causó un daño sustancial y material, o

hubo fraude o colusión. La determinación de si hubo o no

un daño sustancial y material causado por el

incumplimiento con los requisitos de notificación del

asegurado dependerá de los hechos de cada caso, a la luz

de la política pública adelantada con la implantación

del mecanismo de la acción directa disponible al tercero

perjudicado en contra del asegurador.

En resumen, y como hemos examinado, la norma

jurídica permite instar una acción reclamando daños

únicamente contra la aseguradora. Ésta responde por la

póliza de ocurrencia emitida siempre y cuando el

incidente por culpa o negligencia del asegurado ocurra

dentro del periodo de cubierta de la póliza. Sin

embargo, ello no significa que la responsabilidad de la

aseguradora sea absoluta frente al asegurado. Como hemos

enunciado, el Artículo 20.030 del Código de Seguros,

supra, dispone que la acción incoada directamente contra

el asegurador está sujeta a las condiciones de la póliza

o contrato y a las defensas que el asegurador pudiera CC-2014-826 26

alegar contra el asegurado. No se trata de las defensas

privativas o personales del asegurado, pero cuando la

póliza de ocurrencia contiene una cláusula que requiere

la notificación de la acción instada, su incumplimiento

es oponible tanto al asegurado como al tercero

perjudicado independiente de si la acción fue entablada

exclusivamente contra la compañía aseguradora o ésta se

hizo formar parte del pleito original. Sin embargo,

cuando la defensa de la aseguradora es frente a un

tercero perjudicado se examina de forma más restrictiva

si ésta procede o no, es decir, en beneficio del tercero

perjudicado, por lo que la aseguradora tendrá que

demostrar claramente que el incumplimiento le causó un

daño sustancial y material, o que medió fraude o

colusión. En tal ejercicio, avalamos la política pública

a favor del tercero perjudicado para que éste pueda

reclamar directamente contra el asegurador y reciba la

indemnización que corresponda por la cubierta de la

póliza.

IV

Los hechos en el caso ante nuestra consideración

demuestran que los esposos Albert-García obtuvieron una

Sentencia de daños y perjuicios en contra de FJ

Construction mediante un pleito donde cada parte

presentó prueba testimonial, documental, fotográfica y

pericial. Asimismo, FJ Construction presentó un recurso

de apelación ante el Tribunal de Apelaciones, en aras de CC-2014-826 27

lograr la revocación del dictamen del Tribunal de

Primera Instancia. A pesar de esto, el Tribunal de

Apelaciones confirmó al Tribunal de Primera Instancia y

la Sentencia en contra de FJ Construction advino final y

firme.

A meses de advenir final y firme la Sentencia

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, los

esposos Albert-García reclamaron a Integrand el pago de

la cuantía determinada a su favor. Ésta levantó la

defensa de incumplimiento con la notificación requerida

en la póliza de ocurrencia. Adujo que esto le produjo un

perjuicio sustancial, por lo que sostuvo que no procede

el pago reclamado. Para atender la interrogante, las

partes sometieron conjuntamente una serie de

estipulaciones necesarias para que se adjudicara la

controversia.

El foro primario resolvió que procedía relevar a

Integrand de responsabilidad, al concluir que la falta

de notificación por sí sola le causó perjuicio

sustancial. Entendió que los esposos Albert-García

colocaron a Integrand en un estado de indefensión

absoluta cuando no le notificaron en torno al pleito

instado contra FJ Construction, a pesar de conocer de la

existencia de una póliza.14 Inconforme, Integrand acudió

14 El Tribunal de Primera Instancia citó dos casos en los que se relevó a la aseguradora de responsabilidad. En ambos casos, la sentencia a favor del tercero perjudicado fue dictada en rebeldía porque ninguno de los asegurados compareció al litigio. Éstos CC-2014-826 28

al Tribunal de Apelaciones y éste revocó al foro

primario. El foro apelativo intermedio asumió una

postura diametralmente opuesta al foro primario.

Concluyó que la defensa de falta de notificación

levantada por Integrand no era oponible a los esposos

Albert-García. El Tribunal de Apelaciones razonó que

Integrand tiene una responsabilidad absoluta frente al

tercero perjudicado y que la defensa de falta o tardanza

en la notificación sólo era oponible al tercero

perjudicado cuando éste demanda conjuntamente al

asegurado y al asegurador. De esta forma, resaltó que la

responsabilidad de Integrand depende exclusivamente de

que la póliza cubra el riesgo.

Contrariado con la determinación del foro apelativo

intermedio, Integrand comparece ante nos y sostiene que

la decisión del Tribunal de Apelaciones es errada al

distan de los hechos ante nuestra consideración. Específicamente, en Graham v. Payne , 923 So. 2d 866 (La. Ct. App. 2006) se relevó a la aseguradora de la acción instada en su contra por razón de que el demandante conocía con exactitud cuál era la compañía aseguradora, y ésta se había mantenido en contacto con el demandante por razón de que no se conseguía al asegurado. No obstante, al momento de instar la demanda, el tercero perjudicado no incluyó ni notificó a la aseguradora hasta luego de que la sentencia en rebeldía dictada a su favor advino final y firme. En consecuencia, el foro de Louisiana entendió que la situación pudo ser evitada si el demandante hubiera notificado a la compañía aseguradora. Por otra parte, en Haynes v. New Orleans Archdiocesan Cemeteries, 805 So. 2d 320 (La. Ct. App. 2001), el tercero perjudicado demandó al asegurado, pero no a la aseguradora ni tampoco la notificó. El asegurado nunca compareció y se dictó sentencia en rebeldía. Luego de dictada la sentencia en rebeldía, fue notificada la compañía aseguradora. CC-2014-826 29

imponerle responsabilidad absoluta e impedirle

interponer frente a un tercero perjudicado la defensa de

falta de notificación.

En el caso ante nuestra consideración, Integrand

argumenta que tanto FJ Construction como los esposos

Albert-García incumplieron con su deber de notificación,

según requiere la póliza de seguro entre FJ Construction

e Integrand. En consecuencia, alega que sufrió un

perjuicio sustancial al no tener la oportunidad de

litigar y defender al asegurado, transigir el pleito,

presentar prueba adicional e, inclusive, presentar un

recurso de certiorari ante el Tribunal Supremo. Nos

expone que la reclamación no fue notificada

oportunamente, debido a que desde la entablación del

primer pleito contra FJ Construction hasta la

notificación a Integrand mediante la presente demanda,

han transcurrido sobre siete años y a meses de que la

sentencia adviniera final y firme.

Por su parte, los esposos Albert-García plantean

que Integrand no demostró que el incumplimiento de FJ

Construction con los requisitos contractuales de

notificación le haya causado daños sustanciales.

Sostienen que el asegurado participó del pleito

vigorosamente, expuso las defensas correspondientes,

presentó una reconvención y apeló la sentencia en su

contra. CC-2014-826 30

Como hemos puntualizado, el Derecho aplicable no se

encuentra en las posturas extremas de los foros

recurridos. La falta de notificación, por sí sola, no es

suficiente para relevar a la aseguradora de una póliza

de ocurrencia de su responsabilidad frente a un tercero

perjudicado bajo determinada póliza. Tampoco, es

determinante de por sí el tiempo transcurrido desde que

se entabló la reclamación en contra del asegurado. Mucho

menos, la falta de notificación o la tardanza en

notificar al asegurador implican, por sí sólo, un daño

sustancial y material como cuestión de derecho. Lo

importante es que el asegurador demuestre claramente que

la falta de notificación le causó un perjuicio

sustancial. Véase, Pomares v. Kansas City S. Ry. Co.,

474 So. 2d 976, 978 (La. Ct. App. 1985).15

En el caso ante nos, Integrand no alude a que entre

el tercero perjudicado y el asegurado hubo colusión o

15 Posteriormente, la Corte de Apelaciones de Lousiana en Pomares v. Kansas City S. Ry. Co., 474 So.2d 976 (La. Ct. App. 1985) enunció con mayor claridad la norma en un caso en el cual el tercero perjudicado reclamó el pago a la aseguradora de una sentencia a su favor por $22,250. Por su parte, la compañía aseguradora levantó como defensa que nunca fue notificada de la demanda instada conforme los términos de la póliza de ocurrencia y nunca conoció de la existencia de la sentencia hasta que se solicitó su ejecución seis y medio años desde el accidente y a un año y medio de dictada la sentencia. Asimismo, levantó como defensa que no había cubierta para el vehículo involucrado. A pesar de ello, la Corte de Apelaciones concluyó que no procedía la defensa de falta de notificación, ya que no se demostró ningún perjuicio por razón de ese incumplimiento. Íd., pág. 978. Véase, además, Lcdo. Rolando Cruz, Derecho de Seguros, San Juan, Publicaciones JTS, 1999, pág. 185. CC-2014-826 31

fraude con la intención de perjudicarle. Además, como se

desprende de las estipulaciones de hechos presentadas

por las partes ante el Tribunal de Primera Instancia, FJ

Construction contó con representación legal a través del

pleito en su contra y en ningún momento se dictó

sentencia en rebeldía.16 La representación legal de FJ

Construction presentó prueba documental, fotográfica,

testimonial y pericial, según se desprende de la

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia dictada el

26 de febrero de 2009. Empero, al no celebrarse una

vista evidenciaría, Integrand no tuvo la oportunidad de

probar cómo la falta de notificación le causó un

perjuicio sustancial y material, si alguno. Véase,

Pomares v. Kansas City S. Ry. Co., supra, pág. 978.

Por ende, examinada la normativa antes expuesta, no

procede desestimar la acción instada por los esposos

Albert-García contra Integrand, sino devolver el caso al

Tribunal de Primera Instancia para la celebración de una

vista evidenciaria en la que Integrand demuestre cuál

fue en efecto el patente perjuicio sustancial y material

que le causó la falta de notificación. En ausencia de

ello, no resultaría oponible la defensa de falta de

notificación frente al tercero perjudicado.

16 El que se dicte sentencia en rebeldía, en ciertas circunstancias, podría constituir un daño sustancial y material al asegurador. Véase, por ejemplo: Haynes v. New Orleans Archdiocesan Cemeteries, 805 So.2d 320, 324 (La. Ct. App. 2001); Auster Oil & Gas, Inc. v. Stream, 891 F.2d 570, 579 (5th Cir. 1990); Hallman v. Marquette Casualty Co., 149 So.2d 131, 132 (La. Ct. App. 1963). CC-2014-826 32

V

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la

Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones y se

devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para

los procedimientos ulteriores consistentes con esta

Opinión.

Luis F. Estrella Martínez Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Félix Albert Rodríguez, Lydia García Peña y la Sociedad Legal de Gananciales

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte de la presente Sentencia, se revoca la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para los procedimientos ulteriores consistentes con esta Opinión.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Feliberti Cintrón concurre sin opinión escrita. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emitió una opinión disidente a la cual se unió la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez.

Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Félix Albert Rodríguez, Lydia García Peña y la Sociedad Legal de Gananciales

Recurridos Certiorari CC-2014-826 v.

Opinión disidente emitida por la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez a la cual se une la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de septiembre de 2016.

Los hechos que dieron lugar a la controversia ante

nuestra consideración se resumen adecuadamente en la Opinión

del Tribunal, por lo que procederé a exponer los fundamentos

que motivan mi disenso.

El Art. 20.030 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 2003,

establece que la persona que sufra daños y perjuicios tendrá

la opción de presentar una acción directa contra el asegurador

conforme a los términos y limitaciones de la póliza. Esa

acción se podrá ejercitar contra el asegurador solamente o

contra éste y el asegurado conjuntamente. Según lo reconoce y

esboza la propia Opinión del Tribunal, esa acción está

“sujeta a las condiciones de la póliza o CC-2014-826 2

contrato y a las defensas que pudieran alegarse por el

asegurador en acción directa instada por el asegurado”.17 Op.

Mayoritaria, pág. 11.

Ese perjudicado también tiene la opción de presentar una

demanda en contra del asegurado únicamente. Sobre esa acción,

el Art. 20.030 del Código de Seguros, supra, establece que:

“[s]i el perjudicado entablara demanda contra el asegurado

solamente, no se estimará por ello que se le prive,

subrogándose en los derechos del asegurado con arreglo a la

póliza, del derecho de sostener acción contra el asegurador y

cobrarle luego de obtener sentencia firme contra el

asegurado”. (Énfasis suplido).

Esta cláusula faculta a un perjudicado que obtuvo una

sentencia a su favor, a subrogarse en los derechos del

asegurado y entablar una acción contra el asegurador para que

sufrague los daños otorgados en la sentencia. Por lo tanto,

la aseguradora, en este pleito independiente, podrá levantar

todas las defensas que tendría contra el asegurado,

incluyendo la falta de notificación. Ello pues, por

definición, la subrogación implica que el tercero perjudicado

no puede tener mejor derecho frente a la aseguradora que el

propio asegurado.

El dictamen mayoritario intenta evadir las consecuencias

naturales de la subrogación mediante una interpretación

17 Según la Opinión del Tribunal, los derechos del asegurador variarán dependiendo de si la parte perjudicada presenta una acción directa contra el asegurador (independientemente de si incluye al asegurado o no) o si la presenta únicamente contra el asegurado y luego le cobra la sentencia al asegurador. En la primera el asegurador puede levantar defensas que normalmente opondría contra el asegurado y en la segunda alternativa no. CC-2014-826 3

desacertada del estatuto. Así, la Opinión dispone que

subrogarse conforme a los términos de la póliza lo que

implica es que “la responsabilidad del asegurador no será

mayor que la pactada en la póliza de seguro ni surgirá en

caso de que el asegurado no haya incurrido en actos u

omisiones culposas o negligentes”. Véase Op. Mayoritaria,

pág. 14, citando a Trigo v. The Travelers Ins. Co., 91 DPR

868, 875 (1965).18 No obstante, no se expone ningún

fundamento válido o convincente para limitar el significado

de esa frase únicamente a lo que indica la Opinión. No hay

argumentos válidos para disponer que subrogarse en la

posición de otro no implica además que el perjudicado tendrá

que enfrentar todas las defensas que el asegurado hubiera

enfrentado frente al asegurador.

Según hemos explicado, el fin primordial del contrato de

seguros es proteger al asegurado “contra la responsabilidad

civil en la que pueda incurrir ante terceros por actos de los

que sea legalmente responsable”. Quiñones López v. Manzano

Pozas, 141 DPR 139, 153 (1996), citando a J. Castelo Matrán,

Diccionario Mapfre de Seguros, Ed. Mapfre, 1988, pág. 264. Es

decir, existe principalmente para beneficio del asegurado, no

de terceros. Así, es al asegurado a quien en última instancia

le corresponde decidir si activa la protección que le brinda

su póliza de seguro. De no hacerlo carga con las

consecuencias de su inacción.

18 Dicho caso es distinguible pues en esa ocasión no estaba ante nuestra consideración los efectos de la subrogación entre la aseguradora y el tercero perjudicado. CC-2014-826 4

Ante una situación fáctica como la que nos ocupa resulta

contrario a derecho, además de injusto, responsabilizar a

Integrand Assurance Company por el pago de una sentencia

dictada en un pleito en el cual no se le permitió aportar a

la defensa o transigir la reclamación, en clara contravención

a los términos de la póliza y las nociones más elementales

del debido proceso. Lo anterior cobra aún más relieve cuando

del expediente surge que ambas partes conocían de la

existencia de la póliza antes de la celebración del juicio y,

aun así, optaron por no unir a la aseguradora como parte en

el litigio.

El argumento de la mayoría de que no se puede dejar

desprovisto a un perjudicado que no tiene control sobre si el

asegurado notifica o no al asegurador no tiene mérito. Un

demandante siempre puede, y en un caso de daños y perjuicios

debe, indagar en el descubrimiento de prueba sobre si existe

una póliza que cubra la ocurrencia. Puede además traer al

pleito a un asegurador de nombre desconocido en lo que

obtiene toda la información. Lo que no debe ocurrir es que

dos partes se beneficien de su inacción, falta de diligencia

e incumplimiento con las cláusulas claras de un contrato

válido en perjuicio de otro.

El perjudicado tendrá además la opción de ir solo contra

el causante del daño y posteriormente contra su asegurador,

como ocurrió en este caso. No obstante, en esas situaciones

no tendrá más derechos que el asegurado ni el asegurador

tendrá menos derechos o defensas de las que tendría contra el

asegurado. CC-2014-826 5

Por último, el dictamen que emite hoy una mayoría de

este Tribunal tiene el efecto práctico de anular una cláusula

válidamente pactada entre la aseguradora y su asegurado. Peor

aún, la Opinión mayoritaria fomenta el incumplimiento

deliberado con el deber de notificación toda vez que admite

la adopción de estrategias de litigio centradas en la

marginación de la aseguradora.19 Crea además un entramado

impreciso y complicado, donde el asegurador deberá establecer

que sufrió un perjuicio –algo bastante obvio- presentando

prueba que siempre será hipotética.20

Por los fundamentos antes expuestos, revocaría el

dictamen del foro intermedio y reinstalaría en su totalidad

la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

Maite D. Oronoz Rodríguez Jueza Presidenta

19 ¿Qué incentivo puede tener ahora un demandado para notificarle un incidente a su aseguradora? ¿Qué demandante optaría ahora por llevar una reclamación contra una aseguradora si claramente le va a convenir instarla solamente contra el asegurado y luego cobrarle al asegurador? 20 Difícilmente el asegurador podrá probar que de haber tenido la oportunidad de defenderse hubiera llegado a un acuerdo transaccional, o que hubiese presentado una mejor defensa y, por ende, hubiese conseguido una sentencia de menor cantidad.