EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Frances I. Torres Marrero
Apelante Certiorari
v. 2017 TSPR 204
Hon. María E. Meléndez Altieri, 198 ____ Alcaldesa de Ponce, y Municipio Autónomo de Ponce
Apelados
Número del Caso: AC-2016-106
Fecha: 27 de diciembre de 2017
Región Judicial de Ponce
Abogado de la parte Peticionaria:
Lcdo. Héctor Méndez Loucil
Abogado de la parte Recurrida: Lcdo. Marieli Paradizo Pérez
Materia: Sentencia del Tribunal con Opinión disidente
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Apelante
v. AC-2016-0106
Hon. María E. Meléndez Altieri, Alcaldesa de Ponce, y Municipio Autónomo de Ponce
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 27 de diciembre de 2017.
¿Resulta prematura una acción de expropiación
forzosa a la inversa presentada luego de que ocurre
una incautación física y permanente de la propiedad
pero antes de que transcurra el período de ocho años
de reserva de la Ley de Expropiación Forzosa? Por los
fundamentos a continuación, respondemos que no.
I
A. Trasfondo
El caso ante nuestra consideración tiene su
génesis en una serie de deslizamientos de terrenos en
la Comunidad Reparto Cerca del Cielo del Barrio Canas
de Ponce. La situación se recrudeció en el 2007,
cuando varios terrenos, caminos y estructuras del
área se agrietaron a causa de los deslizamientos.
Esto colocó AC-2016-0106 2
en riesgo la seguridad de los residentes del área, a tal
punto que el Gobierno de Puerto Rico y el Municipio de
Ponce encaminaron medidas de emergencia para desalojar a
los residentes del área y expropiar sus residencias. La
Sra. Frances I. Torres Marrero (peticionaria), estuvo entre
las personas desalojadas de su residencia a raíz de los
deslizamientos.1
El 26 de octubre de 2007, el Hon. Fernando J. Bonilla
Ortiz, entonces Gobernador Interino de Puerto Rico, emitió
la Orden Ejecutiva Núm. 2007-43. Mediante esta orden,
declaró un estado de emergencia en la Comunidad Reparto
Cerca del Cielo y autorizó el desembolso de fondos para
realizar un estudio geotécnico de la comunidad, diseñar y
construir un acceso alterno a la comunidad, atender a las
familias afectadas por los deslizamientos y cubrir los
gastos extraordinarios en los que incurriera el Municipio
de Ponce al atender la situación. Así también, se le
asignaron fondos al Departamento de la Vivienda para cubrir
por un año el alquiler de una vivienda para las familias de
ingresos bajos o moderados cuyas residencias ubicaran en el
área de riesgo.
El 10 de octubre de 2008, la Oficina Estatal para el
Manejo de Emergencias declaró en estado de ruina varias
propiedades mediante la Certificación de Recomendación de
Desalojo de Residencias en Comunidad Reparto Cerca del
1 Sentencia del TPI, pág. 4. AC-2016-0106 3
Cielo. Esta certificación recomendó el desalojo permanente
de varias familias ubicadas en áreas que constituían un
“potencial peligro a la vida debido a la inestabilidad del
terreno y daños a las estructuras”. 2 Entre las propiedades
en estado de ruina, la certificación incluía la propiedad
de la peticionaria.3
Posteriormente, el 31 de octubre de 2008, el Hon.
Aníbal Acevedo Vilá, entonces Gobernador de Puerto Rico,
emitió la Orden Ejecutiva Núm. 2008-56, la cual enmendó la
Orden Ejecutiva Núm. 2007-43. Esta a su vez reconoció la
continuación de los deslizamientos y la necesidad de
establecer medidas de mitigación en la zona para
estabilizar el terreno. Por esta razón, la orden asignó
fondos para desarrollar las medidas de mitigación, lo cual
incluiría “la adquisición del terreno para realizar la
mitigación y, a su vez, la expropiación de las propiedades
allí comprendidas y la demolición de las mismas”. 4 La orden
además asignó fondos adicionales para la construcción del
acceso alterno que se había ordenado previamente, así como
para la instalación de una tubería que reestablecería el
servicio de agua en el área.
El 19 de febrero de 2009, el Senado aprobó una
Resolución Conjunta para asignar $8.3 millones para el
2 Apéndice, pág. 118 (Certificación de Desalojo de Residencias). 3 En cuanto a la propiedad de la peticionaria, la certificación dispone: “desalojo recomendado como permanente dado a factores geológicos y estructurales”. Íd., pág. 119 (Certificación de Desalojo de Residencias). 4 Íd., pág. 113 (Boletín Administrativo Núm. OE-2008-56). AC-2016-0106 4
desarrollo del plan de mitigación en la Comunidad Reparto
Cerca del Cielo, la construcción del nuevo acceso a la
comunidad y la expropiación de veinte propiedades que la
propia resolución identifica por dirección y nombre del
residente. 5 Nuevamente, una de las propiedades incluidas en
esa resolución constituye la residencia de la peticionaria,
ubicada en la Calle Apóstoles, B-4. 6 No obstante, la medida
no se aprobó por la Cámara de Representantes.7
El 4 de septiembre de 2009, el Hon. Luis G. Fortuño
Burset, entonces Gobernador de Puerto Rico, emitió la Orden
Ejecutiva Núm. 2009-27. Entre otras cosas, esta orden
autorizó el desembolso de fondos que antes habían sido
presupuestados pero no asignados propiamente a las agencias
que sufragarían los costos de las medidas establecidas, así
como al Municipio de Ponce. En cuanto a este último, la
orden le asignó $7.8 millones para “atender las necesidades
de la Comunidad mediante medidas de asistencia social que
pueden incluir, sin limitación, la adquisición de terrenos
para realizar mitigación, la expropiación y demolición de
propiedades para salvaguardar la seguridad pública, el
diseño y construcción de nuevas vías de acceso a la
Comunidad, y apoyo y asistencia a los residentes de la
Comunidad”.8
5 Íd., págs. 139-140 (R.C. del S. 36, 19 de febrero de 2009). 6 Íd., pág. 140. 7 Sentencia del TPI, pág. 4. 8 Apéndice, pág. 118 (Boletín Administrativo Núm. OE-2009-027). AC-2016-0106 5
Durante este tiempo, el Municipio de Ponce adquirió
diecinueve propiedades que la certificación de la Oficina
Estatal para el Manejo de Emergencias (OEME) recomendó para
desalojo permanente. 9 Sin embargo, a pesar de figurar entre
las residentes recomendadas para desalojo permanente y
hacer múltiples gestiones al respecto, la peticionaria no
ha recibido oferta de parte del Municipio para compensarle
por su propiedad.
B. Procedimiento judicial
El 9 de septiembre de 2010, la señora Torres Marrero
presentó una demanda de expropiación a la inversa contra el
Municipio Autónomo de Ponce y su alcaldesa, la Hon. María
Meléndez Altieri. La señora Torres Marrero solicitó que se
le pagara una justa compensación por la pérdida de su
propiedad, tras habérsele desalojado debido a los
desplazamientos de terreno. Sostuvo que, al igual que otros
residentes, se le debía compensar por el valor de su
propiedad, que al momento del desalojo tasaba $302,000.
Señaló que el Gobierno había presupuestado fondos a esos
efectos y sin embargo el Municipio no le había compensado.
El Municipio contestó la demanda y planteó que la
demanda era prematura debido a que el trámite
administrativo para la adquisición de la propiedad estaba
en proceso. También levantó las defensas de prescripción y
enriquecimiento injusto. Luego de algunos trámites
9 Sentencia del TPI, pág. 7. AC-2016-0106 6
procesales, el Municipio presentó una Moción de
Desestimación en la que alegó que la demanda no exponía una
reclamación que justificara la concesión de un remedio. En
esencia, negó que de la reclamación de la señora Torres
Marrero se desprendiera una incautación que hiciera
aplicable la figura da la expropiación a la inversa.
Además, negó que las órdenes ejecutivas aprobadas le
obligaran a adquirir la propiedad de la demandante, pues a
su juicio sus acciones iban dirigidas a evitar riesgos y no
a apropiarse del inmueble en cuestión.
La señora Torres Marrero replicó la Moción de
Desestimación y a su vez presentó una Moción de Sentencia
Sumaria. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar
la solicitud de sentencia sumaria luego de examinar las
estipulaciones de las partes en el Informe sobre
Conferencia Preliminar entre Abogados. Según el foro
primario, de las estipulaciones surgía que el Municipio de
Ponce había incautado la propiedad de la demandante, por lo
que procedía la justa compensación que esta última
solicitaba. Para llegar a esta conclusión, se dejó llevar
por la certificación de la OEME, las órdenes ejecutivas
aprobadas por el Gobernador y las estipulaciones de las
partes de que la demandante había sido desalojada de su
propiedad desde el 2007 y que su residencia se encontraba
entre las que la OEME recomendó para desalojo permanente. AC-2016-0106 7
El Municipio de Ponce recurrió al Tribunal de
Apelaciones mediante recurso de certiorari. Ese foro revocó
al foro primario y sostuvo que el caso no era propicio para
disposición sumaria, pues ameritaba que se celebrara una
vista para dilucidar todas las alegaciones y defensas en un
caso complejo que a la vez involucraba cuestiones de
interés público.
Devuelto el caso al Tribunal de Primera Instancia, ese
foro celebró un juicio, desfiló prueba e incluso llevó a
cabo una inspección ocular. Entre las estipulaciones de las
partes y sus propios hallazgos fácticos, el foro primario
realizó varias determinaciones de hechos resumidas a
continuación:
(1) al amparo de una orden ejecutiva, el 7 de noviembre
de 2008 el personal del Municipio de Ponce desalojó a la
demandante de su propiedad debido a la inestabilidad del
terreno de Reparto Cerca del Cielo y los deslizamientos que
ocurrieron en el 2007;
(2) la demandante recibió asistencia económica del
Municipio de Ponce hasta diciembre de 2012 para el pago de
cánones de arrendamiento tras ser desalojada;
(3) varios propietarios recibieron ofertas para ser
compensados por un setenta u ochenta por ciento del valor
de las propiedades de acuerdo a una opinión de valor que
recibió el Municipio de Ponce; AC-2016-0106 8
(4) el Municipio de Ponce adquirió varias propiedades
inmuebles que la certificación de la OEME declaró en estado
de ruina;
(5) la demandante hizo gestiones con el Municipio para que
se le pagara por su propiedad;
(6) el Ingeniero Isidro Martínez Gilormini tasó la
propiedad por un valor de $302,000 para la fecha del
desalojo;
(7) la propiedad de la demandante presenta problemas de
accesibilidad debido a que un tubo de ocho pulgadas de
diámetro fue colocado en la acera como parte de las obras
de mitigación del área, el cual obstruye el acceso a pie a
la propiedad e impide el acceso vehicular a la misma;
(8) en el patio frontal de la propiedad ubica un sismógrafo
para monitorear los desplazamientos del área;
(9) en un momento dado personal del Municipio de Ponce
removió puertas y ventanas de la propiedad;
(10) al momento de la inspección ocular la propiedad lucía
vandalizada y abandonada.10
Tras estas determinaciones, el Tribunal de Primera
Instancia concluyó que se había constituido una incautación
física de la propiedad de la demandante luego que se
recomendara su desalojo permanente, así como su
expropiación y demolición. Tratándose de una incautación
física que privaba a la demandante de todo uso de su
propiedad, el foro primario determinó que procedía la
10 Véase Sentencia del TA, págs. 3-8; Sentencia del TPI, págs. 5-11. AC-2016-0106 9
expropiación a la inversa y el pago de una justa
compensación desde la fecha de la incautación, sin
necesidad de agotar remedios administrativos ulteriores.
Apelaciones, señalando como errores principales que el foro
primario emitiera una sentencia sin jurisdicción y
determinara que se había configurado una expropiación a la
inversa improcedente. El Tribunal de Apelaciones revocó al
foro primario, pues concluyó que la sentencia dictada era
prematura debido a que el ordenamiento requiere que
transcurran ocho años previo a que se pueda incoar una
acción de expropiación a la inversa. Sin embargo, la señora
Torres Marrero presentó su acción tan solo dos años después
de su desalojo, lo que a juicio de ese foro implicó que su
acción no estaba madura al presentarse.
Tras una moción de reconsideración fallida, la señora
Torres Marrero recurre ante este Tribunal mediante recurso
de apelación. Plantea que el foro apelativo intermedio erró
al aplicar el período de ocho años de la Ley de
Expropiación Forzosa en un caso como éste, en el que ya
ocurrió una incautación de la propiedad en cuestión.
Acogimos el recurso como certiorari y, con el beneficio de
los alegatos de ambas partes, resolvemos.
II
El Estado, en el ejercicio de su poder eminente, tiene
la facultad de incautar una propiedad privada siempre que AC-2016-0106 10
esa actuación persiga un fin público. Velázquez Velázquez
v. ELA, 135 DPR 84, 88 (1994); C. Torres Torres, La
Expropiación Forzosa en Puerto Rico: Ley, Jurisprudencia,
Estudio y Guía práctica, First Book Publishing of P.R.,
2002, págs. 1-2. Sin embargo, tanto la Constitución federal
como la Constitución de Puerto Rico exigen que el ejercicio
de esa facultad esté acompañado de una justa compensación
al propietario perjudicado. Enmdas. V y XIV, Const. EEUU,
LPRA, Tomo 1; Art. II, Sec. 9, Const. PR, LPRA, Tomo 1.
La obligación del Estado de compensar a un propietario
al incautarle su propiedad puede darse en tres escenarios
distintos: (1) cuando se ejerce el poder de dominio
eminente al presentar un recurso de expropiación, (2)
cuando ocurre una incautación de hecho mediante ocupación
física, o (3) cuando se reglamenta el uso de una propiedad.
Plaza de Descuentos v. ELA, 178 DPR 777, 781 (2010);
Hampton Development Corp. v. ELA, 139 DPR 877, 888 (1996).
En el segundo y tercer escenario, dado que el Estado no ha
instado un recurso de expropiación por su cuenta, el
propietario tiene a su disposición una acción de
expropiación a la inversa. Amador Roberts v. ELA et als.,
191 DPR 268, 279-280 (2014).
La expropiación a la inversa es “el remedio que tiene
el dueño de una propiedad afectada u ocupada físicamente
por una entidad del gobierno que no ha iniciado el trámite
judicial para adquirir dicha propiedad, y tampoco ha pagado AC-2016-0106 11
la justa compensación”. Íd. (citando a C. Torres Torres,
op. cit., pág. 213). Esta acción garantiza “el cumplimiento
del Estado con las disposiciones constitucionales que
establecen que nadie será privado de su propiedad sin un
debido proceso de ley y sin haber mediado compensación”.
Íd., pág. 279.
Ahora bien, para que proceda la acción de expropiación
a la inversa, el demandante tiene que demostrar que su
situación particular configura una incautación física de su
propiedad o una restricción impermisible del uso de la
misma. Veamos en más detalle la normativa al respecto.
A. Tipos de incautación
La jurisprudencia federal establece un deber
categórico de compensar a un propietario que ha sufrido una
incautación física de su propiedad. Tahoe-Sierra Pres.
Council v. Tahoe Reg’l Planning Agency, 535 U.S. 302, 322
(2002); Lucas v. S.C. Coastal Council, 505 U.S. 1003, 1015
(1992); R.D. Rotunda & J.E. Nowak, Treatise on
Constitutional Law, Vol. 2, sec. 15.12(e)(i), Thomson
Reuters, 2012, pág. 1023. En ese escenario, pierde
relevancia el propósito gubernamental perseguido, pues la
toma física de la propiedad supone una privación evidente
de la propiedad según el alcance de la incautación. Loretto
v. Teleprompter Manhattan CATV Corp., 458 U.S. 419, 434-435
(1982); Penn Cent. Transp. Co. v. New York City, 438 U.S.
104, 124 (1978). Una vez el gobierno incauta físicamente AC-2016-0106 12
una propiedad o parte de esta, está obligado a pagar la
justa compensación que proceda. Kaiser Aetna v. United
States, 444 U.S. 164, 180 (1979).
Esta norma responde a que la incautación física de una
propiedad se considera la intrusión más seria de los
intereses propietarios de una persona. Loretto v.
Teleprompter Manhattan CATV Corp., supra, pág. 435. Esto,
en vista de que el propietario pierde sus facultades
básicas de ocupar su propiedad, beneficiarse de su uso y a
la vez excluir a otras personas de su uso y posesión. Íd.
De ahí que proceda la compensación por esa incautación o
“taking” físico, siempre y cuando no se trate de una acción
temporera y no planificada en la que el gobierno incurre
durante un momento de emergencia. National Bd. of YMCA v.
United States, 395 U.S. 85, 93-94 (1969).
Por otro lado, cuando ocurre una incautación
reglamentaria, la determinación de si procede una
compensación dependerá de si la reglamentación priva al
propietario de todo uso productivo o beneficio de su
propiedad. De ser ese el caso, al igual que cuando ocurre
una incautación física, generalmente procede la justa
compensación. Lucas v. S.C. Coastal Council, supra,
pág. 1015; R.D. Rotunda & J.E. Nowak, op. cit. No obstante,
si la reglamentación solo priva parcialmente al propietario
del uso del bien, la determinación de si procede la justa
compensación dependerá del fin perseguido por el gobierno y AC-2016-0106 13
su impacto en los intereses propietarios. Penn Cent.
Transp. Co. v. New York City, supra, pág. 124.
Ciertamente, esta normativa federal de índole
constitucional vincula a Puerto Rico y así ha sido
reconocida en nuestra jurisprudencia. Véanse Plaza de
Descuentos v. ELA, supra, págs. 794-795; Hampton
Development Corp. v. ELA, supra, pág. 892.
B. La Ley de Expropiación Forzosa y el período de ocho años de afectación o reserva
La Ley de Expropiación Forzosa, Ley de 12 de marzo
de 1903, según enmendada, regula la facultad gubernamental
de expropiar propiedad privada. 32 LPRA sec. 2901 et seq.
La misma establece los fines para los cuales el Estado
puede ocupar una propiedad privada y el procedimiento a
llevar a cabo al hacerlo. De pertinencia al caso ante
nuestra consideración, la ley establece un término de ocho
años dentro del cual el Estado puede afectar o reservar una
propiedad privada para fines públicos sin que
necesariamente se active la cláusula constitucional de
justa compensación. Hampton Development Corp. v. ELA,
supra, págs. 893-896; véase C. Torres Torres, op. cit.,
pág. 93.
En particular, la referida ley establece lo siguiente:
Se establece un término de ocho (8) años contados a partir de la fecha de afectación como el período durante el cual cualesquiera terrenos de propiedad privada pueden estar afectados como AC-2016-0106 14
consecuencia de estar reservados para fines o uso público.
Este término comenzará a contar desde la fecha en que se deniegue todo uso productivo de unos terrenos. 32 LPRA sec. 2926 (énfasis suplido).11
Asimismo, la ley continúa disponiendo en su próximo
artículo lo siguiente:
Transcurrido el término establecido en la sec. 2926 de este título, el dueño de la propiedad afectada podrá solicitar por escrito mediante correo certificado de la agencia a cargo de la construcción de la obra pública que dio lugar a la reserva y a la afectación de los terrenos, que adquiera la propiedad dentro de noventa (90) días siguientes, contados a partir de la fecha del recibo de la solicitud. Si transcurrido dicho término la agencia no ha adquirido la propiedad, el dueño podrá requerir a la agencia cuya acción afectó los terrenos que libere los mismos de cualquier prohibición impuesta en virtud de la afectación.
En caso de que posteriormente el Estado tenga la necesidad de tomar la propiedad para un fin público, el Estado la adquirirá mediante negociación o mediante procedimiento de expropiación. 32 LPRA sec. 2927 (énfasis suplido).
En Culebra Entreprises Corp. v. ELA, 127 DPR 943,
955 (1991), explicamos que este término de ocho años le
concede al Estado “tiempo suficiente para llevar a cabo
11 También hemos destacado que este término se estableció con el propósito de establecer una regla uniforme y consistente que permitiera balancear los distintos intereses envueltos en procesos de reserva de propiedades. Aner Investment Corp. v. J.P., 148 DPR 241, 249-250 (1999). AC-2016-0106 15
cualesquiera estudios necesarios antes de decidir el
destino de la propiedad, sin limitar ad perpetuam e
irrazonablemente los derechos del dueño afectado”. Véase C.
Torres Torres, op. cit., pág. 93. 12 El período aplica en
escenarios en los que una propiedad es afectada por
reglamentación gubernamental que limita el uso productivo
que se le puede dar a la misma debido a que se procura
destinarla a un fin público. 13 En ese sentido, es preciso
destacar que el lenguaje específico de la ley se refiere a
instancias en que una propiedad es afectada o reservada
para fines públicos.14
12 Véase Tahoe-Sierra Pres. Council v. Tahoe Reg’l Planning Agency, supra, que, bajo propósitos similares, reconoce lo siguiente:
The interest in facilitating informed decisionmaking by regulatory agencies counsels against adopting a per se rule that would impose such severe costs on their deliberations. Otherwise, the financial constraints of compensating property owners during a moratorium may force officials to rush through the planning process or to abandon the practice altogether. To the extent that communities are forced to abandon using moratoria, landowners will have incentives to develop their property quickly before a comprehensive plan can be enacted, thereby fostering inefficient and ill-conceived growth. Íd., pág. 339.
13 Véase Aner Investment Corp. v. J.P., supra, pág. 250 esc. 5 (indicando que el período de ocho años se refiere al término máximo en el que una propiedad puede estar afectada, según la propia Ley de Expropiación Forzosa define afectación y reserva); Hampton Development Corp. v. ELA, supra, págs. 893-894 (indicando que el período de ocho años se refiere al término máximo en el que una propiedad puede estar reservada o congelada). 14 La Ley de Expropiación Forzosa define los siguientes conceptos:
(1) Afectación.- Significa la denegación de todo uso productivo en una propiedad debido exclusivamente a que por la misma se ha propuesto trazar una vía de transportación pública conforme a un plan de transportación o plan vial adoptado por la Junta de Planificación, o porque los terrenos han sido destinados para uso público en un mapa de zonificación o plan de uso de terreno, o porque la Junta de Planificación ha aprobado el desarrollo de un proyecto público sobre dichos terrenos o propiedad. (2) Dedicación.- Significa la transferencia gratuita de terrenos al Estado Libre Asociado de Puerto Rico o a sus organismos o instrumentalidades para uso público pudiendo AC-2016-0106 16
Así pues, es menester también aclarar que el período
de ocho años dispuesto en esta ley no aplica en aquellas
instancias en las que un organismo gubernamental incauta
físicamente una propiedad. Esto, en vista de que la Ley de
Expropiación Forzosa no contempla escenarios de incautación
física dentro el articulado que establece el período de
ocho años de afectación de terrenos. 15 Más aun, no podría
hacerlo pues, por imperativo constitucional, tal
incautación de por sí acarrea justa compensación. Tahoe-
Sierra Pres. Council v. Tahoe Reg’l Planning Agency, supra,
pág. 322 (“When the government physically takes possession
of an interest in property for some public purpose, it has
a categorical duty to compensate the former owner,
regardless of whether the interest that is taken
constitutes an entire parcel or merely a part thereof.
Thus, compensation is mandated […] even though that use is
temporary”).
No obstante, el período aludido podría aplicar a una
reglamentación o restricción de uso temporero
(i.e., afectación o reserva), pues la validez de estas
ser como parte de las condiciones para la aprobación de un proyecto. (3) Reserva.- Significa la determinación o actuación de un organismo gubernamental competente mediante la cual separe terrenos privados para fines públicos. 32 LPRA sec. 2924 (énfasis suplido).
15Nótese que el único indicio en la Ley de Expropiación Forzosa a una incautación física o literal de una propiedad parte de la premisa de que esta haya ocurrido luego de los ocho años de afectación o reserva. A su vez, exige un procedimiento categórico de expropiación o negociación. 32 LPRA sec. 2927 (“En caso de que posteriormente [refiriéndose al período de ocho años] el Estado tenga la necesidad de tomar la propiedad para un fin público, el Estado la adquirirá mediante negociación o mediante procedimiento de expropiación”)(énfasis suplido). AC-2016-0106 17
restricciones estará sujeta a un análisis caso a caso.
Tahoe-Sierra Pres. Council v. Tahoe Reg’l Planning Agency,
supra, pág. 332 (“[T]he default rule remains that a fact
specific inquiry is required in the regulatory taking
context”). Sin embargo, en la medida en que esa restricción
sea de tal magnitud que prive al propietario de todo uso
productivo, aunque sea temporeramente, podría constituir
una incautación compensable. Hampton Development Corp. v.
ELA, supra, págs. 895-896, 898-902. 16 En ese sentido, la
16 En Hampton Development Corp. v. ELA, supra, citamos al Tribunal Supremo federal a los efectos de que “[u]na reglamentación de carácter temporero que efectivamente priva al dueño de todo uso y disfrute de su propiedad constituye una incautación compensable”. Íd., pág. 898 (énfasis en el original). Estas expresiones las hicimos siguiendo lo resuelto en First English Evangelical Lutheran Church v. County of Los Angeles, 482 U.S. 304 (1987), donde ese Tribunal concluyó que una vez ocurre una incautación por vía reglamentaria, el hecho de que esta se rescinda posteriormente no releva al gobierno del deber de compensar por el tiempo que duró la incautación. R.D. Rotunda & J.E. Nowak, op. cit., pág. 991. Interpretamos esto como un deber categórico de compensación por cualquier incautación, incluso de carácter temporero. Sin embargo, el Tribunal Supremo federal luego aclaró en Tahoe-Sierra Pres. Council v. Tahoe Reg’l Planning Agency, supra, que no toda reglamentación amplia pero temporera constituye una incautación per se, sino que debe sujetarse a un análisis específico según los hechos y las circunstancias. Íd., págs. 332, 335 (“Neither Lucas, nor First English, nor any of our other regulatory takings cases compels us to accept petitioners’ categorical submission. In fact, these cases make clear that the categorical rule in Lucas was carved out for the ‘extraordinary case’ in which a regulation permanently deprives property of all value; the default rule remains that, in the regulatory taking context, we require a more fact specific inquiry”; “[W]e are persuaded that the better approach to claims that a regulation has effected a temporary taking requires careful examination and weighing of all the relevant circumstances.”). Esta decisión surgió precisamente en el contexto de períodos de moratoria como el dispuesto en nuestra Ley de Expropiación Forzosa, mediante los cuales el gobierno restringe el uso productivo que se le puede dar a una propiedad por un tiempo determinado durante el cual delibera la planificación territorial de un área. Véase Íd., pág. 339. Sobre el particular, el Tribunal Supremo de Estados Unidos se rehusó a establecer un período fijo a partir del cual una moratoria o restricción temporera de uso sería declarada inválida. Tahoe-Sierra Pres. Council v. Tahoe Reg’l Planning Agency, supra, pág. 342 (“In our view, the duration of the restriction is one of the important factors that a court must consider in the appraisal of a regulatory takings claim, but with respect to that factor as with respect to other factors, the “temptation to adopt what amount to per se rules in either direction must be resisted”); véase J.J. Álvarez González, op. cit., págs. 665-666 (“Tahoe-Sierra aclaró que no toda privación temporera de todo uso productivo es una AC-2016-0106 18
aplicabilidad del período de ocho años dependerá de la
validez constitucional de la afectación o reserva en
cuestión.
III
En el caso ante nuestra consideración, el foro
recurrido determinó que la acción de la peticionaria no
estaba madura al momento de presentarse, puesto que no
habían transcurrido los ocho años establecidos en la Ley de
Expropiación Forzosa. 32 LPRA sec. 2926. Tomando en
consideración que los hechos de este caso constituyen una
clara incautación física de la
propiedad de la peticionaria, la posición del Tribunal de
Apelaciones no se sostiene a la luz de la propia Ley de
Expropiación Forzosa y del derecho constitucional
aplicable.
Como hemos visto, el reclamo de expropiación a la
inversa de la peticionaria se basa en un desalojo físico y
permanente de la propiedad, junto a actos de dominio por
parte del Municipio de Ponce sobre la propiedad. Entre
estos últimos, se destaca la remoción de las puertas y
ventanas por parte de personal del Municipio de Ponce; la
colocación de un tubo de ocho pulgadas frente a la
incautación, especialmente cuando la congelación se debe a la necesidad de estudiar la situación para determinar el tipo de reglamentación abarcadora que se requiere en cierta área”). Sin embargo, valga mencionar que algunos juristas han puesto en entredicho la validez constitucional del período de ocho años en nuestro ordenamiento. Véase P. Muñoz Nazario, ¿Es inconstitucional la Ley de Expropiación a la Inversa?, 48 Rev. Der. PR 23, 31 (2009); J.J. Álvarez González, Derecho Constitucional de Puerto Rico y Relaciones Constitucionales con Estados Unidos, Temis, 2010, pág. 666; L. Villaronga, Derecho Constitucional, 66 Rev. Jur. UPR 391, 397 (1997); J.J. Álvarez González, Derecho Constitucional, 61 Rev. Jur. UPR 637, 751 (1992). AC-2016-0106 19
residencia que impide el acceso a la misma; la colocación
de un sismógrafo en el patio frontal de la propiedad; las
declaraciones oficiales que recomendaron que el de la
peticionaria fuera permanente, y los pagos de
arrendamiento provistos a la peticionaria.17
Según discutiéramos, el período de ocho años de la Ley
de Expropiación Forzosa está contemplado para instancias en
las que el gobierno afecta o reserva una propiedad para un
fin público. Es decir, se trata de una denegatoria del uso
privado de la propiedad en tanto se contempla conferirle un
uso público. Nuevamente, este período no está contemplado
para cobijar al Gobierno por ocho años de una acción de
expropiación a la inversa tras su incautación física e
indeterminada de una propiedad. Las definiciones de
afectación y reserva establecidas en la ley no tienen ese
alcance. 32 LPRA sec. 2924. Véase Aner Investment Corp.
v. J.P., 148 DPR 241, 252 (1999) (citando el historial
legislativo del período de ocho años a los efectos de que
“el único efecto de este [período] es que el Estado no
puede reservar o congelar propiedades por un término mayor
de ocho años”).18
Por otro lado, tal y como hemos enfatizado, una
incautación física exige una justa compensación por mandato
17 Además de esto, obra en el expediente una recomendación de la División Legal del Municipio de Ponce de que los propietarios desalojados debían dar de baja los mismos del CRIM. Apéndice, pág. 64. 18 Véanse también las definiciones de afectación y reserva. Reiteramos
que la única alusión en la Ley de Expropiación Forzosa a una incautación física se refiere a aquella que ocurra luego de los ocho años de afectación y exige un procedimiento categórico de expropiación o negociación. 32 LPRA sec. 2927 AC-2016-0106 20
constitucional. La jurisprudencia federal y estatal
reconoce que “cuando la intrusión física alcanza la forma
extrema de una ocupación física permanente, ocurre una
incautación [taking]”. Loretto v. Teleprompter Manhattan
CATV Corp., supra, pág. 426 (traducción nuestra). 19 Si bien
existen excepciones limitadas a la procedencia de
compensación por incautación física cuando, por ejemplo, la
incautación se da en medio de emergencias extremas,
consideramos que estas son impertinentes al caso de autos.
R.D. Rotunda & J.E. Nowak, op. cit., pág. 1013. 20 Nos
explicamos.
Las excepciones en torno a incautaciones de emergencia
(“emergency takings”) 21 se plantean como defensa de un ente
gubernamental que, ante un reclamo de un propietario, niega
responsabilidad compensatoria sobre el particular dadas las
19 Como mencionáramos antes, se ha reconocido que incluso una incautación física temporera debe compensarse. Tahoe-Sierra Pres. Council v. Tahoe Reg’l Planning Agency, supra, pág. 322 (“Thus, compensation is mandated when a leasehold is taken and the government occupies the property for its own purposes, even though that use is temporary. Similarly, when the government appropriates part of a rooftop in order to provide cable TV access for apartment tenants; or when its planes use private airspace to approach a government airport; it is required to pay for that share no matter how small”) (citas omitidas). 20 De ordinario, estos se caracterizan por una incautación temporera o
una destrucción parcial de bienes inmuebles en contextos de daño inminente y sin visos de permanencia. Así, por ejemplo, el Tribunal Supremo federal ha denegado compensación en los siguientes casos: propiedad destruida (edificio) durante tiempo de guerra para evitar que fuerzas enemigas tomen control de ella; propiedad destruida (edificio) por terceros como represalia por haber cobijado temporeramente a soldados estadounidenses en tiempo de guerra; propiedad destruida (árboles) por el riesgo de infección y contaminación que representaba. R.D. Rotunda & J.E. Nowak, op. cit., págs. 1013-1014. 21 Véanse B. Angelo Lee, Emergency Takings, 114 Mich. L. Rev. 391 (2015); S.S. Kuo, Disaster Tradeoffs: The Doubtful Case for Public Necessity, 54 B.C. L. Rev. 127 (2013); D.T. Muller, “As Much upon Tradition as upon Principle”: A Critique of the Privilege of Necessity Destruction Under the Fifth Amendment, 82 Notre Dame L. Rev. 481 (2006). AC-2016-0106 21
circunstancias en las que ocurrió la incautación alegada.
El caso ante nosotros es distinguible. Aquí, el Municipio
de Ponce actuó a base de una política pública
predeterminada según la cual procedía la expropiación de
las propiedades y la mitigación de los daños terrenales por
motivos de seguridad pública. 22 Es decir, la responsabilidad
compensatoria fue autoimpuesta por la propia política
pública gubernamental, de manera que no se requiere una
justificación constitucional independiente y, en el
supuesto de que aplicara, la defensa excepcional de
incautación de emergencia no está disponible.
En fin, la controversia restante ante
nuestra
consideración es si, en el cumplimiento con esa política
pública, el Municipio de Ponce puede beneficiarse del
período de ocho años de la Ley de Expropiación Forzosa.
Respondemos en la negativa puesto que: (1) en virtud de la
política pública de expropiación se configuró una
22 Véanse Orden Ejecutiva Núm. 2009-27, Apéndice, págs. 47-49; Orden Ejecutiva Núm. 2008-56, Apéndice, págs. 43-46; Orden Ejecutiva Núm. 2007-43, Apéndice, págs. 39-42; Certificación de Recomendación de Desalojo de Residencias en Comunidad Reparto Cerca del Cielo, Apéndice, págs. 118-119; Comunicado Urgente (sobre Contribución sobre la Propiedad Inmueble, Apéndice, pág. 64. No nos persuade el argumento del Municipio de Ponce en torno a que la política pública de desalojo y expropiación la estableció el Gobierno central y no el propio Municipio. Este hecho no le releva de responsabilidad pues fue el Municipio quien, en virtud de las respectivas ordenanzas y mandatos administrativos, llevó a cabo los actos de desalojo y mitigación sobre las propiedades. No es necesario que se esté beneficiando de esa gestión ni que haya sido el artífice de la misma para que se configure una incautación de su parte. Si el Municipio tenía alguna contención con la política pública del Gobierno central y los fondos asignados para su consecución debió impugnar su validez, no proceder con las medidas de desalojo permanente, mitigación y adquisición de sobre 19 residencias, para ahora desentenderse de las implicaciones jurídicas de sus actuaciones en cuanto a la propiedad en controversia. Véase Sentencia del TPI, págs. 6 y 9. AC-2016-0106 22
incautación física de la propiedad, (2) el período de ocho
años de la Ley de Expropiación Forzosa no aplica a
incautaciones físicas, y (3) por mandato constitucional las
incautaciones físicas exigen categóricamente una justa
compensación.
Estamos ante un caso en que personal del Municipio de
Ponce desalojó a la peticionaria de su propiedad. Luego, el
Municipio le proveyó un subsidio de renta y ejerció
facultades de dominio sobre su propiedad (a través de la
remoción de utilidades de la propiedad y la instalación de
artefactos en la propiedad). Todo lo anterior lo hizo en
virtud de declaraciones administrativas que recomendaban el
desalojo permanente de la propietaria de su residencia.
Determinamos que lo anterior configura una incautación
física de tal naturaleza que exige categóricamente una
justa compensación. Puesto que esta incautación ya había
ocurrido cuando la peticionaria presentó su acción, y que
el período de ocho años de la Ley de Expropiación Forzosa
es inaplicable en estos casos, su acción no fue prematura.
IV
Por los fundamentos expuestos, concluimos que erró el
Tribunal de Apelaciones al determinar que la acción de la
peticionaria era prematura por presentarse antes de que
transcurriera el período de ocho años de la Ley de
Expropiación Forzosa. Ante este cuadro fáctico, el
Municipio de Ponce tiene un deber inaplazable de compensar AC-2016-0106 23
a la peticionaria el justo valor de su propiedad tal como
determinó el foro primario.
Se revoca al Tribunal de Apelaciones y se reinstala la
sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Rodríguez
Rodríguez concurre sin Opinión escrita. El Juez Asociado
señor Rivera García disiente con opinión escrita.
Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo Frances I. Torres Marrero
Hon. María E. Meléndez Altieri, Alcaldesa de Ponce, y Municipio Autónomo de Ponce
Opinión disidente emitida por el Juez Asociado SEÑOR RIVERA GARCÍA
En San Juan, Puerto Rico, a de 27 de diciembre de 2017.
El asunto que se sometió ante nuestra
consideración era uno novel cuya trascendencia era
innegable, máxime tras el reciente paso de un
fenómeno atmosférico por Puerto Rico. Este caso nos
presentó la oportunidad de justipreciar si una acción
gubernamental desalojar una comunidad que estaba en
riesgo a raíz de unos deslices de terreno y ocupar
parte de la propiedad de uno de sus residentes para
implementar medidas a los fines de mitigar los
daños conlleva una acción de expropiación forzosa a
la inversa en su modalidad de incautación física. En AC-2016-0106 2 términos sencillos, dejamos pasar la ocasión de
realizar un balance entre el poder de razón de estado AC-2016-0106 3
de velar por la seguridad, la salud y el bienestar de la
comunidad y la facultad gubernamental de expropiar para
así enumerar los requisitos que deben cumplirse para que
proceda el pago de la justa compensación en este último
escenario.
Debido a que los sucesos fácticos fueron
anteriormente consignados en la sentencia mayoritaria,
pasemos a exponer el marco jurídico para dilucidar este
asunto.
Nuestro ordenamiento reconoce el derecho a la
propiedad como un derecho fundamental. No obstante, tal
derecho no es absoluto toda vez que se puede limitar en
beneficio del bienestar general. 23 El Estado tiene la
facultad de restringir el derecho de propiedad de un
individuo mediante su poder de expropiación, es decir,
tiene el poder desposeer a un propietario de sus cosas. 24
Empero, nuestra Constitución condiciona el ejercicio de
esta facultad a que el bien sea destinado a un fin
público y que se pague al propietario la justa
compensación. 25 Esto, pues la Sec. 9 de su Art. I erige
que “[n]o se tomará o perjudicará la propiedad privada
para uso público a no ser
23 Culebra Enterprise Corp. v. E.L.A., 127 DPR 943, 952 (1991). 24 Íd., pág. 952. 25 Íd. AC-2016-0106 4
mediante el pago de una justa compensación y de acuerdo
con la forma provista por ley”.26
Usualmente, cuando el Estado ejerce su poder de
dominio eminente lo hace con la presentación de una
acción de expropiación forzosa en virtud de la Ley de
Expropiación Forzosa, Ley de 12 de marzo de 1903, según
enmendada, 32 LPRA sec. 2901 et seq., y la Regla 58 de
Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. 27 Empero,
excepcionalmente, hemos instituido que “el Estado puede
ocupar o incautar un derecho real sin haber iniciado el
procedimiento judicial de expropiación forzosa y sin
haber consignado el pago de la justa compensación”. 28 En
cuyo caso, aquel individuo que se ve afectado por la
acción gubernamental puede incoar una acción de
expropiación forzosa a la inversa.29
Esta acción de expropiación a la inversa se puede
fundamentar ”en la incautación física o en perjuicios
sufridos por acción o reglamentación del Estado”. 30 A
través de este pleito, “el demandante solicita o justa
compensación o que cesen las actuaciones del Estado o que
se invalide la reglamentación que causa daños a la
propiedad”. 31 Una vez se insta esta acción, “el
propietario deberá demonstrar que el Estado ha ocupado
26 Art. II, Sec. 9, Const. PR, LPRA, Tomo 1. 27 Amador Roberts ets als. v. ELA, 191 DPR 268, 278 (2014). 28 Íd., pág. 279. 29 Íd. 30 R. Serrano Geyls, Derecho Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, Vol. II, 1988, pág. 888. 31 R. Serrano Geyls, op. cit., pág. 888. AC-2016-0106 5
incautado su propiedad y litigará ‘la existencia del uso
público y la justa compensación en la misma forma y
manera que estas cuestiones se dilucidan en la acción de
expropiación forzosa’”.32
Sin embargo, distinto a la acción de expropiación
forzosa que inicia el Estado, la demanda de expropiación
a la inversa no convierte a éste en un comprador
involuntario, ni tampoco le inviste el título absoluto
del dominio de la propiedad. 33 Más bien lo que desata es
que, una vez el demandante acredite que su propiedad fue
incautada, el Estado venga obligado a compensarle y
colocarlo en una situación económica equivalente a la que
se encontraba con anterioridad a la incautación de su
propiedad. 34 Iniciado el pleito, “el Estado puede optar
por expropiar la propiedad o liberarla, e indemnizar al
propietario por el tiempo en que la propiedad permaneció
afectada”.35
Durante el transcurso de los años este Tribunal se
ha visto precisado en abordar el tema de la expropiación
forzosa a la inversa. En Arenas Procesadas v. E.L.A., 132
DPR 593 (1993), admitimos que no existía una fórmula que
demarcara el poder de razón del estado y su facultad de
expropiar. Por ese motivo, en aquella ocasión, nos vimos
forzados a establecer los parámetros que constituían la
32 Amador Roberts ets als. v. ELA, supra, pág. 280. 33 Íd. 34 Íd., pág. 281. 35 Íd. AC-2016-0106 6
acción de expropiación cuando el Estado afectaba una
propiedad y privaba a su propietario de todo uso
productivo al promulgar un reglamento.
Otro punto que ha sido objeto de interpretación es
el asunto de la incautación. Ello, en consideración a
que, en estos casos, la obligación del Estado de pagar
una compensación justa surge cuando incauta el bien. 36 En
lo atinente a la incautación física, en Loretto v.
Teleprompter Manhattan Catv Corp., 458 U.S. 419 (1982),
el Máximo Foro Judicial Federal examinó varios de sus
pronunciamientos respecto a este asunto y dispuso que
when the ‘character of the governmental action’ Penn Central, 438 U.S., at 124, is a permanent physical occupation of property, our cases uniformly have found a taking to the extent of the occupation, without regard to whether the action achieves an important public benefit or has only minimal economic impact on the owner. (Énfasis suplido).
Es decir, el Máximo Foro Judicial Federal estableció que
cuando el Gobierno ejecuta una incautación física y la
misma es permanente ello es suficiente para que éste
tenga la obligación de satisfacer la justa compensación
sin importar tamaño del espacio que ocupe. Por otra
parte, en National Bd.Of Young Men’s Christian Assoc.v.
United States, 395 U.S. 85 (1969), el Tribunal Supremo de
Estados Unidos se enfrentó a la interrogante de si la
36 Íd., pág. 277. AC-2016-0106 7
ocupación por parte del Estado de un edificio con el
propósito de
contrarrestar una protesta violenta era una acción que
daba lugar al pago de la justa compensación. Al resolver
ese punto, concluyó lo siguiente:
There are, however, unusual circumstances in which governmental occupation does not deprive owner of any use of his property. For example, the entry by firemen upon burning premises cannot be said to deprive the private owners of any use of the premises.
. . . . . . . .
Certainly, the Just Compensation Clause could not successfully be invoked in a situation where a rock hurled at a policeman walking his beat happens to damage private property. Similarly, in the instant case, we conclude that the temporary, unplanned occupation of petitioner buildings in the course of battle does not constitute direct and substantial enough government involvement to compensation under the Fifth Amendment. (Énfasis suplido).
En cuanto a qué se considera una incautación, en
E.L.A. v. Northwestern Construction Inc., 103 DPR 377
(1975) atendimos este punto en contexto de una acción
expropiación a la inversa por incautación física. En esa
ocasión, definimos el término incautación como “cualquier
privación o interferencia sustancial en el dominio o el
disfrute de una cosa”. 37 Además, al citar a Nichols
expusimos que la incautación era “[c]ualquier
interferencia sustancial con la propiedad que destruya o
disminuya su valor, o por la cual el derecho del dueño a
37E.L.A. v. Northwestern Construction Inc., 103 DPR 377, 384 (1975). (Énfasis suplido). AC-2016-0106 8
usarla o disfrutarla sea sustancialmente menoscabado o
destruido”.38
En vista de lo que precede, es posible inferir que
no toda ocupación física de un bien por parte del Estado
es una incautación que permite la presentación de una
acción de expropiación a la inversa. El proceder que
necesariamente activa la obligación del Estado de pagar
una justa compensación es aquella incautación física y
permanente que priva o interfiere sustancialmente con el
derecho de domino y de uso y disfrute de un propietario.
Ciertamente, conforme al derecho esbozado, cuando el
Estado incauta físicamente la propiedad de un individuo
este puede incoar una acción de expropiación a la
inversa. Para que esta acción proceda es menester que la
persona evidencie que el Estado incautó su propiedad.
Esto es, deberá probar que se le privó o interfirió
sustancialmente con su derecho dominical o con el derecho
a disfrutar de su bien.
Al ponderar si en este caso se configuró una
incautación, debemos considerar que la mayoría de esta
Curia reconoce que el mismo se originó cuando se
deslizaron ciertos terrenos de la Comunidad Reparto
Cerca del Cielo del Barrio Canas de Ponce
(Comunidad) y los residentes de estas propiedades. A
38 Íd. AC-2016-0106 9
causa de esos deslizamientos, se agrietaron
terrenos, caminos y residencias. Lo anterior, desenlazó
un riesgo para la Comunidad al punto de que el Gobierno
de Puerto Rico y el Municipio Autónomo de Ponce se vieron
precisados a tomar unas series de medidas para contener
el peligro.
En ese sentido, la Oficina Estatal para el Manejo de
Emergencia emitió una certificación mediante la cual
declaró en estado de ruina varias propiedades de la
Comunidad y recomendó su desalojo permanente ya que,
potencialmente, constituían un peligro para la vida.
Ello, como consecuencia de la inestabilidad del terreno y
daños a las estructuras. Entre esos inmuebles que fueron
declarados en estado de ruina se encontraba la propiedad
de la Sra. Frances I. Torres Marrero (la peticionaria).
Consecuentemente, el 7 de noviembre de 2008 el Municipio
de Ponce desalojó a la peticionaria de su propiedad.
De lo que precede podemos colegir que fueron los
eventos naturales los que provocaron que varios
inmuebles, incluyendo la residencia de la peticionaria,
se desplazaran y quedaran enmarcadas en una zona
declarada como “potencial peligro a la vida debido a la
inestabilidad del terreno y daños a las estructuras”. Es
decir, el desalojo de la peticionaria de su propiedad que
llevó a cabo el Municipio de Ponce se fundamentó en
factores geológicos y estructurales. Fueron tales eventos AC-2016-0106 10
los que privaron a la peticionaria del uso y disfrute de
su bien.
Asimismo, debemos de tomar en cuenta que el Tribunal
de Primera Instancia realizó las determinaciones de
hechos que siguen:
(7) la propiedad de la demandante presenta problemas de accesibilidad debido a que un tubo de ocho pulgadas de diámetro fue colocado en la acera como parte de las obras de mitigación del área, el cual obstruye el acceso a pie de la propiedad e impide el acceso vehicular a la misma. (8) en el patio frontal de la propiedad ubica un sismógrafo para monitorear los desplazamientos del área. (9) en un momento dado personal del Municipio de Ponce removió puertas y ventanas de la propiedad.
En cuanto a estos actos, el Municipio de Ponce
aseveró que fueron
una acción conjunta del Estado y del Municipio dirigida a evitar riesgos, a los titulares frente a la situación de peligrosidad surgida en ese lugar a causa de los deslizamientos. En otras palabras, se trató de una medida de protección y mantenimiento de la seguridad pública. No es razonable adjudicar al Municipio con tal curso de acción intención actual o futura de apropiarse de la propiedad con alguna finalidad pública. (Énfasis en el original).39
A la luz de lo anterior, al examinar si hubo un acto
de incautación que activara la obligación del Estado de
pagar una justa compensación, debimos considerar que no
fue la acción gubernamental la que privó o interfirió con
39 Véase, Alegato de la Parte Recurrida, pág. 14. AC-2016-0106 11
el dominio y el derecho de disfrute de la peticionaria,
sino los deslizamientos que colocaron su propiedad en
peligro. Si bien el Municipio de Ponce ocupó la acera del
inmueble y colocó en el patio frontal un sismómetro para
monitorear los desplazamientos, ello no puede ser
constitutivo de una incautación permanente. Tales actos
fueron dirigidos a los fines de mitigar y prevenir
mayores desplazamientos y así proteger la vida de los
residentes, incluyendo a la peticionaria. Fueron esos
acontecimientos lo que ocasionaron que el Municipio
desalojara y ocupara los terrenos para mitigar los
deslices y así evitar mayores riesgos. Ello por si solo
no puede considerarse como una incautación que permita la
presentación una acción de expropiación forzosa a la
inversa.
En fin, en este caso al igual que en The Richards
Group v. Junta de Planificación, 108 DPR 23, 39 (1978),
debimos sopesar los valores que se encuentran presentes.
Esta determinación se realizaría caso a caso. Así,
debimos “[i]identificar abiertamente esos valores y las
realidades en que se basan, precisar su jerarquía,
situación a situación, para lograr un equilibrio
razonable para el tiempo que vivimos entre los actos
gubernamentales que exigen compensación […] y los que no
la exigen.” Estoy convencido que la situación del caso de
auto y las razones para el desalojo de la peticionaria no
daba lugar a una AC-2016-0106 12
acción de expropiación a la inversa. Por estos
fundamentos, respetuosamente, disiento.
Edgardo Rivera García Juez Asociado